Publicado La República (31/01/2016) *
Si bien el tema en agenda durante los últimos días ha sido la posibilidad de renegociar los contratos de Camisea con el consorcio del mismo nombre, el experto asegura que más de fondo es delimitar hacia dónde va el país en materia de política energética. Considera que el gobierno no solo no reconoció el haberle ganado un arbitraje al Consorcio Camisea por reexportar gas sino que no aprovechó esa oportunidad para buscar mejores condiciones para el país.
¿Es un buen momento para renegociar los contratos de Camisea?
Primero debo decir que estamos en una situación complicada porque tenemos muchas empresas en el sector energético que quieren satisfacer sus intereses económicos. Esto es lógico. El problema es que hay una ausencia muy grande del Estado, a quien le corresponde velar por los intereses del país. Y a diferencia de EEUU, Europa y países de América Latina, no tenemos un plan energético de mediano y largo plazo.
¿Qué implicaría para el país tener este plan?
Primero adecuar la relación entre oferta y demanda energética en los próximos 20 a 25 años, para lograr la mejor combinación posible. Si tenemos abundancia de gas, poco petróleo y deseamos impulsar las energías renovables, por dar un ejemplo, entonces el plan buscará que la matriz energética se vaya adecuando a esa realidad. Este plan, aprobado por decreto supremo por el Consejo de Ministros, determina lineamientos claros de política y los privados tienen que atenerse a ese plan energético en lo que corresponde a sus propias iniciativas, que hoy podrían no coincidir con los intereses de largo plazo del país. Y lo que vemos es que de hecho no están coincidiendo. Eso no puede ni debe suceder porque el abastecimiento seguro y a tiempo es parte de la seguridad energética, que es estratégica. La energía es la sangre que circula por un país y tiene que estar adecuada a los planes de producción y consumo de largo plazo. Esto es el abc de la política energética.
¿Qué tendría que suceder para renegociar los contratos?
Un primer tema es el Lote 56 orientado a la exportación. Actualmente hay un contrato de exportación entre Perupetro y el Consorcio Camisea. Pero hay otros contratos. Está el contrato entre el Consorcio Camisea y Perú LNG, la empresa que licúa el gas para la exportación. Luego hay un contrato entre Perú LNG y la empresa que vende el gas en el mercado internacional, el “off taker”, que primero era Repsol (hasta el 2014) y ahora es Shell. Luego están los contratos que Repsol negoció con extranjeros para exportar el gas. En ninguno de estos tres últimos intervino el Estado peruano porque la Ley 26221 de 1993 (Ley de Hidrocarburos) establece que el licenciatario es el dueño del petróleo o del gas, previo pago de una regalía. Son los dueños de la molécula y deciden su destino.
¿Con un plan energético esto ocurriría?
Con un plan energético el licenciatario no podría decidir libremente sobre el destino del gas, porque no puede ir en contra de las prioridades del gobierno del Perú. Si el plan dice se necesita tanto gas para el mercado interno en el 2025, por ejemplo, la empresa solo puede exportar gas en la medida que se cumpla con el plan. Y el Ministerio de Energía y Minas establece la compatibilidad. Ahora bien, no es solamente un tema del destino porque podría ser que la matriz contemple que se puede exportar gas. Pero lo que no puede suceder es que en los diferentes contratos mencionados el Estado no intervenga, como no intervino en el contrato entre Repsol y la Comisión de Electricidad de México, firmado en el 2007, por el cual se vende el gas peruano al precio de Henry Hub, lo que ha resultado en grandes pérdidas para el país.
¿Por qué?
El precio Henry Hub del 2007 y el 2008 estaba en US$ 8 a US$ 9 el millón de BTU. Pero luego bajó a niveles de 3 y hasta 2 dólares. El contrato entre Repsol y México no previó ninguna cláusula de equilibrio económico, por tanto no hubo cobertura, ni para ellos, ni para el Perú, como si la hay, por ejemplo, cuando Argelia le vende gas a España. Pésimo.
Perupetro ha dejado abierta la posibilidad de renegociar.
Perupetro acaba de anunciar que se está negociando entre Shell y la Comisión Federal para reducir la cantidad que se le vende a México a precio Henry Hub, para poder vender mayores cantidades a mercados asiáticos o europeos donde el precio es mayor. Tenemos entonces que una empresa privada negocia con el Estado mexicano sobre el destino de nuestro gas y el Estado peruano no tiene nada que ver en el asunto, aunque usted no lo crea. Esto es lo que tiene que cambiar y el Estado debe intervenir en el contrato. Si esto se opone al artículo 62 de la Constitución de Fujimori sobre los contratos-ley, que solo pueden ser renegociados por acuerdo entre las partes, entonces una nueva mayoría popular puede plantear cambios.
¿Es posible cambiar el tema contractual (licencia por servicio) sin ir en contra de la Constitución?
El tema fundamental es que el Perú decida sobre el destino de su gas. La mejor manera es pasar a un contrato de servicios que respete los derechos adquiridos por el licenciatario pero que el Estado decida sobre el destino. Si mantenemos la figura de que el licenciatario es el dueño del gas previo pago de una regalía, aunque haya un acuerdo de palabra para que el Estado decida sobre su destino, eso sería una ficción porque ellos seguirían siendo los dueños de la molécula.
¿Perupetro no viene negociando con el consorcio que se incorpore una parte del laudo arbitral del 2015 al contrato del Lote 56?
Desde mayo del 2015 están en eso. Pero hasta ahora nada. Hace dos días una nota de prensa de Perupetro decía que siguen negociando y que los contratos pueden necesitar adecuarse a nuevas circunstancias no previstas en la fecha de suscripción, respetando siempre la legalidad vigente de acuerdo entre las partes, o sea el artículo 62 de la Constitución. Esto nos dice que se están arrastrando los pies y no se están defendiendo de manera soberana los recursos del país, porque esa cláusula se debe incorporar ya. Esto debe cambiar. No hay voluntad del gobierno para arreglar este y otros temas energéticos en lo que resta de su mandato. Se necesita una nueva voluntad popular.
GASEODUCTO EN PELIGRO
Pese a que avanza el Gasoducto Sur Peruano, no se observa que avancen otros anexos vitales de este ansiado proyecto en el sur. ¿Qué está pasando?
Es un tema muy grave. Esto se debió negociar como un proyecto integral, tal como se planteó a inicios de este gobierno, pero después los ministros Castilla y Merino lo cambiaron. Hay que saber bien cuál es la oferta, cuáles son las dimensiones del gasoducto (para líquidos y el etano) y luego tener clara la demanda. Esto no se ha hecho. Lo único que se ha licitado es la construcción del gasoducto que han ganado Odebretch y Enagas, que se encuentra ya avanzado en un 25%. Pero no hay ninguna seguridad de la oferta. El ministro Mayorga estableció un Comité Multisectorial, pero después de su salida ha quedado en nada.
¿Por qué no hay seguridad de la oferta?
Porque CNPC (estatal china), que compró el Lote 58 de Petrobras, todavía no ha decidido si va a dar el gas para el GSP. Puede que sí, puede que no. Una vez más regresamos al tema de cuál es la matriz energética que queremos, que haya gas en el sur. Pero a CNPC, de acuerdo con sus intereses, de repente solo le interesa exportar a China. Por otro lado, hay un billón de pies cúbicos, un TCF del Lote 88 que va a ser destinado al GSP, eso significa 400 millones de pies cúbicos diarios de gas (divididos en 120 para la petroquímica de úrea, amoníaco y metanol; 50 para las industrias y 230 para la generación térmica, incluida Quillabamba).
¿Y qué sucede con eso?
Existe un memorando de entendimiento entre Electroperú y el Consorcio Camisea para viabilizar esa cantidad de gas, pero después de más de un año todavía no se firma el contrato. No sabemos lo que va a pasar allí. Hay además problemas con el financiamiento del GSP, pues el consorcio adelantó fondos propios para comenzar, pero necesita préstamos para financiar todo el proyecto. Para ello pidió adendas que permitan la bancabilidad del proyecto. Hubo largas discusiones y al final solo quedaron seis u ocho puntos. Se suponía que eso “ya salía”, pero en noviembre pasado el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha dicho que no va a haber adendas y que se va a contratar un banco de inversión para estudiar este tema.
Eso quiere decir...
Las calendas griegas. Que en este gobierno no se van a firmar y les van a dar largas hasta el próximo. Esto es irresponsable y perjudica a los pueblos del sur, que seguramente protestarán cuando se enteren, aparte de los 6.000 trabajadores que ahora están en el proyecto.
Pareciera que el gobierno da señales de que no quiere que salga el GSP.
Exacto. A fines del 2016 debía llegar a Quillabamba y en el 2017 a Urcos y después bajaría hacia Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna. Entonces se está poniendo en peligro un proyecto importantísimo para el desarrollo energético nacional, para la diversificación productiva y el aumento del PBI con valor agregado. Otra vez, esto es responsabilidad 100% del actual gobierno, sobre todo del ministro Segura del MEF, que es quien gobierna el país.
Al detectarse reexportación del Lote 56 se debieron tomar otras medidas
Se han detectado casos flagrantes de reexportación de gas y a pesar de eso mantenemos los mismos términos contractuales con los privados.
En el 2011 se descubre que Repsol manifestaba exportar el gas a México pero en verdad lo había estado reexportando sin que sepamos. Por tanto, pagaba regalías a un precio menor del cual efectivamente vendía. Perupetro realizó una investigación con una empresa internacional, lo descubrió y se decidió que se iba al CIADI del Banco Mundial.
¿Considera que ese era el momento para renegociar ese contrato o hasta darlo por terminado?
Era el momento de tomar medidas más drásticas pero se dejó que fuera al CIADI, que falló a favor del Perú el año pasado. Dijo que, para el pago de regalías, se tenía que tomar en cuenta el lugar de consumo final. Y ese no había sido México sino terceros países. Por tanto había que restituirle al Perú US$ 62 millones por el pago de las regalías verdaderas.
Y seguimos "amarrados" con ese tipo de empresas.
Estamos frente a empresas que nos han engañado. Lamentablemente, el gobierno actual y los anteriores que nos llevaron a esta situación no sacaron siquiera un comunicado para felicitar a los funcionarios de Perupetro y ni se les mencionó en el discurso del presidente el 28 de julio. Con un gobierno soberano se hubiera podido plantear, en situación de fuerza, la renegociación del contrato y poner adendas que impidan esta situación a futuro. Pero no se hizo.
¿El Estado dónde está?
Hay ausencia del Estado para orientar la política energética y defender nuestros recursos. Cómo puede ser posible que luego Shell (que sucedió a Repsol) haya hecho al Estado, habiendo ganado en el CIADI, no exactamente lo mismo que Repsol, pero algo parecido.
Explíquenos.
Hasta donde sabemos, desde el 2014 Shell ha exportado el gas a México y ha declarado el precio Henry Hub. Pero aquí viene la viveza. Lo han vendido, dentro de México, a un precio “spot” superior al Henry Hub. Y nos pagaban regalías del Henry Hub. No es lo mismo que Repsol, pero casi, e incluso podríamos pensar que otra vez mienten y hubo reexportación. Nos hacen cholitos lloviendo sobre mojado. Al verse descubiertos hubo negociaciones con el MEM, muy poco transparentes. Se afirma que ya habrían devuelto una cantidad de millones de dólares al Estado por las regalías faltantes. Afirman que, como han vendido a México y no han reexportado, pueden declarar al fisco peruano el Henry Hub de 2 dólares por millón de BTU en lugar de los US$ 6, 10 o 14 verdaderos. Lo paradójico es que Shell está negociando con el Estado mexicano. El Estado debe defender los intereses de sus ciudadanos, pero hasta ahora no puede incorporar el laudo CIADI en una adenda al contrato del Lote 56.
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