¡NO AL TINGLADO MAFIOSO!
El gasoducto del sur peruano arrastra
varios “pecados capitales” y hoy estamos pagando las consecuencias de una
concesión que solamente tuvo un solo postor con sus dosis de corrupción. El
segundo postor fue descalificado horas antes de la licitación por Proinversión
que tenía la camiseta de Odebrecht y socios.
El consorcio excluido de la licitación
se llamaba “Gasoducto Peruano del Sur” (GPS) y estaba conformado por 4 empresas
de prestigio, con participación de 25% cada uno: Sempra, Suez de Francia, Techint
de Argentina, Sempra de EEUU y TGI de Colombia.
Sospechosamente Suez Energy disminuyó
su participación al 2 %, y un estudio de abogados “ad hoc”, delibery contratado
por Proinversión que en menos de 24 horas,
firmó un informe donde “legalmente” descalificaba a GPS. Todo un
tinglado mafioso.
A pesar, que las empresas restantes
pedían una postergación de quince días en la licitación, para ordenar,
recomponer la participación accionaria de este segundo postor liderado por la
norteamericana Sempra cuyas operaciones en el Perú en la parte eléctrica son
propiedad del gigante eléctrico chino “Tres Gargantas”
También hemos sostenido que el
gasoducto del sur no tenía las reservas probadas suficientes de gas natural,
pues solamente contaba con un trillón de pies cúbicos proveniente del lote 88
(1 TCF). Este es el único contrato que tiene precio regulado, entiéndase bajo,
pues las reservas del lote 56 están comprometidas para la exportación a precios
deprimidos.
El gas natural de los lotes 57 y 58
tienen “precios libres” que se pactan entre productores y compradores; es más
pagan una regalía de apenas 5 % Por tanto, siendo la titularidad de las
empresas sobre los recursos, debe haber un acuerdo previo entre las empresas
que explotan el gas natural y las empresas dedicadas al transporte, en cuanto
la tarifa del transporte.
Las reservas probadas de gas natural
del lote 57 corresponden a las empresas
transnacionales Repsol de España y a la
petrolera estatal china CNPC (45 %), que compró en el 2014 los activos, y contratos
de hidrocarburos de la brasileña Petrobras. Por último, el lote 58 también bajo responsabilidad de
CNPC todavía se encuentra en una etapa exploratoria, y faltan cubicar y estimar
sus reservas.
ESTADO CAPTURADO
Lo cierto y evidente es que en los
contratos de hidrocarburos como en las minas, existe una curiosa legislación.
Los recursos en el subsuelo corresponden a la Nación. Pero, una vez extraídos
los recursos, y firmados los contratos de licencia, la posesión, uso y
usufructo se transfiere al capital privado, que está obligado a pagar una
regalía al Estado.
Es decir, las “moléculas” corresponden
a las empresas y el Estado solamente capta regalías e impuestos, pero no tiene
decisión alguna sobre el destino de los hidrocarburos y ello debe cambiar con
una nueva legislación.
Por tal, el ordenamiento
constitucional y por la propia ley de hidrocarburos vigente, las decisiones
sobre las reservas de petróleo y gas corresponden a los privados, previo abono
de las regalías al Estado. Esta realidad debe cambiar, para apostar por una
genuina masificación del gas natural a precios bajos por ejemplo.
En tal sentido, la operatividad del
gasoducto del sur peruano dependería de las decisiones, interés de la
transnacional china CNPC, cuya producción tendría que ser transportada por el
gasoducto previo acuerdo entre las partes. Es más, debe haber una sintonía
entre los volúmenes por transportar entre el productor y la empresa responsable
del transporte. ¡El Estado no puede intervenir pues está capturado por los
grupos de poder económico!
TRANSPORTE E INTEGRACIÓN VERTICAL
Menciono esta realidad recordando la
viabilidad del gasoducto que viene de Camisea a Lurín (Lima) donde hay una
integración vertical entre los operadores del Consorcio Camisea y de la empresa
responsable del transporte, más conocida como TGP, Transportadora de Gas
Peruana, donde prácticamente las mismas empresas que participaban en la
producción, también operaban en el transporte. Nada de esto sucede en el
gasoducto del sur.
En principio, nadie puede poner en
duda la importancia estratégica, y las ventajas competitivas que hubiese tenido
las operaciones y el mantenimiento durante 34 años del gasoducto en el sur
peruano que tendrá efectos positivos en la matriz energética, otorgando una mayor
seguridad energética al país que depende en más del 50 % del gas natural en la
generación eléctrica.
Es decir, hubiesen sido múltiples los
beneficios de la cultura del gas, no solamente para los departamentos del sur,
sino del país en su conjunto. Lamentablemente paralizado desde enero del 2017
por falta de financiamiento internacional para el consorcio conformado por
Odebrecht, Enagás y Graña y Montero. Hoy estamos ante demandas internacionales
ante el CIADI, que se resolverán mediante arbitraje.
Debemos reconocer la importancia
fundamental que hubiese tenido la construcción final del gasoducto, hoy
paralizado a un 33 % en el tendido de tubos, con inversiones hundidas que
Odebrecht, y Enagás quieren recuperar vía arbitraje ante el CIADI. Evidentemente
mientras no se resuelva este impasse
el gasoducto será una posibilidad para el futuro.
Es más, habiendo sido la demanda de la
española Enagás presentada ante el CIADI en julio del 2018, se estima que la
resolución vía laudo recién saldrá a mediados del 2022, por tanto, la demanda
presentada por la brasileña Odebrecht a través de su filial de Luxemburgo,
presentada en enero del 2020 tomará su tiempo.
TINGLADO MAFIOSO
La importante licitación del 2014 para
hacer realidad el gasoducto del sur, hoy lo sabemos con una mayor claridad, ha
sido posible con prácticas corruptas para favorecer al consorcio liderado por
Odebrecht, gracias a sus relaciones con el gobierno de la pareja presidencial
Humala & Heredia, Proinversión y el ministerio del sector.
Ha sido tan evidente los conflictos de
interés, al tener a un ministro de Energía y Minas, a un presidente de la
comisión especial de Proinversión, organismo responsable de la licitación, y
una serie de estudios de abogados, todos con estrechas vinculaciones con la empresa
Odebrecht.
Este grupo empresarial brasileño desde
el 2014 incluso antes era conocido por una serie de acusaciones a nivel
internacional e interno por malas prácticas (sobrevaluaciones, sobornos, doble
contabilidad etc.). Al principio, Odebrecht detentaba el 75 por ciento del
consorcio ganador Gasoducto Sur Peruano, conjuntamente con la española Enagás.
Posteriormente se integró la empresa Graña y Montero que en su capital
accionario tiene una participación de los fondos privados de pensiones.
Se debe tener presente que Enagás ya
tiene una participación importante en el Transportadora de Gas Peruana (TGP),
consorcio responsable de transportar el gas natural y los líquidos de gas
natural desde el campo de operaciones de Malvinas a la costa, a Lima en el caso
del gas y hacia Pisco (Ica) en el caso de los líquidos de gas natural, donde
son fraccionados.
Se debe recordar que en la licitación
internacional (2014) del gasoducto del sur, donde el segundo competidor
Gasoducto Peruano del Sur conformado por Sempra, Suez Energy, Techint, TGI, fue
descalificado faltando 60 minutos al cierre del levantamiento de las
observaciones por un cambio en la participación accionario del consorcio, que
se hubiese podido resolver jurídicamente con transparencia.
LICITACIÓN DIGITADA
Hay que recordar los cambios a última
hora de las bases que Proinversión
realizó en las bases concursales para direccionar a los posibles ganadores. En
todo caso, hoy sabemos por las declaraciones de los colaboradores eficaces de
la fiscalía el tinglado mafioso al interior de Proinversión y el Ministerio de
Energía y Minas para direccionar la licitación para favorecer a Odebrecht.
En ese entonces me preguntaba, si se
ha esperado más de 36 meses para hacer realidad el gasoducto en el sur ¿qué
implicaba esperar quince días adicionales para absorber las dudas con la debida
transparencia, sobre la pertinencia o no en los cambios del consorcio
descalificado?
Hoy se sabe con una mayor pertinencia
el rol jugado por el señor Edgar Ramírez Cadenillas, Presidente del Comité
Especial del Comité de Proseguridad Energética de Proinversión nombrado recién
en mayo del 2014, por recomendación directa del ministro de Energía y Minas, y
en junio ya estaba licitando la concesión del gasoducto, más rápido no podía
ser.
El mismo ministro de ese entonces era
Ing. Eleodoro Mayorga, que también había prestado consultorías a Odebrecht en
el pasado, cuando la propuesta original
de Kuntur Transportadora de Gas era una posibilidad, 2009/ 2011,
efectuando estudios sobre las tarifas de transporte, la propuesta técnica
económica etc. (Fuente El Comercio 2, 3 de julio del 2014)
Igualmente el renunciante ministro de Energía y Minas, Ing. Juan Lui en febrero del
2020 era ex consultor de la brasileña Odebrecht en el 2012 a través de su
empresa CONARSA, y que al mismo tiempo era asesor en el ministerio de Energía y
Minas, validó la sustentabilidad de la construcción de un gasoducto para el sur
que no tenía asegurada las reservas probadas de gas natural.
Es decir, estamos ante un Estado
capturado por grupos mafiosos, que aplican la política de “puertas giratorias”
de lo público a lo privado y viceversa sin el mayor escrúpulo.
EPÍLOGO
Es evidente que tales hechos
enturbiaron la transparencia de un proceso que por su transcendencia debió ser
competitivo, limpio, sin obscuridades tenebrosas, más aun cuando se supo
que el consorcio descalificado (Gasoducto
Peruano del Sur) presentó una propuesta económica más favorable en relación a
la propuesta ganadora, con un diferencial de 136 millones de dólares en
relación a la propuesta del único postor (Gasoducto Sur Peruano)
Es decir, el sobrecosto o sobrecoima
era de US $ 136 millones de dólares, que se hubiesen tenido que pagar de
nuestros bolsillos si el gasoducto del sur hubiese estado terminado por
Odebrecht, así como se pagó más de US $ 27 millones en sobornos al Ex
Presidente Alejandro Toledo por la Interoceánica del Sur, al margen de los US $
4 millones pagados para la campaña electoral.
Así, se puede deducir por las
declaraciones de Alejandro Segret representante del consorcio descalificado
(GSP) ante el abuso y especial favoritismo hacia Odebrecht, Enagás y Graña y
Montero. Así afirmaba que “Claramente
hubiésemos sido ganadores si no hubiésemos sido perjudicados en una forma que
podríamos calificar, cuando menos de irregular” (La República 1/7/14)
Esta es parte de la historia negra del
gasoducto del sur que la opinión pública debe conocer. Sin embargo, a pesar que
la corrupción debe ser denunciada y castigada, el Estado peruano debe recuperar
la titularidad sobre los recursos naturales, la soberanía sobre los
hidrocarburos como el gas natural, para hacer realidad la masificación y el
gasoducto para el sur del Perú.
