La última vez que traté y compartí la mesa de expositores con Javier Diez Canseco Cisneros (marzo 1948/ mayo 2013) fue en un evento organizado por la Coalición de Sindicatos de PetroPerú en la ciudad de Talara (Piura) en setiembre del año pasado, con una presencia masiva de asistentes del pueblo organizado, gremios sindicales y empresariales.
El tema central del evento fue la defensa de la petrolera estatal apostando por su fortalecimiento, la integración vertical de sus operaciones como objetivo fundamental, para superar las consecuencias negativas de la absurda privatización fragmentada de sus activos, filiales, lotes, refinería La Pampilla etc. iniciada en los primeros años de la década de los noventa del siglo pasado.
En razón de ello, PetroPerú S.A. es tal vez la única empresa en el mundo que actualmente no extrae un barril de petróleo, no procesa una molécula de gas natural ni envasa un balón de gas licuado de petróleo, y tiene que comprar el petróleo que se produce internamente a precios internacionales, con el agravante que los lotes productores le correspondían en el pasado. Es decir, se privatizaron lotes con reservas probadas y probables subestimadas, donde el riesgo exploratorio era relativamente menor.
La defensa de los intereses nacionales, de los derechos humanos y de los más pobres ha sido una constante en el quehacer político del recientemente fallecido parlamentario, al cual conocí personalmente en las reuniones del llamado “Foro Democrático” y el “Comité Cívico por la Democracia” donde otro gran peruano, Gustavo Mohme Llona promovía con demócratas de izquierda y derecha la resistencia contra la dictadura fujimontesinista instaurada después del 5 de abril del 1992, la misma que se había propuesto privatizar una empresa pública por semana.
Como asesor externo de la Comisión de Energía, Minas y Pesquería en los años 1996/1997 nos volvimos a encontrar, pero fue el trabajo en la “Comisión Investigadora sobre los Delitos Económicos y Financieros en la Privatización de las Empresas Públicas” instalada en agosto del 2001, donde Javier Diez Canseco era el Presidente de dicha comisión conjuntamente con otros distinguidos parlamentarios de las distintas bancadas, donde está su aporte principal para la historia del país; allí él demostró una gran capacidad de trabajo dirigiendo conjuntamente con una solvente equipo de profesionales la investigación para desentrañar los hilos invisibles de la privatización.
También allí fui convocado por él como asesor externo preparando algunos informes que sirvieron de insumos en un proceso de investigación sobre la privatización de empresas públicas que demostró ser una transferencia de riqueza desde el Estado para favorecer la valorización de intereses privados fundamentalmente grupos de poder económicos nativos y transnacionales, con altas dosis de corrupción, y castigando el valor de las empresas públicas.
¿CÓMO SE JUSTIFICÓ LA PRIVATIZACIÓN?
En particular debemos señalar que una de las principales razones que se usaron para justificar la privatización en general y en particular en el sector de hidrocarburos, está en relación a los efectos de la política económica aplicada en el primer gobierno del Dr. Alan García Pérez mediante el llamado modelo heterodoxo que descapitalizó las empresas públicas fijando los precios de las tarifas públicas, tasas de interés, combustibles con un subsidio indiscriminado.
Esta transferencia de riqueza en forma de subsidio fue valorizado en su momento por la revista de análisis e investigación “Actualidad Económica” en no menos de 20 mil millones de dólares hacia 1989, cifra que fue repetida por el Presidente del Consejo de Ministros Hurtado Miller en el primer gobierno del presidente Alberto Fujimori en su mensaje a la Nación para justificar el fujishock de precios en agosto de 1990, terminando con la célebre frase que “el Señor nos acoja confesados” ante la incertidumbre de los resultados producto de la gravedad de la crisis económica.
La descapitalización y pérdida patrimonial de las empresas públicas fue la excusa perfecta para la aplicación de un radical proceso privatizador especialmente en el sector de energía y minas, con un gobierno que prometía “Honradez, Tecnología y Trabajo”, para terminar constituyéndose en uno de los regímenes más corruptos de la historia del Perú y del mundo.
Sin inversiones de reposición, con crecientes pasivos y endeudamiento, las empresas públicas acumulaban crecientes pérdidas que con la nueva política económica y el sinceramiento de las tarifas de los servicios públicos, hacia 1992 pasaban las cifras en rojo a resultados positivos en especial PetroPerú, ElectroPerú, Telefonía etc.
En tal contexto hacia 1994 la petrolera estatal resultaba generando utilidades del orden de más de 256 millones de dólares y por tanto era un problema encontrar una justificación razonable para su venta. De allí que se le cargaban “partidas inusuales” como los pagos a la asegurada AIG por la expropiación de la Belco que operaba el lote Z-2B, donde se le deducían mensualmente el 7.5% de sus ventas para el repago de una plataformas que fueron sobrevaloradas.
Por ello, las recomendaciones supuestamente técnicas del Banco Mundial y una serie de consultoras privadas en el país, recomendaron la privatización fraccionada de PetroPerú, para transferirla al sector privado en el tiempo más corto, quebrando la integridad de sus operaciones, cuyas consecuencias económicas se perciben a la fecha.
Así, del populismo económico irresponsable donde un litro de Coca Cola era más caro que un litro de combustibles se pasó al extremismo liberal donde se remataba el patrimonio del Estado a precios castigados. Ello significó también otro mecanismo de una transferencia de riqueza hacia los grupos de poder económico, valorizando a precios subvaluados las empresas públicas de los sectores mineros, eléctricos, financieros, pesqueros, cementeros y de hidrocarburos entre otros.
En tal sentido, la obra cumbre de Javier Diez Canseco a ese nivel al margen de los importantes aportes parlamentarios en la infatigable defensa de los derechos humanos, en especial a las personas con discapacidad, a mi modesto entender sea el Libro Blanco de la Privatización, que se debiera editar como el mayor homenaje del Congreso de la República a su trayectoria democrática y parlamentaria.
CON PETROPERÚ HASTA EL ÚLTIMO ALIENTO
En particular debiera destacar la identificación plena de Javier con la defensa infatigable de PetroPerú como empresa estatal integrada verticalmente con operaciones en la explotación, refinación, transporte, distribución mayorista y minorista. Por ello, él apoyó sostenidamente las diversas iniciativas para excluir del proceso privatizador a la petrolera estatal, cuestión que se alcanzó en el 2004, y en el 2006 tuvo un papel destacado en la ley de Fortalecimiento y Modernización de PetroPerú (Ley 28840) iniciativa legislativa aprobada por el Congreso de la República por insistencia con los votos de Perú Posible, FIM, Apra y la izquierda.
Es más, contra la leyenda negra a su posición política fiscalizadora y la imagen de ser un enemigo de las inversiones privadas debo destacar el importante papel que tuvo Javier Diez Canseco en la aprobación de la “Ley para la Inversión en la Explotación de Recursos y Reservas Marginales de Hidrocarburos a Nivel Nacional (ley 28109) iniciativa por la cual se incrementó la producción en más de 10 mil barriles diarios en los viejos lotes petroleros de Talara, mediante un agresivo programa de inversiones, en los lotes II, III y IV, más el Lote X.
Fui testigo de excepción de cómo añadió ciertas condiciones al proyecto original, como la insistencia en las compras locales, cumplimiento estricto de las inversiones comprometidas, la necesidad de la inversión social como responsabilidad de las empresas petroleras entre otras. Su apoyo en la aprobación del proyecto de ley en el pleno era importante a pesar de la absoluta minoría parlamentaria del grupo de izquierda.
En tal sentido, las bondades del proyecto convencieron a los congresistas y se conjugaron los esfuerzos de todas las bancadas, por ello, la ley de las Reservas Marginales alcanzó en el pleno la unanimidad y el consenso de todos los grupos políticos.
También fue un severo crítico del entreguismo de nuestros gobernantes cuando a fines de 1993 mediante un contrato de servicios, sin inversiones frescas se transfirió a la empresa norteamericana Petro Tech Peruana, la producción de crudo y gas con las reservas probadas del lote Z-2B en el Zócalo Continental frente a Talara, con una producción superior a los 20 mil barriles diarios gracias a la capacidad y esfuerzo de sus trabajadores.
Así, desde 1994 esa empresa norteamericana ha operado dicho lote hasta el 2008, sin inversiones significativas se han extraído millones de barriles de crudo abonando regalías equivalentes del orden del 16% y pagando por el alquiler de las plataformas marinas el valor de 10 millones de dólares anuales. Si bien ello podía ser justificado cuando el barril tuviese un precio menor a los 20 dólares, ahora que está cercano a los 100 dólares se sigue abonando la misma tarifa, lo cual constituye un lesivo contrato.
En su limpia trayectoria política su identificación temprana con los intereses de los trabajadores mineros, petroleros, de construcción civil, campesinos era plena, sin condiciones, como socialista que era reconocía que el fundamento de la riqueza era el trabajo, de allí que los organismos sindicales han perdido a un compañero, a un referente que se identificaba con sus demandas.
Con su temprana pérdida el país pierde a uno de los políticos que más han trascendido en la historia reciente del Perú. No solamente como referente de la izquierda peruana sino del país en su conjunto, así no compartiéramos muchas de sus ideas, como su incondicional apoyo a la dictadura castrista, su persistencia en la utopía socialista, su radical antiaprismo, el protagonismo por el partido propio, no podemos dejar reconocer la honestidad en su vida, la coherencia entre la práctica y sus ideas.
Sin embargo, en lo fundamental con él se compartía la radical defensa de los pobres y oprimidos del país, la lucha permanente por los derechos humanos, los altos intereses nacionales, la lucha por la vigencia por un sistema más justo; todo ello está por encima de cualquier diferencia que pudiéramos haber tenido con Javier, político al cual aprendimos a estimar y querer. Por ello, mi más sentido homenaje a un hombre justo y honrado.
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