martes, 26 de junio de 2012

LA CONGA DE YANACOCHA


EXTRACTIVISMO O MAYOR VALOR DE RETORNO

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Están por cumplirse los treinta días de una paralización parcial del campesinado de Cajamarca con su presidente regional Gregorio Santos a la cabeza, a los cuales se suman una serie de dirigentes de los llamados frentes de defensa, ronderos, organismos no gubernamentales, contra el proyecto minero Conga que es auspiciado por la Mra. Yanacocha, la misma que tiene como accionistas a la transnacional Newmont, número dos en la producción aurífera a nivel mundial, a la Compañía Mra. Buenaventura que ocupa el 13º en la producción mundial de oro, y al brazo financiero IFC del Banco Mundial.

Este conflicto político que lleva meses ha puesto en la encrucijada no solamente el modelo extractivista sino también la gobernabilidad del país, por los múltiples efectos e intereses que estarían detrás en un contexto de crisis económica global, conflicto que de reproducirse en otras regiones paralizarían las inversiones mineras con consecuencias perversas tanto macroeconómicas como en la economía regional.

El Presidente de la República en su última intervención del sábado 23 de junio ha ratificado el apoyo oficial al cuestionado proyecto, destacando la necesidad de hacer las correcciones, asumiendo las recomendaciones del peritaje internacional, promoviendo mayores inversiones adicionales a las previstas en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que permitan una mayor dotación de agua a la población en su conjunto, más los compromisos sobre una fiscalización ambiental efectiva, ante la debilidad y permisividad estatal del pasado.

Estamos pues ante un problema de credibilidad pues la población no cree ni confía en un Estado capturado por las grandes empresas, ausentista e ineficiente que no permite ejecutar los importantes recursos que por canon, sobrecanon y regalías tienen los gobiernos locales y regionales gracias a la explotación de los recursos naturales.

Si se trata de encontrar soluciones y espacios de diálogo evitando los extremos del “Conga Va” al “Conga Ni de Vainas” sería importante reconocer la necesidad de unas disculpas públicas del Presidente Ollanta Humala al electorado cajamarquino por el cambio de opinión entre su discurso radical de la campaña electoral, donde asumió una posición contraria al proyecto Conga y a otros proyectos mineros en cabeceras de cuenca, y su pensamiento y discurso como Presidente, donde reconoce la necesidad de promover inversiones privadas para asegurar el crecimiento económico con rostro humano. Es decir, promover el crecimiento con redistribución social de la riqueza.

Se debe asumir que el pueblo peruano está harto de las promesas incumplidas de los candidatos que llegan al sillón presidencial y cambian luego de programa. En la memoria colectiva está aquél que propuso un gobierno de “honradez, tecnología y trabajo” y terminó en el régimen más corrupto del siglo XX, al candidato que ofreció “un futuro diferente” con el “cambio responsable” para terminar aplicando el modelo económico de los noventa, con altas dosis de corrupción pues el principio de la “gobernanza” cuando se es presidente era que la “plata viene sola”.

Por ello, reconociendo las prácticas de las políticas criollas donde se ofrece el “oro y el moro” para ganar el voto popular, bien estaría una explicación y una disculpa sobre la necesidad del cambio de rumbo respecto a los proyectos mineros en especial al de Conga de parte del Presidente Ollanta Humala, él mismo que falto de reflejos políticos está llevando al país a una innecesaria polarización social, a un gobierno ganado por el corto plazo sin proyección de las políticas de Estado.

En tal sentido, en el presente artículo se trata de aportar algunos elementos que permitan entender la importancia de la minería para el país y Cajamarca en especial, a partir de una categoría como el “valor de retorno”, o valor retenido que esencialmente estima la riqueza que se queda en el país como remuneraciones y todos los beneficios que perciben los trabajadores de la Mra. Yanacocha (sueldos y salarios, aportes de la empresa, participación en utilidades)

A ello debería sumarse las compras que realiza la Mra. Yanacocha sea en Cajamarca como en el resto del país, y los abonos de impuestos, más el llamado “aporte voluntario” entre el 2006 y el 2011. En verdad, estos datos debieran ser confrontados con las estadísticas oficiales en especial sobre el impuesto a la renta realmente pagado, pues se  debe diferenciar entre el impuesto a la renta declarado y el realmente pagado gracias a los múltiples beneficios, que permiten deducir los gastos del impuesto a la renta, minimizando los ingresos fiscales.

El VALOR DE RETORNO DE YANACOCHA

Esta categoría es utilizada esencialmente para la economía peruana por la economista e historiadora R. Thorp y G. Bertram en su libro clásico “Perú: Crecimiento y Políticas en una Economía Abierta 1890-1977”, donde se analiza el comportamiento de las empresas extranjeras en la explotación minera y petrolera, utilizando la categoría “valor de retorno” para demostrar el carácter expoliador o no de la inversión transnacional. En especial se estudia el caso de la minera Cerro de Pasco Corporation y de la petrolera International Petroleum (IPC) en las primeras décadas del siglo XX.

La categoría del “valor de retorno” y una matriz de insumo/producto actualizada son el instrumento analítico para una discusión técnica sobre las ventajas y/o desventajas de la explotación minera en un país como el nuestro, caracterizado por los profundos abismos sociales, diferencias culturales, étnicas y económicas.

Lamentablemente el sistema estadístico no tiene una tabla de insumo/producto actualizada que permita captar la interdependencia sectorial de la minería con otros sectores como la industria, en la demanda de insumos y maquinaria, analizar la demanda que realiza el sector minero en alimentos, servicios, energía, derivados de petróleo, textiles etc. Esta matriz permitiría saber si los insumos utilizados por el sector minero fundamentalmente tienen un origen nacional o importado. La tabla existente se remonta a la estructura de 1994 y no refleja los cambios acontecidos en la estructura económica en las últimas décadas.

Con este instrumento estadístico se descartaría o se afirmaría el carácter de “enclave económico” de la explotación minera o petrolera a estas alturas de la historia. Evidentemente con el sentido común y el principio de la realidad no se podría sostener el carácter de “enclave” en el caso de Mra. Yanacocha y su impacto perturbador sobre ciudades tradicionales como Cajamarca, pues la explotación minera se lleva a cabo a menos de una hora de la capital departamental, y los impactos negativos y positivos se sienten en lo fundamental en la provincia de Cajamarca.

LAS CARGAS LABORALES

En el cuadro “Mra. Yanacocha S.R.L : Relación del Valor de Retorno y los Ingresos Totales de la Empresa”, se presenta la estadística sobre las cargas laborales entre la vigencia del proyecto hacia 1993 y el 2010, es decir en dieciocho años los ingresos que perciben los trabajadores han pasado de 767 mil dólares a 198 millones de dólares. Esta partida incluye las remuneraciones de los trabajadores más los aportes que asume la empresa por trabajador sea por AFPs, es decir los fondos privados de pensiones, y otros.

En las cargas laborales la empresa en su estadística asume la participación de utilidades que tienen una tendencia creciente entre el 2002 al 2010 gracias a la bonanza de los precios. Si bien en el caso de mineras la participación laboral en las utilidades es del 8% de la utilidad antes del abono del impuesto a la renta, es importante considerar que la participación está concebida tributariamente como gasto, por tanto los montos distribuidos a los trabajadores son deducibles del impuesto a la renta, como también son deducibles los gastos de exploración efectuados en el año.

En Mra. Yanacocha con 3,138 empleados y aproximadamente 6,500 trabajadores el impacto de las cargas laborales es significativo en la región. Sirva de ejemplo el 2010 donde ante remuneraciones totales del orden de 101.5 millones de dólares, la participación de utilidades representaron 77.6 millones de dólares, que sumados al aporte del empleador 9.2 millones de dólares y a las aportaciones de los propios trabajadores a las AFPs por un valor de 9.8 millones totalizan los 198.2 millones de dólares que aparecen al final de la columna.

En resumen, el total de cargas laborales (remuneraciones, aportes de la empresa a las AFPs, Participación de Utilidades y pagos de los trabajadores a las AFPS) representan el 10% de los ingresos que obtiene Mra. Yanacocha en el 2010, monto superior a la participación del 2004 que era equivalente al 6%. Ello se explica en lo fundamental por la presencia de los sindicatos de los trabajadores que demandan a través de las negociaciones colectivas una mayor redistribución de la riqueza.

Si un trabajador minero percibe ingresos promedios por todo concepto más o menos 2,000 dólares mensuales en un medio tradicional como Cajamarca, con ingresos campesinos menores a los 105 dólares mensuales, es decir menos de 4 dólares diarios, es evidente que se generen frustraciones y resentimientos ante una empresa transnacional y sus trabajadores, que no demanda mano de obra de la región, especialmente campesina.

Si a ello se agregan las malas prácticas de una empresa abusiva y prepotente, acostumbrada a ganar tiempo y comprar autoridades, medios, conciencias, y que no cumple con los compromisos pactados frente a las comunidades campesinas, y si sumado a ello existe evidencia de contaminación de ríos y lagunas, se tiene una fórmula explosiva contra la actividad minera.

En todo caso debemos recordar que el proyecto Yanacocha requirió una inversión menor a los 42 millones de dólares entre 1992 y 1993 y la empresa no pagó absolutamente nada al Estado por el yacimiento. Es más, queda en la conciencia campesina como se adquirieron tierras mineralizadas pagando 100 dólares por hectárea lo que constituía un abuso que solamente los representantes de la Iglesia Católica denunciaron.

Investigaciones mayores debieran determinar si la mayor parte de las cargas laborales se gastan en Cajamarca o fuera de la región. En todo caso resulta que los mayores ingresos laborales han cambiado radicalmente la economía urbana haciendo más evidente la riqueza citadina frente a la pobreza campesina.

LAS COMPRAS DE LA MINERA

Con la información estadística disponible las compras de Mra. Yanacocha en Cajamarca han crecido en el tiempo llegando a representar el 9% de los ingresos en el 2007 para disminuir en el 2010 a los 4.7% de los ingresos. Así, estas compras locales pasaron de los 44 millones de dólares en el 2004, para llegar a los 108 millones en el 2004 y subir a los 113 millones en el 2008. En verdad, sería interesante saber quién o quiénes concentran este poder de compra, que seguramente no pasa por la economía campesina.

Luego se presentan en la siguiente columna las “compras en el resto del país” que básicamente debe entenderse en Lima. Es de suponer que son las compras de insumos, explosivos, reactivos, combustibles, energía, maquinaria y equipo, servicios, etc. Así, en el 2010 las compras en el país representaron los 703 millones de dólares, y sobre los 600 millones en los años previos, tal como se puede observar.

A sabiendas de las limitaciones de la industria local que no produce maquinaria ni equipos mineros, todos los bienes de capital que son comprados a casas importadoras, representantes de marca en equipos para la minería, tipo Ferreyros, Volvo, Siemens etc., podemos asumir que el 50% de estas compras son importaciones realizadas por terceras empresas.

En su conjunto las compras locales en Cajamarca y las compras en el resto del país sumaron los 791 millones en el 2010 que resultan equivalentes al 42.7 % de los ingresos obtenidos en dicho año que sumaron los 1,852 millones de dólares. Esta cifra que es anormalmente alta tendría su explicación en la compra de equipo para los nuevos proyectos, pues una participación del 42.7% resulta elevada para una empresa minera.

En razón de la alta participación de las compras en el resto del país, un supuesto válido es asumir que solamente el 50% de las compras se realizan en la economía peruana, por bienes y servicios y el otro 50% corresponde a importaciones de maquinaria y equipo, bienes de capital comprados a empresas importadoras, pues por el débil grado de industrialización no son producidas internamente. Ello otorgaría mayor consistencia al valor de retorno de Mra. Yanacocha.

IMPUESTO A LA RENTA Y APORTE VOLUNTARIO

En las columnas referidas al impuesto a la renta aparecen los abonos desde 1994 al 2010 declarados por la empresa Mra. Yanacocha; en verdad habría que preguntar si estas cifras expuestas por la empresa coinciden con la información oficial de la Sunat y el Ministerio de Economía y Finanzas, pues se debe distinguir el impuesto a la renta declarado del impuesto a la renta efectivamente pagado, en razón de deducciones, cargos diversos a cuenta del impuesto a la renta por diversas partidas deducibles como la depreciación y amortización, los gastos de capital por exploraciones, las participaciones de los trabajadores, el crédito fiscal etc.

Se debe recordar que por los contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa firmados entre 1993 y posteriormente la minera justificaba no estar inserta en el pago de las llamadas regalías mineras que entraron en vigencia a partir de mediados del 2004. Por ello, el fisco en lo fundamental percibe el impuesto a la renta que está sujeto a una serie de deducciones que afectan al costo de venta, a los gastos de venta y gastos administrativos, a los gastos financieros.

Por ello, durante el gobierno del APRA el Presidente Alan García en lugar de demandar el pago efectivo de las regalías a todas las empresas mineras sin excepción, lo sustituyó por el famoso Aporte Voluntario más conocido como Óbolo Voluntario por lo miserable de su significado en relación a la riqueza creada y las utilidades netas obtenidas como se puede captar en el cuadro.

Así, con un Aporte Voluntario en el 2007 de 22 millones de dólares y utilidades netas declaradas de 244 millones de dólares, o el 2009 con un aporte de 17.4 millones de dólares y 713 millones de utilidades netas, es evidente lo limitado de tales partidas.

En todo caso con la información disponible en el 2001 la participación del impuesto a la renta en relación a los ingresos era del 3.7%, se incrementa en el 2004 al 14.5% para mantenerse a ese nivel hasta el 2010, lo cual nos parece elevado. De allí, la necesidad de identificar el impuesto a la renta realmente pagado deduciendo los beneficios tributarios.

RESUMEN

Si se suman todos los montos de izquierda a derecha del cuadro, tanto por concepto de total de cargas laborales, compras en Cajamarca, compras en el país, el impuesto a la renta declarado, más las pequeñas sumas del aporte voluntario, se obtiene el “valor de retorno” entre los años 1994 y el 2010

En verdad, si se relaciona el valor de retorno obtenido frente a los ingresos totales, se tiene una participación porcentual, que significaría el grado de participación de la riqueza que capitaliza la economía interna y aquella que se remesa al exterior. Los valores resultan sorprendentemente altos por encima del 60% en promedio, llegando en algunos años a representar más del 85% del ingreso.

Así, sin ningún ajuste se podría afirmar que en el 2004 el 61.4% del valor de retorno me estaría señalando que de cada 100 dólares obtenidos por concepto de ingresos 61 dólares se quedan en el país como cargas laborales, compras e impuestos. Es más, en el 2010 dicha participación se eleva al 69%, lo cual resultaría coherente con las graves limitaciones de la empresa para expandir la producción.

Es más, recortando en un 50% las compras en el país pues se asume que el otro 50% constituyen compras a empresas comerciales importadoras de equipo y bienes de capital, la tendencia disminuye como se puede observar en el segundo cuadro, pero no deja de ser significativa la participación aún con el recorte del 50% en las compras del resto del país.

El nuevo valor de retorno se mantiene por encima del 45% lo cual resultaría positivo para el país, pues nos estaría señalando que para el 2010 de cada 100 dólares de ingresos totales 50 dólares se quedan en el país como cargas laborales, compras en Cajamarca y el resto del país más los impuestos a la renta declarados.

Lamentablemente esta información económica disponible no valoriza los costos ambientales ni la extinción de recursos naturales no renovables. Tampoco estima la rabia contenida de miles de campesinos a las prácticas abusivas de una empresa que impone todo un poder con una guardia pretoriana a su servicio. Evidentemente con el protagonismo de rondas campesinas organizadas y representadas en parte por Gregorio Santos Presidente Regional, estamos seguros que muy poco de este valor de retorno se transfiere a los más pobres de Cajamarca.

De allí, la necesidad de dialogar superando los fundamentalismos ecologistas y del libre mercado. Si se asegura la dotación de agua en mayores volúmenes que los originalmente proyectados. Si se aumenta el valor de retorno no para favorecer solamente a los 10 mil trabajadores directos e indirectos  que tiene la Mra. Yanacocha, sino asegurando mayores compras a la economía campesina. Si el Estado asume la necesidad de una estricta fiscalización ambiental y la disponibilidad de mayores recursos para Cajamarca, asegurando la realidad de una minería responsable  a nivel social y ambiental, el Proyecto Conga debe ser una realidad estrictamente por el interés nacional.












jueves, 21 de junio de 2012

REPSOL Y SU DOLOSA REEXPORTACIÓN DE GAS NATURAL

¿DÓNDE ESTÁ EL MERCADO?

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador de UNMSM)



En los años 2003-2004 los representantes de Perú LNG en sus presentaciones en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República exponían con entusiasmo las bondades del proyecto de exportación del gas natural a partir del gas natural del lote 56 (Pagoreni), soslayando que las reservas de condensados y gas natural fueron asignadas por PerúPetro, organismo público responsable de la promoción, supervisión y fiscalización de los contratos de hidrocarburos, de manera directa, sin concurso ni licitación alguna. Por ello, resulta curioso por decir lo menos entender ¿cómo PerúPetro pudo firmar un contrato de hidrocarburos ex profesamente destinado a la exportación sin tener las reservas de gas natural el carácter de reservas probadas?

Entre las bondades y perversiones del contrato del lote 56 primó la importancia de los montos de inversión comprometidos, casi de 4,000 millones de dólares de los cuales la mitad capitalizaría el país, con la construcción de la Planta de Pampa Melchorita, las instalaciones portuarias, la construcción parcial de un gaseoducto, y la ampliación del existente. De otro lado, fueron evidentes las granjerías tributarias, los cambios en las normas referidas al horizonte renovado y permanente de 20 años para superar la prioridad del abastecimiento del mercado interno sobre la exportación; igualmente cuestionamos en su momento el compromiso de respaldo de 2.4 trillones de pies cúbicos (TCF) de las reservas probadas del lote 88 como garantía del proyecto exportador del lote 56, y otras perlas más.

La importancia de los montos de inversión en el proyecto de exportación fortalecería el círculo virtuoso y la monetización de las reservas existentes en el Gran Camisea. Es decir, asumiendo el principio de la existencia de un gran potencial gasífero alrededor del Gran Camisea (lotes 88, 56, 57, 58, 76, Fitzcarrald etc.) el proyecto exportador tendría un efecto dinámico para convertir las reservas posibles y probables en reservas probadas gracias a una agresiva actividad exploratoria. Según información del organismo oficial existiría un potencial de 39 trillones de pies cúbicos (TCF) en la Cuenca de Camisea, que tendrían que ser monetizados con el debido respeto ambiental y social para el cambio de la matriz energética, la masificación del gas natural y el desarrollo de la petroquímica en el sur del país.

Por ello, en diversos foros y actividades sostuvimos que el proyecto de exportación a pesar de sus vicios, anormalidades y perversiones, estimularía la inversión de riesgo en los demás lotes además de sus efectos positivos en la balanza de pagos, exportaciones, ingresos fiscales, producción de líquidos y gas licuado de petróleo, ingresos regionales (canon gasífero y Focam) más su impacto en el PBI y empleo.

En tal sentido, las denuncias sobre las indebidas reexportaciones del gas natural proveniente del lote 56 efectuadas por Repsol responsable de la exportación a nombre de Perú LNG entre el 2010 y 2011 no resultan extrañas y serían otras anormalidades más en un cuestionado contrato que una efectiva regulación de parte de PerúPetro debía fiscalizar sin contemplaciones ni conciliaciones amistosas.

REGULACIÓN O ENAJENACIÓN

En el anterior artículo de mi autoría “PerúPetro en su laberinto” hice mención a las cartas cursadas por el ente estatal a los representantes del Consorcio Camisea entre el 4 y 8 de mayo del presente lo cual demostraría las fuertes presiones políticas y el gran poder de las transnacionales para transformar una carta digna en una carta ignominiosa, cuestión que amerita la formación de una Comisión Investigadora en el Congreso de la República como se hizo en el caso de los “petroaudios”, y en el asunto de PetroTech durante el gobierno anterior.

En verdad no se entiende la posición fiscalizadora de PerúPetro que en menos de 48 horas cambia la naturaleza y sus efectos de la carta digna enviada el 4 de mayo (viernes) a los representantes del Consorcio Camisea. Así, con la propia información expuesta por el Presidente del Directorio en su presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República el 13 de junio, en lo referente a las “Acciones Seguidas por PerúPetro” afirmaba lo siguiente:

“7) con fecha 07 de mayo de 2012, PERUPETRO S.A. sostuvo una reunión con los representantes del Contratista, en la que éste solicitó se reconsidere la comunicación remitida por PERUPETRO S.A y se agoten los mecanismos previstos en el contrato para la solución de controversias.

“8) PERUPETRO S.A, luego de realizar una evaluación del tema, mediante Carta GGRL-LEGL-0192-2012 de fecha 08 de mayo de 2012, decidió dejar sin efecto la Carta GGRL-SUPC-GFSA-0548-2012 (de 4 de mayo del 2012), a fin que la controversia presentada sea sometida a Comité Técnico de Conciliación, de conformidad con el acápite 21.3 del Contrato de Licencia, pero ratificando su posición respecto a que los marcadores utilizados para el cálculo de la regalía por los Períodos de Valorización en que se realizaron embarques cuyo destino señalado por el Contratista fueron los terminales de Freeport, Sabine Pass y Cameron, no corresponden al mercado de consumo final del Gas Natural de estos embarques”

Es decir, el lunes 7 de mayo se reúnen con los representantes del Contratista y al día siguiente convencidos envían la carta conciliatoria. Es de suponer que por la gravedad e importancia del caso el dejar sin efecto la carta anterior tenía el acuerdo y el beneplácito del Directorio. Se debe recordar que en la carta del 4 de mayo se instaba al Contratista al abono de las regalías dejadas de pagar otorgándole un plazo de 60 días, de lo contrario su incumplimiento constituía razón suficiente para resolver el cuestionado contrato de exportación.

Por ello no se entiende el retroceso del organismo estatal con la seguridad y seriedad de sus argumentos sobre la reexportación del gas natural licuefactado de los mencionados terminales hacia el Asia donde los precios del gas natural resultan más altos, como el JKM (marcador del precio para Japón, Corea del Sur, China, Taiwán y Brasil)

¿DÓNDE ESTÁ EL MERCADO?

El cuadro “Exportaciones de Perú LNG S.R.L. según país de Destino”, con la fuente de Aduanas se expone las exportaciones de Repsol a nombre del Consorcio Perú LNG S.R.L. en el segundo semestre del 2010, durante el 2011 y en los primeros cinco meses del 2012, donde el valor de las exportaciones eran de 284 millones de dólares, 1,075 millones y 701 millones respectivamente como se puede observar.

Asumiendo la imposibilidad técnica de cumplir en el 2010 y 2011 con el contrato firmado entre Repsol y la Comisión Federal de Energía de México para el abastecimiento de 520 millones de pies cúbicos diarios, por la falta de término en la construcción de la Planta de regasificación de Manzanillo, y los deprimidos precios del marcador Henri Hub vigentes para México y Estados Unidos de Norteamérica con precios promedio de US$ 4 dólares por millón de BTU para el 2011 con un descuento del 9%, era una posibilidad real la reexportación del gas licuefactado proveniente del lote 56, usando Repsol otra razón social buscando incrementar su rentabilidad.

Por ello, ante las noticias de reexportación hizo bien PerúPetro en contratar a una consultora de prestigio internacional para investigar estas dolosas prácticas que disminuyen los ingresos fiscales del Perú, afectando el canon gasífero del Cuzco y el Fondo de Desarrollo SocioEconómico de Camisea para Ayacucho, Huancavelica, Ica Región Lima y Ucayali.

Así, en el período julio/diciembre del 2010 las exportaciones de Perú LNG S.R.L. hacia los mercados de Estados Unidos y México concentran el 28.68%, en el 2011 representan el 10.16%, para licuarse al 3.15% en los primeros cinco meses del 2012 con precios de Henry Hub por los suelos de 2.33 dólares por millón de BTU.

Por el contrario, en el período julio/diciembre del 2010 las exportaciones de Perú LNG S.R.L. hacia los mercados asiáticos (Corea del Sur, China incluido el Brasil) donde rige el marcador JKM para el precio del gas natural con un precio promedio de US$ 7.72 dólares por millón de BTU concentran el 30% de las exportaciones.

En el 2011 con precios del marcador JKM promedio de US$ 13.98 dólares por millón de BTU las exportaciones hacia el Asia (Corea, Japón, Tailandia y China) representan el 47%, para incrementarse al 75% de las exportaciones con precios del gas sobre los US$ 16.34 el millón de BTU en los primeros cinco meses del 2012.

En razón de la necesaria reconstrucción del capital físico en el Japón por las consecuencias del terremoto y maremoto experimentado, los precios del gas natural y su marcador JKM durante el 2011 han tenido una tendencia ascendente pasando de los US$ 10.05 en enero a los US$ 17 dólares por millón de BTU al cierre del año, por lo tanto la tentación para Repsol de realizar reexportaciones burlando el destino final comprometido en el contrato constituía una tentación muy fuerte.

En resumen, si PerúPetro ha realizado las investigaciones sobre las distorsiones en los embarques que supuestamente tenían como destino final los terminales de Freeport, Sabine Pass, y Cameron todos ubicados en los Estados Unidos de Norteamérica. Si se ha identificado el número de embarque, la fecha de embarque, el buque, el supuesto destino final, los volúmenes y poder calorífico del gas exportado, el marcador y el período de valorización para el cálculo de la regalía, tal como se expone en el cuadro “Embarques de Perú-Destino EEUU” no se entiende el permisivo retroceso en el contenido esencial de las cartas.

En verdad, si el Contratista no informó oportunamente sobre los nuevos mercados de consumo final como lo establece claramente el acápite 8.4.4 del Contrato esto claramente constituye un incumplimiento contractual, por lo tanto la carta del 4 de mayo indebidamente ha sido dejada de lado, lo que constituye un hecho que debiera ser investigado a profundidad por el Congreso de la República por la salud moral y gobernabilidad del país.







martes, 19 de junio de 2012

PERUPETRO EN SU LABERINTO

LAS CHICUELINAS DEL GAS EXPORTADO POR REPSOL

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador de UNMSM)

Un proverbio árabe señala que “uno es dueño de sus pensamientos y esclavo de sus palabras”, por ello lo recomendable es la mesura, la ecuanimidad, y la mayor coherencia entre el hacer y el pensar, máximo si se ejerce una función pública de la mayor responsabilidad en el sector de hidrocarburos como la de ser presidente del directorio de una empresa pública como PerúPetro, encargada de promover, supervisar y fiscalizar los contratos de hidrocarburos en el país.

El ingeniero Aurelio Ochoa en su última presentación como Presidente de PerúPetro en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República el miércoles 13 de marzo del presente, ha dejado más dudas que certezas sobre los incumplimientos contractuales del Consorcio Camisea en la exportación del gas del lote 56 al no declarar éste oportunamente sobre de destino final de una serie de embarques ocurridos entre el 2010 y 2011, lo cual habría perjudicado al Estado peruano por las menores regalías percibidas. Se estiman en más de 47 millones de dólares las regalías dejadas de percibir por PerúPetro de las cuales el 50% se transforma en canon gasífero para el Cuzco.

Ha sido tan débil su explicación que varios congresistas han convocado al ministro de energía y minas Jorge Merino Tafur responsable político del sector, para que explique los cambios en la esencia de una carta digna,  responsable y conminatoria, por otra carta indigna, lesiva al interés nacional. En la primera se le exige al Consorcio Camisea a subsanar lo que PerúPetro considera un incumplimiento fragrante del contrato de exportación pues de no hacerlo constituiría materia de rescisión del contrato. En la segunda se concilia con el Consorcio Camisea como si el interés público fuera materia comercial y negociable.

Así, gracias al diario La Primera del 11 de junio el analista Raúl Wiener hace pública la carta dirigida a Pluspetrol Perú Corporation S.A. (PPC) empresa operadora de los lotes 88 y 56 representante del Consorcio Camisea que tiene como accionistas a Repsol, Hunt Oil de Estados Unidos, Sonatrach de Argelia, SK de Corea y a la misma Pluspetrol. La carta fechada el 4 de mayo del presente está firmada por la gerente general (e) Dra. Isabel Tafur, señalando que producto de investigaciones realizadas por encargo del ente estatal: “ PerúPetro ratifica su posición respecto a que los marcadores utilizados para el cálculo de las regalías por los períodos de valorización en que realizaron embarques cuyo destino señalado por Pluspetrol Perú Corporation fueron los terminales de Freeport, Sabine Pass y Cameron, no corresponden al mercado de consumo final del gas natural de estos embarques, no habiendo el contratista acreditado el real mercado de consumo final de los respectivos embarques”

Al señalar que PerúPetro se ratifica en la carta del 4 de mayo en su posición se está infiriendo que se han tenido negociaciones previas donde el Consorcio Camisea y en especial Repsol/YPF responsable de la exportación ante Perú LNG no ha respondido satisfactoriamente sobre las reexportaciones de gas natural proveniente del lote 56 hacia otros mercados donde el precio del gas natural tiene un mayor precio y por tanto una mayor rentabilidad privada.

Estas “sacadas de vuelta” de Repsol/YPF tienen su explicación en los precios deprimidos del marcador Henry Hub en relación a otros marcadores como el JKM (Japón/ Corea Market) o el NBP (National Balancing Point) que rige para España y Reino Unido. Así, en el 2011 el precio promedio del gas natural para Estados Unidos de Norteamérica, México era de 4 dólares por millón de BTU (MMBTU), y el marcador para el Asia era de 13.98 dólares por MMBTU y para España de 9.03 dólares.

Este diferencial de precios explica las reexportaciones que se habrían realizado en el 2010 y 2011, pues con los precios deprimidos del Henry Hub que son utilizados como precios referenciales para la fijación de regalías en el Perú, pues se pagan las regalías sobre precios bajos, y los volúmenes se reexportan hacia el Asia donde el precio del gas natural es más de tres veces superior. El Consorcio aduce que resulta difícil reconocer el mercado final, lo cual no deja de ser una paradoja en un mundo globalizado con la revolución de las comunicaciones.

La cuestión sobre el diferencial en el precio del gas natural es más grave en el primer semestre del 2012 donde el precio promedio del Henry Hub es de 2.33 dólares por MMBTU mientras el precio del gas natural para Japón y Corea es de 16.34 dólares por MMBTU, es decir más de siete veces superior. En artículos anteriores hemos señalado  la necesidad de renegociar el contrato exportación y el compromiso de exportar hacia México a la planta de Manzanillo donde los precios se rigen por marcador Henry Hub.

 LA VOLTERETA

La carta digna del 4 de mayo  me hizo recordar el asunto PetroTech y la demanda del abono por impuestos dejados de pagar por más de 37 millones de dólares, pues de lo contrario PerúPetro daba por terminado el contrato de explotación en el lote Z-2B. Si bien ello sucedió en el gobierno anterior, resulta un reconocimiento que existe aún en el ente estatal funcionarios probos que defienden el interés público.

Por ello resulta inexplicable una segunda carta firmada por la misma gerente general (e) de PerúPetro con fecha 8 de mayo dirigida al Gerente General de Pluspetrol Perú Corporation (PPC) donde se deja sin efecto la naturaleza y los alcances de la carta del 4 de mayo. Es decir, ante un evidente incumplimiento materia incluso de rescisión contractual, se pasa a una carta conciliatoria, a una mesa denominada “Comité Técnico de Conciliación” para conversar amigablemente sobre las posibles controversias respecto al destino final de las reexportaciones y los menores pagos de regalías. Con la perspectiva de asistir a un arbitraje si la controversia subsiste. ¡De Ripley aunque usted no lo crea!

En verdad, desconocemos si la carta del 8 de mayo del 2012 firmada por la misma funcionaria tiene la aprobación del Directorio lo cual sería un hecho gravísimo, pues al final de cuentas los directores son los directamente responsables ante la Ley por los posibles delitos que ameritan una investigación del Congreso de la República.

Resulta lamentable la “arrugada” de PerúPetro en esta segunda carta donde en sustancia se señala que: “Siendo voluntad de las partes agotar los mecanismos de solución de controversias previstos en el citado contrato, hacemos de conocimiento que dejamos sin efecto nuestra Carta Notarial GGRL-SUPG-GFSA-0548-2012, de 4 de mayo del 2012, a fin de que la discrepancia antes mencionada sea sometida, en el más breve plazo, al Comité de Conciliación”. (Carta Notarial GGRL-LEGL-0192-2012).

Siendo los directores de PerúPetro los señores Aurelio Ochoa Alencastre. Víctor Benavides Cáceres, José Abramovitz Delmar, Luis Ortigas Cúneo, Fernando Pickman Dianderas, todos nombrados por el presente gobierno del Comandante (r) Ollanta Humala, pues están en la obligación de explicar al país y a la opinión pública los cambios fundamentales entre la primera y la segunda carta. ¿Qué explicación se puede dar a que en menos de 48 horas el organismo responsable de preservar el interés nacional en materia de hidrocarburos transite de una exigencia a una conciliación?


Si se tiene presente las fechas de las cartas enviadas el 4 de mayo fue viernes último día útil de la semana y el 8 correspondía al martes, por tanto es de suponer que durante el fin de semana los funcionarios y directores de PetrúPetro redactaron el tenor de la segunda carta indigna bajo presión de terceros. Por la salud moral y la propia gobernabilidad del país esto debe investigarse hasta las últimas consecuencias.

jueves, 14 de junio de 2012

EN DEFENSA DEL TRABAJO Y DEL VALOR AGREGADO


EL COMPLEJO DE LA OROYA DEBE FUNCIONAR

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Se debe reconocer que constituyó un error la privatización fragmentada de Centromín transfiriendo sus unidades mineras como Andaychagua, San Cristóbal, Cerro de Pasco, Morococha, Casapalca, más sus valiosos derechos mineros a las empresas privadas “alquilados” desde la época de la Cerro de Pasco Corporation a mineras como Volcan, Milpo, Atacocha, Buenaventura, Simsa etc.

Con la privatización auspiciada por el actual ministro de Energía y Minas y justificada por informes de consultoría de Macroconsult, se fracturó la unidad técnico-material existente entre el complejo refinero y las minas, con centrales hidroeléctricas, ferrocarril, etc se quebró la racionalidad económica que había impuesto desde los años treinta del siglo pasado la transnacional Cerro de Pasco Corporation, que tenía hasta haciendas como una forma de controlar la “fuerza de trabajo” y donde se experimentaba con el ganado mejorado; todos estos activos los heredó Centromín Perú en el llamado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada en 1973, y fueron privatizados entre 1995 y el 2002.

En su momento cuestioné la privatización fragmentada de la empresa minera estatal Centromín por la ausencia de planeamiento estratégico, y los evidentes intereses privados creados con el futuro del más importante complejo minero metalúrgico que tiene el Perú en La Oroya, que está paralizado desde mediados del 2009 hasta la actualidad, y donde resulta previsible mayores conflictos que afectarán la gobernabilidad, pues más de 3,000 trabajadores y sus familias no tendrán el 70% de sus remuneraciones ante la liquidación prevista.

Las culpas del pasado se tienen que asumir en el presente con altos costos sociales y ambientales; y por los problemas derivados de la crisis financiera del 2008 Doe Run Perú, empresa filial de la transnacional norteamericana del Grupo Renco, y titular hasta ahora de los derechos sobre el complejo, que se vio forzada al cierre temporal por la falta de pago a sus principales proveedores y las limitaciones al financiamiento de capital para invertir en la planta de ácido sulfúrico del circuito de cobre, última exigencia del Programa de Adecuación Ambiental (PAMA) en el complejo metalúrgico de La Oroya.

Esta realidad está generando ingentes pérdidas al fisco por concepto de impuestos y tributos dejados de percibir por más de 350 millones de dólares, compras de energía a privados por más de 150 millones de dólares, y particularmente se ha dejado de comprar más 3,400 millones de dólares por concepto de concentrados de cobre, zinc, plomo, plata a las empresas mineras que operan en el centro del país, con lo cual en lugar de producir y exportar productos mineros refinados, se  están exportando concentrados de menor valor, y se están dejando de producir 19 subproductos adicionales de uso industrial que se obtenían antes del proceso metalúrgico.

Debiera ser política de Estado la promoción de las exportaciones con el mayor grado de elaboración, en tal sentido el complejo minero metalúrgico de La Oroya con su tecnología peculiar permitía extraer una serie de subproductos a partir del procesamiento de los concentrados de cobre, zinc, plomo, plata, obteniéndose más de 19 subproductos entre los cuales destacaban el bismuto, indio, telurio, antimonio, cadmio, selenio, ácido sulfúrico, concentrados de zinc-plata, sulfato de zinc, sulfato de cobre, trióxido de arsénico y otros, de uso industrial.

Evidentemente el tiempo ha demostrado la fragilidad e irresponsabilidad histórica de la privatización fragmentada, pues con la crisis financiera del 2008  se derrumbaron temporalmente los precios de los metales y las exportaciones de Doe Run Perú en el mercado norteamericano que concentraba el 30% de sus ventas, y se generaron una serie de incumplimientos en la cadena de pago con sus proveedores tales como Mra. Buenaventura, Mra. Volcan, Glencore y en especial del grupo Cormin.

Los más afectados como siempre son los más de 3,000 trabajadores directos e indirectos con sus familias que dependen del empleo demandado por Doe Run Perú y el poder de compra generado. Si bien hasta ahora en un esfuerzo la empresa  minera titular del complejo ha pagado el 70% de las remuneraciones de sus trabajadores con los excedentes de su única mina operativa, la Mina Cobriza ubicada en Huancavelica-Churcampa, asumiendo un compromiso en el marco de la responsabilidad social, estos recursos resultan limitados y en el futuro próximo se dejarían de abonar.

Siendo la mina de Cobriza la única unidad minera que se privatizó conjuntamente con el complejo metalúrgico apenas aportaba el 20% de los requerimientos de los concentrados de cobre en la fundición  y explicaba el 5% de sus ingresos, lo cual obligaba a la compra de concentrados a otras empresas mineras de la pequeña y mediana minería. Esta es la importancia estratégica que tenía primero Cerro de Pasco Corporation, luego la estatal Centromín, operando el complejo metalúrgico integrado con las unidades mineras.

Se debe  reconocer que Doe Run Perú hasta el último año completo de operaciones el 2008, con la propia información producida por el organismo regulador Osinergmin a pesar de las postergaciones en el cumplimiento del Programa de Adecuación Minero Ambiental (PAMA) había realizado importantes inversiones ambientales por más de 330 millones de dólares, superando con creces los compromisos asumidos en la privatización del complejo. Es más, como lo señala la nota del Diario 16 “Shinno contra Shinno” Doe Run había cumplido con gran parte de las inversiones, lo cual demostraría la existencia de intereses subalternos en la liquidación empresarial.

Así, se terminó con el levantamiento de las plantas de ácido sulfúrico en los circuitos de plomo y zinc, el tratamiento de aguas pesadas, reduciendo los niveles de contaminación de plomo, cadmio y arsénico, en relación a los niveles de las gestiones anteriores bajando los límites permisibles, faltando solamente la inversión más importante sobre la construcción de la planta de ácido sulfúrico para captar el dióxido de azufre del circuito de cobre que ha quedado inconclusa  con  un avance del 50% por los problemas conocidos.

En tal sentido, el Estado debe exigir el reinicio de las operaciones del complejo minero metalúrgico lo más prontamente posible para así generar los ingresos y utilidades que permitan el cumplimiento de la inversión ambiental relacionada con la planta de ácido sulfúrico del circuito de cobre cuyo costo supera los 150 millones de dólares a pesar de los avances realizados. Con lo cual las inversiones ambientales sumarían casi los US$ 500 millones.

Un país minero como el Perú no puede darse el lujo de seguir exportando concentrados con un complejo como el de La Oroya paralizado. Resulta una paradoja que la población de La Oroya demande la reapertura de las actividades de Doe Run en la ciudad defendiendo el trabajo y el valor agregado mientras el país experimenta una campaña contra las inversiones mineras en Cajamarca  y en el Cuzco.



“Shinno versus Shinno”

Ingeniero mecánico Guillermo Shino se contradice increíblemente respecto a situación ambiental en La Oroya

Diario 16, jueves 10 de mayo 2012 (pág. 11)

“La vaca no se acuerda cuando fue ternera” es un viejo refrán que bien puede aplicarse al actual viceministro de Minas, Guillermo Shinno Huamaní, -que, al parecer, sufre del mismo tipo de amnesia que su jefe, el ministro de Energía y Minas Jorge Merino Tafur- en el caso del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO).

Porque no podría explicarse de otra manera que haya señalado en diversas entrevistas que la operación del CMLO “incumple los estándares ambientales“ cuando hace algunos pocos meses (23/3/2010) acudió a Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su calidad de Gerente de Fiscalización de Minería del Organismo Supervisor de la Inversión en Minería y Energía (OSINERGMIN), para señalar que la empresa Doe Run Perú (DRP) había alcanzado estándares ambientales permisibles en su operación en la Refinería y la Fundición de La Oroya.

PRESENTACIÓN ANTE CIDH

En esta cita Shinno sostuvo que a partir del 2007 OSINERGMIN había establecido una supervisión con la presencia de fiscalizadores a tiempo completo en la ciudad de La Oroya, quienes habían comprobado que los ocho primeros proyectos del Programa de Adecuación y Mejoramiento Ambiental (PAMA) original fueron cumplidos por la empresa, mientras que en el noveno proyecto –la construcción de plantas de ácido sulfúrico- DRP había conseguido una ampliación del plazo de culminación.

“En este último proyecto se cumplieron con dos plantas: la construcción para el circuito de zinc, y la del circuito de plomo, quedando pendiente la de cobre, que mediante ley fue ampliado el año pasado. Este proyecto tenía un avance del 48% en lo que se refiere a la planta de ácido sulfúrico y 57% en la modernización del circuito de cobre”, expuso el ahora viceministro, defendiendo la posición de DRP.

También explicó en la reunión que desde el 2007 OSINERGMIN ejecutaba un monitoreo constante en siete estaciones ubicadas en La Oroya con la finalidad de verificar la calidad del aire, así como de efluentes líquidos y de algunas otras emisiones. “En este monitoreo participa la sociedad civil; son trece organizaciones civiles las que participan”, agregó.

RESULTADOS

Shinno reveló que en el caso dé resultados de contaminación por plomo y material particulado, se habían verificado importantes avances positivos en todas las estaciones, mostrando que la mayoría de las emisiones estaban dentro de los máximos permisibles, lo mismo que sucedía para los humos de la chimenea.

En cuanto al avance de las plantas de ácido sulfúrico, informó también que la correspondiente al circuito de zinc fue culminada en diciembre del 2006, mientras que la de plomo se terminó en setiembre del 2008. Agregó que la de cobre se encontraba con un avance del 48% y 57% tanto a nivel de planta como de la modernización de los equipos.

Con el avance en los circuitos de zinc y plomo, Shinno en el 2010 señalaba que se viene disminuyendo la emisión de dióxido de azufre por cuanto se venía produciendo ácido sulfúrico, y capturando el azufre, dejando de emitir este componente en mayor cantidad al ambiente. Increíble.

GIRO DE 180°

Ahora, como viceministro de Minas, sus declaraciones apuntan a que no se reinicien las operaciones en el CMLO y más bien que se opte por la temida liquidación.

Por ejemplo, ahora en su presentación ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso de la República (19/4/2012 ), ha afirmado muy suelto de huesos que el Plan de reestructuración presentado por DRP no había sido aprobado porque no se aseguraba “aplicar los estándares ambientales permisibles”, y además exigía prontamente “la remediación de suelos de La Oroya”, cuando como funcionario de OSINERGMIN era consciente que este era un compromiso incumplido del Estado desde hace 15 años, según el contrato de privatización del CMLO.

Shinno Huamaní, agregó que el “Gobierno y el Ministerio de Energía y Minas ya no van a permitir que se sigan excediendo los estándares permisibles ambientales. Hoy estamos en una situación distinta, donde ya no es decisión del MEM sino de la Junta de Acreedores para decidir cuál será el futuro de la empresa”, concluyó.

Todo ello había sido reiterado en sucesivas entrevistas en programas políticos, como Cuarto Poder (8/4/2012) de América TV, y en De 6 a 9 (13/4/2012) , de Canal N, donde señaló que el CMLO contaminaba el medio ambiente de La Oroya y violaba los límites máximos permisibles afectando a la población de la zona.

¿A qué Shinno le creemos: al gerente de fiscalización de OSINERGMIN del 2010, o al viceministro de Minas del 2012? Lo más contradictorio de este caso es que las posiciones tan cambiantes e incongruentes del ingeniero mecánico, Shinno Huamaní, se producen entre el 2010 y el 2012, y las condiciones de la refinería y fundición no han cambiado en esas fechas, pues las operaciones están paralizadas desde junio del 2009”.


Publicado en Diario16; el jueves 10 de mayo de 2012.
http://diario16.pe/noticia/15988-shinno-versus-shinno




martes, 12 de junio de 2012

GAS A MÉXICO SE DESVÍA EN LA RUTA*

Como lo había anticipado este diario muchas veces, la supuesta exportación de Gas Natural a México, de acuerdo al contrato firmado entre el estado peruano (Perupetro) y el Consorcio Camisea, estaba siendo violado al producirse el desvío de las naves en alta mar, re-direccionándose la carga hacia otros destinos, presumiblemente al Asia (Japón) con el efecto que el contratista ha terminado pagando regalías subvaluadas, al aplicarse el medidor de precio correspondiente a México, cuando lo que se paga en otras localizaciones es mucho mayor.

Esta diferencia ha sido calculada en un monto de 50 millones de dólares, de los cuales un 50% debe repartirse en Cusco, y que es el resultado de por lo menos diez embarques con destino falseado detectados hasta la fecha.

Este grave caso comienza con una carta de Perupetro suscrita por la gerente general (e) Isabel Tafur Marín, del 4 de mayo del 2012, en la que se señala que “Perupetro ratifica su posición respecto a que los marcadores utilizados para el cálculo de las regalías por los períodos de valorización en que se realizaron embarques cuyo destino señalado por Pluspetrol Perú Corporation fueron los terminales de Freeport, Sabine Pass y Cameron, no corresponden al mercado de consumo final (subrayado en carta) del Gas Natural de estos embarques, no habiendo el contratista acreditado el real mercado de consumo final de los respectivos embarques”.

Este hecho que se reputa como incumplimiento de contrato conduce a Perupetro a la siguiente conclusión: “comunica su intención de dar por terminado el contrato al término del plazo de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de la presente notificación, salvo que dentro de este plazo el referido incumplimiento sea subsanado o que, a satisfacción de Perupetro, se demuestre que está en vía de subsanación”.

Se puede ver que se trata de una seria controversia en la que estaba de por medio la terminación del famoso contrato sobre la exportación del gas por claro incumplimiento del consorcio contratista. Pero el 8 de mayo, cuatro días después de la conminatoria carta de advertencia, se emite una segunda comunicación firmada por la misma funcionaria de apellido Tafur, en la que se da cuenta de una reunión sostenida con representantes del consorcio que explota el lote 56 (para exportación), en el que se habría expresado “voluntad de solucionar la discrepancia surgida entre las partes”. La nota reitera la posición de la entidad estatal sobre el incumplimiento del contrato de licencia, pero abandona el tono de exigencia anterior y los reemplaza por una frase lamentable:
“Siendo la voluntad de las partes agotar los mecanismos de solución de controversias previstos en el citado contrato, hacemos de su conocimiento que dejamos sin efecto nuestra Carta Notarial GGRL-SUPC-GFSA-0548-2012, de 4 de mayo del 2012, a fin de que la discrepancia antes mencionada sea sometida, en el más breve plazo, al Comité de Conciliación”. (Carta Notarial GGRL-LEGL-0192-2012)

Es decir el intento por poner en claro que las contratistas no pueden burlarse del país determinando las regalías de acuerdo a los precios de un puerto cuando la carga va en realidad a otro donde los precios son más elevados, devino en “una reunión”, en vez de una respuesta por escrito como era reclamado y en un retiro de la demanda para pasar a una “conciliación”. Versiones de adentro de Perupetro anotan que los técnicos encargados de los cálculos financieros y los abogados de la empresa, se abstuvieron de suscribir el segundo documento por no estar de acuerdo en definir como “discrepancia” un claro incumplimiento.

Asimismo el estudio legal que atiende los casos de Perupetro habría indicado que ante un incumplimiento no cabe pasar a comité de conciliación, porque no se puede negociar lo innegociable, en consecuencia se estaría recomendando a la gerencia que se elabore una tercera carta dejando sin efecto la segunda, por considerarse que se ha cometido un error.

¿QUÉ SUCEDE? 
¿Y el Lote 88?

Luego de la patriótica recuperación del lote 88, con la presencia del presidente de la República en los campamentos de Camisea, se conoció el contenido del DS 008-2012- EM, según el cual, las empresas contratistas habían expresado voluntad de poner el íntegro de las reservas de dicho lote para uso exclusivo del consumo interno, lo que debería ser añadido como adenda al contrato vigente. Más allá de cualquier crítica al decreto (una recuperación más bien declarativa) lo cierto es que el contrato no ha sufrido ningún cambio después de dos meses. ¿Alguien se está burlando del presidente?






* Publicado en el Diario La Primera el 11 de junio de 2012