POR LA SOBERANÍA PLENA SOBRE LOS RECURSOS NATURALES

LOS LÍMITES DEL LIBRE MERCADO CON EL GAS NATURAL

ESCRIBE : JORGE MANCO ZACONETTI

En verdad, la propuesta boliviana de sacar el gas natural que administra, comercializa tanto interna como externamente al 100 % la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha descolocado al gobierno peruano por una serie de razones, llevando al límite las características de un modelo de “libre mercado” en el sector de hidrocarburos, que se ha instaurado en nuestro país, con dictadura, alta dosis de corrupción y precios abusivos en los combustibles.

Lo que está en crisis y en cuestión es el modelo de “libre mercado” donde supuestamente el libre juego de las fuerzas de la oferta y demanda resulta el mejor asignador de recursos, para determinar los precios. Ello no resulta válido en el sector de hidrocarburos por experiencia e historia.

Hemos señalado que sería un absurdo, un contrasentido que nuestro país teniendo en el subsuelo más reservas probadas que nuestro vecino del altiplano, en petróleo y gas natural tenga que consumir el gas natural boliviano, sea en Puno, u otras regiones del sur peruano.

Si bien el otro combustible comercial como el GLP que se vende en balones o bombonas de 10 kilos tiene un pasado fáctico ligado al contrabando, en los últimos tiempos se compra el GLP boliviano, que se envasa y comercializa en el sur, pues hemos transitado de ser autosuficientes a importadores en dicho combustible, que se vende a precios de abuso por encima de los S/ 40 soles el balón, y en Puno a mitad de precio.

Todos debemos reconocer que existen una serie de graves distorsiones en la determinación del precio de un balón  de GLP pues a un precio de S/ 22 soles por un balón de 10 kilos, que incluye precio de refinería más impuestos se tenga que vender por encima de los S/ 38 hasta S/ 45 soles en las provincias del sur y norte del país.

De allí, la simpatía el interés de los gobiernos regionales por contar con energéticos más baratos en relación a los precios vigentes en el mercado peruano. Sin embargo, el problema de fondo es mayor, es histórico en relación al modelo de explotación de los recursos naturales.

LIBRE MERCADO O RACIONALIDAD ESTATAL

En un lenguaje simplificado se puede decir que estamos frente a las contradicciones de un modelo estatista, populista dirían algunos como el de Evo Morales frente a un modelo liberal, de “laissez faire, laissez passer” en el sector de hidrocarburos, que se instauró en el Perú desde la Constitución de 1993 y la ley de hidrocarburos que asume los principios del libre mercado y que los precios se determinan por la oferta y demanda, cuando en verdad rigen las leyes del mercado oligopólico, donde pocas empresas, las más fuertes concertan y controlan el mercado.

En esa lógica llevada al extremo, las autoridades del gobierno peruano no podrían impedir las inversiones bolivianas en nuestro país, de abastecer con seguridad y respeto al medio ambiente a precios atractivos el gas natural  (GN) y el gas licuado de petróleo (GLP) en el mercado peruano.

Legalmente YPFB no tendría ningún impedimento, pues cualquiera que tenga los capitales necesarios y dispuestos puede explorar y explotar hidrocarburos, transportar, refinar, distribuir de forma mayorista y minorista combustibles, según la ley de hidrocarburos que rige en nuestro país.

Es más, en la fase de transporte cualquier empresa puede construir redes, ductos, gasoductos, tanques de almacenamiento, contando con la autorización o permiso del ministerio de Energía y Minas, que no podría jurídicamente obstaculizar ni discriminar las inversiones así provengan de un país como la Bolivia de Evo Morales.

EMPRESAS ESTATALES EN EL SECTOR

Se debe tener presente que en nuestro país en el sector energético operan una serie de empresas estatales de terceros países sin mayores problemas. Aquí un breve recuento.

En las operaciones del noroeste en Talara (Piura) la empresa estatal china CNPC explota el crudo y gas del lote X el más importante en la región. También tiene bajo su responsabilidad el 46 % del lote 57 y el 100 % del lote 58 todos ubicados en el Gran Camisea. Por tanto, si el gasoducto del sur demanda gas, el abastecimiento debe ser negociado con la empresa CNPC, que tiene la sartén por el mango.

Es más, en el denominado Consorcio Camisea forma parte la petrolera estatal argelina Sonatrach con el 10% de las acciones.

También la empresa china SAPET filial de la estatal CNPC explota el lote petrolero VI/VII en Talara. Igualmente en la región del norte en el Zócalo Continental opera el consorcio SAVIA que está integrado por dos empresas estatales petroleras, Ecopetrol de Colombia y KNOC de Corea del Sur

Por último, en la empresa eléctrica ENEL GENERACIÓN la empresa eléctrica más importante del mercado en la generación en cuanto a potencia (Edegel) y distribución con ENEL Distribución la que antes se denominaba Edelnor, el estado  italiano retiene directamente e indirectamente el 30 % de las acciones por medio del ministerio de economía y finanzas de dicho país.

Como se podrá observar el gobierno peruano no podría legalmente limitar o impedir la presencia de la petrolera boliviana YPFB sin quebrar los principios de los dogmas del libre mercado, para empezar, pues ya existe presencia estatal de terceros países en el mercado peruano de hidrocarburos y de energía.

¿CON QUIÉN NEGOCIAR?

Desde el punto de vista de una relación de gobierno a gobierno, mientras los representantes bolivianos tienen capacidad de decisión pues la empresa petrolera YPFB es la responsable del 100% de la comercialización de los hidrocarburos, en cambio en nuestro país el propietario de las moléculas sobre los hidrocarburos son las empresas transnacionales, que deciden en última instancia.

De allí, que lo efectivo, real y concreto es que las empresas transnacionales, como Repsol de España, Hunt Oil de USA, SK de Corea del Sur, Sonatrach de Argelia, Pluspetrol de Argentina, CNPC de China Popular, no verían con buenos ojos la presencia de un competidor estatista, a menos que se allane al modelo extractivista de libre mercado, con precios abusivos, sin subsidios y ganancias oligopólicas.

Por ello, el estado peruano debe recuperar la soberanía, la capacidad de decisión y la propiedad sobre los hidrocarburos, para masificar la cultura del gas a lo largo y ancho del país. En el mismo sentido, con la propiedad sobre “las moléculas” el estado podría decidir qué reservas podían destinarse al mercado interno y a la exportación,  cuántos volúmenes de gas natural, y de los lotes que alimentarían el gasoducto del sur peruano, para llevar energía barata al sur del Perú.

Así, millones de peruanos en lugar de abonar S/ 40 soles más o menos por un balón de GLP de 10 kilos, pagaría a lo sumo S/ 15 soles mensuales por el gas natural equivalente. Esto sería una realidad gracias a la masificación de la cultura del gas natural.

Igualmente con la soberanía plena sobre los hidrocarburos, el estado peruano podría decidir lo más conveniente a los intereses del país, si seguir quemando gas natural en la generación eléctrica o industrializar este recurso para producir urea un excelente fertilizante necesario para la agricultura, o producir el nitrato de amonio, explosivo indispensable en la exploración minera, productos necesarios que por ahora importamos.

Es decir, el estado peruano con la soberanía plena sobre los recursos naturales, retribuyendo a las empresas de hidrocarburos que se convertirían en contratistas por medio de los “contratos de servicios”, podría apostar por las políticas de valor agregado, para monetizar y capitalizar el país a partir de un recurso como el gas natural, adoptando como ejemplo lo mejor de la experiencia boliviana.

POR LA SOBERANÍA ENERGÉTICA

MASIFICACIÓN GASÍFERA UN IMPERATIVO NACIONAL

ESCRIBE : JORGE MANCO ZACONETTI

En principio, la economía energética nos recomienda que cada país debe utilizar intensivamente los recursos naturales que la madre naturaleza ha dotado. Si tiene mayores reservas de crudo, dependerá del petróleo en su matriz energética. Si por el contrario está dotado de mayores reservas de gas natural, una matriz energética eficiente deberá expresar está realidad en la relación producción/consumo.

Tanto Perú como Bolivia son deficitarios del petróleo crudo y derivados como el diésel 2 limpio. Sin embargo, mientras el país altiplánico tiene como eje central la masificación del gas natural para integrar las diversas regiones del país, exportando al Brasil y Argentina en las mejores condiciones de precio, industrializando este hidrocarburo como una política de estado, hasta tiene la pretensión de abastecer el sur peruano de gas natural (GN) y gas licuado de petróleo (GLP)

Es más, nuestro vecino pretende realizar una serie de inversiones en el sector de hidrocarburos que van desde la construcción de un ducto que transporte diésel y gasolinas hacia su mercado, lo cual supone tanques de almacenamiento en Ilo (Moquegua), y hasta se especula una inversión en una planta de licuefectación que convierta el gas a un estado líquido para que pueda ser exportado al Asia y otros mercados.

PERVERSO CONSUMO

Por el contrario, nuestro país se caracteriza por un perverso patrón de consumo energético pues dependemos relativamente más del petróleo y derivados (diésel 2 limpio) que no tenemos ni producimos en cantidades suficientes, a pesar de las importantes reservas de gas natural que yacen en el subsuelo, por lo menos tenemos más reservas probadas que Bolivia y Colombia que nos superan largamente en el proceso de masificación.

Por día debemos estar importando, es decir comprando en el exterior, volúmenes cercanos a los 200 mil barriles entre crudo y derivados como el diésel limpio, GLP, algo de gasolinas, lo cual constituye un drenaje de recursos, de capital dinero que sale para afuera, que en última instancia lo financian los consumidores.

Me explico, ello sucede cuando los taxistas cuando tienen que abonar precios de los combustibles como las gasolinas que duplican los precios de derivados similares en los Estados Unidos de Norteamérica, el país más rico del mundo; o las amas de casa cuando compran un balón de GLP pagando más de US $ 10 dólares por un balón de 10 kilos, precios abusivos, a pesar que el insumo principal son los líquidos de gas natural (LGN) de Camisea, cuyos precios son menores al petróleo crudo.

LESIVO CONTRATO DE EXPORTACIÓN

En cambio, desde nuestro país las empresas exportan crudo pesado, residuales más conocidos como petróleos industriales y sobre todo, gas natural proveniente del lote 56, cuyo origen contractual en la campaña electoral del 2016 fue una promesa electoral de los diversos candidatos para su investigación y revisión dando prioridad al mercado interno.

Desde PPK, pasando por la Sra. K hasta el propio Alfredo Barnechea de Acción Popular ofrecieron revisar un lesivo contrato que significa la exportación de un promedio de 450 millones de pies cúbicos al día hacia México, con regalías de oprobio para el fisco   peruano.

En tal sentido, resultan incoherentes las declaraciones del señor viceministro de hidrocarburos del MINEM, Dr. Guevara Dodds, que por un lado presenta como objetivo de este gobierno apostar por la masificación de la “cultura del gas natural” en nuestro país y de otro lado, no se asume como gobierno ningún compromiso para revisar el lesivo contrato de exportación de gas natural del lote 56.

Como buen torero evita en sus declaraciones en un diario local el problema central. Al respecto dice “Acá, la preocupación principal es analizar qué es lo que ha pasado con las concesiones que tenemos hoy, cómo han venido funcionando y qué cosas debemos corregir o qué otras acciones deberíamos tomar. Nuestro objetivo es tratar de llegar  a más peruanos (………) la prioridad es desarrollar la masificación del gas natural con gas peruano. Al 2021 calculamos estar por encima del millón de conexiones” La República 20/1/19

En verdad el problema de la masificación en nuestro país, sus problemas y posibilidades se han puesto a la orden del día en razón del interés del gobierno boliviano de abastecer el sur peruano de gas licuado de petróleo (GLP), gas natural (GN) y realizar otras inversiones que permitan la salida del gas boliviano por el puerto de Ilo (Moquegua), como se señaló en el artículo anterior.

MODELO BOLIVIANO

Como resulta evidente sería un contrasentido que teniendo más reservas probadas de gas natural en relación a nuestro vecino boliviano, prácticamente un 55 % más,  si el país altiplánico declara en el 2017 reservas probadas del orden de 10.70 trillones de pies cúbicos, en nuestro país se suscriben 16.63 trillones con lo cual estaríamos asegurando de lejos la demanda para los próximos veinte años de lejos.

Asumiendo que por definición las reservas probadas deben considerarse como un  concepto dinámico, pues según la terminología técnica las reservas probadas son aquellas que pueden ser explotadas comercialmente con un 90 % de probabilidad de éxito, de acuerdo a los precios y tecnología vigente, en la medida que se vayan consumiendo, hay la necesidad de reponerlas en el tiempo.

Por tanto, considerando las reservas probadas, probables, y posibles prácticamente el futuro de los próximos cuarenta años está asegurado respecto al gas natural, solamente si sumamos el potencial del Gran Camisea lotes 88, 56, 57 y a futuro el lote 58.

Si a ello se agrega el potencial gasífero del norte del país en Piura y Tumbes, en los lotes petroleros con gas asociado y no asociado, y en el Zócalo Continental, se puede decir que nuestro país tiene gas natural en abundancia, sin embargo el gobierno actual no podría oponerse a la presencia del gas boliviano en el marco de las políticas del libre mercado.

De otro lado, los voceros empresariales y sobre todo la cruda realidad desde 2004 a la fecha nos indican que la masificación de la “cultura del gas natural” no constituye un negocio rentable en las provincias andinas; también se argumenta  que nuestro mercado interno es pequeño de allí el poco interés de las empresas responsables del transporte de llevar el gas natural a la sierra del país.

EL SUR SIN GASODUCTO

El otro argumento descalificador se relaciona con la supuesta insuficiencia de reservas probadas para alimentar el llamado gasoducto del sur, ahora denominado Sistema Integrado de Transporte de Gas, para diferenciarse del gasoducto del sur bajo responsabilidad de Odebrecht, Graña y Montero y Enagás que quedó paralizado al 35% de avance en su construcción por problemas estrictamente financieros del consorcio comprometido por la corrupción.

En verdad, el problema de fondo respecto a la masificación de la cultura del gas natural en el Perú a diferencia de Bolivia y Colombia, es político, la falta de interés por el desarrollo nacional, pues la política energética depende de las decisiones de las empresas transnacionales que son los titulares de la propiedad sobre los hidrocarburos.

Por ello, desde el punto de vista de una relación de gobierno a gobierno, mientras los representantes bolivianos tienen capacidad de decisión pues la empresa petrolera YPFB es la responsable del 100% de la comercialización de los hidrocarburos tanto a nivel interno y externo, donde la producción está bajo responsabilidad de empresas privadas, en cambio en nuestro país el propietario de las moléculas sobre los hidrocarburos son las empresas transnacionales.

De allí, que a lo sumo como indica el viceministro de hidrocarburos se trataría de hacer con los representantes bolivianos “sinergias para intercambiar información y experiencias”, pues aquí quién decide el destino de los hidrocarburos son las empresas transnacionales, destacando Repsol de España, Hunt Oil de USA, SK de Corea del Sur, Sonatrach de Argelia, Pluspetrol de Argentina, CNPC de China Popular, Shell entre otras.

¡En verdad las autoridades bolivianas debieran negociar con los líderes empresariales de estas transnacionales!

NACIONALIZACIÓN A LA BOLIVIANA

El fundamento de la capacidad de decisión a la boliviana tiene su origen en el Decreto Supremo 28701 de mayo del 2006 expresión de la nacionalización de los hidrocarburos realizado por el presidente Evo Morales.

Así en el artículo 1º se señala que “En ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo el mandato del pueblo boliviano expresado en el Referéndum vinculante del 18 de julio del 2004 y en aplicación estricta de los preceptos constitucionales, se nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos del país.

El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos.

Artículo 2º A partir del 1 de mayo del 2006, las empresas petroleras que actualmente realizan actividades de producción de gas y petróleo en el territorio nacional, están obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, toda la producción de hidrocarburos. YPFB, a nombre y en representación del Estado, en ejercicio pleno de la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país, asume su comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno, como para la exportación y la industrialización”

Por tanto, desde el  2006 a la fecha, gracias a la nacionalización sobre los hidrocarburos, el país altiplánico ha tenido en la explotación del gas natural una palanca para su desarrollo, con mayores ingresos fiscales en relación a la renta petrolera que captura el estado peruano, con una creciente masificación interna que integra a las principales ciudades, y una industrialización con mayor valor agregado, teniendo como protagonista central a la petrolera estatal YPFB

UNA ALTERNATIVA POSIBLE

En nuestro país, si todos los contratos de explotación y exploración de hidrocarburos firmados en el pasado bajo la modalidad de licencia, donde el Estado transfiere a cambio de una regalía, la propiedad plena sobre los recursos naturales, se modifican a contratos de servicios, una cuestión contemplada en la legislación vigente, tendríamos una política energética al servicio nacional, sin afectar la gestión ni la rentabilidad que seguiría siendo privada.

Con esta modalidad de “contratos de servicios” que tiene vigencia en la realidad, a través de algunos contratos donde opera por ejemplo la empresa Savia en el lote Z-2B en el Zócalo Continental, en los contratos por los lotes I y V bajo responsabilidad de Graña y Montero contratos próximos a su vencimiento y el lote IX bajo gestión de la empresa petrolera de Universidad de Ingeniería.

En todos éstos “contratos de servicios” el Estado pagaría una retribución a las empresas operadoras, las cuales se convertirían en contratistas del Estado, bajo esta condición la Nación representada por el Estado recuperaría la propiedad, la soberanía, la disponibilidad sobre los recursos naturales.

De esta forma, la explotación de los recursos naturales como el petróleo, el gas y los líquidos de gas natural estarán al servicio del desarrollo económico del país, promoviendo las inversiones de riesgo, con una integración energética al servicio de los sectores sociales menos favorecidos.

URGENTE MASIFICACIÓN

Se debe recordar que las reservas de gas y condensados en el  Gran Camisea, fueron descubiertas por la Shell hacia 1984 por tanto el factor riesgo determinante del precio no fue asumido por las empresas conformantes del Consorcio Camisea, que en el fondo obstaculizan la masificación de la cultura del gas, con un comportamento rentista ajeno al interés público.

Con la alternativa señalada habría una masificación del gas natural a lo largo y ancho del país por medio de ductos, pues los gasoductos virtuales por medio de camiones cisternas hacia el norte y sur del país resultan paliativos pues tienen límites en cuanto a los volúmenes transportados, sobre todo en las regiones andinas que no constituyen mercados atractivos para la rentabilidad privada.

Por ello, por ejemplo resulta inaceptable que el gasoducto que transporta el gas natural que viene del campo Malvinas en La Convención hacia Lima y que pasa a menos de 15 kilómetros en la localidad de La Quinua cerca a la ciudad de Huamanga capital de Ayacucho,  un centro urbano con más de 250 mil habitantes no acceda a la cultura del gas, pues es una región reconocida como pobre por tanto no constituye un mercado atractivo para las empresas privadas.

En resumen, la Nación peruana debe recuperar la titularidad, la propiedad sobre los hidrocarburos como el gas natural reproduciendo lo mejor del modelo boliviano. Ello supone decisión política para recuperar la soberanía plena sobre nuestros recursos naturales, y un importante cambio constitucional sobre la responsabilidad  del estado en sectores considerados estratégicos, apostando por el rol fortalecido de PetroPerú en el sector como lo tiene YPFB en Bolivia.

POR UNA SOBERANÍA PLENA SOBRE EL GAS NATURAL

LA PARADOJA DEL GAS BOLIVIANO EN EL PERÚ

ESCRIBE : JORGE MANCO ZACONETTI

El GLP, el gas licuado de petróleo es una mezcla de dos hidrocarburos, propano y butano, que tiene una demanda creciente con niveles superiores a los 65 mil barriles diarios. Se puede decir, que después del diesel 2, el propio gas natural, es el tercer derivado en importancia en el mercado de combustibles de nuestro país, que tenemos que importar en mayores volúmenes para satisfacer el mercado interno.

En vista de ello ante las crecientes compras externas y los altos precios del balón que se vende en balones de 10 kilos para el consumo residencial especialmente, los gobernadores regionales del sur, Puno, Moquegua, han conversado con el presidente de Bolivia, Evo Morales para traer GLP que ya se transa informalmente y el gas natural (GN) que demandaría mayores inversiones como ductos, plantas de licuefectación entre otras.

El GLP es un combustible básico en la canasta familiar de uso doméstico, comercial y en el transporte, con precios superiores a los S/ 40 soles el balón y en provincias llega a costar por encima a los S/ 50 soles, lo que constituye  todo un abuso de mercado, a vista y paciencia del organismo regulador.

De allí el interés del estado boliviano de abastecer el sur peruano de estos hidrocarburos el GLP, una mezcla de propano y butano, y el gas natural (GN) una combinación de metano y etano que requiere la construcción de ductos para un consumo masivo. Hasta cierto punto de vista el GLP y el GN sobre todo en las ciudades, son sustitutos.

A LA BOLIVIANA

Mientras en Bolivia, el estado por medio de la petrolera estatal es el titular, el propietario sobre los hidrocarburos, es decir dispone sobre el destino final del recurso, pues YPFB comercializa el 100% de los hidrocarburos, pues el país altiplánico exporta gas natural al Brasil y Argentina, y compra al exterior diesel y gasolinas donde son deficitarios.

Como titular, el estado boliviano en el marco de un planeamiento estratégico dispone el destino final de los hidrocarburos, por ello desde el 2006  ha apostado por la masificación interna del gas natural integrando energéticamente dicho país, mejorando los precios de exportación del gas y realizado inversiones para desarrollar petroquímica básica, obteniendo urea un excelente fertilizante para la agricultura.

Según la “Agencia Nacional de Hidrocarburos” la produción diaria de gas natural bajo responsabilidad en gran parte de empresas privadas al 2017 promediaba los 2,000 millones de pies cúbicos con reservas probadas que sumaban los 10.7 trillones de pies cúbicos. Es decir, Bolivia tiene menores reservas probadas que nuestro país que básicamente yacen en el subsuelo de Camisea que para dicho año bordeaban los 15.5 trillones.

Desde el  2006 a la fecha, gracias a la nacionalización sobre los hidrocarburos, el país altiplánico ha tenido en la explotación del gas natural una palanca para su desarrollo, con mayores ingresos fiscales, una creciente masificación interna que integra a las principales ciudades, y una industrialización con mayor valor agregado, teniendo como protagonista central a la petrolera estatal YPFB

PERÚ CON ESTADO AUSENTE

A diferencia de Bolivia, en nuestro país, las empresas privadas resultan las “dueñas de las moléculas” y deciden el destino final sobre los hidrocarburos como el gas natural. Por ello después de catorce años solamente tenemos 600 mil hogares conectados a la cultura del gas natural lejos de la masificación a la boliviana que beneficia al 25 % de su población.

Tampoco se verifica una industrialización del gas natural a pesar del marco legal vigente desde el 2007 a la fecha, pues no interesa a las empresas privadas mientras la petroquímica no sea un negocio rentable. En esta realidad, el precio del insumo básico como el gas natural resulta fundamental, por ello las empresas industriales se preguntan primero a qué precio se vendería el gas natural.

En nuestro país, de una producción en el 2017 de 1,252 millones de pies cúbicos diarios se exporta un promedio de 400 millones de pies cúbicos diarios del lote 56 hacia México y a terceros países, a precios ridículos  y en el exterior se industrializa el gas natural que se exporta donde dicho sea de paso se abonan unas regalías miserables para el fisco.

Mientras el Estado no recupere la capacidad de decisión sobre qué hacer sobre los hidrocarburos, tendremos la paradoja mediante la cual el Gasoducto del Sur será una ilusión a pesar de las importantes reservas que puedan existir en los lotes 88, 56, 57 y 58 en el Gran Camisea. Igualmente la industria petroquímica dependerá de las condiciones del precio que imponga el productor privado a diferencia de Bolivia que desde el 2006 gracias a la nacionalización sobre los hidrocarburos dispone plenamente de sus recursos.

Esta realidad,  está ligada al rol del Estado peruano que debe jugar en el sector de hidrocarburos, y a la necesidad de una urgente reforma cualitativa que tenga que ver con la propiedad de los hidrocarburos, los mismos que están constituidos por el petróleo crudo donde somos deficitarios, los líquidos de gas natural y el propio gas natural donde tenemos importantes reservas probadas, mayores a las existentes en Bolivia y Colombia.

LA ALTERNATIVA POLÍTICA

Si todos los contratos de explotación y exploración de hidrocarburos firmados en el pasado bajo la modalidad de licencia, donde el Estado transfiere a cambio de una regalía, la propiedad plena sobre los recursos naturales, se modifican a contratos de servicios, una cuestión contemplada en la legislación vigente, tendríamos una política energética al servicio nacional, sin afectar la gestión ni la rentabilidad que seguiría siendo privada.

Bajo la modalidad de “contratos de servicios” , el Estado pagaría una retribución y las empresas se convertirían en contratistas del Estado, bajo esta condición la Nación representada por el Estado recuperaría la propiedad, la soberanía, la disponibilidad sobre los recursos naturales.

De esta forma, la explotación de los recursos naturales como el gas y líquidos de gas natural estarán al servicio del desarrollo económico del país, con una integración energética al servicio de los sectores sociales menos favorecidos. Habría una masificación sobre todo en las regiones andinas que no constituyen mercados atractivos para la rentabilidad privada.

Por ello, la Nación peruana debe recuperar la titularidad, la propiedad sobre los hidrocarburos como el gas natural reproduciendo lo mejor del modelo boliviano, pues resultaría un absurdo económico que nuestro país teniendo más gas natural bajo el subsuelo que nuestro vecino,  tenga que valorizar y capitalizar el gas boliviano.

¿INTEGRACIÓN GASÍFERA CON BOLIVIA?

EL PERÚ TIENE MÁS GAS NATURAL PERO HAY QUE IMPORTAR GAS BOLIVIANO: UN ABSURDO

ESCRIBE : JORGE MANCO ZACONETTI

En principio, “los estados no tienen amigos sino intereses”, siempre y cuando decidan soberanamente sobre el destino de los recursos naturales como los hidrocarburos. En Bolivia por los cambios políticos, por Constitución vigente del 2006 y la nacionalización expresada en la nueva ley  de hidrocarburos, el estado boliviano es el propietario sobre el petróleo, gas y líquidos de gas natural, a diferencia del Perú, donde los “dueños de las moléculas” son las empresas privadas, que acceden a la propiedad por medio de los contratos de licencia pagando al fisco las regalías determinadas en los contratos.

Por ello no debiera extrañar la decisión e interés del estado boliviano con Evo Morales de abastecer el sur peruano de gas natural altiplánico, formalizar las ventas de gas licuado de petróleo (GLP) que se vende en balones de 10 kilos en Puno con precios de contrabando de S/ 15 soles el balón que ingresa mediante la modalidad del “comercio hormiga”, mientras los consumidores formales del Perú tienen que abonar más de S/ 40 soles.

MERCADO DEL GLP ATRACTIVO

Debemos dejar constancia que constituye un atractivo el mercado interno de GLP peruano donde hemos señalado que nuestro país de ser autosuficiente en este derivado de los líquidos de gas natural (LGN) proveniente de los lotes del Gran Camisea, ha transitado a una mayor importación de GLP, en un promedio de 20 mil barriles día en razón de la menor producción de los líquidos de gas natural de los lotes 88, 56 y 57 conocidos como el “Gran Camisea”

Con importaciones crecientes de GLP en un mercado que demanda un promedio de 65 mil barriles diarios, los consumidores tienen que asumir una serie de sobrecostos como hemos demostrado en artículos anteriores, de allí que el precio de un balón de GLP se vende por encima de los S/ 37 soles llegando a costar más de S/ 50 soles en el Cuzco, zona productora, donde el costo del envasado, y los márgenes de comercialización superan el costo de producirlo (S/ 22 soles). De allí, el interés boliviano de participar en tan rentable mercado.

Por ello, debemos estar advertidos que el estado boliviano tendría interés en vender GLP pero a precios de mercado. En Bolivia el GLP que se transa internamente está subsidiado pues se vende en promedio a un precio equivalente de S/ 10 soles el balón, en Puno un precio de contrabando bordea los S/ 15 soles, ello tiene un costo económico pues el subsidio a los combustibles supera los US $ 130 millones de dólares anuales, y el fisco boliviano está obteniendo menores ingresos fiscales.

Evidentemente la petrolera fiscal boliviana no estaría dispuesta a subsidiar las ventas de GLP en el mercado sudperuano, pero sí lo vendería por debajo de los precios vigentes, que son precios de escándalo, de abuso a los consumidores peruanos.

OTRAS INVERSIONES

También en el marco de un planeamiento estratégico el estado boliviano tendría interés en construir un poliducto que transporte gasolinas y diesel donde dicho país es deficitario y sobre todo, levantar una planta de licuefectación en la ciudad moqueguana de Ilo, que convierte el gas natural en estado líquido para ser exportado a terceros países y también abastecer el mercado peruano, lo cual constituiría una necesaria competencia al Consorcio Perú LNG responsable del perverso proyecto de exportación de gas natural del lote 56 hacia México y terceros países.

Es más, como sino fuera poco también tendría interés a través de YPFB la empresa estatal de participar en la distribución de gas natural en siete regiones de la región central Ayacucho, Huancavelica, Andahuaylas, Abancay, Huancayo entre otras, en un proceso que se viene postergando desde el 2006, por la falta de interés de las empresas privadas que operan en nuestro país.

TITULAR DE LAS MOLÉCULAS

En verdad, las conversaciones preliminares de los gobernadores regionales de Puno y Moquegua con el presidente boliviano ha dado lugar a conversaciones preliminares al más alto nivel entre los ministros de energía y minas de Perú y Bolivia en la ciudad de Santa Cruz del oriente boliviano.

Sin embargo, mientras las autoridades bolivianas tienen la capacidad de decisión sobre el qué hacer y destino de los hidrocarburos, dado que la empresa estatal YPFB (Yacimientos Petroleros Fiscales de Bolivia) tiene la responsabilidad de comercializar el 100 % de los hidrocarburos producido por las empresas trasnacionales como Shell, Repsol, Pluspetrol, BP etc. al margen de la producción de YPFB, las privadas tienen que abonar un 50 % de regalías cuando antes pagaban 18% al estado, al margen del impuesto a la renta.

También YPFB se encarga de negociar los contratos de participación con los privados y de pactar los precios del principal producto de exportación boliviano: el gas natural que se vende al Brasil y Argentina a precios atractivos indexados al precio del petróleo.

BONANZA GASÍFERA

Esto significa que si los precios del petróleo se incrementaban como sucedió en el 2011, 2012, 2013 cuando los precios estaban por los US $ 100 dólares el barril de crudo, los precios del gas natural de exportación también se elevaban, por ello entre el 2007 al 2014 con excepción del 2009, el estado boliviano ha experimentado una bonanza exportadora. Sin embargo, cuando los precios del crudo se derrumbaron a niveles de US $ 50 dólares el barril, también los precios del gas bajaron, y los ingresos fiscales fueron mucho menores, como ha sudedido el 2015 a la fecha.

Sin embargo, entre el 2007 al 2014 los ingresos de exportación en más del 50 % han estado explicados por las exportaciones de gas natural. Esta bonanza fiscal le ha permitido al regimen de Evo Morales que se va por la tercera reelección y al MAS, mayores ingresos fiscales para financiar  la lucha contra la pobreza.

En gran medida el éxito político y el mayor crecimiento económico de Bolivia, estimado por PBI con tasas cercanas al 5 % anual en los tres últimos años, liderando el crecimiento de los países de América Latina, está explicado por la bonanza gasífera, que dicho sea de paso se está terminando.

Solamente entre el 2010 al 2014 por concepto de regalías el fisco boliviano captó US $ 3,226 millones de dólares gracias a los buenos precios del gas de exportación que en el período 2015 al 2018 (a marzo del 2018) dicho sea de paso se han derrumbado a los US $ 1,356 millones

Para tener una idea del fin de la bonanza gasífera boliviana. Si en el 2013 producía un promedio de 2,056 millones diarios de pies cúbicos de gas natural, donde el grueso de la producción se exportaba al Brasil y en menor cuantía a la Argentina, las regalías percibidas eran de US $ 840 millones de dólares, la situación para el 2017 ha cambiado radicalmente.

Así, en 2017 con una producción de 2,000 millones de pies cúbicos diarios las regalías percibidas por el fisco boliviano se derrumbaron para llegar a los US $ 340 millones de dólares. Es decir, experimentaron una drástica disminución.

POR NUEVOS MERCADOS

De allí el interés del estado boliviano de buscar nuevos mercados ante la autosuficiencia  energética que tendría Brasil con los hidrocarburos del megayacimiento submarino del Presal que convertiría al país de la samba en exportador neto de gas y petróleo crudo.

Ello también significa que el gas boliviano en el mediano plazo no resulta ya tan necesario para el mercado brasileño, pues ahora existirían otros productores que ofertarían gas natural a precios más competitivos.

En todo caso en el 2020 se cumpliría el período del contrato de exportación del gas boliviano al Brasil, con un presidente de derechas como Bolsonaro que no simpatiza con las políticas bolivarianas ni socialistas pues se ha propuesto extirpar lo que él llama el “cáncer marxista”

Lo mismo sucedería con la Argentina con los yacimientos “Vaca Vieja” y la explotación del shale gas, o gas de piedra que convertiría al país gaucho en autosuficiente frente a las importaciones bolivianas y de terceros países, pero cuyo contrato se vencería despúes del 2026.

En todo caso el interés boliviano de sacar el gas natural de los campos del oriente por Ilo y el sur del Perú pretendería buscar nuevos mercados internacionales ante la incertidumbre de las exportaciones hacia el Brasil.

MASIFICACIÓN A LA BOLIVIANA

La soberanía sobre los hidrocarburos mediante una nacionalización le ha permitido al estado boliviano por medio de la empresa estatal YPFB masificar el consumo del gas natural, un energético  limpio, barato, favoreciendo a más del 25 % de la población boliviana, es decir cuatro millones de consumidores que acceden a la cultura del gas, no solamente en las principales ciudades sino también del ámbito rural.

La masificación del gas natural en Bolivia ha estado acompañada de un proceso de industrialiazación del recurso con políticas de valor agregado, financiado con los mayores recursos obtenidos por la exportación del gas natural.

Así, aprovechando el hidrocarburo identificado como el  metano contenido en el gas natural, lo han industrializado en una petroquímica básica, obteniendo un fertilizante  de un mayor valor como la urea, con los cuales no solamente satisfacen las necesidades de su mercado doméstico sino también están exportando urea a la Argentina, Paraguay, los estados vecinos del Brasil y un mercado potencial sería nuestro país que compra más de 400 mil toneladas de urea anuales desde Ucrania.

En tal sentido, el interés boliviano de vender gas natural, gas licuado de petróleo (GLP) y otras inversiones en transporte (ductos) y plantas industriales, serían todas parte de una visión de largo plazo del estado boliviano, de planificación estratégica ante un entorno internacional desfavorable para sus intereses por estrictas razones económicas y políticas.

LA PARADOJA GASÍFERA

El presente cuadro “Comparación entre Perú y Bolivia de la Producción Fiscalizada y las Reservas Probadas de Gas Natural” 2011/2017 resulta ilustrativo sobre dos políticas en relación a la explotación del gas natural.

Mientras en Bolivia según la “Agencia Nacional de Hidrocarburos” la produción diaria de gas natural promedia los 2,000 millones de pies cúbicos con menores reservas probadas que en el 2017 suman los 10.7 trillones de pies cúbicos, el país altiplánico ha tenido en la explotación del gas una palanca para su desarrollo, con mayores ingresos fiscales, masificación interna e industrialización teniendo como protagonista central a la petrolera estatal YPFB

En nuestro país, las empresas privadas resultan las “dueñas de las moléculas” y deciden el destino del gas natural. Por ello después de catorce años solamente tenemos 600 mil hogares conectados a la cultura del gas natural. No hay una verdadera masificación pues las regiones andinas no resultan un mercado rentable para las transnacionales.

Tampoco se verifica una industrialización del gas natural a pesar del marco legal, pues no interesa a las empresas privadas. Al contrario de una producción en el 2017 de 1,252 millones de pies cúbicos diarios se exportan un promedio de 400 millones de pies cúbicos diarios del lote 56 hacia México y a terceros países, y afuera se industrializa el gas natural, al margen de las regalías de oprobio que percibe el estado peruano.

Por ello, la Nación peruana debe recuperar la titularidad, la propiedad sobre los hidrocarburos como el gas natural reproduciendo lo mejor del modelo boliviano, pues resultaría un absurdo económico que  nuestro país teniendo más gas natural bajo el subsuelo, se tenga que valorizar y capitalizar el gas boliviano.

A MÁS PRODUCCIÓN MENORES INGRESOS FISCALES

PERÚ: RIQUEZA MINERA CON ESTADO MISIO

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

El Perú es un importante productor mundial de oro, plata, cobre, zinc, plomo sin embargo somos un país relativamente pobre, aunque ahora nos identifican como un “país de ingresos medios”, gracias a una argucia monetaria. Es decir, somos ricos pero con más del 25 % de la población considerada pobre, en especial la que está alrededor de las regiones mineras, básicamente andinas.

Sea Cajamarca, Cerro de Pasco, Huancavelica, Ancash por no mencionar las provincias cercanas a los centros mineros, expresan el deterioro ambiental, la descapitalización producto de una minería que yo denominaría, “una minería colonial en el siglo XXI” donde el estado percibe magros ingresos fiscales sea por el impuesto a la renta y otras transferencias, que no guardan proporción con la riqueza creada.

A ello debiera añadirse  las políticas laborales de “cholo barato” con salarios de angustia que explican la rentabilidad y la mentada competitividad internacional de la minería que se desenvuelve en el Perú. Agregando que  la exportación minera es básicamente  de concentrados de cobre, plata, zinc, plomo etc. con un pobre valor agregado, como en la década de los cincuenta del siglo pasado.

En tal sentido, lo más avanzado que tenía el país el Centro Metalúrgico de La Oroya que convertía los concentrados de los minerales básicos en cobre fino, plata fina, zinc, y plomo fino, más 18 subproductos (litio, cadmio, molibdeno, ácido sulfúrico, trióxido de arsénico entre otros) está paralizado desde el 2010 gracias a una irracional privatización fragmentada de la minera estatal Centromín Perú (1996).

POR UNA NUEVA MINERÍA

Por ello, si aspiramos a un país diferente con un mayor bienestar debemos desarrollar “una nueva minería” que debe estar al servicio del país, donde esta actividad extractiva sea un motor más para el desarrollo articulado con la agroindustria, el turismo y servicios con valor agregado.

Para que ello sea posible se requiere desarrollar los proyectos mineros con responsabilidad social, ambiental y tributaria, si de verdad se pretende capitalizar el país. En tal sentido, el estado debe captar mayores recursos para que pueda cumplir con sus obligaciones como estado ante la población, con ello se enfrentaría mejor los conflictos sociales y se podrían resolver parte de los pasivos ambientales.

El estado debiera percibir mayores ingresos fiscales por la explotación de recursos naturales agotables, para que pueda cumplir sus responsabilidades como tal frente a sus ciudadanos con educación y salud de calidad, con seguridad integral y puesta de infraestructura sin corrupción.

INGRESOS DE EXPORTACIÓN SE DISPARAN

En tal sentido sirva el cuadro, “Exportaciones e Ingreso Fiscal Generado por la Actividad Minera 2004 y 2017”, donde en esencia se derrumba la participación fiscal en relación a la riqueza creada expresada en los ingresos de exportación tomando el año 2004 en pleno “boom de precios” de los minerales, y el año 2017 con mejores precios del oro, cobre, plata entre otros, más un aumento de la producción con excepción del estaño como se señaló en el artículo anterior “Perú: Minería Regresiva con Mayor Producción”

En razón de la mayor demanda externa sobre todo por el proceso de industrialización de la economía china en especial el proceso de urbanización asiático, y sobre todo por la conversión de la China Popular en potencia militar, los precios de los minerales aumentaron de manera significativa, en especial del cobre que de cotizarse a US $ 0.90 centavos la libra llegó a valer casi US $ 4 dólares en el 2008. Hoy la libra del metal rojo supera los US $ 2.70 y es un precio todavía rentable.

Igualmente en el caso del oro de tener un precio de US $ 300 dólares la onza troy se disparó a casi los US $ 1,600 dólares. Hoy está sobre los US $ 1,290 y es un precio rentable y atractivo sobre todo para la minería ilegal e informal que depreda el medio ambiente.

En resumen, los ingresos de exportación se multiplicaron por cinco entre el 2004 al 2017, es decir aumentaron más de cinco veces en estos catorce años, pasando de los S/ 17,190 millones de soles (US $ 7,124 millones del 2004) para sumar los S/ 88,538 millones en el 2017 (en dólares serían US $ 27,159 millones)

Resulta positivo para el país que los ingresos de exportación se incrementen, seguro que sí, mas lo importante es ¿cuánto de esos ingresos de exportación se quedan en el país, como salarios, compras a la industria y sobre todo ingresos fiscales?

Esta debiera ser una de las preguntas claves del modelo de crecimiento minero que he denominado “empobrecedor, regresivo y colonial” que debe ser superado por una “nueva minería al servicio del país”

UN ESTADO CHIHUÁN

Contra las versiones muy propias de la “Sociedad de Minería, Petróleo y Energía” y sobre todo del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el estado no está percibiendo los ingresos fiscales que debiera percibir por la explotación de los recursos naturales no renovables, agotables en el tiempo como son los recursos mineros.

Es más, contra toda lógica gracias a las “bondades de la globalización”, el fisco tiene que devolverles impuestos, bajo el concepto que no se exportan impuestos sobre todo del impuesto general a las ventas (IGV) por la compra de bienes y servicios necesarios para la exportación (Devolución Tributaria). A ello debiera agregarse que en la etapa exploratoria también se debe devolver el IGV (18%) pagado por los bienes y servicios utilizados.

Lo cierto y evidente con la información oficial disponible en el 2004, el estado directamente recaudaba por concepto del obligatorio impuesto a la renta (S/ 1,742 mill) y los llamados derechos de vigencia (S/ 90 mill)  la suma de S/ 1,831 millones de soles. Esta suma en relación a los ingresos de exportación para dicho año, representaba una participación del 10.66 %.

Esto realmente significaba que en el 2004 durante el inicio del boom minero, el fisco de cada S/ 100 soles de ingresos de exportaciones captaba directamente S/ 10.66 básicamente  por el impuesto a la renta que representaba una tasa del 30 % aplicable sobre la utilidad imponible.

Se debe considerar que los ingresos por concepto de derechos de vigencia se pagan para mantener los derechos de propiedad sobre las concesiones mineras, en montos variables según sea de la gran minería y mediana minería de US $ 3 dólares por hectárea, US $ 1 dólar por la pequeña minería y de US $ 0.50 por hectárea en la minería artesanal.

DERRUMBE DE LA PARTICIPACIÓN FISCAL

En el 2017 los ingresos de exportación superaron los S/ 88,538 millones de soles, y el fisco directamente captó S/ 4,560 millones de soles, donde el impuesto a la renta recaudado regularizado llegó a ser de S/ 2,569 millones de soles, tal como se puede observar en el cuadro respectivo. Otros impuestos indirectos como los impuestos a la importación no lo estamos considerando.

En verdad, en el 2004 el impuesto a la renta representaba el 10% de los ingresos de exportación, sin embargo en el 2017 el impuesto a la renta se derrumba para ser apenas el 2.90 % de los ingresos de exportación.

Es más, en el 2017 sumando los diversos conceptos del nuevo marco tributario que se estableció en el gobierno del comandante en retiro Ollanta Humala (fines del 2011), absolutamente favorables a las empresas mineras en el marco de una “negociación amigable” que prácticamente ha significado menores ingresos fiscales.

Así, el cambio en la determinación de las regalías que se fijaban en la gran minería hasta el 3% del valor concentrado (ingresos por venta) se modificó para determinarse sobre tasas variables según la rentabilidad operativa. Ello ha significado el derrumbe de los ingresos fiscales, más una serie de beneficios tributarios que comentamos en su oportunidad.

A MÁS PRODUCCIÓN MENOS INGRESOS FISCALES

Como cruel paradoja con mejores precios y con aumentos de hasta 136% del volumen producido como en el caso del cobre, el estado capta menores recursos, muy lejos de los S/ 3,000 millones de soles anuales proyectados por el MEF en el 2011 sea por las nuevas regalías mineras (ley Nº 29788), gravamen e impuesto extraordinario que para el 2017 no superan los S/ 1,513 millones de soles, tal como se podrá observar en el cuadro.

En su conjunto sumado el impuesto a la renta del 2017, las nuevas regalías mineras (Ley Nº 29788), el gravamen y el impuesto especial a la minería, más las viejas regalías y los derechos de vigencia, el fisco llegó a captar la suma de S/  4,560 millones de soles, que representa apenas el 5.15 % de los ingresos de exportación minera.

Es decir, entre el 2004 al 2017 la producción en volúmenes ha crecido en lo fundamental del cobre (136%), hierro (107%), plata (54%), zinc (21%), y oro (6%), como también han aumentado los precios de todos los minerales con excepción del hierro, sin embargo, el fisco capta relativamente menos.

Es decir, en nuestro país la producción minera y los precios se han incrementado de manera significativa en el período 2004/2017, sin embargo,  el estado como estado directamente capta mucho menos el 2017 en relación al 2004, gracias a los beneficios tributarios y el entregismo de la política del nacionalismo de Ollanta Humala.

Una forma ilustrativa de decirlo en el 2017 de cada S/ 100 soles de ingresos por exportaciones el fisco ha captado directamente S/ 5.15 soles, lo cual resulta un monto ínfimo, franciscano por no decir miserable, por ello tenemos un estado misio, incapaz de resolver los problemas más acuciantes de su población.

GENEROSA DEVOLUCIÓN TRIBUTARIA

El modelo minero “regresivo, empobrecedor y colonial” que se desenvuelve en el país se agrava con la devolución tributaria a las empresas mineras que han desarrollado nuevos proyectos de inversión en el sector (Las Bambas, Toromocho, Constancia), y las ampliaciones de Cerro Verde, Antapaccay, Antamina, SPCC como al conjunto de las empresas del sector por el impuesto a las ventas (IGV) pagado por los bienes y servicios necesarios para la exportación.

Este es uno de los beneficios tributarios que tienen todos las empresas de exportación, donde el sector minero tiene una participación significativa dado que en promedio el 60 % de los ingresos de exportación están explicados por la actividad minera.

Ello significa que cada año el MEF tiene que devolver sobre todo el IGV (18% del valor) y/o el impuesto a la renta pagado demás a las empresas exportadoras, pues es un principio contable de la globalización que no se deben exportar impuestos al valor agregado, impuestos indirectos como el IGV.

 En verdad, este principio contable debiera revisarse dado que el grueso de las exportaciones provenientes de las empresas que operan en el país se realizan con empresas matrices. Es decir, las hijas le venden a su madre (matriz), o es un negocio entre hermanas (filiales) donde resulta común aplicar precios de transferencias, donde los ingresos y egresos se transan entre empresas de un mismo grupo económico a nivel mundial.

Ejemplo ilustrativo de estas prácticas es que Shougang Hierro Perú que explota los recursos de hierro en Marcona/Ica donde el 97 % de la producción de hierro se vende a su matriz Shougang Corporation. Las mismas prácticas se reproducen en el caso de las auríferas Mra. Yanacocha o Mra. Barrick que le transfieren el oro a sus matrices.

Por tanto, en el 2017 el ingreso fiscal sumó los S/ 4,560 millones de soles sea por concepto de impuesto a la renta, regalías, gravamen e impuesto extraordinario entre los más importantes. Sin embargo, el propio estado tuvo que devolver tributariamente a las empresas más de S/ 6,144 millones de soles, como se podrá observar en el cuadro correspondiente.

EPÍLOGO

En tal sentido, cabe preguntarse si podemos tener un estado eficiente que percibe en un año S/ 4,560 millones de soles por ingresos fiscales y tiene que devolver a las diversas empresas del sector S/ 6,144 millones de soles. Ello explica en parte el déficir fiscal, y no deja de ser una subvención a las empresas mineras, sobre todo a las que operan en una lógica de grupo económico a nivel mundial.

Superar este modelo “regresivo, empobrecedor y colonial” de hacer minería por una nueva minería al servicio del desarrollo económico, con un mayor valor agregado, articulado a la industria, responsable con el medio ambiente y sobre todo con una mayor contribución fiscal, resulta un imperativo nacional si de verdad aspiramos a un Nuevo Perú.

SUPEREMOS LOS ESCUDOS TRIBUTARIOS

PERÚ: MINERÍA REGRESIVA CON MAYOR PRODUCCIÓN

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

El cuadro presentado “Minería Regresiva 2004/2017” expone con crudeza la realidad de la actividad minera que se desenvuelve en nuestro país la cual está liderada por la presencia de poderosas empresas transnacionales que compiten entre sí, y grupos de poder local que en los últimos treinta años se han concentrado, permaneciendo solamente los más fuertes, otros grupos nativos se licuaron, vendiendo su participación a las transnacionales. De accionistas principales se convirtieron en rentistas e intermediarios.

Como siempre hemos afirmado, el sector minero es el más importante de la economía peruana, donde el crecimiento de las inversiones y el valor de la producción minera determinan el comportamiento del valor de la producción en el Perú que se mide tradicionalmente por el PBI.

Inversiones mineras superiores a los US $ 2,000 millones anuales determinan por lo menos un punto de crecimiento del PBI, por efecto multiplicador, acelerador y expansivo de la inversión, a pesar de todo los problemas.

ESQUIZOFRENIA DE LAS INVERSIONES

Si se invirtiesen los US$ 56 mil millones de dólares que el Ministerio de Energía y Minas presenta tradicionalmente en la cartera de proyectos, cabría ilusionarse con crecimientos económicos mayores, pero en verdad sería un crecimiento empobrecedor, regresivo, que no construye instituciones ni democracia.

Como la historia reciente lo confirma, surgirían mayores conflictos sociales, más pasivos ambientales sin resolver con corrupción galopante a nivel de las regiones y gobiernos locales. Sin embargo, por razones de demanda mundial, generación de recursos, efectos en el mercado laboral e industrial, tantos directos como indirectos se requiere desarrollar los proyectos mineros con responsabilidad social, ambiental y tributaria.

Éstos se retrasan  por diversos problemas, sea la falta de financiamiento en las empresas transnacionales, pues como toda empresa el grueso de los capitales se toman a préstamo. En razón de los llamados conflictos sociales que enfrentan visiones distintas e interesadas sobre el desarrollo del capital minero en sectores tradicionales, como el mundo andino.

Si a ello se agregan los graves pasivos ambientales sin solución, que se han venido acumulando en los últimos cincuenta años gracias a la debilidad de un “estado mercantilista” tenemos un cóctel completo y complejo sobre la mala imagen que tiene el sector minero en la población campesina, especialmente andina.

En el cuadro “Minería Regresiva” se identifican dos fechas significativas, con la producción minera que se extrae en el Perú como respuesta a  los precios vigentes al  2004 con el “boom minero” gracias al crecimiento de la economía mundial, liderado por la demanda de materias de la economía china. Luego está la producción minera al 2017.

ESTAÑO AL PISO EN PUNO

En estos catorce años transcurridos (2004/2017) todos los volúmenes producidos se han incrementado con excepción de la producción de estaño que se ha reducido de las 42 mil toneladas en el 2004 a las casi 18 mil toneladas en el 2017 en razón de la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que se va expresando en el agotamiento paulatino del mineral.

Se debe reconocer que el estaño en nuestro país es explotado por el grupo minero/financiero Brescia, por medio de la unidad minera San Rafael de la empresa Minsur, y cuya explotación hasta cierto punto explica la fortuna del grupo, es decir la explotación de estaño en Minsur (Puno) explica “la acumulación originaria del capital” del grupo Brescia, que después se ha diversificado a otros sectores (financiero, inmobiliario, pesca, alimentos etc.)

Sin embargo, a pesar del bajón en la producción de estaño que tiene como único productor a la empresa Minsur los precios se han más que duplicado por tonelada pasando de los US $ 8,512 dólares en el 2004 a más de US $ 20,098 dólares en el 2017 por tonelada. Por ello, en algo los mejores precios internacionales compensan la drástica caída de la producción en una unidad minera que acumula más de 50 años de producción.

Evidentemente con las nuevas autoridades regionales con el presidente Aduviri a la cabeza que tiene como paradigma el modelo boliviano de hacer minería, el potencial minero del departamento altiplánico, las inversiones y los nuevos proyectos estarán en lista de espera y cuidados intensivos.

De allí que sería deseable establecer un diálogo alturado, de respeto a las tradicionales andinas y al medio ambiente, apostando por las inversiones mineras con responsabilidad  social, pues las autoridades regionales y locales necesitan mayores ingresos derivados producto del canon, regalías, impuestos extraordinarios e inversiones de responsablidad social para superar las enormes brechas sociales y de pobreza que tiene el departamento, cuestión que se agrava  por los enormes pasivos financieros y deudas que está dejando la gestión regional anterior.

COBRE EN SUBIDA

Sin lugar a dudas la producción interna de cobre en nuestro país es la más importante en términos del valor de exportaciones, en cuanto a las inversiones comprometidas, con incrementos significativos en la producción entre el 2004 al 2017 donde la misma ha transitado de 1.036 MTM (leáse un millón treinta seil mil toneladas finas) a 2.45 MTM, (entiéndase dos millones cuatrocientos cincuenta mil toneladas finas de cobre)

Esta producción nos coloca como segundos productores a nivel mundial pero ello lamentablemente no se refleja en los estándar de vida de la población local, sea en Ancash (Mra. Antamina), Apurímac (Las Bambas), Antapaccay (Cuzco), Arequipa ( Mra. Cerro Verde)

Es decir, en el período en referencia la producción ha crecido en un 136 %, como también los precios del cobre. Este incremento productivo se explica por la maduración de los nuevos proyectos como Chinalco en Toromocho desde el 2015 a la fecha donde se está llevando la ampliación de lo que sería Toromocho II en la sierra central (Yauli/Junín)

Si a ello se agrega la maduración de Las Bambas emblemático proyecto cuprífero en la empobrecida región de Apurímac, donde la transnacional suiza Glencore desde mediados del 2005 al 2015 invirtió no más de US $  5,500 millones de dólares para luego transferir dicho proyecto a la empresa estatal china MMG Limited una filial de la poderosa China Metals Corporation, por más de US $ 10,000 millones de dólares con graves “externalidades negativas” para las comunidades campesinas.

Es decir, los capitales chinos pagaron adicionalmente más de US $ 4,500 millones como “costo de oportunidad” por un proyecto minero que constituye una fuente renovada de conflictos mineros, pues ha quedado para la posteridad histórica la construcción de un minero ducto que posibilite la salida de los concentrados del mineral de cobre a la costa, sin afectar la vida cotidiana campesina.

Hoy transitan más de 300 camiones al día por carreteras afirmadas construidas con dinero público al servicio de las empresas mineras, pero donde dicho tránsito constituye un factor perturbador y hasta cierto punto contaminante, pues varias comunidades están siendo impactadas por el tráfico diario, cuando en el proyecto original se planteó la viabilidad del proyecto gracias a la construcción de un mineroducto, reproduciendo la experiencia de la Mra. Antamina en el Callejón de Huaylas.

Si también se suma la producción de Mra. Constancia (Cuzco), y las ampliaciones respectivas de la producción de la Mra. Cerro Verde (Arequipa), Antapaccay (Cuzco) y Antamina en Ancash, SPCC en  Toquelapa (Tacna) y Cuajone (Moquegua) tenemos el panorama completo sobre la producción cuprífera.

ESCUDOS TRIBUTARIOS

Al 2017 con una producción interna de 2.45 millones de toneladas básicamente de concentrados de cobre que se exportan a la China, Estados Unidos, Europa, el Perú después de nuestro vecino del sur Chile, se ha convertido en el segundo productor mundial del metal rojo disputando el segundo lugar con los Estados Unidos y la propia China Popular que no solamente son grandes productores de cobre sino también  grandes consumidores del metal rojo, por medio de sus industrias.

No debiera existir duda alguna sobre la importancia de la producción minera en el país, en particular de la producción cuprífera para la economía, pero desde el lado tributario debemos mencionar que las inversiones mineras han gozado y gozan de una serie de beneficios tributarios, tales como el “arrastre de pérdidas”.

Sirva por ejemplo el caso de Las Bambas que recién pagará el impuesto a la renta cuando se haya recuperado el capital financiero pagado superior a los US$ 10,000 millones de dólares a la transnacional Glencore. Es decir, recién en el 2019 comenzará en el abono del impuesto a la renta que se constituye en la base del canon según el ordenamiento legal.

Igualmente gozan del beneficio tributario de la depreciación acelerada lo que les permite cargar a costos hasta el 20% del valor anual del equipo a los costos de producción. Evidentemente las depreciaciones son recuperaciones de valor, que supuestamente deben formar un fondo que permita reponer el capital gastado en maquinaria y equipo.

Igualmente se cargan a costos una serie de gastos tributarios deducibles, las amortizaciones de capitales intangibles por ejemplo el valor de las reservas, las mismas que se amortizan cargándose a los costos de producción, aunque ello no implique una salida de capital de la empresa. Todo es un juego contable, una ficción.

Por ejemplo Mra. Yanacocha carga a los costos de producción importantes sumas por concepto de depreciaciones, amortizaciones, regalías privadas, deterioro de activos, amortizaciones de intangibles, hasta el mismo factor agotamiento entre otros, con lo cual se disminuye la renta imponible y el fisco capta un menor impuesto a la renta. Por tanto, si se cae la producción de oro en Cajamarca, suben los costos reales y contables, disminuye el impuesto a la renta y se hace “más raquítico” el canon minero. Ergo, menos recursos para los gobiernos locales y regionales.

En verdad, los beneficios tributarios están expresados y contenidos en los benditos contratos de estabilidad tributaria, jurídica y administrativos que hasta el FMI y el Banco Mundial recomiendan que no debieran seguir firmándose pues constituyen indebidos escudos tributarios, que no le permiten al estado recaudar mayores ingresos, por ello tenemos: un “estado misio”.

ORO SE INCREMENTA

En verdad, después del cobre sigue en importancia la producción de oro en términos económicos. En el período de referencia 2004/2017 se transita de las 185 toneladas de  oro a una producción de 197 toneladas, que básicamente es la producción que se declara para la exportación, con la grave condena de la minería informal e ilegal.

Si se tiene presente que en los catorce años transcurridos la producción aurífera acumulada  ha sido de 2,000 toneladas TMF ello nos puede expresar la significación del metal amarillo que básicamente se fortalece cuando el dólar o el euro se debilita, y es apreciado como reserva de valor y fuente de especulación.

Lo cierto es que en el país las empresas exportan los concentrados de oro al mercado externo, y ni siquiera transformamos el oro en artesanía o joyería para la exportación, cuestión que hace Italia, que no produce una onza de oro pero que sin embargo, es un principal productor de  joyería y artesanía de oro y plata.

En verdad, en la producción aurífera y en general minera se reproduce el “síndrome del tesoro de Atahualpa” Según las crónicas españolas el tesoro del rescate del Inca fue considerado en una suma equivalente a las 20 toneladas de oro. En el país se producen para la exportación un promedio de 190 toneladas por año, que generan importantes ingresos para los privados, con profundos daños ambientales en la minería ilegal, con salarios de angustia que no guardan proporción con la riqueza creada en la minería formal.

Por tanto, lo menos que se debe debatir es el tipo de minería que debemos fomentar en el siglo XXI, que realmente contribuya con el fisco, superando los graves pasivos ambientales, y por qué no con incentivos para su industrialización, pues está demostrado por la práctica y la historia que los países productores de materias primas con precarias instituciones democráticas constituyen el caldo de cultivo para las prácticas corruptas y falta de democracia.