Escrito por: Humberto Campodónico
Publicado en el diario La República*
 Lunes 15 de Junio del 2015

  LECCIONES DEL TRIUNFO DE PERUPETRO EN EL CIADI

Ha pasado casi desapercibido un hecho fundamental, acaecido la primera semana de mayo. Se trata del triunfo de Perupetro contra el Consorcio Camisea (CC) en el Tribunal del Banco Mundial por la reexportación de Gas Natural Licuado en el 2010. Por ello el Perú va a recibir US$ 62 millones no pagados por el CC. La cosa es así. Repsol era la empresa encargada de vender el Gas Natural Licuado (GNL) que se produce en Pampa Melchorita, Cañete, de propiedad de Peru LNG. La cuestión es que el destino final de 10 embarques del GNL en el 2010 no fue el puerto mexicano de Manzanillo –donde el gas se paga a un precio superbarato– sino que fue re-exportado a otros destinos donde el precio del GNL es entre 4 y 5 veces superior al Henry Hub (HH, precio de EEUU y también de México). 

 Eso se mantenía oculto, pues en el Perú el CC daba como destino el puerto donde se pagaba HH. Como consecuencia, la regalía de 37% que el CC le pagaba a la Sunat no consignaba el precio verdadero sino el ficticio (HH). Pero funcionarios de Perupetro comenzaron a sospechar. Y se contrató a la empresa Galway para que investigue. A fines del 2011 Galway presentó un lapidario informe: el destino final del gas no fueron los puertos Freeport, Sabine Pass y Cameron de EEUU. No. El gas peruano se había reexportado a otros países. Perupetro, entonces, notificó al CC esta irregularidad, la misma que podía calificar como “incumplimiento de contrato”.

 Finalmente, Perupetro le planteó al CC que debía devolver al Perú los montos de la regalía no pagada. El CC decidió acudir al CIADI (Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial) en Washington. Después de 3 años de análisis, esto dijeron los 3 árbitros del CIADI (1): “El Tribunal Arbitral decide por unanimidad que existe una obligación del Contratista de entregar la información a Perupetro respecto del terminal de última descarga, es decir, aquella donde se llevará a cabo el consumo final del gas del Lote 56 y pagar la regalía pactada, basada en el mercado de consumo final” (Art. 216). Añade: “El TA decide por unanimidad que el Consorcio incumplió con las obligaciones de calcular correctamente la regalía pactada para los 10 cargamentos objeto de la disputa, ya que aplicó el marcador correspondiente al terminal de descarga que no fue aquel en donde se realizaría el consumo final real del gas natural” (Art. 217). 

 Más claro ni el agua. Perupetro ganó un partido clave en las “grandes ligas”. Felicitaciones a sus funcionarios, en todos los niveles. Y, también, a los estudios de abogados, aquí y en el extranjero, que defendieron los argumentos peruanos. Por el contrario, nuestras críticas van centradas, sobre todo al CC que, como dice el Tribunal, “sabía o debería saber” que el destino final eran mercados con marcadores de mayor valor, como el Reino Unido, India, Japón, España y Brasil. Dicho de otro modo, nos estaban “haciendo cholitos”. ¿Y la prensa “concentrada” ha sacado algún editorial sobre este tema? Sabemos la respuesta. Este fallo tiene muchas más vueltas de tuerca. Por ejemplo: si en Perupetro no se hubieran “puesto las pilas”, las pérdidas serían mayores.

 Desde el 2011 hasta acá han habido 99 embarques más a México y suponemos que se ha pagado el precio barato del HH. Si la mitad de estos embarques se hubiera reexportado, eso habría significado pérdidas cercanas a los US$ 300 millones. Hay más. Se acaba de saber, a principios de junio, que Shell (que compró a Repsol sus derechos para exportar el gas en el 2013) ha estado haciendo lo mismo que Repsol en el 2011 (2), según un funcionario de Perupetro. Sin embargo, poco después, el presidente de Perupetro, Luis Ortigas, dijo que lo que había sucedido era que Shell había vendido el gas en México, pero no al precio bajo del Henry Hub, sino a un precio bastante mayor. Agregó Ortigas que eso no significa incumplimiento del contrato y que se está en conversaciones con Shell para que pague la diferencia (ídem).

  ¿Eso nomás?

El fondo de la cuestión aquí no es solo que Shell no le dijo a Perupetro que vendía en México a mayor precio, sino que el Estado peruano no tiene injerencia en los contratos de exportación del gas, debido a que no es el dueño de la molécula. Esto porque el Art. 10 de la Ley 26221 de 1993 establece que el dueño es el licenciatario, previo pago de la regalía. Allí está la madre del cordero: no tenemos la propiedad de los recursos naturales. Pero todavía hay más: la Comisión Federal de Electricidad de México tiene el contrato con Shell para comprar el gas al precio HH, como sabemos. Pero también la CFE firmó contratos en el 2013 y el 2015 para comprar gas a precio “spot” a Trafigura y British Gas, pagando US$ 15 a 16 por millón de BTU, mientras que el HH está en US$ 3 por millón de BTU. O sea, la CFE compra a precio “de regalo” al Perú y caro a otros “traders”. Aunque usted no lo crea (3). Es hora de que esto termine. El triunfo de Perupetro en el CIADI debe significar el primer paso para que Perú recupere la propiedad de la molécula, lo que pasa por la derogatoria del Art. 10 de la Ley 26221. ¿No es cierto? 

 (1) Ver el fallo completo, en español, en:

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4284_0.pdf (2) http://www.reuters.com/article/2015/06/03/peru-shell-lng-idUSL1N0YP02J20150603 (3) Ver www.cristaldemira.com, 30/09/2013.


 (*)Ver publicación en:

http://larepublica.pe/impresa/opinion/7844-lecciones-del-triunfo-de-perupetro-en-el-ciadi

LA CRUZADA NACIONAL POR LA PAMPILLA*

* Publicado por Alberto Ríos Villacorta el 09 de noviembre de 2012

En el Perú, se discute la posibilidad de venta de la refinería de La Pampilla, propiedad de la transnacional española Repsol. En 1996 fue privatizada y este año se ha convertido en un asunto de seguridad estratégica y soberanía energética.

La Pampilla funciona casi exclusivamente con petróleo importado, es decir, es un negocio de refinar crudo extranjero y de obtener un reducido margen de ganancia por la venta de derivados. Soberanía energética no es importar petróleo y refinarlo, ni tampoco depender del petróleo, sino más bien, elaborar un plan de despetrolización de la economía.

Un poco de historia

En junio de 1996, se privatizó el 60% de las acciones de la refinería de La Pampilla por un valor de 180 millones de dólares, incluyendo en la transacción 38 millones en valores de deuda externa. El contrato de privatización incluía además un compromiso de inversión de 50 millones en 5 años por parte del consorcio Relapasa, la agraciada de la compra de la refinería más importante del Perú. En el momento de la privatización, Repsol poseía el 55% del consorcio Relapasa, que además tenía como socios a YPF, Mobil y tres compañías peruanas.

En 1999, el actual Presidente del Directorio de Petroperú, Humberto Campodónico, elaboró un excelente informe sobre la privatización de Petroperú: "La Inversión en el Sector Petrolero Peruano en el Periodo 1993-2000". En ese documento se presenta una excelente información sobre el proceso de privatización de La Pampilla.

Según el anteriormente mencionado informe del actual Presidente de Petroperú, ya en 1997, un año después de la venta, el "holding" de Repsol facturó alrededor de US$ 851 millones en sus negocios de la refinería La Pampilla, en la empresa comercializadora de combustibles Corpetrol (90% de las acciones en manos de Repsol) y en Solgas, la Compañía Peruana de Gas (60% de las acciones en manos de Repsol).

En relación al nivel de ingresos, Repsol se encontraba entre las cinco primeras empresas del Perú. Un excelente negocio para la transnacional española, que además, con la entrega de un cheque se hacía con el control del mercado peruano de refino y distribución de combustible. En una sociedad adicta al petróleo es un simple cambio de distribuidor de la droga; el adicto y su adicción siguen siendo los mismos.

Jorge Manco Zaconetti, en su libro "Privatización e Hidrocarburos: Mito y Realidad. Perú 1991-2002", indica que la valorización real de la refinería de la Pampilla era de 460 millones de dólares, incluyendo el precio del terreno valorado en 104 millones de dólares. La privatización de la refinería de La Pampilla fue el resultado de la pésima gestión gerencial de un Estado corrupto y cortoplacista, que empleaba a la empresa petrolera estatal para satisfacer la fidelidad y clientelismo electoral de sus partidarios y como herramienta política para subvencionar el precio de los combustibles.

16 años después de la privatización, el Estado tiene la oportunidad de retomar el control de La Pampilla y posicionarse como actor monopólico en el mercado nacional de combustibles y así garantizar un controvertido concepto de seguridad energética.

El controvertido concepto de seguridad energética

Algunas puntualizaciones al controvertido concepto de soberanía nacional y seguridad energética.

• La venta de derivados del petróleo en el Perú, efectivamente, está en manos de Repsol y de Petroperú, no hay duda, pero la seguridad energética del Perú está asociada a la dependencia del petróleo, un bien escaso y caro, que el Perú no dispone y que genera inseguridad y vulnerabilidad energética.
• Es realmente indiferente quien controle el mercado de derivados del petróleo, chilenos, españoles o peruanos. El precio del petróleo ha entrado en una fase de encarecimiento irreversible debido a múltiples factores: agotamiento del crudo ligero, especulación de los mercados de futuro, encarecimiento del petróleo no convencional, tensiones geopolíticas en las zonas de producción y la dificultad de los productores en seguir la demanda.
• Pretender que el Estado controle las refinerías de Talara y La Pampilla para regular el mercado y establecer precios ficticios al crudo ligero es incrementar la dependencia de la economía peruana al petróleo en un periodo de la humanidad, caracterizado por altos precios de ese recurso fósil, además de distorsionar los precios de bienes y servicios e incitar el derroche de un recurso escaso y caro.
• El Perú es actualmente un importador neto de petróleo y de derivados del petróleo. La producción nacional no cubre ni la tercera parte de la demanda interna y, por tanto, es necesario importar petróleo crudo y derivados de petróleo para cubrir las necesidades del mercado nacional. Por tanto, regular el mercado interno implicaría imponer precios internos reducidos a un producto de importación caro, es decir, una vez más se plantea utilizar a Petroperú como herramienta política y sistema de control de precios.
• La historia reciente del Perú ya demostró lo inadecuado de esas medidas y las graves consecuencias económicas de subvencionar los derivados del petróleo en una economía altamente dependiente del petróleo como lo es la economía peruana. Una política de precios bajos del petróleo en el mercado interno implica la utilización de dinero público para compensar el desfase de precios.
• La dependencia del petróleo es la causa de la inseguridad energética y la culpa de la dependencia del petróleo recae en quien fomenta el consumo irracional del mismo con políticas incorrectas a largo plazo y con una visión desinformada de la realidad energética.

La estrategia a largo plazo de seguridad energética no es, por tanto, incrementar la dependencia del petróleo. La estrategia para garantizar la invulnerabilidad energética del Perú es desacoplar la economía del petróleo. El principal problema del Perú es elaborar una estrategia para despetrolizar el Perú y no incitar el consumo de derivados de petróleo a precios subvencionados.

La Pampilla y la estrategia de despetrolización 

Algunos especialistas indican la necesidad de recuperar la refinería de La Pampilla por razones de soberanía estratégica y seguridad energética. Se plantean una serie de reflexiones sobre la necesidad de la intervención estatal en la recompra de La Pampilla.

• La re-nacionalización de la refinería de La Pampilla no se sustenta con un discurso de seguridad energética ante inversores extranjeros. La dependencia del Perú es del petróleo y la estrategia correcta es despetrolizar la economía del país.
• Una estrategia de invulnerabilidad energética consiste, por tanto, en reducir el consumo de derivados de petróleo en el transporte de mercancías y en el transporte de personas así como en promover una agricultura menos dependiente de insecticidas, pesticidas y fertilizantes obtenidos a partir de recursos fósiles como el petróleo y el gas natural.
• El pilar del proceso de despetrolización es invertir en infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías y reducir la dependencia de los precios de los principales productos de la canasta familiar de los precios internacionales del petróleo.
• Elaborar un plan de movilidad y transporte urbano sostenible basado en trenes y tranvías que permita electrificar el transporte en las grandes ciudades en paralelo a la construcción de instalaciones renovables de generación eléctrica.

Una importante reducción del consumo de derivados de petróleo derivará en un exceso de capacidad de producción instalada, y por tanto, incentivará la competitividad de un mercado de combustibles exclusivamente dirigido al transporte privado. Los ciudadanos que deseen disfrutar de amplios y modernos coches para su transporte y ocio deberán pagar los altos precios internacionales del petróleo y los elevados impuestos por la ocupación de espacio urbano, por la contaminación del aire y por el impacto visual generado.

Petroperú podrá exportar sus excedentes en un mercado internacional marcado por los elevados precios de los derivados de petróleo y las ganancias de la renta petrolera deberán emplearse en financiar el proceso de despetrolización del Perú y en la implementación de un sistema de movilidad y transporte sostenible.

Mientras, se deberá obligar a Repsol o a los nuevos dueños de La Pampilla a cumplir con la obligatoriedad de obtener derivados del petróleo con un valor inferior a 50 ppm de azufre. En caso de incumplimiento, se deberá proceder a la licitación internacional de la refinería de La Pampilla y en las bases exigir y supervisar la inversión necesaria para el cumplimiento de las exigencias medioambientales adaptadas al mercado internacional.

La modernización de la refinería de La Pampilla implicaría una inversión de 800 millones de dólares, por tanto, es un problema económico exclusivo de la transnacional española y que el Estado no debería permitir que se lo endosen. De lo contrario, la renacionalización de La Pampilla pasará a la historia nacional como la crónica de un rescate anunciado de una empresa privada por el Estado con dinero de los contribuyentes.

Si la venta de La Pampilla se realiza, la transnacional petrolera Repsol habrá hecho el mejor negocio de su corta historia. Comprar una refinería estatal a precio de saldo, 180 millones de dólares, y venderla a precio de oro, - según Morgan Stanley y el Banco ITAU BBA el valor de la venta oscilaría entre 280 y 400 millones de dólares -. Asimismo, Repsol con la venta de La Pampilla trasladará al Estado una deuda a largo plazo de 515 millones de dólares y se permitiría ahorrar 800 millones de dólares en un proceso obligatorio de modernización de la refinería.

Será complicado para el actual gobierno explicar a los electores nacionalistas la compra de una refinería, que se vendió a precio de coste y que se recompra para, bajo pretexto de un mal entendido concepto de seguridad energética, ahorrar a la transnacional española la inversión obligatoria en una planta de desulfurización.

¿Usted está de acuerdo con que el Estado retome el control de la refinería La Pampilla como medida de regular el mercado?

PETROPERÚ Y LA MASIFICACIÓN DEL GAS*

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

La experiencia para hacer realidad el proyecto Camisea, después del fracaso del primer gobierno de Alan García, nos demuestra la intervención del Estado como promotor de la inversión, generando un marco legal que permita la existencia y viabilidad del mercado para el gas natural.

Al respecto se debería recordar y analizar la serie de normas que se promulgaron.

Así, se limitó por decreto la construcción de centrales hidroeléctricas para priorizar el mercado en la generación eléctrica a base del gas de Camisea. Es más, se dispuso que la empresa estatal de generación hidráulica Electroperú compre obligatoriamente al Consorcio Camisea 70 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, en un contrato take or pay, para que estos volúmenes sirvan a la transnacional Endesa y los consuma en su unidad térmica de Ventanilla ubicada al norte de Lima. Con ello se aseguraba una demanda mínima que rentabilice el gasoducto de Camisea (Malvinas) a Lima.

También se debe recordar que todos los usuarios eléctricos del país financiamos de manera adelantada con un plus en nuestros recibos de energía desde agosto del 2002 hasta el 2009, la Garantía de Red Principal (GRP) por más de 470 millones de dólares que permitió hacer posible y rentable el gasoducto bajo responsabilidad de Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Allí estaban, dicho sea de paso, los mismos accionistas que conforman el Consorcio Camisea.

Igualmente, se estableció una serie de beneficios tributarios que permitieron a los accionistas del llamado Consorcio hacer posible la realidad de los importantes montos de inversión, a pesar que no asumieron los riesgos en el descubrimiento de las reservas del gas y líquidos de gas natural de los lotes 88 y 56.

Estos beneficios que van desde el fraccionamiento en el pago de los aranceles de importación, la exoneración del pago de IGV en las actividades de exploración/explotación cuando las actividades de inversión de riesgo eran mínimas.

También se aprobó una ley que permitía la posibilidad de recuperación de la inversión, mediante los cargos de depreciación con el efecto "arrastre de pérdidas" hasta ocho años, lo cual significaba un escudo tributario por concepto de impuesto a la renta.

Es más, las reservas de gas natural y condensados del lote 56 con "reservas probadas" de 2 trillones de pies cúbicos (TCF) y más de 200 millones de barriles de condensados fueron asignadas directamente por Perúpetro al Consorcio Camisea.

No hubo licitación ni concurso alguno. Ahora, este organismo público, responsable de promover la inversión y supervisar los contratos de hidrocarburos, se rehúsa a la transferencia directa de los lotes cuyos contratos están por vencer a Petroperú, que es la única empresa petrolera en el mundo que no produce un barril de crudo.

Es decir, fue una política deliberada de Estado que involucró a cuatro gobiernos (Fujimori, Paniagua, Toledo y García) lo que hizo posible la realidad y los beneficios socioeconómicos de la cultura del gas con la explotación de las reservas de los lotes 88 y 56 que ahora deben ser extendidos a nuestros compatriotas del sur.

Por ello, cuando los críticos a la participación del Estado y la intervención de Petroperú por mandato del gobierno, señalan que el Estado "no debe invertir ni un dólar" en el gasoducto del sur soslayan la necesidad de construir un mercado, negando la posibilidad de una nueva industria, donde debiera apostarse por una alianza pública/privada entre el Estado y el Consorcio Kuntur, o cualquier otra empresa que tenga la decisión con el financiamiento requerido por los altos niveles de inversión que pueden superar los 5,000 millones de dólares, en razón de la longitud de los gasoductos para el gas natural y otro de líquidos.

Un potencial mercado para la masificación del gas en el sur está identificado con el sector minero que demanda energía con parámetros de responsabilidad ambiental y social. Solamente en proyectos mineros en el sur del Perú existe una inversión estimada por encima de los 30,000 millones de dólares, sea en Apurímac (Las Bambas, Los Chancas, Hierro Apurímac), en Cusco (Constancia, Antapaccay, Quechua, etcétera), en Arequipa ( Ampliación de Cerro Verde, Tía María, Pampa de Pongo entre otras), Moquegua (Ampliación de Cuajone, Ampliación de la Fundición y Refinería más Quellaveco, Los Calatos etc.), en Puno (Corani, Ollachea, Bear Creck) y Tacna (Ampliación de Toquepala y Pucamarca).

Si a ello se agregan las inversiones en plantas petroquímicas para aprovechar los hidrocarburos de metano y etano contenidos en el gas natural de los lotes 88, 57 y 58 que serían transformados en Ilo/ Moquegua, donde se levantaría un polo petroquímico con inversiones superiores a los 10 mil millones de dólares.

Así se podrá producir no solamente fertilizantes sino, sobre todo, polietilenos a partir de la transformación del etano en etileno que permitan obtener una serie de subproductos desde plásticos hasta productos sintéticos, fibras, envases, etc.

En esta propuesta el Estado tiene que intervenir como promotor y protagonista, si es que de verdad se quiere masificar la cultura del gas en los departamentos del sur, región donde se concentran a la mayor cantidad de peruanos que se reproducen en condiciones de pobreza y extrema pobreza.

* Publicado en el Diario El Peruano

OPORTUNIDAD HISTÓRICA: LA REFUNDACIÓN DE PETROPERÚ

CON INTEGRACIÓN VERTICAL

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Desde el 9 de agosto del presente PetroPerú la principal empresa del país tiene un nuevo directorio presidido por el ing. Humberto Campodónico Sánchez ex decano de la facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM, y conformado por los economistas Fernando Sánchez Alvabera ex ministro de energía y minas, y Germán Alarco Tosoni investigador de Centro de Negocios de la PUC, el ing. José Robles Freire ex director de la DGH, el abogado Ramiro Portocarrero Lanatta y el sindicalista Juan Castillo More. Este directorio será responsable de las principales decisiones que deberá adoptar la petrolera estatal en el próximo quinquenio para hacer realidad su modernización y fortalecimiento.

Hemos señalado en un artículo anterior la presencia de distintas petroleras estatales de terceros países que operan eficientemente y rentablemente en el Perú, tales como Petrobras, Ecopetrol, Enap de Chile, Sapet de China, Sonatrach de Argelia, KNOC de Corea del Sur, etc. De allí que constituye una necesidad su modernización para una positiva regulación en el mercado de combustibles, por estrategia nacional de desarrollo, alcanzar la seguridad energética, maximizar su rentabilidad y acumulación interna, más razones ambientales.

El nuevo directorio tiene la obligación histórica de promover la integración vertical de las diversas actividades petroleras que van desde la exploración, explotación, refinación, transporte, distribución mayorista y minorista. Este será un proceso difícil, paulatino que exige la necesaria voluntad política de los gobernantes para capitalizar a la petrolera estatal, fomentando las asociaciones público/privada, los joint ventures, donde el riesgo corresponda al capital privado, pues PetroPerú todavía no tiene las espaldas financieras suficientes para invertir 20 o 50 millones de dólares en la perforación de un pozo exploratorio, actividad que conlleva un alto riesgo.

¿CÓMO SUPERAR LA PRIVATIZACIÓN FRAGMENTADA?

Lamentablemente la privatización fragmentada de PetroPerú iniciada en los primeros años de la década de los noventa del siglo pasado con la entrega de los llamados “campos marginales” al sector privado, no solamente significó la fractura de la unidad técnica material de las diversas operaciones que tenía PetroPerú, transfiriendo filiales rentables como Solgás, Transoceánica, Petromar, Terminales.

Se debe tener presente que no solamente se transfirieron al sector privado lotes petroleros con reservas probadas, las mismas que fueron subvaluadas en su momento por falta de inversiones para convertir las reservas probables y posibles en reservas probadas.

En un proceso privatizador auspiciado por el Banco Mundial y el FMI, con altas dosis de corrupción, el país perdió la capacidad de acceder a la renta petrolera, percibiendo solamente regalias e impuesto a la renta de la actividad; donde los resultados exploratorios estimados en la perforación de pozos exploratorios que conllevan riesgo han sido absolutamente mezquinos.

Así, en la década de los noventa del siglo pasado y en la primera década del presente siglo el promedio de pozos perforados era de casi cinco pozos por año, cuando en la década de los setenta con PetroPerú como contratante se perforaraban en promedio veinticinco pozos por año y en los años ochenta un promedio de diecinueve pozos exploratorios.

Con la privatización también se transfirió la principal refinería del país “La Pampilla” en 1996 a un ridículo precio a la transnacional española Repsol/YPF (185 millones dólares) suma que recuperó en menos de tres años, pues como unidad de Petroperú antes de su privatización generaba utilidades antes de impuestos del orden de 600 millones de dólares.

Al margen de las diversas unidades transferidas al sector privado, se descapitalizó a PetroPerú con la privatización del “capital humano” de decenas de ingenieros y técnicos que fueron a laborar en diversas empresas del país y del mundo petrolero. También constituyó una versión malsana de este proceso, el despido de cientos de trabajadores de la empresa, muchos de los cuales fueron reasorbidos en el mercado laboral mediante políticas de contratación o services con menores salarios.

La descapitalización de capital humano en PetroPerú constituye un aspecto soslayado en los análisis de la privatización y sus efectos. Ello significó que PetroPerú invirtió miles de horas-hombre en la formación de excelentes técnicos que despliegan sus capacidades en empresas petroleras que operan en el país y en el mundo tales como de Venezuela, México, Estados Unidos, Arabia, Argentina, etc.

Esta privatización del “capital humano” debe ser superada mediante las alianzas estratégicas que pueda forjar PetroPerú con la petrolera de la Universidad Nacional de Ingeniería (Unipetro), que dicho sea de paso abona las tasas de regalias equivalentes más elevadas en el mercado, conjuntamente con acuerdos con las facultades de ingeniería de petróleo y geología de las principales universidades del país, para reconstruir la unidad o departamento de exploración-produccción que antes tenía PetroPerú.

Una prueba de la elevada capacidad técnica y productividad de sus trabajadores lo demuestra la ampliación de la capacidad refinera de Conchán efectuada en la década pasada. La partida de nacimiento de esta pequeña refinería data desde los inicios de los años sesenta cuando tenía como principales accionistas al grupo Prado y a la transnacional Chevron. Su capacidad de refino era de 9 mil barriles diarios, y como unidad de PetroPerú desde 1974 resultaba el complemento de La Pampilla, mas desde los años noventa del siglo pasado privilegiaba la producción de asfaltos, que tienen un mercado asegurado en Bolivia y en la construcción de las redes carreteras del Perú.

Por ello, ante la supuesta imposibilidad técnica de ampliar sus operaciones cxon los plqanos originales, fueron los técnicos de PetroPerú los que hicieron posible el aumento de la capacidad de refino a casi 15 mil barriles diarios con una minima inversión que fue rápidamente recuperada. Esta gran obra de ingeniería lamentablemente no ocupa las primeras páginas de la prensa pero expresa la capacidad de una empresa al servicio del país.

En el mismo sentido la refinería de Conchán en el mes de Julio pasado antes del discurso presidencial, se ha conectado al gas natural de Camisea disminuyendo significativamente sus costos de energía en la refinación lo cual representará mayores utilidades para PetroPerú y para el país.

EPÍLOGO

La nueva administración tiene el desafío de alcanzar la integración vertical de PetroPerú mediante una asociación en participación con las diversas empresas privadas en los lotes cuyos contratos están cercanos al vencimiento. También deberá apostar por la continuidad del proceso de modernización de la refinería de Talara que implicará el tratamiento de crudos pesados, la unidad de desulfurización y la ampliación de la capacidad de refino.

En el mismo sentido, la integración vertical supone la participación de PetroPerú en la distribución minorista con estaciones de servicios propios en especial de gaseocentros en provincias si es que de verdad se aspira a la masifiacción del gas natural.

Sin embargo, tan importante como la integración vertical es la limpieza moral que debiera efectuarse en PetroPerú, de allí lo signficativo de restaurar el comité de ética y de las buenas prácticas empresariales donde la transparencia sea una práctica cotidiana. El estigma de los “petroaudios” y la mala imagen de la empresa estatal se supera con resultados: con mayores utilidades, mejores precios y combustibles de calidad al servicio de los consumidores.