lunes, 29 de diciembre de 2008

SECTOR ELÉCTRICO: GANANCIAS AÉREAS Y SALARIOS SUBTERRÁNEOS

INVIERTEN LO MÍNIMO PARA GANAR LO MÁXIMO



La privatización en el sector eléctrico tenía como objetivo superior fomentar una mayor eficiencia y la inversión básicamente privada para superar los crónicos déficits entre la oferta y demanda que existían en la década previa a los noventa. La guerra interna que sacudía el país, con la sistemática destrucción de torres de electricidad, la descapitalización de las empresas del Estado, más las tarifas subsidiadas como parte de una decisión de política de Estado, habían hecho colapsar el sistema eléctrico nacional bajo responsabilidad estatal. De allí, la decisión de privatizar las empresas estatales de electricidad, previo ajuste tarifario, fomentando la fragmentación entre las actividades de generación, transmisión y distribución.

Transcurridos casi quince años de iniciado el proceso privatizador, es urgente realizar un balance que señale las fortalezas y debilidades de un sector que tiene el carácter de un servicio público, pues sin energía no existe la posibilidad de alcanzar el crecimiento económico sustentable en el largo plazo. Al mismo tiempo, se debe asegurar una tarifa que rentabilice a las empresas para asegurar mayores inversiones. Ello supone y exige una enérgica actividad reguladora, a pesar de los últimos dispositivos en la materia donde supuestamente se deja al “libre mercado”, a través de las subastas de energía y potencia la determinación de la tarifa en barra, que incorpora los costos de generación más las pérdidas de transmisión.

Hoy, existe un híbrido privado/público donde la existencia de un cártel en la generación eléctrica asegura una alta rentabilidad para todas las empresas, una rentabilidad “cuasi oligopólica”, con una sobreexplotación de la fuerza de trabajo, es decir, el gran impactado por las políticas liberales ha sido, que duda cabe, el mundo del trabajo con una fuerte reducción del empleo estable, la expansión de los “services”, una mayor flexibilización de la fuerza de trabajo y las limitaciones salariales en las negociaciones colectivas.

Así, por ejemplo Electrolima, la gran empresa eléctrica responsable de generar, abastecer y distribuir electricidad a la ciudad capital, fue privatizada a inicios de los años noventa, surgiendo tres empresas: Edegel encargada de la generación, Edelnor, empresa de distribución eléctrica para el norte de Lima, y Luz del Sur empresa responsable de la distribución para el sur de Lima.

Al margen de los beneficios tributarios, tarifarios, laborales que se otorgaron en la privatización, este proceso en el sector eléctrico no pudo terminarse, gracias a la oposición de los sectores democráticos, frentes de defensa populares, ligas de usuarios y consumidores, prensa independiente. Así, se detuvo la transferencia al sector privado de empresas rentables como ElectroPerú, de Egasa (Charcani), empresa de generación de Arequipa, Egesur (Aricota), generación del sur y algunas empresas de distribución, todavía bajo gestión estatal. Así, el levantamiento del pueblo arequipeño en el primer semestre del 2002 señaló el cambio de rumbo del proceso privatizador y de las políticas del “libre mercado” que nos han conducido a la debacle internacional actual.

En tal sentido, la última privatización eléctrica ocurrió durante el régimen de transición del doctor Valentín Paniagua, entre abril/julio del 2001 con las unidades hídricas de lo que fuera la parte eléctrica de la empresa estatal minera Centromín, empresa que operaba en la región central del Perú el complejo minero metalúrgico de La Oroya y nueve unidades mineras. Esta acelerada y cuestionada transferencia al sector privado fue llevada a cabo contra viento y marea, antes de la transferencia de mando hacia el nuevo gobierno que sería presidido por el doctor Alejandro Toledo (julio 2001/julio 2006)

Esta privatización se hizo efectiva, a pesar de existir en ese entonces, informes contrarios como del Indecopi y Osinerg, que recomendaban su postergación, por el alto grado de concentración que significaba la privatización de Electroandes para el grupo PSEG. Esta empresa eléctrica que se formó con las unidades de generación de la ex Centromín y la unidad que estaba en construcción, central hídrica de Yuncán con un crédito japonés, y que por la demora en su levantamiento, y los sobrecostos que implicaban un fuerte compromiso para el Estado peruano, no debió privatizarse de esa manera. Así, los pasivos fueron limpiados por el Estado y privatizada esta rentable unidad que en el cuadro respectivo tiene la más alta tasa de rentabilidad operativa entre las empresas de generación, es decir, la utilidad operativa obtenida entre los ingresos ha sido del orden de 37% en el 2005, 54% en el 2006 y 53 % en el 2007. Ver cuadro del Ranking por Rentabilidad Operativa según Empresa Generadora de Energía Eléctrica.

RENTABILIDAD ASEGURADA

El nuevo ministro de Energía y Minas, Ing. Pedro Sánchez Gamarra de formación eléctrica ha asumido el reto de superar los “cuellos de botella” que tiene el sector, tales como el poder asegurar el crecimiento económico del país que requiere la dotación de energía en calidad, oportunidad y precio. Acelerar el cambio de la matriz energética, utilizando intensivamente los recursos más abundantes como la hidroenergía y las energías renovables no convencionales. Más el apostar por un uso racional del gas natural que supone utilizar las térmicas de ciclo combinado, con el debido respeto ambiental y social.

Si bien la crisis internacional afecta gravemente al sector exportador, básicamente minero y agroindustrial, en el 2009 la economía peruana tendrá un aterrizaje moderado y debemos crecer a más del 5 % en el PBI, más inducidos por una “dinámica inercial” con una inversión pública/privada, lejos del crecimiento promedio del 9% obtenido en el año que termina. Este crecimiento económico exige asegurar nuevas inversiones en el sector, ante el crecimiento de la demanda eléctrica que será menor al proyectado hace unos meses, pero que será del 7% por lo menos.

Este respiro que tiene el sector eléctrico y el gobierno debe servir para administrar en los mejores términos la emergencia eléctrica que promovía la compra de generadores térmicos a petróleo y diesel 2 bajo responsabilidad de ElectroPerú, servirá para reconstituir la reserva eficiente de energía con un 25 % de potencia asegurada, y debe ser utilizado también para asegurar un uso racional de la energía generada a partir del gas natural en centrales térmicas de ciclo combinado.

Con esto se deben superan las deficiencias técnicas y económicas que significa el uso intensivo del gas natural en la generación eléctrica con centrales de ciclo simple para transitar al ciclo combinado, el sincerar los precios del gas natural tan baratos que desestimulan la construcción de centrales hídricas, y que con precios en boca de pozo menores a US$ 1.50 por millón de BTU, constituye un subsidio económico, es decir, una transferencia de riqueza a sectores empresariales eléctricos que queman gas barato, desperdiciando calor, y venden electricidad cara.

Se debe tener presente que salvo la construcción y entrada en operaciones para el 2009 de la central hidráulica de El Platanal con 220 MW de potencia del grupo nacional Rizo Patrón de Cementos Lima, todo lo demás es ilusión. De allí, la preocupación central a la interrogante válida: ¿Están obteniendo las empresas de generación una utilidad razonable que asegure mayores inversiones en el sector? ¿Es verdad, que las empresas de generación a gas natural están invirtiendo lo mínimo para ganar lo máximo?

El cuadro respectivo del “Ranking por Rentabilidad Operativa según Empresa Generadora de Energía Eléctrica”, expone las tasas de rentabilidad operativa, es decir la utilidad operativa entre los ingresos para los años 2005, 2006, 2007. En su conjunto la tasa de la rentabilidad operativa es del 29%, pero en verdad una estimación más cercana de la rentabilidad de una empresa está determinada por la Generación Interna de Recursos (GIR), que mide la utilidad operativa más las sumas deducidas y cargadas al costo de ventas por concepto de depreciaciones y amortizaciones más las provisiones diversas. En su conjunto la Generación Interna de Recursos de las empresas de generación eléctrica para dichos años bordea el 42%.

Esto significa que de cada 100 nuevos soles de ingresos, 42 nuevos soles están constituidos por las utilidades operativas antes del abono del impuesto a la renta y participaciones de trabajadores (5%), y por los cargos por las depreciaciones más amortizaciones que constituyen un recupero del capital invertido. Esto asegura una alta rentabilidad superior a la existente en Europa, USA y países vecinos.


EDEGEL: GENERACIÓN CON CHOLO BARATO

La empresa Edegel si bien se ubica en el octavo lugar con tasas de utilidad operativa del 48% para el 2005, 35% para el 2006 y 27% para el 2007 obtiene una mayor rentabilidad si se suman las depreciaciones y amortizaciones respectivas. Es más, la empresa Eléctrica de Piura S.A. (EEPSA) que pertenece al mismo grupo ocupa el tercer lugar entre las empresas de mayor rentabilidad operativa con tasas del orden de 29% en el 2006 y 48% en el 2007, gracias a una mayor utilización con mejores precios del gas natural proveniente del lote Z-2B bajo responsabilidad de la cuestionada empresa Petro Tech Peruana S.A.

Para entender la rentabilidad de Edegel es necesario asumir el carácter de las inversiones del grupo de Endesa de España, que en la actividad de generación a través de Edegel absorbió por fusión a la empresa de generación eléctrica de Ventanilla (Etevensa) en junio del 2006. Esta última opera la única central térmica de ciclo combinado que se abastece con el gas natural proveniente de Camisea.

Se debe tener presente que Edegel tiene como accionistas principales a Generandes Perú, que pertenece a Endesa Chile, una subsidiaria de la Corporación ENERSIS, filial de Endesa España. Después de dos años de contraofertas sobre las OPA´s para comprar al gigante español, entre octubre y diciembre del 2007, las transnacionales Enel Energy Europe SRL (Italia) y Acciona SA (España) han culminado el proceso de oferta pública de adquisición, y resultan ser los nuevos accionistas principales y mayoritarios de Endesa. Por tanto, esta reestructuración del capital deberá tener sus efectos en Chile, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador etc.

Las acciones de Edegel y Eléctrica de Piura en la generación y Edelnor en la distribución han cambiado en cuanto a su titularidad accionaria como parte de la globalización de las relaciones de producción y distribución. Sin embargo, este proceso de internacionalización supone las condiciones más duras de explotación para los trabajadores que prestan servicio en el grupo Endesa.

Sirva de ejemplo las condiciones intensas de trabajo en las centrales hidráulicas de Matucana, Huampaní, Huinco, Moyopampa, donde un trabajador actualmente tiene que realizar las actividades que antes realizaban entre cuatro a cinco trabajadores cuando operaba la empresa estatal Electrolima. Así, lo que antes hacía un jefe de turno, un maquinista, un operador, un tablerista y su ayudante, hoy debido a la privatización estas actividades las realiza un solo trabajador con los mismos ingresos, en jornadas aisladas de trabajo.

EPÍLOGO

En su conjunto las seis primeras empresas de generación eléctrica con las mayores tasas de rentabilidad operativa son privadas, de transnacionales que operan en el sector. Para el 2006 que fue considerado un “mal año” para las empresas, la tasa de rentabilidad operativa de Electroandes (PSEG) fue del 53%, de Sinersa del 54%, de la empresa de generación Eléctrica de Piura (Endesa) 30%, Egenor (Duke Energy) obtuvo 26%, Enersur (Suez Energy) 33% y Cahua de la estatal noruega SN Power con una tasa de 20%. Es decir, en un año supuestamente negativo la tasa de rentabilidad operativa fue del 29.5% tal como se puede observar en el cuadro “Ranking por Rentabilidad Operativa según Empresa Generadora de Energía Eléctrica”

Desde nuestro punto de vista podemos asegurar que la rentabilidad obtenida por las empresas de generación eléctrica supera la existente en otros países, y de lejos es superior a la rentabilidad garantizada del 12% por la ley de Concesiones Eléctricas. Por tanto, si se tiene una alta rentabilidad existe la necesidad de negociar estratégicamente con las empresas privadas mayores compromisos de inversión, o en su defecto potenciar la inversión estatal. Si se tiene presente que una central hídrica demora más de ocho años en su construcción, se debe ser consciente que las decisiones de hoy tendrán sus consecuencias a futuro, por tanto sería deseable aprovechar en los mejores términos el respiro que nos ofrece la crisis internacional, teniendo siempre en cuenta que la “energía más cara es la que no se tiene”.




domingo, 14 de diciembre de 2008

LA GRAN MINERÍA DEBE PAGAR REGALÍAS

PERÚ: MAYORES INGRESOS FISCALES

Al mes de noviembre del presente año según las declaraciones de la SUNAT los ingresos tributarios cayeron en un 10.3%, esta variación negativa de la recaudación no se experimentaba desde julio del 2002, y constituye una señal propia de las épocas en “vacas flacas” que se vienen, y parte del costo fiscal que nos espera en razón de la profundización de la crisis mundial; de allí que sea un imperativo nacional incrementar los ingresos fiscales para poder cumplir con las obligaciones de todo Estado moderno, con mayores inversiones sociales en salud, educación e infraestructura, más el administrar y resolver en democracia los llamados conflictos sociales, en especial los relacionados con el sector.

Terminado el “boom” de las exportaciones, principalmente mineras, es necesario apostar por una expansión del gasto social, promover inversiones con responsabilidad social en el sector que genera más del 60% de los ingresos de exportación en la economía peruana. Esto resulta necesario ante la revisión de los presupuestos y proyecciones de inversiones de las empresas mineras que con excepción de los proyectos auríferos todavía atractivos, gracias a los altos precios del oro, los 16 mil millones de dólares que se proyectaban por concepto de inversiones al 2015, tanto por exploraciones, ampliaciones, nuevos proyectos, son cifras que tendrán que ser revisadas.

La necesidad de nuevos ingresos fiscales es absolutamente cierta, ahora que tenemos una presión tributaria del 15%, (ingresos tributarios/PBI), una de las más bajas en la región, cuando países como Chile mantienen un 18%, Argentina y Brasil por encima del 20%. Un Estado que no recauda lo suficiente está destinado a la inacción, y a una presión social permanente que amenaza a la desintegración, recordando a las “fuerzas centrífugas” a las que hacía mención el ilustre historiador Jorge Basadre. Debiera ser un objetivo de un Proyecto Nacional de Desarrollo, tener una presión tributaria de por lo menos 25%, para poder saldar la deuda social interna y financiar el desarrollo de ventajas competitivas propias del siglo XXI.

Por ello, resultan oportunas las declaraciones de la jefa de la SUNAT, Dra. Graciela Ortiz en su presentación ante el Congreso de la República, donde informaba que “esta institución está comprometida a recaudar S/ 6 mil millones más en el 2009, y cumplir así con la meta establecida antes de la crisis, constituye un reto que, dijo, estaba dispuesta a afrontar”.

En tal sentido, si hubiese voluntad política del gobierno y un mínimo de equidad, las empresas de la gran minería como Mra. Yanacocha, Mra. Antamina, Mra. Cerro Verde, Mra. Tintaya, en resumen todas las empresas mineras sin excepción incluida la pequeña minería y minería artesanal, debieran abonar las llamadas regalías mineras, las que podrían significar por lo menos S/ 800 millones de nuevos soles, adicionales a los 500 millones que el Fisco ha percibido en el 2007, en cumplimiento de la ley de regalías mineras promulgada a fines del 2004.

Es decir, los 1,300 millones que el Fisco podría obtener por concepto de las llamadas regalías mineras, que se asumen como una contraprestación por la explotación de los recursos naturales agotables, no renovables y que son deducibles como gasto, compensarían en parte la caída del impuesto a la renta que abonarán las empresas mineras en el 2009, y que con excepción de las mineras auríferas, estarán captando menores ingresos y por tanto menores utilidades operativas.

Esto es más urgente y necesario ahora que voceros de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía anuncian que el llamado Aporte Voluntario de 500 millones de nuevos soles anuales entre el 2007/2011, (S/ 2,500 millones en cinco años) estaría en peligro por la crisis mundial y la caída de los precios de los minerales. Así, el presidente de la Sociedad de Minería y funcionario del Grupo Buenaventura en su presentación ante la Comisión de Proinversión del Congreso de la República, señalaba que “la persistencia de dicha caída ocasionará que el aporte voluntario de la minería para el 2009 sea mucho menor al de años anteriores” (La República 11/12/08).

QUIÉNES PAGAN REGALÍAS Y APORTE VOLUNTARIO

Se debe recordar que el llamado Aporte Voluntario de la minería fue el producto de una negociación política entre el gobierno y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía llevada a cabo a fines del 2006, por medio de la cual las empresas mineras asumían el llamado Aporte que sería equivalente al 3.75% de las utilidades netas para las empresas que no pagan regalías mineras al Fisco, tales como Mra. Yanacocha, Mra. Antamina, Mra. Cerro Verde y Mra. Tintaya entre las empresas de la gran minería.

Por el contrario, las empresas mineras que ya estaban pagando regalías mineras, ver el cuadro respectivo donde se exponen los abonos de regalías de las empresas mineras que solamente cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, y que son supervisadas por la CONASEV. Para estas empresas que asumen las regalías como una contraprestación por la explotación de los recursos mineros, el llamado Aporte Voluntario sería equivalente al 1.75% de la utilidad neta.

En tal sentido se debe precisar que el llamado Aporte Voluntario como negociación política entre el Gobierno del Dr. Alan García, con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, constituyó la salida práctica ante la promesa electoral del impuesto extraordinario a las ganancias extraordinarias, que fue parte del discurso en la campaña electoral de junio del 2006. Es más, ante el peligro de una posible victoria del comandante Ollanta Humala, fue la propia Sociedad de Minería la que ofreció el Aporte de Solidaridad con el Pueblo como una alternativa razonable, ante las extraordinarias e inesperadas utilidades.

Al margen, de la colisión del principio tributario de la igualdad de trato ante la posible vigencia de un impuesto extraordinario a las ganancias mineras y/o petroleras, esta realidad implicaba una negociación política con el capital transnacional, de allí que siempre consideré que la mejor forma que tenía el Estado en la participación de la renta extraordinaria, al margen del impuesto a la renta, era y es el abono de las regalías mineras sin excepciones.

Evidentemente un impuesto extraordinario debía ser aprobado en el Congreso de la República, y fue la propia debilidad de la oposición del Partido Nacionalista en la Comisión de Energía y Minas, tanto con el defectuoso proyecto de ley presentado como por la pobre sustentación del congresista del nacionalismo Miró Ruiz, que se devalúo la tesis del impuesto extraordinario a las ganancias extraordinarias. Este proyecto fue mandado al archivo en la misma Comisión de Energía y nunca llegó a discutirse en el Pleno del Congreso.

Por tanto, las empresas mineras que entre el 2005 y el tercer trimestre del 2008 han llegado a tener tasas de rentabilidad operativa del 60 % a 65%, gracias a los altos precios de los minerales solamente han abonado el impuesto a la renta, y parte de ellas asumían el pago de las regalías. En tal sentido, no se pudo aprobar en el Congreso la ley del impuesto extraordinario a las ganancias extraordinarias, y las grandes empresas mineras con excepción de Southern Perú, no abonan las llamadas regalías, y solamente asumieron el compromiso del Aporte Voluntario o Óbolo Voluntario, que hoy gracias a los bajos precios del cobre, zinc, plomo también estarían en cuestión.

Resulta evidente que la empresa Southern Perú Copper Corp. (SPCC) de la Gran Minería, es la minera que marca la diferencia respecto al pago de regalías, con la producción de cobre, molibdeno y algo de plata, la transnacional que tiene como principal accionista al Grupo México, ha abonado por dicho concepto 41 millones de dólares en el 2005, 67 millones en el 2006 y 63 millones de dólares en el 2007. Es decir, por la explotación de concentrados de cobre y molibdeno de Cuajote (Moquegua) y Toquepala (Tacna), resulta la principal empresa y única empresa de la Gran Minería en el abono de regalías mineras.

En su conjunto las empresas mineras que asumen el pago de regalías mineras, por la producción de concentrados o su equivalente en una escala de 1%, 2% y 3% según las ventas de concentrados, han abonado 63 millones en el 2005, 116 millones de dólares en el 2006 y 159 millones en el 2007, según la información del propio Ministerio de Energía y Minas. Evidentemente estos ingresos para el Estado se podrían por lo menos triplicar, si todas las empresas mineras sin excepción asumiesen el abono de regalías mineras.

En especial, llama la atención el caso de Mra. Yanacocha que sí asume el pago de regalías como una transacción entre privados al considerar en sus costos operativos un valor de dos a tres dólares por onza producida como regalía. Es decir, la transnacional Newmont asume el abono de regalías cargándola a los costos de operativos, como carga el factor agotamiento (depletion), las depreciaciones y amortizaciones a sus costos. Es decir, internaliza el abono de regalías como asunto privado pero no se pagan al Estado las regalías mineras. ¡Al respecto la SUNAT tiene poco que hacer y que decir!


¿QUÉ PUEDE PASAR CON EL APORTE?

La ausencia de voluntad política del presente gobierno para negociar estratégicamente con las empresas transnacionales mineras, para el abono integral de las llamadas regalías mineras a pesar de un fallo a favor del Tribunal Constitucional que señala la necesidad que todas las empresas abonen pues no es un impuesto, y si a ello se le agrega que muchas empresas asumen el abono como un asunto de privados, en la presente coyuntura es de necesidad renegociar los llamados contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa que hasta el Fondo Monetario y Banco Mundial consideran inapropiados.

Esto es más urgente en razón que el llamado Aporte Voluntario es tan voluntario que empresas rentables como Mra. Volcan o Mra. Minsur que si bien abonan las regalías mineras, ver cuadro respectivo, no asumieron la responsabilidad del aporte voluntario, y el Estado no tenía ningún mecanismo alternativo para ejercer su cumplimiento.

Si bien algunos comentaristas consideran el Aporte Voluntario minero como un óbolo, es decir según el diccionario de la Real Academia española, sería una “cantidad exigua con que se contribuye para un fin determinado”, de mantenerse la tendencia decreciente de los precios de noviembre y diciembre del 2008, para el conjunto del 2009 solamente los precios del cobre y zinc estarían por debajo de la franja de precios estimada por la empresa de consultoría Apoyo S.A.

Por ello, en un ejercicio provisional con cargo a revisión, de mantenerse los precios deprimidos del 2 de noviembre al 2 de diciembre por los minerales considerados, resulta evidente que solamente el cobre y el zinc, estarían por debajo de los precios de referencia del 2006 actualizados a la fecha. Es verdad, que el precio del cobre incluso ha llegado en la segunda semana de diciembre a los 143 centavos de dólar por libra, muy por debajo de los 184 centavos que supone el precio de referencia, pero también es verdad, que las empresas cupríferas como Antamina, Cerro Verde y Mra. Tintaya no abonan las regalías mineras.

Se debe ser enfático, que la crisis se desata en el último trimestre del año que termina, hasta setiembre las empresas mineras han mantenido tasas extraordinarias de rentabilidad, por tanto, el Aporte Voluntario correspondiente al 2008 y distribuido en el 2009 debiera estar asegurado, pues como resulta evidente los precios del oro, con Mra. Yanacocha, Mra. Barrick Misquichilca (Pierina, y Lagunas Norte), medianas auríferas las mineras como Poderosa, Retama, Horizonte etc están obteniendo mayores ingresos. Al igual que la Mra. Minsur única productora de estaño. El problema es con las polimetálicas donde los precios del zinc, plomo, y en menor medida la plata afectarán los niveles de rentabilidad de las empresas.

En el caso de las cupríferas no se debe olvidar que los proyectos mineros en el largo plazo estiman su rentabilidad con precios de US $ 1.15 la libra, y en el 2001 con precios de 72 centavos de dólar la libra las empresas que operaban en nuestro país todavía obtenían utilidades al margen de las depreciaciones y amortizaciones. Por ello, el gobierno debe negociar con las empresas transnacionales el abono de regalías al margen del cumplimiento del llamado Aporte Voluntario.

En síntesis, frente al agravamiento de la crisis mundial del capitalismo en razón que la economía-mundo, como diría F. Braudel, tiene que asumir los costos y pasivos de la bancarrota del capital especulativo financiero, principalmente ligado a Wall Street, países como los nuestros pagarán gran parte de la factura. De allí, que ahora se necesita una intervención inteligente y enérgica del Estado en especial con los sectores primarios como la minería, pues será una práctica de las empresas explotar mayores volúmenes para compensar en parte la caída de los precios internacionales, como reestructurar la fuerza de trabajo con mayores despidos, amenazar con cierres de operaciones, y…. pagar menos impuestos.

viernes, 5 de diciembre de 2008

PERÚ: MINERÍA CON AJUSTES EN EL EMPLEO

CRISIS MUNDIAL Y TEORÍA ECONÓMICA EN CRISIS

Ante la crisis financiera, bursátil y real de la economía mundial, la teoría y los principios de la Teoría Económica tradicional y ortodoxa, basada en el equilibrio, en el análisis de corto plazo y en las supuestas “fallas del mercado”, también están en crisis, por ello, los remedios resultan no solo insuficientes sino incapaces de explicar los orígenes de la crisis, y por tanto están invalidadas para recomendar alternativas a la misma, salvo los rescates financieros, compra de bancos de inversión, compras de carteras pesadas, bancos quebrados, y mayores déficits fiscales, en resumen “socializando a escala mundial” las pérdidas del gran capital financiero, como es el caso de la crisis de la economía norteamericana, que afecta al conjunto de países en mayor o menor medida.

Así, hoy tiene una mayor validez la afirmación que expresa: “Si los Estados Unidos de Norteamérica tienen una gripe, América Latina sufre una pulmonía”. Por tanto, por extensión “Si los Estados Unidos tienen una pulmonía…. que el Señor nos acoja confesados”.

En tal sentido, las recurrentes crisis desnudan una vez más nuestras reales condiciones de subdesarrollo, y debieran aparecer en el debate político e ideológico los problemas y posibilidades del país, ¿qué hacer frente a la gran crisis?, donde el derrumbe de Wall Street resulta al capitalismo el equivalente a la Caída del Muro de Berlín para el llamado “socialismo real”.

En este contexto, se debe refutar a los que simplemente apuestan por soluciones mediáticas, de corto plazo, reduciendo presupuestos, en el marco de las teorías de las “brechas” y que representan intereses de corto plazo, de minorías privilegiadas, de grupos con gran poder económico, excluyendo y marginando a las grandes mayorías, a los creadores de valor de la mediana y pequeña industria, campesinos y pequeños agricultores. De allí, la necesidad de los planteamientos más integrales, de largo plazo, de carácter estratégico y en función de los intereses nacionales. Ello sólo lo permite la crítica de la economía política.

Por ello, frente al triunfalismo de nuestros gobernantes sobre supuestos “blindajes” macroeconómicos hoy más que nunca es necesaria una intervención inteligente del Estado, para administrar en lo posible los efectos de la crisis mundial, que tendrá una duración mayor a los tres años. Si bien resulta imperativo evitar el “pánico” financiero, no se puede ser irresponsable señalando que “la economía peruana está blindada”, “que tenemos todo bajo control”, cuando resulta evidente que los ingresos de exportación (divisas) en más del 60% dependen de las exportaciones mineras que tienen a su vez a los precios internacionales de los productos mineros como una variable exógena, que se forma en el mercado mundial.

Para el análisis de la actividad minera en nuestro país y su articulación a la economía mundial, se exige detallar el escenario y las condiciones reales en la cual se desenvuelven las actividades económicas como la minería, donde las decisiones empresariales hasta las decisiones de política económica a nivel macroeconómico son externas al Perú, gracias a la transnacionalización de la minería en el Perú, luego del radical proceso privatizador de la actividad minera estatal iniciado en los noventa.

De allí, que el Estado solamente capte el impuesto a la renta abonado por las empresas mineras, que en el 2009 y 2010 se verán fuertemente afectadas en cuanto a sus ingresos y utilidades operativas, en razón de la fuerte caída de los precios de los minerales que han vuelto por ahora a los niveles del 2004, y a la profundización de la recesión de la economía norteamericana. Esto es importante en consideración que el 50% del impuesto a la renta pagado se constituye en canon minero. Si bien las transferencias de junio2008/mayo2009 están aseguradas, los menores ingresos fiscales serán efectivos en el 2010, afectando fuertemente el canon minero a menos que se tenga un Plan de Contingencia negociado con los gobiernos regionales.

En especial, es significativa la disminución de los precios del cobre que al mantenerse sobre los 187 centavos la libra en el promedio octubre/noviembre del 2008 con tendencia a la baja, todavía duplican los niveles del 2001, cuando giraban por los 71 centavos, pero se ubican muy lejos de los US $ 3.22 dólares la libra que tenían como promedio en el 2007.



En función del cuadro respectivo, es evidente la drástica reducción de los precios en el zinc, plomo y plata en relación a los precios del “Boom Minero”, pero que todavía se mantienen por encima de los niveles anteriores al 2005. Un caso de excepción resulta el precio del oro que gracias a sus funciones de reserva de valor, y atesoramiento no solamente mantendrá sus niveles de precio, sino que aumentarán como lo expresa el cuadro respectivo.

En tal sentido, las estrategias empresariales de las empresas mineras y las decisiones a nivel de gobierno están íntimamente ligadas, en razón que la flexibilidad que pueda expresar el gobierno del Perú en materia de política monetaria y tributaria permita, un aterrizaje administrado de las inversiones, de las operaciones en marcha, afectando lo menos posible el empleo en las regiones mineras. Frente a ello, lo cierto y evidente es que muchas empresas en operaciones reestructurarán sus presupuestos, otras harán restricciones de operaciones, cierre de plantas y las nuevas inversiones exploratorias se postergarán, afectando el poder adquisitivo de la población laboral.

EFECTOS DIRECTOS EN EL EMPLEO

Lo cierto y evidente es que ya se anunció que varios proyectos planeados serán postergados, este es el caso de Inca Pacific que canceló la compra de equipos para desarrollar su proyecto de cobre Magistral debido a la crisis financiera global y solicitará al Gobierno Peruano que extienda la fecha límite para iniciar la producción.

De los futuros proyectos para exploración minera, algunos inversionistas ya están planteando la posibilidad de posponer inversiones, pero sin embargo, el Fondo Monetario Internacional afirma que “… el Perú tiene fortalezas para seguir creciendo y liderar la tendencia expansiva en América Latina en el 2009, pese a que se afronta una menor demanda de exportaciones y a que se observa una caída en los precios de los minerales y una restricción del financiamiento del exterior…”[1]

Incluyendo al oro que se considera un mineral que puede tener una mejor performance en la actual coyuntura, lo cierto es que desde el primer trimestre del año 2008 ya se expresaba una desaceleración de los precios, sobre todo del plomo, el cobre, la plata, el zinc, el estaño y en menor medida el oro.

Así, efectos directos de la crisis financiera en el sector lo constituye el anuncio de la estadounidense Freeport Mac Moran, accionista principal de Minera Cerro Verde, que el 21 de octubre del 2008 señaló que realizarán un recorte presupuestal de 2,000 millones de dólares para el conjunto de sus inversiones mineras, es decir habrá recortes en sus proyectos futuros.

Asimismo, la Mra. Glencore anunció a finales de noviembre 2008, que suspendía los trabajos en la mina de zinc y plomo “Rosaura” (en la sierra de Lima) debido a la caída de los precios internacionales de los metales. Esta decisión significaría eliminar un 20% de sus empleos en el primer trimestre del año 2009, pero según declaraciones de los directivos de la empresa esta reducción alcanzaría el 80% de los trabajadores que operan en las dos minas principales.

La Mra. Glencore opera en las minas Iscaycruz y Yauliyacu, siendo las más grandes y rentables que posee la firma en el país; en el caso de la mina “Rosaura”, los ejecutivos señalaban que las operaciones se cerrarían en 2010, pero la actual situación los ha llevado a decisiones de paralizaciones y recortes particularmente en la tercerización laboral lo cual será fuente de conflictos sociales.

En el caso de las restricciones presupuestales puede servir lo que está sucediendo en La Oroya, en la región central donde predomina la minería polimetálica. Frente a la importancia que tiene el centro metalúrgico de La Oroya bajo responsabilidad de la transnacional norteamericana DOE RUN, que se ha visto forzada por la crisis de precios, al reajuste del presupuesto para el 2009, afectando por ejemplo la entrega oportuna de los implementos de seguridad a sus trabajadores como el no reconocimiento de las obligaciones pactadas en relación a la bonificación de sobretiempos, es decir el pago de las horas extras. Ello evidentemente constituye una provocación que podría afectar el clima social, y las positivas relaciones con la empresa.

Es también sintomático el cierre de la Planta de Recuperación de Relave de Zinc/Plata cerrando la Planta de Flotación de Ferritas del complejo metalúrgico La Oroya bajos las razones de sus altos costos, reubicando a los trabajadores estables y despidiendo a los trabajadores de contrata.

Esta realidad se multiplica en el sector minero siderúrgico como el efectuado con la reducción de personal en SiderPerú (Chimbote) cuyo principal accionista es el grupo brasileño Gerdau con el despido de más de 600 trabajadores lo cual será una fuente de conflictos en el norte del país. Al respecto ver el cuadro sobre los despidos de personal en la minería, justamente cuando el 5 de diciembre se celebra el Día del Trabajador Minero.



En este contexto crítico muchas empresas mineras ante la drástica disminución de los precios internacionales de los minerales, recurrirán a la producción de mayores volúmenes para compensar en algo la caída de los precios, en la reducción de sus ingresos del 2009-2010. Por ello, ante el “descreme” de los yacimientos mineros, cuyo patrimonio corresponde a la Nación, sería recomendable que el Gobierno negocie con el conjunto de las grandes empresas mineras que no están abonando las regalías mineras como Mra. Yanacocha, Mra. Antamina, Mra. Cerro Verde, Mra. Tintaya, el pago de regalías que podrían representar más de 200 millones de dólares que se sumarían a los 160 millones que viene percibiendo el Fisco por dicho concepto.

Esta negociación política tendría el efecto de amortiguar en algo los menores ingresos fiscales producto de la disminución del impuesto a la renta para el 2009 y 2010, y aliviaría las graves tensiones sociales en regiones críticas como Cajamarca, Ancash y Arequipa, y por último posibilitaría la realización de importantes proyectos mineros como Toromocho, Rio Blanco, Los Chancas, El Madrigal y otros, asegurando la estabilidad política y social necesaria para los grandes proyectos de inversión.

En los actuales momentos de crisis le corresponde al Estado negociar estratégicamente las mejores condiciones con el capital transnacional, en una negociación que signifique un “win-win”, un gana/gana para las partes. Se requiere asegurar los volúmenes de inversión para asegurar el “poder de compra” generado directa e indirectamente por la actividad minera en las regiones, y de otro lado, compensar en parte los menores ingresos fiscales proyectados ante los menores abonos del impuesto a la renta, donde el 50 % se transforma en canon minero.

En especial se requiere afirmar que las transferencias del canon y sobrecanon no experimenten caídas traumáticas que sirvan de caldo de cultivo para el surgimiento de iluminados políticos caudillistas en las regiones. Hoy más que nunca se requiere la necesaria madurez y estabilidad social para asegurar el crecimiento en una coyuntura donde ha terminado el llamado “Boom Minero”, afectando en primer lugar a los trabajadores.

[1]/ Diario PERÚ 21 // Lima, sábado 11 de octubre del 2008, pág.11. Ver también las proyecciones de Centura Sociedad Agente de Bolsa (31 de octubre 2008)