RECORDANDO SIEMPRE EL 9 DE OCTUBRE
ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI
Bajo los vientos del
nacionalismo como doctrina que sacudía al tercer mundo, el 3 de octubre de 1968 se dio un golpe de
estado en el Perú, y se estableció la Junta Militar de Gobierno de las Fuerzas
Armadas bajo el mando del general Juan Velasco Alvarado. Un líder militar que
transcurridos 50 años sigue suscitando odio, encono, resentimientos, críticas.
Es más, hay quienes sostienen que el atraso del país se debe a dicho
experimento social que levantó el principio: “Ni capitalismo ni comunismo”
Una de sus primeras
acciones fue tomar por sorpresa las instalaciones de la IPC en Talara seis días
después, el llamado símbolo de la presencia imperialista en nuestro país, dando
lugar al nacimiento de la empresa Petróleos del Perú S.A., cuya partida de
nacimiento fue la fusión de los activos de la IPC con la empresa Petrolera Fiscal (EPF).
Este fue el punto de
partida de la petrolera estatal que desde 1969 hasta hoy constituye un símbolo
de la peruanidad a pesar de la irracional descapitalización a la que fue
sometida en el primer gobierno aprista, para ser rematadas a precio vil las
principales unidades, lotes, refinerías, y filiales en el proceso privatizador
puesto en práctica por el fujimorismo en la década de los noventa del siglo
pasado.
Por ello, en el
pasado el 9 de octubre se celebraba como
el día de la “Dignidad Nacional”, siendo un feriado a nivel nacional, para
luego ser limitado al ámbito regional de Piura. Así, de la dignidad nacional se
pasó “sin pena ni gloria” al día feriado regional, reconociendo el aporte del
trabajador petrolero. Por ello, Talara sigue siendo un símbolo a pesar del
discurso liberal.
Del “golpe de estado”
de 1968 a la fecha han pasado cincuenta años, y todavía el régimen militar de
la primera fase suscita los más encendidos odios de parte de la extrema
derecha. Los epítetos hacia el personaje central como el general Juan Velasco
Alvarado son variados y van desde resentido social, hasta ser considerado un extremista que pretendía establecer un
régimen comunista; haciendo posible una reforma agraria, que fomentaba el odio
social, con la célebre frase de “campesino el patrón ya no comerá más de tu
pan”, “la tierra es para quien la trabaja”.
En verdad, un
análisis más objetivo aceptaría como punto de partida la necesidad histórica
del golpe militar por una serie de factores que paradójicamente en parte se repiten en el presente. Por un lado, una
crisis económica expresada en un déficit de la balanza de pagos, que dio lugar
a una traumática devaluación del sol frente al dólar, que generó presiones
inflacionarias, pues había que disponer de más soles para comprar el mismo
dólar. Ello en especial afectó a las clases medias y populares.
Sin embargo, más
grave que los problemas económicos era la crisis política que se experimentaba
con un congreso dominado por la alianza Apra-UNO del general Odría, que desde
el Congreso de la República petardeaba el gobierno del Arq. Belaunde Terry que
tenía como aliado al partido de la democracia cristiana. Crisis política que
llegó a su máxima expresión con la pérdida de Página Once, donde se exponían
los arreglos bajo la mesa con la IPC.
Si a ello se agregan
los altos niveles de corrupción, el masivo contrabando, las protestas sociales
por mejores salarios y sobre todo los movimientos campesinos en el sur y
centro, que aspiraban a una modernización de las relaciones agrícolas,
superando las relaciones semiserviles que se arrastraban como herencia colonial.
Tal vez el factor
detonante más que la Página Once en los acuerdos del gobierno en el asunto de
la Internacional Petroleum Company (IPC) era la certidumbre de los altos mandos
del ejército del peligro social de una reproducción de las guerrillas inspiradas
en la Revolución Cubana. El peligro comunista era una obsesión en los altos
cuadros castrenses y en la inteligencia militar norteamericana.
Es más, en el pasado
cercano estaba abril de 1952, cuando el MNR, el Movimiento Nacional
Revolucionario de Bolivia había derrotado al ejército profesional en las calles
de La Paz, en una alianza obrero/campesina, si bien hacia 1968 tales
experiencias movimientistas habían demostrado las limitaciones de las
revoluciones sociales dirigidas por la pequeña burguesía, y de las
nacionalizaciones, expropiaciones, que estaban a la orden del día en América
Latina.
Tal vez la afirmación
que refleja con una mayor certidumbre el contenido de la revolución de los
militares fue expresada por el general Ernesto Montagne, presidente del Consejo
de Ministros, y hombre fuerte del régimen, cuando reconocía la necesidad de los
cambios de “arriba hacia abajo” de lo contrario había el peligro de una
revolución social, por las múltiples contradicciones que sacudían a la sociedad
peruana, que vivía la agonía, la “crisis del estado oligárquico”
REFORMA PROGRESISTA
En tal sentido, una
reforma central desde el punto de vista económico y político fue la
nacionalización de los hidrocarburos que en ese entonces estaba bajo el control
de la IPC que en el norte del país imponía una “economía de enclave”, donde la
producción de crudo era básicamente para satisfacer el mercado interno.
Es más, la IPC era
una empresa que hacia finales de la década de los años sesenta del siglo pasado
tenía problemas económicos, y si bien usufructuaba los campos petrolíferos de
Talara, con rendimientos decrecientes, pues a nivel internacional para su
matriz la Standard Oil resultaba de mayor interés la explotación de los campos
de Venezuela, Arabia Saudita.
Siempre hemos
sostenido que si existiera una clase dirigente en el Perú con una visión
nacional de desarrollo, sería la principal interesada en el fortalecimiento de
la petrolera estatal. Tal como existe en Chile o en Colombia, por no señalar
Corea del Sur, Noruega, Rusia, Arabia y tantos otros países que tienen
poderosas empresas petroleras estatales.
Por ello, la
evidencia histórica expresa que más del 75 % de las reservas y producción de
hidrocarburos sea petróleo, gas natural o líquidos de gas natural, en el mundo
están bajo responsabilidad estatal, por estrictas razones de seguridad
energética, y rentabilidad como fuente de acumulación interna.
NACIONALIZACIÓN A LA BOLIVIANA
Un caso emblemático
de la soberanía del estado sobre los recursos hidrocarburíferos lo constituye
Bolivia con su dirigente histórico Evo Morales. Donde desde el 2006 a la fecha
se han invertido los términos de participación del estado en la riqueza
generada.
Así, en Bolivia antes
de las reformas el estado participaba con el 22 % de la riqueza y las empresas
privadas (Repsol, Pluspetrol, British Petroleum, Shell etc.) captaban el 78 %
de la misma. Esta realidad cambió con la nacionalización de los hidrocarburos a
la boliviana.
Ahora el estado
participa a través de su petrolera estatal Yacimientos Fiscales Bolivianos
(YFB) con el 78 % de la riqueza producida y las empresas petroleras acceden al
22 %, y no se han retirado del negocio. Ello significa que a pesar de dicha
participación siguen obteniendo importantes utilidades.
Con esta
nacionalización a la boliviana el estado no solamente a recuperado la soberanía
sobre dicha riqueza sino que ha incrementado los precios del gas de exportación
hacia Brasil y Argentina, aumentando los ingresos fiscales lo que ha permitido
financiar los programas sociales.
Al mismo tiempo en el
país altiplánico se verifica una masificación de la cultura del gas
satisfaciendo la demanda interna, con más de 2 millones de usuarios, apostando
también por una petroquímica básica que le permite la producción de urea para
satisfacer el mercado interno y las necesidades de los países vecinos entre
ellos el Perú, que tienen que importar este fertilizante de la república
ucraniana.
PETROPERÚ: FUENTE DE NEGOCIOS PRIVADOS
En cambio, en el Perú
se trasfirieron lotes petroleros a precios de remate, lo que ha permitido la
valorización y capitalización de las empresas privadas que se han
internacionalizado y fortalecido con los recursos energéticos de nuestro país.
Así, por ejemplo la
empresa Pluspetrol con la privatización del lote 8/8X a mediados del 1996, y
posteriormente con el lote 1-AB (2001) generó los excedentes para financiar su
participación del 27.2 por ciento en el Consorcio de Camisea en el lote 88
(2004) y lote 56 (2008), sin mayor riesgo, pues las reservas de gas
natural y condensados habían sido descubiertas en 1984 por la angloholandesa
Shell.
En el mismo sentido,
los hidrocarburos que alguna vez fueron de PetroPerú han permitido la
valorización y crecimiento económico del empresarial a Graña y Montero
Petrolera que hoy detenta los lotes I, III, IV, V sin mayor riesgo
exploratorio.
Ello explica, la
necesidad de hacer un balance nacional sobre la presencia del estado en el
sector de hidrocarburos, en especial a partir de las consecuencias económicas
de tener una refinería modernizada y rentable como la Refinería de Talara que a
partir del 2021 procesará combustibles limpios para el país. De allí la
necesidad de apostar por el fortalecimiento de PetroPerú por medio de la
integración vertical de sus operaciones, con lotes propios de producción de
crudo ante el evidente fracaso de la privatización en el sector de
hidrocarburos.
