INDEBIDA PRÓRROGA POR 30 AÑOS MÁS
ESCRIBE:
JORGE MANCO ZACONETTI
Hemos demostrado en varios
artículos los aspectos perversos del proyecto de la Nueva Ley de Hidrocarburos
(NLH) que pretende imponer el fujimorismo y otras fuerzas oscuras en el
Congreso de la República, sin mayor discusión ni opinión de organismos
competentes. Todo ello en el marco de una descarada praxis lobista, donde PPK
queda como un aprendiz de brujo.
Así, el Ministerio de
Ambiente sostiene que en el referido proyecto con su dictamen respectivo
elaborado por la Comisión de Energía y Minas con fecha del 20 de junio del
2018, “.. se han efectuado modificaciones sustanciales al Proyecto de Ley de
promoción de la industria de hidrocarburos emitido por el Poder Ejecutivo,
respecto de los cuales no se ha solicitado opinión formal al Ministerio del
Ambiente, pese a abordar asuntos que se enmarcan en la competencia de este
sector.” (Informe Nº737-2018 Minam)
Igualmente el proyecto y
dictamen de la Comisión de Energía y Minas con su texto sustitutorio no tiene
opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, a pesar que la disminución de
las tasas de regalías que se proponen implícitamente afectará el financiamiento
del canon y sobrecanon petrolero, que está determinado por el 18.75 % del valor
de la producción de petróleo y gas asociado.
Con tasas de regalías de 5%, 10% e incluso 15 % no se
financiaría el canon y sobrecanon petrolero, con lo cual se afectarían los
ingresos regionales y de los gobiernos locales. Se debe tener presente que la
fuente más importante de financiamiento para las inversiones en Piura, Tumbes,
Loreto y Ucayali ha sido el canon gracias a la explotación de hidrocarburos.
Todo ello a pesar de la
disminución programada de la producción y reducción de los precios
internacionales del crudo. A ello debiera sumarse la paralización del Oleoducto
Norperuano desde el 2015, por actos delicuenciales que ha hecho inviable la
producción de petróleo en la selva nororiental. De allí esta drástica disminución
que debe regularizarse cuando el Oleoducto tenga la seguridad y el mantenimento
necesario para su funcionamiento.
En el texto sustitutorio
aprobado en la Comisión de Energía y Minas incluso se incorpora en el artículo
tercero de las “Disposiciones Complementarias Finales” lo que constituye la
esencia del proyecto de la Nueva Ley de Hidrocarburos: Una indebida extensión
por treinta años a las empresas que tienen actualmente contratos de
explotación.
Esta es la “madre del
cordero” que hemos denunciado, pues constituye una enajenación, una sustracción
de riqueza a la Nación para favorecer a un “cogollo de empresas”, que durante
más de 20 años no han efectuado inversiones de riesgo, y que desde el 2013 no
realizan las inversiones necesarias para mantener y/o aumentar la producción en
razón de los deprimidos precios, y el horizonte próximo en el vencimiento de
los contratos, antes del 2026.
Por tanto, si no han invertido cuando los precios del
petróleo se ubicaban sobre los US $ 100 dólares el barril, por que tendrían que
hacerlo ahora que los precios están sobre los US $ 70 dólares el barril, con
una evidente recuperación en relación a los precios del 2015.
LA VIDA ÚTIL DE LOS
LOTES
Con la misma metodología que
uso la COPRI, la bendita comisión de la privatización de la Actividad Económica
del Estado en el proceso de transferencia de los activos y lotes de PetroPerú a
inicios de los años noventa del siglo pasado. Y que dicho sea de paso también
la utiliza el EIA , la Agencia de Energía de los Estados Unidos, estimamos la
vida útil de los lotes de explotación que presionan a una prórroga contractual
por 30 años adicionales.
Para ello exponemos el
cuadro de “Estimación de la Vida Útil en Base a las Reservas Probadas Ajustadas
de los Contratos de Explotación Próximos a su Vencimiento”, donde dividimos las
reservas probadas al 2017 que tienen un 95 % de probabilidades de ser
explotadas comercialmente según precios y tecnología, entre la producción de
petróleo del 2017.
Es decir, el resultado de
dividir las reservas probadas entre la producción determina el número de años
estimado que tendría cada lote. Así, el lote Z-2B con el nivel de reservas
probadas y la producción de crudo al 2017 tendría aparentemente una vida útil
de 5 años.
Se debe tener presente que dicho
lote se viene explotando desde fines de los años cincuenta del siglo pasado,
pasando por las empresas Belco, Petromar, PetroTech, Savia. Es decir, tiene más
de 60 años de explotación y tiene más recursos que deben ser convertidos en
reservas.
En verdad, esta realidad no
debiera ser tan trágica, pues el concepto de reservas es un concepto dinámico,
y para ello habría que considerar las reservas probables que tienen un 50% de
probalidades de ser explotables y las reservas posibles que tienen una probalidad
del 10% de una explotación comercial.
RIQUEZA DEL Z-2B
Se debe recordar que
en el año 2009 Petrotech Peruana S.A. empresa de capitales norteamericanos
transfirió el contrato de explotación del Z-2B y otros lotes en exploración al
consorcio Savia por US $ 900 millones de dólares. Se especula que el monto
pagado fue mayor, pero oficialmente se transfirieron las instalaciones, torres
y plataformas, y especialmente las reservas probadas.
Mas se debe tener
presente que las reservas probadas y probables le correspondían al estado, y
las plataformas marinas más algunas embarcaciones eran y son propiedad de la
petrolera estatal PetroPerú, la misma que tuvo que abonar más de US $ 256
millones entre 1994 y 1997 para poder honrar los compromisos de deuda con la aseguradora
de la Belco en el asunto de la AIG. Este fue uno de los costos de las
reinserción financiera ante la crisis del primer gobierno aprista que estatizó
a la Belco Petroleum.
Es más, todos los
consumidores de combustibles tuvimos que financiar dicha deuda, pues en ese
período el 7.5% de los ingresos mensuales por la venta de derivados del
petróleo por parte de PetroPerú eran deducidos para pagar dicha deuda externa.
Por tanto, PetroTech
se sacó la lotería en el 2009, se pasó de vivo pues valorizó y vendió lo que no
le correspondía. Por tal motivo, el consorcio Savia conformado por Ecopetrol de
Colombia y KNOC de Corea del Sur, pagó US $ 900 millones a sabiendas que el
contrato por el Z-2B terminaba en el 2023.
Es de suponer que la
petrolera Savia y sus asesores realizaron las proyecciones necesarias para el
período 2010/2023 con supuestos de precios y volúmenes, estimación de ingresos,
costos y rentabilidad para recuperar el precio de compra, las inversiones realizadas más las utilidades correspondientes.
Por ello cabe
preguntarse ¿cuál es el valor de un lote que tiene 14.4 millones de barriles de
reservas probadas de crudo, de un petróleo liviano que se vende a la Refinería
de PetroPerú? Debiera ser evidente que a un precio de US $ 70 dólares el barril
el valor de dichas reservas supera los US $ 1,000 millones de dólares, que
sería mayor con las reservas probables y posibles.
Si a esa riqueza se
suma el valor de las reservas probadas de gas natural que superan los 16
billones de pies cúbicos, más los 2 millones de reservas probadas de líquidos
de gas natural, que procesadas se transforman al día en la Planta Procesadora
de Gas Pariñas en casi 1,000 barriles diarios de gas licuado de petróleo (GLP),
con los cuales se paga la planilla de todos los trabajadoras de Savia.
UNA SALIDA
Por todo ello,
sostenemos que todas las empresas sin excepción deben pagar por las reservas
probadas en una negociación contractual anticipada con Perúpetro, y no esperar
el vencimiento de los contratos. Se deben licitar las reservas en un proceso
abierto, transparente, y de competencia.
En esta condición se
encuentran las empresas como Savia Perú, Graña y Montero, Petrolera Monterrico,
Sapet, CNPC, Pluspetrol Norte, Maple Energy y Aguaytía Energy estas dos últimas que tienen importantes
reservas de líquidos de gas natural.
De lo contrario
extenderles una prórroga por 30 años bajo el argumento de la promoción de las
inversiones en el sector no deja de ser un “engaña muchachos”, una práctica
mercantilista, rentista con incentivos a las empresas petroleras que no
asumieron riesgos en los últimos treinta años.
Una indebida prórroga
contractual como parte sustantiva de una Nueva Ley de Hidrocarburos (NLH) sería
una prueba más evidente de los niveles de descomposición social y política
alcanzado por el Congreso de la República en una coyuntura donde la corrupción
corroe todos los niveles del estado. De allí, que por la salud moral del país,
el referido proyecto con su dictamen debe volver a comisiones y ser enriquecido
con las opiniones de los organismos competentes como el Ministerio del Ambiente
y Economía y Finanzas para empezar.
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