EL INEFABLE MINISTRO DEL MEM
ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)
En verdad, no deja de sorprender los “quiebres y requiebres” del ministro del sector respecto al futuro de los lotes de hidrocarburos próximos a su vencimiento, en relación al gaseoducto surandino, el futuro de la refinería de Talara, la participación del Estado en el 51% del accionariado en la refinería de La Pampilla y estaciones de servicios Repsol etc.
Así, incluye por ejemplo al lote 1-AB ahora denominado 192, con producción en marcha, más reservas probadas y probables en la licitación que PerúPetro convocará en el mes de marzo, es decir el próximo mes, conjuntamente con 26 lotes ubicados fundamentalmente en la selva norte, central y sur. Es más, señala que la consulta previa puede ir en paralelo, en cuerdas separadas con la licitación ¿?
De otro lado, agregó que “publicarán una norma para promover la continuidad-con ciertas condiciones- de los contratos petroleros que están por vencerse, como por ejemplo, un plan de inversiones”, según nota periodística.
En esta lógica de pensamiento se entiende las múltiples presiones para la salida de PerúPetro primero del Ing. Ochoa y luego de la Dra. Rosa María Ortiz, y en PetroPerú del Ing. Campodónico, que mínimamente aceptaban una participación de PetroPerú en los contratos próximos a su vencimiento en especial en el lote 1-AB que tiene los mayores volúmenes de reservas probadas y yacimientos no explotados de crudo ligero, a pesar de los más de 40 años de explotación, como se puede observar en los cuadros respectivos.
No creo que sea un lapsus y/o un olvido involuntario del ministro Merino Tafur para que no haya mencionado la participación de PetroPerú en los contratos próximos a su vencimiento de la Cuenca Talara y particularmente en el lote 1-AB en la selva norte.
Esto constituye una violación más del espíritu de la ley de fortalecimiento de PetroPerú que dispone la recuperación de las unidades, lotes, terminales, refinerías (Pucallpa) para la petrolera estatal, una vez terminado el período de concesión o alquiler según sea el caso. Resulta extraño por no decir contradictorio a las promesas de campaña que este gobierno no apueste por la integración vertical de PetroPerú con lotes propios y la modernización integral de la refinería de Talara.
En tal sentido, siempre hemos afirmado el retorno de PetroPerú a la explotación de petróleo y gas de manera asociada al sector privado. Desde un punto de vista económico las reservas probadas y probables de los lotes próximos a su vencimiento constituyen el respaldo financiero que requiere la petrolera estatal para su modernización.
Si bien la preocupación central de todo gobierno debiera ser aumentar la producción de petróleo crudo asegurando los mayores montos de inversión, y en esto podemos coincidir con el ministro de energía y minas, no se entiende tales compromisos con las desigualdades en las tasas de regalías en los lotes que están por vencer entre el 2013 al 2016.
En la cuenca Talara existen contratos de hidrocarburos que abonan tasas de regalías de 52% como los del lotes II (Petrolera Monterrico), tasas de regalías del 49% como III y IV (Interoil) y de 72% como el IX bajo responsabilidad de Unipetro, como los lotes VI-VII de Sapet con tasas menores al 16%.
En este contexto la promoción de la continuidad se supone por 10 años adicionales como el que obtuvo indebidamente Graña y Montero en el gobierno anterior por el lote I con rebaja de regalías, ello colisionaría con la pretendida participación de PetroPerú del 25% al 49% en el capital o en la producción, este aspecto nunca se aclaró.
Al margen que resultaría inviable la promoción de importantes montos de inversión en algunos contratos con tasas de regalías del 50% en promedio, más el abono del impuesto a la renta del 30% y la participación de PetroPerú se debiera reconocer distintas tasas de regalías en razón de la calidad de los yacimientos existentes en los lotes.
No es el caso del lote 1-AB con valiosas reservas probadas y un capital humano de primer nivel que proviene de los tiempos de la OXY desde mediados de la década de los 70. Este contrato fue indebidamente prorrogado en el 2001 por el gobierno de transición del doctor Paniagua, siendo ministro de economía y finanzas el finado Silva Ruete y ministro de energía y minas el Ing. Herrera Descalzi.
El contrato del lote 1-AB fue renegociado con la OXY en 1986 durante el primer gobierno de Alan García, el presidente que pasará a la historia por la célebre frase “la plata viene sola”, y fue concebido como un contrato de servicios al cual al operador se le pagaba una retribución en función a una canasta de crudo pesados de 22 º grados API cuando en verdad la calidad del petróleo era de 19º API con tendencia a la baja.
Este contrato debía terminar en agosto del 2007 y su retorno al Estado incluía las reservas probadas y probables, las instalaciones, el aeropuerto de Andoas, ductos y equipos, bombas, motores, tuberías etc.
En el 2001 la empresa petrolera argentina Pluspetrol en una negociación privada con OXY acuerda la transferencia del contrato del lote 1-AB por más de 300 millones de dólares, lo cual resulta usual en las prácticas de los contratos de hidrocarburos, y se asumía que la fecha de término del referido contrato era agosto del 2007 de allí nuestro cuestionamiento a la función de PerúPetro .
Sin embargo, en el 2001 con el gobierno de transición democrática, Perúpetro suscribe una prórroga del contrato hasta el agosto del 2015, se cambia la naturaleza del contrato de servicios a uno de licencia y se le disminuyen las tasas de regalías con el nuevo operador Pluspetrol Norte, creando la ficción de producción básica y producción incremental.
Por tanto el contrato por este lote ha pasado por dos renegociaciones 1986 y el 2001 y su vencimiento supuesto debiera ser agosto del 2015. Pero los excelsos privatizadores el ministro de energía y minas Ing. Merino Tafur con el Ing. Luis Ortigas responsable de PerúPetro, han decidido de espaldas al país, supongo sin el consentimiento ni conocimiento del Presidente de la República una nueva licitación del lote 1-AB lo cual constituiría una estafa al país.
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