lunes, 31 de diciembre de 2018

POR UN MAYOR VALOR DE RETORNO


UNA MINERÍA PARA EL DESARROLLO
ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

No debiera existir duda sobre la importancia estratégica del sector minero en la economía peruana. No solamente lidera los ingresos de exportación con una participación promedio histórica del 60 % de las divisas. En la economía mundial por las ventajas comparativas, entiéndase bajos costos de producción, somos considerados un país líder en la producción minera.
Con la producción minera que se explota, nuestro país ocupa un puesto de liderazgo a nivel mundial ocupando en plata (2º), cobre (3º), zinc (3º), plomo (3º) y oro (6º); pero ello en lugar de ser una ventaja nos hace más vulnerables y dependientes de las variaciones de los precios internacionales de los minerales.
Por ello, si la economía mundial crece como aumentó gracias al impulso de la dinámica de la economía china, elevando los precios de los minerales, nuestro país y el conjunto de los productores mineros experimentaron un ciclo de bonanza, con utilidades extraordinarias entre el 2003 al 2012.

MAXIMIZAR EL VALOR DE RETORNO
Sin embargo,  lo que debiera interesar es ¿cuánto de esa riqueza generada por el trabajo, y el capital que es el producto del trabajo incorporado,  se queda en el país? Es decir que parte de la riqueza se capitaliza como salarios e ingresos que dependen del trabajo, como compras a la industria local y nacional, y sobre todo en ingresos fiscales.
De allí la importancia de la categoría propia de la economía política, reconocida como “valor de retorno” o “valor retenido” para calificar los aspectos positivos de la inversión sobre todo en sectores llamados extractivistas, como la minería cuyo desenvolvimiento histórico ha significado graves pasivos (Ver Gráfica Inventarios de Pasivos Ambientales Mineros)
Es decir, del 100 % de los ingresos que básicamente serían de las exportaciones mineras, cuánto se retiene en el país como salarios pagados al trabajo, compras directas a la industria, y particularmente el abono de impuestos al fisco más las contribuciones de ley.

ESTADO MISIO
En mis investigaciones he demostrado que en nuestro país, el fisco captó en promedio en la década de bonanza  apenas el 12 % de los ingresos de exportación, sea por concepto del impuesto a la renta, regalías mineras, el aporte voluntario, gravamen minero e impuesto extraordinario, derechos de vigencia y otros.
En otros términos, ello significa que cada 100 dólares de ingresos de exportación en los años de bonanza, de “vacas gordas”, el fisco directamente captó apenas 12 dólares. Ello evidentemente resulta insuficiente para que el estado enfrente y resuelva las necesidades y obligaciones básicas que todo estado debe proveer a sus ciudadanos: educación y salud de calidad, más seguridad integral.

SALARIOS RELATIVOS CAEN
Por el lado laboral en las empresas formales, los ingresos de los trabajadores resultan los mayores del mercado. Sean por los salarios básicos pagados, los ingresos que dependen del básico, más los costos que tienen que asumir las empresas, llámese pagos a la AFPs, seguros, capacitaciones, etc.
Sea la participación de los costos del trabajo, en los costos de venta, en los gastos de venta y administrativos, el promedio del gasto total del trabajo no supera el 12 % al 15 % de los costos de venta, con tendencia a la disminución por el uso y abuso de las contratas mineras. De allí, que las luchas contra las políticas de “cholo barato” sea una realidad que explica las presiones reindivicativas por mejores salarios y condiciones de trabajo.
A una mayor riqueza producida, con crecientes excedentes empresariales vía utilidades, depreciaciones y las amortizaciones, más intereses pagados por préstamos, la participación de los trabajadores en la riqueza disminuye en términos relativos, por más elevados que sean los salarios reales.
EFECTO MULTIPLICADOR
Por último, la importancia del efecto multiplicador de las compras de la minería a la industria es significativa. Desde la etapa de exploración, construcción, desarrollo en la madurez de un proyecto minero, el aporte de la actividad minera influye de manera significativa en el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI)
Una inversión minera de US $ 2,000 millones de dólares representa un punto (1%) de crecimiento del PBI, influyendo en la balanza de pagos, las reservas monetarias, los ingresos fiscales y regionales a pesar de todo. Todo ello al margen del empleo directo e indirecto generado.
La materialización de todo proyecto de inversión minero tiene un efecto reactivador, expansivo y multiplicador en la economía doméstica y en las importaciones de maquinaria y equipo. Después de todo se demanda electricidad, cemento, carreteras, infraestructura, más bienes y servicios varios,
Sin embargo, para el ciudadano de a pie, los pobladores de alguna manera impactados por la actividad minera, tales efectos significan poco. Por el contrario son percibidas como agresiones por la irrupción de una modernización perversa que cambia la vida, con “externalidades negativas” que no son debidamente administradas.

LA MINERÍA EN MOQUEGUA
Se debe reconocer que el Presidente de la República, Ing. Martín Vizcarra es un empresario exitoso ligado a la minería. Como decano del colegio de ingenieros de Moquegua en el 2007 supo liderar la lucha por un mayor canon minero para dicho departamento, que había sido fijado en un mínimo frente al canon de Tacna, a pesar de la mejor ley del mineral de cobre en la explotación de los concentrados de cobre en Cuajone (Moquegua)
Es más, como autoridad regional supo maximizar el buen uso de los recursos del canon y regalías mineras para Moquegua lo que significó mejores indicadores en la lucha contra la pobreza, resultados positivos en salud y educación, con mayores índices de competitividad regional, después de la ciudad capital.
En tal sentido, cabe preguntarse qué se puede hacer en el sector minero en estos tres años que faltan en el mandato del Presidente Vizcarra, un empresario y político exitoso ligado a la minería como proveedor de servicios a una empresa como Southern Perú Copper Corporación (SPCC), donde el Grupo México de la familia Larrea, detenta más del 82 % de las acciones.

SPCC EMPRESA INTEGRADA
El Grupo México a través de SPCC opera en Tacna en las operaciones de Toquepala, yacimiento minero que tiene casi de 60 años de explotación con costos operativos crecientes y con rendimientos decrecientes. También opera en Moquegua por medio de la unidad de Cuajone, cuyos concentrados son tratados en la Refinería de Ilo, donde se obtienen cobre fino en forma de cátodos y alambrón de cobre con un 99.9% de pureza, más oro y plata fina, con molibdeno y ácido sulfúrico que se exporta a Chile.
La empresa minera SPCC en la gran minería de cobre es la única empresa en el país que produce cobre fino, que se reproduce como empresa integrada, y aspira a la explotación de proyectos como Tía María con una fuerte oposición local, y otros proyectos como Los Chancas, al margen de sus operaciones en Cajamarca.
El crecimiento económico demanda nuevos proyectos mineros con responsabilidad social, ambiental y tributaria, por ello se requiere convencer a la población rural que la minería formal es compatible con la actividad agrícola, como lo demuestra el departamento moqueguano, con sus piscos, vinos, ajos, orégano, paprika, aceituna y aceite de oliva etc.
En tal sentido, como diría el patriarca de la minería Don Alberto Benavides de la Quintana, la minería puede y debe “sembrar agua”, convirtiendo el agua de mar en un elemento útil para la agricultura por medio de la separación de la sal mediante el proceso de ósmosis inversa a precios competitivos como en Israel, y la generalización de reservorios y canales para el abastecimiento del agua en épocas de estiaje.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?
Por ello cabe interrogarse ¿Qué se podría hacer en el sector minero desde el punto de vista nacional, en un sector estratégico para el servicio del desarrollo del país, con un mayor ahorro interno, y mayores ingresos fiscales, para servir mejor a las poblaciones locales impactadas por la actividad minera?
En principio debe verificarse una lucha frontal contra la actividad minera informal e ilegal que contamina gravemente e impunemente el medio ambiente. Se debe asumir que la producción de un kilo de oro extraído en Madre de Dios significa el uso de dos kilos y medio de mercurio que demora más de 100 años en desvanecer sus efectos.

INFORMALIDAD AURÍFERA
En tal sentido, en pleno siglo XXI resulta inaceptable que el Banco Central de Reserva (BCR) registre exportaciones auríferas anuales superiores a los 6 millones de onzas de oro, y el propio Ministerio de Energía y Minas (MINEM) identifique solamente una producción formal menor a los 5 millones de onzas de oro.
Es decir, más de un millón de onzas de oro son exportadas pero no se reconocen a las empresas productoras. Esta producción informal no paga las regalías que se fijan como una participación de las utilidades operativas, ni tampoco el impuesto a la renta. ¡Una grave y millonaria evasión fiscal!
Ello es particularmente grave pues mientras los precios del oro superen los US $ 800 dólares la onza siempre será una alternativa atractiva y rentable para los mineros informales que venden su producción a terceros, o las empresas mineras que ponen a disposición sus yacimientos previo pago de una regalía privada.
Por ello, la minería informal e ilegal se desenvuelve no solamente en Madre de Dios, también se reproduce en Puno, Ayacucho, Ica, Piura, La Libertad en condiciones que contaminan el medio ambiente, y con una sobre explotación de la fuerza de trabajo, sin seguridad y con altos índices de mortalidad.
Una lucha frontal contra la informalidad utilizando los propios mecanismos de mercado y la resolución de los graves pasivos ambientales producto de la actividad minera en las últimas décadas es lo menos que se debe hacer, si de verdad se pretende fomentar la inversión en el sector minero que se proyecta sobre los 58 mil millones de dólares en los próximos años.
Por ello no resulta una casualidad histórica que los departamentos como Ancash, Cajamarca, Puno, Huancavelica y la sierra de Lima lideran el número de pasivos ambientales mineros sin resolver, lo que constituye la prueba ácida de una minería regresiva, inaceptable para la sociedad y enemiga del desarrollo.
 



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