ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI
No deja de ser una paradoja de la historia que un gobierno supuestamente nacionalista preocupado por “los de abajo” como se definía el presidente Humala en materia de política tributaria haya apostado por una disminución de la tasa del impuesto a la renta, mientras PPK se haya comprometido en su programa de gobierno por una reducción de tres puntos en el impuesto general a la ventas (IGV) en su futuro mandato.
Así, mientras el comandante/presidente disminuye la tasa del impuesto a la renta a los ricos, pues constituye un impuesto directo que grava la riqueza, un liberal como PPK se compromete a disminuir un impuesto indirecto como el IGV de una tasa del 18 por ciento al 15 por ciento, que lo pagan tanto los “de arriba como los de abajo”, afectando indudablemente relativamente más a la población de menores ingresos. Por eso se dice que los impuestos indirectos son regresivos pues afectan a las grandes mayorías con efectos perversos en la distribución del ingreso. Por tanto, ¡PPK sería progresista y Humala conservador en esta materia!
Con una menor tasa en el IGV la expectativa es promover la formalización en las pequeñas empresas, aumentar los ingresos tributarios y como una medida para reactivar la demanda interna el público tendría más dinero en el bolsillo si esta rebaja en el precio final por el consumo de bienes y servicios fuese íntegramente trasladada al consumidor, lo cual no siempre sucede por los altos niveles de concentración económica.
Por el contrario la disminución de la tasa del impuesto a la renta más conocido como el impuesto a las ganancias de 30 por ciento al 26 por ciento en el 2019, se sustentaría en el supuesto de incentivar la inversión bajo el argumento que los impuestos dejados de pagar debieran reinvertirse, generando demanda agregada, es decir más consumo e inversión por su efecto en el conjunto de la economía.
Este principio económico liberal no tiene correlato en la realidad peruana, pues la inversión en especial en el sector minero/energético se orienta por los principios de rentabilidad al largo plazo aprovechando, los bajos costos de producción, en especial de la baratura en la fuerza de trabajo, débil propensión a tributar por una serie de beneficios tributarios otorgados durante el fujimorismo, y el gas barato de Camisea para las eléctricas (Edegel, Kallpa y Enersur)
En diversos artículos hemos demostrado para el caso de la minería que se desenvuelve en nuestro país la débil participación del estado en la captura de renta, durante el período de bonanza 2004/2014. Sea tanto por el impuesto a la renta pagado por los titulares mineros, participación en las regalías mineras tanto en las viejas como en las nuevas, aporte voluntario, derechos de vigencia, gravamen e impuesto extraordinario minero, lo que ha percibido el estado no guarda proporción con la riqueza creada, de allí los renovados conflictos sociales y la incapacidad del estado para resolverlos.
Así, en el denominado boom minero el estado peruano de cada 100 dólares de ingresos por exportaciones a lo sumo ha captado directamente un promedio de 12 dólares lo que resulta equivalente a decir que del 100 por ciento de ingresos por exportaciones en el período 2004/2014, la participación del estado ha sido apenas del 12 por ciento, a diferencia de Chile que captura más del 24 por ciento gracias a la participación de la empresa estatal del cobre Codelco en la renta minera.
Si a ello se agrega el principio internacional en relación a que no se deben exportar impuestos, las empresas que se desenvuelven en la actividad exportadora hacia el resto del mundo gozan del beneficio de la devolución del IGV (18%). Así, por el impuesto general a la ventas pagado por los bienes y servicios utilizados en la producción destinada a los mercados internacionales que está constituida en un 85 por ciento por productos tradicionales (minería, hidrocarburos, pesca etc.) son merecedoras de este beneficio que no gozan los vendedores en el mercado local.
Ello significa que cientos de millones de soles sean devueltos anualmente por la SUNAT a las empresas exportadoras a las cuales este gobierno ha disminuido la tasa del impuesto a la renta. Se debe tener presente que la devolución del IGV es reconocida como un crédito tributario que normalmente es utilizado a cuenta del impuesto a la renta por pagar en un período máximo de cuatro años.
En tal sentido, la disminución del IGV no deja de ser una propuesta progresista de parte de PPK que lamentablemente el futuro ministro de economía y finanzas de su gobierno Alfredo Thorne, un PPK jubilado con veinte años menos, ha condicionado en función a la evolución de los ingresos tributarios dado el creciente déficit fiscal que se estaría heredando a partir del 28 de julio próximo.
Las cifras al respecto entre el 2012 al 2015 resultan ilustrativas en materia tributaria. Mientras el IGV recaudado sea interno y por las importaciones aumentó de 44,042 millones a 51,688 millones de soles con un incremento de 7,646 millones, el impuesto a la renta de tercera categoría que constituye un impuesto a las utilidades que pagan las empresas disminuyó en el mismo período de 20,744 millones a 16,817 millones con tendencia a seguir bajando.
Sin embargo, no deja de tener razón el futuro presidente cuando se trata de formalizar a los productores auríferos informales que no abonan el IGV o si lo abonan no pueden deducir dichos montos como crédito tributario en razón que no están reconocidos como titulares mineros. Mucho menos pagan el impuesto a la renta que dicho sea de paso constituye la base determinante del canon minero. Ello es particularmente grave en departamentos como Madre de Dios, Puno, Ayacucho, Arequipa, Ica donde prolifera la minería ilegal e informal con un pernicioso deterioro ambiental.
LA INFORMALIDAD OFICIAL DEL ORO
En tal sentido no deja de ser extraña y controversial, la realidad sobre la producción aurífera fiscalizada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en relación a la producción para exportación de oro registrada por el BCR en el período 2004/2015 e incluso al primer trimestre del 2016, según el cuadro “Perú: Producción y Exportación de Oro. Valor Estimado del Oro No Declarado. De película, según el cuadro exportamos más oro de lo que producimos oficialmente, por tanto la diferencia es el oro no declarado, de fuente ilegal e informal.
Desde el 2004 el precio del oro expresado en dólares por onza troy ha subido como espuma, de un valor de 410 dólares la onza para trepar a un máximo de 1,670 dólares en el 2012 y de allí disminuir para ubicarse en los 1,160 dólares en el 2015 y aumentar un poco en el primer trimestre del presente año para centrarse en 1,160 dólares la onza tal como puede observarse en la columna “D” del cuadro en mención.
Con esos niveles del precio del oro la extracción de aurífera resulta rentable para las grandes, medianas y pequeñas empresas mineras. Pero también para los mineros informales e ilegales que con precios superiores a los 700 dólares la onza tienen asegurada una rentabilidad a pesar que muchos de ellos abonan elevadas regalías a los titulares ausentistas de las concesiones mineras.
En la columna “A” del cuadro se exponen los volúmenes exportados por las empresas mineras en el período 2004/2016 donde algunas de las empresas exportadoras son trader, comercializadoras, intermediarias que compran el oro a productores informales. Como se podrá observar los volúmenes exportados según las cifras oficiales del BCR superan los seis millones de onzas por año en promedio.
Así, en 2004 se exportaron volúmenes equivalentes por 5,958 miles de onza, es decir 5.9 millones de oro. El año pico de los volúmenes exportados se alcanzó en el 2009 cuando se exportaron 6,972 miles de onzas, es decir, 6.9 millones, para llegar a los 5,689 miles de onzas troy en el 2015, siendo las principales exportadoras las empresas como Mra. Yanacocha, Barrick Misquichilca, Mra. Horizonte, Retama, y otras empresas comercializadoras que la SUNAT reconoce e identifica, pues compran el oro informal.
En la columna “B” se expone la producción fiscalizada de las empresas formales que cada año presentan al ministerio del sector su Declaración Anual Consolidada (DAC), y mensualmente reportan a la Dirección General de Minería (DGM) la producción fiscalizada que paga regalías e impuestos.
Como resulta evidente existe una notable diferencia entre los volúmenes exportados de oro según el BCR en relación a los volúmenes producidos según el MEM. En tal sentido la columna “C” expone la diferencia entre la exportación de oro y la producción fiscalizada según el ministerio de Energía y Minas. Esta diferencia supera el millón de onzas por año en especial en los años 2009 al 2013, tal como se podrá observar en el cuadro respectivo.
LA GRAVE EVASIÓN
La columna “E” estima los valores de oro no declarados por año entre el 2004 al 2016 incluido el primer trimestre del presente. Así, en el 2004 el valor no declarado era de 158 millones de dólares, pero en los años siguientes cuando el precio del oro se dispara por encima de los 1,225 dólares la onza como en el 2010, los valores no declarados de oro superan los mil millones de dólares por año, en particular el 2012 cuando trepó a los 2,047 millones de dólares.
Esta constituye una fuerte evasión tributaria de la cual los diversos gobiernos han sido incapaces de resolver como han sido un fracaso también las diversas tentativas por formalizar a los productores ilegales, incluso con medidas punitivas, persecusión, destrucción de maquinaria, equipo que no deja de ser un acerbo de capital del país.
Debiera ser evidente que la producción de oro informal e ilegal no abona regalías, ni muchos menos el impuesto a la renta, siendo lo más grave el deterioro ambiental y la violación de los derechos laborales con formas de explotación arcaicas de semiesclavitud con redes mafiosas de prostitución, donde impera la ley del más fuerte con una violencia incapaz de ser controlada por el poder del estado.
En tal sentido, la propuesta de PPK en cuanto a la creación de una Banco de Fomento Minero lo cual podría crear resistencia por la mayor burocracia, pues bastaría otorgarle mayores facultades al Banco de la Nación para que compre el oro informal pagando un plus sobre el precio de mercado, con la condición de asumir la formalización minera y el respeto ambiental a través del compromiso de un estudio de impacto ambiental.
Es decir, un liberal como PPK realiza una propuesta de mercado para fomentar la formalización en la producción aurífera con miles de trabajdores que moviliza millones de dólares que evaden impuestos y regalías afectando los ingresos locales y regionales con un grave deterioro ambiental. Esta sería una alternativa moderna ante un viejo problema que demanda un estado fuerte pero eficiente que un viejo lobbista tratará de resolver.
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