¿QUÉ HACER CON EL GASODUCTO DEL SUR?
ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)
Ahora
que se ha vuelto viral cuestionar la millonaria inversión del Gasoducto Sur
Peruano por el escándalo de la mega corrupción promovida y administrada por la
brasileña Odebrecht en Brasil, USA, Perú y otros países, me reafirmo en el
contenido de mi artículo, “Luces y Sombras del Gasoducto del Sur” escrito en
julio del 2014, cuando era más que evidente la intervención de la pareja
presidencial (Ollanta y Nadine) en sacar adelante el referido proyecto que no
tenía consistencia técnica ni racionalidad económica si es que no participaban
las empresas responsables de la producción de gas natural, y si en la
licitación de la fase del transporte solamente había un solo postor.
Con
la autoridad que me permite la libertad de conciencia, no habiendo asumido
cargo alguno de responsabilidad pública en el pasado gobierno. No teniendo
ninguna relación de asesoría con alguna empresa del sector interesada, sea
eléctrica, o de hidrocarburos, más la experiencia como investigador en el
sector de energía y minas, debo enfatizar que el referido proyecto adolecía de
una serie de anormalidades, debilidades, y limitaciones que hacen necesario por
el interés público una rescisión contractual definitiva, para recrear una nueva
propuesta de gasoducto para el sur del Perú al servicio de las grandes
mayorías, con el carácter de inversión pública.
En
tal sentido, el actual ministro de energía y minas, ex gerente general de la
consultora Macroconsult S.A. hasta antes de julio del 2016, por la salud moral
del país debe aclarar los términos y naturaleza de la asesoría brindada a la
empresa Odebrecht y a su socia peruana Graña y Montero.
Esto
en razón que por razones contractuales en la próxima licitación del gasoducto
del sur las bases y condiciones económicas serían las mismas, lo cual sería no
solamente un craso error sino una concesión a las empresas corruptas donde
incluso Graña y Montero y Enagás, podrían participar en las próximas
licitaciones del proyecto.
En segundo lugar, el
Gasoducto del Sur no puede seguir paralizado por la incapacidad financiera de
las empresas mafiosas Odebrecht, Graña y Montero más Enagás. Es el momento
donde el Estado debe tener el liderazgo para sacar adelante el referido
proyecto, bajo nuevos términos contractuales.
Resulta
inaceptable que el Estado asuma los costos de la corrupción y se pretenda
reconocer el valor de las inversiones que serán pagadas en un 75 % al 100 % de
su valor con los ingresos que se percibirán con las nuevas licitaciones en los
próximos 15 meses, de no ser cubiertas las inversiones realizadas, el estado
tendría que poner la diferencia.
En tercer lugar, el
Estado debe negociar con la empresa estatal china CNPC titular del 100% de las
acciones en el contrato del lote 58 para que en el menor tiempo posible realice
las inversiones necesarias exploratorias para convertir las reservas y recursos
del lote 58 en reservas probadas certificadas, como también la participación de
casi el 44 % que retiene en el lote 57, donde el accionista mayoritario es
Repsol.
Resulta
de fundamental importancia comprometer a CNPC como accionista participante en
el Gasoducto del Sur, pues esta constituye la forma más eficiente de operar. En
el Perú, la construcción del Oleoducto Norperuano bajo responsabilidad de
PetroPerú en los años setenta del siglo pasado y del Gasoducto de Camisea por
medio de TGP, nos confirma la necesidad de una integración vertical entre la
producción y el transporte de hidrocarburos.
En cuarto lugar, debe
justificarse la demanda con racionalidad económica a precios competitivos. Se
debe tener presente que los precios del gas natural de los lotes 57 y 58 son
libres, y dependerán de las condiciones de la oferta y demanda, a diferencia de
los precios regulados del lote 88 cuyas reservas están comprometidas con el
ducto de Camisea hacia Lima, y solamente un TCF (Un trillón de reservas de gas
natural) estarían comprometidas para el gasoducto del sur.
Reconociendo
que la demanda de los miles de consumidores residenciales no representarían ni
el 1 % de la demanda total, se debe justificar la demanda de las empresas
eléctricas del sur, que por ahora queman carbón, y diesel contaminante en las
horas punta. En tal sentido, la importancia del nodo energético del sur que
compromete más de 1,000 MW de potencia lo cual asegura una demanda superior a
los 200 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, lo cual debería
rentabilizar el gasoducto del sur.
Si a
ello se agrega la potencial demanda de energía a gas a partir de las empresas
mineras como Las Bambas, Constancia, las ampliaciones de Cuajone, Toquepala por
parte de SPCC, Tintaya/Antapaccay, Cerro Verde estaría más que justificada la
demanda de gas natural en el sur peruano.
En quinto lugar, estando
avanzado en más del 35 % la construcción del gasoducto del sur, con más de
4,000 trabajadores prácticamente en paro, el Estado debe asumir el liderazgo de
la inversión redimensionando los altos costos de inversión superiores a los US
$ 7,500 millones que más que duplican los costos del ducto de Camisea hacia
Lima.
Por
ello, constituye un error y retroceso eliminar el cargo de trasmisión que
pagamos los más de 8 millones de clientes regulados para rentabilizar el
gasoducto del sur. Este fue un mecanismo que se aplicó en el pasado para
viabilizar el gasoducto de Camisea entre los años 2002 al 2009, y que debiera seguir
vigente, a pesar de la inopia del Osinergmin.
En
tal sentido, como inversión pública todos los consumidores regulados de
electricidad del país contribuiríamos a financiar el gasoducto del sur que
tendría el carácter de inversión pública. Una vez terminada la obra con
supervisión internacional sobre la calidad de la inversión, con el suministro
de gas garantizado y un mercado abastecido el gasoducto debe ser transferido al
sector privado mediante la modalidad de gestión, y concesionado una vez resuelto el problema de
las tarifas, a satisfacción de los productores, los grandes consumidores y
usuarios residenciales.
En sexto lugar, resulta
un absurdo económico haber promovido un gasoducto a petición de parte para
solamente trasladar gas natural cuando lo más rentable son los líquidos de gas
natural que al ser fracturados se convierten en propano, butano, diesel limpio
y nafta insumo de la petroquímica.
Ello
es más urgente y necesario ahora que hemos pasado de ser autosuficientes en la
producción de gas licuado de petróleo (GLP) ,mezcla de propano y butano, en
importadores en especial en el sur peruano que se abastece en parte con el gas
licuado boliviano.
Por
ello, un nuevo gasoducto para el sur del Perú deberá contemplar la separación
“in situ” del gas natural que tiene etano y metano por un lado, y los líquidos
de gas natural que se constituye en lo más rentable y atractivo del negocio.
En séptimo lugar, se
debe reconocer la necesidad histórica y social de recuperar la soberanía sobre
la titularidad de los recursos naturales, modificando la naturaleza de los
contratos de hidrocarburos para que todos, absolutamente todos pasen a ser
“contratos de servicios”, donde el estado a través de PerúPetro les abona una
retribución manteniendo sus márgenes de rentabilidad.
Solamente
con la recuperación sobre la propiedad de los hidrocarburos podrá abastecer
prioritariamente el mercado interno, y desarrollar la actividad de petroquímica
asegurando precios competitivos, pues si las productoras privadas demandan
precios elevados por el gas natural, la petroquímica resulta inviable, ni
siquiera la petroquímica básica de urea sería posible.
En octavo lugar, el
actual ministro de energía y minas, Tamayo Flores debe decir la verdad completa
sobre los gasoductos virtuales, que es la vieja aspiración de Repsol para
llevar el gas natural en camiones cisternas a las principales ciudades del sur,
a pesar de los mayores precios que ello conllevaría para los consumidores al
margen de la inseguridad que prima en nuestras carreteras.
En
tal sentido, un nuevo diseño del gasoducto de gas natural y de líquidos debe contemplar en su recorrido
las principales ciudades del sur, con los ramales secundarios. Ello al
principio no sería rentable pues como afirmamos la demanda residencial y del pequeño
comercio tiene una participación mínima (1%) en la demanda total, pero permite
ganar ventajas competitivas y mejoras en la calidad de vida.
Al
margen de la necesidad de promover el crecimiento económico en el país, dejando
de lado las ideologías liberales que solamente existen en los libros de texto,
resulta de fundamental importancia la continuidad del Gasoducto del Sur como
inversión pública y el financiamiento de todos los usuarios eléctricos, en lo
que podríamos llamar un capitalismo popular. Al respecto solamente bastaría
revisar lo que hizo Franklin D. Roosevelt con las grandes inversiones
eléctricas en los estados empobrecidos del sur en USA en plena recesión.
31/01/2017
