LA TRAFA DE LAS RESERVAS PROBADAS
ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI
El proyecto aprobado en la
Comisión de Energía y Minas en junio pasado con su dictamen respectivo, tiene
como objetivo formal la promoción de las inversiones en el sector de
hidrocarburos y como objetivo esencial consagrar la prórroga por veinte años
adicionales a los contratos próximos a su vencimiento. Los mismos que sumados a
los diez años permitidos por retención de lotes haría un total de treinta años.
Todo ello se haría sin subasta, ni licitaciones por el valor de las reservas
probadas y probables que son patrimonio de la Nación.
Es decir, las empresas
responsables de estos lotes retendrían los mismos por un total de 60 años, más
de dos generaciones de peruanos, si se consideran las fechas de inicio que se
relacionan con la privatización fragmentada de PetroPerú, que data de los
primeros años de la década de los noventa del siglo pasado, cuando se
transfirireron pequeños lotes a costa del gran lote X de PetroPerú en la Cuenca
de Talara, también se privatizaron las reservas e instalaciones de los lotes
Z-2 B en el Zócalo Continental (1993) y el lote 8/8X en la selva nororiental en
Trompeteros (1996).
Lamentablemente la mayoría
parlamentaria del fujimorismo con el mandato de la señora “K”, con el aprismo,
sus colegas de Alianza para el Progreso más Acción Popular que carga el pasivo
histórico de la Página Once, votarán a favor de un proyecto que hemos
calificado de ser un proyecto lobista, pues es un proyecto al servicio de las
empresas petroleras que no asumieron riesgos, y ha sido estructurado con
consultores, asesores ligados a la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, y
la Sociedad de Hidrocarburos. ¿El gato en la despensa?
También hemos afirmado que
dicho proyecto es entregista pues
fomenta el mercantilismo, “la prórroga a dedo” en lugar de fomentar una
sana competencia por el acceso más valioso que tienen dichos contratos
expresados en el valor de sus reservas probadas, probables y posibles que tienen los lotes en cuestión. ¡En un
capitalismo moderno ello debía ser posible por medio de licitaciones públicas y
transparentes!
Como es de conocimiento
publico se trata de los contratos de servicios Z-2B bajo responsabilidad de
Savia Perú en el Zócalo Continental, más los lotes I y V en Piura operados por
Graña y Montero Petrolera que son contratos que tienen fecha de vencimiento
antes del 2023.
En la misma condición
se encuentran los contratos de licencia por los lotes II, VI/VII, X en Piura,
correspondientes a Petrolera Monterrico, Sapet y CNPC de la China Popular
respectivamente; se suman a los contratos próximos a su vencimiento antes de
2026, los lotes 8 operado por Pluspetrol Norte en la selva nororiental, como la
Maple (31 B/D) y Aguaytía Energy (31C) en Ucayali.
POR UN MAYOR DEBATE
En razón de la coyuntura
política que vive el país marcado por la
corrupción endémica, más la cercanía a un proceso electoral, el debate y la
controversia entre el ejecutivo y las reformas constitucionales, ha captado el
interés de la opinión pública, por tanto la atención sobre la Nueva Ley de
Hidrocarburos (NLH) ha pasado a un segundo plano, cuando debiera convocar el
interés público.
Si no fuera por los eventos
políticos y académicos, sea en el Foro de Soberanía Energética que preside el
congresista Dammert, en la Coalición de Sindicatos de PetroPerú, en los
Organismos No Gubernamentales ambientalistas (ONGs), Frentes de Defensa en el
norte y sur del país, con la participación de alcaldes, diversos medios de
comunicación como Diario Uno, Radio Cutivalú de Piura, Universidades, el tema
no tendría mayor difusión.
Es más, voceros e
instituciones del estado tales como el Ministerio de Ambiente, la Defensoría
del Pueblo en materia ambiental, han advertido en sendos informes que el
referido proyecto de Ley de Hidrocarburos constituye un atentado contra el
interés público en materia fiscal, y ambiental, pues colisiona con el
ordenamiento sobre las facultades del ministerio del sector y será un fuente
renovada de conflictos sociales con las comunidades nativas.
Al margen del evidente
rentismo que constituye renovar los contratos por los lotes de hidrocarburos
próximos a su fecha de vencimiento por 30 años más, el referido proyecto debe
ser sometido a una revisión legislativa con expertos y consultores
internacionales ajenos a los grupos de interés.
En verdad, una nueva ley de
hidrocarburos debiera tener como punto de partida un análisis económico, productivo
y financiero ponderado, lo más objetivo posible lejos del interés de parte de
los “espadachines a sueldo de las
empresas”
Importa interrogarse sobre
¿Qué ha sucedido en el sector entre 1993 a la fecha? La evidencia nos
demostraría la cruda realidad: el fracaso de los objetivos que justificaron la
privatización de PetroPerú. También demostraría como mediante la privatización
de la petrolera estatal se subvaluaron las reservas probadas en este
cuestionado proceso, que ha significado una transferencia de riqueza desde el
estado hacia el capital privado y los grupos de interés.
En tal sentido, una caso
clamoroso de la subvaluación de las reservas probadas desde 1994 cuando se
decide privatizar los activos, instalaciones y lotes de PetroPerú, lo
constituye la experiencia del lote X que previamente fue “adelgazado” mediante
la escisión y formación de varios lotecitos como los lotes I, II, III, IV,
VI/VII, IX, que hoy detentan las empresas como Graña y Montero, Petrolera
Monterrico, Sapet, CNPC y Unipetro.
LA TRAFA DE LAS RESERVAS
En diciembre de 1996
la petrolera argentina Pérez Companc pagó US $ 202 millones de dólares por los
campos maduros del lote X que detentaba menos de 40 millones de barriles de
reservas probadas. Se firmó un contrato de explotación donde supuestamente no
estaba obligada a realizar inversiones de riesgo mediante pozos exploratorios,
pues se trataba de un contrato de explotación.
Todo ello fue posible
en el marco del proceso de privatización (COPRI), cuando el precio del barril
no superaba los US $ 20 dólares, al margen de los compromisos de inversión, por
un contrato que tenía 30 años de vigencia, y cuya fecha de vencimiento se
cumpliría en diciembre del 2026.
Entre 1996 a la fecha
(setiembre 2018) los campos, instalaciones y reservas del lote X ubicados en
Talara, distrito del Alto han pasado por las manos de la petrolera Pérez
Companc, la petrolera estatal Petrobras del Brasil y la petrolera china, CNPC.
En todos los casos de transferencia contractual
el comprador pagó por las reservas probadas, probables, y posibles como parte
de sus expectativas empresariales. Todo ello al margen de las inversiones
necesarias para mantener y/o levantar la producción.
Como resulta evidente
en el cuadro “Comparación del Número de Pozos Exploratorios Perforados y El
Número de Pozos Desarrollados Perforados en el Lote X”, desde 1997 al 2017 no
se ha perforado ningún pozo exploratorio, actividad de riesgo, y
fundamentalmente las empresas responsables tales como Pérez Companc, Petrobras
Energía y CNPC se han dedicado a drenar, aprovechar mediante 1,058 pozos de
desarrollo, las reservas que dejó PetroPerú, que fueron estimadas de manera
perversa en 37 millones de barriles, según los documentos oficiales de la
privatización (COPRI).
Sin embargo, si las
reservas probadas del lote X fueron estimadas en 37 millones de barriles en
1994, y si no se han perforado pozos exploratorios para descubrir más reservas
probadas, pues supuestamente se trataría de un contrato de explotación, como
resulta explicable que el petróleo extraído desde 1995 al 2017, sume los 105
millones de barriles de un crudo de alta calidad.
Es decir, para
malbaratear los activos de PetroPerú y privatizar a cómo dé lugar, los
responsables del proceso privatizador subvaluaron las reservas del lote X, que
fueron estimadas en 37 millones de barriles de reservas probadas, cuando en
verdad, en el subsuelo existían más reservas.
Con la propia
estadística oficial desde 1995 al 2017 el petróleo extraído del lote X ha
totalizado un volumen de 105 millones de barriles que se vende a precio
internacional a la Refinería de Talara de PetroPerú. Esto significa que la
petrolera estatal paga precios de mercado por el petróleo que le fue enajenado
y sustraído. Ver gráfica “Lote X: Un Contrato de Explotación “
Actualmente el lote X
es operado por la petrolera estatal china CNPC y tiene 75 millones de barriles
en crudo como reservas probadas, entre probadas desarrolladas y no
desarrolladas, y la lógica y sentido común nos hace pensar que existen más
reservas en el peculiar subsuelo de la Cuenca Talara.
EPÍLOGO
Por tanto, si en 1994
el lote X detentaba 37 millones de barriles como reservas probadas y se decía
que era un lote maduro, de la época de la IPC. Y, no habiéndose realizado ni
perforado pozos exploratorios entre 1995 al 2017, pero sí se han realizado
pozos de desarrollo que han permitido explotar 105 millones de barriles, y las
reservas probadas se han incrementado a los 75 millones de barriles en el 2017
según el Libro de Reservas del Ministerio de Energía y Minas, todo nos indica
que existen más recursos.
Es decir, entre 1995
al 2017 las reservas probadas explotadas y por explotar suman los 217 millones
de barriles, pero la empresa que se adjudicó el contrato pagó solamente US $
202 millones por 37 millones de barriles en 1996. Por tanto, sea Pérez Companc,
Petrobras Energía y la estatal china CNPC, se han beneficiado de manera
extraordinaria por las reservas de un campo maduro que todavía guarda ingentes
recursos que deben ser licitados al mejor postor.
Esta realidad, se reproduce en los demás lotes
de la Cuenca Talara y Zócalo Continental, de allí el interés de las empresas
petroleras por la indebida prórroga contractual. Por ello, en salvaguarda del
interés nacional, la libre competencia, y transparencia los contratos próximos
a su vencimiento con las reservas probadas deben ser licitados públicamente.
