lunes, 17 de marzo de 2008

Carta abierta a nuestros lectores

Mediante la presente entrada quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a todos los lectores de este blog y de www.mancozaconetti.com por su voto en la encuesta vía internet publicado en el diario El Comercio, cuyos resultados me ubican en un honroso décimo octavo lugar entre los peruanos más inteligentes del Perú.
Lista de los 20 peruanos más inteligentes del Perú
Realizado por el blog: El club de lo insólito
1. Santiago Antúnez de Manolo
2. Mario Vargas Llosa
3. Pedro Paulet
4. Hernando de Soto
5. Víctor Raúl Haya De La Torre
6. José Carlos Mariátegui
7. Ricardo Palma
8. Manuel González Prada
9. Luis Alberto Sánchez
10. César Vallejo
11. Pedro Pablo Kuczynski
12. Felipe Pinglo
13. César Hildebrandt
14. Dionisio Romero
15. Pachacútec
16. Hnos. Wong
17. Jorge Basadre
18. Jorge Manco Zaconetti
19. Pedro Ruiz Gallo
20. Alfredo Bryce Echenique
Este reconocimiento fue tan inesperado como gratificante. Esperamos que nuestros estimados lectores y, también, nuestros fututos lectores vean en kuraka.blogspot.com, www.mancozaconetti.com y en Jorge Manco Zaconetti fuentes importantes de información y opinión en temas minero-energéticos, renovando nuestro compromiso por el desarrollo del país.
Atentamente,
Jorge Manco Zaconetti
Investigador y Consultor UNMSM
Otros reconocimientos:
  • Condecorado con la más alta distinción La Cruz Castilla, otorgado por el Instituto Ramón Castilla, diciembre de 1999.
  • Reconocimiento al Mérito Científico por el Consejo Superior de Investigaciones, vice rectorado académico de la UNMSM, durante el período 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 y 2005-2006.
  • Elegido uno de los 100 Líderes del País en 1999, por el Foro Democrático y el diario La República.

sábado, 15 de marzo de 2008

OSINERGMIN: CUANDO TE SOBRA LA PLATA

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería más conocido por su abreviatura como Osinergmin, es la institución más importante en materia de regulación en el país, pues le corresponde también la supervisión del sector más relevante de la economía peruana pero también, el sector minero-energético resulta el más cuestionado desde el punto de vista ambiental tanto por las comunidades y ONGs ambientalistas. Si se trata de las divisas el sector minero es el responsable de la generación de más 17,326 millones de dólares en el 2007, y que en el presente año deben superar los 19 mil millones de dólares, gracias a los altos precios de los minerales.

Y se trata de la energía comercial, tanto los hidrocarburos petróleo y gas natural, constituyen la base de la energía comercial, más del 28 % de la generación eléctrica se realiza utilizando el gas natural, y los derivados del petróleo, en especial del diesel 2 que se consumen en más de 62 mil barriles diarios y el gas licuado de petróleo (GLP) con más de 25 mil barriles diarios, resultan los combustibles más utilizados por el parque automotor y amas de casa respectivamente.

En verdad, para Osinerg ahora Osinergmin organismo regulador creado desde fines de 1996 para enfrentar, supervisar y fiscalizar a las empresas de los servicios públicos privatizados, en la energía e hidrocarburos, con el tiempo transcurrido han aumentado las responsabilidades como también sus recursos, pues los ingresos más importantes se fijan como una participación de las regalías pagadas por las empresas de hidrocarburos y de los ingresos de las empresas eléctricas, sean de generación, transmisión y distribución.

Así, con las propias fuentes de Osinergmin para el 2007 los aportes del subsector eléctrico han sido de 65 millones de nuevos soles, y las transferencias del subsector de hidrocarburos incluyendo el aporte de Perúpetro suman más de 93 millones de nuevos soles, tal como se puede ver en el cuadro. Lamentablemente el sector minero no contribuye con una participación sobre sus ingresos, y apenas si existe un arancel de fiscalización minera del orden de tres millones ochocientos mil nuevos soles, que no guarda proporción con los ingresos de la minería.


Tal como se puede apreciar en el cuadro respectivo, los “aportes de las empresas de servicios” correspondientes a los años 2006 y el 2007 se han incrementado en 18 millones de nuevos soles, según la información de la “Cuenta de Gestión” de sus Estados Financieros:
En tal sentido, el presidente del organismo regulador Ing. Alfredo Dammert en entrevistas periodísticas, publicadas el 14 de marzo, precisó que el sector eléctrico aporta un 0,65% de su facturación anual, mientras que el sector hidrocarburos realiza un aporte de menos de 0,5%. Así, señalaba que “En total, los sectores eléctrico y de hidrocarburos aportan al año alrededor de 60 millones de nuevos soles (unos US$ 21,3 millones), se entiende cada uno, y la minería sólo aportaría cuatro millones”, sostuvo. Es más, en una declaración por demás extraña en razón de los déficits de la regulación y el gran universo de unidades por fiscalizar, consideró que “los aportes que ahora realizan las compañías eléctricas y de hidrocarburos son altos, por ello solicitará que se rebajen”.

Y, para compensar esas rebajas, el presidente del organismo regulador, expuso que el “aporte que deberían hacer las mineras para su supervisión debería ser del orden de 0,01% de la facturación, cifra inferior a la que realizan los otros dos sectores pues no necesitamos más”. Asumiendo que las exportaciones mineras en el año pasado sumaron los 17,328 millones de dólares estaríamos ante importantes ingresos que podrían ser utilizados para resolver de verdad los históricos pasivos ambientales.

FISCALIZACIÓN MINERA

Desde nuestro punto de vista resulta preocupante que Osinergmin considerado como el organismo regulador con un mejor desenvolvimiento, no pueda gastar los importantes recursos que capta del subsector eléctrico y de hidrocarburos, y declare en la cuenta de activos para el 2007, de “Caja y Bancos” más de 297 millones de nuevos soles, y señale como “ resultados acumulados” que serían el equivalente a las utilidades empresariales del período 231 millones de nuevos soles, como si el organismo fuese una empresa productiva. De allí, que interese el destino de tales recursos.

En verdad, resultan sorprendentes estos resultados, pues sería sumamente negativo para el país que el Osinergmin transfiera ingresos al Gobierno Central y fuese considerada como un ente recaudador. En ese sentido, no se entiende que un organismo regulador enfrente por más loable que fuera, el déficit eléctrico de las zonas rurales. Serán 100 millones de nuevos soles los que serán transferidos al Poder Ejecutivo para realizar diversas obras de electrificación rural.

Existiendo tantos problemas en la fiscalización y regulación como por ejemplo el cómo financiar la reposición de los más de 2 millones de balones de GLP que han superado los 20 de años de servicios, o los problemas ambientales de los ductos de Camisea, que como señalaba el máximo responsable de Osinergmin, no han tenido en su trazado estudios responsables de geotecnia y estudios de suelos. En el mismo sentido, extraña la falta de estudios sobre las consecuencias de los derrames de hidrocarburos en Z-1 en el mar de Tumbes, o los efectos perniciosos de los pasivos mineros que desprestigian y afectan la imagen del sector.

Al margen de las cifras que se mantiene en la cuenta de “Caja y Bancos” sería deseable fortalecer la supervisión en los tres subsectores pues existen importantes déficits en la regulación ambiental en materia de hidrocarburos, electricidad y de la minería en particular. Si bien por ley desde enero del 2007 se ha transferido al Osinergmin las responsabilidades de la fiscalización minera restringiendo la misma a las operaciones de la gran y mediana minería, constituye una grave omisión haber transferido a los gobiernos regionales la fiscalización de la pequeña minería y minería artesanal, dejando en el limbo, en “tierra de nadie”, el grave problema de la minería informal.

La capacidad de gestión y recursos que tienen los gobiernos regionales en materia de energía y minas es deficitaria, y limitada por decir los menos. Por ello, la transferencia de las funciones de fiscalización de la pequeña minería y de la minería artesanal es más declarativa que efectiva, y es considerada como un “presente griego”, donde se transfieren responsabilidades pero no los recursos necesarios, a pesar del boom fiscal y del crecimiento del impuesto a la renta pagado por las empresas mineras.

La minería informal que puede ser explicada como una estrategia de sobrevivencia o de una oportunidad social para miles de compatriotas ante la falta de empleo digno, han invadido y/o negociado una serie de concesiones en regiones auríferas como Puno, Madre de Dios, Arequipa, Ayacucho, Ica, La Libertad, Cajamarca, Piura etc., extrayendo de manera precaria más de 16 toneladas de oro según los estudios realizados por Osinergmin, que con los altos precios internacionales que bordean los 1,000 dólares la onza, hacen rentable las actividades con un alto nivel de contaminación en razón del uso indiscriminado del mercurio.

De allí, la necesidad de fortalecer Osinergmin que en un año ha realizado importantes tareas en la supervisión ambiental minera (La Oroya, Shougang, etc.), elevando significativamente las multas con una visión preventiva, es decir, obligando a las empresas mineras al cumplimiento con las normas ambientales, de seguridad e higiene en una lógica de costo/ beneficio.

Así, en el ámbito de su correspondencia minera, gran minería y mediana minería, en el 2007 ha realizado por medio de empresas de servicios y especializadas 426 inspecciones en un universo de 140 unidades mineras, estableciendo más de 2,109 UIT por concepto de multas, correspondiendo 881 UIT a las multas por faltas al medio ambiente y 1,228 UIT por concepto de seguridad e higiene minera.

Sin embargo, pese al relativo éxito del organismo regulador, debiera existir una superior racionalidad económica entre los recursos que la financian y los grandes déficits en materia de regulación ambiental. Por ello, resulta inexplicable que entre los activos existan montos importantes en la cuenta caja y bancos por casi 298 millones de nuevos soles, generando utilidades operativas y netas como si fuese una empresa productiva que serían transferidas al Ministerio de Economía y Finanzas, o que transfieran de sus ingresos 100 millones para electrificación rural, como si sobrasen en el país los recursos para una mejor y efectiva regulación.

Por el bien del país y de “un buen gobierno” se trata que los organismos reguladores tengan la suficiente autonomía política, económica y administrativa, con funcionarios bien remunerados para que no sean captados por los sujetos a regulación, pues el problema de la regulación ambiental se convierte en el tema central para una minería sostenible y sustentable en el tiempo. La minería para seguir creciendo necesita asegurar la licencia ambiental y social, en ese sentido la proliferación de la minería informal se constituye en un problema fundamental del país que se tiene que resolver.








miércoles, 5 de marzo de 2008

URGENTE REVISIÓN DE CONTRATOS LESIVOS

ZÓCALO CONTINENTAL EN SALMUERA: Z-2B y Z-1

En la Comisión de Energía y Minas se han conformado grupos de trabajo que deben investigar los contratos firmados en el pasado, tanto de la década de los noventa como en el período 2001-2006. Si bien el énfasis está centrado en el Contrato de Camisea lote 88 y del lote 56 con sus respectivas modificaciones, no se debiera perder de vista el conjunto de los contratos mineros-energéticos que ameritan ser investigados.

Se trata de investigar los presuntos “delitos económicos” que pudieran haberse cometido. Se debe recordar que en el 2001 se formó en el Congreso de la República una gran comisión investigadora de los presuntos hechos delictuosos acontecidos en la privatización de las empresas del Estado. Lamentablemente en nuestra legislación la subvaluación de los activos del Estado, de las reservas de hidrocarburos, la participación de funcionarios a los dos lados de la mesa, primero como privatizadores y luego como funcionarios privados no constituye delito alguno.

En el mismo sentido, en el Congreso anterior, precisamente en el 2003, se formó un Grupo de Trabajo al interior de la Comisión de Energía y Minas presidida por el ex congresista Alejandro Oré que tenía como tarea la investigación de algunos contratos petroleros como el referido al Lote Z-2B con la empresa Petrotech, y las modificaciones que se efectuaron al contrato de hidrocarburos del Lote 1-AB, y lamentablemente nunca se presentó informe final alguno.

EXISTEN INDICIOS RAZONABLES MATERIA DE INVESTIGACIÓN QUE EL CONGRESO DEBIERA INVESTIGAR


Es el caso del Contrato del Lote Z-2B en el Zócalo Continental firmado con Petrotech y el Estado. Se debe recordar que dicho contrato se firmó en 1993 cuando el gobierno de ese entonces tomó la decisión de privatizar el íntegro de la actividad petrolera en manos de Petroperú. Era la época donde los responsables del gobierno afirmaban que se debía privatizar una empresa pública por semana (Jaime Yoshiyama y Carlos Boloña - dixit)

Esta privatización tenía como antecedente el asunto de la estatización de la Belco, empresa petrolera americana ligada al clan de los Bush, y que al ser estatizada en el primer gobierno del presidente A. García, y al no llegarse a un acuerdo de valorización de sus activos, que no valían más de 90 millones de dólares, el Estado peruano durante el gobierno del fujimorismo tuvo que abonar más de 280 millones de dólares a la aseguradora de la Belco, la famosa AIG (American Internacional Group). Se debe tener presente que la mayor parte de la deuda la pagó PetroPerú y estos recursos no han sido devueltos ni reconocidos por el Estado peruano, descapitalizando a la petrolera estatal.

Una vez que se limpió las deudas con la Belco-AIG, el paso siguiente fue la liquidación de Petromar empresa filial de PetroPerú, que sustituyó a la Belco en la operaciones del Zócalo Continental entre 1986 al 1993. Petrotech sustituye a Petromar en las operaciones de mar, siendo una empresa que se formó con experiencia en el transporte de personal ganó una cuestionable subasta sin haber estado calificada como empresa petrolera. Así, sin invertir gran cosa, financiaba las obligaciones de la empresa con la propia rentabilidad de las operaciones.

En el contrato firmado entre Petrotech y PetroPerú en 1993, se estipuló como alquiler de las 90 plataformas marinas a la empresa Petrotech Inc. a pagar un alquiler de US$ 10 millones anuales. En ese entonces el precio del petróleo estaba a menos de 20 dólares el barril. Hoy en día el precio del crudo está a más de 90 dólares y se sigue pagando el mismo alquiler. Sirva de ejemplo la actualización de las tarifas del oleoducto Nor peruano, propiedad de PetroPerú que tuvo que ajustar las tarifas de transporte obligando a que Pluspetrol pagase más por el crudo que transporta.

Hubiese sido lógico actualizar el alquiler de las plataformas cuyo propietario es hasta ahora Petroperú, es decir el Estado, a los precios internacionales del crudo.
Así, el índice de precios del material y equipo de la industria de hidrocarburos se incrementa anualmente a nivel internacional y aquí en nuestro país se le sigue cobrando lo mismo a Petrotech empresa con domicilio en Delaware USA desde hace 15 años.

Ello no resulta lógico, pues además que la empresa tiene una débil contribución fiscal pues terceriza todo lo que puede, inflando costos de producción a vista y paciencia de Perúpetro, sigue pagando el mismo alquiler por las plataformas marinas necesarias para el proceso de extracción de crudo, el mejor del país en cuanto a grados API, liviano de casi 36º grados. Es más, se debería investigar a todos los funcionarios de Perúpetro que han fiscalizado a Petrotech, es más un gerente general de dicha empresa ocupó la presidencia del organismo estatal, favoreciendo los intereses de su representada en el 2001.

En el 2004 se pudo renegociar o revisar dicho contrato, y verificar el mal estado de las instalaciones de las plataformas marinas, algunas de las cuales se han venido abajo, contaminando el Mar de Grau. Por más antiguas que estén las plataformas tienen un “costo de oportunidad”, por ello sería interesante que se investigue a qué precio fueron vendidas las plataformas de PetroPerú a la empresa BPZ que opera el lote Z-1 frente a las costas de Tumbes, a fines del gobierno anterior.

El contrato del Z-2B debió resolverse en el 2004, por ser un contrato lesivo para los intereses del Estado. Ello no significa estar contra la inversión privada, ni ser un “perro del hortelano” como diría el Presidente de la República, pues se trata de una empresa que depreda los recursos de todos los peruanos, descapitalizando el país.

Este es un “Contrato de Servicios” que nunca debió firmarse, y han sido tantos los incumplimientos de esta empresa al contrato original firmado, y que dicho sea de paso el actual presidente de Perúpetro siempre cuestionó. En tal sentido, nunca es tarde para encontrar la verdad, y para corregir los “entuertos del pasado”, por ello debemos saludar que después de 15 años la Contraloría General de la República, ante tantas irregularidades que ameritan la apertura de sendas investigaciones, se haya decidido actuar según las resoluciones de Contraloría del mes de agosto y noviembre del 2007. Al respecto estaremos vigilantes a los resultados de las investigaciones.

Lo cierto y evidente es que dicho contrato producto de la privatización y liquidación de Petromar filial de Petroperú llevada a cabo en 1993, produce ahora menos de 13 mil barriles diarios cuando Petromar como filial de PetroPerú producía más 19 mil barriles diarios. Es más, se le han otorgado más lotes en exploración incluso más de uno con modificaciones de coordenadas geográficas que solamente suceden en el “país de maravillas”.

Al margen de la naturaleza de la empresa que ganó el Lote Z-2B Petrotech Internacional y la empresa que firmó con PetroPerú S.A. fue Petrotech Peruana empresa domiciliada en Perú, lo que afectó los niveles de ingresos fiscales por los menores ingresos del impuesto a la renta a la remisión de utilidades de la filial a su matriz que en esa fecha estaba vigente. Un cálculo indexado de lo dejado de percibir por el Estado representa más de 30 millones de dólares a la fecha.

Son múltiples las irregularidades propias de una empresa poco transparente, con un contrato lesivo a los intereses del país un contrato por medio del cual el Estado peruano tiene que pagar una retribución en especie promedio de 85 %, por un petróleo que antes era de su propiedad a través de Petromar filial de PetroPerú. Esto significa que por cada 100 barriles producidos se le retribuye 84 barriles que luego ésta revende a Petroperú para la refinería Talara, a precios internacionales.

Esto significa que la regalía equivalente en el Lote Z-2B Zócalo Continental es de 16 % sin haber invertido un dólar directamente pues Petrotech asumió las operaciones en marcha en 1994 y con el flujo de ingresos provenientes de la extracción de un crudo de alta calidad, puede pagar a PetroPerú US$ 10 millones anuales por el alquiler de las plataformas y equipos, abonar la regalía equivalente de 16% y obtener altísimas utilidades a costa de la explotación del petróleo, que permiten su expansión.

En verdad, esta regalía equivalente de 16% que se paga en el lote Z-2B, está muy por debajo de la tasas pagadas por otras empresas que operan en Talara, y que en el proceso de privatización de los lotes de PetroPerú iniciado en 1992 con el redimensionamiento del gran Lote X, no pagaron por las reservas probadas de hidrocarburos, al igual que Petrotech.

Así, en el 2007 Petrolera Monterrico empresa de capitales nacionales abona una regalía de 51 % en el lote II, Mercantile 47% que opera el lote III, Rio Bravo 47 % el lote IV, Sapet petrolera estatal de la China que opera el Lote VI/VII paga una tasa de regalía renegociada de 22%.

Y con respecto a regalías equivalentes de los llamados contratos de Servicios, la empresa Graña y Montero que opera el lote V abona una regalía de 35 % y la empresa petrolera de la Universidad de Ingeniería, Unipetro paga una regalía equivalente de 62 %

Por último, la petrolera Petrobras Energía del Brasil que sustituye a la argentina Pérez Companc en el Lote X asume una tasa de regalía de 30 %. Se debe tener presente que la petrolera argentina Pérez Companc pagó en diciembre del 1996 US $ 202 millones por 38 millones de barriles de reservas probadas aproximadamente.

En el caso del Lote Z-2B se le debe agregar la falta de mantenimiento de las 90 plataformas marinas algunas de las cuales se han venido abajo, el uso indebido de los líquidos de gas natural proveniente del gas húmedo y tratado en la Planta de Pariñas, la excesiva tercerización de sus operaciones, el abuso y sobreexplotación de sus trabajadores. Solamente la complacencia y tolerancia de las autoridades de Perúpetro hacia esta empresa explica la continuidad de sus operaciones lesivas en el país.

Procesadora Gas Pariñas de Petrotech

En el mismo sentido, se debe investigar las razones por las cuales autoridades del Ministerio de Energía y Minas y PerúPetro en el 2000-2001, especialmente de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), y también de Perúpetro, permitieron que Petrotech, a través de su empresa filial Gas Pariñas procesara el gas húmedo del Z-2B, cuando ello estaba expresamente prohibido por contrato.

Por contrato, Petrotech tenía que abastecer a la planta eléctrica de la Empresa Eléctrica de Piura por volúmenes de 18 millones de pies cúbicos diarios de gas húmedo, a un precio del millón de BTU equivalente al 10 % del precio internacional del petróleo residual 6 con uno por ciento de azufre. Evidentemente cuando el precio del residual estaba a 20 dólares el barril el 10 % era de dos dólares por millón de BTU (unidad térmica) más o menos equivalentes a 1,000 pies cúbicos (unidad de volumen).

El gas húmedo que antes vendía Petrotech a Eléctrica de Piura (EEPSA) del grupo Endesa, permitía que esta última procesara el gas en su Planta de Malacas (Talara) generando mayores ingresos y utilidades pues ello le permitía obtener más de 300 barriles diarios de GLP, más nafta, y gasolinas que se vendían al margen de las ventas de electricidad que realiza EEPSA. Es decir, el fraccionamiento y tratamiento de los líquidos de gas natural, es decir separar el gas seco para generar electricidad de los líquidos, le proporcionaba a Eléctrica de Piura los suficientes recursos para abonar los gastos de personal, como un negocio privado.

Se debe tener presente que hasta el 2006, el 40 % de las acciones de EEPSA le correspondían al Estado, y con esta violación del contrato se han afectando los intereses del Estado y de la región de Piura, pues sobre esa producción de líquidos no están pagando regalías, a margen que por contrato estaba expresamente prohibido el tratamiento de los líquidos.

Aparentemente ello podría ser considerado como una decisión privada, pero con esta decisión se ha afectado los intereses del Estado. Si bien estamos frente a una producción de 2,000 barriles diarios de líquidos de gas natural, frente a los 35 mil barriles que produce Camisea en La Convención-Cusco, donde la regalía pactada es del 37.24 %. Cabe hacerse la pregunta ¿qué regalía está pagando Petrotech por los líquidos de gas natural que valen tanto como el petróleo?

Solamente la inopia de Perúpetro supuesto organismo fiscalizador de los contratos petroleros y los intereses creados a nivel político por esta empresa petrolera, que no podría mantener actividades en Estados Unidos de Norteamérica por sus recurrentes faltas a la “ley y al orden”.

Por último, presentamos dos cuadros que representan los niveles de regalías que pagan las empresas petroleras en explotación en nuestro país. Evidentemente las empresas que operan en el lote Z-1 y Z-2B abonan las regalías más bajas, y otras pagan más de 40 % como Unipetro, la empresa de la Universidad de Ingeniería que tiene varios reconocimientos en el respecto ambiental pagando una regalía de 62 %.

Es decir, empresas como Petrotech y BPZ con regalías equivalentes de 16 % y 5 % no aseguran el canon y sobrecanon petrolero para Piura y Tumbes, este debería ser otro argumento para investigar y renegociar estos contratos lesivos al Estado.

Se trata de promover la inversión de riesgo, con regalías que reflejen los riesgos de no encontrar hidrocarburos, “ni muy altas ni muy bajas”. En ambos casos las reservas de petróleo y gas eran reconocidas y lo que es más grave Petrotech se da el lujo de “quemar y ventear” millones de pies cúbicos de gas natural contaminando la atmósfera con las emisiones de metano, a vista y paciencia de los organismos reguladores.

Bienvenida la inversión sana y transparente que capitalice el país, pagando impuestos y fomentando el trabajo con salarios dignos. Más resulta inaceptable para el país la presencia de empresas que mantienen contratos lesivos con el Perú, depredando sus recursos naturales no renovables. Ello debiera ser investigado por el Congreso de la República, en resguardo de la salud moral del país.








martes, 4 de marzo de 2008

Exportemos joyería “made in Perú”

UN MAYOR VALOR AGREGADO DE LOS METALES
En la producción mundial minera nuestro país ocupa un lugar de liderazgo. Para el 2007 la posición es del primer lugar en la producción mundial de la plata, segundo lugar en la del zinc, y cobre. En cuanto a la producción de oro estamos en el quinto lugar, desplazando a Rusia, Indonesia y Canadá. En verdad, la actividad minera es la columna vertebral de la economía peruana, tanto por los ingresos de exportación que genera, los impuestos que abona que resultan más del 52 % del impuesto a la renta, y por la capacidad de compra que genera en el resto de la economía, industrias, regiones y trabajadores.

Sin embargo, este patrón primario exportador tiene y tendrá límites de crecimiento cuando cesen o disminuyan los factores que determinan el crecimiento de la demanda mundial de los productos mineros. Sea la posible recesión o depresión de la economía norteamericana, el recalentamiento de la economía china, y el menor dinamismo de la economía mundial. Al margen de la competencia de los plásticos y del reciclaje industrial de los metales.

De allí, la importancia de promover las políticas de un mayor valor agregado, en el marco de las sinergias entre el Estado y el mercado, la negociación estratégica entre el Estado y las empresas privadas, mineras e industriales, sobre las políticas más convenientes al país. Si bien resulta una práctica aceptada para el sector minero el “no exportar impuestos” y las devoluciones de impuestos vía políticas de “draw back, no resulta lógico que en las compras locales de oro, plata, cobre o zinc los industriales domésticos paguen precios de Londres o New York más una serie de costos, simulando una exportación e importación que encarecen en demasía el precio internacional.

Es una verdad conocida que el valor de las exportaciones mineras de oro y plata en el 2007 fueron del orden de los 4,694 millones de dólares, que en el caso del oro se venden al exterior en la forma de doré, en una composición variable de 60 % de oro y 40 % de plata, resultando las mayores exportadoras empresas transnacionales como Mra. Yanacocha y Mra. Barrick, que determinan más del 60 % de la producción aurífera a nivel nacional.

Sin embargo, la exportación de joyería y orfebrería elaborada en el país no superaba los 100 millones de dólares. Evidentemente desde un punto de vista nacional y racional para el país sería más conveniente exportar productos manufacturados o terminados, que representen un mayor valor agregado del producto minero, lo cual tendría un efecto multiplicador en la generación de empleo y en la recaudación fiscal.

Ejemplo de estas políticas lo constituye la experiencia italiana que no produciendo un gramo de oro, compra en el mercado mundial un promedio de 250 toneladas de oro que representa casi el 10 % de la demanda mundial que se dedica a la fabricación de joyería. Con el oro importado, las más de 7,800 empresas italianas transforman el oro, generando modelos y determinando la moda mundial en la joyería. Y lo más importante, resuelven en parte el problema del empleo, ligando la industria de la joyería, artesanía y orfebrería con el turismo.

En nuestro país, el sector minero señala que su negocio está en la exploración y explotación de los metales. A lo más llega a la fundición y refinación. Lo curioso es que las principales refinadoras que existen en el país han sido inversiones realizadas por el Estado, complejo metalúrgico de La Oroya, Refinería de Cajamarquilla, Fundición de Ilo. Sin embargo, la privatización de estas unidades no contempló la posibilidad de priorizar las ventas al mercado interno en el marco de una política de industrialización de nuestros productos mineros.

De allí, la necesidad de establecer una política promotora para un mayor agregado de los metales vía políticas industriales para el oro, plata, zinc, cobre, etc. ¿Qué conviene más al país? Exportar oro doré o joyería de calidad con la marca “made in Perú”.