lunes, 26 de septiembre de 2016

POR UN DEBATE NACIONAL ¿PETROPERÚ DEBE SER PRIVATIZADA?

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

Privatizar PetroPerú, es el grito de batalla de la derecha económica y de algunos académicos de prestigiosas universidades privadas que más que centros universitarios parecen escuelas de negocios, donde la ideología prima sobre la ciencia, el poder del dinero sobre el conocimiento, el interés privado por encima del  interés público. Es decir, los intereses empresariales que las universidades de negocios representan están por encima del interés nacional, puesto de manifiesto por el bienestar de las mayorías.

En tal sentido, asumo por principio que con todos sus problemas, debilidades, e indefiniciones, PetroPerú encarna, es decir expresa el interés público, y espero que la nueva administración de PetroPerú, es decir, la Junta de Accionistas y el nuevo directorio, asuma el compromiso de fortalecer a la petrolera estatal.

Ésta está siendo cuestionada, por la derecha radical fundamentalista, las comunidades nativas de la selva afectadas por los reiterados derrames de crudo, la izquierda ecologista fundamentalista, y aunque parezca increíble por sus propios trabajadores, cuya preocupación central economicista, se reduce al aumento salarial al margen de los compromisos de inversiones necesarias para su fortalecimiento.

Quien escribe estas líneas no es ajeno a una posición ideológica, más lo que importa es si tal identificación coincide,  promueve, y defiende el interés nacional. En la ciencia económica  como parte de las ciencias sociales, la ideología es indesligable de la ciencia, en tal sentido no existe economía químicamente pura ni neutra, de una u otra manera, todos tenemos un interés de parte.

Por ello, la defensa de PetroPerú que ejerzo como consumidor de combustibles en razón que determina el 47 por ciento de las ventas, abasteciendo el mercado interno allí donde no llega la empresa privada, como sería el caso de la Amazonía, donde hasta el 2015 no podía recuperar el 18 por ciento del IGV ni siquiera como crédito fiscal. Al margen que históricamente su rentabilidad es mayor a la competencia encarnada por Repsol La Pampilla, y por último capitaliza al país. 

En otras palabras sus utilidades que debieran ser mayores si no estuviese sometida a una serie de contratos lesivos, perniciosos, deducciones inusuales etc., que medran su rentabilidad a favor de intereses privados, todo ello al margen de los efectos de una irracional privatización cuyas consecuencias seguimos asumiendo a pesar del tiempo transcurrido.

Es verdad, que producto de los últimos acontecimientos, y sobre todo por los elevados compromisos de inversión que demanda la modernización de la Refinería de Talara, y la reparación integral del Oleoducto norperuano, la integración vertical para la explotación de petróleo, requiere una dirección moderna, transparente y eficiente, que le permita  un comportamiento en el mercado como toda empresa, sin “partidas inusuales” ni cargas fiscales por su naturaleza estatal, y pueda obtener una rentabilidad para sus accionistas, ajena al manoseo político como agencia de empleo de los gobiernos de turno.

Se debe tener presente que la privatización que se puso en práctica en los inicios de los años noventa del siglo pasado estaba plena de una visión ideológica, que suponía la vigencia de las políticas del libre mercado en un sector de hidrocarburos que por su propia naturaleza es un negocio de grandes empresas, donde resulta mayoritaria la presencia de empresas petroleras estatales para compensar el gran poder de las empresas transnacionales.

Expresión de ello es que más del 75 por ciento de las reservas y producción mundial de petróleo y gas está determinada por empresas estatales, pues se considera que los hidrocarburos constituyen un recurso estratégico. 

Es más, en los Estados Unidos de Norteamérica si bien la explotación del petróleo y gas es privada, el estado tenía desde 1971 al 2015 prohibida la exportación de los hidrocarburos por razones de seguridad. Ha sido recién cuando se tienen grandes excedentes de petróleo y gas enquisto, (shale oil, and shale gas) cuando el gobierno ha permitido la exportación, convirtiéndose USA en el principal exportador mundial del shale gas. 

Es decir, en la meca del capitalismo mundial, el estado norteamericano consideraba la exportación de hidrocarburos un asunto estratégico ligado a la seguridad nacional. Mientras en el Perú se asume formalmente y legalmente que los hidrocarburos están regidos por la libre competencia, que dicho sea de paso solamente existe en los libros de texto de economía.

LA PRIVATIZACIÓN INCONCLUSA
En nuestro país gracias a la privatización de PetroPerú se privatizaron sus activos, filiales, lotes petroleros, con el argumento de incrementar la producción y reservas de petróleo. Así, hacia 1995 el último año donde la petrolera operó directamente los lotes X de Talara y 8/8X en la selva nororiental, la producción diaria de crudo bordeaba los 125 mil barriles diarios. 

Hoy en el 2016 la producción diaria no supera los 45 mil barriles diarios, y la responsabilidad es fundamentalmente privada con la supervisión de PerúPetro, los que serían los  principales responsables de la debacle del sector.

Por tanto, se equivoca interesadamente el profesor Juan Mendoza, director de la unidad de Postgrado de la Universidad del Pacífico, obnubilado por el credo liberal cuando escribe en un artículo publicado en un diario de circulación local que “Si tener petróleo es estratégico, entonces gracias a Petroperú y al estatismo en la política de hidrocarburos cada vez tenemos menos petróleo. De acuerdo con Carlos del Solar, el Perú producía 200 mil barriles diarios en 1980. El año pasado llegamos a 58 mil. Este año apenas superaremos los 40 mil. Debido a la falta de exploración y caída en las reservas nos hemos convertido en importadores netos de crudo…”

Si los lotes productores de PetroPerú fueron privatizados antes de 1996, con el argumento de incrementar la producción interna y las reservas, podemos afirmar que en los últimos veinte años transcurridos 1996/2016, la responsabilidad sobre “la falta de exploración y caída en las reservas nos hemos convertido en importadores netos de crudo…” es íntegramente privada, compartida por la debilidad, obsecuencia, y sumisión del organismo regulador de contratos: PerúPetro.

En tal sentido, el más elemental conocimiento del sector de hidrocarburos debiera distinguir e identificar los objetivos de estas dos empresas estatales. De un lado, PetroPerú empresa básicamente reducida a la actividad de refino y distribución mayorista combustibles, y PerúPetro organismo responsable de promover la inversión en el sector y supervisión de los contratos.
Por tanto, con la privatización fragmentada de PetroPerú que enajenó los lotes petroleros en los años de la dictadura fujimorista, se perdió la integración vertical que constituye la manera más eficiente de operar en el sector de hidrocarburos. 

Ello significó que la petrolera estatal no tuviera acceso a la renta petrolera en los años de bonanza de precios del petróleo crudo, cuando los precios alcanzaron en promedio un valor de US $ 100 dólares el barril y el costo interno de producción a lo mucho llegaba a los 30 dólares el barril incluyendo las regalías pagadas, las mismas que se deducen como gasto.

En la década infame de los noventa del siglo pasado donde se privatizaron empresas estatales a precio de remate, a PetroPerú le sustrajeron  la Refinería de La Pampilla, la refinería más moderna ubicada en Lima, por tanto su transferencia al sector privado era equivalente a transferir el mercado más importante del país.

En el mismo sentido, a PetroPerú le enajenaron la rentable planta de envasado, y distribución de gas licuado de petróleo (GLP), Solgás, que representaba en dicho mercado el 40 por ciento de participación. Igualmente fueron privatizadas a vil precio sus filiales como la naviera Transoceánica, Petromar, la planta de lubricantes Petrolube, sus terminales marítimos entre sus principales activos.

Es más, el gobierno pasado tuvo la oportunidad de fortalecer la presencia de PetroPerú, con los contratos de hidrocarburos que tenían términos de vigencia contractual como los lotes del noroeste en Piura, adicionales al lote 1-AB ahora 192 en la selva nororiental.

Sin embargo, a pesar de esta privatización fragmentada PetroPerú reducida a la actividad de refinación, transporte por medio del oleoducto norperuano, y distribución mayorista de combustibles sigue ocupando el primer puesto entre las 10,000 primeras empresas de la economía peruana, en cuanto a la generación de ingresos, con utilidades operativas y netas positivas, a pesar de los contratos lesivos, deducciones indebidas, y partidas inusuales, en razón de su naturaleza estatal.

DEBATE: FORTALECIMIENTO O LIQUIDACIÓN
Urge fomentar un debate nacional con participación de los partidos políticos, los foros empresariales, académicos, laborales, regionales, frentes de defensa sobre el futuro de la política energética en nuestro país, y el rol que debería tener la petrolera estatal: PetroPerú.

A todos nos debiera interesar el costo real de la modernización de la Refinería de Talara, que según la última exposición del ministro del sector costaría US $ 3,530 millones de dólares sin IGV, por tanto su valor sería de US $ 4,165 millones de dólares a los cuales habría que sumar las inversiones adicionales de privados, que en última instancia asumiría PetroPerú que se estiman superiores a los US $ 800 millones de dólares.

En el mismo sentido, la reparación integral del oleoducto norperuano que hace posible la salida del crudo de la selva nororiental debe ser también estimada. Es decir, interrogarse sobre el costo real de la inversión necesaria, y el tiempo que debe requerir.

En este contexto, fortalecer PetroPerú exige y supone prácticas transparentes, un debate nacional sobre las consecuencias de la privatización en el sector de hidrocarburos, el futuro del sector y el rol que debiera tener la petrolera estatal en la política energética y el significado en la presente coyuntura de su fortalecimiento.