lunes, 26 de julio de 2010

CAMISEA: LA MALDICIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

EXPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS

Las exportaciones de hidrocarburos de las empresas domiciliadas en nuestro país están constituidas por petróleo crudo pesado, petróleos industriales conocidos como residuales, y con la entrada en operaciones de Camisea en el lote 88 y desde setiembre del 2008 con el lote 56, se exportan derivados de los líquidos de gas natural (LGN), como la nafta virgen, hidrocarburos como el propano, butano más gas licuado de petróleo hacia China Popular, Canadá, Japón, Estados Unidos de Norteamérica y Ecuador especialmente.

Si se tiene presente que los líquidos se extraen conjuntamente con el gas natural que se reinyecta, también deberían cuestionar las exportaciones de los líquidos, que constituyen la parte más valiosa de Camisea por los precios pagados que se valorizan tanto como el petróleo. Es decir, los opositores a la exportación del gas natural licuefactado destinado hacia Norteamérica deberían también criticar la exportación de la nafta, propano y butano y las exportaciones de hidrocarburos hacia Chile.

Es decir, las exportaciones de hidrocarburos desde nuestro país al resto del mundo están constituidas por el petróleo crudo y derivados, por los derivados de líquidos de gas natural y desde junio del presente año, por crecientes volúmenes de gas natural licuefactado, es decir, gas natural convertido en líquido para que pueda ser transportado en buques metaneros hacia Norteamérica, Canadá y Estados Unidos.

Con el cuadro en referencia “Pluspetrol (Norte + Camisea): Exportaciones”, resulta evidente las exportaciones realizadas estimadas en barriles por días calendarios (B/DC) pues en la realidad se realizan por embarques. Es la empresa Pluspetrol Norte que opera en la selva nororiental los lotes 8 y 1-AB con una producción decreciente que de manera conjunta no superan los 40 mil barriles diarios de un crudo pesado la que exporta; así de manera significativa se exportaron volúmenes en el 2006 equivalentes a 23,832 barriles diarios y en el 2009 disminuyó para sumar los 19,133 barriles diarios.

Debiera ser interesante interrogarse hacia dónde se destina la exportación proveniente de Pluspetrol Norte considerando como ejemplo el año 2009. Así, de los 19,133 barriles diarios exportados de crudo pesado, unos 15,030 barriles diarios se destinan a los Estados Unidos de Norteamérica y 4,104 barriles diarios se dirigen hacia Chile, y nadie cuestiona dicha venta en un mundo globalizado. Estos barriles de crudo pesado son tratados en las refinerías de esos países para obtener diesel y gasolinas, pues la refinería de Talara-PetroPerú no puede procesar crudos pesados.

Continuando con el análisis de las exportaciones, la empresa Pluspetrol Perú Corporation operadora de los campos de Camisea en los lotes 88 y 56, está produciendo en el 2009 más de 36 mil barriles diarios de líquidos de natural en el lote 88 y más de 34 mil barriles diarios de líquidos en el lote 56, ello es posible con la extracción de más de mil millones de pies cúbicos diarios de los cuales aproximadamente 280 millones de pies cúbicos diarios se venden en el mercado interno y más de 700 millones de pies cúbicos diarios se reinyectan.

Por tanto, la producción conjunta de los líquidos de gas natural (LGN) más de 70 mil barriles diarios se separan en el Campo de Malvinas en Camisea, que trasladados por ducto hacia la costa se fraccionan con altas temperaturas en la Planta de Pisco, donde se obtienen los derivados como la nafta virgen es decir una especie de gasolina cruda (40%), diesel 2 limpio sin azufre (10%) que lo compra PetroPerú, y el resto se transforma en los hidrocarburos como propano y butano (50%) que combinados en una proporción de 55%-45% respectivamente conforman el gas licuado de petróleo (GLP) más conocido como gas doméstico que se vende en balones.

Como resulta evidente de los 70 mil barriles diarios de líquidos de gas natural provenientes de los campos de Camisea, transformados en propano, butano, diesel y nafta donde la mayor parte se consumen en el mercado interno en volúmenes superiores a los 43 mil barriles diarios, y un promedio de 22,510 barriles diarios de nafta virgen se exportan principalmente a China Popular en un promedio de 6,389 barriles diarios, al Canadá 6,901 barriles diarios, a los Estados Unidos se exportan 2,501 barriles diarios y al Japón 2,550 barriles diarios. Me pregunto ¿por qué no se cuestionan estas exportaciones?

En el mismo sentido, se exportan 5,090 barriles diarios de propano y 2,853 barriles diarios de butano, de los cuales principalmente se dirigen al Ecuador con 2,940 barriles diarios de propano y 1,282 barriles en promedio de butano. Dicho sea de paso la lógica de los acuerdos negociados entre el Estado peruano y el Consorcio Camisea arribados en el 2005, era que en ningún caso los precios de exportación del propano y butano serían inferiores a los vigentes en el mercado interno. Velar por su cumplimiento ello era y es una responsabilidad del organismo regulador Osinergmin, y no de las empresas que tienen como objetivo maximizar sus utilidades. Por ello cabe interrogarse si esta institución ¿está cumpliendo su rol fiscalizador?




En verdad, las exportaciones de los derivados provenientes de los líquidos de gas natural (LGN) de los campos de Camisea bajo responsabilidad de Pluspetrol Perú Corporation, sean por la nafta, propano, butano, gas licuado más solventes tienen valores crecientes, así en el 2007 estas exportaciones fueron equivalentes a más de 531 millones de dólares, en el 2008 fueron del orden de los 520 millones de dólares para aumentar a los 683 millones en el 2009, todo ello según el Boletín Mensual de Aduanas.

EXPORTACIONES EN CUESTIÓN

En razón de las prácticas comerciales y la naturaleza de los contratos de licencia donde una vez firmados los contratos y abonadas las regalías a PerúPetro, las empresas pueden hacer el uso más conveniente a sus intereses. Ello explica por ejemplo las exportaciones de crudo pesado que realiza Pluspetrol Norte hacia Chile por volúmenes que fluctúan entre los 5,203 barriles diarios en el 2008 a 4,104 barriles en el 2009. En el mismo sentido, la transnacional española Repsol/YPF embarca hacia dicho país residuales industriales 6 producidos en la refinería La Pampilla, por 4,614 barriles diarios en el 2008 y por 1,065 barriles en el 2009. Ver cuadro “Exportaciones de Hidrocarburos hacia Chile”.


Si bien se reconoce que Chile está pagando por el gas natural casi 10 dólares por millón de BTU, es decir, casi el doble del precio del Henry Hub y dispone de dos plantas de regasificación ubicadas en Mejillones norte de Chile y en Quinteros en la región central necesarias para convertir el gas natural líquido en estado gaseoso con conexión con sus redes. De esta forma dicho país ha resuelto la dependencia de las importaciones de gas natural proveniente de la Argentina.

Sin embargo, en respeto al interés nacional, el Perú no puede aceptar la exportación del gas licuefactado hacia Chile por más rentable que fuere el negocio para las empresas privadas, mientras no se resuelva la delimitación marítima que cercena las 200 millas a los departamentos del sur de nuestro país. No entender esto sería una claudicación histórica frente a nuestros agresivos vecinos.

Este análisis de las exportaciones de los derivados de los líquidos de gas natural demuestra que las exportaciones de hidrocarburos sea de petróleo, derivados de los líquidos o gas natural licuefactado a partir de junio pasado, constituyen prácticas usuales en un mundo globalizado, y lo que debiera cuestionarse son las condiciones económicas y jurídicas de la exportación.

Por ello, sostenemos que no resulta razonable cuestionar la exportación de gas natural licuefactado bajo responsabilidad del Consorcio Perú LNG en un contrato privado con la transnacional Repsol/YPF a partir de las reservas del lote 56, sino las condiciones económicas y jurídicas de la exportación, es decir, la determinación de los precios de exportación y la fijación de las regalías que percibiría el fisco, pues no resulta equitativo que las regalías por el gas exportado resulten una fracción de las regalías obtenidas en el mercado interno.

Así, también para asegurar la autonomía energética de nuestro país se deben “desacoplar” las reservas de gas natural del lote 88 del proyecto de exportación del Consorcio Perú LNG que debe “caminar con sus reservas propias” previa renegociación de las regalías por pagar al fisco. Desde el punto de vista capitalista el riesgo debe ser asumido por las empresas, y para hacer ello posible deben efectuar inversiones exploratorias para descubrir más reservas en los lotes 56, 57, 58 y otros.

De allí, la necesaria renegociación entre el Estado y el Consorcio Camisea para revisar directamente las regalías de exportación e indirectamente los precios de exportación, como lo dispone el DS Nº 039-2010-EM, en un proceso que no debiera durar más de tres meses para evitar el uso político demagógico sobre la exportación del gas natural en un contexto electoral que ponga en riesgo la gobernabilidad del país.

sábado, 24 de julio de 2010

Perú Exporta GLP a Bolivia

Introducción

Esta noticia no ha tenido mucha repercusión en los medios a pesar de ser un indicador de los problemas que tiene nuestro vecino altiplánico, Bolivia, que tiene las segundas reservas de gas natural más importantes después de Venezuela; reservas que yacen en el subsuelo de los campos de Tarija y Santa Cruz. Al margen de los volúmenes importados de gas licuado de petróleo (GLP) para abastecer el mercado interno boliviano, debieran ser evidentes los “cuellos de botella” de la economía energética de dicho país, en relación a los niveles de las inversiones exploratorias, los problemas referidos a la saturación de la capacidad de transporte de los ductos, y en los límites de la producción refinera para abastecer el mercado interno con políticas de subsidio que tienen un alto costo fiscal.

A la caída de la inversión exploratoria estimada por el número de pozos exploratorios perforados, se suma la rigidez en las reservas probadas declaradas por la estatal YPFB que siguen siendo las reservas del 2004, con un total de reservas probadas y probables de 48 TCF, donde las reservas probadas no superan los 25 TCF con tendencia a su disminución. Con exportaciones de gas natural por más de 44 millones de metros cúbicos diarios de gas (aproximadamente 1,540 millones de pies cúbicos diarios) hacia Argentina y Brasil, no deja de ser curioso que dicho país tenga que importar GLP proveniente de Venezuela, Perú y Argentina, que se vende a menos de la mitad del precio vigente en el Perú, gracias a las políticas de subsidios que nosotros conocimos en el primer gobierno del doctor Alan García Pérez.

El modelo estatista de Evo Morales con la llamada nacionalización de los hidrocarburos, ha tenido resultados positivos en cuanto a una mayor participación del Estado en la renta petrolera en el corto plazo, con una agresiva capitalización fiscal a través de una mayor captación de regalías provenientes de la explotación del gas natural, que financian a los más pobres de Bolivia. Sin embargo, dicho éxito se relativiza con los pobres niveles de inversión en la exploración, explotación y refinación y los altos costos fiscales que representan las políticas de subsidios.

Nuestro país ya experimentó en el pasado las absurdas políticas de subsidios, donde un litro de Coca Cola tenía un precio más alto que un litro de gasolina. Si bien cada país es soberano en sus decisiones de política económica, los costos fiscales de las políticas de subsidio en materia de energía tienen que pagarse. En nuestro caso ello se puso en evidencia en las políticas de descapitalización de las empresas estatales en el período 1986-1990 que justificaron posteriormente la privatización de PetroPerú y filiales.

En tal sentido, creemos pertinente publicar el artículo del Ing. Gustavo Flores Flores ex congresista de la República por el departamento de Puno en el período 1995-2000 en representación del fujimorismo, y que en algún momento fue presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.

Kuraka Consulting

Perú exporta Gas Licuado de Petróleo (GLP) a Bolivia

Escribe: Gustavo Flores Flores

Es muy curioso, que Bolivia haya firmado un contrato con las refinerías peruanas para adquirir GLP, cuando las garrafas retornan diariamente vía Desaguadero y Tilali, al Perú. Una devolución a menor precio. Datos extraoficiales dicen que serían 1000 balones al mes. Las informaciones oficiales dicen, que la empresa petrolera estatal de Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) comprará gas licuado de petróleo (GLP) a Perú para atender la creciente demanda que hay en ese país. El ministro de Hidrocarburos boliviano, Fernando Vincenti, precisó que el YPFB firmó contratos con refinerías de Perú y Argentina para la compra de GLP con destino al mercado interno. Explicó que se tomó esta determinación debido al significativo crecimiento en la demanda de GLP y a la caída en la producción del energético.

El Gobierno de Evo Morales importará 40 toneladas de gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico para garantizar el abastecimiento interno del combustible “En las últimas semanas se han registrado problemas en el abastecimiento de gas licuado en La Paz, situación que ya ha sido superada” dijo el ministro, “Por este motivo estamos trayendo un stock de 40 toneladas de GLP desde Perú, con algunos problemas administrativos, porque es la primera vez que se importa de aquel país y tanto la Aduana boliviana como la del vecino país tuvieron algunas dificultades de coordinación que ya están siendo superadas", señaló Vincenti.

Bolivia, compra el combustible a Venezuela para cubrir alrededor del 50 por ciento de la demanda interna, a pesar de ser el segundo país latinoamericano en reservas de gas natural y condensados, en su sus campos de Margarita y Tarija.

¿Por qué Bolivia, que tiene un mar de hidrocarburos, importa estos carburantes? ¿Por qué el GLP boliviano tiene menos precio que en el Perú? Estas son las preguntas que todos, nos hacemos.

Bolivia importa gas y gasolinas porque sencillamente no hay inversión que avale su exploración y explotación de hidrocarburos. Las nacionalizaciones han “espantado” a las grandes compañías que arriesgan capitales con la finalidad de, en el futuro, obtener ganancias. Bolivia es el último país en Latinoamérica con el menor stock de inversiones extranjeras. El acuerdo que, hace poco, ha firmado con Argentina es para exportar más gas natural sin que haya contraprestación. Sin nuevas refinerías para su propia producción. Por eso un país tan rico en gas natural debe importar GLP de Perú y Argentina.

El GLP, cuesta más barato, solamente por el subsidio populista que el gobierno boliviano otorga a este hidrocarburo. Es una medida populista, acorde con la política de Venezuela y Cuba. Así el Movimiento al Socialismo MAS, mantiene sus preferencias y apoyo popular. Así, también, estará más tiempo en el poder. Una típica medida chavista o castrista. Mientras tanto, el GLP, boliviano seguirá alimentando las cocinas peruanas, porque el precio de sus garrafas son subsidiadas. Ese contrabando no lo para nadie, como en cualquier frontera del mundo donde haya políticas diferentes. En nuestro país, pasaba lo mismo con la gasolina sin impuestos en la selva. Era un contrabando interno. Quienes ganan son los comerciantes y especuladores en desmedro de la captación de impuestos para ejecutar obras de desarrollo. Eso pasa en Bolivia, los miles de pesos que subsidian, podrían atender investigación y educación. Pero eso, es menos populista. El Estado es ahora quien dice que agrandará el aparato productivo, así se desarrollaran empresas estatales, que darán trabajo a los militantes del MAS. Burocracia parasitaria. Jaquisincama.

Fuente: Los Andes - Opinión
Fecha: 15 abr 2010

lunes, 19 de julio de 2010

CANON MINERO 2010: UN GOLPE BAJO A LAS REGIONES

Más utilidades pero menos canon

Lamentablemente teníamos razón respecto al canon minero por distribuir en función al impuesto a la renta abonado por las empresas mineras por el ejercicio fiscal del 2009; el canon minero que corresponde a todos los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas de las regiones mineras suma los 3,087 millones de nuevos soles, lo que representa casi 500 millones de nuevos soles menos en relación al canon del 2009 que significó 3,584 millones y que se determina a partir del impuesto a la renta del ejercicio del 2008. Al mismo tiempo significan menos de 1,420 millones de nuevos soles en relación al canon minero distribuido en el período junio 2008-junio 2009 que alcanzó el monto de 4,507 millones de nuevos soles en razón del impuesto a la renta pagado en el 2007, como se puede observar en el cuadro respectivo “Perú: Distribución del Canon Minero”

Esta desigualdad en la distribución de la renta minera hace más urgente el cobro integral de las regalías mineras en especial a las empresas transnacionales como Mra. Yanacocha, Mra. Antamina, Mra. Tintaya y la Mra. Cerro Verde que no están abonando las llamadas regalías mineras desde el 2004, y la vigencia de un impuesto extraordinario a las sobre utilidades que están obteniendo sobre todo las productoras de oro y plata, al margen del Aporte Voluntario.

En verdad, estos menores montos por concepto de canon minero distribuidos a las regiones mineras exponen con crudeza las asimetrías en la distribución de la riqueza minera con un modelo de crecimiento primario exportador empobrecedor a pesar de las elevadas tasas de rentabilidad de las empresas mineras sobre todo auríferas, cupríferas y argentíferas. Hemos demostrado en artículos anteriores en el llamado “boom minero” 2004-2009, los límites de este modelo donde de cada 100 dólares de ingresos de exportación, el fisco no capta ni 12 dólares sea por el impuesto a la renta, regalías, aporte voluntario y derechos de vigencia.

De allí la necesidad de fomentar la inversión privada con responsabilidad ambiental, responsabilidad social y tributaria. Elevar los ingresos fiscales vía el abono de regalías sin excepción alguna significaría más de 600 millones de nuevos soles adicionales a los 400 millones que se perciben como promedio. En el mismo sentido con precios del oro por encima de los 1,000 dólares la onza y de la plata por encima de 12 dólares, el Estado debe participar de estas ganancias extraordinarias que no se explican por mejoras tecnológicas ni incrementos de la productividad. No hacerlo será suicida para la estabilidad y gobernabilidad del país en los próximos años.

El canon minero distribuido a los gobiernos locales y regionales de 3,086 millones de nuevos soles debió distribuirse en el mes junio del 2010 y supuestamente tendría una vigencia hasta el mes de junio del 2011; es más, el evidente retardo en la transferencia pues recién el viernes 16 de julio del presente se ha publicado en el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los montos correspondientes al canon minero que como es de conocimiento público se determina por el 50% del impuesto a la renta pagado por las empresas mineras en el 2009. Esta demora en la distribución está afectando el desenvolvimiento de una serie de proyectos de desarrollo en las regiones, y debemos entender que representan montos provisionales en razón que resulta inexplicable que con mayores utilidades mineras en el 2009 en relación al 2008 el canon sea menor.

En especial las empresas productoras de oro y plata en el ejercicio del 2009 experimentaron mayores ingresos y utilidades respecto a los años anteriores y en menor medida las productoras de cobre, a tal punto que instituciones como Grupo Propuesta Ciudadana, entidad que agrupa a una serie de organismos no gubernamentales (ONGs), estimaron que el canon minero aumentaría en un 18%, así sostenían que “Conforme a ley, el 50% del impuesto a la renta es transferido a los departamentos como canon minero, el cual estimamos que en el 2010 bordearía los S/. 4,000 millones de nuevos soles, es decir, aproximadamente 18% mas que lo transferido en el 2008 (que alcanzo los S/. 3,434 millones)”

En verdad, al margen de las explicaciones que tendría que brindar el llamado Grupo Propuesta Ciudadana por el exceso de optimismo sobre la regularización del impuesto a la renta, y los efectos de los beneficios tributarios en la recaudación fiscal. Se debe justificar por sus gruesas estimaciones ante las regiones mineras en razón a las expectativas generadas. Al margen de ello, debería llamar la atención la falta de transparencia en la autoridad fiscal sobre los valores del impuesto a la renta efectivamente pagado diferenciado del impuesto a la renta declarado por las empresas mineras en sus estados financieros, y publicados por la CONASEV en relación a las empresas que cotizan en la bolsa.

Con la información disponible por la CONASEV la utilidad neta de las empresas mineras que cotizan en la bolsa en el 2009 fue de 4,051 millones de nuevos soles superior a los 3,796 millones de obtenidas en el 2008, destacando las utilidades de Mra. Yanacocha con operaciones en Cajamarca, de la Mra. Cerro Verde en Arequipa, de la Compañía Mra. Barrick Misquichilca con actividades en Ancash (Pierina) y La Libertad (Lagunas Norte) y de la Mra. Buenaventura. De allí la necesidad de superar las trabas de la reserva tributaria en un mundo globalizado, pues en razón de la transparencia debiera ser un derecho ciudadano el libre acceso a la información sobre los verdaderos montos de impuesto a la renta que percibe el fisco.

LOS MÁS AFECTADOS

En función al cuadro mencionado los departamentos que perciben los menores ingresos por canon en el 2010 en relación al canon minero del 2009, serían Ancash con 147 millones de nuevos soles menos, sigue Arequipa con montos menores del orden de 186 millones, Moquegua con 155 millones menos y Tacna con un menor canon del orden de los 143 millones de nuevos soles.

En el caso de Ancash el canon minero disminuye de 929 millones de nuevos soles a 782 millones básicamente por los menores precios del cobre y por la vigencia del cuestionado beneficio de reinversión reconocido a la empresa minera Antamina en razón de los contratos de estabilidad jurídica y tributaria. Si se tiene presente que esta minera no abona las regalías mineras, y su rentabilidad estaba asegurada en el largo plazo con precios reales del cobre de un dólar la libra de cobre, resulta desigual y carente de equidad que el Estado no tenga una mayor participación de la renta minera.

Al departamento de Arequipa se le distribuye por canon minero 348 millones de nuevos soles que resultan menores a los montos percibidos en el 2009 que arribaron a los 534 millones. Siendo la principal empresa minera que opera en la región la Mra. Cerro Verde la cual obtuvo en el 2009 utilidades netas de 708 millones de dólares casi equivalentes a las obtenidas en el 2008 que sumaron los 718 millones de dólares resulta inexplicable la fuerte reducción del canon minero.

Es más, si se tiene presente que en dicho departamento operan unidades mineras de oro y plata como las mineras Arcata, Cailloma, Caravelí y otras del grupo Buenaventura debiera extrañar la fuerte disminución del canon minero. Se debe tener presente que la minera Cerro Verde tampoco abona regalías mineras de allí la necesidad de una mayor participación del Estado en la riqueza minera.

Fuertemente afectados en la disminución del canon minero resultan los departamentos de Tacna y Moquegua donde desenvuelve sus actividades la transnacional Southern Perú Copper Corporation (SPCC). En el caso de Moquegua el canon minero disminuye de 400 millones de nuevos soles en el 2009 para pasar a los 245 millones en una disminución del 39%; para el departamento de Tacna la disminución es más traumática pues el canon pasa de los 342 millones de nuevos soles a los 199 millones de nuevos soles, en una variación de menos 42%.

¿DÓNDE AUMENTA EL CANON?

De manera significativa el canon minero se incrementa en el departamento de Cajamarca donde pasa de los 232 millones de nuevos soles en el 2009 a los 412 millones de nuevos soles en el 2010, es decir aumenta en 180 millones de nuevos soles lo cual representa una variación del 77%. Este comportamiento se explica por los altos precios del oro y la plata, que determinaron que la utilidad neta de la Mra. Yanacocha transite de los 464 millones de dólares en el 2008 a más de 713 millones de dólares en el 2009, y por las operaciones de la minera Gold Fields La Cima en el 2009 que tuvo una utilidad neta de 97 millones de dólares.

Si se tiene presente que Mra. Yanacocha no abona regalías mineras, y los precios del oro se mantienen por encima de los 1,000 dólares la onza bordeando los 1,250 en algunos meses, que sumados a los bajos costos de producción, se puede afirmar que las utilidades extraordinarias que está obteniendo esta empresa no están siendo compartidas con el Estado, de allí la necesidad de imponer un impuesto extraordinario como una manera efectiva de incrementar los ingresos fiscales.

El departamento de La Libertad también experimenta un crecimiento importante del canon minero al pasar este de los 376 millones de nuevos soles en el 2009 a 422 millones de nuevos soles en el 2010, con un incremento del 12%, gracias a las operaciones de empresas auríferas como la Mra. Barrick Misquichilca (Lagunas Norte), Mra. Poderosa, Retama, Santa Rosa, San Simón etc.

EPÍLOGO

El cuadro resumen ilustra la tendencia decreciente del canon minero dependiente del impuesto pagado por los titulares mineros. En un contexto electoral estos menores ingresos por concepto de canon minero afectará o postergará una serie de inversiones regionales y de los gobiernos locales inicialmente comprometidas provocando un lógico malestar que será aprovechado por los grupos críticos y radicales a la actividad minera, que tienen un razonamiento dualista y ambiguo frente a la actividad minera. Por un lado, se exige un mayor canon, de otro lado se limita la exploración y explotación minera, por la preocupación ambiental que la misma actividad genera.

De allí, la necesidad de replantear el modelo de desarrollo minero con un mayor valor de retorno, lo cual significa elevar la contribución fiscal por medio del abono general de las regalías, con la vigencia del impuesto extraordinario a las ganancias extraordinarias pues el impuesto a la renta declarado por las empresas en sus estados financieros está sujeto a una serie de deducciones producto de los beneficios tributarios que afectan al final de cuentas los niveles del impuesto.

La minería debe convertirse en la locomotora de la economía para ello se hace necesario una mayor integración con la industria local para incrementar los eslabonamientos materiales, es decir, las compras y ventas a la industria por un lado, y de otro la industrialización de los productos mineros, pues está demostrado hasta la saciedad que ninguna sociedad alcanza el desarrollo económico con la producción de materias primas.

Una minería responsable en términos ambientales, sociales y tributarios es posible de ser alcanzada con una mayor participación del Estado en la renta minera, y con una eficiente fiscalización de parte del Osinergmin y del Ministerio de Medio Ambiente para que no sucedan los hechos trágicos provocados por la Mra. Caudalosa en Huancavelica.



Para visualizar el cuadro: “Perú: Distribución del Canon Minero” ingrese al siguiente enlace:
http://www.mancozaconetti.com/index.php?option=com_content&view=article&id=214:canon-minero-2010-un-golpe-bajo-a-las regiones&catid=1:catmineria&Itemid=7

miércoles, 14 de julio de 2010

CAMISEA: MÁS REGALÍAS PARA EL FISCO

UNA SALUDABLE RECTIFICACIÓN

El contrato de Camisea ha sido renegociado varias veces desde el 2001 a la fecha, por tanto no habría que satanizar ni descalificar toda renegociación como hace la oposición nacionalista y los termocéfalos de siempre. Con ánimo de contribuir al debate recuerdo dos negociaciones entre el Estado y el consorcio Camisea como respuesta a los nuevos retos que impone la realidad. La primera data del 2005 y fue procesada en el Congreso de la República durante el gobierno de la chakana por la comisión de pro inversión.

Así, ante un evidente abuso de mercado respecto a las exportaciones de gas licuado (GLP) en forma de propano y butano que realizaba el consorcio Camisea se tuvo que conversar. Al respecto se hizo ley el acuerdo que por ningún motivo el precio de exportación del gas licuado puede ser menor al precio vigente en el mercado interno. Ergo, el organismo responsable para que ello se cumpla es el Osinergmin, que “camina como el cangrejo”, como lo demostró en la última crisis en el abastecimiento de GLP.

La segunda renegociación estuvo en relación a la determinación del precio del gas natural proveniente de Camisea del lote 88 en agosto del 2006, que tuvo como negociador al ex ministro Juan Valdivia y al consorcio Camisea. Al respecto se modificó la fórmula original de ajuste del precio del gas natural. En el contrato firmado en el 2001, tanto el precio del gas para la generación eléctrica como para el uso industrial era dependiente de una canasta de petróleos residuales.

Así, cuando se firmó el contrato los petróleos residuales tenían un precio de veinte dólares el barril, mientras que en el 2006 con la tendencia alcista de los hidrocarburos, el precio de los residuales se elevó por encima de los sesenta dólares el barril. Por tanto, en el 2006 se tenía que hacer un reajuste en el precio del gas natural pues el respeto de la fórmula original hubiese determinado un incremento del precio del gas por encima de 3.85 dólares el millón de BTU (MMBTU). Por ello, el sentido común y la realidad obligó a buscar una fórmula de reajuste del precio del gas más predecible y menos volátil que el precio de los derivados del petróleo, adoptando el índice de precios de la maquinaria y equipo de energía en los Estados Unidos de Norteamérica (USA), con un límite en su incremento de hasta 5%.

Estas renegociaciones fueron satisfactorias para las partes, es decir el Estado y a las empresas conformantes del consorcio Camisea. El precio regulado del gas natural con la fórmula renegociada ha significado un aumento de la demanda vertiginoso de este energético, tan es así, que lo que se proyectaba consumir en el año 2015 se alcanzó en el 2008, de allí los problemas de la saturación en el gaseoducto de gas y la ampliación del campo de Malvinas para elevar la capacidad de procesamiento.

Por tanto, no habría que satanizar las renegociaciones para obtener réditos políticos de corto plazo y se debe mirar el largo plazo asegurando la autonomía energética del país. Con todos sus errores el proyecto Camisea ha cumplido 10 años con efectos positivos en la economía del país que permiten afirmar en la historia del Perú, un antes y un después de Camisea. Un 30% de la generación eléctrica producida depende del gas natural, más del 50% de las regalías de hidrocarburos se explican por la explotación del gas y líquidos de gas natural provenientes de los lotes 88 y 56.

Más de 220 mil unidades del parque automotor se han convertido al gas vehicular (GNV) y gas licuado (GLP) con ahorros sustantivos en los precios de los combustibles. Estimándose desde el 2004 a la fecha en más de 15 mil millones de dólares el ahorro global para los diversos consumidores, empresas y familias, por las menores tarifas del gas frente a otros energéticos. A ello se debe agregar que parte sustantiva de la riqueza obtenida se redistribuye como canon gasífero, adicional a ello se tiene el fondo de desarrollo de Camisea (Focam), y el fondo de defensa de las fuerzas armadas etc.

Es decir, la realidad de Camisea se ha convertido en una palanca de desarrollo, de allí la importancia de asegurar las mayores inversiones para incrementar las reservas de gas natural para los próximos 30 años en los lotes 88 y 56, más otros lotes Es más, el cuestionado proyecto de exportación de Perú LNG ha significado inversiones de más de 3,800 millones de dólares al margen de las inversiones realizadas y por realizar por el consorcio Camisea en los lotes 88 y 56, que debiera tener un efecto multiplicador para descubrir más reservas, como se puede observar en el cuadro respectivo.



Con la información disponible se han ejecutado inversiones entre el 2001 a la fecha por más de 2,287 millones de dólares y se tienen proyectadas inversiones de 1,435 millones al 2014 para perforar más de 6 pozos exploratorios, pozos de riesgo en el lote 56 para la exportación y 3 pozos en el lote 88 más la ampliación del campo de Malvinas y la planta de Pisco. Debiera ser evidente que PerúPetro con su inefable presidente de directorio Ing. Daniel Saba tendría la obligación de supervisar el cumplimiento y la calidad de las inversiones.

En este contexto, el gobierno está obligado a renegociar directamente con el consorcio Camisea e indirectamente con el consorcio de Perú LNG, que no siempre tienen los mismos intereses, la necesidad de “desenganchar” las reservas del lote 88 del proyecto de exportación, para que sean destinadas sin límite alguno al mercado interno a precios razonables sin subsidios a las empresas eléctricas e industriales.

En el mismo sentido, el proyecto de exportación de Perú LNG con la transnacional Repsol/YPF “debe caminar con sus propias reservas de gas”, cuyos precios deben ser renegociados en cuanto a las regalías, pues constituye una irracionalidad y un abuso de mercado que las regalías por exportación de gas del lote 56 sean menores a las regalías vigentes en el mercado interno. Como también deben ser renegociadas las regalías de 5 % de los lotes 57 y 58 donde están Repsol/YPF y Petrobrás respectivamente, a pesar de la resistencia de PerúPetro.

¿QUÉ PROMEDIO DE REGALÍAS?

Se tiene conocimiento que el gas natural del lote 56 se está exportando desde mediados de junio del presente en una triangulación que involucra al Consorcio Camisea, al consorcio Perú LNG y al responsable de la exportación la transnacional española Repsol/YPF. Nuestra posición crítica al respecto en defensa de los intereses fiscales radica en que las regalías de exportación no pueden ser menores a las obtenidas en el mercado interno, ello supone e impone una renegociación de los precios de exportación. En tal sentido, el objetivo de la norma DS Nº 039-2010-EM apunta a renegociar las regalías de exportación en un proceso que debió efectuarse en agosto del 2009, sino fuera por la inopia y permisividad del presidente de PerúPetro.

El gobierno en una saludable rectificación y en reconocimiento al malestar en la opinión pública se ha visto obligado a pesar de su discurso ideológico del respeto irrestricto a los contratos de estabilidad jurídica a promulgar un decreto supremo que trata de corregir los efectos perniciosos para el fisco de un contrato cuya fórmulas de fijación de los precios de exportación resultan lesivos al interés nacional.

Así, la norma autoriza a PerúPetro a renegociar el contrato de exportación, en cuanto a los valores de las regalías que el fisco debe percibir, ello supone indirectamente negociar los precios de exportación. Así, en el artículo 2 del presente decreto supremo expresa que: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 62 de la Constitución Política del Perú, PERÚPETRO S.A. iniciará todas las acciones de renegociación necesarias o convenientes para acordar con los Contratistas, las modificaciones de sus Contratos de Licencia a fin de que cuando el destino final del Gas Natural sea la exportación, el valor de la regalía, expresada en dólares por millón de BTU, no sea en ningún caso inferior al valor promedio de la regalía del gas natural destinado al mercado interno”

Desde todo punto de vista el objetivo de la norma resulta positivo y apunta a otorgarle viabilidad en el largo plazo al proyecto de exportación de Perú LNG que ha comprometido montos de capital por más de 3,800 millones de dólares y cuya expresión concreta es la Planta de Licuefactación de Melchorita, pues resulta inconveniente al interés nacional que los valores de las regalías de exportación del lote 56 sean menores a los valores de las regalías obtenidas en el mercado interno.



En verdad en un ejercicio de simulación se ha estimado con los precios del gas natural vigentes en el mercado interno en el 2009 y teniendo en consideración las diversas tasas de regalías vigentes los valores de regalías que percibe el fisco por la explotación comercial del gas natural, haciendo abstracción de los volúmenes de gas natural vendidos en el mercado interno.

Es el caso de la producción de gas fiscalizado del lote 31-C en la selva central donde opera Aguaytía Energy que con una producción fiscalizada de casi 35 millones de pies cúbicos de gas natural diarios, donde el millón de BTU se vende a un precio de 4.29 dólares y la regalía que se aplica al gas es del 35.30%, lo que determina un valor absoluto de regalía equivalente a US$ 1.51, es decir más de un dólar y medio por millón de BTU, constituyéndose en el valor más alto por regalías de gas.

Sirva de ejemplo también el lote Z-2B cuyos campos fueron operados por la cuestionada empresa norteamericana Petro Tech y ahora están bajo responsabilidad de Savia Perú, con una producción fiscalizada de 11 millones de pies cúbicos, el millón de BTU se vende a una precio de 5.98 dólares y la regalía equivalente que se aplica es del 16%, lo que determinada un valor absoluto de regalía de 0.96 centavos de dólar

Sigue en importancia las regalías pagadas por Petrobrás en el lote X de Talara, donde con una producción fiscalizada de gas de 10.6 millones de pies cúbicos diarios, el millón de BTU se valoriza en 3.70 dólares que con una tasa de regalía de 24.50% se obtiene un valor de 0.91 centavos por millón de BTU.

Si bien el precio más alto del gas corresponde al lote XIII de Olympic Perú que opera en Sechura-Piura, los volúmenes son tan pequeños con ventas estacionales de gas natural del orden de 0.6 millones de pies cúbicos diarios que con una tasa de regalía de 18% determina un valor de regalía del orden de US$ 1.35 por millón de BTU.

EPILOGO

Con el cuadro respectivo “Perú: Regalía Promedio del Gas Natural”, resulta evidente que en todos los contratos vigentes en el país, sea de las operaciones del noroeste, selva central y Camisea lote 88, los valores de las regalías pagadas al fisco son superiores a las regalías que se pagarían por el proyecto de exportación. Así, en la exportación de gas del lote 56, cuando el precio Henry Hub es de US$ 5 dólares el millón de BTU la regalía pagada al fisco sería de US$ 0.24 centavos, que representa una fracción del promedio vigente de las regalías que se abonan en el mercado interno equivalentes a US $ 0.93 centavos por millón de BTU.

Solamente cuando el precio referencial de Henry Hub se encuentre entre US$ 8 a US$ 9 dólares el millón de BTU, la regalía pagada al fisco fluctuaría entre los US$ 0.89 a US$ 1.12 dólares por millón de BTU. Por tanto, de mantenerse deprimidos los valores referenciales del Henry Hub en razón de la crisis norteamericana, es urgente renegociar el contrato de exportación estableciendo un piso mínimo en los valores de regalías que estimamos en US$ 0.93 centavos por millón de BTU.

Seguramente esta fórmula será criticada por los voceros empresariales que demandarán el respeto a los contratos de estabilidad jurídica, soslayando la “historia negra” del contrato de exportación del lote 56 investigado por el grupo de trabajo presidida por el congresista del APRA, José Carrasco Távara. También será denostado por el radicalismo infantil que hace un uso demagógico del problema obviando que desde el 2005 se están exportando los líquidos del gas natural de Camisea hacia el gran norte e incluso hacia Chile.

De allí, la necesidad de encontrar puntos de encuentro, recordando la frase del maestro Jorge Basadre respecto a que “El Perú no se pierda por la obra o inacción de los peruanos”. Por ello, si un contrato resulta lesivo al interés nacional debe renegociarse.

Para poder visualizar los cuadros ingrese al siguiente enlace:

http://www.mancozaconetti.com/index.php?option=com_content&view=article&id=213:camisea-mas-regalias-para-el-fisco&catid=22:gas&Itemid=44

jueves, 8 de julio de 2010

PERENCO CON LUZ VERDE PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE SU NUEVO OLEDUCTO

Podría Financiar además la modernización del Oleoducto de Petroperú

Por Pedro Maldonado Santiago*


En la selva norte del país, la subsidiaria de la empresa francesa Perenco viene desarrollando el proyecto de “Construcción del Oleoducto y Línea de Diluyente CPF-Andoas Para Uso Propio”, que resulta ser complementario al proyecto de Modernización del Oleoducto Nor Peruano (Petróleos del Perú - Petroperú). Estos proyectos se complementan entre si y tienen como origen principal la futura explotación comercial del Lote 67, operado por Perenco Peru Limited Sucursal del Perú; en este lote se tienen importantes reservas de petróleo en más de 300 millones de barriles, que permitirá producir 100 mil barriles diarios, duplicando así la vigente producción interna.

Pero resulta que este crudo en términos de calidad es pesado (12º a 14º API en promedio) y el actual Oleoducto Norperuano está diseñado para transportar crudos ligeros (26.6° API), aunque en la práctica transporta crudos de menos calidad: 18º a 20º API de las operaciones de Pluspetrol. Esta situación dificultaría el desarrollo de la explotación del Lote 67, que hasta el mes de marzo 2010 ya estuvo perforando el pozo “Piraña 15-PPI-4D/ST” a una profundidad de 6,660 pies, más aún cuando existe la posibilidad de encontrar mayores reservas de petróleo de mayor viscosidad y más pesados aun en la zona de frontera con el Ecuador: Allí tenemos la futura explotación de Repsol en el lote 39, donde también se estiman reservas importantes de crudo pero pesados, más las posibles reservas del lote 64 en exploración de la empresa Talismán, sumados a la actual producción de Pluspetrol en los lotes 8 y 1-AB, con lo cual se hace necesario un nuevo oleoducto para trasladar un crudo con dichas características.

En base a estas condiciones, la empresa privada Perenco Perú Limited y la estatal Petroperú asumen planes de inversión en infraestructura energética (Oloeducto para Crudos Pesados) que en conjunto suman casi US$ 1,330 millones. No es casual por lo tanto que a la fecha ambas empresas estén coordinando el financiamiento de la 1ra etapa del Proyecto de Ampliación de la Capacidad de Transporte del Ramal Norte del Oleoducto Nor Peruano. Esto implica potenciar una rentabilidad positiva a futuro para las operaciones de Petroperú y para Perenco representaría la puesta en marcha del negocio petrolero en nuestro país con pie derecho, de allí que las inversiones estimadas en nuestro país de la empresa de la familia Perrodo podrían superar los US$ 2,360 millones entre la explotación del lote 67 más el nuevo Oleoducto, sin considerar las inversiones que vendrán por la exploración en el lote 121 y la posibilidad de inversión de una nueva planta refinera en la Región Norte.

Proyecto de Petroperú

La empresa Petroperú viene desarrollando el “Proyecto de Transporte de Crudos Pesados – TCP, por el Oleoducto Nor-Peruano”, a partir de los nuevos contratos de licencia firmados por Perúpetro con Perenco en el Lote 67 y con Repsol (Lote 39) ubicados en la región de Loreto, que se espera podrán explotarse en los años 2011 y 2012, los cuales sumados a la explotación de los lotes 8 y 1-AB operados por el Grupo Pluspetrol, se tendrá en promedio crudos pesados de 14°-15° API y altamente viscosos.

Este proyecto resulta ser complementario al Plan de Modernización de la Refinería de Talara (US$ 1,300 millones), una de las unidades principales en la actividad industrial de refinación de petróleo de Petroperú. Es decir, ese crudo pesado a transportarse por el Oleoducto, podría ser utilizado a la vez por la Refinería una vez que culmine su modernización. Y de manera armónica estos proyectos se concatenan con el Proyecto de Ampliación del Terminal de Bayóvar (si se amplia a 8 millones de barriles la inversión sería de US$ 200 millones)

Desde mediados del 2009 el Proyecto TCP de Petroperú se había paralizado en los preparativos de una nueva convocatoria para la “Elaboración de Ingeniería Básica” y el “Estudio de Impacto Ambiental”. La empresa pública estaba a la espera de que los productores (del lote 67 y 39 principalmente) garanticen sus requerimientos de transporte de crudo pesado. Para el mes de marzo se retoma las actividades preliminares para la contratación de los servicios de Ingeniería Básica y el Plan de Manejo Ambiental para la instalación de “loops” en el Oleoducto Ramal Norte, Estaciones Morona y 5, para el transporte de crudo pesado.

Según el nuevo cronograma para la primera convocatoria del 2010, de Competencia para la Elaboración de la Ingeniería Básica, al 01 de julio ya se tendría la recepción de los sobres sobre la propuesta técnica de los postores, donde compiten la Compañía Diseños y Proyectos Reunidos (Diseprosa) de España especializada en ingeniería y consultoría para la industria petroquímica. También se encuentra como postor la Compañía Tecna (Argentina) que tiene presencia en Latinoamérica, España y el Medio Oriente; compite también la Compañía Consultoría Colombiana. Además, para el 08 de julio ya se habría recepcionado los sobres de la propuesta económica.

La inversión total sumaría US$ 970 millones, de las cuales se ha desembolsado apenas US$ 386 mil (aproximadamente S/ 1.99 millones) hasta el mes de abril 2010, orientado en gran proporción para los gastos de gestión del proyecto, para obtener el estudio de factibilidad, convocatoria para estudio de impacto ambiental y gastos para planeación, además de la convocatoria y contratación de los estudios de ingeniería básica (para la implementación de la 1ra Etapa del proyecto).



El proyecto tiene dos etapas, y se presume que los costos de inversión que asumirá Petroperú para la primera etapa son de S/ 168 millones, equivalentes a US$ 59.15 millones, financiados con recurso propio de la empresa, y representa en promedio 6.1% del monto total de inversión. Para la 2da parte, que es el grueso de la inversión (94% del total), aun no está definida la fuente u origen del financiamiento, pero los directivos de Petroperú han sostenido que será financiado por la banca privada, interna y/o externa, capital privado, asociado o tal vez se maneje emisión de bonos ahora que Petroperú está listando en la Bolsa de Valores de Lima. Lo cierto es que hasta la fecha se sigue estudiando la arquitectura financiera para esta etapa, donde la empresa Perenco puede resultar uno de los financistas según el Resumen de Indicadores de Desempeño del Plan Estratégico de Petroperú al mes de marzo 2010.


Proyecto de Perenco

Por su parte Perenco Perú Limited que opera el lote 67, ha planeado desde el 2007 y 2008 ampliar el Oleoducto Nor Peruano desde la Estación Andoas del Ramal Norte hasta las operaciones del Lote 67 (unos 207 Km), programando el inicio de la construcción para el 2011 y se culminaría en el 2013 para entrar en operaciones. Este proyecto es de gran importancia para Perenco porque resulta ser una especie de piedra angular en los planes de desarrollo del Lote 67. Esta construcción de un “Nuevo Oleoducto” demanda una inversión por casi US$ 360 millones, pero resultaría mayor si sumamos los US$ 2,000 millones de inversión para el desarrollo de los pozos en el lote 67.

Según oficios remitidos por la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, con fechas del 07 y 19 de mayo del 2010 ya se habría dado luz verde al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la construcción del oleoducto de la empresa Perenco, dando opinión favorable en la evaluación del Resumen Ejecutivo del EIA y dando como fecha de la Audiencia Pública de presentación del estudio el 06 de julio del presente año.

Falta de Transparencia

Vistos en conjunto ambos proyectos resultan integrados y con beneficio mutuo entre las dos empresas, destacando que por los montos de inversión a desembolsarse y por la zona donde se ubican los lotes petroleros y por donde se instala el Oleoducto, los impactos que se van a generar en las regiones van más allá de un dinamismo económico que exige inversiones adicionales y conexas como una mayor modernización portuaria y refinera (combustibles), infraestructura vial, inversión eléctrica, entre otros aspectos. Una vez más es válido plantearse: “Por cada dólar invertido, cuánto se queda en la región en términos de salarios, compras locales, impuestos, canon, regalías, y cuánto contribuye a remediar los impactos ambientales, sobre todo cuánto aporta a que las futuras generaciones no se vean afectados y desplazados a nombre de la modernidad y el crecimiento económico que “exige” una mayor explotación de recursos no renovables en la actualidad.

Perenco Peru Limited, ya viene superando plazos y gestiones para la puesta en marcha de la extracción de petróleo en el Lote 67 y su transporte por el “Nuevo Oleoducto” para empalmarlo con el Oloeducto Norperuano. Pero, siguiendo una lógica de Responsabilidad Social Empresarial, Perenco debiera realizar una gestión más armoniosa y transparente con los pueblos de la zona, sus representantes y las autoridades locales y del gobierno central. Planteamos ello en razón que la empresa sigue negando la existencia de comunidades nativas en aislamiento voluntario en la zona de influencia del proyecto, a pesar de que el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA), como entidad encargada de reconocer las zonas de reservas naturales, hasta la fecha no niega ni afirma la existencia de pueblos indígenas en aislamiento.

Cabe destacar que Perenco involucra a una institución del Estado como es el INDEPA para hacer válido sus argumentos de no existencia de comunidades en aislamiento voluntario. En la página web de la empresa y por declaraciones a diversos medios de comunicación, sostienen que tienen un estudio multidisciplinario de 24 expertos, donde llegan a la conclusión (entre otras): “El trabajo de campo realizado demuestra que no existe evidencia física de tribus no contactadas en el área del Lote 67”. En ese estudio la petrolera señala que el INDEPA formó parte de las cuatro instituciones involucradas en el Estudio; sin embargo el Presidente Ejecutivo del INDEPA, Mayta Cápac Alatrista sostiene que hay “interpretaciones antojadizas sobre el tema”

El funcionario público reconoce que un representante del INDEPA ha participado como invitado para realizar un recorrido como parte de los estudios de Daimi Perú (compañía consultora que ha realizado el EIA) en la zona del Lote 67, pero de manera estricta el INDEPA no ha formado parte del grupo de estudios, ni ha corroborado, ni confirmado, menos ha validado las conclusiones a los que llegaron en dicho estudio.

Es más en el Informe de la empresa Daimi Perú, encargada de este estudio (además de realizar el EIA del proyecto del Oleoducto para Perenco), presentado en setiembre del 2008, cap. III, pág. 10 señalan que el diseño de la investigación es presentado al INDEPA y un miembro de dicha institución acompaña en el recorrido de campo terrestre y fluvial, pero allí no se lee que el INDEPA haya diseñado la investigación, o aportó en la investigación, ni elaboró en las conclusiones.

Dentro del plan de trabajo del INDEPA, recién este año se está conformando un grupo de expertos de diversas instituciones y especialistas, con criterio de imparcialidad, para que viaje a la zona Napo Tigre (donde está Perenco) y realice los estudios y reconocimientos para tener una información más certera sobre la existencia de “Pueblos no Contactados” de la zona. También se realizará estudios en la zona de Isconahua, como parte de la atención a las cinco solicitudes para reconocimiento de Reservas Territorial en el país.

En el marco de una gestión de Responsabilidad Social Empresarial, la empresa Perenco debiera considerar estos hechos, dado la trascendencia de las futuras inversiones en la zona de la selva norte del país. Así mismo, las autoridades gubernamentales deben expresar una mayor exigencia en los estudios de evaluación y reconocimiento de la existencia o no de comunidades nativas en aislamiento. No debe ser una simple formalidad, que el MINEM solicite documentos, estudios y planes a la empresa para aprobar la puesta en marcha de las actividades petroleras en la zona, y es que todas estas gestiones realizadas dentro del Estado de Derecho y en armonía social, minimizaría la conflictividad, además de prevenir sucesos negativos como lo ocurrido hace un año en Bagua.

(*) Economista e Investigador en Energía y Minas.

lunes, 5 de julio de 2010

LA NEGLIGENCIA CULPOSA DE MRA. CAUDALOSA


TRAGEDIA AMBIENTAL HUANCAVELICA

La pésima imagen que tiene el sector minero en el Perú es producto de la ausencia de una genuina política de responsabilidad social, ambiental y tributaria, lo cual se expresa en un crecimiento empobrecedor inducido por una coyuntura internacional favorable. A ello debiera sumarse la impunidad que tienen algunas empresas mineras respecto al manejo ambiental de sus pasivos mineros, al alto grado de contaminación que generan sus operaciones como la falta de mantenimiento de las relaveras y la ausencia de medidas para prevenir emergencias ambientales. Es inaceptable desde el punto de vista social y moral que con las elevadas utilidades mineras obtenidas en los últimos años existan tragedias ambientales como la sucedida en la cuenca del río Huachocolpa, Lircay Huancavelica provocada por la Mra. Caudalosa S.A. que tiene como principal accionista al grupo Raffo.

Al respecto la lista sería larga con Doe Run, Mra. Casapalca, Shougang, Mra. Volcan, Mra. Yanacocha pero lo acontecido el 25 de junio del presente con la minera Caudalosa S.A. en Huancavelica supera lo imaginable no solamente por las advertencias del organismo regulador sobre el estado en los taludes de sus relaves en diciembre del 2008, sino también por el impacto ambiental, social, económico y cultural que supera las consecuencias del derrame de mercurio en Choropampa-Cajamarca que comprometió la imagen y prestigio de los accionistas de la Mra. Yanacocha.

En tal sentido, la mejor propaganda para prohibir la actividad minera en las cabeceras de cuenca no lo han conseguido los críticos de la minería irresponsable como Conacami ni las ONGs ambientalistas, sino la lenidad del organismo regulador, más el desinterés y la lascivia empresarial de los accionistas de la Mra. Caudalosa por remediar sus pasivos. Por inferencia política es el conjunto de las empresas mineras las que resultan cuestionadas.

La minera Caudalosa S.A. es una empresa perteneciente a la mediana minería que tiene una presencia superior a los 50 años de actividad en la provincia de Huancavelica, distrito de Huachocolpa. Esta fue constituida en 1942, y su principal unidad de explotación es Huachocolpa uno, ubicada a 4,550 msnm, provincia y región Huancavelica. La minera es controlada por LP Holding, empresa matriz del Grupo Raffo, liderado por Juan Francisco Raffo, ex gerente general del Banco de Crédito del Perú en la década de los ochenta del siglo pasado y conspicuo líder empresarial de la derecha peruana.

Al igual que un importante número de medianas y pequeñas empresas del sector, Caudalosa fue afectada por la crisis del periodo 1998-2001, lo cual determinó un cierre temporal de sus operaciones que fue superado gracias al boom minero de los precios desde el 2004 a la fecha. En tal sentido, es importante saber lo que está produciendo y los niveles de producción de esta empresa para saber el grado de los niveles de contaminación de los ríos de la zona.

PRODUCCIÓN: LASCIVIA EMPRESARIAL

Con la información disponible al mes de mayo del presente año se presenta un cuadro donde se expone desde el 2007 la producción de zinc, plomo, plata y cobre bajo responsabilidad de la Mra. Caudalosa, aquí resulta evidente el acelerado aumento de la producción del 2009 respecto al año anterior. Así, el aumento de la producción de zinc estimado en toneladas cortas finas (TCF) fue del 35% pasando de las 9,831 toneladas a producir 13,308 toneladas; en el caso del plomo el aumento resultó equivalente al 46% transitando de las 8,014 toneladas de plomo a 11,691 toneladas; el incremento de la plata fue del 42% aumentando de las 708 mil onzas de plata a más de un millón de onzas; y por último el crecimiento en la producción del cobre fue del 28% pasando de las 974 toneladas a las 1,251 toneladas.

Es más, si se compara la producción acumulada a mayo del 2010 en relación a la producción del 2007 se puede constatar el agresivo crecimiento productivo, pues al quinto mes de producción del 2010 se tienen niveles un poco menores al total producido en el 2007. Esto significa que Mra. Caudalosa ha tenido incrementos significativos de ingresos y utilidades propios del boom minero, sin embargo ha demostrado un desinterés punible en los aspectos ambientales como la excesiva actividad de depósitos en los relaves, sin tener en cuenta los informes de las consultoras externas contratadas en el 2008 por el Osinergmin.

Por tanto, el incremento productivo se refleja en sus estados financieros como se puede observar en el cuadro “Principales Indicadores Financieros de Cía Mra. Caudalosa S.A.” donde se constata que en el período comprendido entre el 2006 al 2008 los ingresos por ventas se incrementaron de los 7.8 millones de dólares a más de 32.2 millones en el 2008, es decir se multiplicaron por más de 3 veces y las utilidades netas pasaron de los 265 mil dólares a más de 8.6 millones de dólares. Se deduce que en el 2009 los estados financieros fueron superiores a los alcanzados en el 2008.

Sin embargo, pese al aumento sustantivo de las utilidades no subsanaron las observaciones que en diciembre del 2008 el organismo regulador efectuaba. Así, el Informe de la Supervisora Consorcio SC Ingeniería SRL y HCL AC consultora externa de Osinergmin en diciembre del 2008 advertía de los riesgos ambientales por el mal estado de los taludes de las relaveras. Así se decía que “Se constató que los taludes en unas tres cuartas partes del entorno del dique, se encuentran libres y expuestos al riachuelo que pasa muy próximo a la infraestructura”

Es más, “durante la supervisión se ha observado que el material de relaves en operación y pasivo ambiental de Compañía Minera Caudalosa S.A. es (tiene) un alto potencial de ser erosionado y ser arrastrado por las escorrentías de las lluvias y deshielos de las nevadas de ocurrencias temporales que ocurren en esta zona”. (Fuente Semanario Hildebrant en sus trece Nº 11)

OSINERGMIN EN CUESTIÓN

Lamentablemente la lenidad y desidia del organismo regulador explica la fiscalización tardía producida la tragedia ambiental donde prácticamente se han tenido más de 18 meses para remediar y resolver las observaciones respecto al estado de las relaveras que colapsaron vertiendo más de 40 mil metros cúbicos de relaves con contenido tóxico, con material químico que se utilizan para la separación de zinc, plomo, plata y cobre en los ríos adyacentes.

Así, el ingeniero Juan Ospina Núñez, especialista en cuencas hidrográficas y miembro de la Mesa de Diálogo de la Descontaminación del Río Mantaro afirmaba que: “Todo ser vivo que haya podido existir en dichos ríos ha tenido que ser destruido por los deshechos de minerales que se precipitaron a sus cauces porque estos son altamente tóxicos y contienen toda clase de reactivos químicos (ácidos) que se utilizan en el tratamiento de los concentrados de minerales”.

Estimó que los relaves mineros continuarán matando toda la biodiversidad que exista aguas abajo. “La contaminación es total hasta la desembocadura del río Opamayo en el Urubamba”, sostuvo el especialista.

De otro lado, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó el jueves 24 de junio que en el 2009 realizó supervisiones especiales a los dos depósitos de relaves de la compañía minera Caudalosa Chica. En dichas inspecciones se paralizó el depósito de relaves B y se indicaron las medidas correctivas con respecto al depósito de relaves A. Esto significa que a pesar de las recomendaciones se han estado depositando relaves sin criterio técnico motivados por la sed de enriquecimiento.

Justamente el depósito de relaves A arrojó el pasado viernes 25 al río Escalera —y, por consiguiente, a sus afluentes Huachocolpa (también conocido como Totora Pampa) y Opamayo— decenas de toneladas de desechos tóxicos, envenenando la flora y fauna de los ríos afectando la reproducción de los campesinos que recién el domingo 27 pudieron constatar los miles de peces muertos, y el grado de contaminación de las aguas que ya no se pueden utilizar en los regadíos ni para los animales ni para la vida cotidiana. Es decir, son ríos muertos.

Esta tragedia ambiental pone en cuestión la evaluación de los beneficios y costos de la actividad minera que no está debidamente fiscalizada no solamente por los organismos reguladores como Osinergmin cuyo comportamiento resulta altamente permisivo, y cuyo presidente debiera ser citado a la Comisión de Energía y Minas para que explique las causas de la tragedia, las negligencias, sanciones por adoptar y las medidas que se están tomando para mitigar los efectos de la contaminación. Sin embargo, el problema es más de fondo y tiene que ver con la precariedad del Estado frente al poder económico y político de las empresas mineras y petroleras.

Se debe recordar que hacia fines del 2006 se transfirieron las actividades de fiscalización minera del ministerio de Energía y Minas al organismo regulador Osinerg, con el argumento que el ministerio no podía ser promotor de la inversión, ente normativo y al mismo tiempo fiscalizador. Soslayándose que la supervisión ambiental era realizada por terceros, es decir por empresas consultoras especializadas, que al final de cuentas eran pagadas por las propias empresas fiscalizadas previo informe aprobatorio del ministerio.

También ahora el Osinergmin contrata a empresas consultoras especializadas en razón del vasto universo por fiscalizar en el sector minero, petrolero y eléctrico, que van desde unidades de la gran y mediana minería, empresas petroleras, eléctricas, estaciones de servicios (grifos), envasadoras de GPL, oleoductos etc.

Más tarde, por las presiones del tratado de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica se trasladaran al nuevo ministerio de Medio Ambiente las responsabilidades de la fiscalización minera sin tener los recursos para ello. Es más, en el gobierno anterior se transfirieron las mismas responsabilidades solamente relacionadas con la pequeña y minería artesanal a los nacientes gobiernos regionales, reservándose la regulación de la gran y mediana minería al organismo regulador Osinergmin.

Es decir, la fiscalización en la actividad minera ha pasado por tres manos en menos de 5 años, y de verdad ello estaría explicando la debilidad institucional del Estado para fiscalizar con eficiencia y eficacia la actividad minera, como la demora para adoptar decisiones ante tragedias ambientales como la presente.

En tal sentido, esta tragedia ambiental constituye una prueba de fuego para el organismo regulador y para el ministerio de Medio Ambiente. Por tanto, no solamente se trata de imponer la multa más elevada de 600 UIT equivalente a S/ 2’160,000, un poco más de 750 mil dólares de multa, que resultan irrisorias para compensar o reponer el daño ambiental ocasionado a la naturaleza convirtiendo los ríos de vida en ríos muertos en su fauna y flora, afectando a miles de campesinos en la salud y su economía.

En Huancavelica departamento de vieja tradición minera existen más de 50 minas abandonadas y en el país más de 800 pasivos mineros que no tienen presuntamente responsables que requieren ser supervisados para que no se repita la tragedia ambiental de Huachocolpa. Si a ello se agrega la impunidad de muchas empresas mineras formales e informales en materia ambiental, sobre todo con el uso de cianuro y mercurio, resulta urgente y necesario fortalecer la regulación ambiental e imponer las más drásticas sanciones.