POR EL FORTALECIMIENTO DE PETROPERÚ S.A.

RECORDANDO SIEMPRE EL 9 DE OCTUBRE

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

Bajo los vientos del nacionalismo como doctrina que sacudía al tercer mundo,  el 3 de octubre de 1968 se dio un golpe de estado en el Perú, y se estableció la Junta Militar de Gobierno de las Fuerzas Armadas bajo el mando del general Juan Velasco Alvarado. Un líder militar que transcurridos 50 años sigue suscitando odio, encono, resentimientos, críticas. Es más, hay quienes sostienen que el atraso del país se debe a dicho experimento social que levantó el principio: “Ni capitalismo ni comunismo”

Una de sus primeras acciones fue tomar por sorpresa las instalaciones de la IPC en Talara seis días después, el llamado símbolo de la presencia imperialista en nuestro país, dando lugar al nacimiento de la empresa Petróleos del Perú S.A., cuya partida de nacimiento fue la fusión de los activos de la IPC con  la empresa Petrolera Fiscal (EPF).

Este fue el punto de partida de la petrolera estatal que desde 1969 hasta hoy constituye un símbolo de la peruanidad a pesar de la irracional descapitalización a la que fue sometida en el primer gobierno aprista, para ser rematadas a precio vil las principales unidades, lotes, refinerías, y filiales en el proceso privatizador puesto en práctica por el fujimorismo en la década de los noventa del siglo pasado.

Por ello, en el pasado el  9 de octubre se celebraba como el día de la “Dignidad Nacional”, siendo un feriado a nivel nacional, para luego ser limitado al ámbito regional de Piura. Así, de la dignidad nacional se pasó “sin pena ni gloria” al día feriado regional, reconociendo el aporte del trabajador petrolero. Por ello, Talara sigue siendo un símbolo a pesar del discurso liberal.

Del “golpe de estado” de 1968 a la fecha han pasado cincuenta años, y todavía el régimen militar de la primera fase suscita los más encendidos odios de parte de la extrema derecha. Los epítetos hacia el personaje central como el general Juan Velasco Alvarado son variados y van desde resentido social, hasta ser considerado  un extremista que pretendía establecer un régimen comunista; haciendo posible una reforma agraria, que fomentaba el odio social, con la célebre frase de “campesino el patrón ya no comerá más de tu pan”, “la tierra es para quien la trabaja”.

En verdad, un análisis más objetivo aceptaría como punto de partida la necesidad histórica del golpe militar por una serie de factores que paradójicamente en parte  se repiten en el presente. Por un lado, una crisis económica expresada en un déficit de la balanza de pagos, que dio lugar a una traumática devaluación del sol frente al dólar, que generó presiones inflacionarias, pues había que disponer de más soles para comprar el mismo dólar. Ello en especial afectó a las clases medias y populares.

Sin embargo, más grave que los problemas económicos era la crisis política que se experimentaba con un congreso dominado por la alianza Apra-UNO del general Odría, que desde el Congreso de la República petardeaba el gobierno del Arq. Belaunde Terry que tenía como aliado al partido de la democracia cristiana. Crisis política que llegó a su máxima expresión con la pérdida de Página Once, donde se exponían los arreglos bajo la mesa con la IPC.

Si a ello se agregan los altos niveles de corrupción, el masivo contrabando, las protestas sociales por mejores salarios y sobre todo los movimientos campesinos en el sur y centro, que aspiraban a una modernización de las relaciones agrícolas, superando las relaciones semiserviles que se arrastraban como herencia colonial.

Tal vez el factor detonante más que la Página Once en los acuerdos del gobierno en el asunto de la Internacional Petroleum Company (IPC) era la certidumbre de los altos mandos del ejército del peligro social de una reproducción de las guerrillas inspiradas en la Revolución Cubana. El peligro comunista era una obsesión en los altos cuadros castrenses y en la inteligencia militar norteamericana.

Es más, en el pasado cercano estaba abril de 1952, cuando el MNR, el Movimiento Nacional Revolucionario de Bolivia había derrotado al ejército profesional en las calles de La Paz, en una alianza obrero/campesina, si bien hacia 1968 tales experiencias movimientistas habían demostrado las limitaciones de las revoluciones sociales dirigidas por la pequeña burguesía, y de las nacionalizaciones, expropiaciones, que estaban a la orden del día en América Latina.

Tal vez la afirmación que refleja con una mayor certidumbre el contenido de la revolución de los militares fue expresada por el general Ernesto Montagne, presidente del Consejo de Ministros, y hombre fuerte del régimen, cuando reconocía la necesidad de los cambios de “arriba hacia abajo” de lo contrario había el peligro de una revolución social, por las múltiples contradicciones que sacudían a la sociedad peruana, que vivía la agonía, la “crisis del estado oligárquico”

REFORMA PROGRESISTA

En tal sentido, una reforma central desde el punto de vista económico y político fue la nacionalización de los hidrocarburos que en ese entonces estaba bajo el control de la IPC que en el norte del país imponía una “economía de enclave”, donde la producción de crudo era básicamente para satisfacer el mercado interno.

Es más, la IPC era una empresa que hacia finales de la década de los años sesenta del siglo pasado tenía problemas económicos, y si bien usufructuaba los campos petrolíferos de Talara, con rendimientos decrecientes, pues a nivel internacional para su matriz la Standard Oil resultaba de mayor interés la explotación de los campos de Venezuela, Arabia Saudita.

Siempre hemos sostenido que si existiera una clase dirigente en el Perú con una visión nacional de desarrollo, sería la principal interesada en el fortalecimiento de la petrolera estatal. Tal como existe en Chile o en Colombia, por no señalar Corea del Sur, Noruega, Rusia, Arabia y tantos otros países que tienen poderosas empresas petroleras estatales.

Por ello, la evidencia histórica expresa que más del 75 % de las reservas y producción de hidrocarburos sea petróleo, gas natural o líquidos de gas natural, en el mundo están bajo responsabilidad estatal, por estrictas razones de seguridad energética, y rentabilidad como fuente de acumulación interna.

NACIONALIZACIÓN A LA BOLIVIANA

Un caso emblemático de la soberanía del estado sobre los recursos hidrocarburíferos lo constituye Bolivia con su dirigente histórico Evo Morales. Donde desde el 2006 a la fecha se han invertido los términos de participación del estado en la riqueza generada.

Así, en Bolivia antes de las reformas el estado participaba con el 22 % de la riqueza y las empresas privadas (Repsol, Pluspetrol, British Petroleum, Shell etc.) captaban el 78 % de la misma. Esta realidad cambió con la nacionalización de los hidrocarburos a la boliviana.

Ahora el estado participa a través de su petrolera estatal Yacimientos Fiscales Bolivianos (YFB) con el 78 % de la riqueza producida y las empresas petroleras acceden al 22 %, y no se han retirado del negocio. Ello significa que a pesar de dicha participación siguen obteniendo importantes utilidades.

Con esta nacionalización a la boliviana el estado no solamente a recuperado la soberanía sobre dicha riqueza sino que ha incrementado los precios del gas de exportación hacia Brasil y Argentina, aumentando los ingresos fiscales lo que ha permitido financiar los programas sociales.

Al mismo tiempo en el país altiplánico se verifica una masificación de la cultura del gas satisfaciendo la demanda interna, con más de 2 millones de usuarios, apostando también por una petroquímica básica que le permite la producción de urea para satisfacer el mercado interno y las necesidades de los países vecinos entre ellos el Perú, que tienen que importar este fertilizante de la república ucraniana.

PETROPERÚ: FUENTE DE NEGOCIOS PRIVADOS

En cambio, en el Perú se trasfirieron lotes petroleros a precios de remate, lo que ha permitido la valorización y capitalización de las empresas privadas que se han internacionalizado y fortalecido con los recursos energéticos de nuestro país.

Así, por ejemplo la empresa Pluspetrol con la privatización del lote 8/8X a mediados del 1996, y posteriormente con el lote 1-AB (2001) generó los excedentes para financiar su participación del 27.2 por ciento en el Consorcio de Camisea en el  lote 88  (2004) y lote 56 (2008), sin mayor riesgo, pues las reservas de gas natural y condensados habían sido descubiertas en 1984 por la angloholandesa Shell.

En el mismo sentido, los hidrocarburos que alguna vez fueron de PetroPerú han permitido la valorización y crecimiento económico del empresarial a Graña y Montero Petrolera que hoy detenta los lotes I, III, IV, V sin mayor riesgo exploratorio.

Ello explica, la necesidad de hacer un balance nacional sobre la presencia del estado en el sector de hidrocarburos, en especial a partir de las consecuencias económicas de tener una refinería modernizada y rentable como la Refinería de Talara que a partir del 2021 procesará combustibles limpios para el país. De allí la necesidad de apostar por el fortalecimiento de PetroPerú por medio de la integración vertical de sus operaciones, con lotes propios de producción de crudo ante el evidente fracaso de la privatización en el sector de hidrocarburos.