sábado, 20 de septiembre de 2014

LA RENTABILIDAD SOCIAL DE PETROPERÚ

URGENTE INTEGRACIÓN VERTICAL

ESCRIBE: Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM)

Aunque parezca contradictorio el Premio Nóbel de Economía 2001 y ex Vicepresidente del Banco Mundial en la década de los noventa del siglo pasado, profesor Joseph Stiglitz recomendaba para los países en vías de desarrollo la presencia de empresas estatales en los sectores estratégicos como los hidrocarburos y la minería, pues constituyen “los casos más eficientes en proveer ingresos para los ciudadanos probablemente sean los de las empresas estatales”  (Recursos Naturales, Desarrollo y Democracia 2008)

Por ello no constituye una casualidad histórica que más del 78 por ciento de la producción y de las reservas de hidrocarburos a nivel mundial correspondan a poderosas empresas estatales. Sin embargo en nuestro país Petroléos del Perú en razón de un cuestionado proceso de privatización no explota ni un solo barril de petróleo ni procesa una molécula de gas natural, sin embargo tiene que asumir una serie de “cargas excepcionales”, partidas inusuales, y respetar contratos lesivos a sus intereses por mandato de los gobiernos de turno, que van desde la dictatura fujimontesinista al gobierno del presidente Humala y su consorte.

Estas partidas inusuales constituyen parte de la rentabilidad social que genera PetroPerú al país, en una empresa que tiene el imperativo de satisfacer de manera segura y eficiente el mercado interno de combustibles, cubriendo un 48 por ciento de la demanda doméstica en competencia desigual con empresas del sector privado.

La petrolera estatal es un enérgico contribuyente fiscal tanto por los ingresos tributarios recaudados por la empresa en los precios de los combustibles que sumaron en el 2013 más de 4,072 millones de nuevos soles, y por los ingresos generados para el fisco por las operaciones propias como empresa. Así para el mismo año abonó más de 137 millones en especial por impuesto a la renta superando la contribución de la competencia (Refinería La Pampilla)

En el mismo sentido forma parte de esta rentabilidad social el abono de las pensiones de jubilación a sus extrabajadores en el marco de la ley 20530 particularmente. Por ello, PetroPerú para cumplir con estas obligaciones pensionarias tiene que asumir como pasivo corriente un promedio anual de 76 millones de nuevos soles, que debieran formar parte del excedente económico.

Si se tiene presente que tales obligaciones pensionarias corresponden en su mayoría a trabajadores de las diversas unidades de PetroPerú que fueron privatizadas absurdamente tales como los lotes petroleros, las filiales y en especial la refinería La Pampilla. Es decir, con la privatización se vendió el “lomo fino” y la petrolera estatal asumió la obligación del pago de las pensiones.

Así, por mandato legal PetroPerú tiene que asumir una deuda, como una obligación de largo plazo, es decir como pasivo no corriente un fondo jubilatorio superior a los 600 millones de nuevos soles que no asume ninguna empresa petrolera en el mundo.

Es más, como si ello no fuera suficiente PetroPerú para abastecer la demanda de combustibles en la Amazonía tiene que vender los derivados sin recuperar el impuesto general a las ventas (IGV 18%) ni siquiera como crédito fiscal como es usual en materia tributaria, y como lo practican las empresas mineras en la recuperación del IGV por sus exportaciones.

Como se debe recordar la venta de los derivados del petróleo en la Amazonía (Loreto, Ucayali, Madre de Dios etc. ) está exonerada de los impuestos como el rodaje, selectivo al consumo y del IGV. Sin embargo, PetroPerú para poder cubrir la demanda regional tiene que asumir en las compras de crudo que realizan sus refinerías de Iquitos, y El Milagro (Bagua), el IGV correspondiente sin poder recuperarlo.

Es decir, compra el principal insumo, el crudo con IGV y vende los combustibles en la Amazonía sin IGV lo cual significa un promedio anual de 224 millones de nuevos soles en promedio que se dejan de percibir. Con el agravante que ni siquiera el MEF con Castilla o sin Castilla le permite usar dichos montos como crédito fiscal, es decir  que le permitan ser deducibles del impuesto a la renta por pagar, lo cual constituye una discriminación tributaria por su naturaleza de empresa pública.

Por tanto, estos 224 millones de nuevos soles anuales que no son recuperados por las ventas de combustibles en la Amazonía debieran formar parte de excedente económico, de la rentabilidad social que hace PetroPerú como contribución al país.

En el mismo sentido, debiera ser evidente que su rentabilidad empresarial sería mayor si cobrase “precios de mercado” por el alquiler de sus activos, bienes y equipos que son operados por terceros, como la merced conductiva por las plataformas marinas del Z-2B, el alquiler de los terminales o de los campos petroleros de Ucayali incluida las tarifas subvaluadas de la refinería de Pucallpa y su planta de venta.

Sirva de ejemplo el caso del alquiler por las plataformas marinas del Z-2B, Zócalo Continental frente a las costas de Talara, alquiladas primero a Petrotech desde  1994 y luego a Savia desde el 2009 al presente.

Si se tiene presente que Savia está conformada por dos empresas estatales exitosas, tales como Ecopetrol de Colombia y KNOC de Corea del Sur, con regímenes políticos liberales pero que asumen el carácter estratégico de los hidrocarburos para sus estados negando en la práctica el fundamentalismo económico del “libre mercado”.

Las plataformas marinas, las embarcaciones marinas, equipos usados en el Z-2B  son propiedad de PetroPerú que percibe un ingreso por el alquiler de tales activos de 10 millones de dólares anuales. Se debiera tener presente que las plataformas son vitales pues a partir de allí se extrae el crudo contenido en los pozos. De allí que un ejercicio económico debiera determinar ¿Cuál es el costo de oportunidad de dichos activos?

Al respecto Savia por la explotación de crudo, gas y líquidos de gas natural obtiene ingresos superiores a los 370 millones de dólares y utilidades netas por encima de los 70 millones, y paga un ridículo alquiler de 10 millones de dólares por año por unos activos  que no perciben el debido mantenimiento lo cual constituye una violación contractual.

Debiera ser evidente que la rentabilidad económica de PetroPerú sería más importante si la petrolera estatal tuviese acceso a la renta petrolera a partir de la explotación directa o asociada con terceros de las reservas probadas de los lotes petroleros que debe devolver Interoil enTalara III y IV o de la Selva Norte lote 64, lote cedido por Talisman sin costo a PetroPerú.

Sin embargo, el sesgo ideológico, el dogma liberal y los intereses privados que hacen estupendos negocios con los recursos naturales que corresponden a todos los peruanos argumentarán que PetroPerú es ineficiente, que no tiene capital ni  experiencia ni personal calificado en las áreas de explotación y producción.

Al respecto sería interesante recordar que en la privatización de las reservas del lote Z-2B la empresa ganadora fue la norteamericana PetroTech que no calificaba como empresa petrolera pues no operaba lote alguno ni acreditaba reservas probadas. En su origen Petrotech era una empresa de transporte marítimo que operaba las barcazas llevando personal y equipo para la Belco Corporation, y a partir de las operaciones marinas sin invertir un monto significativo pues asumió la producción en marcha con reservas probadas se capitalizó, creando una serie de empresas filiales y vinculadas para maximizar utilidades y minimizar los pagos al fisco.


Por tanto, para maximizar las utilidades de PetroPerú que permita financiar la modernización de la refinería de Talara,  se debe alcanzar la integración vertical con lotes de explotación propios, como lo hace Ecopetrol con el respaldo de la clase política de Colombia  o como lo hace Chile con su petrolera estatal ENAP, todo lo demás es cuento chino de nuestros liberales criollos que controlan ideológicamente a PerúPetro, la empresa estatal responsable de la promoción y supervisión de los contratos petroleros, y al ministerio del sector.

lunes, 15 de septiembre de 2014

ENERGÍA: LOS TEMAS DE FONDO*

* Publicado en el diario La República el lunes 15 de septiembre de 2014

Por Humberto Campodónico (UNMSM)

En la interpelación del ministro Eleodoro Mayorga se nota –en algunos casos, no en todos– una confusión con respecto a la forma y el fondo. Tomemos el caso de Interoil, donde se le acusa de lobbista por haber firmado la prórroga de un año con la misma empresa que acababa de perder el laudo arbitral.

¿Significa eso que si era otro el ministro de Energía, ¿entonces no pasaba nada y todo estaba ok? No, pues. El fondo es la política del actual gobierno. ¿Cuál es? La del directorio actual de Perupetro del Ing. Luis Ortigas, que en setiembre del 2013 cambió el Acuerdo del Directorio de Daniel Saba (bajo el anterior gobierno) y ratificada por Aurelio Ochoa (este gobierno).

¿Qué decían? Que todos los lotes cuyos contratos expiraban debían ser licitados y no prorrogados al mismo dueño. El actual directorio revocó esos acuerdos y decidió prorrogarlos, a dedo. A los mismos. ¿Qué cosa? Tanto Saba como Ochoa se manifestaron en contra. Sería bueno que ahora vuelvan a ratificar sus razones.

A lo cual se suma la ley 30130 de diciembre del 2013 sobre Petroperú, impulsada por el ministro Castilla, que establece que el 20% de acciones a ser listada en Bolsa (acordado por la ley 29817 del 2011) fuera elevada al 49% es decir, la privatización encubierta. Y, también, prohíbe a Petroperú participar en cualquier otro proyecto (Art. 6) hasta que se pague el préstamo de Talara.

El ministro Mayorga afirma que Petroperú no tiene la capacidad de administrar los lotes cuyos contratos expiran (entre ellos Interoil). Discrepamos. Esos campos fueron de Petroperú por años. Y cuando fueron privatizados en 1992 entraron empresas como Graña y Montero y Vera Gutiérrez (Petrolera Monterrico) que no tenían conocimiento de la industria. Petroperú podía –y puede– administrar esos lotes, contratando al personal técnico actual y reforzando su Gerencia de Producción.

El fondo es que este gobierno –a diferencia de lo que sucede en Chile y Colombia, por ejemplo– no potencia a su empresa propiciando su integración vertical. Por eso es que Perupetro sí conversó con GyM y con SAPET (de China) para ver si tomaban los lotes de Interoil (no llegaron a acuerdo alguno) pero nada con Petroperú.

Otro tema es si la australiana Karoon participó en el Reglamento de Medio Ambiente del sector. Aparte que hubo la reunión de Karoon con funcionarios de Energía y Minas y de Medio Ambiente, no hay nada que pruebe que “redactaron” el reglamento. Si eso se prueba, entonces hay falta grave. Pero no hay más que “sueltos” periodísticos.

El fondo es que el fortalecimiento de la institucionalidad medioambiental da un gran salto en el 2008 con la creación del Ministerio (venida de Angela Merkel incluida). Lo que se refuerza con la legislación del TLC Perú-EEUU. Esto convierte al MINAM en uno de las pocas instituciones aún no “tomadas desde adentro” por los intereses privados. Lo cual nos parece muy, pero muy bien.

Pero eso no quiere decir que, en algunos casos, no exista una sobre-reglamentación que perjudica las inversiones. Eso se ve claramente al compararnos con Colombia –cuya institucionalidad es más fuerte que la nuestra– donde la legislación medio ambiental cumple sus funciones en plazos adecuados.

Esa comparación se debe hacer y no este ataque público de Mayorga a Pulgar Vidal: “la creación del MINAM, la consulta previa y la desagregación de responsabilidades de manera descoordinada ha significado un bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás” (utero.pe, 14/05/2014). Muy mal. En todo caso, recordemos que el gran empujón contra el medio ambiente vino con el paquetazo de Castilla de junio pasado.

El tema de fondo es la política energética integral del actual gobierno. Nos parece bien, muy bien, que haya comenzado la Refinería de Talara y también se haya licitado el gasoducto andino (con opción al ducto de líquidos incluido), que son producto de variados impulsos (sobre todo sociales) y donde ha participado activamente el ministro Mayorga.

Pero más allá de estos importantes logros (que pueden cambiar el destino del país) existen dos problemas claves. Uno, que no se promulga hasta ahora el Plan Energético de Mediano y Largo Plazo para que nuestra matriz energética responda a nuestras necesidades y no a la rentabilidad de empresas privadas que no tiene por qué coincidir con lo primero (como, por ejemplo, la exportación del gas del Lote 56).

El MEF ya ha recibido US$ 230 millones (sí, 230) del BID desde el 2009 y se ha elaborado la Nueva Matriz Energética para el Desarrollo Sostenible. Pero nada. El año pasado, para hacerla larga, el MEF mediante el Convenio Prosemerha contratado a un consultor para que haga “una propuesta de planificación del sistema energético” (sic). Basta ya.

El otro es que Perú no puede decidir el destino de sus combustibles, de acuerdo a lo que indique su Plan Energético (cuando se promulgue, que es lo que no se hace). ¿Por qué? Porque la Ley 26221 de 1993 otorga a los contratistas la propiedad de los hidrocarburos. Por eso se exporta gas a precio vil a México y no se sabe si CNPC de China querrá o no destinar el gas del Lote 58 al Gasoducto Sur Peruano y a la petroquímica (ambos están amenazados por la propuesta de Castilla de “auditoría internacional” a esa licitación).


¿No estaría bueno que el Congreso discuta estos temas? Juzguen los lectores.


martes, 9 de septiembre de 2014

GASODUCTO: NUEVOS MOTORES Y AUDITORÍA INTERNACIONAL*

* Publicado en el diario La República el 8 de septiembre de 2013

Por Humberto Campodónico (UNMSM)

Todo el sur peruano aguarda con gran expectativa la llegada del gas de Camisea y que no sea solo Lima la que obtenga las mayores ventajas: GNV para los autos, conexiones domiciliarias que ponen de verdad el gas a 12 soles (aunque la cantidad de viviendas conectadas es todavía muy baja), combustible barato para las industrias (que ya no tienen que consumir los derivados, caros, del petróleo). Y así.

Ya ha habido un gran avance, pues el 30 de junio se otorgó la buena pro para la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Tres semanas después, el 23 de julio, se firmó el contrato entre los ganadores (Kuntur y Enagas) y el gobierno peruano, con la presencia del presidente Humala y el ministro de Energía, Eleodoro Mayorga.

A pesar de ello, las expectativas de la población siguen al tope. Puno objeta que no se haya considerado un ramal que llegue a su región. En Quillabamba se protesta porque el contrato del GSP no prevé la construcción de una Planta de Fraccionamiento de Líquidos del gas natural en la zona y tampoco se ha considerado una planta envasadora de GLP en esa ciudad.

La frustración es grande porque la población no quiere seguir siendo “mecida”. Y si bien es cierto que algunos de los reclamos carecen de soporte técnico, no por ello las demandas y las expectativas son de importancia menor.

 La cuestión es que para la feliz conclusión del GSP no basta con su sola construcción, pues su enfoque no contempla la realización de un proyecto integral, sino solo la construcción del tubo. Pero no está definido con claridad de cuáles lotes saldrá el gas que se va a transportar.
Tampoco está del todo definida la demanda en el sur, pues lo único claro es que habrá tres centrales eléctricas que usarán ese gas, a lo que se agrega la demanda para uso doméstico y de GNV en las ciudades.

Pero lo más importante –y preocupante– es que no está contemplado el impulso a la petroquímica, que no solo significa una importante demanda de etano (que es uno de los componentes del gas natural), sino que pone en marcha los “nuevos motores” para el crecimiento económico: una industria nueva, alto valor agregado, centenas de Pymes, decenas de miles de empleos, aumento de exportaciones, disminución de importaciones, etc. (ver www.cristaldemira.com, 17/02/2014; 07/07/2014).

La petroquímica está contemplada en el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) aprobado el 28 de julio. Y da la pauta: “para el sector Energía y Minas, la línea de acción/intervención consiste en formular una estrategia de desarrollo para la industria petroquímica”.

Esa línea debiera ser la conformación de una Autoridad Autónoma (AA) de Alto Nivel que impulse el proyecto integral, con la participación de los diferentes ministerios y organismos del gobierno central y de los gobiernos de la Región Sur. Esta AA deberá consultar con los actores empresariales y con las “fuerzas vivas”, comenzando por las Cámaras de Comercio y otras instituciones representativas. Y si algunos temas debieran ir al Congreso, que se haga.

La AA debiera establecer cuáles son los lotes que abastecerán al GSP y la demanda del sur, pues eso no puede ser determinado por “el mercado”. Al 31/12/2013, según el último Informe de Reservas del MINEM, existen 18.6 TCF de reservas probadas y probables de los lotes 88, 56, 57 y 58. Estas reservas deben abastecer a Lima, a la exportación y al GSP.

Luego está la cuestión de la obtención del etano (que es el insumo para desarrollar la petroquímica del etileno) y de la construcción de un ducto de líquidos, temas complejos que debieran ser también resueltos por la AA. Y, finalmente, el tema de la propia industria PQ. La AA debiera definir bases y esquemas para los diferentes actores, incluyendo la participación del Estado a través de Petroperú.

Dicho esto, el proyecto se puede frustrar si es que prospera el planteamiento de realizar una “auditoría internacional” para determinar si la buena pro cumplió con las reglas del “debido proceso”, ya que uno de los postores (formado por GDF Suez, Sempra, TGI y Techint) objeta que haya sido descalificado horas antes de la apertura de los sobres. Esta “auditoría” ha sido pedida nada menos que por el Ministro de Economía, Miguel Castilla, el 21 de agosto (lo que incluye también al Metro de Lima).

Es comprensible que el postor descalificado reclame ante el Poder Judicial (GDF Suez se ha autoexcluido del reclamo), lo que ya ha hecho y se resolverá en los tribunales peruanos. Entonces, ¿para qué la auditoría internacional? ¿Qué pasa si nuestro Tribunal Constitucional dice que todo está bien y el auditor internacional falla al revés? ¿Y si es al revés? ¿Una auditoría internacional estaría por encima de la justicia peruana?

Pareciera que Castilla no confía en el buen funcionamiento de Proinversión, entidad que dirige, pues está adscrita al MEF. ¿Será porque no le gusta quienes han sido los ganadores del proyecto? ¿Se puede permitir que el ministro genere desconfianza internacional en las instituciones peruanas? No. Para nada.


Por tanto, debe dejarse de lado el absurdo de la “auditoría internacional”, a la vez que se constituya alguna modalidad de AA para concretar el proyecto integral del GSP, el buen funcionamiento del nuevo motor de la industria PQ para el crecimiento económico y la diversificación productiva del país.

viernes, 5 de septiembre de 2014

LA CONVENCIÓN SE LEVANTA POR EL GAS

ANTE LA MECIDA DEL ESTADO

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Hasta ahora hay dos muertos por el reciente conflicto desatado en Quillabamba, capital de la provincia cuzqueña de La Convención, por la falta de atención del gobierno a los problemas más urgentes de la población, como es el acceso barato del gas licuado de petróleo (GLP) que se expende en balones de 10 kilos, el mismo que sería posible a partir de una planta de fraccionamiento de líquidos en Kepashiato, cuestión que no ha sido contemplada en la reciente licitación del cuestionado gasoducto del sur.

A pesar de los importantes recursos transferidos por concepto de canon gasífero que ha percibido la provincia de La Convención, en especial el distrito de Echarate y el Cuzco en general por la explotación de los hidrocarburos (gas y líquidos de gas natural) la pobreza se reproduce de forma ampliada, con el agravante que las comunidades nativas no se benefician con las transferencias del canon.

Se debe tener presente que los ingresos distribuidos `por canon gasífero gracias a la extracción de gas y líquidos en los lotes 88 y 56 representan sumas millonarias  desde agosto del 2004 al 2013 tal como se puede observar en la información correspondiente. Véase cuadros sobre los recursos transferidos por canon gasífero para el departamento del Cuzco, y distribución del canon entre las provincias de dicha región.

En verdad, resulta una cruel paradoja que experimenta la población de La Convención supuestamente rica en recursos con la pobreza local, y por otro lado la presencia de una explotación del gas natural que privilegia la exportación, la generación eléctrica en el entorno de Lima, el consumo vehicular y una mínima participación del consumo residencial en la capital de la república.

¿QUÉ SE DEMANDA?

En la plataforma de lucha del llamado frente de defensa de Quillabamba que ha paralizado durante más de siete días la región y en especial la entrada a la ciudadela de Machu Picchu, joya arqueológica que tiene una dimensión mundial afectando gravemente el turismo, está la demanda por la construcción de un ducto de líquidos que debía trazarse desde el campo de Malvinas a Kepashiato en La Convención, la oposición a cualquier modificación en la distribución del canon gasífero vigente hasta la fecha y reivindicaciones locales contra el mal uso del canon.
Al respecto el problema no es de ahora y su antecedente está ligado a las diversas protestas sociales del 2009 y 2010, cuando la población de Quillabamba demandaba un precio del gas licuado de petróleo justo ante los altos precios que superaban los 50 nuevos soles por un balón de 10 kilos, siendo zona productora donde la empresa Pluspetrol Plus Corporation (PPC) explota los recursos gasíferos.

El gobierno de ese entonces negoció un acuerdo con la transnacional Repsol mediante el cual el precio del gas licuado no debiera ser superior al precio vigente en Lima, y se asumió el compromiso en la construcción de un ducto de líquidos y una planta de fraccionamiento en la localidad de Kepashiato, con la finalidad de transformar unos 20 mil barriles diarios de líquidos en gas natural, los cuales permitirían obtener gas licuado de petróleo, y  diesel para abastecer prioritariamente la región en su condición de zona productora.

Lamentablemente en la cuestionada licitación del gasoducto del sur, donde resultó ganador el consorcio formado por la transnacional brasileña Odebrecht y la española Enagás, descalificando a última hora entre gallos y medianoche al consorcio formado por Sempra, Techint, Suez Energy y TGI, no está contemplada la construcción de una planta de fraccionamiento de líquidos, que en la práctica debía operar como una pequeña refinería.

Igualmente el frente de defensa de Quillabamba un colectivo político que asume la representación del conjunto provincial cuestiona las declaraciones del poderoso ministro de economía y finanzas que apuntan a una rediseño en la distribución del canon gasífero, que presumen afectaría la participación de la provincia de La Convención y del distrito de Echarate.
Si bien el departamento del Cuzco por concepto del canon gasífero que está determinado por el 50 por ciento de las regalías pagadas por la explotación de los hidrocarburos de los lotes 88 y 56, y también forma parte del canon el 50 por ciento del impuesto a la renta que abona el contratista, es decir el Consorcio Camisea.

En tal sentido, el departamento ha percibido por canon gasífero en el período 2004/ 2013 más de 10,486 millones de nuevos soles, y la provincia de La Convención en el período 2005/2013 más de 4,535 millones de nuevos soles, ver cuadros.
Es más, a partir del mes de julio del 2010 con proyecto de exportación del gas proveniente del lote 56 los ingresos del canon gasífero se incrementaron de manera significativa para la región al pasar en el 2009 de 795 millones de nuevos soles a 1,237 millones en el 2010 para saltar en el 2013 por encima de los 2,291 millones.

Es decir, por canon gasífero el Cuzco percibe más del doble en relación a la región ancashina por canon minero que ocupa el primer lugar en dicha distribución.

A nivel provincial La Convención en el 2011 percibía 761 millones de soles, en el 2012 más de 1,012 millones y en el 2013 por encima de los 1,046 millones de nuevos soles. Sin embargo resulta una región altamente inflamable pues la población sobre toda la más vulnerable, comunidades nativas, niños, mujeres, ancianos no se benefician de tan importantes recursos.

En verdad, al no contemplarse la construcción de una planta de fraccionamiento en Kepashiato lo cual significa un incumplimiento a compromisos asumidos por el gobierno anterior y que estaban contemplados en la primera versión del proyecto del gasoducto del sur bajo responsabilidad de Kuntur en el 2008 /2011, la población quillabambina se siente burlada por el gobierno del presidente Humala con sus principales ministros Castilla, Mayorga. Por ello exige la presencia de la presidenta del consejo de ministros para dialogar.

Al no hacer realidad la planta de fraccionamiento el abastecimiento  del gas licuado de petróleo, es decir el GLP seguirá una absurda ruta que va desde Pisco al Callao, del puerto chalaco a Matarani y de allí se traslada a la capital cuzqueña y posteriormente a la capital de La Convención. Es decir, la región productora tiene que ser abastecida desde Lima con los evidentes sobrecostos que a más de una empresa beneficia.

En resumen, el gobierno debe resolver con  estrategia e inteligencia un conflicto social y político que cuestiona en la base  un modelo económico que privilegia el gas y líquidos de gas natural para la exportación, la generación eléctrica, y el consumo urbano mientras aplaude un cuestionado gasoducto del sur sin reservas probadas, soslayando los legítimos intereses de la población local que aspiran por un gas barato como fue la promesa electoral del nacionalismo.




lunes, 1 de septiembre de 2014

REFORMA PETROLERA A RITMO DE MARIACHIS*

* Publicado en el diario La República el 1 de septiembre de 2014

Por Humberto Campodónico (UNMSM)

En México se ha promulgado hace poco una Ley Energética que cambia radicalmente el escenario. El cambio más radical es que se elimina el monopolio de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la exploración y explotación de petróleo. Ahora, las empresas privadas también podrán realizar estas actividades, lo que no podían hacer antes porque así lo determinaba el Artículo 27 Constitucional, dado por el Presidente Lázaro Cárdenas en 1938. 

Pero eso no significa que el Estado mexicano haya decidido privatizar PEMEX. Lo que está planteado es que PEMEX compita con las empresas privadas. Para ello, acaba de terminar la llamada “Ronda Cero”, donde PEMEX ha escogido –a dedo– los yacimientos que, a su parecer, tienen la mejor filiación petrolífera. El saldo será licitado internacionalmente en los próximos meses.

El punto de partida de la reforma energética ha estado marcado por la insostenibilidad del régimen de recaudación tributaria en México. La presión tributaria (sin incluir los “derechos del petróleo”) es 14% del PBI, mucho menor que el promedio de América Latina, que es del 20%. Incluso el Perú supera a México ya que estamos en algo más de 16% del PBI.

Pero los llamados “ingresos petroleros no tributarios” en México son enormes y constituyen otro 6% del PBI. ¿Y de dónde vienen? Pues vienen de PEMEX, ya que la empresa estatal tiene que pagar una serie de “derechos” al Estado. Así, en el 2012 los “derechos” pagados por PEMEX Exploración y Producción fueron US$ 70,000 millones, es decir, el 69% del total de sus ingresos ese mismo año. Sí, el 69%.     

Esos US$ 70,000 millones representaron el 38% del total de Ingresos del Presupuesto mexicano en el 2012. Sí, el 38%.

Esos US$ 70,000 millones fueron el 93% de la Utilidad de Operación de PEMEX. Con ese régimen, entonces, queda claro que se estaba matando a la vaca lechera. Cuando se llega a la contabilización de la Utilidad Neta, vemos que PEMEX tuvo pérdidas por US$ 9,000 millones en el 2012. 

Y, claro, si tiene pérdidas (contables) no puede invertir las cantidades necesarias para encontrar nuevas reservas. Por tanto, el declive de la producción no solo amenazaba a PEMEX, sino al propio régimen fiscal de México.

Durante muchos años se evitó en México una reforma tributaria integral –para que se aumenten los impuestos directos y tributen los que más tienen–, que eleve la presión tributaria. Con el nuevo gobierno, se ha emprendido no solo la reforma energética sino también una reforma tributaria para aumentar los impuestos directos e indirectos. Según estadísticas recientes, los “ingresos tributarios no petroleros” (así se les llama) han aumentado entre 10 y 15% en relación con el año pasado.
Lo que, sin embargo, todavía no alcanza para tener ingresos tributarios parecidos al promedio de América Latina.

La pregunta central aquí es la siguiente: ¿es que ahora entonces PEMEX tendrá el mismo régimen legal y tributario que las empresas privadas? ¿O es que seguirá pagando los “derechos” que hasta ahora financian el 38% del Presupuesto? Eso aún no está definido. Pero lo más probable es que PEMEX siga financiando al fisco, mientras llegan los ingresos provenientes de la apertura. Lo que va a tomar por lo menos 5 años (hasta que entren en producción los primeros pozos petroleros).

Lo que sí debe tomarse en cuenta es que la apertura mexicana atraerá una buena cantidad de capitales. Por varias razones, una de ellas es la buena calidad de sus prospectos petrolíferos. Otra tiene que ver con el régimen tributario para las nuevas inversiones, afirmándose que estará cercano a los estándares internacionales. Una tercera es la cercanía a Estados Unidos, donde ya se preparan para el “desembarco”. Esto tendrá también consecuencias para las inversiones petroleras en toda la Región, pues habrá ahora una “nueva” plaza a la cual éstas podrán dirigirse.

Es interesante apreciar aquí la reacción del empresariado colombiano, que en el diario financiero “LR” ha dicho lo siguiente: “Sin duda alguna la reforma mexicana es un revolcón que traerá cambios estructurales en términos de inversión en América Latina y  Colombia. Pero también es una oportunidad para la misma Ecopetrol que está en capacidad de hacer inversiones fuera de Colombia, lo que supondrá verdaderamente entrar en las grandes ligas” (Editorial, Petroleras a ritmo de Mariachis, 12/08/14).

Da envidia sana apreciar cómo el empresariado colombiano impulsa a su estatal petrolera. La sienten suya. Hay consenso acerca de su rol. En México, la apertura no ha implicado la liquidación de PEMEX, sino la puesta en marcha de cambios estratégicos en sus objetivos (los resultados aún están por verse).

Qué diferencia con nuestro país, único de la Región donde todavía vive el Consenso de Washington. Petroperú implementa un proyecto de modernización de Talara de talla mundial y que no tiene cuestionamiento alguno, lo que habría que aplaudir. Pero no. El Ministerio de Economía, que acepta Talara contra su voluntad, se encarga luego de maniatarla con la Ley 30130 para que solo siga siendo “refinoperú”. Esperemos que no por mucho mas tiempo y que, más temprano que tarde, nos pongamos al día con el sentido común mayoritario en la Región sobre las estatales petroleras.