lunes, 31 de diciembre de 2018

POR UN MAYOR VALOR DE RETORNO


UNA MINERÍA PARA EL DESARROLLO
ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

No debiera existir duda sobre la importancia estratégica del sector minero en la economía peruana. No solamente lidera los ingresos de exportación con una participación promedio histórica del 60 % de las divisas. En la economía mundial por las ventajas comparativas, entiéndase bajos costos de producción, somos considerados un país líder en la producción minera.
Con la producción minera que se explota, nuestro país ocupa un puesto de liderazgo a nivel mundial ocupando en plata (2º), cobre (3º), zinc (3º), plomo (3º) y oro (6º); pero ello en lugar de ser una ventaja nos hace más vulnerables y dependientes de las variaciones de los precios internacionales de los minerales.
Por ello, si la economía mundial crece como aumentó gracias al impulso de la dinámica de la economía china, elevando los precios de los minerales, nuestro país y el conjunto de los productores mineros experimentaron un ciclo de bonanza, con utilidades extraordinarias entre el 2003 al 2012.

MAXIMIZAR EL VALOR DE RETORNO
Sin embargo,  lo que debiera interesar es ¿cuánto de esa riqueza generada por el trabajo, y el capital que es el producto del trabajo incorporado,  se queda en el país? Es decir que parte de la riqueza se capitaliza como salarios e ingresos que dependen del trabajo, como compras a la industria local y nacional, y sobre todo en ingresos fiscales.
De allí la importancia de la categoría propia de la economía política, reconocida como “valor de retorno” o “valor retenido” para calificar los aspectos positivos de la inversión sobre todo en sectores llamados extractivistas, como la minería cuyo desenvolvimiento histórico ha significado graves pasivos (Ver Gráfica Inventarios de Pasivos Ambientales Mineros)
Es decir, del 100 % de los ingresos que básicamente serían de las exportaciones mineras, cuánto se retiene en el país como salarios pagados al trabajo, compras directas a la industria, y particularmente el abono de impuestos al fisco más las contribuciones de ley.

ESTADO MISIO
En mis investigaciones he demostrado que en nuestro país, el fisco captó en promedio en la década de bonanza  apenas el 12 % de los ingresos de exportación, sea por concepto del impuesto a la renta, regalías mineras, el aporte voluntario, gravamen minero e impuesto extraordinario, derechos de vigencia y otros.
En otros términos, ello significa que cada 100 dólares de ingresos de exportación en los años de bonanza, de “vacas gordas”, el fisco directamente captó apenas 12 dólares. Ello evidentemente resulta insuficiente para que el estado enfrente y resuelva las necesidades y obligaciones básicas que todo estado debe proveer a sus ciudadanos: educación y salud de calidad, más seguridad integral.

SALARIOS RELATIVOS CAEN
Por el lado laboral en las empresas formales, los ingresos de los trabajadores resultan los mayores del mercado. Sean por los salarios básicos pagados, los ingresos que dependen del básico, más los costos que tienen que asumir las empresas, llámese pagos a la AFPs, seguros, capacitaciones, etc.
Sea la participación de los costos del trabajo, en los costos de venta, en los gastos de venta y administrativos, el promedio del gasto total del trabajo no supera el 12 % al 15 % de los costos de venta, con tendencia a la disminución por el uso y abuso de las contratas mineras. De allí, que las luchas contra las políticas de “cholo barato” sea una realidad que explica las presiones reindivicativas por mejores salarios y condiciones de trabajo.
A una mayor riqueza producida, con crecientes excedentes empresariales vía utilidades, depreciaciones y las amortizaciones, más intereses pagados por préstamos, la participación de los trabajadores en la riqueza disminuye en términos relativos, por más elevados que sean los salarios reales.
EFECTO MULTIPLICADOR
Por último, la importancia del efecto multiplicador de las compras de la minería a la industria es significativa. Desde la etapa de exploración, construcción, desarrollo en la madurez de un proyecto minero, el aporte de la actividad minera influye de manera significativa en el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI)
Una inversión minera de US $ 2,000 millones de dólares representa un punto (1%) de crecimiento del PBI, influyendo en la balanza de pagos, las reservas monetarias, los ingresos fiscales y regionales a pesar de todo. Todo ello al margen del empleo directo e indirecto generado.
La materialización de todo proyecto de inversión minero tiene un efecto reactivador, expansivo y multiplicador en la economía doméstica y en las importaciones de maquinaria y equipo. Después de todo se demanda electricidad, cemento, carreteras, infraestructura, más bienes y servicios varios,
Sin embargo, para el ciudadano de a pie, los pobladores de alguna manera impactados por la actividad minera, tales efectos significan poco. Por el contrario son percibidas como agresiones por la irrupción de una modernización perversa que cambia la vida, con “externalidades negativas” que no son debidamente administradas.

LA MINERÍA EN MOQUEGUA
Se debe reconocer que el Presidente de la República, Ing. Martín Vizcarra es un empresario exitoso ligado a la minería. Como decano del colegio de ingenieros de Moquegua en el 2007 supo liderar la lucha por un mayor canon minero para dicho departamento, que había sido fijado en un mínimo frente al canon de Tacna, a pesar de la mejor ley del mineral de cobre en la explotación de los concentrados de cobre en Cuajone (Moquegua)
Es más, como autoridad regional supo maximizar el buen uso de los recursos del canon y regalías mineras para Moquegua lo que significó mejores indicadores en la lucha contra la pobreza, resultados positivos en salud y educación, con mayores índices de competitividad regional, después de la ciudad capital.
En tal sentido, cabe preguntarse qué se puede hacer en el sector minero en estos tres años que faltan en el mandato del Presidente Vizcarra, un empresario y político exitoso ligado a la minería como proveedor de servicios a una empresa como Southern Perú Copper Corporación (SPCC), donde el Grupo México de la familia Larrea, detenta más del 82 % de las acciones.

SPCC EMPRESA INTEGRADA
El Grupo México a través de SPCC opera en Tacna en las operaciones de Toquepala, yacimiento minero que tiene casi de 60 años de explotación con costos operativos crecientes y con rendimientos decrecientes. También opera en Moquegua por medio de la unidad de Cuajone, cuyos concentrados son tratados en la Refinería de Ilo, donde se obtienen cobre fino en forma de cátodos y alambrón de cobre con un 99.9% de pureza, más oro y plata fina, con molibdeno y ácido sulfúrico que se exporta a Chile.
La empresa minera SPCC en la gran minería de cobre es la única empresa en el país que produce cobre fino, que se reproduce como empresa integrada, y aspira a la explotación de proyectos como Tía María con una fuerte oposición local, y otros proyectos como Los Chancas, al margen de sus operaciones en Cajamarca.
El crecimiento económico demanda nuevos proyectos mineros con responsabilidad social, ambiental y tributaria, por ello se requiere convencer a la población rural que la minería formal es compatible con la actividad agrícola, como lo demuestra el departamento moqueguano, con sus piscos, vinos, ajos, orégano, paprika, aceituna y aceite de oliva etc.
En tal sentido, como diría el patriarca de la minería Don Alberto Benavides de la Quintana, la minería puede y debe “sembrar agua”, convirtiendo el agua de mar en un elemento útil para la agricultura por medio de la separación de la sal mediante el proceso de ósmosis inversa a precios competitivos como en Israel, y la generalización de reservorios y canales para el abastecimiento del agua en épocas de estiaje.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?
Por ello cabe interrogarse ¿Qué se podría hacer en el sector minero desde el punto de vista nacional, en un sector estratégico para el servicio del desarrollo del país, con un mayor ahorro interno, y mayores ingresos fiscales, para servir mejor a las poblaciones locales impactadas por la actividad minera?
En principio debe verificarse una lucha frontal contra la actividad minera informal e ilegal que contamina gravemente e impunemente el medio ambiente. Se debe asumir que la producción de un kilo de oro extraído en Madre de Dios significa el uso de dos kilos y medio de mercurio que demora más de 100 años en desvanecer sus efectos.

INFORMALIDAD AURÍFERA
En tal sentido, en pleno siglo XXI resulta inaceptable que el Banco Central de Reserva (BCR) registre exportaciones auríferas anuales superiores a los 6 millones de onzas de oro, y el propio Ministerio de Energía y Minas (MINEM) identifique solamente una producción formal menor a los 5 millones de onzas de oro.
Es decir, más de un millón de onzas de oro son exportadas pero no se reconocen a las empresas productoras. Esta producción informal no paga las regalías que se fijan como una participación de las utilidades operativas, ni tampoco el impuesto a la renta. ¡Una grave y millonaria evasión fiscal!
Ello es particularmente grave pues mientras los precios del oro superen los US $ 800 dólares la onza siempre será una alternativa atractiva y rentable para los mineros informales que venden su producción a terceros, o las empresas mineras que ponen a disposición sus yacimientos previo pago de una regalía privada.
Por ello, la minería informal e ilegal se desenvuelve no solamente en Madre de Dios, también se reproduce en Puno, Ayacucho, Ica, Piura, La Libertad en condiciones que contaminan el medio ambiente, y con una sobre explotación de la fuerza de trabajo, sin seguridad y con altos índices de mortalidad.
Una lucha frontal contra la informalidad utilizando los propios mecanismos de mercado y la resolución de los graves pasivos ambientales producto de la actividad minera en las últimas décadas es lo menos que se debe hacer, si de verdad se pretende fomentar la inversión en el sector minero que se proyecta sobre los 58 mil millones de dólares en los próximos años.
Por ello no resulta una casualidad histórica que los departamentos como Ancash, Cajamarca, Puno, Huancavelica y la sierra de Lima lideran el número de pasivos ambientales mineros sin resolver, lo que constituye la prueba ácida de una minería regresiva, inaceptable para la sociedad y enemiga del desarrollo.
 



lunes, 24 de diciembre de 2018

AGENDA PENDIENTE EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS


CONVERSIÓN DE TODOS LOS CONTRATOS DE LICENCIA A SERVICIOS
ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI
La prensa independiente como el Diario UNO bajo la dirección del maestro César Lévano, hoy en Perfil defendiendo los mismos principios de Soberanía Nacional sobre nuestros recursos naturales como los hidrocarburos, tales como el petróleo, gas natural y líquidos de gas natural que subyacen en el territorio del país, ha tenido campañas exitosas, políticamente correctas en defensa del interés público.
Hago esta referencia a la positiva campaña contra el poderoso lobbismo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, conjuntamente con la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, y “sus espadachines a sueldo” que pretendían graciosamente la prórroga de 30 años a los contratos de hidrocarburos que tienen fecha de vencimiento antes del 2026.
Desde el punto de vista nacional tales contratos con los lotes respectivos deberían ser transferidos a PetroPerú S.A. en el marco de la integración vertical y el fortalecimiento de sus operaciones, para capitalizar el país mediante los excedentes que se generan.
En tal sentido, el país debe estar agradecido al congresista Manuel Dammert y su equipo, que desde el Congreso de la República ha sostenido una activa campaña a través de los diversos “Foros por la Soberanía Energética”, con eventos realizados en Talara, Piura, Cuzco, Arequipa y Lima, aglutinando a diversas organizaciones sindicales e intelectuales.
También en la defensa de la soberanía energética el país debe agradecer a la Coalición Nacional de Sindicatos de PetroPerú S.A. por su indesmayable trabajo en favor de la modernización de la petrolera estatal para servir mejor a los  consumidores con una abastecimiento nacional seguro, oportuno, a precios razonables a pesar que no produce un barril de crudo.
Por ello, en estos tres años que faltan un gobierno como el del Sr. Vizcarra, sin partido, sin aparato ni bancada propia, por tanto sin mayores compromisos con el poder económico debería apostar por la soberanía energética de una manera moderna.
¿QUÉ HACER CON LOS CONTRATOS?
¿Qué se podría hacer en el sector energético desde el punto de vista nacional, en un sector estratégico al servicio del desarrollo del país, del ahorro interno y para servir mejor a los consumidores?
Está demostrado hasta la saciedad que la forma eficiente, técnica y racional de operar en el sector de hidrocarburos es la integración vertical en sus actividades. Ello significa que la empresa petrolera realice por lo menos las operaciones de explotación, transporte, refinación, distribución mayorista y distribución minorista por medio de estaciones de servicios (grifos)
En nuestro país, la petrolera estatal PetroPerú S.A. es por ahora una de las pocas empresas  a nivel mundial que tiene tal denominación pero no explota ni un barril de crudo ni procesa una molécula de gas natural, gracias a una privatización de sus lotes, filiales rentables como Solgás, Transoceánica, unidades como la Refinería La Pampilla entre otras, que fueron vendidas al sector privado a “precios de huevo roto”, en un proceso de transferencia de riqueza desde el estado para valorizar el capital privado, a favor de los grupos de poder y las empresas transnacionales.
Desde un inicio denunciamos este proceso de “transferencia de riqueza” en un régimen corrupto como lo fue el fujimorismo en la década del oprobio 1990-2000, en un gobierno que ha sido calificado por el historiador tempranamente desaparecido Alfonso Quiroz, en su libro “Historia de la Corrupción” como el gobierno más corrupto de nuestra historia republicana, lo que ya es decir bastante.
DEVOLUCIÓN DE LOTES
Por ello, los contratos que tienen fecha vencimiento próximo deben ser devueltos a PetroPerú y su directorio de manera técnica e independiente evaluará con quien se asocia. En especial, debiera interesar el lote X de Talara bajo responsabilidad de la empresa china CNPC, conjuntamente con el Z-2B en el Zócalo Continental, que será operado hasta el 2023 por el consorcio Savia conformado por dos empresas estatales, Ecopetrol de Colombia y KNOC de Corea del Sur.
Solamente entre estos dos lotes se puede asegurar más de 25 mil barriles diarios de crudo ligero que pueden ser procesados en la refinería modernizada de Talara-PetroPerú. Por tanto la renta petrolera es decir, el diferencial entre el precio internacional y los costos internos de producción se internalizan a favor del país.
Un negocio secundario tanto del lote X como del Z-2B sería la producción de gas natural y la producción de líquidos de gas natural de la Planta de Fraccionamiento Gas Pariñas. Se debe tener presente que la refinería modernizada de Talara demandaría en promedio por día 22 millones de pies cúbicos de gas natural que podrían ser obtenidos de ambos lotes a costos menores a los actuales, capitalizando a la petrolera estatal.
CONTRATOS DE SERVICIOS
Pero un anuncio fundamental en materia de hidrocarburos con el objeto de recuperar la soberanía sobre los recursos naturales como los hidrocarburos, la propiedad, la capacidad de decisión, uso, posesión y usufructo, es la conversión de todos los contratos de licencia a contratos de servicios, cuestión que está contemplada en la legislación vigente.
En nuestro país las empresas son los titulares de las “moléculas de los hidrocarburos”, deciden en última instancia sobre el destino final de los mismos, por tanto la decisión sobre el destino de los hidrocarburos como la masificación del gas natural a lo largo y ancho del país, será una quimera si el estado no recupera la propiedad sobre los hidrocarburos.
Esta sería una decisión del estado teniendo como instrumento de mercado a la empresa petrolera estatal PetroPerú., que con la integración vertical, operando en asociación con empresas de prestigio los lotes X, Z-2B, 192, 64, 8 por lo menos produciría 50 mil barriles diarios que serían procesados en la refinería de Talara.
Así, el estado sin afectar la rentabilidad de las empresas privadas ni la gestión, convierte a todas las empresas operadoras en “contratistas” a las cuales se les abona una retribución, pero el estado decide en última instancia a quién vender, priorizando el abastecimiento del mercado interno sobre las perversidades de la exportación de gas natural por ejemplo. Todo lo demás sería verso.

martes, 18 de diciembre de 2018

Entrevista a Jorge Manco Zaconetti 18-12-18

VACÍOS DEL MENSAJE PRESIDENCIAL


MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL CON PERVERSIONES EN EL GLP

ESCRIBE : JORGE MANCO ZACONETTI

Una de las ausencias fundamentales en el Mensaje a la Nación del Presidente de la República el pasado 12 de diciembre en materia económica ha sido el problema energético, lo relacionado a la urgente masificación del gas natural, recurso que poseemos en abundancia, y nuestra crónica dependencia del petróleo, que cada vez importamos en volúmenes crecientes, más de 100 mil barriles diarios, al margen de las compras del diesel 2 con 50 partes por millón de azufre (diesel limpio)

Ello está ligado al rol del Estado que debe jugar en el sector de hidrocarburos, y a la necesidad de una urgente reforma cualitativa que tenga que ver con la propiedad de los hidrocarburos, los mismos que están constituidos por el petróleo crudo, los líquidos de gas natural y el propio gas natural que resulta una mezcla del gas metano y butano.

Si todos los contratos de hidrocarburos firmados en el pasado bajo la modalidad de licencia, donde el Estado transfiere a cambio de una regalía, la propiedad plena sobre los recursos naturales, se modifican a contratos de servicios, cuestión contemplada en la legislación vigente, tendríamos una política energética al servicio nacional, sin afectar la gestión que seguiría siendo privada.

Bajo la modalidad de “contratos de servicios” , el Estado pagaría una retribución y las empresas se convertirían en contratistas del Estado, bajo esta condición la Nación representada por el Estado recuperaría la propiedad, la soberanía, la disponibilidad sobre los recursos naturales.

De esta forma, la explotación de los recursos naturales como el gas y líquidos de gas natural estarán al servicio del desarrollo económico del país, con una integración energética al servicio de los sectores sociales menos favorecidos.


ALGUNAS PERVERSIONES

Mientras el Estado no recupere la capacidad de decisión sobre qué hacer sobre los hidrocarburos, tendremos la paradoja mediante la cual el Gasoducto del Sur será una ilusión a pesar de las importantes reservas que puedan existir en los lotes 88, 56, 57 y 58 en el Gran Camisea. Igualmente la industria petroquímica dependerá de las condiciones del precio que imponga el productor privado.

Como país debemos ser capaces por lo menos de producir urea que resulta un fertilizante esencial para la agricultura sobre todo de exportación, para reponer las energías gastadas de la tierra. Se tiene en abundancia el gas natural que está conformado por los hidrocarburos (metano y etano).

La transformación del metano en urea es un proceso industrial donde resulta fudamental el precio del insumo como el metano. Por tanto si la empresa privada impone un precio elevado por el gas natural, la petroquímica básica será hasta ahora una ilusión, a pesar de tantas leyes de promoción por la Industria Petroquímica desde el 2007.

La base industrial para la producción de urea es el gas metano y el gas de Camisea tiene un 90 % de dicho hidrocarburo. Por ello, como no resulta de interés para las empresas privadas, el país tiene que importar volúmenes crecientes superiores a las 400 mil toneladas anuales de este fertilizante de Ucrania (ex URSS) y de otros países para abastecer el mercado interno. ¡Un absurdo económico!

ABUSOS CON EL GLP

En el mismo sentido seguirán los abusos al consumidor en materia de precios del GLP, gas licuado de petróleo que resulta de una mezcla de dos hidrocarburos, propano y butano, y que se vende en balones de 10 kilos y en granel a mayores precios que no tienen correspondencia con los costos de explotación, con la materia prima que se extrae.

En nuestro país en las zonas urbanas se tiene que abonar más de S/ 40 soles por un balón de 10 kilos y en las poblaciones rurales por encima de los S/ 40 soles, llegando a costar en el Cuzco en la región productora más de S/ 55 soles el balón.

Debiera ser evidente que dichos precios resultan inaceptables sobre todo a los más pobres del país que tienen ingresos diarios menores a los US $ 2 dólares diarios. Por ello se deforestan bosques en el norte para obtener leña a costa de los algarrobos y en la sierra se utilizan combustibles como la bosta y la propia leña, ajenos a la modernidad.

PERNICIOSA EXPLOTACIÓN

Mientras el Estado no recupere la plena soberanía sobre los recursos hidrocarburíferos seremos testigos de cómo del país se exportan hacia México y terceros países volúmenes superiores a los 450 millones de pies cúbicos diarios de gas natural del lote 56 de Camisea a precios deprimidos con regalías miserables para el fisco. ¿Cuántos cientos de millones de dólares deja de percibir el Estado por dicho concepto?

Igualmente mientras el Estado no recupere la plena soberanía sobre los recursos hidrocarburíferos seremos testigos de cómo en el Consorcio Camisea lote 88 se reinyectan más de 300 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, privilegiando la obtención de líquidos de gas natural de los lotes 88, 56 y 57.

Frente a nuestros vecinos Colombia y Bolivia existe un manifiesto retraso en cuanto a la masificación del país. Después de casi 14 años de la inauguración del gasoducto y su llegada a Lima (2004/2018) solamente unas 550 mil familias tienen acceso a la cultura del gas natural lo cual representa un poco más de 1.2% de la demanda total.

Para el norte del país, Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Cajamarca se lleva el gas tratado de Pampa Melchorita en camiones cisternas, el cual es regasificado en dichas ciudades. Debiera ser evidente que por los pequeños volúmenes pactados el negocio es para el mercado industrial y vehicular, yen menor medida para el consumo residencial. Igual sucede en  Arequipa, Tacna y Moquegua. ¡ Una parodia de masificación!

¿DÓNDE ESTÁ EL NEGOCIO?

Se debe reconocer que el negocio de las empresas es el abastecimiento seguro y oportuno de gas natural a las empresas eléctricas que demandan más del 70% del total, luego a un conjunto de empresas industriales, le sigue el parque automotor y al último el sufrido consumidor residencial.

Por ello siempre he sostenido que resulta hasta cierto punto absurdo que se promueva la “quema del gas natural” en la generación eléctrica, donde las empresas compran el gas de Camisea a un precio regulado por no decir subsidiado, y tengamos que abonar mayores precios en las tarifas eléctricas, a pesar que existe un 50 % de sobreoferta en la potencia instalada. Es decir, existe un exceso de capacidad de generación térmica. ¡Pero curioso las tarifas al consumidor regulado siguen subiendo!

MASIFICAR AHORA

La masificación del gas natural es un imperativo nacional para construir ventajas competitivas a favor de las provincias del sur, centro y norte del país, accediendo a un energético barato, seguro y ambientalmente limpio, para las grandes mayorías.

Sin embargo para las empresas privadas si la masificación del gas natural, no resulta un buen negocio con utilidades importantes sencillamente se posterga al infinito. Lo que está pasando ahora. Por ello, serán “sueños de opio” los  gasoductos del sur y norte, la petroquímica básica, el nodo energético en el sur (Ilo/Mollendo). Es decir, la masificación del país como una forma de integración nacional, mediante la energía barata y segura, serán una quimera.

PERVERSIONES CON EL GLP

Mientras el Estado no recupere la plena soberanía sobre los recursos hidrocarburíferos seremos testigos de cómo en el Consorcio Camisea conformado por una serie de empresas de un gran poder económico y político, Aguaytía, el Consorcio Savia y Graña y Montero obtengan GLP gas licuado de petróleo a partir de los líquidos de gas natural (LGN) y lo vendan como si el GLP fuese obtenido del petróleo crudo, proceso de mayor complejidad y por tanto de mayor costo.

Osinergmin el organismo regulador por excelencia sabe mejor que nadie que aproximadamente el 90 % del GLP obtenido en el país, se extrae a partir de las Plantas de Fraccionamiento que transforman los líquidos de gas natural (LGN) en GLP, diésel y algo de nafta. El organismo regulador conoce también que los precios de los LGN son US $ 10 dólares hasta US $ 15 más baratos en relación al petróleo. Pero oficialmente se asume que toda producción de GLP fuese a base del petróleo.

Por tanto, si los precios de LGN son más baratos en relación al petróleo, por qué en nuestro país los precios del GLP toman como referencia los precios internacionales del petróleo, como si toda la producción de este combustible básico en la canasta familiar fuera obtenido del petróleo. ¡Lo cual resulta en un saqueo al bolsillo del consumidor!

En verdad, solamente en este proceso, al consumidor le cargan un sobrecosto mínimo de US $ 10 dólares por barril de GLP. Luego existen otras detracciones y sustracciones, entiéndase abusos por el costo del transporte marítimo (fletes) de Pisco al Callao, donde se cobra US $ 80 dólares o más por tonelada de GLP como si el flete fuera internacional.

PRODUCCIÓN DE GLP A LA BAJA

Se debe tomar conciencia que en los centros urbanos concentrados, la demanda de GLP es creciente, sube como la “espuma de una cerveza”. Si cuando se privatizó Solgás la empresa filial de PetroPerú en 1992 la demanda era de 6,500 barriles diarios, en el 2000 sumaba los 14 mil barriles de GLP diarios, en el 2010 superaba los 40 mil barriles por día.

Es más, en lo que va del 2018 el promedio de ventas al mercado interno de GLP es superior a los 60 mil barriles diarios y la producción local de este derivado es un poco más de 40 mil barriles por día.

Por tanto, cada año  importaremos es decir compraremos al mercado exterior crecientes volúmenes de GLP, pues el principal productor de GLP en la Planta de Fraccionamiento de Pisco, Pluspetrol Perú Corporation (PPC), experimenta un bajón en la producción de este derivado.

Así, en el 2013 Pluspetrol producía un máximo de GLP de 49 mil barriles diarios gracias a los líquidos explotados de los lotes 88, 56 y 57. En lo que va del año 2018 en promedio apenas produce un poco más de 36 mil barriles por día. Y la tendencia es a la baja

Si la tendencia se agudiza por la menor producción interna de GLP en las Plantas de Pluspetrol (Pisco), Aguaytía, Savia (Gas Pariñas-Talara) y Graña y Montero (Talara), se tendrá que importar mayores volúmenes de GLP, para satisfacer el mercado interno, lo cual resulta un absurdo económico tendiendo grandes recursos de gas natural en el subsuelo.

De allí, que la masificación del país a partir de las importantes reservas de gas natural que subyacen no solamente en el Gran Camisea, sino también en Piura, Tumbes, y Ucayali, sea un imperativo nacional para construir ventajas competitivas y un mayor bienestar para las grandes mayorías.

EL PERÚ SENTADO EN UN BANCO DE GAS NATURAL

COLOMBIA Y BOLIVIA SEÑALAN EL RUMBO
ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI
Siempre he sostenido que una nueva política energética debe apostar por la explotación de los recursos naturales más abundantes que yacen en el subsuelo del país. Por ello, resulta una necesidad, un imperativo categórico fomentar la masificación del gas natural a lo largo y ancho del país.
Al menos que se quiera seguir pagando más de 40 soles por un balón de GLP, que es otro hidrocarburo distinto al gas natural que se instala en los hogares mediante tuberías. Mientras el gas licuado de petróleo (GLP) se vende en balones de 10 kilos y al granel constituyéndose en el combustible más usado por las familias urbanas, la pequeña industria y comercio, con un parque automotor creciente en GLP vehicular.
Ello supone redefinir el rol del Estado en un sector que resulta estratégico por la realidad misma al margen de las ideologías. Por tanto la política energética no puede depender de las fuerzas del “libre mercado” como lo expone el marco legal del país. La seguridad energética no puede depender de los vaivenes del mercado.
EN COLOMBIA               
En Colombia con una política de estado con una visión de largo plazo, con la presencia de una petrolera estatal integrada en todas sus operaciones, explotación, transporte, refinación, distribución y comercialización, es posible promover las inversiones con éxito en asociación con el capital privado.
Recuerdo que hacia los años 90 del siglo pasado la situación petrolera de Colombia era crítica, como lo es la nuestra en el presente. A pesar del narcotráfico, la guerra interna, violencia institucional, un gobierno liberal impuso una política petrolera que fortaleció a su empresa estatal Ecopetrol con una gestión eficiente ajena a la intervención de los gobiernos de turno.
Con una petrolera estatal, con una agencia de contratos independiente y la presencia de importantes empresas petroleras, hoy Colombia produce un poco más de 800 mil barriles diarios, y lo más importantes se perforan mediante pozos exploratorios de riesgo, un promedio de 70 a 80 pozos por año.
Con una geología más o menos parecida a la de nuestro país en los últimos 30 años la perforación de pozos de riesgo en promedio ha sido de 6 pozos por año. Es más, la explotación de crudo en los lotes petroleros que fueron de PetroPerú y más tarde privatizados, se aprovecharon las reservas probadas, probables y posibles que dejo la petrolera estatal.
Es más, gracias a la intervención de Ecopetrol  a una inteligente política de subsidios, la economía colombiana con menores reservas probadas de gas natural en relación a nuestro país, tiene más de 8 millones de usuarios que se benefician de la cultura del gas en términos de precios y ganancias ambientales.
En nuestro país la masificación del gas natural avanza a paso de tortuga pues depende de las decisiones de las empresas transnacionales (Hunt Oil, Repsol, Pluspetrol, SK de Corea, Sonatrach de Argelia etc.) que definen en última instancia las posibilidades de la masificación.
CON LA BOLIVIA DE EVO
El otro ejemplo positivo de masificación del gas natural lo constituye el estado boliviano con Evo Morales, donde según antes “gobernaban los gringos, hoy gobiernan los indios”. En el país altiplánico desde el 2006 con la recuperación de la soberanía sobre la propiedad de los hidrocarburos, negociando con el capital transnacional, mejorando los precios de exportación del gas natural que se exporta a los países vecinos de Argentina y Brasil, la economía boliviana ha monetizado desde un punto de vista nacional el recurso gasífero.
Ello ha supuesto un cambio político cualitativo, el apoyo de las mayorías con un partido oficialista. Lo cierto es que si antes el estado percibía el 22 % de la riqueza gasífera, y el resto era de las trasnacionales (Repsol, BP, Shell, Pluspetrol etc.), ahora la relación se ha invertido, y los capitales  privados no se han retirado de dicho país.
La capitalización de los recursos gasíferos ha dado un paso industrial a tal punto que han inaugurado una planta de fertilizantes produciendo urea que resulta un abono deficitario en la región. Con un millón de toneladas anuales cubrirán las necesidades del mercado interno y el resto será exportado a los países vecinos.
Si bien los precios de exportación del gas natural por medio de ductos a Brasil y Argentina fueron sincerados con tarifas superiores a los US $ 5 dólares el millón, con lo cual mejoraron sustantivamente los ingresos de exportación y los recursos fiscales del estado, al punto que  pudo financiar los diversos programas sociales en la lucha contra la pobreza y la credibilidad de su gobierno.
Con una población menor a los 15 millones de habitantes, los beneficiarios a la cultura del gas superan los dos millones de familias, con lo cual ha convertido al gas natural en una palanca de desarrollo, por lo cual la economía boliviana ha sido considerada la de un mayor crecimiento económico del PBI en América Latina con tasas cercanas al 5 % en los últimos tres años.
EPÍLOGO
El ejemplo colombiano y boliviano con políticas de estado de largo plazo, con bases ideológicas liberales unas y socialistas la otra, coinciden en la necesidad de una masificación del gas natural al servicio de las grandes mayorías.
En nuestro país, hubiese sido interesante preguntar mediante un referéndum al pueblo si desean un cambio en la política energética apostando por la masificación del gas natural, un recurso que tenemos en abundancia en los lotes 88, 56, 57 y 58, y otros.
No solamente tenemos gas natural en el llamado Gran Camisea, también este energético subyace en Tumbes en Z-1, con recursos que fueron descubiertos por PetroPerú en la década de los setenta del siglo pasado, y que empresas privadas usufructuaron con el fujimorismo.
También existen reservas de gas natural en Piura en los lotes Z-2B donde se reinyectan más de 60 millones de pies cúbicos diarios, y existe un potencial superior a un trillón de pies cúbicos de gas natural. También en otros lotes tales como I, II, VI/VII, X y sobre todo en el XIII
Es decir, en el Cuzco, Aguaytía, Tumbes, Piura existen importantes reservas y recursos de gas natural que debieran estar al servicio de la masificación. Con un país conectado al gas natural las familias pagarían a lo mucho S/ 15 soles mensuales por consumo mensual equivalente en lugar de estar pagando por un balón de 10 kilos de GLP más de 40 soles.
Para hacer ello, posible necesitamos recuperar la soberanía plena sobre los recursos hidrocarburíferos que están conformados por el petróleo, los líquidos y gas natural. Todo lo demás es verso.

martes, 11 de diciembre de 2018

LA CORPORACIÓN LINDLEY ME DEMANDA


LOS ABUSOS DE UNA TRANSNACIONAL CONTRA LA PRENSA LIBRE
ESCRIBE:JORGE MANCO ZACONETTI

Desde 1988 conjuntamente con la docencia universitaria en la UNMSM, hago periodismo especializado en diversos medios de comunicación en temas relacionados con el sector de energía y minas, en problemas relacionados con la defensa del consumidor y en la defensa de los derechos laborales, pero es la primera vez que una empresa como “Corporación Lindley-Arca Continental” supuestamente afectada “en su honor” me demanda en la vía penal, por el delito de difamación agravada.
Se me demanda con una reparación de S/ 500 mil soles y/o una pena privativa de la libertad por dos años según el artículo 131º del Código Penal, cuestión que verá por segunda vez el juez del 29º Penal-Reos Libres, pues en una primera instancia el 30 de noviembre del 2017, el 43º Juzgado Penal por medio del expediente 07485-2017-0-1801-JR-PE-43 declaró: “No ha lugar a instaurar proceso penal contra don Jorge Eusebio Manco Zaconetti por presunto delito contra el Honor en la modalidad de Difamación Agravada, en agravio de Corporación Lindley..”
La empresa supuestamente agraviada apeló  y se reabrió nuevamente el proceso en otro juzgado, con otro juez y espero que con las pruebas en la mano, nuevamente  se mandé al archivo una demanda “que no tiene pies ni cabeza”, y que evidentemente es violatoria de la libertad de expresión y de pensamiento, derechos fundamentales del ciudadano.
Al margen de la grave corrupción que existe en el Poder Judicial, cuestión que ha sido materia de difusión en los medios periodísticos en los últimos meses, donde algunos vocales supremos, superiores, jueces y fiscales han conformado parte de redes corruptas que ponían precios a sentencias y favores, siendo la máxima expresión de aquellos malos jueces el hermanísimo Dr. Hinostroza, yo confío en la honestidad,  seriedad y equidad del Poder Judicial, que debe tener la mayor autonomía en sus decisiones.
¿ QUÉ ES LA CORPORACIÓN LINDLEY?
Con los datos correspondientes a la Memoria Anual 2017 y los resultados financieros al primer semestre del 2018 podemos afirmar que es una empresa rentable que tiene como socio mayoritario a la transnacional mexicana Arca Continental, y con la reciente compra del 38.5 % de participación de Perú Beverage Limitada, filial de la Coca & Cola Company controla ahora más del 99 % de las acciones del capital social.
Arca Continental desde setiembre del 2015 resulta ser el accionista mayoritario de la Corporación Lindley responsable de la producción y distribución de las bebidas gaseosas emblemáticas como la Inka Kola, Coca Cola, Fanta, Crush, etc. Es la empresa líder del mercado de bebidas y gaseosas con un control de aproximadamente el 67º del mercado.
Por la compra/venta de la mayoría accionaria más del 61 % de la Corporación Lindley, tuvo que pagar casi 972 millones de dólares en los cuales se incorpora un monto de 150 millones de dólares por el compromiso de no competencia, el cual no fue debidamente informado a la Superintendencia del Mercado de Valores de Lima.
Por el hecho de no informar debidamente al mercado de valores la Superintendencia del Mercado de Valores de Lima, sancionó a la Corporación Lindley con máxima penalidad con la multa de 200 UIT, cerca de 800 mil soles la misma que fue pagada sin reclamos reconociendo la “falta grave” cometida que afectaba la transparencia del mercado.
Por este hecho no declarado la Corporación Lindley fue sancionada y mi delito ha sido  difundir en los medios esta sanción que expresa las malas prácticas de una transnacional. Es decir, las diversas fracciones del grupo Lindley reciben US $ 150 millones de dólares por el compromiso de no hacer la competencia a la empresa compradora Arca Continental en el mercado interno de gaseosas.
AGUA A PRECIOS SURREALISTAS
Sí, Arca Continental-Lindley incluidas más de treinta empresas según listado de la Autoridad Autónoma del Agua (ANA) y de la propia empresa Sedapal que no podía colocar medidores en estas empresas para hacer una facturación moderna, abonan por el agua subterránea de pozos propios una tarifa irreal, absurda. ¿Cuánto es el precio pagado?
Pagaban la increíble suma de catorce céntimos de sol (S/0.14) por cada mil litros de agua, cuando un sufrido consumidor promedio abona más de tres soles por el mismo volumen de agua, aproximadamente S/ 3.15 por M3
Es más, los pobladores urbanos marginales tienen que pagar más de quince soles por cada mil litros de agua, lo cual constituye una aberrante desigualdad. Si se asume que el agua es un bien público, empresas rentistas, mercantilistas como la Corporación Lindley, estaban pagando esa tarifa según el ANA y la propia Comisión de Vivienda del Congreso de la República. ¡Mi delito difundir dicha información vía faceboock y en el Diario UNO!
OTROS ANTICUCHOS DE LA CORPORACIÓN
Según el cuadro “Multas Impuestas por Indecopi a Corporación Lindley” desde el 2013 al 19 de enero del 2018, resulta evidente la serie de infracciones cometidas por la Corporación Lindley en detrimento del consumidor.
Solamente en el 2017 Corporación Lindley tuvo que abonar más de 153 mil soles por la aplicación de 38 UIT por concepto de multas, sea por falta de idoneidad, productos riesgosos, falta de atención por reclamos, según diversas resoluciones impuestas a esta poderosa transnacional que se jacta de sus prácticas de responsabilidad social. ¡Mi delito difundir esta información que tiene carácter público!
Es más en el 2018, es nuevamente sancionada por la “la falta de protección al consumidor, idoneidad e inocuidad de alimentos” mediante la Resolución 132-2018/CC2 con una multa de 5 UIT equivalente a  S/ 20,750 soles, como se podrá observar en el cuadro respectivo.
MULTAS LABORALES
Como no podría ser de otra manera también la Sunafil organismo público dependiente del Ministerio de Trabajo y Fomento del Empleo, con fecha 27 de febrero del 2018 impuso más multas a esta empresa de prácticas nada transparentes.
Por medio de estas multas  se le obliga a pagar a la Corporación Lindley al abono equivalente de 19.8 UIT más un 50% de la UIT por un valor de S/ 101 mil soles por grave discriminación a los trabajadores del sindicato Sinatrel, “en el libre ejercicio de su actividad sindical” y por incumplimiento en el “requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral”
Lamentablemente son tan insignificantes las multas y sanciones a esta transnacional que esta abusiva y prepotente Corporación Lindley prefiere abonar las multas de los organismos reguladores, pues no constituyen correctivos ejemplares, más aún cuando se pondría en peligro  la salud de los consumidores por procesar productos riesgosos y con falta de idoneidad, según el Indecopi.
Por tanto,  mi delito ha sido difundir y hacer pública esta realidad que afecta a los consumidores y a los trabajadores sindicalizados que experimentan en carne propia una serie de abusos laborales.
UNA PERLA MÁS
Por escribir sobre el comportamiento de la acumulación del capital en un artículo publicado en este diario con el título de “Las Malas Prácticas Empresariales” expresé que “De allí, la lógica del capital de imponer las políticas de “cholo barato”, el peseteo en las propuestas de incremento salarial, la enajenación de la participación en las utilidades a los trabajadores, la sobrevaluación de costos con las empresas vinculadas, etc., todo ello con el  fin de maximizar en lo posible las utilidades. Esto se llama la ley de la acumulación del capital, que está en el ADN del capitalista, el problema es cuando se utilizan métodos propios del siglo XVIII para un capitalismo del siglo XXI. Sirva de ejemplo el caso de la transnacional mexicana Arca Continental  Lindley que tiene como accionista mayoritario a la empresa estadounidense Coca & Cola”
Al margen de la redacción constituye un principio universal del capitalismo la ley de acumulación del capital que se expresa en la maximización de las utilidades en detrimento de los salarios y de los pagos al estado por concepto de impuestos.
Esta es una ley objetiva, general del capitalismo que no depende de la voluntad de los capitalistas, está en el ADN está en la genética de ser representante del capital. A mayores beneficios menores serán los salarios en relación a la riqueza creada.
Si por escribir este texto se me denuncia que estoy afectando el honor de una empresa transnacional que tiene “más anticuchos” como hemos demostrado, y se quedan en el tintero una serie de denuncias adicionales que tendrían que ver con la información distorsionada en relación al contenido de azúcares en las bebidas, prácticamente sería largo el rosario de faltas de esta empresa.
En verdad, esta demanda de la Corporación Lindley “no tiene ni pies ni cabeza” y su único es objetivo es intimidar la investigación independiente y crítica en el sector de gaseosas y bebidas, donde esta empresa ocupa una posición dominante, con prácticas nada transparentes a pesar de los reconocimientos en el ámbito de la responsabilidad social.
Por ello confió en la integridad e independencia del Poder Judicial en nuestro país para impartir justicia al margen del poder económico y político que tiene esta transnacional que demanda a un investigador crítico e incómodo a los grupos de poder. 



lunes, 3 de diciembre de 2018

POR UNA NUEVA LEY DE HIDROCARBUROS


LOTE 95 UNA NOTICIA POSITIVA
ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI
Es una buena noticia para el sector, para el país, y la economía la declaración de los altos funcionarios de Petrotal, empresa junior de capitales canadienses, de pasar a la fase de explotación comercial en las operaciones del lotes 95, ubicado en la selva nororiental en la cuenca del Marañon en Loreto, con inversiones realizadas  por más de 300 millones de dólares y comprometidas en los próximos cinco años por un poco más de 365 millones de dólares, a pesar de las oscilaciones de los precios del petróleo.
Ante una coyuntura política plagada de escándalos, de investigaciones de corrupción que paralizan la economía a pesar de las declaraciones del presidente del BCR que supone que “la corrupción no afecta el crecimiento económico”; con las desesperadas solicitudes de asilo de ex mandatarios que huyen de la justicia, y la descomposición de la oposición fujimorista en el Congreso de la República, entre otras noticias, resulta positiva la presencia del presidente de la república y del ministro del sector respaldando a Petrotal, en estas declaraciones que refuerzan la confianza de las inversiones en el país.
En un futuro próximo se espera que la producción del lote 95 que abonará 5 por ciento de regalías como la mayoría de contratos de exploración, alcance una producción de 10 mil barriles diarios, y dichos volúmenes se conecten al Oleoducto Norperuano para rentabilizar este activo que experimenta frecuentes sabotajes, perforaciones de manos  de terceros que terminan en indeseables derrames de crudo que captan la atención de la opinión pública por la contaminación ambiental provocada.
Lo cierto y evidente es que el Oleoducto Norperuano debe ser modernizado y sobretodo mejor vigilado pues en el mediano plazo la producción solamente de la selva norte puede superar los 60 mil barriles día, con la plena operación del lote 192 donde se podrían extraer 20 mil B/DC barriles por día calendario, que sumadas a las operaciones del lote 8 (10 mil B/DC), con la reciente inaugurada Petrotal que en los primeros años extraerá cerca de 10 mil B/DC, más la producción futura de Perenco del lote 67 (15 mil B/DC), GeoPark/PetroPerú (5 mil B/DC)
SUPERAR EL MERCANTILISMO
También resulta una necesidad superar o disminuir el crónico déficit de la balanza comercial de hidrocarburos en especial de petróleo, pues cada día la producción de crudo disminuye de forma alarmante. De allí, la positiva noticia del anuncio de la explotación comercial del lote 95 donde desde el 2005 se han realizado estudios de sísmica, perforaciones.
Si no fuera por las reservas de gas y líquidos de gas natural provenientes de la Gran Camisea, lote 88, lote 56 y 57, la realidad hidrocarburífera  de nuestro país, que está conformada por el petróleo, gas y líquidos de gas natural, sería dramática, insostenible si los precios del crudo se mantuvieran por encima de los US $ 100 dólares el barril.
De allí que apostar por la autonomía y soberanía energética supone e impone una visión integral de promoción del sector ajenas al favoritismo mercantilista como se ha querido sorprender en el Congreso de la República tratando de imponer un proyecto de ley de Hidrocarburos que tenía como objetivo central prorrogar por 30 años adicionales a los contratos que tienen fecha de vencimiento antes del 2026.
En tal sentido, nuestra discrepancia fundamental con la agencia estatal de contratos PerúPetro y el propio Ministerio de Energía y Minas, está en relación a la extensión graciosa por 30 años adicionales a las empresas petroleras que tienen contratos con fecha de vencimiento próximo. El país debe apostar por la transparencia y competencia y las buenas prácticas.
Por ello, debemos apostar por las inversiones de riesgo, por la perforación exploratoria que nos permita descubrir y explotar nuevas reservas de crudo. Si bien las reservas del lote 95 que por ahora suman los 40 millones de barriles entre reservas probadas y probables, de un crudo pesado de 18.5 grados de densidad, al igual que el petróleo del lote 192, en un futuro próximo dichos hidrocarburos podrán ser tratados en la refinería modernizada de PetroPerú en Talara que en el 2021 podrá refinar crudo pesado para obtener combustibles limpios con 50 partes por millón de azufre.
UNA NUEVA LEY DE HIDROCARBUROS
Una nueva política de hidrocarburos no debe privilegiar solamente los intereses de las empresas privadas que pretenden una indebida prórroga contractual en los contratos de explotación.
Debe promover los contratos con inversiones de riesgo, si bien es conocido que los recursos del lote 95 se conocían desde los años 1970, y la empresa Gran Tierra Energy transfirió los activos y el contrato a Petrotal en diciembre del 2017, esta última adoptó la decisión de pasar a la etapa de explotación comercial, a diferencia de otros contratos firmados que tienen reservas descubiertas pero no pasan a la fase de explotación.
Una nueva política energética debe apostar por la masificación del gas natural que se constituye en el energético más abundante que nuestro país tiene; sin embargo Colombia con menores reservas probadas de gas natural tiene más de 8 millones de usuarios que se benefician de la cultura del gas en términos de precios y ambientales, mientras en nuestro país no superamos las 500 mil familias.
En cambio en nuestro país las empresas son los titulares de las “moléculas de los hidrocarburos”, deciden en última instancia sobre el destino final de los mismos, por tanto la masificación del gas natural no resulta una prioridad nacional si de por medio no están aseguradas las mayores tasas de rentabilidad.
Es más, una nueva ley de hidrocarburos debe apostar por la reestructuración de PerúPetro que funciona más que una agencia de contratos como una extensión de los gremios empresariales, donde sus altos representantes rotan del ámbito estatal al privado y viceversa con la mayor naturalidad en nombre de la modernidad y globalización.
Como diría el poeta César Vallejo “hermanos hay mucho que hacer” desde el punto de vista nacional y regional al servicio de las grandes mayorías, pues los hidrocarburos deben estar a disposición de las familias, las empresas y el desarrollo con el debido respeto ambiental.


jueves, 29 de noviembre de 2018

Bienvenida la inversión en el lote 95

Es importante continuar la búsqueda y explotación de petróleo.
Algunas precisiones sobre la explotación del lote 95 y las inversiones de riesgo que el país necesita.

Diario Uno, Jueves 29 de noviembre del 2018.