Después de más de
tres meses de debate el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) manifiesta su
opinión desfavorable al dictamen respecto a la Nueva Ley de Hidrocarburos
(NLH), el mismo que fue aprobado en junio pasado en la Comisión de Energía y
Minas del Congreso de la República de forma expeditiva en una sesión que llevó
menos de 30 minutos, donde se votó por consigna como parte de una estrategia
lobista de parte de una mayoría fujimorista, hoy en descomposición.
El dictamen del
proyecto de ley estuvo en mesa de espera
en el Pleno del desprestigiado Congreso de la República, hasta que en razón a
las últimas observaciones del MEF, ministerio de Ambiente, ONGs ambientalistas,
Sindicatos, Municipalidad de Talara, más las inconsistencias publicadas en el Diario
UNO como en otros medios, el proyecto ha tenido que regresar a comisiones.
Por ello el propio estado a través del MEF afirma que toda renegociación de las tasas de regalías hacia abajo, con tasas de 10% o 5 % como se pretende en el fondo afectaría el equilibrio fiscal. Así, se afirma que:
“la renegociación de
las regalías, en cualquier caso, debe ser en beneficio del Estado, y no al
revés. Con la aprobación esta propuesta se pone en riesgo los intereses del
Estado en beneficio de las empresas contratistas. Consideramos que este
artículo debe ser eliminado, o en su caso tener mayor discusión y justificación
sobre los riesgos y beneficios que implicará para el Estado Peruano.
Por las consideraciones expuestas, se concluye que el
Dictamen en los Proyectos de Ley 98/2016-CR, 1525/2016-CR, y 2145-2017-PE, Ley
que modifica la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos en el territorio
nacional, para promover la industria de hidrocarburos, no debe aprobarse.” (2018, MEF, Opinión del Dictamen recaído en
los Proyectos de Ley N° 98/2016-CR, 1525/2016-CR, y 2145-2017-P, pág. 14).
CANON Y SOBRECANON PETROLERO EN RIESGO
Igualmente en razón
de las menores tasas de regalías que se estarían promoviendo con el cuento de
fomentar las inversiones en el sector, se afectarían los ingresos del canon y
sobrecanon petrolero que se determinan por el 18.75% del valor de la producción
de petróleo (ad valorem), más el 3% de las regalías que constituyen ingresos no
tributarios para el Minem (0,75%), Osinergmin (0,75%) y Perúpetro (1%)
Igualmente en el
oficio Nº 1359-2018-EF/10.01 con fecha del 3/octubre/18 de Carlos Oliva actual
ministro de economía y finanzas dirigido al congresista Miguel Roman Valdivia,
presidente de la Comisión de Energía y Minas, se contemplan una serie de
observaciones adicionales como que la disminución de regalías afectarían el
equilibrio fiscal, igualmente expresan su desacuerdo y rechazo a la autonomía
de Perúpetro del FONAFE, el holding empresarial del estado.
Es más, también
cuestionan y observan que sea el MEF el organismo público que a partir de la
aprobación de la Nueva Ley de Hidrocarburos, sea el responsable del abono del
canon y sobrecanon petrolero a los gobiernos regionales, locales y
universidades públicas.
Así, textualmente
señala el MEF “Actualmente, las regalías establecidas en cada contrato son
variables y oscilan entre 5 % a 50%, dependen de los precios y son determinadas
a partir del valor de la producción. Para cumplir con el pago del canon y
sobrecanon (18.75%) PERUPETRO S.A. determina el monto y efectúa el ajuste entre
los lotes que pagan regalías por encima del porcentaje del canon y sobrecanon
para cubrir el déficit de las que pagan menos porcentajes de regalías.
Con la renegociación
de las regalías propuesta en la Tercera Disposición Complementaria Final del
Dictamen, el déficit antes señalado podría ser mayor, y tendría que ser
cubierto por los Recursos del Tesoro Público” página 19.
OTRAS PERLAS
Si a ello se suma que varios artículos resultarían violatorios de los
llamados contratos de estabilidad jurídica y tributaria pues en caso de
emergencia nacional los precios por pagar por los hidrocarburos serán
determinados por su valor internacional.
De ser así, argumenta
el MEF que se afectarían sobre todo a las empresas responsables de la
distribución de gas natural por ductos, en el centro, sur y norte del país, con
las posibilidades de incrementar los precios finales del gas, que en última
instancia se cargarían contra los bolsillos de los sufridos usuarios.
También manifiestan
su desacuerdo a la ampliación del período del tratamiento a la importación de
maquinaria y equipo, en la etapa exploratoria que bajo el régimen de admisión
temporal pasarían a tener el trato prácticamente de un régimen definitivo, pues
lo temporal duraría siete años, y la maquinaria estaría casi depreciada, con lo
cual se afectarían los intereses de los productores locales que tienen que
asumir el pago del IGV, y los aranceles correspondientes.
SALUDABLE A PESAR DE TODO
Si bien la opinión
del MEF resulta saludable pues coloca en cuestión los alcances de la Nueva Ley
de Hidrocarburos en la afectación de los ingresos fiscales, problema que hemos
venido advirtiendo desde tiempo de atrás, en especial lo referido al
financiamiento del Canon y Sobrecanon
Petrolero.
En verdad, más que
promocionar leyes de hidrocarburos que como ha señalado un ex-ministro del
sector “Siempre han favorecido a los
privados en detrimento del estado”, se trata de aprobar un Planeamiento
Estratégico de largo plazo en materia de energía, donde la intervención del
Estado tenga un protagonismo central frente al evidente fracaso de la política
hidrocarburífera aplicada en el país desde 1993 a la fecha, pues la dotación de
energía no lo resuelve el libre mercado.
Ello supone “grandes
remedios ante grandes males”. A un enfermo con cáncer no se le puede tratar con
aspirinas. No somos un gran país petrolero pero tenemos suficiente gas natural,
por lo menos más que Colombia pero menos que Bolivia. Sin embargo estamos en la
cola en relación a la masificación del gas a nivel de familias, empresas y
estado.
En una economía moderna
con un Estado soberano sería inaceptable que importantes transnacionales como
Repsol, Hunt Oil, Pluspetrol, CNPC entre otras empresas impongan sus legítimos
intereses privados sobre el interés público. ¡Gobernar con sabiduría exige y
supone el equilibrio entre lo “público y privado”!
Prueba de ello es que
exportamos como país gas natural del lote 56 (Hunt Oil, SK, Repsol, Shell,
Marubeni) a precios de remate, con regalías franciscanas, y tengamos que
importar energía cara y contaminante como el petróleo y el diesel 2 para
abastecer el mercado interno ¿Dónde está el estado?
En una economía
moderna con empresarios del siglo xxi sería inconcebible que siendo más o menos
autosuficientes en la producción de GLP a partir del fraccionamiento de los
líquidos de gas natural de Camisea, lote 88, 56 y 57 y en menor medida del lote
Z-2B y lote I, ubicados en Piura,
el balón de GLP de 10 kilos tenga un precio superior a los S/36 soles, y en
regiones productoras como el Cuzco más de S/ 50 ¡ De Ripley aunque Ud. no lo
crea!.
En el mismo sentido
la masificación del gas natural sobre todo para las familias del norte del país
(Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Lambayeque, Cajamarca) y en el Sur
(Arequipa, Tacna y Moquegua) avance a paso de tortuga, con una débil
penetración en la economía doméstica que constituye apenas el 1% de la demanda;
de allí el desinterés de las empresas pues el negocio gordo es abastecer a las
empresas en especial a las grandes empresas consumidoras.
Igualmente resulta
una cachetada a la pobreza que las familias
de Piura, el único productor de gas natural en el norte del país, tengan
que pagar más de S/ 38 hasta S/40 soles por un balón de GLP, cuando pudieran
abonar no más de 17 soles mensuales por
su equivalente en gas natural domiciliario.
EPÍLOGO
En verdad, no estamos
plenamente de acuerdo con la opinión desfavorable del MEF pues no apunta al
aspecto central referido a la ampliación interesada por 30 años adicionales a
los contratos próximos a su vencimiento, como es el caso de los contratos por
los lotes Z- 2B (Savia), II (Petrolera Monterrico), I y V (Graña y Montero),
VI/VII (Sapet), X (CNPC), 8 (Pluspetrol), 31 C,
(Aguaytía), 31 B/D ( Maple).
Un análisis técnico
podrá demostrar que la mayoría de las empresas involucradas en este escandaloso
lobby administrado por los gremios empresariales que las representan, no han
realizado las inversiones de riesgo que demanda el país, y se han dedicado a
drenar y explotar las reservas probadas, posibles y probables que dejó
PetroPerú antes de su desgraciada privatización, llevada a cabo por un régimen
genéticamente corrupto como el fujimorismo lo que se está demostrando en el
presente.
De allí la necesidad
de apostar por la integración vertical de PetroPerú, y su asociación con
privados allí donde sea posible y deseable con el sector privado. Pero para que
ello sea una verdad categórica se requiere que el Estado a nombre de Nación
recupere la Soberanía sobre los recursos hidrocarburíferos, es decir la
propiedad plena sobre el petróleo, gas y líquidos. ¡De lo contario todo sería
un cuento chino!
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