El ministro Miguel Castilla y Jorge Merino fueron derrotados en el Congreso al pretender anular ilegalmente el gasoducto y la petroquímica del surandino y sus vigentes leyes 29129 y 29817, mediante un agregado a la Ley del Presupuesto de la República 2013 que finalmente fue desestimado.
Apareció un agregado bamba en el Congreso. Fue en la madrugada del 30 de noviembre 2012, en el dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público del 2013 presentado por la Comisión respectiva del Congreso. Tras un debate de varios meses, en el último día apareció sorpresivamente un agregado, que nadie había mencionado, presentado en la madrugada a las 3 am, para votarlo ese día a las 10 am. Estaba como 75 Disposición Complementaria Final, relativa al Gasoducto y la Petroquímica. El agregado de marras era absolutamente sorpresivo, pues no había sido presentado formalmente por Ministro alguno, ni había estado planteado en el largo debate de meses sobre este proyecto de ley presupuestal. Y no se trataba de uno de esos proyectos pendientes que se dejan para concordar al final. Se trataba de un agregado sobre una norma relativa al Gasoducto de Camisea, el más importante proyecto nacional de inversión energética, de más de 16 mil millones de dólares, cuyo impacto movilizará más de 100 mil millones de dólares en diversas actividades asociadas, respecto al cual existe la exigencia de la ciudadanía para que se pongan en marcha las leyes vigentes, desde el sur y para el desarrollo nacional.
1. LOBBYSMO DE ALTO VUELO
El agregado bamba en el Congreso es la expresión de una decisión fulminante más amplia. Esta armaba la trama de la actividad lobbysta que pretende ampliar las atribuciones del actual Monopolio de Hunt-Repsol en Camisea, para manejar a su antojo los nuevos 5 TCF a 10 TCF de la reserva en proceso de certificación de gas en el Perú. Basta apreciar las acciones de los Ministros Castilla-Merino. Es un lobbysmo de alto vuelto, de indudable impacto no solo en el desarrollo del sur y la industria, sino también en los monopolios privados y su poder sobre el Estado, y en las relaciones del Perú con América del Sur.
Desde julio 2012, que se anuncia el viraje Presidencial, se están dando los siguientes pasos, todos ellos irregulares. a) Merino ha negociado en México que Repsol disminuya sus embarques de gas para que lo redireccione a otros mercados, olvidándose del fraude fiscal comprobado por Perupetro al no pagar Repsol US$ 125 millones de dólares, así como de la recuperación de los 2,5 TCF de Gas del lote 88 que estaban inmovilizados para exportación y que no deben re-direccionarse en la exportación sino destinarse de inmediato al mercado nacional. b) También Merino ha liberado a TGP de la obligación de ampliar el ducto de la selva, al que la empresa se había comprometido con US$ 600 millones, para que más adelante use el subsidio del Estado con el financiamiento del Fondo de Inclusión Social Energética (FISE) que se redirecciona de exclusivo a sectores vulnerables para ser principalmente para esos concesionarios. c) Como señala Carlos Bedoya ( LA PRIMERA, 2-12-2012), Merino ha iniciado la no renovación de la concesión del lote 58 de Camisea que tiene la empresa pública Brasileña Petrobras, con reservas probadas y donde existe la perspectiva de 7 a 10 TCF por certificar, que son las nuevas principales reservas de gas del Perú. Merino pretende expulsar del Perú a Petrobras, para transferir el lote 58 a otro operador, quizá el mismo Hunt-Repsol. d) Los Ministros Merino y Castilla buscan sacar a PetroPerú de Camisea, empezando por bloquear que el Estado compre las acciones en venta de la refinería La Pampilla, para que lo capturen en Monopolio de combustibles consorcios con grupos Chilenos, habiéndolo ya retirado del Tramo I de Camisea, paralizando el convenio de PetroPerú con Petrobras para el complejo Petroquímico del sur, y bloqueando la planta de fraccionamiento en Kepashiato. e) Merino le ha dado a la proyectada Planta de Regasificación del Gas Licuefactado por Hunt-Repsol en Pampa Melchorita, los beneficios fiscales con subsidios del Estado como si fuese “seguridad energética nacional” , y organiza que el sur sea un mercado cautivo, destruyendo el gasoducto surandino e imponiendo la distribución vía camiones cisternas, a precios tres veces más caro que el Gas Natural, como lo es el mercado cautivo en Lima de GLP de 1,200,000 usuarios domiciliarios que pagan tres veces más caro que si tuviese conexión de Gas Natural, de las que existen solo 70 mil domicilios con GN.
2. EL AGREGADO BAMBA
En el pleno de ese mismo día 30 de Noviembre, a la carrera, se pretendió aprobar el agregado bamba. Ya había sido rechazado por varios congresistas de los diversos sectores políticos. Los congresistas del sur, Veronika Mendoza (Cusco), Juan Carlos Eguren (Arequipa) y Zevallos (Moquegua), alertaron de esta maniobra inconstitucional. Pero el poder detrás del agregado bamba insistió. Diversos congresistas plantearon que ese y otros dos artículos similares, sean retirados y se envíen a su estudio por comisiones del Congreso, como manda el reglamento. Posiblemente desde fuera del Congreso, presionaron para el voto del Pleno y tratar de aprobarlo de todos modos. Fueron derrotados, pues no alcanzaron la mitad más uno de los presentes (47 a favor, 44 en contra, 6 abstenciones). Pese a estar desenmascarada la maniobra del agregado bamba, congresistas, digamos de buena fe y confundidos, insistieron con una reconsideración en el Pleno, y el agregado bamba fue nuevamente rechazado pues no alcanzó a la mitad más uno de los congresistas presentes (48 a favor, 47 en contra, y 2 abstenciones). Ahora, desenmascarada la maniobra, tratarán de imponerlo en lo que resta de la legislatura. De todos modos, el debate público nacional está abierto.
Quedó una pregunta no respondida: ¿quién fue y con qué sustento técnico, económico, legal, se incluyó este agregado bamba? El trámite de agregados en la Comisión de Presupuesto del Congreso, está normado e incluye consultas y autorizaciones del MEF, dueño y señor del Presupuesto. Y cuando se trata de darle a un Ministro todo el poder normativo y administrativo sobre un Proyecto de Inversión de su sector, como lo hace el agregado bamba, es obligatoria la consulta y aprobación del Ministro, en este caso, del Ministerio de energía y Minas. El Dictamen no puede incluir un artículo que no esté firmado y sustentado por la bancada y su presentador, y debe ser tramitado al pleno como acuerdo de la mesa directiva y la mayoría de congresistas de la comisión. Si no se identifican los responsables ni se aclaran los procedimientos, es porque se trata de un lobbysmo de alto vuelo, de un agregado bamba dirigido a un beneficio particular.
3. ¿DE QUÉ TRATA EL AGREGADO BAMBA 75?
Atropella la democracia y vulnera la institucionalidad. Trata de descuartizar el proyecto histórico nacional del gasoducto y la petroquímica del surandino, establecido por las leyes vigentes.
Primero, es inconstitucional, pues arrebata al Congreso su facultad legislativa para trasladarla al Ministro MEM vía Decretos Supremos. El agregado, pretendía declarar de necesidad nacional y de ejecución prioritaria, tres proyectos de los que solo mencionaba sus títulos: “ Gasoducto al Sur del país”, (ojo, no “del sur”, sino “al sur”, léase etanoducto costero), “ Nodo energético del sur” y “Polo Petroquímico”.No planteaba una delegación de facultades legislativas, ni tampoco se aprobaba el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en Agosto 2012. Querían, además, anular las vigentes leyes 29129 y que establecen necesidad pública y prioridad nacional al gasoducto surandino y la petroquímica asociada.
Segundo, es inconstitucional, pues pretende sustraer una materia legislativa que el Gobierno ha enviado y está en trámite en el Congreso. El Gobierno ha enviado el PL 1396 en Agosto 2012, que desarrolla su propuesta relativa al Etano Ducto Costero, los tramos de “seguridad energética” en Camisea, el “nodo energético del sur”, sobre la base de descuartizar y anular el gasoducto surandino y la petroquímica asociada. Respecto a PL 1396 hasta la fecha el Ministerio de energía y Minas y el MEF no han enviado al Congreso los estudios técnicos, económicos y legales que los sustenten. Ocurre que no existen los estudios, como se demuestra al decir que se encarga a PetroPerú el Etanoducto costero, cuando la empresa pública no lo tiene en su programa de inversiones, y cuando están bloqueadas por el MEF y el MEM las planta de fraccionamiento y envase en Quillabamba.
Tercero, es inconstitucional, y pisotea las leyes orgánicas y leyes ordinarias sobre bienes de dominio público. Pretende que terrenos, edificaciones y otros del Estado vinculados a los proyectos cuyo título genérico menciona, sean transferidos en forma automática gratuita y cuando lo requiera y decida el MEM por Decreto Supremo. Incluye los de las empresas del Estado, es decir, PetroPerú y ElectroPerú, y de los Gobiernos Regionales y Municipales.
Cuarto, es inconstitucional, pues afecta los derechos de propiedad de ciudadanos, comunidades y empresas. Señala que el Estado (es decir, el Ministerio de energía y Minas) podrá por la vía de un Decreto Supremo imponer con carácter forzoso las servidumbres y las indemnizaciones, referidas al universo genérico de “proyectos” que el propio MEM va a definir.
Quinto, es inconstitucional, pues autoriza cambiar los procedimientos y establece plazos perentorios para opiniones técnicas, de compatibilidad y de autorizaciones y opiniones, sobre los proyectos que el MEM defina por el DS del agregado bamba. Se establece en el agregado bamba plazos para opiniones que deben ser favorables, de 10 días para el Ministerio de Ambiente, energía y Minas, y Evaluaciones de Impacto Ambiental; de 15 días para Áreas Naturales Protegidas, Autoridad del Agua y Ministerio de Cultura; y de 10 días para los sectores del poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales. Este aspecto también lleva a la posible ocurrencia de delitos, pues los plazos perentorios de 10 y 15 días, chocan con el hecho macizo que ¡¡hace 4 meses el gobierno no presenta ante las comisiones del Congreso ni autoridad alguna, los estudios técnicos, económicos y legales que sustenten los “proyectos” mencionados en el Proyecto de ley ya presentados al Congreso!! Se está ante dos posibles situaciones muy graves para los Ministros responsables: o se ha escondido premeditadamente el sustento de proyectos al Congreso, violando el mandato constitucional y el reglamento del Congreso; o el gobierno no tiene estudio alguno y se estaría obligando a un delito masivo en la administración pública para obligar a autorizaciones írritas.
4. EL GASODUCTO SURANDINO Y LA PETROQUÍMICA ASOCIADA
La derrota en el Congreso del agregado bamba ha sido posible, pues se está concordando entre las fuerzas patrióticas la alternativa que debe implementarse para hacerlo posible. El Foro Soberanía Energética que coordino (Especialistas y CGTP) así como el bloque de congresistas-regiones-municipios, tenemos ya una propuesta de ley, la que está contenida en el dictamen en minoría presentado ante el proyecto del Poder Ejecutivo sobre “masificación” del gas. Próximamente se presentará y se convocará para conseguir su aprobación y puesta en ejecución.
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