martes, 28 de junio de 2011

PetroPerú: Los retos de la integración vertical

ASOCIADO EN EL UPSTREAM

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM y Consultor)

El nuevo gobierno que preside el comandante Ollanta Humala, en el subsector de hidrocarburos tendrá que enfrentar y resolver múltiples problemas, herencias no resueltas y “bombas de tiempo”, que van desde los conflictos socio-ambientales, la revisión de contratos lesivos, los subsidios a los combustibles, las tarifas del gas natural y del gas licuado de petróleo (GLP), la modernización de la refinería de Talara-PetroPerú, la masificación del gas natural con la prioridad del mercado interno, el desarrollo de la petroquímica y el cambio de la matriz energética, entre otros.

La interrogante más importante debiera estar relacionada con la necesidad de tener una política energética firme que nos permita alcanzar la autonomía haciendo un uso racional de nuestros recursos energéticos a precios competitivos, es decir, lejos de los subsidios indiscriminados como Bolivia y Venezuela que limitan la inversión privada con una presencia sobredimensionada del Estado.

De igual forma se debieran evitar los abusos de mercado con la presencia de posiciones de dominio de empresas transnacionales que afectan los intereses de los consumidores y restan competitividad a la economía en su conjunto. De allí, la necesidad de una moderna regulación de los precios de los combustibles, lo cual supone transparencia y conocimiento en la formación de los costos, precios y márgenes.

Alcanzar la autonomía energética y superar el creciente déficit de nuestra balanza comercial de hidrocarburos, es un problema de largo plazo, ello significa que desde 1988 importamos más crudo y derivados de lo que exportamos; y en la presente coyuntura se expresan las consecuencias de las decisiones que se adoptaron en el pasado, o que por inacción de las autoridades se dejaron de hacer. Por ello, la objetividad de la realidad, al margen de nuestros deseos nos muestra sus efectos con mayor crudeza: Una dramática caída de la producción interna de crudo sobre todo de la selva norte, y una tendencia creciente dependencia del petróleo importado.

En tal sentido, si se hiciera abstracción de los efectos positivos del proyecto Camisea que antes del 2015 estará extrayendo más de 1,500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural y 120 mil barriles diarios de líquidos que se fraccionarían en Pisco, la realidad petrolera sería crítica por no decir dramática, de allí la necesidad de modernizar y potenciar de verdad a PetroPerú S.A.

PETROPERÚ ASOCIADO

La petrolera estatal en el presente está reducida a las actividades de refino con las operaciones de Talara, las refinerías de Conchán, Iquitos, El Milagro y el arrendamiento de la refinería de Pucallpa, sumada a su participación como distribuidor mayorista de combustibles con una participación del 47% en el mercado de derivados.

A ello se debe agregar el Oleoducto Norperuano que con una capacidad de transporte de 200 mil barriles diarios, hoy está transportando menos de 30 mil barriles diarios en razón de la caída de la producción del lote 8, operado por la empresa Pluspetrol Norte donde se obtuvo un promedio de 11,710 barriles diarios en el 2010, cuando en el año 2000 era responsable de una producción diaria de 25,490 barriles. Ver cuadro de producción diaria de petróleo crudo.

En el mismo sentido, el lote 1-AB, también operado por Pluspetrol Norte, que a inicios de la década producía un promedio de 36,490 barriles, en el 2010 era responsable de una extracción comercial de 18,700 barriles diarios. Esto significa que PetroPerú tiene que asumir los altos costos de mantenimiento del gran Oleoducto Norperuano para utilizar solamente el 15% de su capacidad, y transportar el crudo pesado de Pluspetrol Norte hacia Bayóvar para su exportación pues dichos hidrocarburos no pueden ser tratados en la refinería de Talara por su pesada densidad.

Agrava esta realidad el anuncio empresarial de limitar las inversiones en exploraciones y perforaciones de pozos en desarrollo ante el anuncio fallido de PerúPetro, organismo responsable de promover las inversiones en el sector y de la fiscalización de los contratos. En el pasado reciente el presidente de PerúPetro Ing. Daniel Saba declaró sobre la necesidad de incorporar en un concurso público los contratos de licencia sobre los lotes en explotación que vencen entre los años 2012 y 2015 conjuntamente con otros lotes de exploración antes del 28 de julio del 2011, lo cual evidentemente constituía un despropósito.

Por esta razón el gobierno de “Gana Perú” en relación al sector de hidrocarburos heredará una fuerte disminución de la producción doméstica de crudo, pues las empresas antes del término de sus contratos explotarán intensamente las reservas sin realizar las necesarias inversiones para mantener o incrementar la producción, sobre todo en los viejos campos de Talara que tienen más de 100 años de explotación.

En la presente coyuntura se impone la necesidad de una negociación estratégica para que PetroPerú regrese a las operaciones de exploración/explotación de manera consorciada con las empresas petroleras accediendo a una participación accionaria de por lo menos 25%. Ello supone la necesaria voluntad política para tender a la integración vertical de nuestra empresa que constituye la forma más eficiente de operar en el mercado de hidrocarburos.

Si bien las utilidades netas de PetroPerú bordean los 300 millones de nuevos soles, estas resultan insuficientes para financiar una actividad de riesgo exploratorio que debiera ser responsabilidad privada. Se debe tener presente que los costos de la perforación exploratoria de un pozo en la selva resultan superiores a los 50 millones de dólares, y por lo menos la mitad en la costa.

Por tanto, una participación accionaria del 25% le daría derecho a PetroPerú a una presencia en el directorio, participación proporcional en la renta petrolera y otorgaría estabilidad juridica y política a las empresas privadas como socio estratégico. Es decir, las empresas y el Estado representado por PerúPetro ganarían con el retorno de PetroPerú a las operaciones de exploración y explotación de petróleo (upstream), salvo mejor parecer.

Así, en la negociación estratégica de los lotes en explotación ubicados en Piura II, III y IV, VI y VII reconocidos como lotes marginales por los altos costos de producción, se condicionaría la extensión y/o prórroga de los contratos por 10 años a importantes compromisos de inversión, con el objetivo central de levantar la producción de crudo y gas, y poder abastecer los mayores requerimientos de la refinería de Talara, que cuando esté modernizada demandará 95 mil barriles diarios de petróleo.

En el caso del lote 1-AB cuyo contrato vence en el 2015 resulta urgente negociar la participación de PetroPerú como socio de Pluspetrol Norte con la finalidad de asegurar mayores inversiones para incrementar la producción y posibilitar la salida comercial del potencial de hidrocarburos que subyace en el lote 67 bajo responsabilidad de Perenco, del lote 64 de Talisman y el 39 de Repsol, que debieran conectarse con fuertes inversiones al Oleoducto Norperuano.
PetroPerú tiene el gran activo del Oleoducto que valoriza la producción de un conjunto de lotes ubicados en la selva norte de allí la necesidad de negociar con estrategia buscando satisfacer el interés nacional. Ello supone e impone la presencia integrada de la petrolera estatal en la actividad de exploración/producción como socio estratégico y en la distribución minorista de combustibles, a pesar del discurso liberal.

Superar nuestra dependencia del crudo importado, promover la inversión de riesgo, incrementar la producción interna de crudo para satisfacer los futuros requerimientos de la modernización de la refinería de Talara-PetroPerú constituye un imperativo nacional.























lunes, 13 de junio de 2011

LOS DUEÑOS DE LAS MINAS Y EL ESTADO CAUTIVO

SOBRE EL IMPUESTO A LAS UTILIDADES

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (INVESTIGADOR UNMSM)

En los primeros años de la Conquista fue una política de los reyes de España hacer respetar el famoso “quinto real” como una regalía que le pertenecía a la Corona de todo el oro y la plata que se obtuviese del saqueo, llámase rescate del Inca, de la violación en la ciudad religiosa de Pachacamac o del templo del Sol, llamado Coricancha en el Cusco. Los conquistadores, en especial, Francisco Pizarro, tenían sus contables de la Universidad de Salamanca para hacer respetar escrupulosamente que de cada 100 piezas de oro o plata ensayada el 20% le pertenecía por derecho a los reyes de España. Es más, cuando se estableció la explotación sistemática de las minas de plata sea en Potosí, Puno, Pasco, Tarapacá, los mineros estaban obligados al pago del “quinto real” aplicado directamente sobre la producción, bajo pena de apercibimiento y cárcel de probarse su incumplimiento. ¡Era una falta grave evadir los pagos a la corona española!

Siempre resulta ilustrativo recurrir a la historia para analizar el régimen tributario en un sector que explota recursos naturales no renovables como la plata, oro, cobre, zinc, plomo, estaño, hierro que nos ubica como un importante productor mundial con los costos de producción más bajos del mundo. A ello debiera agregarse la débil propensión tributaria de las empresas, con un Estado que no percibe las rentas extraordinarias producto de la bonanza de precios, con mayores utilidades que están obteniendo las empresas mineras durante el período 2004-2011, con excepción del bache de octubre del 2008 y un bajón del cobre y zinc que duró menos de seis meses en razón de la crisis financiera internacional, mientras que los precios del oro y plata seguían su vorágine alcista.

El nuevo gobierno liderado por el comandante Ollanta Humala tiene el compromiso de aplicar el llamado “impuesto a las ganancias extraordinarias” en el sector minero que tiene las tasas de rentabilidad operativa y neta que no tienen comparación a nivel internacional. Se supone que con tales nuevos ingresos el gobierno de “Gana Perú” financiará parte de sus programas sociales como la Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, etc.

En principio siempre hemos sido críticos del modelo de crecimiento minero vigente sin responsabilidad ambiental, social y tributaria que hoy cosecha con creces los diversos conflictos sociales y una radical oposición de la población, ante una actividad extractiva que no contribuye con el desarrollo local y regional, generando más bien cuantiosos pasivos ambientales y externalidades negativas; caracterizándose por un “pobre valor de retorno”, entendido este por los bajos salarios pagados a los trabajadores y una sobreexplotación de la mano de obra particularmente de contrata, con una serie beneficios tributarios que se cargan o descuentan del impuesto a la renta, más una débil articulación con la industria manufacturera.

A diferencia del sector de hidrocarburos que abona al margen del impuesto a la renta definido como el 30% de la utilidad antes de impuesto o renta neta, las regalías sobre el petróleo crudo, gas y condensados que superan en promedio el 29% sobre el valor de la producción. Solamente el Consorcio Camisea paga el 37.24% de regalías, empresas que operan en Talara como la noruega Interoil o la empresa nacional Petrolera Monterrico pagan al Fisco casi el 50% de regalías. Ello significa que de cada 100 dólares de ingresos el Estado capta 50 dólares al margen del impuesto a la renta.

Debiera ser evidente que en la actividad minera las regalías mineras están limitadas pues el Estado no percibe más de 600 millones de nuevos soles en el mejor año (2010) promediando los 500 millones de nuevos soles, es decir menos de 200 millones de dólares por año desde el 2005. Ello en razón de la estabilidad jurídica, tributaria y administrativa de los contratos mineros que ha blindado al llamado “cogollo minero” conformado por empresas tales como: Mra. Antamina, Mra.Yanacocha, Mra. Barrick, Mra. Tintaya, Mra. Cerro Verde.

Evidentemente la aplicación del impuesto a las sobreganancias requiere criterios claros, indiscutibles, que resulten los más transparentes para el organismo recaudador que será la SUNAT, sirvan para ello algunos mecanismos que debieran considerarse, que la propia realidad proporciona.

¿DÓNDE ESTÁN LAS SOBREGANANCIAS?

El candidato a la Presidente de la República, Dr. Alan García en la campaña electoral del 2006 ofreció en diversos mítines la aplicación del impuesto a las sobreganancias mineras en una coyuntura que había empezado a fines del 2003, y que por ejemplo permitió a los accionistas de la Mra. Antamina recuperar su inversión de 2,300 millones de dólares en menos de tres años. Una vez ganada la elección, el nuevo Presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros negociaron el llamado “aporte minero de solidaridad con el pueblo” a cambio del impuesto a las sobreganancias. Este compromiso era especialmente con todas aquellas empresas del “cogollo minero” que no le pagaban al fisco las llamadas regalías, significaba una inversión de 2,500 millones de nuevos soles durante el próximo quinquenio, 2006-2011 a razón de 500 millones de nuevos soles.

Por tanto, no resulta una casualidad histórica que las empresas Mra. Antamina, Mra. Yanacocha, Mra. Cerro Verde resultasen las mayores aportantes del óbolo minero, cuya gestión y aplicación es enteramente de responsabilidad privada, reproduciéndose los problemas de ejecución en el gasto.

Al margen de los cuestionamientos de lo que significaba el aporte minero, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía contrató los servicios de la consultora Apoyo S.A. para estimar los parámetros, en especial la evolución de los precios de los metales que sirvieran de base para la efectividad del aporte.
Así para octubre del 2006 se fijaron los precios promedios anuales en los diversos metales, que debieran entenderse como los precios mínimos para esa fecha, así las empresas mineras cuya producción tuviesen precios menores a los vigentes estaban eximidas del llamado “aporte voluntario”. Un ejercicio de actualización de los precios de los metales al 2011 considerando la evolución del índice de precios mayorista de los Estados Unidos de Norteamérica elevaría en parte el piso para la actualidad.

Si consideramos que los precios de referencia en el cuadro citado, están para el cobre sobre los 179 centavos la libra de cobre, en el caso del oro los 537 dólares la onza troy , de la plata sobre los 7.69 dólares la onza, el hierro sobre los 33.56 dólares la tonelada, resulta evidente que con los precios vigentes en el 2010 y en lo que va del 2011 las empresas mineras que operan en el Perú están obteniendo sobreganancias, utilidades extraordinarias que no están siendo compartidas con el Estado.

En la actualidad si se realiza la comparación con precios del oro que están por encima de los 1,500 dólares la onza, en el caso de la plata con precios superiores a los 35 dólares la onza, la tonelada de estaño por encima de los 20 mil dólares, en el caso del hierro con precios mayores a los 88 dólares la tonelada, es evidente que las utilidades extraordinarias no se explican por la innovación tecnológica en el sentido schumpeteriano, ni por una mayor productividad del capital.

En particular, se debiera rescatar la titularidad de la Nación sobre los recursos naturales no renovables, y tener una óptima valorización de su explotación desde el punto de vista del interés público, en especial de las comunidades campesinas y nativas. Tengo la impresión que no bastará con mejorar los ingresos fiscales vía impuesto a las sobreganancias, un mayor abono de las regalías y/o el incremento del impuesto a la renta con tasas variables.

Hacer viable la actividad minera en el Perú en el mediano y largo plazo obliga a una serie de políticas sociales, ambientales y de responsabilidad social, ambiental y tributaria que debiera ser el compromiso del nuevo gobierno. Va más allá de una serie de políticas que superan la zonificación territorial del qué hacer minero. En tal sentido, hacer a las comunidades andinas en socias capitalistas y accionistas de las empresas mineras debiera estar en la nueva agenda minera.