sábado, 29 de mayo de 2010

MINERÍA: LAS REGALÍAS Y EL ROYALTY

EN PERÚ Y CHILE UNA ABISMAL DIFERENCIA

En razón de la tragedia que asoló a nuestros vecinos del sur en febrero pasado el ejecutivo ha presentado un proyecto de ley para incrementar las tasas y por tanto los ingresos provenientes del royalty que abonan todas, sin excepción, las empresas mineras que operan en Chile. El denominado impuesto específico a la minería o royalty ha significado entre el 2006 al 2009 ingresos del orden de los 3,121 millones de dólares que financian el Fondo de Innovación para la Competitividad donde se desarrollan una serie de proyectos para mejorar las condiciones de las regiones mineras y la competitividad.

En Chile la contribución de la minería a los ingresos fiscales es del primer orden. Así, entre el 2005 al 2009 el equivalente al impuesto a la renta pagado por las mineras ha sido de 21,738 millones de dólares que sumados a los ingresos del royalty de 3,121 millones de dólares constituyen ingresos fundamentales para sostener las reservas internacionales, el gasto social contra la pobreza, e inversión pública. A ello debiera sumarse el 10% de los ingresos de exportación del llamado fondo de la ley reservada del cobre que asume la Corporación Chilena de Cobre, CODELCO, y que financia la modernización de sus fuerzas armadas.

La contribución fiscal de la actividad minera debiera ser una preocupación central en nuestros países de ella depende la viabilidad de los países donde los ingresos de exportación constituyen los más importantes de sus economías. Se trata de la explotación del capital natural que tiene el país, de recursos naturales no renovables como el oro, la plata, el cobre, el zinc, plomo y otros subproductos que se obtienen en la fundición y refinación en las plantas del primer mundo que no están siendo reconocidos ni abonados al país.

En el Perú durante el llamado boom minero 2004 al 2009 las empresas mineras obtuvieron ingresos de exportación por más de 83,904 millones de dólares; por tal se podría asumir que los ingresos totales resultan mayores a los ingresos de exportación en la medida que un promedio del 5% de los ingresos se explica por las ventas al mercado interno. Sin embargo, por pedagogía se asumen solamente los ingresos de exportación que son verificables por los informes de aduanas.

En tal sentido, el cuadro “Perú: Ingreso de las Exportaciones Mineras y el Aporte del Sector Minero” 2004-2009 expresa con crudeza la real contribución fiscal de la minería en nuestro país, que en el período mencionado ha pagado 8,799 millones de dólares por concepto de impuesto a la renta, 627 millones de dólares por regalías, 459 millones de dólares por el llamado aporte voluntario, y 160 millones por los derechos de vigencia que se abonan por las concesiones mineras.

En su conjunto de los 83,904 millones de dólares obtenidos por concepto de exportaciones mineras el fisco solamente ha captado 10,045 millones de dólares por todos los conceptos mencionados, lo que representa una participación del 11.97% frente al total de ingresos. Esto significa que durante el apogeo de las exportaciones que se explican por los altos precios de los minerales, con excepción del bajón en el período setiembre 2008 a junio 2009, el Estado captó menos de 12 dólares de cada 100 dólares de exportación.

Si se analiza solamente desde el lado estrictamente tributario, es decir considerando el impuesto a la renta pagado de 8,799 millones en el período considerado frente a los 83,904 millones de dólares, se puede afirmar que la tasa real de participación tributaria es de 10.49%, lo que significa que de cada 100 dólares de ingresos de exportación generados por la minería en el Perú el fisco apenas capta 10.49 dólares.



Por ello, podemos afirmar que la participación tributaria de la minería es mínima y no guarda correspondencia con la riqueza creada ni con los altos costos ambientales ni externalidades negativas que la actividad genera; lo que alguna vez llevó a decir a Pedro Pablo Kuczynski ex presidente del Consejo de Ministros durante el régimen del ex presidente Alejandro Toledo, a expresar que “las mineras no invierten en responsabilidad social e invierten menos que en Sudáfrica”

SOBRE LAS REGALÍAS

En nuestra legislación las regalías fueron concebidas como una contraprestación por la explotación de los recursos naturales no renovables, y en el abono de las regalías mineras se fijó una escala variable del 1%, 2%, y 3% según el valor del concentrado producido o su equivalente; así las empresas mineras con ventas superiores a los US$ 120 millones de dólares por año debían abonar el 3% por concepto de ingresos por ventas. Si las ventas de concentrados fueran mayores de 60 millones de dólares y alcanzaran el límite de los 120 millones la tasa aplicable de regalías debía ser del 2%, y las ventas de concentrados hasta los 60 millones debían abonar el 1% de regalías.

Así, las empresas mineras que operan en el Perú en el 2006 pagaron 116.4 millones dólares, mientras en Chile abonaron US$ 1,006.4 millones, esto es 8 veces más. En el 2007 durante el apogeo del boom minero en nuestro país pagaron 160 millones de dólares mientras en el vecino del sur abonaron 951 millones de dólares. En el 2009 en nuestro país se recaudaron por regalías 114 millones en tanto en Chile alcanzaron los 483 millones de dólares, esto representa cuatro veces más. Ver cuadro “Regalías Mineras Totales:Perú-Chile”.



A diferencia del Perú, en Chile las 103 empresas mineras que operan en dicho país abonan las regalías más conocidas como royalty. Al margen de las diferencias en su aplicación, y de los volúmenes exportados entre Perú y Chile, un factor explicativo que promueve la gran diferencia en los niveles recaudados, son los contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa que mantienen sobretodo las grandes mineras en el Perú; mediante estos contratos mineras como Yanacocha en Cajamarca, Cerro Verde en Arequipa, Antamina en Ancash y Barrick Misquichilca-Pierina en Ancash, además de Xstrata Tintaya en el Cusco, no abonan las regalías mineras. De allí que durante el boom minero en el Perú las regalías apenas sumaron los 627 millones de dólares.

En Chile el royalty en la gran minería que produce más de 40 mil toneladas de cobre fino por año según la tasa de rentabilidad operativa abona hasta un 4.5% como impuesto específico a la minería. A la tasa de rentabilidad operativa en Chile la denominan Margen Operacional Minero, que sería el equivalente del ratio utilidad operativa entre ingresos.

La propuesta del gobierno del señor presidente de Chile Sebastián Piñera, representante de la derecha moderna y miembro del Opus Dei, apunta a incrementar los ingresos del royalty, así, con una rentabilidad operativa de 50% y que no sobrepase el 55%, la tasa del impuesto sería del 13.5%, en el mismo sentido con una rentabilidad operativa del 45% y que no sobrepase el 50%, la tasa del impuesto sería del 12 % etc.

Menciono tasas de rentabilidad operativa o margen operacional en Chile del 40% al 50% porque son las tasas de rentabilidad operativa normales que tiene la minería en el Perú que en la bonanza exportadora alcanzaron niveles superiores al 60% Evidentemente con precios del oro superiores a los 1,200 dólares la onza o del cobre por encima de los 3 dólares la libra se están obteniendo utilidades extraordinarias que no se comparten con el Estado.

Así, el 6 de mayo del 2010 el ejecutivo ha presentado una propuesta de modificación del royalty con el objetivo de incrementar los fondos fiscales para enfrentar las consecuencias de la tragedia provocada por el terremoto de febrero pasado. Estas nuevas imposiciones sobre el margen operacional minero se aplicarían por los dos primeros años y tienen como fin recaudar 700 millones adicionales a lo que recauda el royalty, es decir más 1,400 millones de dólares.

Si bien las nuevas tasas del royalty se aplicarán sobre todo al nuevo explotador minero que principie la explotación de uno o más proyectos mineros específicos con posterioridad al primero de enero de 2010, existe la voluntad política del gobierno de negociar mayores abonos por este concepto.

Chile y Australia están señalando el camino para aumentar la participación fiscal en la renta minera. Hemos demostrado que la misma en nuestro país es mínima, de cada 100 dólares de ingresos de exportación el fisco no obtiene ni 12 dólares por diversos conceptos. Si esta participación franciscana ha sido durante el llamado auge de los precios y boom minero, es el momento de aplicar un impuesto específico a la minería.

Así, sobre precios superiores a los 1,000 dólares la onza de oro el Estado debe captar por lo menos el 50% de la riqueza producida deducidos los costos, al igual que con precios mayores a los 3 dólares la libra de cobre, lo mismo que con precios por encima de los 15 dólares la onza de plata.

La actividad minera debe convertirse en una fuente de acumulación fiscal para compensar las externalidades negativas, los pasivos ambientales y la enorme pobreza de las regiones mineras. Solamente con responsabilidad tributaria, ambiental y social puede ser viable un modelo primario extractivo que debe dar paso a políticas de valor agregado de nuestros productos mineros. Pero esta es otra historia.

lunes, 24 de mayo de 2010

BOOM MINERO Y CANON POBRETÓN

IMPUESTO EXTRAORDINARIO A LAS SOBREGANANCIAS

Nuestro país se ha convertido en los últimos años en un centro de atracción mundial de la inversión minera pues seguimos promoviendo la actividad como en los inicios de los años noventa. Con un marco favorable al capital minero, con ventajas tributarias y una débil propensión impositiva, mínimos compromisos de inversión social, bajos costos de producción, altos costos ambientales a pesar de los esfuerzos de Osinergmin en la regulación ambiental.

Denomino a este modelo de crecimiento empobrecedor pues hace más grandes las diferencias entre la riqueza extraída y la riqueza que se redistribuye como impuesto a la renta y regalías mineras más el llamado aporte voluntario. Es decir, esta ley de la acumulación del capital se cumple con una férrea necesidad, a mayores ganancias mayor es la pobreza que se genera, y más profundos son los abismos entre los beneficiarios del capital minero, sus accionistas de afuera y adentro con los gerentes y sus trabajadores, en relación a la población del entorno minero, sobre todo las comunidades campesinas, y los ingresos fiscales.

Si se tiene presente que los proyectos de cobre resultan rentables en el largo plazo con precios promedios de US$ 1.15 la libra, y el oro con precios superiores a los 400 dólares la onza, la minería en el Perú está obteniendo utilidades extraordinarias que no están siendo compartidas con el Estado. No solamente por la insuficiencia del aporte voluntario por 500 millones de nuevos soles anuales en el período 2006-2010, sino también por la excepción en el abono de las regalías de parte del “cogollo minero”.

Las empresas Mra. Yanacocha, Mra. Antamina, Mra. Cerro Verde, Mra. Tintaya más Barrick Misquichilca-Pierina no pagan regalías. Aquí, el Estado ha dejado de percibir un mínimo de 600 millones de nuevos soles anuales desde el 2005, es decir por lo menos US $ 1,000 millones de dólares que tanta falta hacen para cuadrar las cuentas fiscales.

Se debe recordar que a inicios del año 2001 con precios menores a los 300 dólares la onza de oro, la Mra. Yanacocha y la Mra. Barrick Pierina obtenían utilidades con costos operativos menores a los 100 dólares. En el presente con precios del metal dorado por arriba a los 1,200 dólares la onza, el Estado debe captar parte de las “sobreganancias” con impuestos específicos y temporales a la minería de oro, plata y cobre.

Salvo el período de la crisis internacional octubre 2008 a junio 2009, en su conjunto las empresas mineras que operan en nuestro país, desde el 2004 a la fecha están obteniendo “sobreutilidades” que no están compartiendo con el propietario de los recursos naturales: El Estado a nombre de la Nación.

Esta realidad no puede seguir manteniéndose en razón de la misma gobernabilidad del país, la falta de recursos fiscales para financiar el presupuesto, las mayores demandas regionales, la necesidad de modernizar a nuestras fuerzas armadas para cuando se conozca el fallo del Tribunal Internacional de La Haya en el diferendo con Chile. Es decir, el Estado no está obteniendo la parte que le corresponde de la renta minera, y lo que existe es un patrón de acumulación minero favorable para el capital pero desigual para el Estado sea este central, regional y/o local.

UN INDICADOR: CANON VERSUS INGRESOS

Para evitar las fluctuaciones anuales de los ingresos que obtienen las empresas producto de las ventas al exterior, se considera las ventas acumuladas del 2004 al 2009, así por ejemplo la empresa de cobre Southern, que opera en los departamentos de Tacna y Moquegua, en ese período ha obtenido ingresos por ventas US$ 14,817 millones de dólares de las cuales más del 50% corresponden a sus utilidades.

En ese mismo sentido, para superar las dificultades en la forma de distribución del canon minero, se considera el acumulado del canon minero entre el 2004 al 2009, por departamento(s). Así, por ejemplo Tacna y Moquegua en el período mencionado percibieron en conjunto 1,252 millones de dólares por concepto de canon minero.

Si se tiene presente que el canon minero por definición legal corresponde al 50% del impuesto a la renta abonado por los titulares, se puede afirmar que su determinación está sujeta a una serie de deducciones que se cargan a los costos de producción, de venta, gastos administrativos y financieros, al margen de la capacidad empresarial de cargar a costos los llamados costos intangibles, la depreciación y amortización más los beneficios tributarios como “arrastre de pérdidas” y otros.

En tal sentido, la participación del canon minero percibido por Tacna y Moquegua en el período 2004-2009 representa el 8.4% de los ingresos que ha percibido la transnacional Southern Perú Copper Corp. Este porcentaje se incrementa un poco más si se considera el abono de regalías.

En segundo lugar, según el cuadro de referencia la participación más baja lo tiene el departamento de Huancavelica y Lima provincias que en su conjunto entre el 2004 al 2009 percibieron apenas 205 millones de dólares por concepto de canon minero lo que representa el 4.4% de los ingresos de las mineras que se mencionan en el cuadro: “Perú: Ingresos de las Principales Empresas Mineras por Departamento y la Participación del Canon Minero (2004-2009)”.

Así, importantes empresas mineras que operan en la sierra de Lima y Huancavelica como el grupo Buenaventura, Los Quenuales del grupo Glencore, Corona, Raura, Perubar y Mra. Castrovirreyna generaron en su conjunto ingresos del orden de los US $ 4,626 millones de dólares. Evidentemente los ingresos por minería serían superiores si se sumaran los ingresos de la pequeña minería, de la minería informal y artesanal, y la llamada minería no metálica como extracción de mármol, piedras de construcción y areneras etc. En consecuencia la participación del 4.4% del canon minero sería aun menor.

En tercer lugar, sirva el caso del departamento de Cajamarca donde opera la Mra. Yanacocha y recién desde el 2009 la Mra. Gold Fields. Solamente los ingresos de estas dos empresas mineras han generado ingresos del orden de US $ 9,543 millones en el período 2004 al 2009, gracias a los buenos precios del oro, con costos de producción menores a los 400 dólares la onza troy.

En ese mismo período el departamento de Cajamarca, sus gobiernos locales y regional más la universidad pública han obtenido por concepto de canon minero 577 millones de dólares, ello representa una participación del 6% en relación a los ingresos. Evidentemente esta realidad no se condice con los altos precios del oro que actualmente superan los 1,200 dólares la onza.

Es decir, el Estado no está captando las “sobreganancias” que la minera está obteniendo gracias a los precios del oro; estas utilidades extraordinarias no se explican por las mejoras tecnológicas, o a una mayor productividad del capital deben ser compartidas con el Estado. A ello debiera sumarse que la Mra. Yanacocha no abona las llamadas regalías mineras con lo cual la desigualdad en la distribución de la renta minera a favor del capital minero se profundiza.

En verdad, si se consideran el total de los ingresos generados por la minería metálica y no metálica los recursos del canon minero resultan mínimos como participación de los ingresos, ello se agrava por los ingresos no declarados de la minería informal, como expresión de un modelo de acumulación que no redistribuye con equidad la renta minera. De allí la necesidad de aplicar un impuesto extraordinario a las utilidades extraordinarias.

IMPUESTO EXTRAORDINARIO

En el 2006 sostenía la tesis de la inconveniencia del impuesto extraordinario a las ganancias extraordinarias por razones técnicas y económicas. Me parecía que hacer diferencias en función de la rentabilidad en materia tributaria era un error. Si todas las empresas pagan la tasa del 30% de impuesto a la renta más un 2% si adopta un contrato de estabilidad tributaria me parecía antitécnico gravar a un sector por el exceso de utilidades.

Al mismo tiempo sostenía la tesis respecto al abono de regalías mineras fijadas como una contraprestación aplicadas sobre el valor del concentrado como la forma razonable de participar de la renta minera; mas el tiempo me ha demostrado que los montos captados por el fisco por regalías mineras resultan mínimos a lo sumo llegaron a los 500 millones de nuevos soles en el mejor año 2007 luego disminuyen dramáticamente y las grandes mineras están blindadas por los contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa herencia de las políticas económicas de los noventa.

La ley de regalías mineras como concepto teórico debía compensar a la Nación la explotación de un recurso natural no renovable, y por los valores obtenidos desde el 2005 al 2009 no existe correspondencia entre la riqueza creada y lo que percibe el Estado por este concepto, con el agravante que muchas empresas mineras asumen el abono de regalías como un asunto privado.

Por ello, seriamente se debe considerar la aplicación del impuesto extraordinario a las “sobreutilidades” mineras. El riesgo que no venga la inversión privada resulta subalterno. Es tan grande la renta minera que se obtiene en el país, y tan desigual su distribución que un impuesto temporal y extraordinario puede ser asumido con creces por el sector minero. Se requiere la necesaria voluntad política “sin arreglos bajo mesa” para imponer la soberanía del Estado sobre los recursos naturales.

Sea cual fuere el próximo gobierno estará en agenda la aplicación del impuesto extraordinario a las “sobreganancias” para incrementar los ingresos fiscales pues resulta un imperativo nacional. El ejemplo de países mineros del primer mundo como Australia con un impuesto extraordinario de una tasa del 40% a las utilidades extraordinarias, o el camino chileno de captar más de 1,200 millones de dólares por concepto del impuesto extraordinario a la minería para financiar la reconstrucción del país, coloca el tema en agenda.

Evidentemente los dinosaurios de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía desplegarán todos sus esfuerzos para minimizar y desprestigiar la propuesta como lo hicieron con los proyectos de regalías mineras recreando fantasmas sobre el retiro de la inversión a terceros países, en especial hacia Chile, que era un sobrecosto, que la minería entraría en crisis. Nada de esto era cierto y en el período 2004-2009 han tenido las más importantes ganancias de la historia republicana, y los ingresos fiscales siguen languideciendo.

Por ello, por la propia sobrevivencia del modelo de acumulación minero que concentra la riqueza por un lado, pero que genera una mayor pobreza para la población, con altos costos ambientales, y débil eslabonamiento industrial, resulta de necesidad pública aplicar un impuesto específico y temporal a las sobreutilidades que están obteniendo las empresas mineras.

Para poder visualizar el cuadro: "Perú: Ingresos de las Principales Mineras por Departamento y la Participación del Canon Minero (2004-2009)" entre al siguiente enlace:

http://www.mancozaconetti.com/index.php?option=com_content&view=article&id=201:boom-minero-y-canon-pobreton&catid=1:catmineria&Itemid=7

lunes, 17 de mayo de 2010

GAS DEL LOTE 56: PERNICIOSA EXPORTACIÓN

SI VAS PARA CHILE
A diferencia de destacados profesionales y líderes de opinión siempre he sostenido la posición que el problema con el gas del “Gran Camisea”, lote 88, lote 56, lote 57, lote 58, no es un tema de reservas de gas natural. En lo fundamental el cuello de botella es la débil actividad exploratoria que se mide por el número de pozos exploratorios, que conllevan riesgo geológico y económico. Por ello, las empresas del Consorcio Camisea que son accionistas de los lotes 88 y 56 están explotando las reservas de gas y líquidos de gas natural, reinyectando más de 700 millones de pies cúbicos diarios. Se debe tener presente que dichas reservas fueron descubiertas en el pasado por la transnacional Shell y devueltas al Estado peruano según lo estipulaba el contrato firmado.

Se debe recordar que en los años ochenta cuando se negociaba el llamado “Acuerdo de Bases PetroPerú-Shell”, los cuatro lotes en referencia estaban englobados en lo que se denominaban respectivamente lotes 38 y 42. Es más, en ese entonces en el antiguo lote 42, hoy reconocido como lote 88, solamente en las estructuras de San Martín/Segakiato y Cashiariari/Armihuari, la transnacional holandesa Shell con una inversión de casi 200 millones de dólares estimaba “las reservas “in situ” en doce billones de pies cúbicos de gas y seiscientos cincuenta (650) millones de barriles de GLP y condensados”. Por tanto, con un factor de recuperación de 75%, las reservas de gas superaban los 9 billones de pies cúbicos o trillones según la nomenclatura que se adopte, con la información correspondiente a 1988.

Es decir, como no hubo acuerdo entre la transnacional holandesa con el Estado, los lotes con las reservas probadas, probables y posibles más la infraestructura revertieron al país, el lote 88 en julio de 1998 y el lote 56 en el 2000. De allí, que una posición moderna que preserva el interés nacional debe sustentar la tesis que las reservas de los lotes 88 y 56 deben estar destinadas al mercado interno para que nuestro país tenga seguridad y la autonomía energética en el largo plazo, con una integración regional energética con gaseoductos hacia el sur (Tacna) y hacia el norte (Piura), a precios razonables que otorgue competitividad a nuestras industrias con un consumo eficiente, apostando por políticas de valor agregado como la petroquímica básica, intermedia y avanzada.

Para PerúPetro el organismo promotor de la inversión y supervisión de los contratos de hidrocarburos, existiría un potencial superior a los 37 TCF (trillones de pies cúbicos en la nomenclatura inglesa, que corresponden a los billones nuestros). El respaldo sería el factor de éxito que tienen las perforaciones en las diferentes estructuras de lo que fueron los antiguos lotes 38 y 42. Así por ejemplo Repsol/YPF en el año 2007 perforó en el lote 57 un pozo y encontró reservas estimadas conservadoramente en 2 TCF. En esa misma línea la petrolera estatal del Brasil Petrobrás en el 2009 perforó un pozo exploratorio en el lote 58 encontrando reservas de gas que podrían estimarse sobre los 5 TCF, que serían reconfirmadas con los dos pozos adicionales que se darían a conocer en el presente año.

MÁS EXPLORACIONES

El gobierno actual con el Presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros y el ministro del sector anestesiaron a los presidentes regionales del sur con las cifras de inversión y las reservas probadas y reservas certificadas. Como trajinados políticos expresaron que actualmente existen más de 15 TCF (Trillones de pies cúbicos) que serían más que suficientes para asegurar el mercado interno por más de 18 años y al mismo tiempo respetar el contrato de exportación de Perú LNG que comprometen un poco más de 4.2 trillones de pies cúbicos, es decir, se garantiza el proyecto de Repsol/YPF con Hunt Oil básicamente. Agréguese a ello la oportuna seguridad de Petrobrás de abastecer el Gaseoducto Andino del Sur con las reservas del lote 58.

Es más, como parte de los acuerdos de agosto del 2009 entre el gobierno y las empresas del Consorcio Camisea se asumieron compromisos para realizar 12 perforaciones exploratorias con riesgo calculado entre el 2010-2014. Así, mediante la Carta Pluspetrol Perú Corporation-CO-09-0334-GOB se adoptaron acuerdos para perforar 6 pozos en el lote 56 (Consorcio Camisea), 3 pozos en el lote 57 (Repsol/YPF), a ello debieran sumarse los 3 pozos del lote 58 bajo responsabilidad de Petrobrás, con inversiones superiores a los 415 millones.

También como parte de las negociaciones se asumió que las exportaciones de gas licuefactado del lote 56 que se inician en junio próximo no debieran comprometer las reservas del gas del lote 88 hasta el 2014. De allí, que de confirmarse mayores reservas en el lote 56 como producto de la fuerte actividad exploratoria se liberaría del compromiso de exportación los 2 TCF del lote 88 que se “arreglaron” artificialmente en diciembre del 2005 para otorgarle sustentabilidad al proyecto de exportación.

Por tanto, con estos antecedentes se presume con un alto grado de confianza que se encuentren mayores volúmenes de gas y líquidos, de allí que el argumento de la insuficiencia de gas natural para el mercado interno quedaría desairado. En cambio, lo que debiera interesar como país son las condiciones de abastecimiento del mercado interno con los contratos vigentes, es decir, los precios regulados que debieran tener las reservas de los lotes 88 y 56 si estuviesen destinados al mercado interno frente a los “precios de mercado” del gas proveniente de los lotes 57 y 58 que abonarán regalías del 5%.

¿QUÉ RENEGOCIAR?

Evidentemente si en el Ministerio de Energía y Minas durante la gestión del sr. Jaime Quijandría durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo, se hubiesen reconocido las reservas del lote 56 descubiertas por la Shell, más de 2 TCF y más de 230 millones de barriles de condensados como reservas probadas, todo proyecto de exportación tendría que asegurar prioritariamente el mercado interno. Es más, hasta ahora resulta toda una “incógnita” como PerúPetro pudo promover un contrato de exportación en el 2004 con las autodenominadas “reservas probables” del lote 56. Esto no ocurriría en ninguna parte del mundo.

Si PerúPetro hubiese convocado a una subasta internacional y no entregarlas directamente mediante negociación directa al mismo Consorcio Camisea las reservas probadas del lote 56 se hubiesen pactado con mejores condiciones en cuanto precios y regalías, asegurando para el país un mayor grado de confianza y estabilidad.

Desde nuestro punto de vista este es el problema fundamental. El proyecto de exportación del Consorcio Perú LNG (Repsol/YPF, Hunt Oil, SK de Corea y Marubeni) compromete las reservas de gas del lote 56 estimadas en 2.66 TCF, con el agravante que para darle sostenibilidad al proyecto de exportación se realizaron una serie de cambios legales, “todo un cambalache” para que más de 2 TCF del lote 88 refuercen el proyecto de exportación. Lamentablemente nada de esto se quiere debatir en el Congreso de la República a pesar que existen importantes Informes de Investigación sobre estos lesivos contratos de parte de congresistas como el de José Carrasco Távara del partido de gobierno (APRA) como informe mayoría y el de Fredy Serna de la oposición como minoría, para discutirse en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.

Como país debieran interesar los precios del gas de exportación pactados en infames contratos con mínimas regalías para el fisco. Así, no resulta razonable que en el país el gas natural del lote 88 tenga un precio de US$ 1.79 por millón de BTU para la generación eléctrica abonando una tasa de regalía de 37.24% (aproximadamente 0.66 centavos como regalía), frente a un precio de exportación considerado para al Estado de menos de US$ 0.53 centavos por millón de BTU con una regalía de 38% (aproximadamente 0.20 centavos como regalía).

Es decir, el precio del gas natural de exportación y las regalías serán menores a los precios vigentes en el mercado interno, lo que reproduce un patrón colonial de exportación de tipo mercantilista: “compra barato y vende caro”

Con la información correspondiente se tiene el conocimiento que la Planta de Manzanillo en México estará operativa recién en el último trimestre del 2011, por tanto la exportación del gas de Pampa Melchorita hacia Norteamérica no será posible, de allí que los 620 millones de pies cúbicos diarios que le “pertenecen” al Consocio Perú LNG, que tiene como responsable de la exportación a la transnacional Repsol/YPF, tendrá mercados alternativos, y existe la fuerte presunción que la Planta de Quinteros está esperando ansiosamente dicho gas, pues los precios que está pagando Chile son precios de necesidad que están por encima de los US$ 10 dólares el millón de BTU.

Si bien en el pasado reciente el máximo representante de Repsol/YPF firmó una carta de compromiso con el ex ministro de Energía y Minas Juan Valdivia de no exportar el gas de Camisea hacia el vecino del sur por los problemas de delimitación marítima que tenemos con dicho país, la tentación es muy fuerte. Los precios del marcador para Norteamérica como el Henry Hub están deprimidos alrededor de los US 4.70 dólares el millón de BTU, y en Chile por la creciente demanda de energía se está pagando más de US$ 10 dólares el millón por BTU. Por tanto, resultaría natural que el mercado chileno por la cercanía y disponibilidad de sus dos plantas regasificadoras, es decir que convierten el gas líquido en gas gaseoso, recepcionen el gas del lote 56.

Debemos suponer que parte de las conversaciones sostenidas entre los presidentes del Perú y Chile en España tengan en su agenda la cuestionada integración energética con el vecino del sur. Si bien, nuestro país tiene importantes reservas de gas natural en el subsuelo que las empresas transnacionales irán “descubriendo” en función de la rentabilidad y los precios vigentes en el mercado. Por ello, debo insistir que nuestro problema no está en relación a los volúmenes de reservas sino al uso, destino y usufructo de los recursos naturales como el gas natural del Gran Camisea. Es decir, el problema fundamental es la soberanía de la Nación sobre los hidrocarburos.

Por ello, cualquier proyecto exportador debiera sustentarse en las reservas descubiertas por los propios interesados. En tal sentido, si a Repsol/YPF y Petrobrás les resulta rentable exportar el gas del lote 57 hacia México u otro país tienen el respaldo de la ley de hidrocarburos. En tal sentido, siempre hemos sostenido que el proyecto exportador del Consorcio Perú LNG (Repsol/YPF, Hunt Oil, SK de Corea y Marubeni de Japón) debe caminar con sus propias reservas descubiertas, y las irregularidades contractuales debieran ser materia de revisión que auspicien una renegociación, a pesar de las afirmaciones del Presidente de la República en defensa del contrato de exportación. De no hacerlo así, el fantasma de Evo Morales estará reptando en el sur del Perú incendiando las praderas con el candidato del Nacionalismo Ollanta Humala a la vanguardia.

lunes, 10 de mayo de 2010

Dinos, Alan: ¿Camisea o coimasea?*

Escribe: Javier Diez Canseco

Hace menos de un año, en el mensaje de fiestas patrias, García calificó el manejo del gas de Camisea como un delito. Fue taxativo ante el Congreso: “Lo que sí deberán investigar el Ministerio Público y el Poder Judicial es por qué antes (con Toledo, PPK y Quijandría), sacrificando y entregando el mercado nacional, se cambiaron las leyes con normas de menor jerarquía, lo que constituye un delito”. ¿Para qué se cambiaron? Para favorecer a un consorcio exportador y perjudicar al país, ¿no?

Hoy, en un parto atrasado y sin mover un dedo para investigar y sancionar lo que reclamó para las galerías, García es cómplice de la maniobra antiperuana. No solamente no ha investigado, tampoco ha sentado a la mesa de negociaciones al consorcio extranjero para restituir el contrato inicial del 2000 y las normas legales vigentes en lugar de las normas 2005 y el contrato “trucho” del 2006. Peor aún, cuando se evidencia que el consorcio exportador no podría usar el gasoducto existente para sacar el gas del lote 56 –porque es de uso exclusivo del lote 88 por 10 años– y debiera imponer esa condición contractual, respalda al ministro tinterillo Pedro Sánchez y se limpia con el informe legal encargado al Estudio Payet-Rey-Cauvi para avalar la exportación del gas más barato con que cuenta el Perú, abandonar a su suerte el ducto del macrosur peruano junto al polo petroquímico, y eliminar nuestra seguridad energética en un escenario de alza de los combustibles a nivel mundial.

García, un reputado técnico en el tema, dice que “mienten quienes dicen que el Perú está sacrificando su consumo y que se va a quedar sin gas (para su mercado interno) debido a las exportaciones…”. ¿Ah sí? ¿Mienten el Ing. Herrera Descalzi, Humberto Campodónico, Manco Zaconetti, Juan Inchaústegui y muchos más? Cuidado con la nariz, Pinocho.

¿No ha negado gas el Consorcio de Camisea a empresas eléctricas e industriales peruanas que han pedido abastecimiento? ¿No es verdad que, salvo en Lima, casi no se usa gas para el transporte y que el consumo domiciliario es ridículamente pequeño porque priorizan exportar y no alcanza? ¿No es cierto que el lote 56 (del que podrían exportar) solo tiene 1.94 billones de pies cúbicos probados y necesitan 6.85 para exportar? ¿No quieren usar el gas del lote 88 (6.85bpc) que es exclusivo para mercado interno?

¿No es verdad que casi un 47% del gas de Camisea se exportaría? ¿Acaso Kuntur no inicia el ducto macrosur porque no hay garantía de volumen de abastecimiento? Peor aún, ¿no es cierto que ningún otro gas será tan barato como el de Camisea, pues no nos costó la exploración que hizo Shell por casi US$ 600 millones, y lo devolvió sin costo alguno al Perú (para que PPK –con Quijandría y Toledo– lo “regalara” a su empleador Hunt Oil y este hiciera con otros un fabuloso negocio)? ¿Ya olvidó las trapacerías en las normas que denunció en julio 2009? ¿O solo fue un amago ante el toledismo y preparar el terreno para un “cómo es, cuánto hay” con el consorcio exportador para darle el pase?

El Perú recibiría miserables US$ 0.16 centavos por millón de BTU que se venda a U$ 4, cuando para colmo el precio que paga Chile hoy es de US $10. ¿No es esto inaceptable?

No se puede permitir esta nueva burla antiperuana de García y su banda. Menos aún el macrosur que sería el más afectado. Tampoco los trabajadores, las amas de casa y los estudiantes golpeados por el alza de pasajes, alimentos, electricidad y del costo de vida que nos golpea. Arequipa ya está en movimiento y Tacna también. Sin duda estarán Cusco, Puno y Moquegua; todo el país. Y es que es hora de frenar a la banda que maneja el país (como vemos en Cofopri, petroaudios o Camisea) para devolver el Perú a los peruanos. Con su política de complicidad en la exportación ilegítima y trucha… solo México avanza. La banda de García debe entender que el Gas de Camisea ya tiene dueño: ¡el Perú!

(*) Publicado: La República, Año 29, Edición: Nº 10,357
El día Lunes 10 de Mayo del 2010

sábado, 8 de mayo de 2010

PETROQUÍMICA CON CAMISEA LOTE 88

Mayor Valor Agregado Frente A Exportación De Gas

La evidente preocupación sobre el destino del gas natural licuefactado proveniente del lote 56 en un cuestionado contrato de exportación firmado en el 2004, las onerosas condiciones fiscales con mínimas regalías y precios del gas menores a los vigentes en el mercado interno, las posibilidades de abastecimiento de este hidrocarburo para el Gaseoducto Andino del Sur, está recreando una coyuntura de imprevisibles consecuencias políticas y sociales que afectarán la gobernabilidad del país “ad portas” de las elecciones regionales y generales, dejando en un segundo plano el desarrollo de la petroquímica.

Es más, el expreso apoyo del Presidente de la República al proyecto de exportación con la justificación oficial que sí existen reservas suficientes para el mercado interno y para cumplir con el contrato de exportación, en flagrante contradicción con el discurso de las fiestas patrias del 2009, exacerba los ánimos de la oposición, ante un gobierno corroído por la corrupción que como la gangrena se expande afectando al partido del gobierno y la administración estatal.

En esta coyuntura se están preparando los “tambores de guerra” para movilizaciones regionales y cívicas con “lavadas de banderas” en diferentes ciudades del país en una resistencia ciudadana ante una exportación dolosa del gas. Como consecuencia, estos hechos han opacado la presentación del ministro de Energía y Minas el 4 de mayo pasado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, donde se expuso sobre la problemática de “Autorizaciones y estudios ambientales para la instalación de Plantas Petroquímicas” que se instalarán en el departamento de Ica, procesando el gas natural de Camisea proveniente del lote 88 con importantes inversiones superiores a los 3,150 millones de dólares.

Creemos que la pronta puesta en marcha de las plantas de petroquímica señala un hecho de importancia fundamental en la historia económica del Perú. Se traza el camino que tendrían que recorrer otras ramas productivas en nuestro país, para alcanzar el desarrollo económico con la transformación industrial de las materias primas como el gas natural para producir urea, amoníaco, nitrato de amonio. Este ejemplo debe ser promovido e imitado con los productos mineros que determinan más del 60% de los ingresos de exportación.

En tal sentido, frente a una dolosa exportación del gas natural del lote 56, la inversión petroquímica constituye un salto cualitativo en nuestro país, pues estamos transformando las materias primas, en productos de mayor valor agregado con consecuencias positivas para la región y el país con la posibilidad de convertirnos en exportadores de urea y nitratos de amonio. Es decir, estamos capitalizando el Perú con más inversiones, transformación industrial, más empleo directo e indirecto, mayores ingresos fiscales en razón que las regalías del gas para la petroquímica abonan montos superiores a los 4 dólares por millón de BTU en una escala variable en función del precio internacional de la urea, más impuestos y efectos colaterales al conjunto de la economía.

INVERSIONES EN PETROQUÍMICA BÁSICA

El mayor valor agregado al gas natural proveniente de Camisea lote 88, con la industria petroquímica básica, sustituirá las importaciones de urea y de nitratos de amonio, lo que permitirá alcanzar la autonomía en materia de fertilizantes (urea y nitrato de amonio) y en los explosivos a partir del insumo principal como son los nitratos de amonio. Es decir, de importadores de fertilizantes se transitará a la exportación de estos productos en esta parte del hemisferio.

Estas inversiones en las Plantas de Petroquímicas tendrán un efecto dinámico en un departamento golpeado por el terremoto del 15 de agosto del 2007 como Ica, que no solamente tendrá el liderazgo en la exportación agroindustrial sino también en los productos petroquímicos. Al respecto ver el cuadro sobre las inversiones en petroquímica.

Las inversiones petroquímicas serán superiores a los 3,150 millones de dólares (CF Industries en Marcona US$ 2,000 millones, Nitratos del Perú US$ 650 millones en Paracas y de Orica Nitratos en Marcona por US$ 500 millones), es decir las inversiones serán equivalentes a las realizadas en el proyecto exportador de Perú LNG. Esto debiera significar un efecto positivo en el empleo directo e indirecto por más 11,000 puestos de trabajo, solamente en la etapa de construcción serán necesarios más de 8,600 empleos al margen de los efectos colaterales.

Con la producción interna de urea generada en el distrito de Marcona por la empresa norteamericana CF Industries, utilizando 99 millones de pies cúbicos diarios de gas proveniente del lote 88, se alcanzará una producción anual de 1,350,000 TM de urea, es decir un millón trescientos cincuenta mil toneladas, con lo cual se cubrirá el consumo proyectado de urea en el 2012 estimado en 736,342 toneladas, y de lejos se cubre el consumo del 2009 que alcanzó las 425 mil toneladas. Es decir, habrá un margen de 600 mil a 900 mil toneladas anuales que podrán exportarse a nuestros vecinos de Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia que son deficitarios en este fertilizante. Ver cuadro “Camisea: Petroquímica Básica”

Se debe tener presente que las importaciones de urea, abono fundamental para la agricultura, han sido crecientes en volumen y valor en los últimos años, provenientes básicamente de la ex república socialista de Ucrania. Así, en el 2008 las importaciones alcanzaron los 153 millones de dólares con 277 mil toneladas, sin embargo en el 2009 se importaron 425 mil toneladas por un valor de 122 millones de dólares. Es decir, las importaciones en volumen se incrementaron en un 53% entre el 2008 y el 2009, pero en términos de valor disminuyeron en razón de los menores precios del petróleo internacional y la crisis financiera internacional.

NITRATOS DEL PERÚ

Evidentemente existe una fuerte sensibilidad por la presencia de capitales chilenos del grupo Sigdo Koppers con un 49% de las acciones asociados con el grupo Brescia que tiene el 51% de las acciones en la empresa Nitratos del Perú que asume compromisos de inversión por más de 650 millones de dólares. Se debe reconocer que existe una sinergia en esta asociación de los capitales del grupo Brescia, que en agosto del 2009 compró al grupo Lafargue, una de las más importantes empresas cementeras de Chile, adquiriendo el 84.2 % de las acciones pagando más de 555 millones de dólares por Cementos Melón. Con las inversiones en la reconstrucción del país del sur las acciones de esta cementera se han valorizado más, acelerando la recuperación del capital

La presencia de Nitratos del Perú posibilitará que un país minero por excelencia como el nuestro con una dinámica actividad exploratoria, alcance la autonomía en la producción de nitratos de amonio, producto necesario como insumo en la fabricación de explosivos; y también es utilizado como fertilizante en la agricultura. Donde los volúmenes importados por año están alrededor de las 300 mil toneladas de nitrato de amonio con valores de importación promedio sobre los 100 millones de dólares anuales.

Se estima que con la utilización de 72 millones de pies cúbicos diarios del gas proveniente del lote 57 (Repsol/YPF 53.84% y Petrobrás 46.16%) se producirá un estimado de 371 mil toneladas de nitrato de amonio por año el cual cubriría el mercado interno que en el 2009 requirió 272 mil toneladas y restaría un excedente exportable.

Sin embargo, existe una triple preocupación respecto a la instalación de la empresa Nitratos del Perú. La primera tiene que ver con la ubicación física de la empresa en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Paracas donde existen una serie de empresas industriales pesqueras más la Planta de Fraccionamiento del Consorcio Camisea sumándose otras empresas instaladas de años atrás. De allí la importancia del levantamiento a las observaciones planteadas por representantes de la sociedad civil al Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa ante el Ministerio de Energía y Minas y otras entidades.

La segunda atingencia está en relación a la antigüedad de la maquinaria y equipo que según la ley de promoción de la inversión petroquímica debía ser nueva. Sin embargo, el reglamento de la ley aprobada por el Congreso de la República en el 2007 entendió la naturaleza de lo nuevo como “equipo sin uso o poco uso”, con lo cual Nitratos del Perú podría instalar maquinaria con más de 15 años de antigüedad, ello genera preocupación y suspicacias sobre todo en la población de pescadores artesanales sobre posibles efectos ambientales negativos.

Como descargo, el Gerente del Proyecto de Nitratos del Perú Pedro Calmell del Solar Varisco señalaba que: “Los equipos de control, el sistema eléctrico y el reformador primario, que es el “corazón” de una planta de amoniaco, serán totalmente nuevos. Solo este último, responsable del 95% de las emisiones, puede llegar a costar alrededor de US$ 45 millones
.
En general, todos los equipos deben estar certificados para trabajar mínimo 20 años. Además todos los equipos pasarán no solo por un proceso de inspección en base a normas peruanas, sino también por parámetros internacionales, ya que el proyecto será fiscalizado por el Banco Mundial.”
(Diario Gestión, 19 abril de 2010.)

Ello significaría que habría una doble fiscalización, una de parte de Osinergmin organismo regulador en el sector de la energía y otra del Banco Mundial. Sin embargo se debe recordar que el brazo financiero del Banco Mundial (el IFC) es accionista de la empresa Mra. Yanacocha con un 5% del capital, y resultan conocidos todos los problemas ambientales y sociales que tiene la minera en Cajamarca, conflictos que alcanzaron en la tragedia de Choropampa su máxima expresión.

Por último, a las legítimas preocupaciones ambientales planteadas por la población de Pisco, en especial del distrito de San Andrés, distrito pescador por excelencia, con observaciones que debieran ser resueltas por la empresa Nitratos del Perú, interesa al país tener la mayor transparencia sobre las relaciones que pudieran tener los capitales chilenos de Sigdo Koppers con las fuerzas armadas de su país. Resueltas estas interrogantes esperamos este salto cualitativo de la transformación del gas natural del gran Camisea en fertilizantes como la urea y nitrato de amonio, con insumos industriales como el amoníaco y ácido nítrico que podrán ser utilizados por otras industrias. La petroquímica está señalando el camino del desarrollo interno antes que la exportación.







viernes, 7 de mayo de 2010

LA VERDAD SEGÚN DANIEL SABA

Esta es una entrevista importante que hace la revista Caretas al Presidente del Directorio Ing. Daniel Saba sobre lo que hemos llamado las “secuelas de los petroaudios”, donde por vez primera el mencionado habla claro sobre quién estaría y las razones que tendrían los accionistas y funcionarios de Petro Tech, Kallop, Varillas, Gadea para cuestionar la gestión de Daniel Saba en PerúPetro, con amenazas de por medio. En verdad, tenemos que coincidir con los duros calificativos hacia una empresa que en la práctica desde 1994 hasta el 2009 explotó indebidamente las reservas del lote Z-2B frente a Talara.

La entrevista plantea una serie de interrogantes sobre la permanencia de algunos funcionarios que tuvieron “guantes de seda” con una empresa de malas prácticas que no solamente han sido premiados en la presente gestión ocupando altos cargos directivos al interior de PerúPetro. Ello plantea la urgente necesidad de fortalecer a esta empresa estatal, desde el nombramiento de su directorio donde en esta gestión como en la anterior ha tenido directores que no han estado a la altura de las responsabilidades. En tal sentido el nombramiento de A. Químper es absoluta responsabilidad del Presidente de la República.

En el mismo sentido, las exigencias sobre el cumplimiento contractual de PerúPetro si bien constituye un mérito de la gestión de Saba no debiera olvidarse el papel de la prensa y opinión crítica que siempre cuestionó los aspectos dolosos, las irregularidades de Petro Tech que fueron desplegadas ha vista y paciencia del organismo que supuestamente debía fiscalizar y supervisar el contrato.

Sin embargo, todo ello no disminuye un ápice la responsabilidad que tiene la actual dirección de Perúpetro sobre el problema de las reservas probadas de gas natural del lote 88 y 56 para asegurar el abastecimiento del mercado interno, en un cumplimiento estricto de los contratos firmados. A pesar de ello la entrevista presenta una visión de parte.

JMZ
‘Kallop No Tiene Escrúpulos’
Daniel Saba de Perúpetro no se guarda nada sobre el posible origen de los “petroaudios”.

Daniel Saba de Perúpetro ofreció la semana pasada declaraciones exclusivas a CARETAS. La breve entrevista se hizo en plena madrugada de edición, apenas aterrizó de un viaje por China y Corea del Sur. Pero las explosivas revelaciones que hizo durante un diálogo más extenso ameritan la siguiente publicación.

Usted ha dado a entender que sospechaba de Petro-Tech como la empresa que estaba detrás de los “petroaudios”. ¿Qué le molestaba a ellos de Perupetro?
Era todo junto, porque la empresa estaba en venta pero en US$ 2 mil millones, y termina vendiéndose en US$ 900 millones. El negocio se cae de una manera importante. Hay otro detalle, cuando se hizo el pago se retuvo US$ 150 millones por contingencias que pueda haber. Supongo que de encontrarse que Petro-Tech estaba detrás del chuponeo ese dinero tendría que pasar al Estado peruano. Lo peor que les puede pasar a ellos es que una persona que no está tachada por nadie, como era yo, los acuse. Como decía Camus, solo cuando todos seamos culpables habrá democracia. Es la democracia que les gusta a ellos, me tienen que culpar de algo para que yo esté en su mismo nivel. Se trata de enlodar a todo el mundo y lo hacen con los audios, solo que se está poniendo más patético porque este asunto (que lo involucra con Julio Vera Gutiérrez y Jorge del Castillo) no tiene ni pies ni cabeza.

¿Cuál era la relación de Perúpetro con Petro-Tech antes que usted llegara a la entidad?
Para los que están vinculados al mundo del petróleo lo de Petro-Tech no era ningún misterio. Todos sabían que hacían lo que les daba la gana, desde su misma creación y cuando se adjudican el lote Z-2B allá en el 93. Hubo mucha gente muy vinculada a ellos, también vinculada al gobierno (de Fujimori), que ayudó a que esta empresa gane ese lote. En el período de Toledo hay una tolerancia especial. Lo de la planta de gas de PGP (Procesadora de Gas Pariñas) es una de las cosas más escandalosas que se ha dado en el Perú, porque era un robo directo al Estado. Le robaba sus hidrocarburos con la anuencia del Estado peruano. Cuando se inaugura esa planta donde se consuma el robo, van representantes del gobierno a festejar. Es una vergüenza, pues.

¿Cómo conoció a William Kallop?
Cuando entro a Perúpetro y se lanza el primer proceso de licitación, uno de los primeros viajes que hago es a Houston y allí Petro-Tech invita a toda la delegación peruana y a otras personas a una comida. A la salida de la comida, cuando me despedí de Kallop, me dijo con una sonrisa realmente mafiosa, “cualquier cosa que necesites me avisas”. Después fuimos viendo todas las cosas que se llevaban mal y empezamos a ajustarlos. Primero les cobramos el impuesto a las utilidades empresariales, que era un caso que ellos no querían ver, durante todo el gobierno de Toledo se habían negado sistemáticamente a pagar y la verdad sea dicha, Perúpetro tampoco cobraba con mucho entusiasmo. Después vino el tema de PGP. En los dos casos decíamos, “o lo solucionamos o te rescindo contrato”. La resolución de contrato implicaba un juicio previo, pero si eso sucedía no iban a vender. ¿Cómo vendían si eran una empresa que estaba en juicio con el Estado? Cuando le planteamos lo de PGP, una persona de Petro-Tech les dijo a los técnicos nuestros: “esta nos las pagan una por una” (Se hace referencia a la Dra Rosie Gadea funcionaria de confianza de Kallop), y parece que sabía de qué estaba hablando. Finalmente pagan lo de PGP e incluso se allanan a no reclamar más, pero después sale el escándalo de los petroaudios.

¿Lo de ahora sería una nueva vendetta?
O es una vendetta o es una protección para los US$ 150 millones, pero viniendo de esta gente no me extraña. Kallop es un sujeto sin mayores escrúpulos, es conocido por eso. No es de las personas que reparan en qué daño están haciendo. Él sigue adelante.

¿Lo volvió a ver después del evento de Houston?
Aquí, cuando le dijimos que íbamos a ir a juicio en el caso del impuesto a las utilidades, vino acá a plantear un arbitraje internacional. Se le dijo que se iba a consultar al directorio y ellos dijeron que no.

Ya le había ido bien en otro arbitraje muy cuestionado.
Ese es el otro caso típico de Kallop, poner a un presidente del directorio que venía de Petro-Tech en Perúpetro.

La sutileza no era su fuerte.
Es tejano, pues. Y, mira, cuando el directorio le dijo que no, el que más me apoyó en esa decisión fue Químper. Como había trabajado en Petro-Tech los conocía y creo que le habían quedado debiendo plata.

¿Cuál era el papel del abogado Alberto Varillas?
Era el representante legal.

¿Pero era solo un abogado?
No, mucho más que eso. Era algo así como el alter-ego de Kallop.

¿Qué declaró usted en el juicio del “chuponeo”?
Me llamaron como testigo y cuando me preguntaron quién creía que era, dije que Petro-Tech. Al otro día sale Giselle Giannotti diciendo que el lobbista Rómulo León está preso y los demás sueltos. ¿Quién le dicta lo que tiene que decir? Hay gente que trabajaba acá que ha estado metida en esto. No sé si recuerdas cuando (Fernando) Rospigliosi saca el documento del puntaje cero (la calificación que recibió Petro-Tech antes de asociarse con Petroperú) en la televisión, ese documento no lo tenía nadie, salió de Perúpetro. La persona de la que sospechaba ya no está en la empresa.

Hablemos de Alberto Quimper. En el audio parece que de alguna forma usted supiera que él trabajaba para los noruegos de Discover.
Cuando pasa lo del audio yo no sabía que Químper trabajaba para los noruegos, pero sí sabía que él los conocía a los noruegos, porque cualquier empresa que iba a Perúpetro con intención de invertir era conocida por los directores.

¿Con Petro-Tech corriendo solos en exploración de zócalo la competencia era bienvenida?
Claro, sobre todo de empresas que tuvieran una especialidad off shore y que pudieran ir más adentro. Petro-Tech está costa afuera pero muy cerca. Allí se sabe ya cuál es el potencial. A nosotros nos interesa saber cómo tiene Brasil, por ejemplo, qué es lo que hay adentro. No olvidemos que Discover Petroleum se adjudica áreas de las que no se tiene ninguna información. Con el nivel de conocimientos actuales lo más probable es que no haya nada y la inversión que se tiene que hacer en pozos profundos es enorme. No es un negocio seguro de ninguna manera.

¿Cuál ha sido el impacto de los “petroaudios” en el negocio?
La empresa Perúpetro quedó destrozada. Nadie quiso firmar un informe, ningún documento, un nivel de desmoralización terrible, y eso era algo que a empresas del tipo de Petro-Tech les convenía, porque ya no se fiscaliza. El trabajo que se ha tenido que hacer para recuperar la empresa ha sido muy arduo. Por eso que este lanzamiento de la licitación 2010 es todo un acontecimiento. No se lanza licitación en el 2009 porque la empresa estaba como estaba. No había quien quisiera formar una comisión.

¿Qué se va a licitar este año?
23 lotes en la selva y uno en la costa.

¿En que quedó la licitación de los petroaudios?
En punto muerto. Ellos (Savia, ex Petro-Tech, ahora propiedad de las estatales de Corea del Sur y Colombia) no han renunciado. Inclusive ahora que estuve en Corea me preguntaron cuándo les iban a dar los dos lotes que ganaron. Los noruegos siguen pagando su fianza de cumplimiento de palabra. Tampoco se puede disponer de esos lotes.

¿El que sigan pagando su fianza significa que tampoco quieren ir al choque?
Por lo que ha trascendido en el juzgado estarían dispuestos a hacerle juicio al Estado. No sé si será una bravata, pero supongo que estarían más contentos si se les devuelven sus lotes. Es una decisión política muy difícil y la pelota está en la cancha de Palacio.

¿Es usted amigo del Presidente?
Lo de amigo del Presidente es un exceso, tengo una relación con García de mucho respeto pero nunca hemos sido amigos. Ahora está circulando la versión de que somos amigos de niños y que hemos estudiado en el mismo colegio. Recién lo conocí en el 2001. Cuando llegó de Colombia reunió a un grupo de tres o cuatro personas para enterarse cómo estaba la situación del país y después no lo volví a ver hasta que me llamó. La amistad no existe.

Con los últimos audios se ha dado entender que hay un tráfico de influencias donde se beneficia el amigo del entonces primer ministro y usted fue presionado para ello.
No hubo ninguna presión de ningún tipo y el informe legal y técnico, necesario para que esto entre a directorio, fue anterior a las llamadas de Químper. No hay ninguna relación directa entre las llamadas y que esto entre a directorio; iba a entrar de todas maneras. Para que tenga efecto la aplicación de esta ley se necesita la aprobación del directorio de Perúpetro y un decreto supremo. Solo así el beneficio podía entrar en vigencia para la empresa, en este caso Petrolera Monterrico.

¿Entonces el lobby se tenía qué hacer en el Ministerio de Energía y Minas?
Por supuesto, pues.

Pero se puede pensar que después se haría el lobby con el MEM.
¿Entonces por qué no lo hicieron y el tema se quedó muerto? (el MEM rechazó el informe de Perúpetro que recién lo volvió a enviar al ministerio en junio de este año. El beneficio no se aprueba hasta hoy). ¿Allí había un aprista (Juan Valdivia) y Vera Gutiérrez le da un departamento de Del Castillo porque su trámite fue aprobado por el directorio de Perúpetro? ¿Es una satisfacción orgásmica el haber aprobado en Perúpetro? No entiendo, no tiene sentido. Tampoco quiero aparecer como abogado de Del Castillo porque no lo soy y con él tengo menos amistad que con García. No sé por qué han hecho la permuta pero no tiene relación con este caso. ¿Si por esto le dan un departamento entonces cuando salga el Decreto Supremo qué le darán? ¿Un avión?

¿Cuáles con las características del pozo de Vera Gutiérrez?
17 barriles diarios. Ahora ha subido un barril, están en 18. Por ese pozo no vale la pena ni tomarse un café. Para que un pozo sea decente, digamos, tendría que tener mil a mil 500 barriles.

¿Cuánto podría ganar este señor con el beneficio de la ley?
160 dólares diarios de regalías.

Dice que los técnicos habían aprobado ya el pase al directorio el tema de Monterrico. ¿Cuándo fue eso?
En marzo del 2007 se nombra a la comisión y el 1 de abril del 2008 dan su informe. Las llamadas de Químper son del 14 de abril de ese año. Yo particularmente estoy en contra de dar incentivos con precios altos pero la ley es la ley. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos para no cumplir una ley?

Se llama Ley de campos marginales porque los lotes del noreste estaban produciendo ya muy poco. El espíritu de esa ley era incentivar a los contratistas para que inviertan más y produzcan más en los lotes que prácticamente ya estaban agotados. Eso tiene sentido en un contexto de precios mucho más bajos, no tiene sentido en el contexto de precios más altos.

¿Usted estaba de acuerdo con el proyecto de ley presentado por José Carrasco Távara para extender los beneficios?
No estoy de acuerdo con ese ni con el otro proyecto que está ahora en el Congreso que se llama Segunda aplicación de la 28109, y nosotros allí hemos opinado en el Congreso que no. Con el precio a US$ 85 el contratista no necesita mayores incentivos para seguir trabajando.

¿Esta ley debería derogarse?
Ya se aplicó a todas las que podían beneficiarse. Era aplicable solo en los campos marginales de Talara.

¿Qué opinión le merece la secuencia de publicación de los audios?
El objetivo sigo siendo yo. No es solo la secuencia sino la manera como los presentan. Esto es un psicosocial que no es asunto de amateurs sino de profesionales. Primero el audio donde se escuchan las voces de los supuestos delincuentes, después música de Wagner de fondo que ya da qué pensar, y después termina y el locutor arremete diciendo “esto es un delito”. Al pobre televidente no le queda más que pensar que todos son unos delincuentes. Todo fue planificado por profesionales.

Fuente: Caretas Nº 2128
Fecha: 6 de Mayo del 2010

lunes, 3 de mayo de 2010

Perú: Verdades y Falacias de las Ofertas Públicas

Ventas de Gas Natural del Lote 57

En verdad, en nuestro país las cosas ocurren al revés en materia energética, como el cangrejo, pues en junio empezará la exportación del gas natural proveniente del lote 56 ya que se están llenando los tanques, y no se tiene asegurado el abastecimiento interno, a pesar de las modestas subastas del gas natural proveniente del lote 88. Existe un grave malestar social que puede derivar en mayores conflictos ahora que estamos en un ciclo político de elecciones regionales, con una evidente crisis en el partido de gobierno (APRA) carcomido por el cáncer de la corrupción.

Herederos desde el 2004 de un lesivo contrato de exportación donde participan las mismas empresas que son accionistas en el lote 88 y el lote 56 (Consorcio Camisea), en el transporte de gas (TGP) y la exportación (Consorcio Perú LNG), donde será uno de sus miembros, la transnacional española Repsol/YPF la responsable de exportar el gas licuefactado del lote 56 a partir de junio próximo a precios menores a los vigentes en el mercado interno. Es más, si las diferencias ya eran evidentes con los precios regulados del gas proveniente del lote 88, estas serán más altas con la vigencia del D.S. Nº 018-2010-EM norma promulgada por el gobierno el 6 de abril del presente año para ser aplicada ex profesamente con las reservas del lote 57.

Textualmente el artículo primero expresa que “Establézcase que a partir de la vigencia de la presente norma, los Productores de Gas Natural, una vez efectuada su declaración de descubrimiento comercial, deberán realizar ofertas públicas para la venta de Gas Natural de su propiedad”. Evidentemente el efecto económico más significativo serán los precios más altos para el gas natural proveniente del lote 57 que tiene como accionistas a Repsol/YPF (53.84%) y Petrobrás (46.16%).

Al respecto la única disposición transitoria señala que “El productor del lote 57 deberá realizar la oferta pública de los ciento cincuenta y cinco millones de pies cúbicos (155 MMPCD) de Gas Natural a que se comprometiera el Consorcio Camisea…” Es decir, se hace referencia al Plan de Acción presentado por el Consorcio al Ministerio de Energía y Minas con carta Nº PPC-CO-09-0334-GOB del 25 de agosto del 2009 mediante el cual PerúPetro renunció al estricto cumplimiento del contrato del lote 88, que aseguraba más de 2 trillones de pies cúbicos adicionales de gas natural para el mercado interno, lo cual hubiese significado poner a disposición del mercado interno mediante subasta no los modestos volúmenes de 80 MMPCD sino más de 280 millones de pies cúbicos diarios para un período de 20 años.

Es decir, las empresas eléctricas e industriales que operan en el mercado interno demandarán por el gas natural abonando “precios de competencia”, es decir pagarán precios más altos, lo cual sería conveniente para el fisco si las regalías del lote 57 fuesen del 37% y no de 5% como están establecidas en el contrato. Por tanto, ¡lo ancho para los privados y lo angosto para el Estado!

Sin embargo, la filosofía, naturaleza y los efectos del D.S. Nº 018-2010-EM debieran analizarse con mayor profundidad para resolver la encrucijada del sector energético de los próximos años. Para algunos voceros del sector empresarial este decreto lesiona con la ley de hidrocarburos respecto a la libre disponibilidad que tienen los contratistas con los hidrocarburos extraídos una vez abonadas las regalías al fisco. Es decir, con este decreto se estarían violentando los derechos de las empresas para disponer libremente de los hidrocarburos de su propiedad, lo cual podría tener consecuencias negativas para futuras inversiones.

Esta no deja de ser una cínica e interesada interpretación de las empresas pues el precio del gas natural del lote 57 será más alto respecto al precio regulado del lote 88 y mucho mayor al precio de boca de pozo del gas de exportación del lote 56 que fijado por la teoría del “Net Back Price” resultará una fracción respecto al gas del lote 57. Con el agravante de abonar una tasa entre el 5% al 20% de regalías si la producción alcanza volúmenes menores a los 100 mil barriles diarios de producción o su equivalente en millones de pies cúbicos.

En principio, desde hace tiempo hemos demandado superar la seria distorsión de los precios relativos del gas natural proveniente de Camisea lote 88 con precios regulados frente a otros energéticos. Con precios extremadamente bajos se abarata artificialmente los costos de producción de las generadoras eléctricas sobre todo de ciclo simple lo que determina un consumo irracional, y explica en parte la fuerte demanda insatisfecha de este energético de parte de algunas empresas eléctricas e industriales. Así, por ejemplo la subasta convocada por Pluspetrol Perú Corporation en el primer trimestre del año por 80 millones de pies cúbicos diarios ha demostrado que lo ofertado es absolutamente insatisfactorio.

En ese sentido la oferta pública significaría en teoría una intervención en el mecanismo de mercado por el cual se obliga a las empresas que necesitan gas a competir por el abastecimiento, y el precio reflejará “la escasez o abundancia relativa” del gas natural en la filosofía marginalista o neoclásica, lo cual obligaría a los consumidores a un consumo racional y a dotar a las empresas productoras el estímulo de mercado para descubrir más reservas en nuevos yacimientos.

Se supone que con precios más elevados fijados por el mercado no debiera reproducirse el “síndrome argentino” que teniendo importantes reservas de gas natural, y apostando a la exportación hacia Chile como negocio privado experimentó una crisis energética que hasta ahora no es superada. Así, por los precios regulados se desestimuló la inversión exploratoria como una forma de presionar en el tiempo al incremento de los precios del gas en el mercado interno. La lección de dicho país que de exportador en los años noventa vio colapsar su modelo exportador para priorizar el mercado interno al margen de los contratos privados firmados. Así, desde el 2004 importa crecientes volúmenes de gas natural desde Bolivia, con fuertes restricciones en su matriz energética.

En tal sentido, a mi parecer es correcta la intervención del Estado para promover “precios de mercado” mediante las ofertas públicas de gas natural para satisfacer la demanda insatisfecha. Ello debiera significar mayores ingresos y utilidades para los accionistas de las empresas. Sin embargo, si ello no va de mano con una agresiva actividad exploratoria para reponer las reservas consumidas ni con ganancias fiscales por medio de mayores regalías e impuestos para financiar el canon gasífero, estaríamos favoreciendo concretamente a dos empresas gigantes del sector de hidrocarburos: Repsol/YPF y Petrobrás, lo cual no resultaría consistente en el tiempo por la posibilidad de mayores conflictos sociales.

PROPUESTA

Por tanto, a nivel de propuesta sería conveniente para el país, para las propias empresas, las regiones y consumidores repensar estos planteamientos con la finalidad de asegurar el abastecimiento seguro a precios razonables del mercado interno, al margen de extremismos populistas y de los abusos de mercado de privilegiadas empresas:

1.- Extender los volúmenes de gas natural provenientes del lote 88 para el mercado interno mediante el proceso de ofertas públicas como un mecanismo de “sinceramiento” del precio del gas natural. Un precio extremadamente barato desincentiva la inversión exploratoria necesaria para reponer las reservas, distorsiona la inversión en otras fuentes energéticas, por ejemplo la construcción de centrales hídricas, y un precio excesivamente elevado resta competitividad a la industria y a la economía en general. El precio del gas natural Henry Hub vigente en Norteamérica es solamente un referente, el precio en Chile es un precio de necesidad.

2.- Se debe encontrar una salida de mercado para el gas natural licuefactado proveniente del lote 56 destinado a la exportación supuestamente hacia México por parte de Repsol/YPF. En la medida que la Planta Regasificadora de Manzanillo en México no estará operativa hasta fines del 2011, sería conveniente que parte de dichos volúmenes por lo menos 200 millones de pies cúbicos diarios sean comercializados en el mercado interno para cubrir la demanda real de las empresas mediante la metodología de ofertas públicas con una renegociación en las regalías a favor del fisco.

3.- Resulta inaceptable que se tengan que exportar las reservas de gas natural proveniente del lote 56 a precios menores a los vigentes en el mercado interno y pagar “precios de mercado” por el gas natural del lote 57 donde Repsol/YPF es el principal accionista. No tiene lógica exportar reservas de un lote como el 56 donde el Consorcio Camisea no asumió riesgos en la exploración, pues las reservas fueron descubiertas por la Shell hace más de 20 años al margen de las irregularidades contractuales.

A ello debiera agregarse el agravante que el gaseoducto en el tramo de la selva que utiliza indebidamente Perú LNG para la exportación ha sido financiado por todos los peruanos mediante la Garantía de Red Principal desde agosto del 2002. Este es un punto importante para renegociar mayores volúmenes para el mercado interno con el gas del lote 56.

4.- Se debe tener una política de precios coherente, razonable frente a fuentes energéticas de recursos naturales no renovables como el gas natural, donde existe una grave disparidad en los precios. Por un lado, los precios del gas asociado de los campos maduros de Talara que alcanzan hasta precios de 7 dólares el millón de BTU en una negociación entre productores y demandantes. Así, el gas natural húmedo que proviene del Z-2B (Savia Perú) se vende a los privados a 5.98 dólares el millón de BTU.

Se tienen además los precios regulados del gas 88 excesivamente baratos que para la generación eléctrica no superan los 1.76 dólares por millón de BTU en boca de pozo. El mismo precio regulado para el consumo industrial supera los 2.76 dólares por millón de BTU, y por último se tiene el precio para la petroquímica que está indexado a los precios internacionales de la úrea.

También existen los precios del gas para la exportación. Aquí, los precios son más bajos si se considera el precio para la fijación de regalías como el gas del lote 56 de exportación que se cotizan por debajo de los 0.63 centavos de dólar por millón de BTU. Por último, se tendrían los precios del gas natural provenientes de las subastas y ofertas públicas de gas natural que por ahora no conocemos su valor.

En verdad, con la fuerte presencia de empresas como Pluspetrol Camisea, y su empresa vinculada como Repsol/YPF, se constata un alto grado de concentración y poder de mercado donde debiera revisarse la teoría en la fijación de los precios del gas natural. En tal sentido, el Estado no puede ni debe renunciar a la titularidad sobre los recursos naturales, con el objetivo de asegurar el abastecimiento del mercado interno en el corto, mediano y largo plazo, con una energética regulación en y del mercado. De lo contrario Evo Morales está a la vuelta de la esquina.