martes, 25 de febrero de 2020

LA HISTORIA NEGRA DE LA LICITACIÓN DEL GASODUCTO DEL SUR


¡NO AL TINGLADO MAFIOSO!

El gasoducto del sur peruano arrastra varios “pecados capitales” y hoy estamos pagando las consecuencias de una concesión que solamente tuvo un solo postor con sus dosis de corrupción. El segundo postor fue descalificado horas antes de la licitación por Proinversión que tenía la camiseta de Odebrecht y socios.

El consorcio excluido de la licitación se llamaba “Gasoducto Peruano del Sur” (GPS) y estaba conformado por 4 empresas de prestigio, con participación de 25% cada uno: Sempra, Suez de Francia, Techint de Argentina, Sempra de EEUU y TGI de Colombia.

Sospechosamente Suez Energy disminuyó su participación al 2 %, y un estudio de abogados “ad hoc”, delibery contratado por Proinversión que en menos de 24 horas,  firmó un informe donde “legalmente” descalificaba a GPS. Todo un tinglado mafioso.

A pesar, que las empresas restantes pedían una postergación de quince días en la licitación, para ordenar, recomponer la participación accionaria de este segundo postor liderado por la norteamericana Sempra cuyas operaciones en el Perú en la parte eléctrica son propiedad del gigante eléctrico chino “Tres Gargantas”

También hemos sostenido que el gasoducto del sur no tenía las reservas probadas suficientes de gas natural, pues solamente contaba con un trillón de pies cúbicos proveniente del lote 88 (1 TCF). Este es el único contrato que tiene precio regulado, entiéndase bajo, pues las reservas del lote 56 están comprometidas para la exportación a precios deprimidos.

El gas natural de los lotes 57 y 58 tienen “precios libres” que se pactan entre productores y compradores; es más pagan una regalía de apenas 5 % Por tanto, siendo la titularidad de las empresas sobre los recursos, debe haber un acuerdo previo entre las empresas que explotan el gas natural y las empresas dedicadas al transporte, en cuanto la tarifa del transporte.

Las reservas probadas de gas natural del lote 57 corresponden a las  empresas transnacionales Repsol de España y  a la petrolera estatal china CNPC (45 %), que compró en el 2014 los activos, y contratos de hidrocarburos de la brasileña Petrobras. Por último,  el lote 58 también bajo responsabilidad de CNPC todavía se encuentra en una etapa exploratoria, y faltan cubicar y estimar sus reservas.

ESTADO CAPTURADO

Lo cierto y evidente es que en los contratos de hidrocarburos como en las minas, existe una curiosa legislación. Los recursos en el subsuelo corresponden a la Nación. Pero, una vez extraídos los recursos, y firmados los contratos de licencia, la posesión, uso y usufructo se transfiere al capital privado, que está obligado a pagar una regalía al Estado.

Es decir, las “moléculas” corresponden a las empresas y el Estado solamente capta regalías e impuestos, pero no tiene decisión alguna sobre el destino de los hidrocarburos y ello debe cambiar con una nueva legislación.

Por tal, el ordenamiento constitucional y por la propia ley de hidrocarburos vigente, las decisiones sobre las reservas de petróleo y gas corresponden a los privados, previo abono de las regalías al Estado. Esta realidad debe cambiar, para apostar por una genuina masificación del gas natural a precios bajos por ejemplo.

En tal sentido, la operatividad del gasoducto del sur peruano dependería de las decisiones, interés de la transnacional china CNPC, cuya producción tendría que ser transportada por el gasoducto previo acuerdo entre las partes. Es más, debe haber una sintonía entre los volúmenes por transportar entre el productor y la empresa responsable del transporte. ¡El Estado no puede intervenir pues está capturado por los grupos de poder económico!

TRANSPORTE E INTEGRACIÓN VERTICAL

Menciono esta realidad recordando la viabilidad del gasoducto que viene de Camisea a Lurín (Lima) donde hay una integración vertical entre los operadores del Consorcio Camisea y de la empresa responsable del transporte, más conocida como TGP, Transportadora de Gas Peruana, donde prácticamente las mismas empresas que participaban en la producción, también operaban en el transporte. Nada de esto sucede en el gasoducto del sur.

En principio, nadie puede poner en duda la importancia estratégica, y las ventajas competitivas que hubiese tenido las operaciones y el mantenimiento durante 34 años del gasoducto en el sur peruano que tendrá efectos positivos en la matriz energética, otorgando una mayor seguridad energética al país que depende en más del 50 % del gas natural en la generación eléctrica.

Es decir, hubiesen sido múltiples los beneficios de la cultura del gas, no solamente para los departamentos del sur, sino del país en su conjunto. Lamentablemente paralizado desde enero del 2017 por falta de financiamiento internacional para el consorcio conformado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero. Hoy estamos ante demandas internacionales ante el CIADI, que se resolverán mediante arbitraje.

Debemos reconocer la importancia fundamental que hubiese tenido la construcción final del gasoducto, hoy paralizado a un 33 % en el tendido de tubos, con inversiones hundidas que Odebrecht, y Enagás quieren recuperar vía arbitraje ante el CIADI. Evidentemente mientras no se resuelva este impasse el gasoducto será una posibilidad para el futuro.

Es más, habiendo sido la demanda de la española Enagás presentada ante el CIADI en julio del 2018, se estima que la resolución vía laudo recién saldrá a mediados del 2022, por tanto, la demanda presentada por la brasileña Odebrecht a través de su filial de Luxemburgo, presentada en enero del 2020 tomará su tiempo.

TINGLADO MAFIOSO

La importante licitación del 2014 para hacer realidad el gasoducto del sur, hoy lo sabemos con una mayor claridad, ha sido posible con prácticas corruptas para favorecer al consorcio liderado por Odebrecht, gracias a sus relaciones con el gobierno de la pareja presidencial Humala & Heredia, Proinversión y el ministerio del sector.

Ha sido tan evidente los conflictos de interés, al tener a un ministro de Energía y Minas, a un presidente de la comisión especial de Proinversión, organismo responsable de la licitación, y una serie de estudios de abogados, todos con estrechas vinculaciones con la empresa Odebrecht.

Este grupo empresarial brasileño desde el 2014 incluso antes era conocido por una serie de acusaciones a nivel internacional e interno por malas prácticas (sobrevaluaciones, sobornos, doble contabilidad etc.). Al principio, Odebrecht detentaba el 75 por ciento del consorcio ganador Gasoducto Sur Peruano, conjuntamente con la española Enagás. Posteriormente se integró la empresa Graña y Montero que en su capital accionario tiene una participación de los fondos privados de pensiones.

Se debe tener presente que Enagás ya tiene una participación importante en el Transportadora de Gas Peruana (TGP), consorcio responsable de transportar el gas natural y los líquidos de gas natural desde el campo de operaciones de Malvinas a la costa, a Lima en el caso del gas y hacia Pisco (Ica) en el caso de los líquidos de gas natural, donde son fraccionados.

Se debe recordar que en la licitación internacional (2014) del gasoducto del sur, donde el segundo competidor Gasoducto Peruano del Sur conformado por Sempra, Suez Energy, Techint, TGI, fue descalificado faltando 60 minutos al cierre del levantamiento de las observaciones por un cambio en la participación accionario del consorcio, que se hubiese podido resolver jurídicamente con transparencia.

LICITACIÓN DIGITADA

Hay que recordar los cambios a última hora de las bases  que Proinversión realizó en las bases concursales para direccionar a los posibles ganadores. En todo caso, hoy sabemos por las declaraciones de los colaboradores eficaces de la fiscalía el tinglado mafioso al interior de Proinversión y el Ministerio de Energía y Minas para direccionar la licitación para favorecer a Odebrecht.

En ese entonces me preguntaba, si se ha esperado más de 36 meses para hacer realidad el gasoducto en el sur ¿qué implicaba esperar quince días adicionales para absorber las dudas con la debida transparencia, sobre la pertinencia o no en los cambios del consorcio descalificado?

Hoy se sabe con una mayor pertinencia el rol jugado por el señor Edgar Ramírez Cadenillas, Presidente del Comité Especial del Comité de Proseguridad Energética de Proinversión nombrado recién en mayo del 2014, por recomendación directa del ministro de Energía y Minas, y en junio ya estaba licitando la concesión del gasoducto, más rápido no podía ser.

El mismo ministro de ese entonces era Ing. Eleodoro Mayorga, que también había prestado consultorías a Odebrecht en el pasado, cuando la propuesta original  de Kuntur Transportadora de Gas era una posibilidad, 2009/ 2011, efectuando estudios sobre las tarifas de transporte, la propuesta técnica económica etc. (Fuente El Comercio 2, 3 de julio del 2014)

Igualmente el renunciante ministro de Energía y Minas, Ing. Juan Lui en febrero del 2020 era ex consultor de la brasileña Odebrecht en el 2012 a través de su empresa CONARSA, y que al mismo tiempo era asesor en el ministerio de Energía y Minas, validó la sustentabilidad de la construcción de un gasoducto para el sur que no tenía asegurada las reservas probadas de gas natural.

Es decir, estamos ante un Estado capturado por grupos mafiosos, que aplican la política de “puertas giratorias” de lo público a lo privado y viceversa sin el mayor escrúpulo.

EPÍLOGO

Es evidente que tales hechos enturbiaron la transparencia de un proceso que por su transcendencia debió ser competitivo, limpio, sin obscuridades tenebrosas, más aun cuando se supo que  el consorcio descalificado (Gasoducto Peruano del Sur) presentó una propuesta económica más favorable en relación a la propuesta ganadora, con un diferencial de 136 millones de dólares en relación a la propuesta del único postor (Gasoducto Sur Peruano)

Es decir, el sobrecosto o sobrecoima era de US $ 136 millones de dólares, que se hubiesen tenido que pagar de nuestros bolsillos si el gasoducto del sur hubiese estado terminado por Odebrecht, así como se pagó más de US $ 27 millones en sobornos al Ex Presidente Alejandro Toledo por la Interoceánica del Sur, al margen de los US $ 4 millones pagados para la campaña electoral.

Así, se puede deducir por las declaraciones de Alejandro Segret representante del consorcio descalificado (GSP) ante el abuso y especial favoritismo hacia Odebrecht, Enagás y Graña y Montero. Así afirmaba  que “Claramente hubiésemos sido ganadores si no hubiésemos sido perjudicados en una forma que podríamos calificar, cuando menos de irregular” (La República 1/7/14)

Esta es parte de la historia negra del gasoducto del sur que la opinión pública debe conocer. Sin embargo, a pesar que la corrupción debe ser denunciada y castigada, el Estado peruano debe recuperar la titularidad sobre los recursos naturales, la soberanía sobre los hidrocarburos como el gas natural, para hacer realidad la masificación y el gasoducto para el sur del Perú.