martes, 31 de marzo de 2015

Petroperú no debe renunciar a la explotación de petróleo

Que no participe en la exploración y extracción de crudo es una medida política y no técnica, sostiene especialista Jorge Manco Zaconetti.


Publicado en Diario UNO, Martes 31 de marzo de 2015*

El especialista en hidrocarburos Jorge Manco Zaconetti aseveró que si Petroperú se dedica a la explotación petrolera no pondría en riesgo el financiamiento de la modernización de la Refinería de Talara y, por el contrario, potenciaría el proyecto, por lo que calificó como una medida política y no técnica la decisión del directorio de la petrolera estatal de renunciar a la exploración del crudo.

“La explotación petrolera no comprometería ni un dólar de los 2,730 millones que se estima costará la modernización de la Refinería de Talara. No va a ponerla en riesgo, por el contrario se potenciaría y respaldaría el financiamiento de Talara. Si Petroperú se capitaliza gana el Perú”, indicó.

Explicó que “en el aspecto técnico la propia consultora Wood Mackenzie fue contratada exprofesamente a la luz de la Ley 30130 de Modernización de la Refinería de Talara de diciembre de 2013, para reestructurar la empresa y hacer las recomendaciones correspondientes. Desde este punto de vista, en enero de 2015, Wood Mackenzie recomendó en su informe que Petroperú vuelva a dedicarse a la explotación de petróleo”.

“Mckenzie recomienda la explotación para que Petroperú tenga su propio petróleo, donde está la renta petrolera, y pueda tener petróleo a precio de costo, así el petróleo se cotice a nivel internacional a 50 dólares del barril. La otra razón es que si Petroperú participa en la explotación puede incrementar sustancialmente su patrimonio”, recalcó.

LO QUE DEBE EXPLOTAR

Manifestó que “Petroperú entonces tiene la obligación de explotar el lote II, que la petrolera Monterrico entregará el próximo año, además de explotar también los lotes III y IV que debieron ser entregados en marzo de 2012 pero cuya explotación fue indebidamente extendida por el exministro Eleodoro Mayorga; los lotes VI y VII que son explotados por Sapex y el lote 192 (1-AB) de Pluspetrol”.

“La decisión de Petroperú de no regresar a la explotación petrolera hasta por lo menos el año 2024 obedece a una razón política. El ministro de Economía, Alonso Segura es el responsable de esta medida, porque fue el jefe de asesores del exministro Castilla cuando este firmó la ley de modernización y sus candados”, dijo.

Manco Zaconetti enfatizó que “el Ejecutivo ha actuado de una manera arbitraria al cambiar al expresidente de Petroperú Pedro Touzett por aseverar que el ingreso de Petroperú en la explotación de lotes no afectarían los recursos de la modernización de la Refinería de Talara. Petroperú está manejada por criterios políticos y no técnicos”.

“El ministro de Economía, Alonso Segura, y la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, pasarán a la historia del oprobio y la vergüenza nacional porque en la práctica han puesto como presidente del directorio de Petroperú a un comandante retirado de la Policía, que no tiene experiencia en el sector con la consigna de renunciar a la explotación petrolífera”, indicó.

RETROCESO
Comentó que “esta política significa un retroceso respecto a lo que Petroperú había avanzado desde marzo a diciembre de 2013, cuando Graña y Montero hizo su proyección de ingreso y utilidades sobre el 75 % de participación en los lotes III y IV, y el 25% de ganancias para Petroperú. Ahora Graña y Montero va a tener el 100% de participación como un maná caído del cielo”.

El especialista Lamentó que “el actual gobierno haya eliminado la posibilidad de que Petroperú cuente con una participación minoritaria en los lotes III y IV en asociación con el grupo Graña y Montero, además de una posible participación de la petrolera estatal en los lotes 192 (1-AB) y 64, que fue cedido sin costo alguno a PetroPerú por Talismán a fines del 2012”.

Recalcó que “la participación de Petroperú en los lotes III y IV debe ser analizada confrontando el espíritu de la ley que declara de interés público la modernización de la refinería de Talara con sus respectivos candados y la realidad petrolera del noroeste”.

ADEMÁS

El analista Jorge Manco Zaconetti dijo que el gobierno debe reconocer que la forma eficiente y técnica de operar en el sector de hidrocarburos es mediante la integración vertical, es decir, la producción de petróleo y gas, articulada a las actividades de refinamiento que es un negocio de márgenes. Por ello, Petroperú debe tener participación en los lotes III y IV, 192 y 64 como una garantía para financiar la modernización de la refinería de Talara.

Llamil Vásquez
Diario UNO

martes, 24 de marzo de 2015

EL FUTURO DE PETROPERÚ EN LOS LOTES III Y IV

¿MINISTRA LOBISTA O LEGALISTA?

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

No comparto la opinión del congresista y amigo Manuel Dammert sobre la ministra del despacho de energía y minas (y abogada), Rosa María Ortiz, a la cual califica como lobista por los cambios de rumbo que ha impuesto sobre la participación minoritaria de PetroPerú en los lotes III y IV asociada con el grupo Graña y Montero Petrolera S.A. y por extensión a la posible participación de la petrolera estatal en los lotes 192 (1-AB) y 64 que fue cedido sin costo alguno a PetroPerú por Talismán a fines del 2012.

Lobista no es, su formación en el derecho sin ninguna experiencia de gestión empresarial en el sector de hidrocarburos, minería o electricidad la limita a ser una competente asesora como la conocí hacia el 2009 cuando era ministro del sector el ing. Pedro Sánchez Gamarra. Por lo que sé tampoco es una profesional proclive a las actividades poco nada transparentes y de posibles negocios oscuros como otros ministros que no diferenciaban los intereses públicos y privados.

Por tanto, siendo una profesional competente, decente y legalista su posición respecto al futuro de PetroPerú y su participación en los lotes III y IV más que sea con el 25 por ciento, debe ser analizada confrontando el espíritu de la ley que declara de interés público la modernización de la refinería de Talara con sus respectivos candados y la realidad petrolera del noroeste.

Se debe reconocer que en una decisión legítima y legal, PerúPetro organismo responsable de la promoción de los contratos, dispuso la participación de hasta el 25 por ciento del capital social a favor de PetroPerú en la licitación de los lotes III y IV en el marco del rol subsidiario del estado en la economía. Por tanto para Graña y Montero contar con el 75 por ciento restante le resultaría atractivo y rentable.

Así, en negociaciones que han durado meses entre marzo a diciembre del 2014, la empresa Graña y Montero calificada para operar ambos lotes aceptó la presencia minoritaria de la petrolera estatal, con altos compromisos de inversión para un contrato de 30 años, que le permitirá más que duplicar su actual producción de crudo, pues a la explotación de los lotes I, V le sumará la producción de los lotes III y IV, es decir pasará de producir 1,755 barriles diarios a casi 5,000 barriles por día.

En tal sentido, con las reservas probadas existentes en los lotes III y IV que suman un poco más de 24 millones de barriles, y una producción promedio en ambos lotes de 3,000 barriles diarios, se tiene asegurado un horizonte de 21 años (24 MMB / 3 MBDC* 365 días),  sin contar con las reservas probables y posibles que está dejando Interoil S.A. al nuevo operador.

Seguramente a la ministra le preocupa los pasivos firmes y/ contingentes es decir a futuro que podría significar las operaciones en los lotes III y IV para Graña Y Montero y por extensión a PetroPerú que participaría en el negocio con el 25 por ciento. Es decir, los pasivos entiéndase deudas que podrían poner en riesgo la capacidad de pago de la petrolera estatal para financiar la modernización de la refinería de Talara que representaría una inversión de un poco más de 2,750 millones de dólares para PetroPerú que serían repagados en un horizonte de varios años.

A la ministra le debería preocupar la posición de Graña y Montero Petrolera que en una propuesta optimista necesaria para ganar la licitación ofreció asumir el compromiso de realizar 230 pozos de desarrollo en el lote III y 330 pozos de desarrollo en el lote IV en los primeros 10 años de vigencia de contrato.

Es decir, Graña y Montero haría 560 pozos de desarrollo en ambos lotes con un valor de inversión de US $ 560 millones de los cuales el 25 por ciento sería a cuenta de PetroPerú, es decir, unos US $ 140 millones en un período de 10 años, nos determina un compromiso de inversión de US $ 14 millones en promedio por año para la petrolera estatal.

Al margen del optimismo exagerado de Graña y Montero en el compromiso asumido en la perforación de 560 pozos de desarrollo en los lotes III y IV si se compara su comportamiento en los lotes I y V donde en 20 años apenas ha perforado 93 pozos de desarrollo, 79 en el lote I y 14 en el lote V.

Sabe la ministra ¿Cuántos pozos de exploración, actividad de riesgo perforó Graña y Montero en 20 años en los lotes I y V? Apenas dos. Sabe la abogada Rosa María Ortiz ¿cuántos pozos exploratorios hizo la estatal china Sapet en 20 años en el lote VI/VII? Apenas uno.

Sabe la responsable del sector ¿cuántos pozos de desarrollo realizó Graña y Montero en el lote I cuando el precio del crudo se mantenía por encima de los 40 dólares el barril y alcanzaba los 100 dólares entre el 2005 al 2014? Según la información oficial se realizaron 71 pozos de desarrollo en el lote I y en el lote V apenas 11 pozos.

Es decir, Graña y Montero en el período de bonanza de los precios del petróleo apenas realizó 82 pozos de desarrollo en los lotes I y V y ahora se ha comprometido a la perforación de 560 pozos de desarrollo en los lotes III y IV en los próximos años 10 años. Por ello cabe interrogarse si estas inversiones ponen en riesgo el financiamiento y el flujo de caja de PetroPerú para financiar la modernización de la refinería de Talara.

Se debe tener presente que la perforación de pozos de desarrollo en la Cuenca de Talara entraña mínimos riesgos como lo expone la práctica de las empresas en la región. En verdad, que la petrolera estatal asuma una responsabilidad en las inversiones en relación a su participación del 25 por ciento, equivalente a US $ 140 millones en un horizonte de 10 años, es decir US $ 14 millones por año, no pone en riesgo alguno el financiamiento de la modernización de la refinería de Talara. ¡Todo lo contrario!

Con reservas probadas de 24 millones de barriles de un crudo de alta calidad el 25 por ciento de las mismas representan un valor de 6 millones de barriles que a un precio promedio de 50 dólares el barril determinan un ingreso bruto de US $ 300 millones de dólares en un horizonte de 21 años. Es decir, con su participación en las reservas probadas de los lotes III y IV PetroPerú está garantizando las inversiones de los US $ 140 millones de dólares que serían de su responsabilidad. Por tanto, no habrían pasivos firmes ni contingentes, en un negocio rentable a pesar de los precios de US $ 50 dólares el barril.

Es más, si ha PetroPerú se le devolvieran los casi 280 millones de nuevos soles anuales por concepto del impuesto general a las ventas de los combustibles en la Amazonía, región que goza de un régimen de exoneración, la petrolera estatal tendría los capitales más que necesarios para financiar su participación del 25 por ciento en los lotes III y IV, sin poner en riesgo el financiamiento de la modernización de la refinería de Talara.

El gobierno en especial la pareja presidencial y la ministra responsable deben reconocer que la forma eficiente, técnica de operar en el sector de hidrocarburos es mediante la integración vertical, es decir la producción de petróleo y gas, articulada a las actividades de refino que es un negocio de márgenes. Por ello, PetroPerú debe tener participación en los lotes III y IV, 192 y 64 como una garantía para financiar la modernización de la refinería de Talara.


lunes, 23 de marzo de 2015

Petroperú: Todavía hay tiempo para enmendar

Por Humberto Campodónico Sánchez.

Publicado en La República: Lunes, 23 de marzo de 2015*


No cabe ninguna duda de que la modernización de la Refinería de Talara es el principal proyecto de Petroperú. Se trata de una inversión de US $ 2,730 millones que ampliará su capacidad de refinación de 65 a 95,000 barriles diarios, e incorporará nueva tecnología para refinar petróleo pesado (que es más barato) y obtener derivados ligeros. Igualmente importante es que se le quitará azufre a los combustibles para que ya no contaminen el aire y no provoquen serias enfermedades respiratorias, cuyo tratamiento cuesta más de US$ 100 millones anuales.

El  tema que se discute ahora es: ¿es que si Petroperú realiza inversiones para entrar a la producción de petróleo eso significa, sí o sí, que va a descuidar el monitoreo y, sobre todo, el pago de la deuda en que se va a incurrir para financiar la refinería? ¿No fue para eso que se dio el Art. 6 de la Ley 30130 que le prohíbe a Petroperú incurrir en nuevas deudas? (1).

Pues no. Eso es confundir papas con camotes porque ambos proyectos no son excluyentes. Al revés: se generan sinergias positivas.  En cristiano, se ayudan el uno al otro.

Al producir petróleo, la empresa va a tener más ingresos, lo que le va a permitir un mayor flujo de caja para pagar las deudas para financiar Talara. Además, el precontrato firmado con Graña y Montero (empresa que ganó la licitación de los lotes III y IV para que Petroperú sea accionista minoritario con el 25% establece claramente que Petroperú pagará las inversiones que tengan que realizarse con la producción de petróleo que actualmente ya se realiza en esos lotes.

Agrega el precontrato que durante el primer año (cuando recién comienzan las inversiones) habrá un fondo con los ingresos que genera el 25% de Petroperú, el mismo que se va acumulando para pagar las inversiones cuando haya que hacerlo. No solo eso: el operador del contrato es GyM (o sea, el que lo administra y maneja), lo que significa que el personal de Petroperú no se va a dedicar a esas labores.

Hay más: los lotes III y IV –que explotaba Interoil hasta que se licitaron a GyM– tienen tuberías que llevan el petróleo hasta la Refinería de Talara para que allí puedan ser procesados. Dicho de otra manera, Petroperú compra el petróleo de todos los lotes de Talara, sí o sí, porque los necesita. Lo que quiere decir que si no entra como socio a los lotes III y IV va a tener que comprar de todas maneras el 100% de la producción a precios internacionales.

Esto tiene incidencia directa sobre el pago de los préstamos en que se incurra para financiar la modernización de la Refinería –que es lo que hoy, afirma el gobierno, se pretende defender–. Lógico: el flujo de caja sería mayor porque se le estaría pagando el 75 % a GyM y el otro 25 % Petroperú se lo compraría a sí mismo. Ya no se le compraría el 100 % a un tercero, que en este caso es GyM.

Otro sí: como las bases de la licitación establecían claramente que el ganador incorporaría a Petroperú con el 25 %, lo que va a suceder ahora es que el ganador va a beneficiarse de ese 25 %. Le cae como maná del cielo, sin mover un dedo. Pero lo pierde Petroperú, con lo que su capacidad de pagar los préstamos disminuye.

La cuestión es que estamos hablando aquí de 24 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, según el Libro de Reservas 2013 del MEM. Al multiplicar 24 MMB por US $ 50/barril tenemos ingresos brutos de US $ 1,200 millones, a medida que la producción vaya saliendo. Ojo, si el petróleo vuelve a subir, los ingresos también.

Dicho todo esto: ¿le van a quitar a Petroperú esos US $ 300 millones de ingresos brutos (que pueden ser más si el precio sube  y/o si se encuentran más reservas)?  Ojo, oportunidades como esta no se van a volver a presentar porque se trata de lotes que revierten al Estado después de 20 años porque expiraron los contratos. Y ahora los contratos son de 30 años. Entonces, ¿hasta el 2045?
Agréguese que las bases de la licitación (las hace Perupetro) han salido después de la Ley 30130 y no fueron objetadas por nadie. Hasta hace 2 semanas. Nótese que hay un acuerdo firmado entre Petroperú y GyM hace meses para los lotes III y IV. Y tampoco fue objetado por nadie.

No solo eso. Petroperú tiene un Lote 64, en la Selva Norte, que tiene 55 MMB de reservas probadas (más del doble que los lotes III y IV). Si a Petroperú no lo dejan entrar a III y IV, lo que viene después es quitarle el Lote 64 (que fue cedido gratis por Talisman y Hess a Petroperú en diciembre del 2012) que aún no ha comenzado a producir. Se trata de US $ 2,750 millones de ingresos brutos, en parte para Petroperú y en parte para su socio. Son palabras mayores. ¿A eso vamos?

Se afirma que hoy el nuevo Directorio de Petroperú revocaría su acuerdo anterior con GyM. Esperemos que eso no suceda: que las consignas del MEF y de El Comercio (no son solo ideológicas, tienen intereses económicos detrás) no prosperen y que el presidente Humala cumpla con su promesa de fortalecer a Petroperú, produciendo petróleo.


La propia refinería de Talara puede estar en riesgo. Y más allá, puede venir una verdadera tormenta política porque cosas como esta no suceden a menudo. Y no se pueden ni se deben permitir. Sabemos que en el Perú no hay consenso sobre la empresa pública por la oposición de la derecha económica. Pero por lo menos había una tregua. Eso es lo que se está rompiendo ahora. Estamos todos avisados.

Puede ver el siguiente link:


miércoles, 4 de marzo de 2015

PERUPETRO: EL VIEJO LOTE 1-AB AHORA LOTE 192

EL ESTADO AUSENTE FRENTE A LAS COMUNIDADES NATIVAS

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Durante el gobierno de transición democrática 2000/2001 se llevó cabo una extensión contractual hasta agosto del 2015 por el lote 1-AB, a favor del nuevo operador Pluspetrol que negoció con la OXY la transferencia de dicho contrato. Éste debía caducar en agosto del 2007 en razón de la renegociación alcanzada durante el primer gobierno del presidente Alan García (22 de marzo de 1986)

Si se hubiese respetado el término del contrato pactado con la OXY sujeto a las normas del Decreto Ley Nº 22774, Bases para los contratos petroleros, según lo estipulado en el numeral 6.9 “Al término del Contrato o a su rescisión, las instalaciones fijas, campamentos, instalaciones de energía y comunicaciones, pasarán a título gratuito a ser propiedad de PETROPERÚ en condiciones operativas”.

Es más, el artículo 6.10 normaba que: “... En todos los casos, al término del plazo que se pacte en el Contrato si fuera antes, PETROPERÜ adquirirá la propiedad de todas las instalaciones de oleoductos, gasoductos y facilidades conexas, libre de todo pago”.

Es importante recordar los alcances y naturaleza de la antigua ley de hidrocarburos que regía la renegociación que se hizó en 1986, pues cuando en el 2001 se extendió la vigencia del contrato con un nuevo operador Pluspetrol por quince años, el organismo promotor y supervisor de los contratos, debió valorizar debidamente los activos que en agosto del 2007 debían ser transferidos al Estado, es decir a PetroPerú a título gratuito. ¿Qué se hizo al respecto?

Sería interesante que algún congresista de la República interrogue a los actuales directivos de PerúPetro si existe algún estudio sobre el valor de los activos que el Estado dejaba de percibir con la nueva extensión contractual por quince años, y si Pluspetrol pagó alguna suma por dichos activos en la renegociación con el agravante que se cambió la naturaleza del contrato de servicios donde los hidrocarburos eran propiedad del Estado, a una de licencia según la nueva ley de hidrocraburos Nº 26221 vigente a partir de agosto de 1993.
El tema es relevante ahora que Pluspetrol, una empresa seriamente cuestionada por la opinión pública, las ONGs ambientalistas, las comunidades nativas del Datem del Marañón y del distrito de Andoas que han experimentado la contaminación de los ríos, lagos y lagunas, con una depredación del medio ambiente donde el principal responsable es la inopia, complacencia e incapacidad del Estado representado por PerúPetro, a pesar de los importantes recursos transferidos por Pluspetrol Norte S.A por medio de las regalías y el impuesto a la renta abonados al fisco.

Se debe tener presente que dicho lote está ubicado en la selva nororiental (Andoas, provincia Datem del Marañón) colindante con el Ecuador y que se encuentra en producción desde los años 70 del siglo pasado primero bajo responsabilidad de la Occidental Petroleum Company (OXY), y a partir del 2001 por la petrolera argentina Pluspetrol que se convertiría después en Pluspetrol Norte S.A. incorporando socios chinos y coreanos con la venta de participaciones en el capital social.

Es más, con la producción conjunta del lote 8 (Trompeteros) y 1-AB Pluspetrol Norte S.A. se constituye en el principal productor de crudo básicamente pesado que se tiene que exportar por la inviabilidad técnica de nuestras refinerías para procesar dicho hidrocarburo.

El lote 1-AB ahora lote 192 tiene importantes reservas probadas, probables y posibles que lo hacen atractivo para sus actuales operadores y otras empresas interesadas, más su ubicación estratégica cercana a los lotes 64, 67, 39 y otros lo convierten en un centro gracias a la infraestructura que en algún momento debió pertenecer al Estado es decir a PetroPerú.

LOS HISTÓRICOS PASIVOS AMBIENTALES

Si bien Perúpetro es el organismo estatal responsable de la promoción de la inversión en el sector y de supervisar los contratos de hidrocarburos, y espera realizar una licitación internacional donde supuestamente habrían varios interesados, entre ellos los actuales contratistas de Pluspetrol Norte. Sin embargo, la pregunta central en esta coyuntura crítica es la solución a los pasivos ambientales heredados de las operaciones de la OXY desde 1973 hasta el 2000 y a partir del 2001 bajo responsabilidad de Pluspetrol Norte S.A.
Según el mismo Presidente de PerúPetro, Ing. Luis Ortigas reconoce en declaraciones periodísticas la inopia e incompetencia de organismo público en la regulación ambiental pues él mismo señala: “En los contratos vamos a poner algo que hasta ahora no se estipulaba, que es que en la garantía corporativa se debe garantizar también la ejecución del saneamiento de impactos ambientales". Esto es importante, por que eso antes no estaba garantizado.

Ello se va a introducir en los nuevos contratos que se firmen a futuro, y en el contrato que se firme con el próximo concesionario del lote 192 ( Diario Gestión 4/3/15)

En verdad extraña la tardanza por algo que se debió hacer tiempo atrás. Al respecto se debe recordar las protestas sociales y las tomas de los pozos de Andoas por los nativos en el 2009 por la grave contaminación por las operaciones del lote 1-AB.

Según declaraciones de la empresa para poder extraer 3 barriles, dada la naturaleza del crudo pesado, se hacía necesaria la inyección de 97 barriles de aguas tóxicas con químicos que una vez obtenido el crudo eran vertidas al medio ambiente contaminando ríos, lagos y lagunas emprobreciendo a la madre naturaleza. Por ello, el gobierno de ese entonces por la presión de las comunidades nativas se comprometió a la Pluspetrol a la reinyección de las aguas tóxicas cuestión que se práctica desde el 2010.

Si de verdad se pretende fortalecer a la petrolera estatal PetroPerú S.A. esta debiera tener participación en las operaciones del lote 1-AB ahora denominado lote 192, para alcanzar la integración vertical, que se constituye en la forma técnica y eficiente de operar en el sector de hidrocarburos, lo que permite captar la renta petrolera, así los precios estén sobre los US $ 50 dólares al barril.

Siempre hemos abogado por la transferencia del 100 por ciento de los derechos y obligaciones del lote 1-AB hacia PetroPerú en razón de la rentabilidad del negocio, las reservas y el potencial de hidrocarburos que encierra y la importancia geoestratégica del lote. En todo caso una participación minoritaria del 49 por ciento en la producción de dicho lote sería importante en función del proyecto de modernización de la refinería de Talara que podría procesar crudo pesados, lo cual agrega más valor a las operaciones productivas del lote 192.

El cuadro “Pluspetrol Norte S.A.: Ingresos Totales de la Empresa y Pagos de Regalías” expone los ingresos obtenidos desde el 2001 al 2014 que tienen una tendencia creciente desde el 2002 gracias al aumento de los precios internacionales del crudo y a pesar a la disminución de la produccíón que se inició bordeando los 40 mil barriles en el 2001 para reducirse a menos de 15 mil barriles a la fecha.

Con el cambio en la naturaleza del contrato Pluspetrol abona una tasa de regalías del 30 por ciento y ello ha permitido que desde el 2001 al 2014 por las operaciones del lote 1-AB se pague por concepto de regalías más de US$ 1,933 millones de dólares y en el lote 8 un promedio de US$ 1,055 millones.

Es decir, entre el 2001 al 2014 el Estado a través de PerúPetro ha captado un valor equivalente por regalías de US$ 2,989 millones de dólares según se puede observar en el cuadro respectivo. Con esos montos hubiese sido posible financiar un fondo contingente para la remediación ambiental conjuntamente con la garantía corportiva que hoy tardíamente se piensa imponer en los nuevos contratos, cuando los pasivos ambientales son una descarnada realidad.


En verdad, si reconocemos que el objetivo empresarial es la maximización de beneficios es rol del Estado regular con eficiencia, transparencia y justicia las operaciones en salvaguarda del medio ambiente y del futuro de generaciones de peruanos de la Amazonía.