ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI
No debiera estar en cuestión la capacidad profesional y académica del futuro ministro de energía y minas, Gonzalo Tamayo miembro y accionista de la Consultora Macroconsult, una de las entidades más reconocidas conjuntamente con Apoyo S.A. en la asesoría económica, financiera, administrativa y laboral a un conjunto de empresas, que según su portal abarcaría a las más importantes del mundo económico en nuestro país.
Con la información disponible he resumido las empresas del sector minero energético que figuran como clientes de Macroconsult S.A. donde evidentemente habría un claro “conflicto de intereses” entre los objetivos, necesidades y requerimientos de las empresas versus el interés público, por más renuncias formales que se pudieran hacer. Ver cuadro al respecto
Si bien PPK insta a sus futuros ministros a no desarrollar ni reproducir “conflicto de intereses” es altamente improbable que ello sea puesto en práctica, pues los ministros que provienen del mundo empresarial expresan los intereses del capital. Ello es una cuestión objetiva que está más allá de la voluntad personal. En tal sentido, no nos equivocamos al decir que ¡El Sr. Tamayo es un funcionario al servicio del capital, lo será ahora del interés público, difícil muy difícil!
Sin duda alguna el Presidente elegido reconoce en el nuevo ministro su conocimiento sobre la importancia del sector minero energético, y los principales problemas a nivel sectorial como empresarial, mas existiría una duda razonable sobre las decisiones que se habrán de adoptar.
En Macroconsult son accionistas reconocidos economistas que participan en una serie de directorios privados como Elmer Cuba, Drago Kisic, Raúl Salazar además del Sr. Gonzalo Tamayo, y siempre han defendido intereses empresariales que no siempre coinciden con el interés público. Es más, algunos de los mismos tienen una participación política activa en diversos partidos para servir mejor a las empresas que asesoran, ello es absolutamente legítimo en la medida que sea transparente.
PASADO FUJIMORISTA
Macroconsult S. A. una empresa consultora donde el futuro ministro Tamayo hasta hace algunos días ha sido gerente general, tiene varios pasivos en la historia de las privatizaciones llevadas a cabo en nuestro país, en especial en la década de la dictadura fujimorista.
Este proceso privatizador que el Nobel de Economía del 2001, y ex Vicepresidente del Banco Mundial, Joseph Stiglitz denominó proceso de “sobornización” por la falta de transparencia, la subvaluación de los activos públicos y el claro favorecimiento al capital privado, todo ello fue posible en nombre del libre mercado y la modernidad.
En especial se debe recordar por la actualidad del tema la desgraciada privatización de la empresa minera del centro, Centromín Perú que fue transferida al capital privado de manera fragmentada. Es decir, se vendieron las unidades mineras por un lado. Se transfirió la parte eléctrica por otro lado, la red ferrocarrilera aparte, fracturando la unidad técnica material entre el complejo minero metalúrgico de La Oroya, sin sus principales unidades mineras, como San Cristóbal, Andaychagua, Cerro de Pasco, Morococha, Casapalca etc.
Las consecuencias de esta irracional privatización se están pagando hasta ahora y allí está la falla estructural sobre la inviabilidad económica para modernizar la fundición y refinería de La Oroya. ¿Cuál fue la consultora que justificó interesadamente la privatización del complejo metalúrgico sin unidades mineras? Macroconsult S.A., que tiene dicho sea de paso entre sus principales clientes a Volcan Compañía Minera, uno de los grupos mineros beneficiados con la privatización de Centromín.
En esa misma lógica Macroconsult justificó la irracional privatización fragmentada de PetroPerú fracturando la integración vertical que existía entre la producción de petróleo crudo, el transporte, la refinación, la distribución mayorista y minorista de combustibles.
Las consecuencias de esta absurda privatización la estamos asumiendo hasta ahora, no solamente por la menor producción de petróleo desde 1995 a la fecha, sino por los altos precios de los combustibles que tiene que abonar el sufrido consumidor nacional, que duplican a los vigentes en el país más rico del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica.
Entre sus principales clientes está la Refinería La Pampilla que fue privatizada en 1996 a vil precio como unidad de PetroPerú. No se pagaron más de 182 millones de dólares por la transferencia de la mayoría accionaria a la transnacional española Repsol, cuando solamente el terreno donde está ubicada la refinería estaba valorizado en más de 108 millones de dólares.
También como parte del proceso privatizador que Macroconsult auspició y justificó interesadamente está la transferencia de la parte eléctrica de la Refinería de Talara hacia 1996, con las plantas de Malacas y Verdún en Talara, donde la empresa Eléctrica de Piura del grupo Endesa de España asumió la responsabilidad de operar y ampliar la potencia instalada de la empresa eléctrica.
Allí, no solamente se privatizaron las plantas de generación eléctrica que queman el gas natural producido por los diversos lotes de la región, sino también se transfirieron los ductos de gas que permiten trasladar el gas hacia la refinería de Talara y hacia sus propias instalaciones.
También las consecuencias de esta absurda privatización la estamos pagando hasta ahora, pues la empresa Eléctrica de Piura (EEPSA) desde el 2008 a la fecha viene operando los ductos de gas natural, al margen de la legislación que norma el transporte por ductos.
Lo más grave de esta situación se relaciona con la frustrada masificación del gas natural en Piura que establecía la tarifa más baja de gas para uso residencial, equivalente a S/ 12.60 al mes para sustituir el consumo del balón de GLP de 10 kilos que tiene precios superiores a los 40 soles el balón.
EEPSA en razón de asumir derechos absolutos sobre los ductos de gas natural, cuando la legislación obliga que los “ductos de uso propio” deben ser transferidos a la empresa que obtenga la concesión de gas para la distribución cuando esta se establezca. Por tanto al negarse a ceder los ductos y a formar parte del mercado de distribución de gas natural en el departamento piurano, se encarece la tarifa de gas natural para el usuario doméstico, pues se cae el 41 por ciento de la demanda de gas.
Lo curioso e interesante es saber sobre cómo resolverá el futuro ministro del MEM el próximo 8 de agosto la reconsideración presentada por la colombiana Gases del Norte sobre la frustrada masificación de gas natural en Piura, sabiendo que uno de sus clientes favoritos de Macroconsult es la empresa Eléctrica de Piura, y el grupo Endesa donde están además las empresas de generación Edegel y de distribución eléctrica Edelnor.
¿PARA QUÉ LO NOMBRAN?
Resultaría evidente que el nombramiento del funcionario de Macroconsult apunta a resolver el problema de la exportación de gas natural proveniente del lote 56, en razón del derrumbe del precio del marcador Henri Hub a precios menores a los US $ 3 dólares el millón de BTU, cuando en Chile se está pagando por la misma unidad de calor más de 12 dólares.
Teniendo Macroconsult como clientes importantes al Consorcio Perú LNG y Hunt Oil no hay que ser muy perspicaz para relacionar su nombramiento con una salida de mercado a un problema donde pierden millonarias sumas las empresas conformantes del consorcio como también el estado por las miserables regalías percibidas.
De allí el interés de la transnacional Shell de re exportar el gas proveniente del lote 56 por los mejores precios pagados en el mercado asiático o chileno bajo la venta de electricidad.
En tal sentido, el otro entuerto por resolver por el nuevo ministro que hasta hace unos días fungía de asesor del Consorcio Camisea, de Perú LNG, Hunt Oil, Suez Energy, y Pluspetrol entre otras empresas, es la viabilidad el Gasoducto del Sur que no tiene financiamiento asegurado, ni las reservas probadas de gas natural.
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