FORO:"IMPORTANCIA Y CONTRIBUCIÓN DE LA MINERÍA EN MOQUEGUA Y TACNA, CANON Y REGALÍAS"

Comparto con ustedes la exposición que realicé el día 21 de diciembre de 2011 en el auditorio del Sindicato Unificado de Trabajadores de SPCC Ilo.



Para visualizarlo, sírvase seguir el siguiente link:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-hDwkHXhX1qMTkwNWU5ODgtMmVjOS00NGUwLThiNDQtNzAzZTExMzhlYjQ1&hl=es

Agradecemos su amable difusión.

JMZ

SPCC Y EL SUBDESARROLLO DEL GRAN SUR PARTE I

TACNA, MOQUEGUA CON MÁS CONFLICTOS

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

En la semana del 19 al 22 de diciembre del año que termina, estuve de visita en la ciudad de Ilo, puerto de Moquegua participando en un curso de capacitación organizado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de SPCC-Ilo con el apoyo de FondoEmpleo, institución reconocida que tiene como nombre “Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo”, y que como organismo se financia con las utilidades laborales no distribuidas a los trabajadores mineros, sobre todo de las grandes empresas como Barrick Misquichilca, Mra. Yanacocha, Mra. Antamina y SPCC. Estas utilidades no distribuidas en su mayor proporción se transfieren a los gobiernos regionales para inversiones en infraestructura y una mínima parte financia los diversos programas de FondoEmpleo.

Así, ante un interesado y nutrido público en el auditorio del Sindicato Unificado de Trabajadores de SPCC-ILO se expuso la importancia económica financiera de SPCC, los aspectos productivos y económicos relevantes en toda negociación colectiva que todo trabajador debe conocer, y la significación que tiene para los departamentos de Tacna y Moquegua la actividad minera, por medio del canon, regalías y derechos de vigencia, en estos departamentos del sur del Perú, que podrían ser considerados como “regiones ricas” gracias a los ingresos directos e indirectos generados por la minería. Por ello, nos permitimos publicar y colgar en nuestro blog htpp://kuraka.blogspot.com la información expuesta “Importancia y Contribución de la Minería en Moquegua y Tacna: Canon y Regalías”

Esta realidad asume la mayor importancia en razón de los duros cuestionamientos que recibe la más importante empresa minera de la región y del país como es la Southern Perú Copper Corporation (SPCC) que tiene una larga presencia en el Perú, con una imagen de empresa abusiva y prepotente. Por ello, los movimientos cívicos antimineros, sobre todo de los llamados frentes de defensa, comunidades campesinas, alcaldes hasta autoridades regionales se oponen a la ampliación de sus operaciones, vía el incremento de la capacidad en su planta de tratamientos de concentrados en Toquepala por una preocupación central: los problemas ambientales y la dotación de agua en una zona desértica por excelencia.

Si a ello se agrega la férrea oposición de la población del valle del Tambo, del distrito de Cocachacra, de Islay en Arequipa al proyecto de Tía María que de una inversión de casi US$ 1,000 millones se han desenvuelto más de la mitad, con maquinaria y equipo paralizado por los graves conflictos sociales que el nuevo gobierno tendrá que enfrentar. Es decir, en el sur se espera la reproducción de nuevas Congas, lo que cuestiona en la base la forma de hacer minería en nuestro país.

La SPCC empresa minera que opera en el Perú desde fines de la década de los cincuenta con la unidad de Toquepala en Tacna con rendimientos marginales decrecientes y una caída en la ley de mineral de cobre, más la unidad de Cuajone en Moquegua con una mejor ley; ambas están integradas con las planta de Fundición y Refinación en el puerto de Ilo,a través de una red de ferrocarriles, lo que le permite producir el cobre de más alta pureza con cátodos al 99.99% de pureza. Ello no sería posible sin el esfuerzo, capacidad y productividad de los trabajadores en su conjunto.

En tal sentido, gracias al PAMA asumido como obligación con el Estado a inicios de la década pasada la unidad de fundición opera con un moderno horno y planta que le permite captar las emanaciones de dióxido de azufre lo que le constituye la base para la producción de más de 900 mil de toneladas anuales de ácido sulfúrico, que se utilizan como insumo en las plantas de lixiaviación de cobre y oro, con importantes márgenes de exportación hacia nuestro vecino del sur, Chile.

Es decir, lo que antes era una maldición con la contaminación de los aires hoy gracias al PAMA y a la tecnología se ha convertido en una ventaja que permite producir ácido sulfúrico cuyos ingresos por ventas alcanzan valores variables que fluctúan entre los US$ 60 a 70 millones de dólares anuales. Ver cuadro de “Southern Perú Copper Corporation Ventas Según Productos 2008-2010”.

Esto significa que la maldición de los humos contaminantes durante muchos años ha dado paso a una nueva realidad gracias a la nueva tecnología y los cuestionamientos ambientales. Así, el dióxido de azufre mediante un proceso físico-químico se convierte en ácido sulfúrico, en un negocio rentable para la empresa, la región y el país. Ello también se reproduce con la producción de molibdeno que en el pasado reciente se “castigaba” en el precio del cobre y hoy tiene un precio de mercado que bordea los US $ 13 la libra.

Así la producción del molibdeno en el 2010 superaba los 16.4 millones de libras y determinaba ingresos por ventas de US $ 322 millones, lo que representaba un poco más del 10% de los ingresos de SPCC para ese año que sumaron los 3,153 millones de dólares. Este mineral tiene un uso ligado al endurecimiento de los metales en especial del acero y su mercado de exportación es también Chile que lo utiliza en su industria siderúrgica y en su producción de armas.

LA MINERÍA DEBE SEMBRAR AGUA

En esa dirección la solución a los nuevos conflictos mineros que tienen una legitimidad social por los graves pasivos mineros heredados por las prácticas mineras que no tenían parámetros ambientales. Así, la propia realidad nos señala el camino para enfrentar positivamente la oposición de amplios sectores de la población hacia la actividad minera. Si se tiene presente que la unidad de Refinación de SPCC en Ilo utiliza el agua de mar previo proceso de separación de la sal, creemos que esta debiera ser la solución para resolver el problema hídrico y la más importante inversión empresarial en responsabilidad social.

Debemos recordar que Tacna y Moquegua dos departamentos del extremo sur experimentan con mayor gravedad el problema del stress hídrico, donde el agua es escasa y valiosa para una agricultura sesgada a la producción de olivos, páprika, orégano de exportación, cebolla blanca etc. Por ello, la viabilidad de la ampliación de la planta de tratamiento de Toquepala, del proyecto Quellaveco, la posibilidad de Tía María pasa por asegurar la dotación de agua a partir del agua del mar que tendrá que ser procesada con un mayor costo que la rentabilidad del negocio lo puede asumir.

Si una empresa minera mediana como Milpo está utilizando el agua de mar para su proyecto de Cerro Lindo en el sediento departamento de Ica, con éxito y responsabilidad social pues comparte con las comunidades vecinas el agua sobrante de sus operaciones, con mayor razón empresas de la envergadura de Southern Copper Corporation la matriz de SPCC y el Grupo México, como Anglo American en Quellaveco, tendrán que usar el agua de mar si es que apuestan por la viabilidad de sus proyectos. Por ello, lo que dijera el patriarca de la minería en el Perú don Alberto Benavides de la Quintana en el sentido “que la minería debe sembrar agua” adquiere pleno sentido.

Si SPCC en el 2010 obtuvo ingresos por ventas superiores a los 3,153 millones de dólares con utilidades netas de 1,208 millones de dólares, superando de lejos los resultados del 2009 y 2008; es decir con utilidades netas crecientes libres “de polvo y paja”, se pueden financian varias plantas de tratamiento del agua de mar en el Gran Sur, de lo contrario sus proyectos serán inviables tanto social como moralmente, pues el grueso de sus utilidades se remesan como se demostrará en el próximo artículo.

PIURA: URGENTE MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (INVESTIGADOR UNMSM)

El lunes 5 de diciembre pasado tuve la oportunidad de estar en Piura invitado por el Colegio Departamental de Ingenieros-Capítulo de Ingenieros Industriales y de Sistemas, como participante en el evento “Desarrollo Económico del Departamento de Piura por los Beneficios del Gas Natural”, donde expuse sobre la necesidad del “Cambio de la Matriz Energética y Nuevas Inversiones en la Cuenca Noroeste”, y el potencial gasífero que tiene el departamento de gas natural asociado al petróleo.

Según el Libro Blanco de Reservas de Gas Natural que publica el Ministerio de Energía y Minas al 2010, las reservas probadas, probables y posibles de gas natural en la región suman un poco más de 1.1 TCF (trillón de pies cúbicos en sus siglas en inglés). Sin embargo, las empresas productoras como Savia Perú señalan en función a sus pozos perforados un potencial en gas de 2 TCF en los lotes Z-2B y Z-6; otra empresa como Olympic Perú INC declara tener en el lote XIII más de 3 TCF en el subsuelo, y BPZ en el lote Z-1 también informa tener importantes reservas de gas natural, que hasta no hace mucho tenían un pobre valor económico.

Lo cierto y evidente es que en las operaciones de extracción de crudo tanto en la Cuenca Talara como el Zócalo Continental siempre se ha privilegiado el petróleo, y el gas asociado obtenido, estimado en millones pies cúbicos se reinyectaba a los pozos para mantener la presión de los mismos, se venteaba hasta no hace mucho tiempo y ahora se quema previa autorización de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas, con la fiscalización de Osinergmin.

Si bien oficialmente está prohibido el venteo de gas natural lo cual significaba liberar millones de pies cúbicos a la atmósfera, la salida legal ha sido la autorización del “quemado” del gas natural, lo cual significa en la práctica desperdiciar un valioso recurso natural que representa millones de dólares que se pierden, que se evaporan con el beneplácito del Estado. Esto constituye una cruel paradoja de un país rico en recursos naturales pero con una población pobre y un Estado con una débil capacidad reguladora.

También es verdad que a diferencia del gas de Camisea, el gas asociado que se extrae en Piura proviene de los cientos de pozos productores que por sus pequeños volúmenes extraídos resulta onerosa su reinyección y recolección, por ello debiera ser preocupación del Estado la promoción de la cultura del gas, fomentando la inversión en las reservas marginales, en los llamados horizontes profundos, y horizontes subexplorados, pero también se debiera prohibir taxativamente el venteo y el quemado de gas natural bajo cualquier circunstancia.

Los ingenieros de petróleo utilizan un balance entre el petróleo extraído y los volúmenes de gas natural, donde con la producción promedio de 40 mil barriles diarios en las operaciones de Talara y el Zócalo Continental, por lo menos se obtenían conservadoramente 150 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales una parte se utilizaba como combustible en las operaciones propias, una parte se reinyectaba, otra se quema, y no más de 32 millones de pies cúbicos de gas natural diarios constituye la producción fiscalizada, es decir la producción que se valoriza comercialmente y que abona regalías al fisco que financian el canon de hidrocarburos.

Como ejercicio sería interesante estimar en los últimos 50 años los volúmenes de gas natural asociado venteado y quemado, liberado a la atmósfera por las operaciones de la IPC, PetroPerú y las empresas que asumieron después los lotes petroleros en la década del noventa del siglo pasado. Ello demostraría la irracionalidad de las políticas energéticas del pasado, la reciente preocupación ambiental ante el calentamiento global que prohíbe el venteo pero permite su quemado, y el creciente valor económico del gas natural como energético sustituto al petróleo.

Por ello si Piura es un departamento bendecido por la naturaleza con recursos naturales renovables y no renovables como el petróleo, gas natural, fosfatos con uranio, pesca y maricultura, los mejores vientos del país, un gran potencial minero de cobre y oro, excelentes playas para el surfismo, tierras agrícolas con su dotación de agua, y una reconocida gastronomía, nada de esto se podría explotar de manera sostenible si no se tiene la energía suficiente en oportunidad a precios competitivos. De allí la importancia en la masificación y valorización del gas natural que yace en su subsuelo.

Esto es más urgente y necesario en la medida que la cobertura de Piura en relación a la electrificación rural está por debajo del promedio nacional con una participación del 81% cuando el promedio nacional está sobre el 86%, y más del 90 % de las viviendas rurales de la provincia de Piura no cuenta con el servicio eléctrico y el 94% de las viviendas del campo no tienen agua. De allí, la necesidad de masificar el gas natural, para contar con energía barata, en el transporte público, para que las empresas pesqueras y de la agroexportación obtengan mayores ventajas, y la población en su conjunto se beneficie de un energético limpio no contaminante.

EXPERIENCIAS POSITIVAS

Si bien resulta pionera la participación de Petrolera Monterrico, empresa nacional que opera los lotes marginales II, XV, y XX, extrayendo petróleo y gas, su incursión en la producción de gas natural concentrado de uso vehicular en asociación con la empresa colombiana Gascop en Piura con una estación de servicios, y otra en Chiclayo, ha permitido demostrar el potencial y la oportunidad del negocio de gas. Siendo por ahora el único grifo de gas vehicular en la capital piurana se forman grandes colas para abastecerse ahorrándose los usuarios casi el 50% en relación a los precios de las gasolinas. En el mismo sentido, la empresa norteamericana Olympic que opera el Lote XIII ha inaugurado en la fecha 9/12/11 su planta de generación térmica a gas natural de 30 MW con una inversión de más de 22 millones de dólares. La capacidad de sus ductos le permitiría comercializar 8 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, y con la generación eléctrica apuntala el sistema eléctrico interconectado, con la ventaja que la producción gasífera se valoriza y abona regalías.

En este contexto la empresa Savia Perú que opera los lotes Z-2B y Z-6 también aspira a la valorización del gas metano que tiene como reservas lo cual permitiría cambiar la matriz energética de Sechura y Piura pues con un potencial de casi 2 trillones en los pozos perforados (Esperanza, San Francisco y San Pedro Este) y en los pozos por perforar (Santa Teresa, Yasila, Puerto Nuevo) daría paso a una revolución gasífera que estaría al servicio de la población con una red domiciliaria de gas metano que sustituiría el gas licuado de petróleo (GLP) y la leña de algarrobo, pues su equivalente en energía calorífica costaría menos de la mitad de un balón de gas licuado que cuesta más de 36 nuevos soles. Así mismo se beneficiarían los usuarios del transporte público, mototaxis pues con el gas vehicular se reducirían los costos del transporte significativamente.

Esto se alcanzaría con la realización del proyecto Punta Lagunas que en esencia representa tender un gaseoducto submarino de 25 kilómetros con el mayor respeto ambiental, que permitiría transportar hasta 60 millones de pies cúbicos diarios, con una inversión de 12 millones de dólares, transportando un trillón de pies cúbicos durante 20 años, en un proyecto positivo para la región que posibilitaría la generación eléctrica a menores costos.

Este cambio de la matriz energética permitiría que las empresas ubicadas en la provincia de Sechura como Vale del Brasil que explota los fosfatos de Bayóvar, las diversas empresas pesqueras, y especialmente los pescadores artesanales de la maricultura se beneficien del gas natural, pues podría levantarse una planta de refrigeración con producción de hielo en medio del desierto que valorizaría las conchas de abanico extraídas por la mayor conservación en el tiempo.

En resumen, Piura está experimentando un crecimiento económico con mayores inversiones privadas que se reforzarán con la modernización de la Refinería de Talara de PetroPerú, ello demanda seguridad energética con una mayor producción de electricidad aprovechando los recursos como el gas asociado. Por tanto, con los mayores volúmenes comercializados de gas natural por empresas como Petrolera Monterrico, Olympic, Savia Perú, y otras como Petrobras, Graña y Montero, Sapet no solo se justifican las mayores inversiones en la generación eléctrica como las de Eléctrica de Piura (EEPSA) por 120 millones de dólares para la reserva en frío de una unidad con una potencia instalada de 200 megavatios(MW).

Es también la oportunidad para sustituir la generación de electricidad térmica en la región como la Central Térmica de Piura que con una potencia instalada de 49.1 MW que utiliza petróleo residual, la Central Térmica de Sullana que tiene una potencia instalada de 8.5 MW y la de Paita de 5 MW que funcionan también a petróleo residual o diesel.

Se debe asumir que no puede existir una real política de inclusión social si la mayor parte de la población de un país y una región no cuentan con el servicio eléctrico adecuado con energía limpia y barata, que solamente se puede obtener con la masificación del gas natural.

ERRORES EN CLAVE CONGA

Por ser un tema de interés nacional, se publica la columna de Gustavo Guerra García (Diario 16).

Error 1: El gobierno no establece un compromiso con la construcción de una autoridad nacional ambiental independiente y no le transfiere las competencias correspondientes, dentro de ellas la facultad de revisar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

Error 2: El Ministerio de Energía y Minas, pese a la desconfianza respecto del EIA en el pueblo de Cajamarca y al hecho de que no estaba completo el EIA por la ausencia del estudio hidrológico, se cierra en defensa de la legalidad y formalidad del mismo.

Error 3: El Ministro de Energía y Minas regresa de Cajamarca en un avión privado perteneciente a una empresa minera (Mra. Yanacocha)* y es percibido como una autoridad que está parcializada y nadie pide disculpas.

Error 4: El Presidente Ollanta Humala, innecesariamente, pone su liderazgo en juego y anuncia que quiere el oro y el agua y enerva a los dirigentes campesinos de toda la sierra que tienen temor por la disminución de sus fuentes de agua. Es aplaudido por el Perú moderno y se aleja de su base social, que se queda con una sensación de traición. Para completar la percepción de viraje hacia la derecha condecora a Luis Bedoya, quien lo bendice y recibe el apoyo de Correo, Expreso y La Razón.

Error 5: El Gobierno (MINAM)* filtra secciones del informe de revisión que, leídos de forma aislada y descontextualizada, funcionan como gasolina en toda la Cajamarca movilizada. Frases como “transformará de manera irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios ecosistemas y fragmentando los restantes”, generan la sensación de que el Estado le da la razón a los organizadores de la protesta.

Error 6: En medio del proceso se le pide la renuncia a Carlos Tapia, que fue uno de los primeros líderes de izquierda que apostó por el proyecto nacionalista, y el controvertido asesor presidencial porteño brasilero (Luis Favre) inicia una absurda batalla electrónica que proyecta la sensación de la derechización del gobierno.

Error 7: En medio de todo el tumulto, el Ministerio de Energía y Minas señala que el proyecto Conga va, pero con ajustes al EIA. A nadie se le ocurre decir: El proyecto va si el proyecto obtiene la licencia social. Se proyecta la imagen de que el gobierno quiere implementar el proyecto aún si tiene la opinión del pueblo en contra.

Error 8: Ni Yanacocha ni el Gobierno reconocen que en situaciones de conflicto y en el contexto de un proyecto de gran envergadura hay que tener la humildad y el trato fino para explicar, un millón de veces si es necesario, las bondades de la estrategia ambiental y cómo van a recuperar las 103 hectáreas de bofedales que se piensa sacrificar. Después de varios días de paro y movilizaciones nadie reconoce que no se obtuvo la licencia social.

Error 9: Se perdió una posibilidad de fortalecer la institucionalidad ambiental, se piensa que satanizando a los opositores se va a ganar la batalla y se toman medidas que proyectan una imagen de un gobierno que quiere intimidar a sus opositores. Ello se refleja en que se detiene absurdamente a los dirigentes que vienen a dialogar en el Congreso y se congelan las cuentas del Gobierno Regional de Cajamarca.

¿Cuántos errores más se van a cometer? Si sigue así, el gobierno no podrá ni defender la inversión privada ni fortalecer la protección ambiental.

* Especificaciones de JMZ

FORO: "CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA Y NUEVAS INVERSIONES EN LA CUENCA NOROESTE"

Estimados amigos:

Comparto con ustedes la exposición que realicé el día 05 de diciembre de 2011 en el Colegio de Ingenieros de Piura.

Para acceder a dicho documento sírvase visitar el siguiente link:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-hDwkHXhX1qNzEzMTViNjctMWRhNy00MzUzLWJmZjUtZTliOWM2MzJlYzBi&hl=en_US&pli=1

Agradeceremos sus comentarios y amable difusión

JMZ

POR QUÉ ¡CONGA NO VA!

PUBLICADO POR: DR. HUGO SALINAS (salinas_hugo@yahoo.com)

¿Es simplemente un asunto de contaminación ambiental o de depredación de las fuentes de agua? ¿Acaso es un asunto de campesinos y dirigentes ultra-izquierdistas? El problema va más allá. Y en esto, una vez más, la agudeza de la población es más sabia que la propuesta de sus dirigentes.

¡Conga No Va!, tiene que ver con el comportamiento de las multinacionales a Repartición Individualista que contamos ahora, las mismas que se benefician de la Configuración Mundial. El resultado es un comportamiento de desprecio al ser humano, a los recursos naturales, a la Nación, al Estado, al Gobierno en plaza, a la soberanía nacional, al sentido de Patria y a las organizaciones sociales en pro del bienestar general. El único amor que anima a las multinacionales de nuestros tiempos, es la maximización de las ganancias.

Veamos. La Repartición Individualista, segundo elemento de la actividad económica de los tiempos modernos, consiste en que la totalidad de las utilidades de una empresa pertenece única y exclusivamente al propietario o a sus accionistas. Es decir, de la totalidad del Resultado Neto de una actividad económica, generada por los trabajadores y sus familiares presentes y pasados, no les corresponde a esos trabajadores y familiares ni un solo centavo.

Este tipo de repartición se agrava cuando, en las interacciones de la economía actual se delinea la Configuración Mundial, mecanismo que favorece solamente a unas cuantas empresas, llamadas multinacionales, dentro de las miles y miles de empresas existentes a nivel mundial. Es el caso del principal accionista de Yanacocha, la empresa multinacional Newmont Mining Corporation (51.35%). Ella ha cerrado el año 2010 con utilidades cercanas a los 10 mil millones de dólares americanos, generadas por los trabajadores de Nevada (Estados Unidos), Indonesia, Australia, Nueva Zelandia, Ghana y, por supuesto, Perú. Y, siguiendo el principio de la Repartición Individualista, los trabajadores y sus familiares de esos países no han percibido ni un solo centavo del Resultado Neto de sus esfuerzos.

¿Cómo trabaja ese aspirador ascendente llamado Configuración Mundial? Este mecanismo utiliza todos los elementos de la actual economía basada en los intercambios a través de precios expresados en dinero. Tomemos, por ejemplo, el precio de sus trabajadores. Según datos de la Barrick Gold Corporation, producir una onza de oro en Perú le cuesta 105 dólares americanos mientras que en Canadá le cuesta 373 y en Australia 452. Y para que los cholos sigan siendo baratos se cierran las fronteras al libre tránsito de personas, ¡pero no a la circulación del oro y los capitales! Si agregamos que estas multinacionales venden el oro a más de 1768 dólares la onza, se puede entender la codicia por el oro peruano como en los tiempos de la invasión española.

Este mecanismo de succión ascendente se alimenta también de la compra de bienes y servicios de proximidad a precios de regalo. Las multinacionales nunca procesan el producto en el lugar de origen. Como en el caso del oro peruano, ellos prefieren “exportarlo” prácticamente en piedra, sin ningún valor agregado, a fin de que la multinacional tenga un máximo de utilidad. Y la “tecnología de punta” se utiliza sólo en sus países, sin ninguna transferencia hacia los países poseedores de las materias primas. De ahí que, los países más ricos en materias primas, son los más pobres a nivel mundial.

Estas multinacionales tienen el hábito igualmente de corromper jefes de gobierno, funcionarios, políticos y otros. Ahí está, en el caso actual, el controvertido Estudio de Impacto Ambiental para la ejecución del complejo minero Conga, aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. O la intervención de Vladimiro Montesinos, previo pago de 4 millones de dólares, para que el Poder Judicial resolviera a favor de la Newmont Mining Corporation en el juicio seguido por accionistas franceses de la minera BRGM. Y por qué no interrogarse sobre la “vacilación” de un presidente que durante su campaña dice “No a Conga”, y una vez elegido dice “Conga va”.

Las multinacionales también financian la campaña de candidatos al Congreso, como el caso de la ONG Reflexión Democrática presidida por Roque Benavides, propietario de la minera Buenaventura y accionista de la minera Yanacocha y del proyecto minero Conga. Una vez en el Congreso avalan contratos con las multinacionales, contrarios al interés nacional, sirviéndose de Decretos-Ley. O dictan medidas de criminalización de la protesta facilitando dispositivos, primero, para que la policía y los militares sofoquen a sangre y fuego las protestas populares; segundo, las autoridades política y funcionarios sean impedidos de participar en manifestaciones so pena de prisión y, tercero, los dirigentes populares sean encarcelados prácticamente a vida.

Es decir, a través de la Repartición Individualista y su mecanismo la Configuración Mundial, las grandes multinacionales, centros de poder y decisión a nivel mundial, concentran prácticamente la casi totalidad del valor agregado por la totalidad de la población a nivel mundial. El reverso de la medalla es extrema pobreza y un desempleo masivo a nivel mundial. Es urgente, entonces, proponer y viabilizar un nuevo modelo de economía y sociedad.

CAJAMARCA: LA DELGADA LINEA ROJA

¿AGUA SÍ, MINERÍA NO?

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM, y Consultor)

“(…) ¿Qué es más importante, el agua o el oro?… Ustedes no toman oro, no comen oro, pero nosotros tomamos agua y de ahí salen la leche, salen los quesos, sale la riqueza, la agricultura necesita el agua (…)” Discurso en la campaña electoral en Bambamarca de Ollanta Humala abril del 2011

Estas fueron las palabras que utilizó el candidato Ollanta Humala en la campaña electoral para ganar el voto campesino de uno de los departamentos más poblados y más pobres del Perú. En verdad, el apoyo reciente del Presidente al proyecto Conga ha generado una profunda decepción en los miles de ciudadanos que creyeron en la renovación de la política criolla, y el respeto al voto popular. Esta práctica es una larga tradición en la política peruana donde para llegar al poder se ofrece el “oro y moro”, pero una vez sentado en Palacio de Gobierno otra es la visión del interés público.

Lo que está pasando en Cajamarca con la oposición de la población campesina al proyecto Conga de Mra. Yanacocha tiende al desborde popular con efectos multiplicadores en otros departamentos que cuestionan en la base el modelo extractivo primario exportador, con pobre contribución tributaria, con un débil valor agregado, contaminante por la laxitud y relajo del propio Estado en la fiscalización y regulación ambiental, como que existen en el país más de 6,847 pasivos mineros que afectan 65 cuencas hidrológicas, siendo Cajamarca el más impactado con 976 pasivos, según la exposición del Ministro de Medio Ambiente del 22 de noviembre ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.

Esta imagen negativa de la minería en Cajamarca se potencia por los pésimos antecedentes de la empresa acostumbrada a “la compra de tiempo y autoridades”, con un servicio de información y espionaje que constituye un poder paralelo al gobierno regional. Indebidamente blindada por los contratos de estabilidad jurídica y tributaria le debe al fisco más de 400 millones de nuevos soles por

regalías no pagadas desde el 2005 al 2011, que deben ser restituidas al departamento y al Tesoro Público.

La imagen de una empresa abusiva y prepotente que compró a inicios de los años noventa las tierras campesinas con un contenido de oro y plata a 100 dólares la hectárea, aprovechándose de la ignorancia de los pobres; que ha contaminado las aguas, los ríos y lagunas del entorno con sus operaciones, que ha generado desastres ecológicos como el de Choropampa con el derrame de mercurio donde nunca se sabrá la cantidad de mercurio vertido. Y, si a ello se agrega el resentimiento que sus actividades genera en el ámbito tradicional de Cajamarca, con los altos ingresos de sus trabajadores, con el cambio de la vida cotidiana donde la tranquilidad da paso a una vorágine urbana, donde el costo de vida se incrementa haciendo relativamente más pobres a los que perciben una remuneración estatal. Esta constituye una fórmula explosiva para los conflictos sociales recurrentes en el tiempo.

Todo este descontento se acumula y en un momento determinado las fuerzas explosionan, como la energía subterránea que hace posible la erupción en los volcanes. En tal sentido, estamos en un momento donde se ha llegado al pico del conflicto y se requiere el análisis frío para restaurar heridas, fomentar el diálogo y reconocer autocríticamente los múltiples errores cometidos por las partes, y buscar una salida donde todos ganen, un “win win”.

UN GOBIERNO DEBILITADO

En primer lugar, el gobierno debe reconocer que ha manejado mal el conflicto social. Se podría decir que todos han jugado para los intereses mineros, desde el empresario Ing. Salomón Lerner que no tiene la experiencia política necesaria, y pareciera que le queda grande la responsabilidad de Presidente del Consejo de Ministros. Sus afirmaciones al inicio del mes de noviembre contribuían al incendio de la pradera. Sin la revisión del estudio de impacto ambiental prometida por el titular de Medio Ambiente, decía el proyecto Minas Conga “va sí o sí”.

La solicitud de renuncia por pedido expreso del Presidente de la República en la última semana de noviembre al asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros, Carlos Tapia por su simpatía

declarada con las protestas cajamarquinas expone la fragilidad y susceptibilidad que provoca el asunto de Minas Conga a nivel oficial, donde no se aceptan disidencias y puntos de vista diferentes.

En la misma línea las múltiples declaraciones del ministro de Energía y Minas, Ing. Herrera Descalzi, que puede ser un excelente ingeniero especializado en generación eléctrica como que ha sido reconocido consultor del grupo Endesa, pero que desconoce de negociación estratégica y manejo de conflictos mineros. Es más, en el clímax del conflicto comete el error infantil de viajar en el mismo avión del inefable Roque Benavides, generando el desconcierto y el malestar de la población que percibe tales actos como la adopción de la posición de Yanacocha.

En el mismo sentido, los desacuerdos entre el titular del sector con la viceministra, Ing. Susana Vilca debilita la presencia del gobierno ante un conflicto que nunca debió desbordarse. Es más, la falta de transparencia de la viceministra en su declaración de alta funcionaria sobre sus concesiones mineras le resta credibilidad y confianza ante la opinión pública. A este nivel no tendría la autoridad moral para manejar los futuros conflictos mineros como ha sido la práctica en el Ministerio de Energía y Minas.

En el pasado los viceministros de minería han enfrentado en primera instancia los conflictos (R. Mucho, R. Padilla, F. Isasi, F. Gala) y después el titular del sector aparecía al final cuando la negociación estaba madura. Hoy la figura del ministro está “quemada” por no decir devaluada.

Al nivel de las autoridades de gobierno regional y local que también conforman parte del Estado, las responsabilidades son compartidas y se están jugando su futuro político. Si bien el Presidente Regional Gregorio Santos es un reconocido dirigente del Partido Comunista del Perú (Patria Roja), que tiene una larga tradición de lucha contra Mra. Yanacocha sus posturas radicales no tendrían el apoyo mayoritario de la población, y más tarde o temprano tendrá que sentarse a negociar. Por ello, la empresa apostó por otros candidatos pues en sus proyecciones sabía lo que representaba tener un candidato opositor y crítico del modelo extractivista.

En el frente antiminero ocupa un papel central del padre Marco Arana que ha presentado sus expectativas electorales aspirando a la formación del partido propio denominado “Tierra y Libertad”, con un sólido financiamiento internacional que van desde Oxfam, la fundación Soros y cooperantes, lo que le ha permitido constituirse en un referente nacional con su posición fundamentalista en la defensa del medio ambiente.

Prácticamente con su posición ambiental todo proyecto minero en cabecera de cuenca resultaría inviable por la supuesta afectación de ríos y lagunas, así se cumplan estrictas normas ambientales y se asegure el abastecimiento de agua. En otras palabras muchos de los proyectos mineros resultarían “per se” insostenibles en el tiempo. Por el número de pasivos mineros no tratados en nuestro país y la difusión de la minería informal, resulta legítima su preocupación ambiental.

Están otros actores que pugnan por el liderazgo regional alcaldes provinciales y distritales más dirigentes de los llamados Frentes de Defensa con movimientos campesinos que debieran conocer la relativa importancia que tiene la actividad minera en la generación de ingresos para Cajamarca por concepto de canon, regalías y derechos de vigencia. Es más, con la información proporcionada por el propio Ministro de Economía y Finanzas, el gobierno regional tendría más de 1,000 millones de nuevos soles no ejecutados, montos que resultan hartos necesarios para el desarrollo y lucha contra la pobreza.

¿QUÉ REPRESENTA LA MINERÍA?

Si bien en nuestro país la figura del canon minero ha sido metamorfoseada pues está en función del impuesto a la renta realmente abonado por la empresa minera. Así, por ley el 50% del impuesto a la renta se transforma en canon, ergo el canon no lo paga la empresa sino el Estado. A pesar de tal distorsión jurídica que se remonta al 2002, los ingresos por canon en Cajamarca entre el 2004 a octubre del 2011 ha transitado de los 182 millones a los 454 millones de nuevos soles, teniendo su pico en el 2007 cuando sumaron los 585 millones, a pesar de la pertinaz disminución de la producción aurífera de Mra. Yanacocha.

En el cuadro de los “Recursos Generados y Transferidos Gracias a la Actividad Minera Energética en Cajamarca” se exponen los montos transferidos por canon, regalías y derechos de vigencia más el canon hidroenergético, sin considerar el llamado Aporte Voluntario ni las remuneraciones pagadas por las mineras a sus trabajadores ni las compras locales. Se exponen los ingresos transferidos por el gobierno central a los gobiernos locales y al gobierno regional.

Si bien el canon minero resulta el recurso transferido más importante desde el 2009 las regalías mineras se incrementan gracias a la presencia de la minera australiana Gold Fields y al término de los contratos de estabilidad jurídica de los primeros yacimientos de Mra. Yanacocha. Por ello, las regalías en el 2009 representan 15 millones de nuevos soles para trepar a los 59 millones en el 2010 y al mes de octubre del 2011 suman los 68 millones.

Se debe tener presente que en la distribución del mal llamado canon minero el 10% le corresponde al distrito donde opera la mina, que en el caso de Mra. Yanacocha le correspondería el grueso al distrito de La Encañada; el 25% se distribuye a la provincia y sus distritos donde opera la empresa minera y el 25% le corresponde al gobierno regional.

A este nivel el 25% del canon minero que se distribuye al gobierno regional entre el 2004 al mes de octubre del 2011, resulta equivalente a 667 millones de nuevos soles, es decir un promedio de 83 millones de nuevos soles en casi 8 años. Un monto que de ninguna manera compensa el deterioro ambiental, con el agravante que siendo una participación sobre el impuesto a la renta, el canon no representa ningún costo adicional para la empresa, por ello gratuitamente y graciosamente sus voceros se atribuían el abono del canon minero.

A pesar de todas estas distorsiones los recursos transferidos a los gobiernos locales de Cajamarca, generados por la actividad minera energética constituyen más del 50% del total de transferencias realizadas por el gobierno central. Así, en el 2004 representaron el 48% del total transferido en el 2007 fueron equivalentes al 73% para disminuir a una participación del 53.7% en lo que va del 2011.

Por ello, siendo los recursos generados por la actividad minera los más importantes a pesar de todas sus distorsiones, bien vale la pena repensar sobre las fuentes alternativas si es que se asume la posición contraria a toda actividad minera en cabecera de cuenca hídrica. ¿De dónde se obtendrían los recursos para financiar el desarrollo regional y la construcción de ventajas competitivas?

A veces me interrogo si no fuese Mra. Yanacocha la empresa interesada en Minas Conga la oposición al proyecto tendría tanta rabia contenida, atravesaría al grueso de los sectores integrantes de la sociedad cajamarquina. En verdad, hay que restablecer el diálogo con el costo político que ello supone, y someter el estudio del impacto ambiental a consulta de una autoridad internacional competente, técnicamente calificada que no tenga ningún interés de parte.

LA CONGA CON YANACOCHA Y EL GOBIERNO PARTE II

EN MENOS DE 5 AÑOS RECUPERÍA LA INVERSIÓN

ESCRIBE. JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Desde la posición “agua o minería”, alimentada en la campaña electoral por el candidato Ollanta Humala en la propia provincia de Celendín-Cajamarca en abril pasado, donde afirmaba que “el oro no se come”, y asumía la posición de la población campesina, de las ONGs ambientalistas, y autoridades locales en un rechazo al proyecto Conga, hemos pasado a una toma de posición de “agua y minería”, como alternativas válidas sin exclusiones. Donde el proyecto si o si, de todas maneras se desarrolla, con previos ajustes al estudio de impacto ambiental, e incidiendo en la preocupación legítima sobre el futuro de los recursos hídricos.

Ello evidente no se resolvería en 15 días como afirmara a inicios de mes el titular de ministerio de medio ambiente, con las correcciones o maquillaje al estudio de impacto ambiental que tiene más dudas que certezas. De allí que el próximo 24 de noviembre se paralizará la región Cajamarca contra la minera Yanacocha, el gobierno central y el declarado apoyo al proyecto Conga.

En verdad, el problema es más complejo y debiera servir para resolver de una vez por todas, la debilidad del Estado frente a la promoción de la inversión minera, donde éste aparece subsumido por los intereses de las empresas transnacionales. En especial, los altos funcionarios como ministros, viceministros de minería, directores de asuntos ambientales, directores generales etc. han sido funcionarios privados que hacían un “stage” en el ministerio del sector, para luego regresar a la actividad privada.

En tal sentido, sería gravísimo para la credibilidad y legitimidad del nuevo gobierno la confirmación de la titularidad de la actual viceministra de minas en varias concesiones mineras. Ello se sumaría a la presencia de varios congresistas con intereses mineros informales en departamentos mineros como Madre de dios y Puno. Lo cual demostraría la fragilidad y la improvisación en la elección de los cuadros del partido de gobierno.

La debilidad del Estado en particular en ministerios claves como energía y minas, se agudiza cuando por un lado promocionan la inversión privada señalando cifras plenas de optimismo que no se condicen con la realidad. Importantes proyectos mineros como Quellaveco, Michiquillay, Rio Blanco, Tía María y otros se promocionan como en la década de los noventa del siglo pasado sin consulta previa y con estudios de impacto ambiental ad hoc.

El ministerio del sector por un lado promueve la inversión y de otro lado tiene que realizar el estudio de impacto ambiental, y la fiscalización de la actividad minera en condiciones precarias con crónicas faltas de presupuesto y personal. Por ello, los estudios de impacto ambiental son realizados por empresas especializadas cuyos honorarios son asumidos por las propias empresas mineras. Esto de por si debiera generar legítimas preocupaciones, pues hay un dicho popular de “quién paga, manda”.

En el mismo sentido, la propia información económica sobre los proyectos mineros, sea sobre producción, rentabilidad, reservas, impacto ambiental, empleo, tributos a pagar, lo realizan las propias empresas mineras, y el Estado solamente recepciona esta documentación, en particular la referente a las reservas y la vida útil de los yacimientos. Resulta curioso por ello que el titular de los recursos naturales a nombre de la Nación no tenga la capacidad de estimar autónomamente las reservas, igual sucede con las reservas gas natural de Camisea.

Si bien los estudios de impacto ambiental son tercerizados a empresas especializadas y registradas en el ministerio, sus servicios son abonados por las propias empresas y sometidos a una aprobación por parte de los funcionarios del sector de energía y minas. Al margen de la complejidad técnica, de los estudios de suelos, geología, recursos hídricos, aire, destino de relaves, dotación de energía etc expuestos en los estudios de impacto ambiental que pueden sumar varios tomos, existe una crónica debilidad de la direcciones ambientales del ministerio sea de personal, presupuesto, alta rotación de funcionarios, presencia de lobbys empresariales etc.

En un Estado fuerte y organizado los estudios económicos y ambientales los tendría que haber realizado el propio Estado, a través de sus ministerios de economía y finanzas, energía y minas y del medio ambiente respectivamente. Esta debilidad en la supervisión y fiscalización de parte del Estado le resta capacidad negociadora ante la propia empresa, la opinión pública y frente a la propia población campesina. A esta realidad, Jorge Basadre la denominaba ¡Estado Empírico!.

Por ello, se debiera regresar a la pregunta inicial sobre la valorización económica y social de los recursos naturales. Al no evaluarse adecuadamente los recursos naturales nos encontramos entre el fundamentalismo liberal de mercado, con el afán de explotar aceleradamente los recursos mineros en el menor tiempo posible, y el radicalismo ambiental, de oposición ideológica a toda actividad minera en cabecera de cuenca. Con tal posición se asume por principio la inviabilidad a los principales proyectos mineros que el crecimiento económico del país requiere.

¿POR QUÉ LA CONGA?

En el caso de Mra. Yanacocha y el proyecto Conga se debe reconocer la importancia que tiene para Newmont y el grupo Buenaventura la explotación de minas Conga ante la pertinaz disminución de la producción aurífera de la minera. Al margen del agotamiento natural y rendimientos marginales en los primeros yacimientos de Mra. Yanacocha tales como San José, Carachugo, Maqui Maqui, la Quinua, el incremento de la producción constituye un imperativo categórico del capital de allí la importancia de la explotación de minas Conga.

El proyecto de minas Conga requiere de US$ 4,800 millones según las fuentes empresariales y aportaría a la empresa entre 600 a 700 mil onzas adicionales al año de oro y más de 100 mil toneladas de cobre en promedio durante los 17 años de duración de las operaciones, que serían rápidamente recuperados.

Ello significaría que con los precios actuales del oro por encima de los 1,721 dólares la onza y más de 7,500 dólares la tonelada de cobre, se tendrían ingresos anuales sobre los 1,900 millones de dólares y excedentes brutos o ganancias brutas de casi 1,400 millones de dólares por año, a los cuales habría que deducir los gastos administrativos, los gastos financieros y el abono del impuesto a la renta. Con todo, ello significaría que en menos de cinco años se recuperaría la inversión, y los doce años restantes constituirían ganancias líquidas, pero la pregunta relevante debiera ser: ¿y qué pasa con el costo ambiental?.

De allí la legítima preocupación ambiental sobre el destino de las aguas subterráneas, y las lagunas que serán licuadas y cuya hidrología se ha formado en cientos de años. Por tanto uno se interroga y después de la explotación minera ¿qué queda? Sobre todo si para obtener un poco más de un gramo de oro se remueve una tonelada de tierra con uso intensivo de agua.

Como resulta lógico el interés de la empresa es maximizar las utilidades, valorizar el capital con los menores costos de producción, obtener una mayor rentabilidad privada para sus accionistas y minimizar el abono de impuestos y regalías.

En este juego, cabe preguntarse si el Estado ha valorizado los costos y beneficios de la explotación de las reservas de Minas Conga de manera seria y sustentable. Por la información que se conoce sobre regalías e impuesto a la renta que generaría el proyecto al fisco sería un promedio anual de US$ 172 millones de dólares en los 17 años de duración del proyecto. Es decir, de la utilidad bruta anual de 1,400 millones de dólares el Estado apenas captaría el 12%, es decir 172 millones dólares.

Cabe interrogarse si un estimado de 2,230 millones por concepto de impuesto a la renta y aproximadamente 630 millones por regalías que serían los montos que percibiría el fisco durante la vida productiva del proyecto compensarían los daños ambientales, el secamiento de las lagunas, el destino de los relaves, la transformación del hábitat natural, y el comportamiento de las aguas subterráneas. Por ello, cabe preguntarse ¿Cuál sería el futuro de las cuencas hídricas y las zonas de influencia que se abastecen de tales aguas?, constituye una legítima preocupación al margen de cualquier radicalismo ambiental. Es de suponer que un sólido estudio de impacto ambiental debiera resolver tales cuestiones.

Con un estudio de impacto ambiental solvente realizado y pagado por el Estado o realizado por una autoridad internacional reconocida, con las acciones de mitigación ante los posibles efectos negativos de la irrupción minera, con la aplicación de la ciencia y tecnología se demostraría la viabilidad del proyecto de Minas Congas, y de otros proyectos mineros que se ubican en las cabeceras de cuenca hídrica. Sin embargo, debiera superarse la debilidad institucional del Estado en la promoción, fiscalización y supervisión minera, en particular la ridícula participación del fisco en la renta minera en relación a los ingresos y utilidades estimadas por Mra. Yanacocha.

YANACOCHA NECESITA LA CONGA Y EL PERÚ TAMBIÉN

CANON SÍ, MINERÍA NO (Parte I)

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Si hubiese una correcta y seria evaluación ambiental en especial de la valorización de los recursos naturales, especialmente de los no renovables como el oro, la plata, el cobre y los efectos de su explotación sobre el espacio, en la tierra, los recursos hídricos y la vida campesina, los acontecimientos vividos en las últimas semanas en Cajamarca hubiesen tenido otro final. El balance de los costos y beneficios de la explotación minera en el corto, mediano y largo plazo determinaría su viabilidad económica, social y ambiental.

Es evidente que existe una posición contraria a la actividad minera especialmente en las cabeceras de cuenca hídrica, como también existe una radical oposición a la construcción de centrales hídricas en la Amazonía. En tal sentido, el discurso ambiental, en defensa del equilibrio hídrico, de las fuentes de agua naturales resulta fundamental para la reproducción en especial de las actividades agrarias y ganaderas.

Es más, resulta contradictoria la existencia de la riqueza natural y la pobreza social. Solo como información ilustrativa se puede señalar que el departamento de Cajamarca ocupa el puesto número 20 de los 25 departamentos (incluyendo la provincia constitucional del Callao), en la estimación del Índice de Desarrollo Humano (IDH), el indicador más completo para medir la pobreza, y también tiene el triste privilegio ser el departamento con menor cobertura eléctrica. Solamente el ingreso per cápita promedio en la provincia de Celendín es de 157 nuevos soles al mes, un poco menos de dos dólares diarios que podrían elevarse con los ingresos directos e indirectos que generaría el proyecto Minas Conga.

Desde nuestro punto de vista, la minería constituye una posibilidad de desarrollo por la demanda agregada que genera en su construcción y durante la vida útil de los yacimientos. A través de las inversiones, impuestos y sueldos y salarios de sus trabajadores genera “poder de compra” en la economía campesina, regional y nacional. Por ello, quienes se oponen a la actividad minera debieran señalar las fuentes alternativas de empleo e ingresos sobre los 4,000 metros.

En tal sentido, un estudio solvente del impacto ambiental de la actividad minera demostraría las ventajas económicas sobre las externalidades negativas. Sirva el caso de Mra. Antamina que para su construcción 1998-2001 se tuvo que desaguar una laguna parecida a las que rodean el proyecto de Minas Conga. Ello también exigía trasladar a la población de la comunidad de Ango Raju de sus tierras ancestrales, y en la hoya natural dejada por la laguna yacían las reservas de cobre, zinc y molibdeno que se obtienen.

Podemos discrepar si la Mra. Antamina abona lo suficiente al Estado en impuestos, dado que no abona regalías por estar blindada por los contratos de estabilidad jurídica. Se puede discutir la facilidad con la que el Estado transfirió un yacimiento por un valor de US$ 20 millones para privilegiar una inversión que fue equivalente a casi 2,300 millones de dólares.

Es decir, podemos tener puntos de vista divergentes sobre el débil valor de retorno de la actividad minera en nuestro país. Pero lo que habría que rescatar e interrogarse al respecto: ¿Cuál ha sido el impacto ambiental por haber trasladado toda una laguna? ¿Qué efectos nocivos y perniciosos ha tenido el traslado de una laguna donde ahora se desenvuelve la Mra. Antamina? Es más, algún organismo público o privado ha valorizado los efectos económicos, sociales del impacto ambiental. Ello ayudaría mucho para superar las objeciones sobre todo fundamentalistas a los proyectos mineros.

Esto es importante para un debate serio que al margen del legítimo interés privado de las empresas, se coloque por encima el interés público, los intereses del país frente a la explotación minera. Resulta obvio que los principales interesados son las poblaciones locales, cercanas al proyecto minero que demandan empleo, mayores ingresos para luchar contra la pobreza.

¿CÓMO ABORDAR EL PROBLEMA?

Lo que está pasando con la oposición al proyecto de Minas Conga debiera analizarse en perspectiva y desde los varios puntos de presión e intereses contrapuestos, para superar el “diálogo de sordos” imperante, la violencia desatada, donde los intereses campesinos, de autoridades locales, del gobierno regional, los frentes de defensa, la empresa, los trabajadores mineros, y del gobierno central, expresan posiciones divergentes, y hasta antagónicas.

Se sostienen versiones con medias verdades, que encubren aspiraciones de ganancias políticas y claro está, económicas. Para la empresa Mra. Yanacocha la producción futura de Minas Conga resulta esencial para compensar la menor producción aurífera que está obteniendo de sus operaciones a pesar de los altos precios del oro. Al margen del agotamiento natural y rendimientos marginales de sus primeros yacimientos, la gravedad de los conflictos sociales explica las limitaciones para su expansión y la drástica disminución de la producción aurífera tal como se puede observar en el cuadro “Minera Yanacocha Necesita La Conga”

En el 2005 Mra. Yanacocha producía un poco más de 3.3 millones de onzas finas de oro, que al 2008 disminuyó dramáticamente pasando a 1.8 millones, para luego alcanzar 1.4 millones de onzas en el 2010. Es decir, entre el 2005 al 2010 la producción ha disminuido en un 55%, es decir más de la mitad. De allí, el interés de Newmont y Mra. Buenaventura en el desarrollo de Minas Conga para compensar los menores ingresos y utilidades que no se están percibiendo a pesar de los astronómicos precios del oro.

Como resulta lógico el interés de la empresa es maximizar las utilidades, valorizar el capital, obtener una mayor rentabilidad privada para sus accionistas. En este juego, cabe preguntarse si el Estado ha valorizado los costos y beneficios de la explotación de las reservas de Minas Conga. Pues la información que se conoce sobre regalías e impuesto a la renta que generaría el proyecto al fisco sería un promedio anual de US$ 172 millones de dólares en los 17 años de duración del proyecto. Un estimado de 2,230 millones entre regalías y canon en la vida útil.

Esto es bajo el supuesto de la vida útil del proyecto, según la información proporcionada por la propia Mra. Yanacocha sobre el Proyecto Conga, que no puede ser contrastada por el propio Estado. Por ello, que falta hace el Instituto Nacional de Planificación para hacer planeamiento estratégico desde una visión de Estado moderno. Ver Cuadro “Importancia del Proyecto Conga”

Lamentablemente esta información es de la propia empresa y no de los estudios económicos que tendría que haber realizado el propio Estado, a través de sus ministerios de economía y finanzas, energía y minas y del medio ambiente. Esta debilidad de la supervisión y fiscalización de parte del Estado le resta capacidad negociadora ante la propia empresa y ante la propia población campesina, en la misma línea de la torpeza del ministro de energía y minas de viajar en el avión privado de la empresa.

Por ello, se regresa a la pregunta inicial sobre la valorización económica y social de los recursos naturales. Al no evaluarse los recursos naturales nos encontramos entre el fundamentalismo liberal de mercado, con el afán de explotar aceleradamente los recursos mineros, y el radicalismo ambiental, de oposición ideológica a la actividad minera en cabecera de cuenca.

Este conflicto también es un tema que tiene réditos políticos, siendo uno de los actores la posición encarnada por el padre Arana y los organismos ambientalistas que han mostrado legítimos intereses políticos electorales, utilizando la bandera ambiental, desde Tierra y Libertad, y otros movimientos políticos de izquierda.

Cuenta a su favor la pésima imagen y los antecedentes negativos desde los pasivos ambientales a tragedias como la de Choropampa, Combayo, Cerro Quilish; con la presencia abusiva y prepotente de Mra Yanacocha en Cajamarca, comprando tiempo y autoridades, irrumpiendo la vida tradicional del departamento, con externalidades negativas, producto de la cercanía de la actividad minera con la capital (altos precios de alquileres, violencia urbana, agitada vida nocturna, etc.)

En este contexto también operan los representantes de los gobiernos locales y regionales que levantando la bandera de la imposibilidad de la inversión minera, que con o sin estudios geológicos serios, tratan de encubrir sus limitaciones en la gestión municipal y regional. Estas autoridades acostumbradas a la protesta y oposición, hoy son parte del gobierno, de un “estado burgués y burocrático”, que tienen que administrar con capacidad y eficiencia. En especial de los recursos generados por la minería en Cajamarca, sea por Mra. Yanacocha, Gold Fields y otras mineras. Después de todo, la cuestionada actividad minera en Cajamarca ha generado importantes recursos sea por canon, regalías y derechos de vigencia, al margen de las compras locales y remuneraciones pagadas. Si en el 2006, la suma del canon minero, regalías y derechos de vigencia significaban los 365 millones de nuevos soles, en el 2010 superaban los 498 millones, con tendencia al incremento en el marco del nuevo marco tributario donde Mra. Yanacocha tendrá que pagar un gravamen minero aplicado sobre la utilidad trimestral.

En tal sentido, la pregunta pertinente está en relación: ¿Cuántos de estos recursos mineros regresa a la población local, en especial del entorno a las operaciones mineras? En la misma línea ¿Cuál ha sido y cuál es el nivel de ejecución de las transferencias del gobierno central a los gobiernos locales y regional, que han pasado de 559 millones en el 2006 a más de 1,018 millones de nuevos soles para Cajamarca, considerando que los recursos mineros representan casi el 50% de las transferencias que perciben los gobiernos locales y la región?

Por ello, cabe preguntarse en el caso de la postergación del proyecto de Minas Conga, de Tía María, de la ampliación en la capacidad de planta de Southern Perú Copper y otros proyectos mineros: ¿Dónde está el interés público? Es posible el desenvolvimiento de la actividad minera, de un modelo primario exportador, con un pobre valor de retorno y altos costos ambientales. Esta cuestión es la que debiera estar en debate.

EPÍLOGO

Al presente gobierno le están pasando la factura las expectativas desatadas durante la campaña electoral, que en el caso minero transitaba desde el impuesto a las sobreganancias, la revisión de los contratos de estabilidad jurídica, el estricto respeto ambiental y la participación de la población en la llamada consulta previa a los pueblos impactados.

La postergación a las calendas griegas constituiría una expresión de la imposibilidad del desarrollo de nuevos proyectos mineros, sobre todo en las cabeceras de cuenca por la posición ideológica del radicalismo ambiental. Con la oposición a la actividad minera con o sin argumentos pierde no solamente la empresa minera. Resultan también perdedores, los gobiernos locales que requieren mayores recursos por canon y regalías, también pierden los propios campesinos que se reproducen en extrema pobreza, con ingresos menores a dos dólares diarios en Celendín.

También resultan afectados los trabajadores directos e indirectos, la industria que sirve con bienes y servicios a los proyectos mineros, y en su conjunto la sociedad de Cajamarca. Evidentemente se afecta el gobierno central por los menores efectos ingresos fiscales a futuro, y el mismo crecimiento económico en un contexto internacional amenazado por la recesión mundial.

Por ello, habría que preguntarse ¿cuántos puntos de crecimiento económico en el PBI se explicarían por la postergación indefinida de los proyectos mineros como: La Conga, Tantahuatay, Michiquillay, Galeno, Rio Blanco, Tía María, la ampliación de Southern, Quellaveco, etc.?

Los Desafíos de la Inversión Hidrocarburífera en Sechura

POR LA MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador de UNMSM)

El viernes 28 de octubre participé como expositor en el Fórum “El Desarrollo de Sechura y los Desafíos de la Inversión Regional”, evento organizado por la Municipalidad Provincial de Sechura, la Cámara de Comercio de la provincia y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. La inauguración estuvo a cargo del señor alcalde provincial José Pazo Nunura, y contó además con la presencia del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Regional, economista Froylán Ayala y el testimonio de David García Niño, Gerente General de Gastalsa empresa especializada en la distribución de gas natural en la ciudad de Talara, hasta que le fuera enajenada la concesión para favorecer a la Eléctrica de Piura del grupo Endesa.

La importancia de un evento se puede estimar por la difusión de las propuestas, la información expuesta, por la calidad y cantidad de los asistentes presentes en el acto, pero sobre todo por la capacidad de provocar en la opinión pública, autoridades y líderes regionales una serie de interrogantes, sobre la necesidad de cuestionar las ideas y conceptos tradicionales que obstaculizan alcanzar el crecimiento económico sostenido y la superación de la pobreza. ¡No hay nada más difícil que cambiar que las viejas ideas!.

En este caso, también expresaría la importancia que está adquiriendo Sechura como centro receptor de inversiones mineras con la presencia de la empresa brasileña Vale, de significativos ingresos obtenidos por las empresas pesqueras y de maricultura, pues esta provincia es la más importante productora de conchas de abanico, a nivel doméstico. A ello se debiera sumar el potencial hidrocarburífero (petróleo y gas) que yace en el subsuelo de su territorio, y la presencia de una serie de empresas petroleras con actividades de exploración, con una modesta producción de crudo y gas natural.

Al respecto se expone un cuadro de las empresas que despliegan actividades de explotación y exploración en Sechura con los montos de inversión realizados al 2010, destacando la presencia de Olympic Perú con una producción de 4,200 barriles diarios y un poco más de un millón de pies cúbicos diarios, y Savia Perú con las más importantes inversiones tanto en el lote Z-2B con 184 millones de dólares, como en el Z-6 por 76 millones de dólares entre el 2002 al 2010. Ver “Sechura: Inversiones en Exploración y Explotación de Hidrocarburos Costa Norte y Zócalo Norte”.

En Sechura con información preliminar habría más de 2.1 trillones de pies cúbicos de gas natural (TCF), es decir casi el equivalente a las reservas probadas del lote 56 (Pagoreni) de donde se están extrayendo más de 500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural para la exportación. Ello significaría que la provincia podría convertirse en el nuevo centro gasífero del país si se promueven las inversiones exploratorias con el debido respeto ambiental y social, y se supera creativamente la legítima preocupación de los pescadores artesanales de la zona frente a la construcción de gaseoductos marinos.

En verdad, resultó ilustrativa la participación del gerente de la empresa Gastalsa sobre la importancia de la masificación del gas natural en Sechura, no solamente para atender a la industria pesquera, las actividades mineras, sino también para satisfacer las necesidades de la población por medio de una red de distribución residencial. Su experiencia empresarial en la red de distribución con asesoramiento colombiano en la ciudad de Talara, antes de la llegada de Lima del gas de Camisea, ilustró sobre las ventajas del gas natural como combustible en el transporte, en las tarifas eléctricas, y en el medio ambiente.

El gerente García Niño introdujo el tema sustancial sobre el calentamiento global que tendrá efectos desbastadores en la economía agrícola y pesquera del país en general y de Piura en particular, si no se adoptan las previsiones del caso. Está demostrado por la ciencia que cada 20 o 25 años, la temperatura se eleva un grado centígrado, y el fenómeno es más grave sea por nuestra cercanía a la línea ecuatorial, la intensa deforestación de los bosques naturales, y la minería informal contaminante. Por ello, su recomendación sobre el desarrollo de ventajas competitivas en la población sechurana, a través de la educación de calidad para elevar las capacidades de trabajo, y su adaptación a nuevas actividades productivas. De allí, la importancia de la dotación de energía segura, oportuna a precios competitivos que permita la reconversión laboral y la industrialización.

De otro lado, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Regional de Piura señaló la metodología que deben respetar los gobiernos locales para hacer realidad los proyectos de inversión en el marco de las normas presupuestales y del sistema de inversión pública. Se debe destacar que los cuatro proyectos en ejecución en la provincia de Sechura (2011-2012) aplicados en saneamiento, construcción de la vía de evitamiento local, construcción de centro educativo y mejoramiento del sistema de riego, por más de 14 millones de nuevos soles, se financian en lo fundamental con los recursos del canon y sobrecanon petrolero que en el 2010 representaron casi 21 millones de nuevos soles.

¿QUÉ HACER?

En un artículo anterior hacía mención al gran potencial en recursos naturales de Sechura y la teoría de la “maldición de los recursos naturales”, donde la riqueza natural convive con la pobreza de los pueblos. Esta provincia norteña no escapa a esta realidad, pues los ingresos mensuales familiares no superan los 330 nuevos soles mensuales, y si bien es verdad existe una importante producción de conchas de abanico con una producción superior a las 44 mil toneladas de langostinos y exportaciones superiores a los 90 millones de dólares según fuentes regionales, esta producción reproduce un equilibrio precario, sea por la contaminación humana, la falta de energía y su vulnerabilidad ante el cambio climático.

De allí, la importancia del cambio de la matriz energética que tenga en el uso intensivo del gas natural su columna vertebral. Ello supone aprovechar con racionalidad el potencial de los diversos recursos naturales. Con la experiencia internacional se puede demostrar la viabilidad de la explotación conjunta de la pesca y maricultura con la actividad de hidrocarburos, en especial de un recurso limpio como el gas natural que la explotación de fosfatos requiere. Es también la oportunidad para que las empresas pesqueras se reconviertan y utilicen el gas natural en lugar de quemar petróleo residual o diesel en sus calderos.

En este nuevo esquema resultaría beneficiada la población en su conjunto con una distribución domiciliaria, y los mototaxistas consumirían gas natural concentrado en lugar de las gasolinas que dependen de los altos precios del petróleo. Las amas de casa en lugar de pagar por un balón de gas licuado de petróleo (GLP) más de S/ 35 nuevos soles, podrían usar el gas natural abonando la mitad de precio, como sucede en Lima con el gas de Camisea.

Es más, con la nueva ley de homologación del canon y sobrecanon de hidrocarburos ley Nº 29693 del 2 de julio del 2011 todas las provincias de Piura percibirán a partir del 2012 mayores recursos para beneficio de los gobiernos locales, universidades públicas, institutos pedagógicos y gobierno regional. Por tanto, con mayores inversiones exploratorias se podrá convertir las reservas posibles y probables de crudo y gas en reservas probadas, se aumentará la producción para reducir el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos y superar la falta de energía.

En resumen, a una mayor producción fiscalizada de petróleo y gas, mayores serán los recursos del canon y sobrecanon, favoreciendo prioritariamente a las provincias productoras. En tal sentido, Sechura podría tener igual o más recursos por canon que Talara si se confirma su potencial gasífero y se masifica el gas natural en beneficio del norte del Perú.

SECHURA Y LA MALDICIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

INCREMENTAR EL CANON PETROLERO, MINERO Y PESQUERO

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador de UNMSM)

La provincia piurana de Sechura, al norte del Perú, es tal vez la expresión más clara del cumplimiento de la teoría de la maldición de los recursos naturales, pues tiene una riqueza única que van desde los fosfatos de Bayóvar, una pesca y maricultura de exportación, las mejores playas del litoral para los surfistas, fuertes vientos para generar energía eólica, un potencial de petróleo y gas natural no aprovechado que podrían ser equivalentes al gas natural del lote 56 de exportación en Camisea. A ello debiera sumarse la típica gastronomía sechurana y el turismo en una histórica provincia.

Sin embargo, los indicadores sociales consideran a Sechura como pobre si se estima la pobreza por los niveles de ingreso, pues en promedio se percibe menos de 330 nuevos soles mensuales por concepto de ingreso familiar, donde el 72% de las viviendas rurales carecen de energía y más del 63% de las mismas no tienen servicio de agua potable. Esta realidad puede y debe cambiar si se modifica la matriz energética y se explotan racionalmente los recursos naturales.

La economía energética confirma que “sin energía no hay desarrollo”. En las costas de Sechura se cultivan y extraen de manera artesanal más de 40 mil toneladas de conchas de abanico, que en gran parte se exportan a los exquisitos mercados de Europa y Norteamérica, aprovechando las ventajas del encuentro de las aguas frías de la llamada Corriente de Humboldt con las aguas calientes de la Corriente del Niño. Ello determina un espacio natural único en el mundo que permite la crianza de conchas de abanico, langostinos; actividades que tienen un efecto importante en la generación de puestos de trabajo, con más de 27 mil empleo directos e indirectos.

Si en Piura la producción de conchas de abanico, en el 2005, representaban 1,949 toneladas métricas, al 2010 la producción se incrementó exponencialmente sobre los 45 mil toneladas, siendo más del 90 % de la producción extraída de las costas de Sechura, con ingresos de exportación superiores a los 90 millones de dólares, según la subgerencia del gobierno regional de Piura. Estos ingresos de exportación se podrían incrementar sobre los 300 millones de dólares anuales con una explotación racional y la dotación de energía barata basada en la generación eléctrica a gas natural, y un mejor aprovechamiento de los recursos transferidos por canon, regalías y sobrecanon.

Sin embargo, esta importante producción, todavía artesanal en su mayor parte, requiere el apoyo del Estado para incrementar la producción, con mejores tecnologías y normas ambientales que permitan la explotación racional de un recurso natural renovable requerido por los mercados externos y la gastronomía de nuestro país. Ello es más urgente en la medida que no se cuenta con la energía necesaria, sin equipos de refrigeración adecuados que permitan la conservación de un recurso que depende mucho de las variaciones de la demanda externa y de los precios.

Mientras, el departamento de Piura no cuente con el abastecimiento seguro, oportuno, eficiente y competitivo de energía, no se podrán aprovechar al máximo el enorme potencial pesquero y de la maricultura. Por ello, resulta penoso reconocer que dicho departamento tiene un coeficiente de electrificación por debajo del promedio nacional en cobertura, incluso menor en relación a Huancavelica y Ayacucho, los departamentos considerados más pobres del Perú.

En tal sentido, la generación de electricidad en Piura y Tumbes resulta no solamente cara, pues las empresas que abastecen de energía al departamento utilizan todavía las turbinas a petróleo residual para producir electricidad, encareciendo los servicios sin la disponibilidad de energía competitiva para el desarrollo de la industria en general, y pesquera en particular. Esta situación se agrava con el déficit energético que ha llevado a reconocer la necesidad de comprar energía al Ecuador a precios alzados.

Esta realidad resulta una cruel paradoja, pues en Sechura a pesar de su alto potencial en hidrocarburos solamente se producen, según la información oficial al 2010, no más de 4,243 barriles diarios y un poco más de un millón de pies cúbicos diarios de gas natural (1.028 MMPCD), sobre todo provenientes del lote XIII bajo responsabilidad de la empresa norteamericana Olympic Petroleum. Con la información de PerúPetro, en los lotes del Zócalo Continental, frente a sus costas habría un potencial de más de 2 trillones de pies cúbicos (TCF) en reservas de gas natural; es decir, similar como el lote 56 de Camisea, que no se está aprovechando.

¿CÚANTO PERCIBE SECHURA?

A pesar de ciertos sectores que se oponen a la actividad de hidrocarburos, se debiera reconocer la importancia de la actividad en la transferencia de los recursos para los gobiernos municipales y provincial. Así, la provincia de Sechura ha percibido por concepto de canon y sobrecanon petrolero un promedio anual de 16 millones de nuevos soles entre el 2004 al 2010, teniendo su pico más alto en el 2008, cuando el canon sumó los 25.5 millones de nuevos soles. En tal sentido, si Sechura quisiera percibir más recursos por canon, las empresas productoras tendrían que invertir mayores montos para incrementar la producción de petróleo y gas.

Debiera ser evidente que con la entrada en vigencia de la nueva ley del canon y sobrecanon de hidrocarburos ley Nº 29693 del 2 de julio del 2011, se eleva el canon de 10% del valor de la producción al 15% del valor de la producción de petróleo y gas, incorporando además el 50% del impuesto a la renta pagado por las empresas petroleras, más el 50% del impuesto a la renta abonado por las empresas de servicios auxiliares y complementarios; así, el canon de hidrocarburos se incrementará sustantivamente para Piura, especialmente a la provincia de Talara, captando el 20% como subregión productora por la distribución vigente.

De allí la importancia para Sechura el fomento de la inversión en hidrocarburos con responsabilidad ambiental, social y tributaria para aumentar los recursos del canon y sobrecanon que, de lejos, constituyen los recursos más importantes percibidos por los gobiernos locales. A más producción más regalías y otros impuestos, por tanto un mayor canon petrolero.

Una mayor actividad de explotación de los recursos hidrocarburíferos y mineros, con la importación de maquinaria y equipo, trae consigo que las rentas de aduanas se constituyan en la segunda fuente de ingresos para la provincia como resulta evidente en el cuadro respectivo: “Ingresos Transferidos a Sechura por la Explotación de Recursos Renovables y No Renovables 2008-2010”, obteniéndose más de 5.2 millones de nuevos soles en el 2010.

Aunque pareciera una cruel paradoja, la tercera fuente de ingresos para la provincia y los gobiernos locales de Sechura está constituida por los derechos de vigencia mineros, siendo aportados en su mayoría por la empresa minera Miski Mayo S.R.L., cuyo mayor accionista es la brasileña Vale, pagando un promedio de 2.7 millones de nuevos soles entre el 2008 y 2010 por la concesión minera de los fosfatos de Bayóvar. Estos montos transferidos constituyen el 75% del abono por concepto de los derechos de vigencia, la diferencia se destina al Ministerio del sector y el Ingemmet.

El canon pesquero ocupa el cuarto lugar de importancia, por los recursos transferidos, sumando 965 mil nuevos soles en el 2009 y un poco más de 844 mil nuevos soles en el 2010. Por ello, la necesidad de incrementar los recursos provenientes del canon pesquero que dependen de los derechos de pesca y del impuesto a la renta que abonan las empresas pesqueras.

En resumen, la provincia de Sechura tiene un enorme potencial pesquero y de maricultura que debe superar las limitaciones de energía, y la ausencia de un sistema de refrigeración que permita la conservación de los productos marinos. Por otro lado, el gran potencial de hidrocarburos sobre todo de gas natural, debiera ser aprovechado para cambiar la matriz energética en la región, generando electricidad de forma limpia y barata al departamento en su conjunto. Por ello, se impone la necesidad de sumar esfuerzos conjuntos, hacer sinergias que potencien el desarrollo de las ventajas competitivas de la provincia, con el debido respeto del equilibrio ambiental, elevando los niveles de empleo de calidad, aumentando los ingresos de la población, teniendo como base una nueva matriz energética, aprovechando el gas natural que abunda en la región.