NEGOCIANDO CON RODILLERAS CONTRA EL PERÚ
ESCRIBE:
JORGE MANCO ZACONETTI
Está en agenda del pleno del
Congreso de la República, el texto
sustitutorio aprobado en la Comisión de Energía y Minas de lo que seria una
Nueva Ley de Hidrocarburos (NLH) cuya esencia lobista radica en la indebida
extensión por treinta años más a las empresas que tienen actualmente contratos
de explotación próximos a su vencimiento. La excusa es la de siempre: Promover
la inversión privada para elevar la producción.
Así, la mayoría de contratos
en esta situación se ubican en Piura tales como los contratos por el lote Z-2B
en el Zócalo Continental actualmente operado por el Consorcio Savia que en el
2009 pagó oficialmente US $ 900 millones por la transferencia contractual por
este lote y otros lotes de exploración.
En el caso del lote Z-2B si
las reservas en el subsuelo eran y son del estado, y las instalaciones, ductos
y sobre todo las plataformas marinas son propiedad de PetroPerú, el consorcio
Savia abonó 900 millones de dólares a la empresa vendedora PetroTech por la
transferencia contractual. ¿Por qué ahora no se hace lo mismo?
UN CASO ESPECIAL
Este contrato de servicios
donde el estado retiene el 16% de la producción como una regalía equivalente, y
el privado se queda con el 84% como una retribución resulta lesivo al país. Se
debe tener presente que el estado ha debido acceder desde el 2003 al 51 % de la
producción como regalía equivalente y el privado retener el 49%, gracias a un
factor “R” que nunca ha superado el 1.5 %
Estas prácticas
empresariales han sido posibles gracias al compadrazgo e inopia del organismo
regulador PerúPetro, que pocas veces fiscalizó la maximización de egresos y
gastos de PetroTech/Savia, práctica absolutamente desfavorable al fisco,
gracias a una serie de costos y gastos sobredimencionados con empresas
subsidiarias que asumía antes PetroTech como empresa principal. Las mismas
prácticas adopta el Consorcio Savia en perjuicio del país.
Sin embargo, gracias al
compradazgo y entregismo de PerúPetro dicho contrato que debía vencer en
noviembre del 2023, con esta ley lobista
es decir “a pedido expreso de las empresas interesadas” , se les extenderá por 20
años más, a los cuales hay que agregar el período de retención por 10 años
adicionales. ¡Esta práctica lobista sería imposible en los Estados Unidos
centro del capitalismo mundial!
Si a ello se suma el pagó
irrisorio de los 10 millones de dólares anuales por el uso de las plataformas
marinas que son propiedad de PetroPerú. Así cuando el precio del crudo era de
US $ 20 dólares el barril, el alquiler por el uso de las plataformas marinas
era de US $ 10 millones por año . Si el precio del crudo se elevó a más de 90
dólares el barril se seguía pagando la misma tarifa. Es decir, este contrato
lesivo se extenderá gracias a la lenidad de PerúPetro y complicidad de
PetroPerú.
CUENTOS CHINOS
En resumen, frente al
argumento de promover la inversión privada que ciertamente necesita el sector
de hidrocarburos, se debe recordar las promesas incumplidas de las empresas.
Así, de forma oficiosa se estima en más de US $ 6,000 millones de dólares, la
inversión que se realizaría en todos los contratos próximos a su vencimiento
(Yesquén dixit).
Al respecto, habría que
recordar que Savia en el 2010 prometía
realizar solamente en dicho lote inversiones por más de US $ 3,000 millones de
dólares y elevar la producción en más de 50 mil barriles diarios para el 2016.
Hoy la producción no llega a
los 8 mil barriles diarios y la empresa señala que seguirá bajando pues las
inversiones necesarias para elevar la producción no se recuperarían. Esta es
una forma de presión que los allegados, asesores y espadachines a sueldo de las
empresas difunden como verdades reveladas. ¡Si se demanda inversión hay que
extender los contratos. No cabe pensar en otras posibilidades!
Cabe preguntarse si las
empresas petroleras no invirtieron en actividades de riesgo cuando los precios
del crudo se ubicaban sobre los 90 dólares el barril, por qué tendrían que
hacerlo ahora que los precios se mantienen sobre los 70 dólares el barril de
petróleo.
Lo más grave ahora es que
las empresas interesadas en la extensión por 30 años también demandan una
disminución importante de las tasas de regalías, supuestamente para ser más
competitivos a nivel internacional. Es curioso pero se olvidan de destacar que
tales regalías se deducen como gasto.
Es más, se arguye que con
regalías de 10% o hasta menos se podría explotar el crudo que yace en el
subsuelo en los más de 4,500 pozos ATA, es decir pozos cerrados en el pasado
por razones económicas. Estos pozos básicamente están ubicados en la Cuenca de
Talara, y supuestamente se requiere tasas de regalías que hagan atractivas y
rentables las inversiones.
Esta es una media verdad o
una media mentira pues con precios de 100 dólares el barril las empresas
petroleras no aprovecharon el potencial de hidrocarburos en la Cuenca Talara ni
el Zócalo Continental. Ahora nos endulzan que debemos aprovechar el crudo que
yace en estos pozos ATA que vienen de las épocas de la IPC y PetroPerú.
REGALÍAS AL SÓTANO
Lo cierto y evidente es que
con la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos, el fisco se verá afectado
en la percepción de los ingresos fiscales por medio de las regalías que se
perciben por la explotación del petróleo y gas asociado. Si las tasas de
regalías que se ubican entre el 22 % al 25 % en el departemento de Piura, se
reducen al 5 % o al 10% como se pretende en el fondo, hemos demostrado en
artículos anteriores que se pone en riesgo el financiamiento del canon y
sobrecanon petrolero.
Sí, por la ley de
homologación del canon del petróleo y gas asociado en el 2011 la tasa del canon
se incrementó del 10 % al 15 % del valor de la producción y el sobrecanon
petrolero subió del 2.5% “ad valorem” al 3.75%. En total el canon y sobrecanon
para el petróleo y gas asociado es del 18.75% y las regiones beneficiadas son
Piura, Tumbes, Loreto y Ucayali.
Como se puede observar en el
cuadro “Pago de Regalías Petroleras de las Empresas con Contratos de
Explotación por Lotes Próximos a su Vencimiento” en el período 2012 / 2017, el
comportamiento ha sido descendente tanto en términos de precio promedio (WTI),
como en valor como también en términos de volúmenes producidos.
Como se también se podrá notar en el cuadro las
regalías más importantes que percibe el estado por los contratos petroleros
próximos a su vencimiento corresponden al lote X operado actualmente por la
petrolera china CNPC que con una tasa promedio de regalía del 30 % desde el 2015
ha pagado con precios promedio de 48.6 dólares por barril, un valor de
45,8 millones de dólares por concepto de regalías. En el 2017 con precios
promedio del WTI de 50.8 dólares el barril tuvo que pagar 51.8 millones por el
mismo concepto.
El segundo lugar, le
corresponde a la petrolera Savia Perú que opera el lote Z-2B que de pagar 144
milllones de dólares en el 2015 con los precios deprimidos de 48.6 dólares el
barril, ha continuado pagando menos en el 2017 donde tuvo que pagar regalías
por un valor de 121 millones de dólares pese a la recuperación del precio del
crudo.
En síntesis, el lote X paga un promedio de 30 % como tasa de
regalías y el lote Z-2B abona un 16 %
como regalía equivalente, y una renegociación de las tasas de regalías hacia
abajo como promueve, auspicia la nueva ley de hidrocarburos significará menores
ingresos fiscales para el estado que pondrá en riesgo el financiamiento del
canon y sobrecanon petrolero.
No deja de ser curioso que
se está promoviendo una disminución de las tasas de regalías en una coyuntura
donde el déficit fiscal supera el 3 % del PBI, y la presión tributaria de los
ingresos del gobierno central frente al PBI no supera el 13.7 %, la más baja de
los últimos años que tiene el país.
EPÍLOGO
En verdad, con este proyecto
de una nueva ley de hidrocarburos se pretende vender “gato por liebre”, pues
con la justificación de promover las inversiones en el sector, con plausibles
claúsulas de anticorrupción y prácticas pre profesionales para los jóvenes,se
pretende imponer una perversa prórroga contractual.
Así, en el texto
sustitutorio aprobado en la Comisión de Energía y Minas que preside un
congresista de Acción Popular, se incorpora en el artículo tercero de las
“Disposiciones Complementarias Finales” lo que constituye la esencia del
proyecto de la nueva ley de hidrocarburos, la cual tiene que ver con la indebida extensión por treinta
años a las empresas que tienen actualmente contratos de explotación.
Una práctica capitalista,
moderna, de libre competencia debiera licitar en un proceso abierto y
transparente el activo más valioso que tienen los contratos de hidrocarburos
próximos a su vencimiento en el subsuelo: las reservas probadas, probables y
posibles.
Es más, si por la
Constitución y la ley de hidrocarburos todavía vigente los hidrocarburos “in
situ”, es decir que yacen en el subsuelo son propiedad de la Nación, entiéndase
de todos los peruanos, una perversa prórroga contractual por 30 años, no deja
de ser una enajenación, una sustracción de riqueza que como diría el filósofo
francés Proudhon, sería un robo a nombre de unas supuestas inversiones que se
financiarán en última instancia con las mismas reservas probadas de petróleo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario