Hacia mediados de los años noventa del siglo pasado el corrupto régimen del fujimorismo privatizó a precios subvaluados los lotes petroleros, la refinería de Pampilla, las filiales de PetroPerú como Solgás responsable del envasado y distribución de los balones de gas licuado de petróleo; también vendió la empresa naviera Transoceánica cuya flota constituía parte de la reserva naval, y la filial petrolera responsable de las operaciones en el mar, Petromar; asimismo se transfirieron al sector privado los grifos de expendio de combustibles, los terminales, la planta de lubricantes Petrolube, todo en el marco de una política de descuartizamiento de la petrolera estatal, para favorecer los intereses privados.
Sin embargo, la decisión del nefasto régimen de privatizar el conjunto de las empresas públicas encontró una férrea oposición de los trabajadores en general con la CGTP a la cabeza, y en particular de los trabajadores petroleros, que con un alto costo social con cientos de trabajadores despedidos defendieron el patrimonio nacional. Por ello, es importante recordar a los 85 trabajadores despedidos de Talara en 1996 que han demandado al Estado ante la Corte Interamericana de Costa Rica por la violación de los derechos humanos, por el delito de defender la integridad de la Refinería de Talara ante el entreguismo del gobierno de ese entonces.
A ello se sumaron frentes cívicos y personalidades democráticas que hicieron posible la permanencia de la Refinería de Talara, Ref. Conchán, Pucallpa, Iquitos, Oleoducto Norperuano, y las plantas de ventas que todavía están bajo responsabilidad de PetroPerú, la cual a pesar de los años transcurridos explica el 47 por ciento del mercado de combustibles en nuestro país, liderando al conjunto de las empresas en cuanto a los ingresos generados.
Se debe recordar que hacia 1994 los volúmenes producidos de petróleo crudo bordeaban los 121 mil barriles diarios y el fujimorismo justificó la privatización de los lotes petroleros bajo responsabilidad de PetroPerú, tales como los lotes Z-2B en el Zócalo Continental, el lote 8/8X (Trompeteros), y el lote X de Talara que fue subdividido en los lotes I, II, III, IV, VI, VII, IX quedando el lote X redimensionado, todos en el departamento de Piura.
Al cierre del 2015 la producción de petróleo crudo, sin considerar los líquidos de gas natural de Camisea en especial, sumaban los 58 mil barriles diarios, y al mes de mayo del presente la producción del crudo está por debajo de los 40 mil barriles diarios, ante la paralización de la producción del lote 192 (Andoas) por los problemas de cierre en el Oleoducto Norperuano y de Perenco lote 67.
Esta realidad confirma nuestra tesis en el sentido que la privatización de PetroPerú constituyó una privatización irracional, anti técnica e interesada que llevó a cabo el nefasto régimen fujimorista con el objeto de favorecer intereses privados a costa del interés público y del consumidor, que paga más del doble por los combustibles en relación a los precios vigentes en el país más rico del mundo: los Estados Unidos de Norteamérica.
Al mismo tiempo el salvataje petrolero que demandan las empresas petroleras a través de cuestionados legisladores pone en cuestión los principios del discurso liberal, en cuanto a la responsabilidad empresarial privada cuya eficiencia y capacidad empresarial era supuestamente superior al comportamiento y presencia de PetroPerú como operador de los campos petroleros.
¿QUÉ SOSTIENE EL REFERIDO PROYECTO?
En verdad, el referido proyecto tiene una serie de objetivos bien intencionados, necesarios, como la necesidad de reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos a nivel nacional “ con la finalidad de revertir o atenuar los efectos de la caída del precio internacional del petróleo crudo, a saber: la contracción de las inversiones en actividades de exploración y desarrollo de hidrocarburos, el desplazamiento de reservas probadas de hidrocarburos a la condición de recursos por razones económicas, el descenso drástico de la producción de petróleo, el cierre de pozos y yacimientos por haber alcanzado el límite económico, la menor recaudación de tributos, el cese de trabajadores en las empresas petroleras y empresas de servicios, el menor canon petrolero por caída de precio y producción, entre otros” Art. 2.
Todos podemos compartir tan loables objetivos para superar o amortiguar la caída de la producción interna de petróleo crudo que con niveles menores a los 60 mil barriles diarios entre crudo ligero y pesado, ante un mercado interno de combustibles que demanda más de 200 mil barriles diarios para ser transformados por las refinerías locales, fomenta la importación de petróleo y derivados como el diesel con 50 partes de millón de azufre.
Esta menor producción de petróleo a nivel interno asociada a los menores precios del petróleo internacional que tiene como referente los precios del West Texas Intermediate (WTI), cuyo comportamiento se puede captar en el cuadro “Ingresos por Regalías de Petróleo para el Fisco”. Así, desde el 2004 los precios internacionales han tenido un comportamiento ascendente, pasando de los 41.4 dólares el barril para trepar a los 99.6 dólares en el 2008 para mantenerse sobre los 90 dólares el barril durante el 2011, 2012, 2013 para ubicarse en los 93.3 dólares en el 2014. Resulta evidente que las regalías captadas aumentaron gracias a los mayores precios internacionales como se podrá observar en el cuadro.
Sin embargo, con estos altos precios las empresas petroleras no se preocuparon por hacer mayores inversiones exploratorias, pozos de desarrollo, estudios de sísmica, por una serie de razones que se sintetizan en la mayor codicia, en el afán de la ganancia de corto plazo con el menor riesgo posible.
Por el contrario, con precios promedio de 48.7 dólares el barril durante el 2015 que se mantienen a dichos niveles durante los primeros meses del 2016 las empresas demandan un “rescate petrolero” que significa en esencia una reducción de las tasas de regalías que abonan al fisco para nivelarlas al 15 por ciento si los precios son menores a los 70 dólares el barril para lo que se denominaría una producción básica, y del 5 por ciento para la producción incremental en un período de tres años.
Lo que están demandando las empresas petroleras usando la firma de una serie de congresistas que prontamente pasarán al olvido histórico es una granjería más, pues en lugar de reinvertir las regalías dejadas de pagar, como fue el caso de la “ley de Promoción de la Inversión en los Campos y Reservas Marginales” Ley Nº 28109 promulgada en noviembre del 2003, que comprometía la inversión de capitales frescos con un aporte equivalente a las regalías de abonar, incluso con precios internacionales menores a los 40 dólares el barril, es decir, por debajo de los niveles actuales.
Por el contrario, analizando el texto del proyecto en referencia Nº 5216, no existe ningún articulado que obligue a las empresas a reinvertir las regalías dejadas de pagar al Estado, lo cual tendría realmente un carácter reactivador y multiplicador. Ni mucho menos existe una cláusula que comprometa capitales frescos como inversión nueva asumiendo los riesgos propios del capitalismo moderno, todo lo contrario al rentismo y capitalismo especulativo.
El proyecto realiza la forzada distinción entre la producción básica que sería la producción fiscalizada en el mes anterior a la vigencia de la ley en el supuesto que fuera aprobado. Así, por un período de tres años, esta producción básica pagaría una regalía del 5 por ciento si el barril de petróleo se mantiene por debajo de los 30 dólares el barril, y del 15 por ciento si el precio se ubica sobre los 70 dólares el barril. La tasa de regalías por aplicar entre precios intermedios entre 30 y 70 dólares el barril se “determinará por interpolación lineal”, es decir, si el precio internacional fuese de 50 dólares el barril la tasa de regalía por aplicar sería del 10 por ciento.
En resumen, al no existir una cláusula que obligue a las empresas petroleras a la reinversión con las regalías dejadas de abonar, ni mucho menos el compromiso de invertir capitales frescos, no se puede entender cómo se reactivaría el sector petrolero, con inversiones en la exploración y explotación. Lo cual demuestra una debilidad en la naturaleza del proyecto que busca aliviar la situación económica financiera de las empresas a cambio de ningún compromiso de inversión en firme.
Resulta evidente que las empresas que serían beneficiadas con el referido proyecto de ser aprobada la ley serían un conjunto de empresas que abonan tasas de regalías que fluctúan entre el 18 por ciento al 45 por ciento y operan en el departamento de Piura, Loreto, Ucayali, las mismas que podemos considerar relativamente altas en comparación a países como Colombia.
Sin embargo, no podemos entender una disminución de las tasas de regalías como propone el proyecto, que afectaría los intereses del fisco y por tanto el financiamiento parcial del canon petrolero que viene disminuyendo ante la menor producción de crudo. Si en el 2015 el fisco captó en los contratos petroleros regalías por un monto de 204 millones de dólares con precios promedio del barril a 48.7 dólares el barril, de aprobarse la ley tales ingresos fiscales se reducirían aún más y lo que es más grave no habría ningún compromiso de inversión para levantar la producción de petróleo crudo, que es lo que el Perú demanda.
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