En verdad son múltiples los problemas económicos y políticos tanto internos como externos que el próximo gobierno tendrá que enfrentar, destacando la herencia del falso nacionalismo en razón de su incapacidad en el fomento de los grandes proyectos de inversión en especial los mineros energéticos, duramente cuestionados por la derecha económica, incluidos asesores de PPK.
Así, la modernización de la refinería de Talara ha sido calificada como “elefante blanco” por el voceado ministro de economía y finanzas dixit Alfredo Thorne experto financista internacional pero neófito político peruano. En todo caso, se debe asumir que la modernización de la refinería de PetroPerú se pagaría con el incremento de la producción al aumentar su capacidad de refino de 65 mil barriles a 95 mil barriles.
Se debe tener presente que la inversión de más 3,750 millones de dólares hasta ahora tiene un avance de obra superior al 30 por ciento, y la modernización debiera estar terminada a más tardar en el 2018. Con una refinería modernizada con capacidad de procesar combustibles limpios con 50 partes por millón de azufre, se podrá sustituir las importaciones de dichos combustibles en especial del diesel 2 S-50, que de lejos superan los 2,000 millones de dólares por año en promedio.
En tal sentido, constituye un falso debate de nuestros liberales criollos que a estas alturas cuestionan la decisión de gobierno de Humala de paralizar dicha inversión la misma que sería una pésima señal para los inversionistas dado que la revisión de las cifras sobre los montos de inversión fueron refrendadas por prestigiosas consultoras y organismos internacionales.
En todo caso nuestros liberales criollos debieran responder sobre la pertinencia de comprar en el exterior a partir del 2019 más de 90 mil barriles diarios del diesel 2 con 50 partes por millón de azufre con importaciones que superan los 2,000 millones de dólares anuales, valores que en última instancia son pagados por los consumidores del país.
Por el contrario, la alternativa razonable, técnica, de sentido común sería la importación de crudo ante el fracaso de la privatización en el sector de hidrocarburos. El petróleo importado sería refinado internamente para procesar combustibles limpios, es decir, fomentamos las políticas de valor agregado, con ganancias ambientales, generando empleo e impuestos en una cadena de valor que supera de lejos a la simple importación de derivados.
GASODUCTO DEL SUR EN EL LIMBO
En el mismo sentido existe un grave entrampamiento en la construcción del gaseoducto del sur que tiene un avance del 38 por ciento no solamente por la paralización por problemas financieros de su principal accionista la brasileña Odebrecht y la controversia con una tercera adenda que supone el compromiso y garantía de recursos públicos en un negocio privado que será una herencia para el nuevo gobierno.
El problema es más grave pues el referido gasoducto no tiene el abastecimiento garantizado de gas natural. En el pasado reciente, cuando la brasileña Petrobras detentaba el control sobre el lote 58 al 100 por ciento y del lote 57 al 43 por ciento, existía una relativa integración vertical entre la producción y el transporte, pues ahora sabemos que Petrobras y Odebrecht jugaban en pared en negocios lícitos e ilícitos en Brasil como en otras partes del mundo.
Habiendo transferido Petrobras a fines del 2012 su participación a la empresa estatal china CNPC en los referidos lotes, no está asegurado el abastecimiento de gas natural para el gasoducto del sur por estrictas razones jurídicas, contractuales y económicas.
Según la ley de hidrocarburos vigente promovida por el fujimorismo en la década de los noventa del siglo pasado, en los contratos de licencia firmados el estado representante de la Nación ha renunciado a la titularidad sobre los hidrocarburos, es decir a la propiedad sobre los mismos y a cambio percibe una regalía.
Si se tiene presente que la tasa de regalías por pagar en los lotes 58 y 57 será del 5 por ciento, y que los precios de los hidrocarburos, es decir gas y líquidos de gas natural serán libres de acuerdo a las políticas del libre mercado, lo cual supone acuerdo entre productores y compradores, podemos afirmar que la estatal china CNPC no está obligada en el abastecimiento del gasoducto al menos que constituya un negocio rentable.
De allí, que el próximo gobierno tendrá que renegociar los contratos de hidrocarburos para priorizar la provisión de gas natural al gasoducto del sur que mínimamente demandará 5 trillones en el largo plazo, y por ahora solamente tendría un trillón proveniente del lote 88 que por naturaleza contractual tiene un precio regulado, entiéndase barato.
En el mismo sentido, constituye un imperativo nacional la necesaria renegociación del contrato de exportación del lote 56 que no es propiamente un negocio privado como ha afirmado el ungido presidente. Por estrictas razones económicas, ante el derrumbe del marcador del gas natural Henri Hub en los Estados Unidos de Norteamérica que se utiliza como precio referente en la exportación, los peruanos estamos pagando más caro por el gas natural que se vende en el mercado interno, lo cual es un absurdo económico, de allí las miserables regalías que se perciben por el lote 56 de exportación y la disminución del canon gasífero en el Cuzco y el FOCAM que constituye un ingreso que perciben los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Ica, Ucayali y Región Lima en razón del gasoducto que atraviesa dichas regiones.
DERRUMBE DEL CANON MINERO
Si a ello se suma el agravamiento de la desaceleración económica con un crecimiento del valor de la producción de bienes y servicios (PBI) menor al 4 por ciento para el este año, junto a menores ingresos tributarios recaudados por el gobierno central en el 2015 en relación al 2014 por el orden de los 5,127 millones de soles menos, cuya tendencia se agravará por los menores impuestos a la renta abonados en especial por el sector minero.
En tal sentido, una contradicción que alimentará los conflictos sociales en especial en Cajamarca, Ancash, Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua será la dramática disminución del canon minero por distribuir que será menor a los 1,500 millones de soles, en lo que corresponde al ejercicio fiscal del 2015.
Siempre hemos cuestionado la naturaleza del canon minero que está determinado por el 50 por ciento del impuesto a la renta pagado por los titulares mineros en la minería metálica. En tal sentido, si se cae el impuesto a la renta por una serie de razones que hemos expuesto en artículos anteriores, se derrumba el canon minero, lo cual está pasando desde el 2012 a la fecha, tal como se puede observar en el cuadro “Impuesto a la Renta y Regularización de Tercera Categoría de la Actividad Económica 2006/2015”
En el 2012 el impuesto a la renta pagado por la minería metálica era de 6,456 millones de soles y constituía el 27 por ciento del impuesto recaudado de tercera categoría es decir pagado por el conjunto de las empresas de todos los sectores que generan utilidades. En el 2013 el impuesto pagado por las mineras fue de 3,321 millones de soles, en el 2014 bajó a 2,250 millones de soles para caer en el 2015 a los 1,210 millones de soles que representan el 7.6 por ciento del impuesto de tercera categoría.
Con este sombrío panorama la tesis de PPK para destrabar los grandes proyectos mineros que involucran valores superiores a los 57 mil millones de dólares, entre los cuales se incluyen Quellaveco, La Granja, Michiquillay, Galeno, Tía María, Río Blanco, no deja de ser interesante.
Antes de empezar en las exploraciones y de iniciar la fase de explotación las comunidades deben percibir de manera adelantada los beneficios de la actividad minera con inversiones del estado a cuenta de los impuestos que se percibirán de las futuras explotaciones lo cual supone estrictas políticas de responsabilidad social y un acuerdo con las comunidades campesinas.
Así, con inversiones en electrificación rural, vías de comunicación, telefonía, con represas de agua, acceso a la salud y educación de calidad, mejoramiento de pastos y ganado etc. las poblaciones rurales puedan sentir los beneficios de la modernización para disminuir las grandes desigualdades sociales entre el campo y la ciudad. Superando en lo posible la extrema pobreza rural con políticas de empleo sanas que permitan ganar ventajas competitivas en un proceso de diversificación productiva.
(*) Puede ver la Publicación en:
http://diariouno.pe/2016/06/19/los-desafios-economicos-de-ppk/
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