* Publicado en el diario La Primera el viernes 16 de agosto de 2013
El líder del Partido Popular (PP) de España, Mariano Rajoy, afirmó que nuestro petróleo, nuestro gas y nuestra energía no se pueden poner en manos de una empresa rusa porque eso nos convertiría en un país de quinta división. Este comentario se realizó en 2008 ante una propuesta de Lukoil por el 20% del capital de Repsol, cuando el PP era oposición al gobierno. Ahora nuevamente ha salido a la luz a propósito del inicio de la discusión de la reforma petrolera en México. Hay tres alternativas: del partido oficial (PRI), del liberal (PAN) y del progresista (PRD). Al igual que en España, ninguna de estas opciones pone en cuestión la existencia de la empresa petrolera propiedad del Estado: Pemex. Tampoco se postula la apertura de su capital social o su privatización como están postulando sectores radicales para el caso de la empresa petrolera estatal peruana.
La propuesta del PAN establece que Pemex coexista con otras empresas en las diferentes etapas de procesamiento de los hidrocarburos: exploración y producción, refinación, procesamiento del gas natural y la industria petroquímica básica e intermedia. Se pretende ampliar y compartir la renta petrolera aumentando la capacidad de producción nacional con recursos de terceros. En el otro extremo, el PRD propone nuevas reglas que mejoren el gobierno de la empresa así como una mayor disponibilidad de recursos para inversión. Actualmente el Estado mexicano se apropia de toda la utilidad de la empresa (alrededor del 50% de los ingresos totales). El PRI recomienda que Pemex pueda establecer asociaciones en participación con empresas petroleras internacionales para obtener inversiones y tecnologías que permitan aprovechar el potencial existente. La Constitución mexicana prohíbe el pago a contratistas a cambio de producción o ingresos futuros.
Mientras en México nadie discute la existencia de la petrolera estatal, la situación peruana es incierta. A casi quince días de los anuncios de 28 de julio, no queda claro lo que se propuso. Se habló de la ejecución integral del proyecto de modernización de la Refinería de Talara (PMRT), pero luego hace una semana el titular del sector regresa a la ejecución del proyecto en dos etapas: desulfurización de combustibles y la concerniente a la modernización y ampliación. En una columna previa señalamos que el proyecto dividido en dos pondría en peligro la estabilidad de la empresa a menos que todos los recursos sean proporcionados por el Estado y generaría sobrecostos entre US$ 200-500 millones.
Asimismo, el fortalecimiento de la empresa petrolera estatal parece quedar en nada cuando a pocos días de aprobados se cancelan sus objetivos anuales y quinquenales 2013-2017. El trabajo técnico de dos directorios consecutivos y la administración se ha relegado. Desafortunadamente la Junta General de Accionistas y el gobierno, siguen sin rumbo.
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