ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)
Es una realidad comprobada la presencia de importantes empresas petroleras estatales de terceros países con operaciones en la extracción de petróleo y gas en nuestro país. Solamente en los campos de Talara como en el Zócalo Continental se constata la presencia de empresas como Petrobras del Brasil en el lote X, Ecopetrol de Colombia y KNOC de Corea del Sur en la empresa Savia Perú en el lote Z-2B y la petrolera china Sapet operando el lote VI/VII. A ello debiera sumarse la presencia minoritaria de la estatal china CNPC en el lote 8 en la selva norte y de la estatal argelina Sonatrach en el Consorcio Camisea en los lotes 88 y 56.
En los campos maduros de Talara, sumando la producción de los lotes X, VI/VII y Z-2B se tiene una producción cercana a los 30 mil barriles diarios de un crudo liviano que abastece en su integridad a la refinería de PetroPerú, que debiera ser la más interesada en el aumento de la producción interna de petróleo, que solamente se obtiene con mayores inversiones de riesgo exploratorio.
Si bien es de trascendental importancia el futuro de la modernización de Talara y el problema referido a los contratos de hidrocarburos próximos a su vencimiento, la situación de los trabajadores petroleros debiera preocupar e interesar, en razón que son ellos los que hacen posible la obtención de la riqueza y de la renta petrolera, en las 24 horas de trabajo continuado, en precarias condiciones de seguridad, con actividades de alto riesgo como son las operaciones en el mar adentro.
Si se asume que la renta petrolera tiene cuatro formas y dos destinos. Esta por definición teórica y económica constituye la diferencia del precio internacional menos los costos internos de producción, y se distribuye entre el estado y las empresas operadoras.
El estado capta parte importante de la renta petrolera a través de las regalías pagadas más el impuesto a la renta, y las empresas operadoras obtienen la renta petrolera en la forma de utilidades y depreciaciones. En la práctica esta distribución se complica por los múltiples mecanismos que tienen las empresas para eludir los abonos de impuestos tales como las relaciones con empresas filiales y vinculadas, sobre costos para incrementar los gastos y costos, prácticas de endeudamiento financiero, débil regulación de PerúPetro, etc.
INGRESOS ENAJENADOS A LOS TRABAJADORES
En cambio, los trabajadores productivos de la industria petrolera (explotación) solamente perciben su participación en la distribución de las utilidades que por ley les corresponden el 8 por ciento de la utilidad antes de impuestos al igual que los trabajadores mineros.
Sin embargo, en la realidad con excepción de los trabajadores de la estatal brasileña Petrobras, el conjunto de los trabajadores que participan en la extracción del petróleo y gas perciben el 5 por ciento de la utilidad imponible en la participación de las utilidades; es decir, perciben una participación como si fueran trabajadores de la actividad comercial, de servicios, lo cual constituye un agravante que afecta el poder adquisitivo de los obreros, empleados, funcionarios y también de los gerentes.
Por ello un criterio a tomar en cuenta frente a la decisión respecto al vencimiento de los contratos de hidrocarburos debiera ser las prácticas de responsabilidad social con sus trabajadores, que por conveniencia interesada con una alta dosis de cinismo son considerados como “colaboradores” de las empresas a pesar de las evidentes injusticias.
En la filosofía de la responsabilidad social las relaciones de las empresas con los trabajadores debiera ser de confianza mutua y de respeto a los principios del derecho laboral, a las negociaciones colectivas y libertad sindical, donde las partes interesadas se beneficien de la bonanza económica que ha experimentada el sector gracias a los altos precios internacionales del petróleo.
En tal sentido, podemos afirmar que los trabajadores sindicalizados y muchos menos los trabajadores de servicios de terceros de las llamadas empresas contratistas, no se han beneficiado del llamado “boom del petróleo” en el período 2004 al 2012, donde con excepción de la caída del precio en el 2009, los altos precios del crudo se han incrementado sostenidamente hasta superar la barrera de los 100 dólares el barril.
Un mecanismo que refuerza esta posición se explica por las mínimas tasas de incremento salarial anuales que se han obtenido en las negociaciones colectivas que tienen como justificación de los aumentos el índice de precios (IPC) de Lima Metropolitana.
El IPC de Lima estima la variación promedio de los precios de bienes y servicios en un año, lo que permite calcular la inflación anual y acumulada. Sin embargo en razón del auge económico de las provincias del norte y sur del país, el IPC de Piura resulta superior al obtenido en Lima, con el agravante que en la ciudad petrolera de Talara, los bienes y servicios tienen mayores precios, pues es reconocida como una ciudad cara donde los alimentos y servicios tienen precios más elevados.
En la modernidad capitalista los salarios pagados a los trabajadores por el uso de la fuerza de trabajo debieran estar en correspondencia con la riqueza creada como a la productividad del trabajo y riesgo laboral. Con sueldos y salarios decentes los trabajadores incrementan su capacidad adquisitiva que tiene efectos multiplicadores en la demanda regional al margen de la contribución fiscal.
REGALÍAS DE LOS LOTES X, VI/VII Y Z-2B
Un tercer aspecto a considerar está relacionada a la responsabilidad fiscal en especial al abono de regalías que se fijan en un punto de fiscalización teniendo en cuenta la producción mensual de crudo y gas natural en relación a los precios internacionales, responsabilidad que le compete al organismo estatal PerúPetro.
En tal sentido, la comparación entre los contratos de explotación de los lotes X operado Petrobras Energía Perú y Z-2B por Savia Perú, en cuanto a las regalías pagadas en el 2011 y 2012 como se puede observar en el cuadro respectivo resulta ilustrativo “Talara: Performance de las Empresas Petroleras Estatales”
A pesar que los niveles de producción de los hidrocarburos líquidos en ambos lotes tienen una pequeña diferencia pues en el 2012 por ejemplo el lote X fue responsable de una producción de 14,148 barriles de crudo diarios y del Z-2B se obtuvieron en promedio por crudo y líquidos 13,034 barriles, sin embargo las regalías abonadas por el lote X ha sido de 257 millones de dólares frente a los 86 millones de dólares del Z-2B. Es decir las regalías obtenidas del lote X casi triplican a las regalías equivalentes del Z-2B
La explicación está en función de la tasa de regalías vigente en los contratos donde en el lote X a pesar del pago de 202 millones de dólares por las reservas probadas en 1996, abono realizado por la petrolera argentina Pérez Companc en la privatización de dicho lote que fuera operado por PetroPerú hasta diciembre de dicho año.
En el lote X la tasa de regalía es dependiente del factor “R” que aumenta en función de los mayores ingresos y mejores precios, llegando a ser en promedio del 44 por ciento en el 2012. Se debe tener presente que a partir del 2003 las operaciones del lote X están bajo responsabilidad de Petrobras que adquirió los activos de Pérez Companc a nivel de América Latina (Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú).
Por el contrario, en un cuestionado proceso de privatización el lote Z-2B fue transferido hacia fines de 1993. La empresa ganadora no calificaba estrictamente como empresa productora pues no acreditaba niveles de reservas probadas ni producción alguna. Sin embargo ganó una licitación convocada por la comisión privatizadora en ese entonces, suscribiendo un contrato de servicios, al cual el estado tiene que reconocer una retribución en especie.
PetroTech la empresa ganadora mantiene un contrato de servicios por las operaciones en el Z-2B, explotando las reservas probadas que descubrió la estatal Petromar filial de PetroPerú. La responsabilidad privada contractual data desde 1994 hasta el 2008, pues a partir de abril del 2009 las operaciones están bajo responsabilidad de Savia Perú.
Si se tiene presente que Petro Tech Peruana no abonó ninguna cifra por las reservas probadas, los niveles de inversión ejecutados fueron mínimos, expoliando los campos del Zócalo Continental, con cuestionadas prácticas laborales. Es más, abona una tasa de regalías equivalente al 16 por ciento por lo tanto se le reconoce una retribución del 84 por ciento, la misma que debió reajustarse en el 2003 a favor de una mayor participación fiscal.
Si a ello se suma los deprimidos valores por el alquiler de las plataformas marinas que son propiedad de PetroPerú pagando por los mismos un valor invariable de 10 millones de dólares anuales. Es decir, las empresas estatales herederas de las malas prácticas de Petro Tech siguen abonando el mismo valor por el uso de las plataformas, a pesar que en su origen contractual (1993) el precio del barril se cotizaba en cifras menores a los 20 dólares el barril y en el 2012 ha superado los 100 dólares el barril.
Sin lugar a dudas constituye un abuso del derecho comercial que PetroPerú perciba la misma renta durante 18 años por un activo que resulta fundamental para las empresas operadoras del Z-2B. En los Estados Unidos de Norteamérica este contrato sería observado por el Congreso por lesivo y abusivo pero en nuestro país donde la corrupción es un axioma que ha corroído los más altos niveles del estado resulta una cuestión normal.
En la misma línea de pensamiento la empresa china Sapet que en los inicios de su presencia en el país (1996) abonaba una tasa de regalías superior al 40 por ciento, por obra y gracias de negociaciones nada transparentes en el organismo regulador como PerúPetro, hoy abona una tasa de regalías menor al 13.35 por ciento. Este hecho debiera merecer una comisión investigadora del Congreso de la República por lo menos.
Es más, las malas prácticas chinas de Sapet tienen el agravante de haber sumado dos lotes el VI y el VII en uno solo con menores tasas de regalías, inventar dos curvas de producción mínimas, subvaluar las reservas probadas y depreciar la fuerza de trabajo pagando salarios miserables a sus trabajadores como si fueran “coolies chinos”
En esencia las empresas petroleras estatales que operan en la extracción de petróleo y gas en nuestro país reproducen los mecanismos de valorización de las empresas privadas, maximizando los ingresos y utilidades, minimizando los abonos de regalías y del impuesto a la renta, sobrexplotando la fuerza de trabajo por medio del pago de salarios que no guardan correspondencia con la riqueza creada y la productividad, lo cual será fuente renovada de conflictos.
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