ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI
El sector minero en el Perú durante la década de dictadura fujimorista experimentó un proceso radical de transnacionalización en cuanto a la venta de empresas estatales, mientras Chile retuvo en el ámbito público y potenció a la minera de cobre Codelco, la número uno en la producción mundial de dicho metal, y la mayor aportante al fisco y financista a través de la ley reservada de cobre en la modernización de las fuerzas armadas chilenas.
En cuanto a la transferencia al sector privado de yacimientos y proyectos mineros a “precios de regalo” como Yanacocha, Quellaveco por 12.5 millones de dólares, Antamina por menos de 20 millones de dólares, Barrick (Pierina), Toromocho, Antapaccay y otros. En verdad, los gobiernos de turno sea por interés o ignorancia no valorizan correctamente los recursos naturales, ni los pasivos ambientales que se generan, de allí la fuerte oposición de las poblaciones campesinas que no participan de la riqueza minera.
Sobre las consecuencias de una privatización irracional sirva de ejemplo el descuartizamiento de las rentables unidades mineras de Centromín como Andaychagua, San Cristóbal, Cerro de Pasco, Morococha, Casapalca, que se vendieron aparte del centro metalúrgico de La Oroya hacia 1996, ciudad que hoy languidece en la pobreza, con los trabajadores de Doe Run en el desempleo.
La falta de planeamiento estratégico y la decisión de vender por partes la rentable minera de Centromín explicaría más tarde en lo fundamental el cierre de la fundición de La Oroya desde el 2009 hasta la actualidad; constituye pues una cruel paradoja que lo más avanzado en valor agregado minero que tiene el país, donde se fundía y refinaba los concentrados hoy esté al borde de la liquidación, pues técnica y económicamente el centro metalúrgico estaba integrado históricamente a la producción minera.
Igualmente se privatizaron a vil precio las empresas mineras como Cerro Verde que fue revendida más de tres veces como negocio privado, Mra. Tintaya, Hierro Perú, la fundición de Ilo en Moquegua entre las más importantes. Con el boom minero del 2004 al 2013 algún agente privatizador como Apoyo S.A., Macroconsult, Prisma etc. se ha interrogado sobre cuánto habría captado el estado por ingresos y beneficios con una administración eficiente y transparente de las empresas públicas.
Igualmente durante el fujimorismo se promovió la inversión minera a través de una serie de beneficios tributarios para la atracción de inversionistas muchos de ellos especuladores. La serie de beneficios tributarios como la devolución anticipada del impuesto general a la ventas en la etapa de exploración, la doble depreciación mediante las fusiones y/o absorciones, la deducción de una serie de gastos considerados tributarios de la utilidad imponible que tienen el efecto de reducír al mínimo la captación del impuesto a la renta, la depreciación acelerada, la reinversión de utilidades hasta el 80 por ciento del impuesto a la renta, el arrastre de pérdidas y muchos otros beneficios etc.
Estos beneficios tributarios sumados a los bajos costos salariales y ambientales explican en última instancia el atractivo de la inversión minera. Prueba de ello es la ridícula participación del estado en la riqueza minera. Así, durante el boom minero (2004/2013), el estado de cada 100 dólares de ingresos por exportaciones ha captado directamente apenas el 12 dólares, sea por impuesto a la renta, las regalías mineras tanto las viejas como las nuevas, por el gravamen e impuesto extraordinario, más el aporte voluntario y los llamados derechos de vigencia mineros.
En este contexto es que debemos ubicar las protestas de los trabajadores mineros ante las pretensiones de las empresas mineras de continuar obteniendo utilidades con los menores precios del cobre, plata, molibdeno etc. Es decir, terminada la bonanza de precios las empresas pretenden descargar en los trabajadores los controles salariales, los recortes de bonos de productividad, menores remuneraciones, en resumen una mayor explotación de la fuerza de trabajo ante la retracción de sus ingresos y beneficios.
EL CASO CHINALCO
Según el Marco Macroeconómico Anual (2017/2019), documento oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Perú durante el 2016 lidera el aumento de la oferta mundial de cobre. “Con la recuperación, consolidación y nueva producción de las minas cupríferas (Las Bambas, Constancia y Toromocho) se estima que durante el 2016, el Perú desplazará a China del segundo lugar como mayor productor de cobre a nivel mundial, quedando solo por detrás de Chile, consolidándose en dicho lugar durante el 2017” (pág. 35)
Ello demuestra los bajos costos de producción de la minería de cobre en nuestro país en relación a otros países, incluso resultan menores a los vigentes en la China que por ahora ostenta el segundo lugar en la producción cuprífera mundial. Ello es importante de destacar pues las operaciones del yacimiento de Toromocho son de responsabilidad de la empresa estatal china CHINALCO cuya matriz es la gigante transnacional Aluminum Corporation de China cuyo accionista es el Consejo de Estado de la República Popular China.
Si se tiene presente que el costo efectivo de la producción de cobre en nuestro país es uno de los más bajos en el mundo, que la mayor proporción de la producción minera de Toromocho se destina al mercado chino, si se considera los incrementos en la producción de cobre, plata, zinc y molibdeno en el 2015 en relación al 2014, las deprimidas remuneraciones de los trabajadores de Chinalco, la falta de seguridad en las operaciones, el incumplimiento del pago de bonos trimestrales podemos entender el grave resentimiento en la fuerza laboral que impulsa a la toma de medidas de protestas ante lo que constituyen abusos de la empresa hacia sus trabajadores.
UN PARO JUSTIFICADO
Mra. Chinalco a cargo del proyecto Toromocho, desde abril del 2014 está considerada como empresa operativa desde el punto de vista tributario por la SUNAT. En el 2015 con una producción de 182 mil toneladas de concentrados de cobre, 17,980 toneladas de zinc, 2,434 toneladas de molibdeno y más 164 mil kilos de plata, la han ubicado en el quinto puesto en la producción de concentrados de cobre y plata gracias al esfuerzo y productividad de sus trabajadores.
Es más, al primer trimestre del 2016 se han producido 31,407 toneladas de cobre fino equivalentes, 30,168 kilos de plata, más de 5,519 toneladas de zinc, y 273 toneladas de molibdeno como se podrá apreciar a pesar de los problemas técnicos provocados por la maquinaria china importada para las operaciones. Tal como se puede observar en el cuadro “Mra. Chinalco S.A. Aumenta Extraordinariamente la Producción en el 2015”
Debiera ser una preocupación del estado peruano las duras condiciones de trabajo, las graves faltas en las medidas de seguridad e higiene, que lamentablemente se expresan en los altos índices de accidentes fatales e incapacitantes. más los incumplimientos contractuales en los convenios colectivos. Prueba de ello son los seis accidente fatales ocurridos entre el 2010 al 2015, según el cuadro “Mra. Chinalco: 6 Accidentes Mortales en 5 años de Actividad”
Los bajos costos de operaciones se expresan en las políticas de “cholo barato”, magros salarios, donde no se reconoce los riesgos de la actividad minera, como las operaciones de Toromocho por encima de los 4,000 metros de altitud en la sierra central del Perú. Entre el 2010 al 2015 son seis los accidentes fatales donde si bien cuatro de ellos correspondían a empresas contratistas y dos accidentes mortales al titular de las operaciones, en realidad la responsabilidad legal corresponde al titular minero. Por ello, un factor determinante en las remuneraciones al margen de la rentabilidad, productividad del trabajador debiera ser el riesgo.
Se debe reconocer que la Mra. Chinalco atrajo a sus trabajadores con supuestos atractivos en remuneraciones y con condiciones de trabajo superiores a los vigentes en la gran minería, como el otorgamiento de un bono trimestral equivalente a la cuarta parte de la remuneración mensual, bono que se pagó dicho sea de paso, incluso en la etapa de levantamiento y construcción, es decir, en la etapa preoperativa, cuando no se generaban ni ingresos ni utilidades.
Por ello, los trabajadores consideran un abuso injustificado que no se pague dicho bono correspondiente al primer trimestre del 2016, más aún cuando los trabajadores no han tenido participación alguna en la elaboración de las proyecciones de producción, ni acceso a los acceso a los estados financieros auditados al 2015.
Es más, transcurridos un poco más de dos años la mayoría de los trabajadores operativos representados en el Sindicato de Trabajadores con más de 700 afiliados han adoptado legalmente la decisión de paralizar las operaciones productivas los días 31 de mayo, 1, 2, y 3 de junio en las dos guardias en demanda de derechos y beneficios conculcados por la transnacional china que reproduce las prácticas del despotismo oriental.
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