jueves, 29 de noviembre de 2018

Bienvenida la inversión en el lote 95

Es importante continuar la búsqueda y explotación de petróleo.
Algunas precisiones sobre la explotación del lote 95 y las inversiones de riesgo que el país necesita.

Diario Uno, Jueves 29 de noviembre del 2018.



lunes, 12 de noviembre de 2018

PERVERSIONES DE LA PRIVATIZACIÓN


LOTES, LA PAMPILLA, SOLGAS

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

El nobel de economía del 2001 Joseph Stiglitz en su libro “El Malestar de la Globalización” analizaba el proceso de privatización de las empresas públicas en una serie de países como México, Argentina, Rusia entre otros, en el marco de las recomendaciones del Consenso de Washington, cuyas políticas se imponían como el nuevo sentido común para fomentar las políticas de libre mercado, apertura y desregulación, ante el derrumbe del socialismo real.


Con el espíritu crítico que lo caracteriza, a pesar de haber sido vice presidente del Banco Mundial, Stiglitz denominaba a la privatización como el “proceso de sobornización” por la evidente corrupción de los funcionarios, la compra de voluntades, la subvaluación de activos, la compra de empresas a precios de ocasión. Es más, la globalización no ha sido positiva para todos los países, unos ganan otros pierden.


De nuestra parte desde un principio fuimos severamente críticos de la privatización de la actividad empresarial del estado (AEEE) por una serie de razones económicas, técnicas, financieras e institucionales. Es más, seguimos asumiendo los costos de una falta de planeamiento estratégico, en un proceso que ha significado una transferencia de riqueza desde el estado hacia el capital privado.

Me explico, en nuestro país se necesitó un golpe, una violación del orden constitucional e imponer una dictadura con una alta dosis de corrupción que se hizo evidente a través de los “vladi videos”, donde empresarios, altos militares, congresistas, políticos, periodistas, pasaban por caja para recibir en efectivo, el precio, el valor de cambio de su complicidad.

TRANSFERENCIA DE RIQUEZA

En tal sentido, la privatización ha significado un proceso de transferencia de riqueza desde el Estado, para valorizar entiéndase enriquecer al capital privado, en especial a los grupos de poder económico nativos y empresas transnacionales, a costa del propio Estado con menores impuestos, ventajas tributarias, y de los sufridos consumidores con abusivas tarifas en los servicios públicos.

¿Cómo así? Solamente un gobierno corrupto como el fujimorismo pudo transferir rentables empresas públicas como las unidades de PetroPerú, sean los lotes petroleros el Z-2B del Zócalo Continental, el lote X en Talara, el lote I y V bajo responsabilidad de Graña y Montero, VI/VII bajo responsabilidad de la empresa Sapet y el lote 8 en la selva, bajo administración de Pluspetrol Norte.

Donde dicho sea de paso los lobistas que auspiciaron, asesoraron, promovieron el proceso de privatización, consultoras, estudios de abogados y “espadachines a sueldo” pretenden ahora 30 años más de vigencia en los contratos, que están próximos a su fecha de vencimiento.

LA PAMPILLA A PRECIO DE GANGA

Solamente un gobierno genéticamente marcado por la corrupción aplicando una dictadura cívico/militar pudo transferir en 1996 la mayoría accionaria (60%) de la más moderna refinería que tenía PetroPerú, la unidad de “La Pampilla”, que fue vendida por un precio de US $ 180 millones de dólares, incluyendo en su precio US $ 38 millones de papeles de deuda externa que fueron comprados por especuladores a menos del 10 % de su valor y reconocidos al 100% de su valor por la COPRI hoy Proinversión, organismo responsable de promover las privatizaciones en aquellos años.

Se debe tener presente que dicha refinería en el año 1994 como unidad independiente antes de su privatización generaba un ingreso de US $ 657 millones de dólares y una utilidad antes de impuestos de US $ 85 millones de dólares. Y el terreno ubicado en el distrito chalaco de Ventanilla, con sus instalaciones como unidad refinera estaba tasado por el seguro privado en el caso de un siniestro en US $ 108 millones de dólares.

Es decir, se privatizó a favor de la empresa española Repsol la más moderna unidad refinera de PetroPerú con una capacidad de tratamiento de 102 mil barriles diarios, y en la práctica se transfirió el principal mercado de combustibles del país, que concentra la mayor participación del parque automotor.

SOLGAS: UN ESCÁNDALO

Solamente un gobierno como el fujimorismo comprometido hasta el tuétano con la corrupción pudo permitir que se privatizará la rentable filial de PetroPerú en 1992, la empresa envasadora y comercializadora de gas licuado de petróleo (GLP), Solgás, por el ridículo precio de US$ 7.5 millones de dólares, cuando detentaba el 40 % del mercado y generaba antes de su privatización un promedio anual de US$ 2 millones de utilidades netas.

Para que se entienda la calificación de la privatización como transferencia de riqueza desde el Estado hacia el gran capital, sirva el ejemplo de la privatización de Solgas, cuya mayoría accionaria fue privatizada en 1992 mediante el mecanismo de bolsa por US $ 7.5 millones de dólares.

En junio de 2016 Repsol, transfiere esta “empresa líder en ventas y reconocimiento de marca en Perú” a la empresa chilena Abastible S.A. del Grupo COPEC, por un valor de US $ 263 millones de dólares, con lo cual este grupo sureño pasa a controlar el 25 % del mercado de este derivado de los hidrocarburos que resulta una mezcla de propano (55%) y butano (45%)

Resulta interesante resaltar que la empresa Abastible en sus notas a los estados financieros consolidados desagrega el valor de US $ 263 millones pagados a la española Repsol que a diferencia del estado peruano sí valoriza sus activos. Así, solamente por el activo Marca, y Solgas es una marca reconocida con más de 40 años en el mercado. ¿Cuánto tuvo que pagar Abastible? La friolera de US $ 23.9 millones de dólares.

Como no puede ser de otra manera cuando se transfiere una empresa como Solgas, también se valoriza la relación de clientes, los contratos con proveedores, la experiencia ganada en el mercado, todo ello significó más de US $ 34 millones de dólares en el precio pagado.

Se debe tener presente que Solgas como filial de PetroPerú fue una empresa que tenía escala nacional con siete plantas de envasado en las principales ciudades de la costa Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, San Borja, Sullana, Chimbote, Pisco, Tacna, Callao y Talara.

Solamente el edificio principal ubicado entre Javier Prado y Av. Aviación frente al Museo de la Nación, estaba valorizado en ese entonces por el seguro en  US $ 5 millones de dólares.

SUSTRACCIÓN AL CONSUMIDOR

Hacia 1992 cuando la petrolera estatal PetroPerú operaba de manera integrada el balón de GLP de 24 libras (10.5 kg) tenía un precio promedio de S/ 5 soles. Hoy, siendo casi autosuficientes en la producción de GLP gracias a los líquidos de gas (LGN) de Camisea provenientes de los lotes 88, 56 y 57, tenemos que abonar más de 36 soles y en las provincias por encima de los 40 soles por un balón de 10 kilos.

Es decir, el balón se ha reducido, y los sufridos consumidores tienen que pagar precios internacionales del GLP que resulta de una mezcla del propano y butano de los líquidos de gas natural de los lotes provenientes del Gran Camisea que son tratados en la Planta de Pisco por la empresa Pluspetrol Perú Corporation (PPC), pero nos facturan como si todo el GLP fuese obtenido del petróleo crudo.

Usted amable lector se preguntará dónde está la diferencia, el sobrecosto que le cargan al consumidor, a vista y paciencia del organismo regulador el Osinergmin. ¡Muy simple!

Los precios por barril de los líquidos de gas natural (LGN) de Camisea son US $ 10 a 15 dólares más baratos en relación a los precios por barril de petróleo. Así, si hoy el precio del barril de crudo se cotiza en US $ 70 dólares, el barril de LGN tiene un precio de US $ 60 o hasta menos. Pero aquí nos facturan como si todo el GLP fuese obtenido en base al petróleo crudo y ello constituye un abuso de mercado que lo asumen los sufridos consumidores.

Por ello, podemos afirmar que un balón de GLP de 10 Kg. no debiera costar un precio superior a los  S/ 25 soles y las empresas estarían obteniendo ganancias razonables, con el agravante que el envasado y comercialización del GLP cuesta más que la producción del derivado. ¡Un absurdo que lo paga el consumidor!

PETROPERÚ VERSUS LA PAMPILLA

En la presente coyuntura la racionalidad técnica material recomienda la integración vertical de la petrolera estatal PetroPerú, es decir que pueda operar con lotes propios de producción para que pueda generar más ingresos y utilidades. Pese a ello reducida a las actividades de refino, distribución y comercialización mayorista de combustibles explica en promedio el 52 % del mercado y tiene un reconocido liderazgo como empresa número uno en el ranking de las empresas por su nivel de ingresos.

Sin embargo, en una comparación con la competencia Refinería La Pampilla S.A. (Relapasa) que tiene una capacidad de refino de 105 mil barriles día frente a PetroPerú que igualmente tiene presencia solamente en la actividad refinera y distribución mayorista con las unidades de Talara, Conchán, Iquitos, El Milagro (Bagua) con una capacidad de tratamiento, que no supera los 92 mil barriles diarios, siendo la refinería de Talara la más importante con 65 mil barriles diarios de capacidad por ahora, pues a partir del 2021 procesará 95 mil barriles por día.

En un ejercicio hemos sumado los ingresos, las utilidades brutas, las utilidades operativas, y las utilidades netas de PetroPerú y de La Pampilla en el período 1997 a junio del 2018 como se puede observar en el cuadro “Resumen de los Principales Resultados Financieros Comparados entre PetroPerú y Relapasa” Ello nos permite obtener algunas interesantes conclusiones.

Encontramos que los ingresos de PetroPerú, las utilidades brutas, operativas y netas son mayores a la competencia, es decir la petrolera estatal a pesar de una menor capacidad refinera es más rentable. En segundo término, si la utilidad operativa acumulada en el período de 1997 a junio 2018 ha sido de S/ 8,912 millones de soles frente a la utilidad acumulada de Relapasa que fue de S/ 3,759 millones de soles, es decir Petroperú fue históricamente 2.3 veces más rentable que la competencia, ello significa también que pagó más impuestos a la renta que Repsol- La Pampilla.

En verdad, PetroPerú sería más rentable si tuviese lotes propios en el marco de una integración vertical, con los lotes de la Cuenca de Talara cuyos contratos están próximos a su vencimiento y el riesgo de las operaciones es mínimo como se ha demostrado en la gestión privada.

La petrolera estatal con los lotes de la selva 192, 64; más los lotes del norte como el lote X más los pequeños lotes I,V, VI/VII, y el Z-2B asociada con empresas que tengan espaldas financieras en el mediano plazo, solamente como PetroPerú podría estar produciendo más de 50 mil barriles diarios, obteniendo la renta petrolera, produciendo combustibles limpios al servicio del país con una refinería modernizada.





jueves, 8 de noviembre de 2018

EL MEF Y EL PROBLEMA DE LAS REGALÍAS


PROYECTO DE LEY DE HIDROCARBUROS AL ARCHIVO

En un artículo anterior analizamos la opinión desfavorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el proyecto y dictamen correspondiente de la Nueva Ley de Hidrocarburos (NLH), donde expresamos nuestra coincidencia teórica y práctica sobre diversos aspectos, destacando el problema de las regalías y el financiamiento del canon y sobrecanon petrolero (18.75%) más los ingresos no tributarios que perciben los organismos como Perúpetro (1%) de las regalías, Osinergmin (0.75%) y el propio Ministerio de Energía y Minas (0.75%)

Sin embargo, nuestra discrepancia fundamental con el MEF está en relación al acuerdo tácito que tendría con los promotores del proyecto de ley, que tiene como objetivo central extender graciosamente por 30 años adicionales a las empresas petroleras que tienen contratos con fecha de vencimiento antes del 2026.

En esta realidad de los contratos próximos a su vencimiento debemos considerar a los lotes Z- 2B (Savia), II (Petrolera Monterrico), I y V (Graña y Montero), VI/VII (Sapet), X (CNPC), 8 (Pluspetrol), 31 C,  (Aguaytía), 31 B/D (Maple).
En verdad, desde un punto de vista fiscalista se comprende la oposición del MEF a la renegociación de las tasas de regalías a petición de parte de las empresas, entre los puntos de vista observados. Si el canon y sobrecanon petrolero se determina sobre el 18.75 % del valor de la producción de petróleo y gas asociado, una renegociación de las tasas de regalías hacia abajo, quebraría el equilibrio fiscal según el MEF.

Si a ello se agrega que el 3% de las regalías están comprometidas como ingresos no tributarios para diversos organismos del estado, el problema del financiamiento se agrava, pues el MEF tendría que recurrir a otras partidas para financiar el canon petrolero y los ingresos no tributarios para dichos organismos.

Si se entiende que las regalías son los ingresos que percibe el estado por transferir a los privados el derecho de explotación de los recursos naturales. Las regalías tienen su origen en el derecho real (regale) que tenían los reyes de la antigüedad por transferir y autorizar la explotación de los recursos por parte de los privados.

Con excepción de los contratos de explotación de los lotes Z-2B (Savia) y I más V bajo responsabilidad de Graña y Montero Petrolera S.A., que corresponden a “contratos de servicios”, donde el estado formalmente detenta la propiedad sobre los hidrocarburos y retribuye a las empresas, en especie o en dinero parte de la producción.

CONTRATO LESIVO Z-2B

Así, en el caso del contrato por el lote Z-2B que tiene una vigencia (1994-2024) de treinta años, la retribución es del 84% de la producción, y el estado se queda con una tasa equivalente al 16% que PerúPetro está obligado a vender a precios de mercado. 

En verdad, dicha participación del estado es menor al 16% y correspondería a una “tasa de regalía equivalente” que resulta realmente por debajo del 16% pues el estado tiene que pagar los derechos de importación (impuestos) por maquinaria y equipo que tenga que efectuar el Consorcio Savia, que está conformado dicho sea de paso por dos empresas estatales, Ecopetrol de Colombia y KNOC de Corea del Sur.


Se debe tener presente que Savia compró los derechos del contrato a la cuestionada empresa Petrotech Peruana en una transferencia contractual que formalmente tuvo un valor de US $ 900 millones de dólares hacia 2009, tras el escándalo de los “petroaudios” donde se acusó a la norteamericana Petrotech de haber auspiciado el espionaje industrial sobre una red de corrupción que comprometía a los más altos funcionarios del gobierno aprista.


Resulta sintomático que en el referido “faenón petrolero” el rol de Perúpetro haya sido cuestionable e impropio. Es más, si se tiene presente que las reservas de hidrocarburos “in situ” son propiedad del estado. Con el agravante que tratándose de un “contrato de servicios”, tanto el petróleo, y gas natural le corresponden en propiedad al estado.


Si a ello se agrega que las plataformas marinas más de 85, las instalaciones, tuberías, ductos submarinos, motores, embarcaciones también eran y son propiedad del estado, en concreto de PetroPerú que tuvo que asumir entre los años 1994 al 1997 el pago de una deuda equivalente de más de US $ 257 millones de dólares, como solución al problema de la estatización de la Belco-AIG (aseguradora) que se arrastraba desde 1986 con el desastre económico del primer gobierno de Alan García.


Por tal, en reconocimiento a esa propiedad que tiene PetroPerú sobre dichos activos, es que Petrotech-Savia han tenido que abonar un alquiler que resulta en un ingreso equivalente para la petrolera estatal de US $ 10 millones de dólares anuales.


Ello significa que ha vista y paciencia de Perúpetro, la petrolera Petrotech percibió más de US $ 900 millones de dólares por una transferencia contractual donde obviamente se valorizaron las reservas y las instalaciones.


Hoy, el Consorcio Savia con sus “espadachines a sueldo” con el argumento de asegurar las inversiones,  pretende obtener a través de la Nueva de Hidrocarburos (NLH) una prórroga de 30 años sin pagar absolutamente nada al estado, y lo más irritante es que gracias al lobby petrolero, el presidente actual de PerúPetro… está de acuerdo.


DISPERSIÓN EN LAS REGALÍAS 


Como bien dice el informe del MEF las tasas de regalías petroleras fluctúan entre tasas de 5% al 50% gracias a una serie de normas promocionales que se otorgaron en el pasado en especial el DS 017-2003 que permitía el establecimiento de una tasa de 5% que podía aumentar al 20% siempre y cuando la producción del lote materia del contrato alcanzase los 100 mil barriles diarios es decir…nunca.

En tal sentido, en los contratos de explotación  materia de caducidad antes del 2026 en orden de importancia el contrato del lote X operado por la estatal china CNPC con una producción superior a los 12 mil barriles diarios de crudo ligero que tiene un valor superior al marcador WTI, tiene que pagar una tasa de regalía de 30.3%


Igualmente el contrato por el lote VI/VII bajo responsabilidad de la petrolera china Sapet, filial de la CNPC, por contrato tiene que abonar una tasa de regalía de 30.1%.


Por su importancia productiva la empresa Pluspetrol Norte que opera el lote 8 desde 1996 por contrato tiene que abonar una tasa de regalía de 25.5 %.

Por último, los contratos por el lote II bajo responsabilidad de Petrolera Monterrico paga una tasa de regalía de 50.2%, en la selva central la empresa Maple pagaba una tasa de 50% hasta marzo del 2016 en los lotes 31B y 31D.


Finalmente Graña y Montero Petrolera que mantiene un contrato de servicios por los lotes I y V tiene que abonar una tasa de regalía equivalente a 18.65% y 25.06% respectivamente.


INDEBIDA PRESIÓN


Hoy estamos asumiendo las consecuencias de haber privatizado de manera fragmentada el gran lote X ubicado en la Cuenca Talara que tiene más de 100 años de explotación con más de 4,000 pozos perforados.

Tanto los lotes I, V, VI/VII, III, IV, IX, XIII, son yacimientos que han dado partida de nacimiento a pequeños lotes que se han dedicado básicamente a explotar las reservas probadas, probables y posibles que dejó PetroPerú antes de la cuestionada privatización.

Sin economías de escala, con duplicidad de gerencias y costos, las empresas que asumieron la responsabilidad de explotación de dichos lotes pactaron contractualmente tasas de regalías que hoy nos pueden parecer altas. Se pactaron dichas tasas de regalías pues en la mayoría de casos se entregaban lotes en operación con reservas probadas con un mínimo riesgo de explotación.


Hoy dichas empresas a través de sus gremios empresariales y sus “espadachines a sueldo” presionan por el establecimiento de tasas de “regalías competitivas” más una ampliación contractual de 30 años adicionales, de lo contrario argumentan la producción de crudo seguirá disminuyendo  pues en este último tramo no podrían recuperar sus inversiones.

Sin embargo, cabe recordar que dichas tasas de regalías del 30% o 50 % fueron pactadas con precios internacionales menores a los 20 dólares el barril, hoy los precios se mantienen por encima de los 70 dólares el barril, y las empresas argumentan que obtienen pérdidas.

Es más, cuando alcanzaron niveles sobre los 100 dólares el barril no invirtieron en actividades de riesgo, y hoy demandan al estado rebajas en las tasas de regalías y el MEF les dice.…”Ni de vainas. El proyecto de la Nueva Ley de Hidrocarburos no debe aprobarse.”

EPÍLOGO

En décadas pasadas con precios internacionales menores a los 40 dólares el barril de crudo, con las tasas de regalías pactadas contractualmente, las empresas petroleras obtenían importantes utilidades, y excedentes  como depreciaciones, al margen que las regalías transferidas al fisco tributariamente se deducen como gasto.


Hoy ejercen una presión mediática con los gremios empresariales que las representan, cuando lo que debiera negociarse entre Perúpetro y las empresas privadas que tienen sus contratos próximos a su vencimiento, es el adelanto del término contractual. En la presente coyuntura con precios superiores  a los 70 dólares el barril es poco creíble que las empresas estén obteniendo pérdidas económicas.


Por ello, desde un punto de vista moderno, las empresas interesadas deben pagar al estado por las reservas probadas, posibles, y probables, instalaciones, ductos, reservorios que dicho sea de paso al vencimiento del contrato pasarían a ser propiedad del estado.


Por tanto, desde el punto de vista del interés nacional, el estado debe poner en valor las reservas de hidrocarburos, negociar un adelanto del término contractual y licitar públicamente los contratos y todo lo que ello representa. Todo lo contrario significaría negociar con…. rodilleras

SE DESPLOMA LOBBY PETROLERO

MEF OPINA EN CONTRA
Después de más de tres meses de debate el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) manifiesta su opinión desfavorable al dictamen respecto a la Nueva Ley de Hidrocarburos (NLH), el mismo que fue aprobado en junio pasado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República de forma expeditiva en una sesión que llevó menos de 30 minutos, donde se votó por consigna como parte de una estrategia lobista de parte de una mayoría fujimorista, hoy en descomposición.

El dictamen del proyecto de ley  estuvo en mesa de espera en el Pleno del desprestigiado Congreso de la República, hasta que en razón a las últimas observaciones del MEF, ministerio de Ambiente, ONGs ambientalistas, Sindicatos, Municipalidad de Talara, más las inconsistencias publicadas en el Diario UNO como en otros medios, el proyecto ha tenido que regresar a comisiones.

Son tantas las observaciones al Proyecto de Ley aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, sobre la Nueva Ley de Hidrocarburos que justificaría la publicación de un libro de más de 200 páginas, pues éstas serían  largas de enumerar, pues entre otros puntos se afectarían los ingresos fiscales, en razón de las menores regalías que se estarían pactando a pedido de las empresas petroleras privadas.

Por ello el propio estado a través del MEF afirma que toda renegociación de las tasas de regalías hacia abajo, con tasas de 10% o 5 % como se pretende en el fondo afectaría el equilibrio fiscal. Así, se afirma que:


“la renegociación de las regalías, en cualquier caso, debe ser en beneficio del Estado, y no al revés. Con la aprobación esta propuesta se pone en riesgo los intereses del Estado en beneficio de las empresas contratistas. Consideramos que este artículo debe ser eliminado, o en su caso tener mayor discusión y justificación sobre los riesgos y beneficios que implicará para el Estado Peruano.


Por las consideraciones expuestas, se concluye que el Dictamen en los Proyectos de Ley 98/2016-CR, 1525/2016-CR, y 2145-2017-PE, Ley que modifica la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos en el territorio nacional, para promover la industria de hidrocarburos, no debe aprobarse.” (2018, MEF, Opinión del Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 98/2016-CR, 1525/2016-CR, y 2145-2017-P, pág. 14).

CANON Y SOBRECANON PETROLERO EN RIESGO

Igualmente en razón de las menores tasas de regalías que se estarían promoviendo con el cuento de fomentar las inversiones en el sector, se afectarían los ingresos del canon y sobrecanon petrolero que se determinan por el 18.75% del valor de la producción de petróleo (ad valorem), más el 3% de las regalías que constituyen ingresos no tributarios para el Minem (0,75%), Osinergmin (0,75%) y Perúpetro (1%)

Igualmente en el oficio Nº 1359-2018-EF/10.01 con fecha del 3/octubre/18 de Carlos Oliva actual ministro de economía y finanzas dirigido al congresista Miguel Roman Valdivia, presidente de la Comisión de Energía y Minas, se contemplan una serie de observaciones adicionales como que la disminución de regalías afectarían el equilibrio fiscal, igualmente expresan su desacuerdo y rechazo a la autonomía de Perúpetro del FONAFE, el holding empresarial del estado.

Es más, también cuestionan y observan que sea el MEF el organismo público que a partir de la aprobación de la Nueva Ley de Hidrocarburos, sea el responsable del abono del canon y sobrecanon petrolero a los gobiernos regionales, locales y universidades públicas.

Así, textualmente señala el MEF “Actualmente, las regalías establecidas en cada contrato son variables y oscilan entre 5 % a 50%, dependen de los precios y son determinadas a partir del valor de la producción. Para cumplir con el pago del canon y sobrecanon (18.75%) PERUPETRO S.A. determina el monto y efectúa el ajuste entre los lotes que pagan regalías por encima del porcentaje del canon y sobrecanon para cubrir el déficit de las que pagan menos porcentajes de regalías.

Con la renegociación de las regalías propuesta en la Tercera Disposición Complementaria Final del Dictamen, el déficit antes señalado podría ser mayor, y tendría que ser cubierto por los Recursos del Tesoro Público” página 19.

OTRAS PERLAS

Si a ello se suma que varios artículos resultarían violatorios de los llamados contratos de estabilidad jurídica y tributaria pues en caso de emergencia nacional los precios por pagar por los hidrocarburos serán determinados por su valor internacional.

De ser así, argumenta el MEF que se afectarían sobre todo a las empresas responsables de la distribución de gas natural por ductos, en el centro, sur y norte del país, con las posibilidades de incrementar los precios finales del gas, que en última instancia se cargarían contra los bolsillos de los sufridos usuarios.


También manifiestan su desacuerdo a la ampliación del período del tratamiento a la importación de maquinaria y equipo, en la etapa exploratoria que bajo el régimen de admisión temporal pasarían a tener el trato prácticamente de un régimen definitivo, pues lo temporal duraría siete años, y la maquinaria estaría casi depreciada, con lo cual se afectarían los intereses de los productores locales que tienen que asumir el pago del IGV, y los aranceles correspondientes.

SALUDABLE A PESAR DE TODO

Si bien la opinión del MEF resulta saludable pues coloca en cuestión los alcances de la Nueva Ley de Hidrocarburos en la afectación de los ingresos fiscales, problema que hemos venido advirtiendo desde tiempo de atrás, en especial lo referido al financiamiento  del Canon y Sobrecanon Petrolero.

Sin embargo, el Informe remitido por el ministro del MEF al Congreso resulta unilateral e incompleto y no refleja la gravedad de los asuntos de fondo  que siguen sin resolver en un sector estratégico, como es la dotación de la energía para la economía peruana. ¿De qué se trata?


En verdad, más que promocionar leyes de hidrocarburos que como ha señalado un ex-ministro del sector  “Siempre han favorecido a los privados en detrimento del estado”, se trata de aprobar un Planeamiento Estratégico de largo plazo en materia de energía, donde la intervención del Estado tenga un protagonismo central frente al evidente fracaso de la política hidrocarburífera aplicada en el país desde 1993 a la fecha, pues la dotación de energía no lo resuelve el libre mercado.

Ello supone “grandes remedios ante grandes males”. A un enfermo con cáncer no se le puede tratar con aspirinas. No somos un gran país petrolero pero tenemos suficiente gas natural, por lo menos más que Colombia pero menos que Bolivia. Sin embargo estamos en la cola en relación a la masificación del gas a nivel de familias, empresas y estado.

En una economía moderna con un Estado soberano sería inaceptable que importantes transnacionales como Repsol, Hunt Oil, Pluspetrol, CNPC entre otras empresas impongan sus legítimos intereses privados sobre el interés público. ¡Gobernar con sabiduría exige y supone el equilibrio entre lo “público y privado”!

Prueba de ello es que exportamos como país gas natural del lote 56 (Hunt Oil, SK, Repsol, Shell, Marubeni) a precios de remate, con regalías franciscanas, y tengamos que importar energía cara y contaminante como el petróleo y el diesel 2 para abastecer el mercado interno ¿Dónde está el estado?

En una economía moderna con empresarios del siglo xxi sería inconcebible que siendo más o menos autosuficientes en la producción de GLP a partir del fraccionamiento de los líquidos de gas natural de Camisea, lote 88, 56 y 57 y en menor medida del lote Z-2B y lote I, ubicados en Piura, el balón de GLP de 10 kilos tenga un precio superior a los S/36 soles, y en regiones productoras como el Cuzco más de S/ 50 ¡ De Ripley aunque Ud. no lo crea!.

En el mismo sentido la masificación del gas natural sobre todo para las familias del norte del país (Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Lambayeque, Cajamarca) y en el Sur (Arequipa, Tacna y Moquegua) avance a paso de tortuga, con una débil penetración en la economía doméstica que constituye apenas el 1% de la demanda; de allí el desinterés de las empresas pues el negocio gordo es abastecer a las empresas en especial a las grandes empresas consumidoras.

Igualmente resulta una cachetada a la pobreza que las familias  de Piura, el único productor de gas natural en el norte del país, tengan que pagar más de S/ 38 hasta S/40 soles por un balón de GLP, cuando pudieran abonar no más de 17 soles mensuales  por su equivalente en gas natural domiciliario.

EPÍLOGO

En verdad, no estamos plenamente de acuerdo con la opinión desfavorable del MEF pues no apunta al aspecto central referido a la ampliación interesada por 30 años adicionales a los contratos próximos a su vencimiento, como es el caso de los contratos por los lotes Z- 2B (Savia), II (Petrolera Monterrico), I y V (Graña y Montero), VI/VII (Sapet), X (CNPC), 8 (Pluspetrol), 31 C,  (Aguaytía), 31 B/D ( Maple).

Un análisis técnico podrá demostrar que la mayoría de las empresas involucradas en este escandaloso lobby administrado por los gremios empresariales que las representan, no han realizado las inversiones de riesgo que demanda el país, y se han dedicado a drenar y explotar las reservas probadas, posibles y probables que dejó PetroPerú antes de su desgraciada privatización, llevada a cabo por un régimen genéticamente corrupto como el fujimorismo lo que se está demostrando en el presente.

De allí la necesidad de apostar por la integración vertical de PetroPerú, y su asociación con privados allí donde sea posible y deseable con el sector privado. Pero para que ello sea una verdad categórica se requiere que el Estado a nombre de Nación recupere la Soberanía sobre los recursos hidrocarburíferos, es decir la propiedad plena sobre el petróleo, gas y líquidos. ¡De lo contario todo sería un cuento chino!