ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)
En la presente coyuntura las decisiones que adopte el gobierno sobre el futuro de PetroPerú, su fortalecimiento, la modernización de sus unidades y la integración vertical de sus operaciones para maximizar sus ingresos y utilidades, colocan el tema energético en el primer lugar de las interrogantes y preocupaciones por resolver.
Si se tiene presente que más del 60 por ciento de la energía comercial en nuestro país tiene su fundamento en el uso de los hidrocarburos (petróleo, gas y líquidos), sería absurdo y suicida como país persistir en la lógica liberal donde supuestamente las políticas del “libre mercado” lo resuelven todo. Ello explicaría que trasnochados comentaristas propongan la peregrina tesis que “resultaría inmoral que el estado invierta más de 2,730 millones de dólares en la modernización de la refinería de Talara, cuando esas sumas podrían invertirse en la lucha contra la pobreza”
Justamente el asumir la receta liberal nos ha llevado a un entrampe sobre el rol del estado en el subsector de hidrocarburos y de la energía en general. Así, bajo el concepto que sin la dotación de energía suficiente no es posible alcanzar ni asegurar el crecimiento económico con redistribución e inclusión social que es un objetivo del presente gobierno.
Ello nos debiera llevar a enfrentar y asumir como país soberano un problema central: el reto de alcanzar la autonomía energética y preguntarse ¿cuál debiera ser el rol del estado y de las empresas públicas como PetroPerú?
Me explico, si de cada tres barriles que procesan las refinerías en el mercado interno dos barriles son importados, donde sumadas las importaciones de crudo y diesel 2 con 50 partes por millón de azufre se superan los niveles de 150 mil barriles diarios, con valores de importaciones que de lejos sobrepasan los 5,800 millones de dólares anuales. Es decir, cada vez se depende más del crudo y derivados importados que en gran parte se compran a las petroleras estatales de terceros países.
Alguno puede sostener que en una economía globalizada lo normal es recurrir al comercio internacional, al mercado para resolver las limitaciones y la demanda insatisfecha interna. Allí, hay una distorsión de fondo, pues podemos importar maquinarias o alimentos, pero depender de las importaciones de hidrocarburos nos hace más vulnerables, por ello los estados con capacidad propia de desarrollo se reservan una presencia importante por consideraciones estratégicas del sector en la matriz energética.
Mientras se exportan petróleos pesados que no pueden ser procesados por las refinerías locales, a pesar que los mayores volúmenes de reservas probadas en la selva nororiental están constituidas por un crudo pesado de un grado de densidad menor a los 19º API, salvo las reservas del lote 64 recientemente cedidos a PetroPerú con reservas probadas de más de 55 millones de barriles de crudo ligero.
También se exporta gas licuefactado al Asia, EEUU, México, España, donde de los 1,000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural que se extraen casi 580 millones de pies cúbicos diarios provenientes del lote 56 están comprometidos con la exportación y un poco más de 400 millones de pies abastecen el mercado interno, con una demanda insatisfecha que de lejos supera los 500 millones de pies cúbicos (consumo eléctrico, industrial y doméstico), si es que de verdad se pretende la masificación del gas natural.
También se exportan volúmenes de nafta proveniente de la Planta de Pisco bajo responsabilidad del Consorcio Camisea y pequeños volúmenes de gas licuado de petróleo (GLP) más el petróleo residual industrial.
UNA MALDICIÓN: SOMOS 6,000 MILLONES DE DÓLARES MÁS RICOS
Esto es lo que habría dicho el ex Presidente Fujimori si replicamos lo que afirmó cuando en julio de 1998 el Consorcio Shell/Mobil devolvió el lote 88 a pesar de haber invertido 500 millones de dólares, por priorizar inversiones en Bolivia y la Rusia capitalista.
Ello nos debe hacer recordar el retiro del consorcio Shell/ Mobil del lote 88 de lo que se denominó el “contrato del siglo”. Allí las transnacionales habían realizado inversiones sobre los 500 millones de dólares, descubriendo reservas probadas de gas natural superiores a los 9 trillones de pies cúbicos de gas natural y más de 650 millones de barriles en condensados.
Así, alimentados por el credo liberal (durante los gobiernos de Fujimori, Paniagua, Toledo, García) en lugar de fomentar la explotación racional y nacional de las reservas de Camisea, mediante una participación del estado a través de PetroPerú y ElectroPerú asociadas al capital transnacional con empresa de prestigio y espaldas financieras, en la agonía del régimen fujimorista corroído por la corrupción se tuvo que respetar un contrato en un cuestionado proceso de licitación que constituye una historia negra que dio partida de nacimiento al llamado Consorcio Camisea.
Ahora la historia puede cambiar con la cesión sin costo alguno que ha realizado la empresa Talisman a PetroPerú con importantes reservas de crudo ligero, bien se puede afirmar que el Perú, el propio estado con esa cesión no solamente es 477 millones de dólares más rico sino que tiene la oportunidad histórica de retornar a la explotación con riesgos mínimos, para valorizar las reservas del lote 64 superiores a los 55 millones de barriles cuyo valor bruto superarían los 5,500 millones de dólares.
Se debe recordar que dicho lote estuvo hasta inicios del presente año bajo responsabilidad de la empresa de capitales canadienses Talisman Petrolera del Perú, entidad que optó por retirarse del país a pesar de los resultados exploratorios positivos, transfiriendo directamente dicho lote a PetroPerú con reservas probadas a fines del años pasado de más de 42 millones de barriles de reservas probadas de un crudo ligero que valorizaría aún más el crudo pesado del lote 1-AB.
Hay que tener presente que Talisman entre los años 2005 al 2012 ha realizado inversiones exploratorias por un valor de 477 millones de dólares levantando 465 kilómetros cuadrados de sísmica tridimensional en el lote 64 y todos esos estudios han sido transferidos a PetroPerú en un contrato que tiene pactadas regalías con una tasa de 5 por ciento, lo cual sumada a la calidad del crudo ligero, eleva el valor económico de su posible explotación con el menor riesgo posible.
Con reservas probadas de hidrocarburos, regalías pactadas del 5 por ciento, es verdad que se requieren capitales superiores a los 300 millones de dólares para monetizar dichas reservas. De allí, sería recomendable la asociación con terceras empresas, donde PetroPerú tenga la “sartén por el mango”, subcontratando servicios, con una lógica de mercado sería posible su explotación, si existe voluntad política de hacerlo.
En verdad, las posibilidades que tiene el país dependerá de las decisiones que se adopten al más alto nivel donde el Presidente de la República no debiera ser sorprendido por los viejos (as) lobbystas y los liberales mercantilistas que niegan cualquier participación del estado en la explotación de los hidrocarburos, en nombre de las fuerzas del mercado.
Por último, es hidalgo reconocer que las gestiones para la transferencia del lote 64 a PetroPerú sin costo alguno para el país se iniciaron y prácticamente estaban terminadas durante la gestión del Ing. Humberto Campodónico y que la actual gestión está administrando con timidez ante las incoherencias del inefable ministro del sector.
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