lunes, 27 de junio de 2016

PPK Y SUS PROGRAMAS CON EL IGV Y EL ORO INFORMAL

PUBLICADO EN DIARIO UNO*  (26/06/2016)

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI 

No deja de ser una paradoja de la historia que un gobierno supuestamente nacionalista preocupado por “los de abajo” como se definía el presidente Humala en materia de política tributaria haya apostado por una disminución de la tasa del impuesto a la renta, mientras PPK se haya comprometido en su programa de gobierno por una reducción de tres puntos en el impuesto general a la ventas (IGV) en su futuro mandato. 

Así, mientras el comandante/presidente disminuye la tasa del impuesto a la renta a los ricos, pues constituye un impuesto directo que grava la riqueza, un liberal como PPK se compromete a disminuir un impuesto indirecto como el IGV de una tasa del 18 por ciento al 15 por ciento, que lo pagan tanto los “de arriba como los de abajo”, afectando indudablemente relativamente más a la población de menores ingresos. Por eso se dice que los impuestos indirectos son regresivos pues afectan a las grandes mayorías con efectos perversos en la distribución del ingreso. Por tanto, ¡PPK sería progresista y Humala conservador en esta materia!

Con una menor tasa en el IGV la expectativa es promover la formalización en las pequeñas empresas, aumentar los ingresos tributarios y como una medida para reactivar la demanda interna el público tendría más dinero en el bolsillo si esta rebaja en el precio final por el consumo de bienes y servicios fuese íntegramente trasladada al consumidor, lo cual no siempre sucede por los altos niveles de concentración económica.

Por el contrario la disminución de la tasa del impuesto a la renta más conocido como el impuesto a las ganancias de 30 por ciento al 26 por ciento en el 2019, se sustentaría en el supuesto de incentivar la inversión bajo el argumento que los impuestos dejados de pagar debieran reinvertirse, generando demanda agregada, es decir más consumo e inversión por su efecto en el conjunto de la economía. 

Este principio económico liberal  no tiene correlato en la realidad peruana, pues la inversión en especial en el sector minero/energético se orienta por los principios de rentabilidad al largo plazo aprovechando, los bajos costos de producción, en especial de la baratura en la fuerza de trabajo, débil propensión a tributar por una serie de beneficios tributarios otorgados durante el fujimorismo, y el gas barato de Camisea para las eléctricas (Edegel, Kallpa y Enersur)

En diversos artículos hemos demostrado para el caso de la minería que se desenvuelve en nuestro país la débil participación del estado en la captura de renta, durante el período de bonanza 2004/2014. Sea tanto por el impuesto a la renta pagado por los titulares mineros, participación en las regalías mineras tanto en las viejas como en las nuevas, aporte voluntario, derechos de vigencia, gravamen e impuesto extraordinario minero, lo que ha percibido el estado no guarda proporción con la riqueza creada, de allí los renovados conflictos sociales y la incapacidad del estado para resolverlos.

Así, en el denominado boom minero el estado peruano de cada 100 dólares de ingresos por exportaciones a lo sumo ha captado directamente un promedio de 12 dólares lo que resulta equivalente a decir que del 100 por ciento de ingresos por exportaciones en el período 2004/2014, la participación del estado ha sido apenas del 12 por ciento, a diferencia de Chile que captura más del 24 por ciento gracias a la participación de la empresa estatal del cobre Codelco en la renta minera.

Si a ello se agrega el principio internacional en relación a que no se deben exportar impuestos, las empresas que se desenvuelven en la actividad exportadora hacia el resto del mundo gozan del beneficio de la devolución del IGV (18%). Así, por el impuesto general a la ventas pagado por los bienes y servicios utilizados en la producción destinada a los mercados internacionales que está constituida en un 85 por ciento por productos tradicionales (minería, hidrocarburos,  pesca etc.) son merecedoras de este beneficio que no gozan los vendedores en el mercado local. 

Ello significa que cientos de millones de soles sean devueltos anualmente por la SUNAT a las empresas exportadoras a las cuales este gobierno ha disminuido la tasa del impuesto a la renta. Se debe tener presente que la devolución del IGV es reconocida como un crédito tributario que normalmente es utilizado a cuenta del impuesto a la renta por pagar en un período máximo de cuatro años.

En tal sentido, la disminución del IGV no deja de ser una propuesta progresista de parte de PPK que lamentablemente el futuro ministro de economía y finanzas de su gobierno Alfredo Thorne, un PPK jubilado con veinte años menos, ha condicionado en función a la evolución de los ingresos tributarios dado el creciente déficit fiscal que se estaría heredando a partir del 28 de julio próximo.

Las cifras al respecto entre el 2012 al 2015 resultan ilustrativas en materia tributaria. Mientras el IGV recaudado sea interno y por las importaciones aumentó de 44,042 millones a 51,688 millones de soles con un incremento de 7,646 millones, el impuesto a la renta de tercera categoría que constituye un impuesto a las utilidades que pagan las empresas disminuyó en el mismo período de 20,744 millones a 16,817 millones con tendencia a seguir bajando.

Sin embargo, no deja de tener razón el futuro presidente  cuando se trata de formalizar a los productores auríferos informales que no abonan el IGV o si lo abonan no pueden deducir dichos montos como crédito tributario en razón que no están reconocidos como titulares mineros. Mucho menos pagan el impuesto a la renta que dicho sea de paso constituye la base determinante del canon minero. Ello es particularmente grave en departamentos como Madre de Dios, Puno, Ayacucho, Arequipa, Ica donde prolifera la minería ilegal e informal con un pernicioso deterioro ambiental.

LA INFORMALIDAD OFICIAL DEL ORO
En tal sentido no deja de ser extraña y controversial, la realidad sobre la producción aurífera fiscalizada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en relación a la producción para exportación de oro registrada por el BCR en el período 2004/2015 e incluso al primer trimestre del 2016, según el cuadro “Perú: Producción y Exportación de Oro. Valor Estimado del Oro No Declarado. De película, según el cuadro exportamos más oro de lo que producimos oficialmente, por tanto la diferencia es el oro no declarado, de fuente ilegal e informal.

Desde el 2004 el precio del oro expresado en dólares por onza troy ha subido como espuma, de un valor de 410 dólares la onza para trepar a un máximo de 1,670 dólares en el 2012 y de allí disminuir para ubicarse en los 1,160 dólares en el 2015 y aumentar un poco en el primer trimestre del presente año para centrarse en 1,160 dólares la onza tal como puede observarse en la columna “D” del cuadro en mención.

Con esos niveles del precio del oro la extracción de aurífera resulta rentable para las grandes, medianas y pequeñas empresas mineras. Pero también para los mineros informales e ilegales que con precios superiores a los 700 dólares la onza tienen asegurada una rentabilidad a pesar que muchos de ellos abonan elevadas regalías a los titulares ausentistas de las concesiones mineras.

En la columna “A” del cuadro se exponen los volúmenes exportados por las empresas mineras en el período 2004/2016 donde algunas de las empresas exportadoras son trader, comercializadoras, intermediarias que compran el oro a productores informales. Como se podrá observar los volúmenes exportados según las cifras oficiales del BCR superan los seis millones de onzas por año en promedio.

Así, en 2004 se exportaron volúmenes equivalentes por 5,958 miles de onza, es decir 5.9 millones de oro. El año pico de los volúmenes exportados se alcanzó en el 2009 cuando se exportaron 6,972 miles de onzas, es decir, 6.9 millones, para llegar a los 5,689 miles de onzas troy en el 2015, siendo las principales exportadoras las empresas como Mra. Yanacocha, Barrick Misquichilca, Mra. Horizonte, Retama, y otras empresas comercializadoras que la SUNAT reconoce e identifica, pues compran el oro informal.

En la columna “B” se expone la producción fiscalizada de las empresas formales que cada año presentan al ministerio del sector su Declaración Anual Consolidada (DAC), y mensualmente reportan a la Dirección General de Minería (DGM) la producción fiscalizada que paga regalías e impuestos.

Como resulta evidente existe una notable diferencia entre los volúmenes exportados de oro según el BCR en relación a los volúmenes producidos según el MEM. En tal sentido la columna “C” expone la diferencia entre la exportación de oro y la producción fiscalizada según el ministerio de Energía y Minas. Esta diferencia supera el millón de onzas por año en especial en los años 2009 al 2013, tal como se podrá observar en el cuadro respectivo.

LA GRAVE EVASIÓN
La columna “E” estima los valores de oro no declarados por año entre el 2004 al 2016 incluido el primer trimestre del presente.  Así, en el 2004 el valor no declarado era de 158 millones de dólares, pero en los años siguientes cuando el precio del oro se dispara por encima de los 1,225 dólares la onza como en el 2010, los valores no declarados de oro superan los mil millones de dólares por año, en particular el 2012 cuando trepó a los 2,047 millones de dólares. 

Esta constituye una fuerte evasión tributaria de la cual los diversos gobiernos han sido incapaces de resolver como han sido un fracaso también las diversas tentativas por formalizar a los productores ilegales, incluso con medidas punitivas, persecusión, destrucción de maquinaria, equipo que no deja de ser un acerbo de capital del país.

Debiera ser evidente que la producción de oro informal e ilegal no abona regalías, ni muchos menos el impuesto a la renta, siendo lo más grave el deterioro ambiental y la violación de los derechos laborales con formas de explotación arcaicas de semiesclavitud con redes mafiosas de prostitución, donde impera la ley del más fuerte con una violencia incapaz de ser controlada por el poder del estado.

En tal sentido, la propuesta de PPK en cuanto a la creación de una Banco de Fomento Minero lo cual podría crear resistencia por la mayor burocracia, pues bastaría otorgarle mayores facultades al Banco de la Nación para que compre el oro informal pagando un plus sobre el precio de mercado, con la condición de asumir la formalización minera y el respeto ambiental a través del compromiso de un estudio de impacto ambiental.

Es decir, un liberal como PPK realiza una propuesta de mercado para fomentar la formalización en la producción aurífera con miles de trabajdores que moviliza millones de dólares que evaden impuestos y regalías afectando los ingresos locales y regionales con un grave deterioro ambiental. Esta sería una alternativa moderna ante un viejo problema que demanda un estado fuerte pero eficiente que un viejo lobbista tratará de resolver.


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lunes, 20 de junio de 2016

LOS DESAFÍOS ECONÓMICOS DE PPK

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (*)

En verdad son múltiples los problemas económicos y políticos tanto internos como externos que el próximo gobierno tendrá que enfrentar, destacando  la herencia del falso nacionalismo en razón de su incapacidad en el fomento de los grandes proyectos de inversión en especial los mineros energéticos, duramente cuestionados por la derecha económica, incluidos asesores de PPK.

Así, la modernización de la refinería de Talara  ha sido calificada como “elefante blanco” por el voceado ministro de economía y finanzas dixit Alfredo Thorne experto financista internacional pero neófito político peruano. En todo caso, se debe asumir que la modernización de la refinería de PetroPerú se pagaría con el incremento de la producción al aumentar su capacidad de refino de 65 mil barriles a 95 mil barriles. 

Se debe tener presente que la inversión de más 3,750 millones de dólares hasta ahora tiene un avance de obra superior al 30 por ciento, y la modernización debiera estar terminada a más tardar en el 2018. Con una refinería modernizada con capacidad de procesar combustibles limpios con 50 partes por millón de azufre, se podrá sustituir las importaciones de dichos combustibles en especial del diesel 2 S-50, que de lejos superan los 2,000 millones de dólares por año en promedio.

En tal sentido, constituye un falso debate de nuestros liberales criollos que a estas alturas cuestionan la decisión de gobierno de Humala de paralizar dicha inversión la misma que sería una pésima señal para los inversionistas dado que la revisión de las cifras sobre los montos de inversión fueron refrendadas por prestigiosas consultoras y organismos internacionales.

En todo caso nuestros liberales criollos debieran responder sobre la pertinencia de comprar en el exterior a partir del 2019 más de 90 mil barriles diarios del diesel 2 con 50 partes por millón de azufre con importaciones que superan los 2,000 millones de dólares anuales, valores que en última instancia son pagados por los consumidores del país.

Por el contrario, la alternativa razonable, técnica, de sentido común sería la  importación de crudo ante el fracaso de la privatización en el sector de hidrocarburos.  El petróleo importado sería refinado internamente para procesar combustibles limpios, es decir, fomentamos las políticas de valor agregado, con ganancias ambientales, generando empleo e impuestos en una cadena de valor que supera de lejos a la simple importación de derivados.

GASODUCTO DEL SUR EN EL LIMBO
En el mismo sentido existe un grave entrampamiento en la construcción del gaseoducto del sur que tiene un avance del 38 por ciento no solamente por la paralización por problemas financieros de su principal  accionista la brasileña Odebrecht y la controversia con una tercera adenda que supone el compromiso y garantía de recursos públicos en un negocio privado que será una herencia para el nuevo gobierno.

El problema es más grave pues el referido gasoducto no tiene el abastecimiento garantizado de gas natural. En el pasado reciente, cuando la brasileña Petrobras detentaba el control sobre el lote 58 al 100 por ciento y del lote 57 al 43 por ciento, existía una relativa integración vertical entre la producción y el transporte, pues ahora sabemos que Petrobras y Odebrecht jugaban en pared en negocios lícitos e ilícitos en Brasil como en otras partes del mundo.

Habiendo transferido Petrobras a fines del 2012 su participación a la empresa estatal china CNPC en los referidos lotes, no está asegurado el abastecimiento de gas natural para el gasoducto del sur por estrictas razones jurídicas, contractuales y económicas.

Según la ley de hidrocarburos vigente promovida por el fujimorismo en la década de los noventa del siglo pasado, en los contratos de licencia firmados el estado representante de la Nación ha renunciado a la titularidad sobre los hidrocarburos, es decir a la propiedad sobre los mismos y a cambio percibe una regalía.

Si se tiene presente que la tasa de regalías por pagar en los lotes 58 y 57 será del 5 por ciento, y que los precios de los hidrocarburos, es decir gas y líquidos de gas natural serán libres de acuerdo a las políticas del libre mercado, lo cual supone acuerdo entre productores y compradores, podemos afirmar que la estatal china CNPC no está obligada en el abastecimiento del gasoducto al menos que constituya un negocio rentable.

De allí, que el próximo gobierno tendrá que renegociar los contratos de hidrocarburos para priorizar la provisión de gas natural al gasoducto del sur que mínimamente demandará 5 trillones en el largo plazo, y por ahora solamente tendría un trillón proveniente del lote 88 que por naturaleza contractual tiene un precio regulado, entiéndase barato.

En el mismo sentido, constituye un imperativo nacional la necesaria renegociación del contrato de exportación del lote 56 que no es propiamente un negocio privado como ha afirmado el ungido presidente. Por estrictas razones económicas, ante el derrumbe del marcador del gas natural Henri Hub en los Estados Unidos de Norteamérica que se utiliza como precio referente en la exportación, los peruanos estamos pagando más caro por el gas natural que se vende en el mercado interno, lo cual es un absurdo económico, de allí las miserables regalías que se perciben por el lote 56 de exportación y la disminución del canon gasífero en el Cuzco y  el FOCAM que constituye un ingreso que perciben los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Ica, Ucayali y Región Lima en razón del gasoducto que atraviesa dichas regiones.

DERRUMBE DEL CANON MINERO
Si a ello se suma el agravamiento de la desaceleración económica con un crecimiento del valor de la producción de bienes y servicios (PBI) menor al 4 por ciento para el este año, junto a menores ingresos tributarios recaudados por el gobierno central en el 2015 en relación al 2014 por el orden de los 5,127 millones de soles menos, cuya tendencia se agravará por los menores impuestos a la renta abonados en especial por el sector minero.

En tal sentido, una contradicción que alimentará los conflictos sociales en especial en Cajamarca, Ancash, Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua será la dramática disminución del canon minero por distribuir que será menor a los 1,500 millones de soles, en lo que corresponde al ejercicio fiscal del 2015.

Siempre hemos cuestionado la naturaleza del canon minero que está determinado por el 50 por ciento del impuesto a la renta pagado por los titulares mineros en la minería metálica. En tal sentido, si se cae el impuesto a la renta por una serie de razones que hemos expuesto en artículos anteriores, se derrumba el canon minero, lo cual está pasando desde el 2012 a la fecha, tal como se puede observar en el cuadro “Impuesto a la Renta y Regularización de Tercera Categoría de la Actividad Económica 2006/2015”

En el 2012 el impuesto a la renta pagado por la minería metálica era de 6,456 millones de soles y constituía el 27 por ciento del impuesto recaudado de tercera categoría es decir pagado por el conjunto de las empresas de todos los sectores que generan utilidades. En el 2013 el impuesto pagado por las mineras fue de 3,321 millones de soles, en el 2014 bajó a 2,250 millones de soles para caer en el 2015 a los 1,210 millones de soles que representan el 7.6 por ciento del impuesto de tercera categoría.

Con este sombrío panorama la tesis de PPK para destrabar los grandes proyectos mineros que involucran valores superiores a los 57 mil millones de dólares, entre los cuales se incluyen Quellaveco, La Granja, Michiquillay, Galeno, Tía María, Río Blanco, no deja de ser interesante. 

Antes de empezar en las exploraciones y de iniciar la fase de explotación las comunidades deben percibir de manera adelantada los beneficios de la actividad minera con inversiones del estado a cuenta de los impuestos que se percibirán de las futuras explotaciones lo cual supone estrictas políticas de responsabilidad social y un acuerdo con las comunidades campesinas.

Así, con inversiones en electrificación rural, vías de comunicación, telefonía, con represas de agua, acceso a la salud y educación de calidad, mejoramiento de pastos y ganado etc. las poblaciones rurales puedan sentir los beneficios de la modernización para disminuir las grandes desigualdades sociales entre el campo y la ciudad. Superando en lo posible la extrema pobreza rural con políticas de empleo sanas que permitan ganar ventajas competitivas en un proceso de diversificación productiva.




(*) Puede ver la Publicación en:

http://diariouno.pe/2016/06/19/los-desafios-economicos-de-ppk/











lunes, 13 de junio de 2016

MEM: LOBBY ELÉCTRICO CONTRA EL INTERÉS PÚBLICO - Se posterga en Piura masificación del Gas Natural (*)

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI 

Mientras los altos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas declaran que a fines del 2016 serán 560 mil las conexiones domiciliarias de gas natural en la ciudad de Lima, aprovechando un energético proveniente de los campos del lote 88 en Camisea que tiene una tarifa regulada, entiéndase barata según contrato, favoreciendo luego de trece años a un promedio de 2.8 millones de limeños con un hidrocarburo limpio y barato.

Sin embargo, en Piura el mismo ministerio ha postergado indefinidamente el proceso de masificación de gas natural que en los primeros ocho años favorecía inicialmente a 64 mil familias piuranas con tendencia al aumento si la demanda se incrementaba, es decir, se afecta los intereses de más de 320 mil compatriotas de Piura, Sullana, Talara, Sechura y Paita, que ven postergadas sus aspiraciones de gas barato.

A nuestros hermanos del norte se les condena a seguir pagando más de 38 soles por un balón de gas licuado de petróleo, cuando hubiesen podido abonar gracias a la masificación no más de 12.60 soles mensuales incluido el IGV por el gas natural equivalente; esta hubiese sido la tarifa más baja del país a pesar que los precios del gas natural a nivel del productor en Piura, a diferencia de Camisea, son precios libres pero con la existencia de una red en la distribución, los precios se regulan en cuanto al transporte y distribución para el fomento de ventajas competitivas y satisfacción de los usuarios.

Es decir, gracias a la campaña del fujimorismo económico, de congresistas tránsfugas, al lobby de la Empresa Eléctrica de Piura (EEPSA) del grupo Endesa que mantiene sus privilegios económicos, a la petrolera Olympic que presentó documentación falsificada en el proceso concursal por ello fue descalificada por el mismo ministerio, a candidatos de izquierda transnochados y populistas que cuestionaban la tarifa en gas  de 12.60 soles mensuales, se les enajena a las familias piuranas el derecho de pagar la tarifa de gas natural más baja del país gracias a una efectiva regulación de parte del Osinergmin.

Mientras en el sur del Perú los departamentos de Cuzco, Arequipa, Puno, Moquegua, Tacna esperan con ansiedad la masificación del gas natural; y la construcción del gasoducto del sur que tiene un avance de obra del 38 por ciento se encuentra actualmente paralizado por los problemas legales y financieros de su principal accionista, la brasileña Odebrecht en razón de la grave corrupción que la corroe, la misma que no encuentra compradores para el 55 por ciento de su participación accionaria en el consorcio del gasoducto.

En cambio, en Piura se declara improcedente la solicitud de la colombiana Gases del Norte para acceder a la concesión de la distribución de gas natural en la región que comprometía una inversión privada superior a los 240 millones de dólares, iniciando el proceso de masificación, valorizando los 84 millones de pies cúbicos diarios de gas natural que actualmente se reinyectan, ventean y/o queman, y que integraría en una red de distribución la demanda potencial que haría la modernizada Refinería de Talara de PetroPerú asegurando su abastecimiento en el largo plazo.

El Ministerio de Energía y Minas el 12 de mayo del presente ha declarado improcedente la solicitud de la empresa colombiana para acceder a la concesión de la distribución de gas natural en Piura luego de casi tres años de negociaciones postergando a las calendas griegas, es decir indefinidamente la esperada masificación de gas natural en el departamento de Piura que tiene sobradas reservas de gas natural.

¿QUIÉNES PIERDEN?
En principio si se observa el cuadro de “Participación de la Demanda por Categorías” en la frustrada concesión de distribución de gas natural en Piura, se puede afirmar que pierden todos aquellos que tienen una demanda mínima (consumo residencial, pequeño comercio, pequeña industria) que sumadas no hacen ni el 1.01 por ciento de la demanda total para los próximos ocho años.

Es decir, en el consumo residencial pierden las 64 mil familias piuranas que no gozarán de los beneficios del gas natural barato a 12.60 soles al mes y seguirán condenados a pagar más de 38 soles por un balón de gas licuado. También pierden los pequeños comercios, restaurantes, pequeñas industrias que necesitan ahorrar y acumular en este período de desaceleración del crecimiento económico a nivel país.

Pierden los cientos de usuarios del gas natural vehicular (GNV) potenciales que no tendrán los beneficios de los servicios de por lo menos diez estaciones de servicios de combustibles (grifos) que se debían levantar en el marco de la regulación efectuada por el Osinergmin. Es decir, seguirán pagando los altos precios de las gasolinas y el diesel 2 que se procesan con petróleo importado, mientras la masificación de gas natural apostaba por la autonomía energética aprovechando el gas natural que se tiene en abundancia en la región.

Resulta evidente que también pierden las empresas pesqueras, procesadoras de harina y aceite de pescado en la región cuya demanda estacional representaba el 7.59 por ciento de la demanda total como se podrá observar en el cuadro. En verdad, pierden las familias, las empresas identificadas como Gran Industria I, II, III, al no acceder a una energético barato y limpio.

REFINERÍA DE TALARA: SIN SEGURIDAD DE ABASTECIMIENTO
En particular también pierde la estatal PetroPerú con la modernizada refinería de Talara cuya demanda adicional de gas natural llegaría a los 20 millones de pies cúbicos diarios que se sumarían a los 6 millones que consume actualmente. Con la red de distribución de gas natural, es decir con el tendido principal y secundario de ductos se integraría la producción de gas natural de los productores de los lotes de CNPC, Graña y Montero I, Sapet VI/VII, Petrolera Monterrico II , Savia del Z-2B y de la misma Olympic XIII-B y otros productores de gas natural a futuro.

Según la investigación efectuada en el marco de la regulación de Osinergmin en la evaluación tarifaria del 15 de abril del 2016, en el Informe Nº 0258-2016-GRT, PetroPerú actualmente está pagando por el gas natural que consume en las operaciones de la refinería un precio de US $ 6.61 dólares por millón de BTU, con la tarifa regulada para los próximos 8 años hubiese abonado US $ 4.20 dólares por el mismo millón de BTU lo cual significaba un ahorro del 36.4 por ciento.

En la actualidad ningún productor de gas natural en Piura garantiza una producción diaria superior a los 20 millones de pies cúbicos de gas natural, por ello la concesión de gas natural para la distribución que ha sido declarada improcedente por el propio Ministerio de Energía y Minas después de un largo proceso, está atentando contra el principio de seguridad energética que debía tener la modernizada refinería de Talara, al margen de los ahorros en el precio del gas natural. 

Con la red de la concesión de distribución de gas natural se hubiera hecho acopio, recolectando los diversos volúmenes de gas natural extraídos de los diversos lotes productivos asegurando el abastecimiento de la refinería de Talara, usando los ductos que hoy son propiedad de la transnacional eléctrica EEPSA del grupo Endesa y ENEL de Italia, que se opone a la masificación del gas natural en la región.

EPÍLOGO
Después de un largo proceso administrativo en la solicitud de parte para acceder a la concesión de la distribución por treinta años en la región de Piura el Ministerio de Energía y Minas ha tenido un doble discurso en especial de parte de la Dirección de Hidrocarburos (DGH) en lo referente a la situación jurídica de los ductos que son propiedad de la empresa eléctrica EEPSA.

Por un lado, dicha dirección sostiene que “..los Ductos de Uso Propio que actualmente operan los potenciales usuarios del servicio de distribución de Gas Natural en la Región Piura, conforme a lo dispuesto por el artículo 9 del Reglamento vigente, estos ductos deberán ser transferidos al Concesionario de Distribución al momento en que este empiece a operar en la zona..” Oficio Nº1619-2015-MEM-DGH.

Sin embargo, esto no ha podido ser posible gracias al poder económico y político de la empresa EEPSA que haciendo uso de congresistas, alcaldes, ex ministros de energía y minas, ex presidentes de PetroPerú algunos de ellos asesores externos, se han opuesto a esta transferencia de los ductos que resultan fundamentales para el proceso de masificación de gas natural, en razón de la participación de la demanda de gas en la generación eléctrica por parte de EEPSA que representa el 40.43 % de la demanda total y la demanda de la  Ref. de Talara que significa el 38.33% de la demanda total, es decir, dos grandes empresas usuarias explicarían más del 78 por ciento de la demanda total en la distribución de gas natural.

Al margen de la situación legal de los ductos que actualmente transportan gas natural en beneficio de la eléctrica EEPSA, su oposición al proceso de masificación ha significado en la práctica un impasse que retrasará indefinidamente la concesión en la distribución de gas natural a precios regulados menores a los 12.60 soles mensuales para los consumidores domésticos.

Al margen de la consideración o no de la demanda de gas natural por parte de la empresa eléctrica EEPSA, y de la naturaleza jurídica de los ductos, el Ministerio de Energía y Minas al declarar improcedente la solicitud de Gases del Norte para acceder a la concesión de gas natural en Piura está condenando a miles de piuranos a pagar sobreprecios en el abastecimiento energético, y después de casi tres años de negociaciones le transferirá la responsabilidad a Proinversión en el fomento de la masificación, sin resolver el problema central: los privilegios y beneficios de una empresa eléctrica EEPSA que se opone a la masificación del gas natural.





(*) Ver publicación en Diario Uno-La Revista- con el título "Una forma de negarle al pueblo su derecho a la masificación de gas" 812/06/2016)

http://diariouno.pe/2016/06/12/una-forma-de-negarle-al-pueblo-su-derecho-a-la-masificacion-de-gas/










martes, 7 de junio de 2016

ALZAS EN LAS TARIFAS ELÉCTRICAS SE FRENAN Y SE MANTIENEN ESTABLES


Publicado en: Gestión (07/06/2016)

Precios regulados de la energía tuvieron ajuste de 0.6% este mes. Osinergmin indica que de enero a junio se redujeron hasta en 4.4% para la industria y comercio.