martes, 24 de abril de 2012

PERÚ: LA PRODUCCIÓN DE CRUDO EN CAÍDA LIBRE

EN CONTRATOS POR VENCER

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

En verdad el llamado “efecto Camisea” con la producción de casi 80 mil barriles diarios de líquidos de gas natural, los cuales son fraccionados en la Planta de Pisco, no permite percibir la dramática disminución de la producción interna de petróleo crudo. De los 125 mil barriles diarios producidos antes de la privatización fragmentada de PetroPerú, cuando esta era titular de lotes petroleros y operaba de manera integral en el negocio se ha disminuido a menos de 75 mil barriles de crudo, de los cuales más de 25 mil barriles está constituido por petróleo pesado proveniente de los lotes 1-AB y algo del lote 8.

Por ello, si solamente se analizara la balanza comercial de petróleo crudo el balance sería negativo en cuanto a los objetivos propuestos por la privatización de PetroPerú en el sentido de incrementar, la producción y las reservas de hidrocarburos.

Al sumar la producción de líquidos de Camisea, de Aguaytía Energy, de la Planta de Gas Pariñas (Savia) y Graña y Montero más la producción de crudo, se bordea los 155 mil barriles diarios. En concreto, los barriles producidos de crudo no superan los 75 mil barriles diarios, con tendencia a la disminución, en especial a lo correspondiente a los contratos firmados en la década de los noventa ubicados en Talara próximos a su vencimiento, y particularmente la del lote 1-AB cuyo contrato termina en agosto del 2015.

La disminución productiva es dramática en los lotes que a continuación presentamos. En el lote 1-AB, si en febrero del 2010 la producción era superior a los 19,300 barriles diarios, el febrero del 2011 bordea los 18 mil barriles, para llegar a los 15,966 barriles diarios con tendencia a seguir bajando, pues la empresa no tiene el estímulo para seguir invirtiendo, pues en el horizonte que resta al término del contrato hará una explotación intensiva de los pozos en producción, pues no recuperaría su inversión.

Nadie realizará inversiones sustantivas sabiendo que el término del contrato está a la vuelta de la esquina. Esta realidad afectará las transferencias a las regiones de canon y sobrecanon a pesar de los altos precios internacionales del petróleo, y genera una lógica incertidumbre en los trabajadores sobre su futuro laboral.

En el lote II, la producción tiene la misma tendencia negativa, con el agravante de abonar una de las tasas por concepto de regalías de las más altas en el mundo superior al 52%. Así, en febrero del 2010 la producción era de 566 barriles diarios, el febrero del 2011 se mantiene en los 578 barriles, para llegar a los 455 barriles diarios en febrero pasado con tendencia a seguir bajando.

Igual de grave es la caída de la producción en el lote III. Allí en febrero del 2010 la producción era 3,111 barriles diarios, en febrero del 2011 subía a los 4,036 mil barriles, para derrumbarse a los 2,553 barriles diarios en febrero del presente. Si se expresara está disminución en términos absolutos serían 1,483 barriles diarios de una menor producción, y si esta se anualizara serían más 500 mil barriles que no se obtendrían de dicho lote que también abona una tasa de regalías anormalmente alta superior al 49%.

El mismo ejercicio se hace respecto al lote IV donde en febrero del 2010 la producción era de 992 barriles diarios, el febrero del 2011 se mantiene en los 889 barriles, para caer a los 789 barriles diarios en febrero pasado.

Por último, la producción en los lotes VI/VII tiene similar comportamiento negativo, donde en febrero del 2010 la producción llegaba a los 3,333 barriles diarios, en febrero del 2011 disminuye a los 2,921 barriles, para seguir cayendo a los 2,866 barriles diarios en febrero pasado.

Esta cruda estadística tendrá consecuencias negativas para el país, las regiones y la gobernabilidad pues será fuente renovada de nuevos conflictos sociales. Una menor producción de crudo agravará el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos que con precios superiores a los 100 dólares el barril aumentarán las importaciones en términos de cantidad y precio.

Sin embargo ante la caída de la producción menor será el abono de regalías y los diversos impuestos que capta el fisco. Al ser menor el valor de la producción se afectará de manera significativa el canon y sobrecanon petrolero que se distribuye a los departamentos de Piura, Tumbes, Loreto Ucayali.

Ante la dramática disminución de la producción y la falta de inversiones, el gobierno debe negociar con las empresas contratistas para adelantar el término de los contratos y adjudicarlos directamente a la petrolera estatal, es lo mínimo que puede hacer este gobierno si de verdad se aspira al fortalecimiento y modernización de PetroPerú.




jueves, 19 de abril de 2012

EL FALSO DILEMA: ESTADO Y MERCADO

PETROPERÚ Y PERÚPETRO DEBEN JUGAR EN PARED

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (INVESTIGADOR UNMSM)

La ausencia de una clase dirigente en el país, con un proyecto nacional que trascienda a los gobiernos de turno compatible con el proceso de globalización de las relaciones de producción y distribución demostraría la necesidad de la presencia estatal en sectores estratégicos de la economía peruana como los hidrocarburos y sus derivados, con una empresa moderna, rentable y eficiente.

En el mundo y en América Latina en especial las mayores reservas de hidrocarburos (petróleo, gas y líquidos de gas natural) están bajo responsabilidad de los Estados. Sea PDVSA petrolera estatal de Venezuela o los recientes descubrimientos de Petrobras en el Brasil demostraría la importancia de las reservas de hidrocarburos. Lo mismo con la reciente nacionalización de los activos y reservas de YPF en Argentina, que tiene a Repsol de España como principal accionista.

Prueba de ello es que en los últimos 100 años las guerras que han sacudido al mundo, en especial la Segunda Mundial con el control del Medio Oriente, con el Golfo Pérsico donde están las más importantes reservas del mundo. La más reciente “Tormenta del Desierto” y luego la presencia de los Estados Unidos de Norteamérica en Irak.

Así se explica el control de los mercados y el acceso a los recursos como los hidrocarburos pues se asume que los recursos energéticos desde el punto de vista económico y político tienen un carácter estratégico para los países, y no puede existir política de Estado sin seguridad energética ni alimentaria.

Como ilustración se debiera mencionar a las empresas estatales de terceros países que operan en nuestro país generando utilidades a sus matrices, desde la década de los noventa del siglo pasado.

Así de la China Comunista se verifica la presencia de Sapet operando en los lotes VI/VII de Talara con graves faltas ambientales y salarios propios de los “colies” esclavos del siglo XIX. También su matriz china es socia minoritaria en la empresa Pluspetrol Norte que opera los lotes 8 y 1-AB.

Le sigue la petrolera estatal argelina Sonatrach como accionista minoritaria en el llamado Consorcio Camisea en los lotes 88, 56 y en el transporte de gas cuyo titular es Transportadora del Perú (TGP).

Se suma a la lista la estatal brasileña Petrobras con varios lotes firmados para exploración y explotación. Esta sustituyó a la empresa privada argentina Pérez Companc en el viejo lote X de Talara en el 2002; tiene además una participación del 45% en el lote 57 compartido con Repsol, y una del 100% de participación en el lote 58, lotes reconocidos como parte del Gran Camisea, de donde se obtendrán los mayores volúmenes de gas natural que serán transportados por el Gaseoducto Andino del Sur que hará posible la petroquímica en Ilo.

También se constata la presencia de la empresa estatal chilena ENAP con una participación del 49% en la principal empresa de distribución mayorista y minorista de combustibles como PRIMAX que dicho sea de paso es abastecida de manera eficiente con los combustibles refinados por PetroPerú. Además de ello tiene el control sobre la empresa importadora de combustibles Manu Holding lo que le permite traer de Chile derivados de petróleo en volúmenes de 7 mil barriles diarios.

En el mismo sentido se debe considerar la presencia de dos empresa estatales en el lote Z-2B en el Zócalo Continental frente a las costas de Talara y Sechura en Piura, Ecopetrol de Colombia y KNOC de Corea del Sur que sustituyeron a la cuestionada empresa Petro Tech Peruana. Además de tener varios lotes en el litoral peruano proyectan inversiones de más de 1,500 millones en el lote Z-2B para elevar la producción de crudo de 12 mil barriles diarios promedio a más de 30 mil barriles.

Por último, los principales abastecedores de petróleo crudo y derivados son empresa estatales como Petroecuador lo que explica los mayores valores en el intercambio comercial con dicho país, también se le compra a PDVSA y ocasionalmente a Ecopetrol.

Es decir, en las actividades de exploración, explotación, transporte, distribución mayorista y minorista de hidrocarburos y derivados que se desenvuelven en el Perú, las empresas estatales de terceros países tienen un papel fundamental. Si bien abonan regalías al Estado peruano y pagan sus impuestos, generan utilidades para sus matrices, y explotan un recurso no renovable y estratégico como los hidrocarburos en el marco de estrategias supranacionales.

¿QUÉ HACER?

Se debe reconocer que con el nuevo gobierno del Presidente Ollanta Humala por primera vez existe una decisión política para el fortalecimiento y modernización de la petrolera estatal apostando por la integración vertical de PetroPerú. Ello supone la participación en la explotación, refinación, transporte, distribución mayorista y minorista de los derivados de hidrocarburos.

Así, respetando la ley de hidrocarburos y negociando con las empresas conformantes del Consorcio de Camisea se han recuperado para el país los 2.5 trillones de gas natural de las reservas probadas del lote 88 comprometidas como garantía financiera en el proyecto de exportación del lote 56. Si bien ninguna molécula de gas natural del lote 88 se ha exportado, tampoco estaban disponibles para el mercado local.

Ahora con la renegociación inteligente “sin patear el tablero” ni nacionalizar los hidrocarburos se ha logrado “desenganchar” las reservas hipotecadas del lote 88, que servirán en particular para garantizar con 1 TCF la viabilidad del Gaseoducto Andino del Sur y la masificación de la cultura del gas.

En esa línea PetroPerú debe volver a la producción en los contratos de explotación que están por vencer en especial del lote 1-AB el más importante de todos por su potencial en reservas y su posición geográfica con su conectividad al Oleoducto Norperuano bajo control de PetroPerú.

Este lote explotado desde inicios de los años setenta del siglo pasado por la Occidental Petroleum de A. Hammer fue renegociado en 1986 durante el primer gobierno del doctor Alan García y debió retornar al Estado en agosto del 2007. Sin embargo, durante el gobierno de transición del 2001 en los meses previos al cambio por el nuevo gobierno ungido del presidente Alejandro Toledo, fue indebidamente prorrogado hasta agosto del 2015.

Lo más extraño es que siendo un contrato de servicios el nuevo operador del lote 1-AB Pluspetrol Norte que sustituyó a la Occidental, no solamente amplió al período de vigencia del contrato sino también con el beneplácito de PerúPetro pudo cambiar la naturaleza de contrato por un contrato de licencia.

Se debe tener presente que como contrato de servicios en la legislación peruana el Estado es el titular de los hidrocarburos “in situ” y extraídos, pagándole a la empresa una retribución que puede ser en especie o en dinero con una previa valorización teniendo presente una canasta de crudo. Es decir, el uso, la posesión y usufructo de los hidrocarburos le pertenecen al Estado y la empresa productora es una contratista más.

En cambio como contrato de licencia los hidrocarburos extraídos puestos en el punto de fiscalización una vez fijadas y pagadas las regalías al Estado, la propiedad sobre los hidrocarburos son de libre disponibilidad de las empresas, y no tienen la obligación de priorizar el mercado interno.

Por ello, el contrato del lote 1-AB no solamente se prorrogó en el 2001 sino también se cambió la naturaleza del contrato con menores regalías. Por ello, en este lote que constituye el más importante de los lotes cuyos contratos están por vencer, es fundamental asegurar los mayores montos de inversión y evitar la caída en la producción lo que está sucediendo actualmente.

Por ello, con una negociación estratégica, responsable e inteligente, dialogando con las empresas, el Estado representado por PerúPetro debiera adelantar la fecha de término de los contratos para amortiguar la caída de la producción y asegurar las mayores inversiones.

Si PerúPetro y PetroPerú defienden el interés público, los lotes cuyos contratos están con fecha cercana de vencimiento, debieran ser asignados en negociación directa a PetroPerú con las reservas probadas y probables. Se debe recordar que en el pasado reciente las reservas hidrocarburíferas del lote 56 (Pagoreni) fueron estimadas en el 2004 en 1.9 trillones de gas natural y con más de 200 millones de barriles en condensados. Éstas fueron otorgadas al Consorcio Camisea mediante una negociación directa para hacer posible el proyecto de exportación.

Así, como titular de los contratos la petrolera estatal analizará la conveniencia o no de una asociación estratégica con las empresas privadas. De ser así el Estado aseguraría: los mayores montos de inversión, más regalías por el incremento productivo, más impuestos por la renta generada, y utilidades sin asumir los riesgos exploratorios.

miércoles, 11 de abril de 2012

EL GASODUCTO DEL SUR*

Pedro Pablo Kuczynski.
*Publicado por: Diario Correo, Domingo 8 de Abril de 2012

El Gasoducto que iría de Camisea hasta Ilo o algún otro punto de la costa sur del Perú es un proyecto muy importante.

Transformaría el patrón energético en una región con mucho crecimiento económico, pero también mucha pobreza y bastante volatilidad política.

Como todo proyecto pionero, esta inversión futura genera controversia. Así fue con el ferrocarril transcontinental en Estados Unidos hace casi 150 años; así fue con el Canal de Panamá, y así también ha sido con el ducto que trae el gas de Camisea hasta Lima. Los argumentos en contra del proyecto son bien conocidos:

1° Su alto costo, que se estima en alrededor de $4,500 millones, bastante más de la estimación original;

2° El hecho que ni la ingeniería básica está hecha ni la ruta está trazada hace que los estimados de costo sean muy preliminares;

3° No hay un contrato para la venta del gas desde un lote cercano a Camisea (los lotes 57 y 58 de Repsol y de Petrobras) y tampoco hay un gran comprador final, que asegure la viabilidad económica del ducto. Las reservas de los lotes 57 y 58 aún no se conocen, pero los indicios son promisorios.

Sin embargo, todos estos problemas se pueden resolver con el tiempo.

Se ha mencionado, desde altas esferas del gobierno, que Petroperú y Cofide podrían poner capitales para adelantar el proyecto mientras estos otros temas se aclaran.

Ciertamente no hay una objeción fundamental a que haya una participación minoritaria del gobierno en el ducto, pero también tenemos que pensar que es fundamental tener el trazado y los costos bien definidos antes de empezar. Y además, hay muchas otras inversiones prioritarias que necesitarán en algún momento un apoyo del sector público. En el mismo sector de hidrocarburos, por ejemplo, está la necesaria refacción de la refinería de Talara, la cual no se podrá hacer si no hay un socio conocedor del negocio y con capitales suficientes. Y no podemos olvidar todos los proyectos de infraestructura esenciales como agua potable, caminos vecinales y electrificación rural.

Ahora vamos a lo positivo. Hay dos beneficios importantes. Primero, dotar de disponibilidad de gas a los usuarios del Cusco urbano, de Juliaca y Puno, y de Arequipa y sus alrededores. La disponibilidad del gas también permitiría la industrialización de minas grandes en la región, como por ejemplo Las Bambas en la frontera de Apurímac con el Cusco, Tintaya en Cusco, Cerro Verde en Arequipa, y la misma Refinería de Ilo, la industria más importante del sur del Perú que hoy no tiene acceso a gas natural.

Segundo, el ducto permitiría la creación de un complejo petroquímico en las cercanías de Ilo. El gas de Camisea no sólo tiene un alto contenido de líquidos (que permiten crear gas licuado de petróleo o GLP, destilados y otros combustibles) sino también de etano, componente básico de la industria petroquímica. El gas de Camisea tiene uno de los contenidos más altos de líquidos y de etano en el mundo. De ahí la conclusión lógica que es la viabilidad de un gran complejo petroquímico, que pondría al Perú en el mapa industrial de Sudamérica, junto con la Refinería de Ilo, la planta de licuefacción de gas en Melchorita y las nuevas plantas de etanol de caña en el norte. El polo petroquímico le daría al gas un valor agregado importante, sin contar la inversión enorme en equipos (muchos de los cuales se pueden fabricar en el Perú) y mano de obra para el montaje de las diversas plantas que estarían en el complejo petroquímico.

Claro, toda esta inversión cuesta mucho. Al principio se habló que el ducto costaría $2,000 millones. Ahora se habla de más del doble. El polo petroquímico, para tener escala suficiente, significa una inversión de por lo menos $15,000 millones. Es un proyecto que genera enorme entusiasmo, pero que al mismo tiempo requiere buena planificación financiera e ingeniería de primer nivel. Para ello, se necesita que el sector privado ponga todo el capital de riesgo y haga el trabajo necesario con el claro apoyo del gobierno. Sin la compra de gas por parte de un gran usuario en el sur no se podría iniciar una verdadera planificación del proyecto. Esa es la condición esencial para gasificar el sur del Perú.

miércoles, 4 de abril de 2012

SOBRE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO

PetroPerú y ElectroPerú en su rol subsidiario

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

La intervención del Estado en la economía salvó al capitalismo de la crisis general que sacudió al conjunto de las economías en los años treinta del siglo pasado con la excepción de la economía soviética. El nacional socialismo de Hitler en el poder desde 1933 sin haber leído la “Teoría General del Empleo, Dinero e Interés” de Keynes (1936), también recuperó la economía germana de la crisis con la intervención del Estado, mediante el rearme militar en alianza con el gran capital, reprimiendo las libertades individuales y a los sindicatos. Es célebre la afirmación de Herman Goering ante cientos de empresarios si se debe elegir entre la producción de “cañones o mantequilla” y la elección llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial.

La esencia del aporte keynesiano al análisis económico consistió en justificar teóricamente la intervención del Estado generando demanda efectiva, fomentando inversiones públicas, incrementando el consumo y empleo, para compensar las tendencias histórico naturales de la economía capitalista a la depresión y desempleo.

La intervención del Estado en la economía es recurrente, cíclica a pesar del cuestionado discurso liberal que limita sus funciones básicas a las propias del siglo XIX. Es decir, la satisfacción de las necesidades sociales de educación, salud, seguridad etc. La frase de Adam Smith sobre los “Vicios Privados Virtudes Públicas”, en el sentido que cada empresario buscando su propio interés permite alcanzar el bienestar general, constituye un dogma desmentido que termina en la anarquía de la producción y a las crisis económicas periódicas que abaten al capitalismo.

Siempre se soslaya la intervención del Estado para enfrentar las recurrentes crisis económicas financieras que sacuden al sistema. Por ello, bien vale recordar el último rescate financiero del gobierno norteamericano a fines del 2008 que tuvo que inyectar más de 800 mil millones de dólares para asumir pasivos privados, comprar “deuda sucia” y oxigenar a la primera economía del mundo, en bancarrota por la especulación y la usura. A pesar de ello, el problema sigue latente y la recesión mundial está a la vuelta de la esquina, pese a los malabares financieros de los gobiernos europeos y a San Obama.

La intervención del Estado en la economía es y será un tema polémico por los intereses económicos y sociales contrapuestos que están en juego, por las diferencias entre el interés público y privado; por ello la oposición entre Estado y Mercado se supera en la práctica con políticas sensatas que satisfagan el interés público, el crecimiento económico, y aseguren la gobernabilidad del país.

La prueba es que en nuestro país, en el sector energético operan una serie de empresas estatales con eficiencia y rentabilidad para sus matrices. Pruebas al canto: Petrobras del Brasil, Ecopetrol de Colombia, KNOC de Corea del Sur, Sapet y CNP International de la China Comunista, ENAP de Chile, Sonatrach de Argelia.

En la parte eléctrica, en el Perú la trasmisión de energía está bajo responsabilidad de la empresa ISA de Colombia con una mayoría accionaria del Estado, y la transnacional Endesa de Italia tiene como accionista importante al propio Ministerio de Economía y Finanzas del Estado italiano.

Lo que debiera interesar en la gestión de una empresa sea estatal o privada es la eficiencia, productividad, rentabilidad y transparencia en sus actividades. Es más, en sectores que están relacionados con la energía, la seguridad es una responsabilidad del Estado y no de las empresas.

¿POR QUÉ INTERVENIR?

La participación directa del Estado en la economía es más urgente y necesario cuando buena parte de la población como es el caso del Perú está considerada como pobre según los distintos indicadores que se asuman para su estimación, con históricas fracturas sociales, falta de integración nacional, y graves conflictos sociales, sobre todo provocados por faltas ambientales, uso del agua que dificultan la promoción de inversiones privadas.

En el caso de la intervención del Estado peruano por medio de sus empresas estatales PetroPerú y ElectroPerú, como socio minoritario en el Gaseoducto Andino del Sur, con inversiones colaterales en la generación eléctrica con una planta térmica a gas natural de 200 megavatios y una pequeña planta envasadora de gas licuado de petróleo (GLP) en Quillabamba provincia de La Convención-Cusco, más una planta de fraccionamiento de líquidos en Kespahiato distrito de la referida provincia, son necesarias desde el punto de vista social pero de una dudosa rentabilidad en el corto y mediano plazo.

Es importante recordar que estas inversiones están respetando el mandato constitucional del llamado rol subsidiario del Estado en la economía, pues no resultaría interesante para el capital privado invertir en una central térmica en Quillabamba, cuando lo utilitario desde el punto de vista de la ganancia privada es la inversión en el “sur chico” de Lima para conectarse fácilmente con el gaseoducto de Camisea, comprando gas barato del lote 88 y vendiendo energía cara.

Pare ello bastaría los resultados financieros de las empresas de generación eléctrica como Edegel, Enersur de Suez Energy, Kallpa, en especial sus utilidades operativas y las partidas de depreciación y las amortizaciones, más conocido como la Generación Interna de Recursos (GIR)

Se debe tener presente lo que la empresa holandesa Shell en los años noventa (1996/1998) recomendaba establecer una planta eléctrica de 400 megavatios en Quillabamba como una forma efectiva de asegurar mercado interno para el gas natural y descentralizar la producción de energía en el país. Por el contrario, en el 2001 ElectroPerú tuvo que asegurar la compra de 70 millones de pies cúbicos diarios para asegurar la demanda a la unidad térmica de Ventanilla del grupo Endesa, ahora parte de Edegel. Es decir, sin la intervención del Estado los efectos positivos de Camisea hubiesen demorado.

Levantar una planta eléctrica en Quillabamba constituye una tarea del Estado para fomentar la descentralización, y sobre todo propender a la seguridad energética del sistema del sur, donde casi la mitad de la capacidad de potencia de generación de las empresas Egasa (Charcani) y Egesur (Aricota) está conformada por generación térmica que usa derivados del petróleo. Por tanto su construcción constituye un objetivo propio del interés público para asegurar el crecimiento económico que demanda una mayor energía.

Es más, en La Convención hubo una vorágine de violencia regional, y por tanto se debiera recordar que constituye un compromiso del gobierno anterior ante la gravedad de los conflictos sociales en el 2009/2010 con heridos, muertos y bloqueos que obligaron a la firma de cartas de compromiso y la presencia del Presidente del Consejo de Ministros de ese entones más los responsables del sector.

En la región y en Quillabamba en particular, la demanda de una planta de envasado de GLP, pues su población tenía que pagar más de 57 nuevos soles (US$ 21) por un balón de 10 kilos, y se tuvo que llegar a un acuerdo temporal de expender el balón en todas las provincias del Cusco al mismo precio vigente de Lima. Esto fue ratificado mediante un acuerdo entre Repsol y la PCM de ese entonces.

Debiera ser evidente que al Consorcio Camisea no le resultaría rentable la inversión en un ducto de líquidos hacia Kespahiato ni establecer una planta de envasado por lo reducido del mercado local. Este compromiso por decisión del gobierno lo asumirá PetroPerú como su participación en el Gaseoducto Andino en razón del interés público.

Teóricamente, históricamente y socialmente está justificada la intervención del Estado en una serie de negocios que serán rentables en el largo plazo pero que apuntan a justificar una demanda de gas natural que hagan viable cuantiosas inversiones que significarán la masificación del gas natural en los departamentos del sur peruano, con el Gaseoducto Andino, donde PetroPerú será socio y accionista minoritario en representación del Estado.

Se debe tener presente que los más importantes proyectos mineros están en el sur peruano, sea Las Bambas en Apurímac, Tía María en Arequipa, Quellaveco en Moquegua, ampliación de la planta de Southern, de Cerro Verde etc. Solamente un proyecto como Toromocho en la sierra central requeriría una demanda de energía de más de 200 megavatios.

En resumen, alcanzar la seguridad energética es una responsabilidad del Estado que está por encima de los intereses privados. La dinámica de la economía peruana, y su crecimiento sostenido exige satisfacer una mayor demanda de energía, en especial en el sur peruano donde importantes proyectos mineros requieren energía oportuna, a precios competitivos y donde la mayoría de su población es pobre. En este sentido, la construcción del Gaseoducto Sur Andino constituye una posibilidad de desarrollo y de inclusión social.