martes, 27 de mayo de 2014

POR FIN LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA REFINERÍA DE TALARA

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

En esta última semana de mayo del presente año, el Presidente de la República  debe colocar la primera piedra del proyecto más ambicioso en el sector de hidrocarburos después de las inversiones efectuadas por el Consorcio Perú LNG en el proyecto de exportación de gas natural proveniente del lote 56 (US$ 4,500 millones). Se trata del levantamiento y construcción de las diversas unidades que conforman el proyecto de modernización de la refinería de Talara a través del contrato con Técnicas Reunidas de España.

A diferencia del proyecto de exportación del gas natural de Camisea, recurso que es enfriado para volverlo líquido y destinarlo a la exportación comprometiendo la seguridad energética del país, inmovilizando más de 2.4 trillones gas natural del lote 88 que hasta ahora no son recuperados por el Estado, el proyecto de la refinería de Talara apunta a las inversiones para hacer posible la obtención de combustibles limpios de azufre en favor de la salud y el medio ambiente de los peruanos, sin comprometer recursos del fisco.

El proyecto de modernización de la refinería de Talara bajo responsabilidad de PetroPerú compromete capitales superiores a los 3,500 millones de dólares que en razón del efecto acelerador y multiplicador de la inversión tendrá efectos positivos al conjunto de la economía para mantener las tasas superiores al 5 por ciento en el PBI en los próximos cuatro años. 

Desde el punto de vista técnico se trata del aumento en la capacidad de refino en la destilación primaria de 65 mil barriles diarios a 95 mil barriles, con un aumento de las unidades de destilación al vació y de craqueo catalítico, para aprovechar mejor la producción de destilados medios como el diesel 2 cuya producción se incrementará de 22 mil barriles a 40 mil barriles diarios para abastecer el creciente mercado de combustibles.

La capacidad actual de refino de gasolinas de 9,400 barriles diarios se ampliará a los 20 mil barriles diarios, del gas licuado de petróleo (GLP) de 4,800 barriles diarios se incrementará a los 7,400 barriles, como también aumentará la producción del turbo A1 combustible de alto octanaje destinado a la aviación a una capacidad de 10,500 barriles diarios.

Por el contrario, se agregará un mayor valor a los derivados reduciendo la producción de las naftas (gasolinas crudas) y de los petróleos residuales industriales que se han convertido cada vez más en superavitarios por el efecto del gas de Camisea que los ha sustituido  en la generación eléctrica y en el uso industrial (calderos)

LAS BONDADES DEL PROYECTO INTEGRAL

Sin lugar a dudas la inversión más significativa está en relación a la construcción de la planta de desulfurización es decir del retiro de azufre del petróleo y sus derivados, para reducirlo de los 2,500 partes por millón a las exigencias internacionales de 50 partes por millón de azufre, cuando en Europa algunas refinerías aplican hasta 15 partes por millón de azufre.

Se estima que las inversiones en la unidad para el retiro de azufre en los combustibles están bordeando los 1,000 millones de dólares que al término del proyecto harán posible la sustitución de las crecientes importaciones del diesel 2 con 50 partes por millón que tienen que hacerse en la actualidad para abastecer el mercado de combustibles de Lima, Callao, Arequipa.

El mercado de combustibles importa a través de los operadores refinería La Pampilla y PetroPerú valores superiores a los 1,500 millones de dólares anuales en el diesel con 50 partes por millón de azufre que ahora en lo que respecta a la petrolera estatal serán obtenidos en Talara al término del proyecto. Es de esperar que la privada Repsol accionista mayoritario de La Pampilla, también inicie la construcción de la planta de desulfurización pues por normas ambientales a  partir del 2016, en el mercado nacional las refinerías locales deben procesar combustibles limpios.

Un impacto adicional que agrega valor al proyecto integral es la construcción de la planta de tratamiento de crudos pesados para aprovechar los crecientes volúmenes de petróleo con un grado de gravedad menor a los 19º API. Los crudos pesados del lote 1-AB, del lote 67 Perenco y otros se tienen que exportar a precios castigados pues hasta ahora ninguna refinería local es capaz de procesar estos crudos provenientes de la selva nororiental.

Esto posibilitará que más de 15 mil barriles diarios que representan exportaciones superiores a los 600 millones de dólares anuales sean tratados en el país, mejorando la deficitaria balanza comercial de hidrocarburos.

En el mismo sentido la construcción de la planta de ácido sulfúrico (H2SO4) que tendrá una capacidad de 1,600 barriles diarios permitirá aprovechar el azufre sirviendo a una cadena que se relaciona con el proceso de lixiviación de los metales en especial del oro y cobre en la gran minería.

En conjunto el proyecto integral de modernización de la refinería de Talara tendrá efectos positivos acumulativos, en la política de valor agregado, en la generación de un poder de compra regional y nacional por la demanda de equipo, de bienes y servicios, mayores impuestos, una demanda de empleo que en la etapa cumbre llegaría a los 15 mil puestos de trabajo.

Sin embargo, la modernización integral no debiera soslayar el problema fundamental de la economía política en el sector de hidrocarburos. Se trata de la menor producción de crudo a nivel interno. De allí la necesidad de un marco promotor para la inversión de riesgo en el sector con la debida responsabilidad social y ambiental.

En la costa norte la producción promedio de petróleo bordea los 40 mil barriles diarios de un crudo ligero, y con una refinería modernizada se podrán tratar los crudos pesados de la selva nororiental que actualmente se exportan aproximadamente 15 mil barriles diarios. En total, la refinería de Talara modernizada a lo sumo podría tratar a lo mucho 55 mil barriles diarios provenientes de la producción local, y el resto de su capacidad unos 40 mil barriles diarios tendrán que ser importados para operar a plena capacidad.

Hace más de 20 años se justificó la privatización de PetroPerú con el argumento de incrementar la producción doméstica. Sin embargo, sean cuales fueran las razones la producción tiende a descender. Por ello el Presidente de la República debiera tener presente la integración vertical en las operaciones de PetroPerú para apostar por su genuino fortalecimiento.

La integración vertical es la forma técnica y más eficiente de operar en el sector de hidrocarburos como lo hacen todas las empresas petroleras del mundo en especial Chile y Colombia que desarrollando políticas liberales apoyan el fortalecimiento de sus empresas estatales como ENAP y Ecopetrol respectivamente, las cuales antes de los años noventa del siglo pasado estaban por debajo de los niveles de ingresos y activos en relación a PetroPerú, empresa pública que fue sometida a una absurda privatización por partes.

PetroPerú a pesar de estar reducida a las actividades de refinación y distribución mayorista ha conseguido numerosos premios nacionales e internacionales, de reconocimiento a la calidad total de sus combustibles y de las operaciones, como el último informe de la consultora Latinvex que la considera entre las 100 mejores empresas de América Latina.

De allí que sea un imperativo nacional la integración vertical, es decir que opere en la explotación, transporte, refinación y distribución mayorista, minorista de los derivados  del petróleo; de ese modo se podrán obtener mayores utilidades, y el Estado podrá construir más hospitales y escuelas en la lucha contra la pobreza, apostando por una verdadera inclusión social.


martes, 20 de mayo de 2014

CONFLICTO DE INTERÉS INTENTA PRIVATIZAR PETROPERÚ DE TODAS MANERAS*

* Publicado en el diario La República de Piura el 20 de mayo de 2014

PELIGROSO. Especialista lamenta que grupo El Comercio y consultora vean otros beneficios al asesorar a empresa estatal.

Enrique Villegas Rivas

Piura

Para el investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jorge Manco Zaconetti, existe un gran lobby entre el grupo El Comercio y la consultora en comunicaciones Llorente & Cuenca, que apuesta por la privatización de Petroperú de todas maneras.

Esto, luego de la denuncia de IDL-Reporteros sobre un presunto conflicto de interés al haber contratado Petroperú los servicios de la consultora para que su personal defienda ante los medios el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) y El Comercio cambie radicalmente sus editoriales respecto al tema.  

“Llorente & Cuenca asesora a privados y no apuesta por el fortalecimiento de Petroperú. La idea de esta consultoría es amortiguar el tema y hacer que El Comercio venda el interés por el PMRT, pues ningún privado invertiría los 3,500 millones de dólares para este proyecto. El objetivo es alentar la privatización del 49% de las acciones”, aseveró. 

En ese sentido, Jorge Manco dijo que las políticas de contratación de Petroperú son irregulares porque se realizan sin fiscalización y el 95% de los servicios los toma de afuera, lo cual se justificaría si no existieran especialistas en hidrocarburos. 

“Los cambios editoriales son para neutralizar al grupo El Comercio. Recordemos que con Luis Miró Quesada de la Guerra, este diario defendía el petróleo, encabezaba su recuperación a través del lema “Petróleos para los peruanos”, pero a partir de la privatización salen sus intereses, y es Graña y Montero la más interesada en este negocio y está en contra de la integración vertical de Petroperú. La idea es que los privados absorban Petroperú”, detalló.

Asimismo cuestionó que a los contratos por estas consultorías, la alta dirección de Petroperú les haya puesto el sello de “reservado”, lo cual es muy delicado porque hace recordar el aumento indiscriminado de sueldos que se hicieron los directivos.

“Los contratos deben ser públicos por la Ley de Transparencia, hay muchas cosas que Petroperú debe mejorar para que la empresa sea eficiente porque este tipo de contratos poco ayudan y no se justifican. Creo que el Congreso de la República debe convocar al presidente de Petroperú y al ministro de Energía y Minas, para que aclaren sobre este tema, porque ahora también quieren licitar los terminales que deberían de retornar a Petroperú. Esta campaña enturbia todo proceso de fortalecimiento”, refirió.

Por ello, Manco Zaconetti responsabilizó de esta crisis al directorio, la gerencia general y presidente de Petroperú, los cuales son muy cuestionados y en la práctica les han ordenado perfil bajo y no defender a Petroperú.

“Eso preocupa porque se vine postergando la firma para dar inicio al PMRT, recién el directorio se reúne hoy para ver el tema. Pero insisto, este tipo de cosas enturbia la decisión del gobierno porque si hacen contratos con una consultoría, ahora, cómo será cuando existan de por medio 2,500 millones de dólares”, resaltó. 


sábado, 10 de mayo de 2014

LA NECESARIA REESTRUCTURACIÓN DE PERÚPETRO

EN DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO

ESCRIBE: Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM)

Lo que está pasando con la empresa noruega Interoil que explota hasta ahora los recursos petroleros de los lotes III y IV en Talara demuestra una vez más la falta de estrategia y planeamiento del Estado en materia de energía, lo cual constituye una responsabilidad pública y no de las empresas privadas.

El organismo público que representa al estado en materia de hidrocarburos en cuanto a la promoción de la inversión privada, suscripción de los contratos, supervisión y fiscalización de los mismos es Perúpetro, organismo creado a inicios de la década de los noventa, cuando el gobierno del fujimorismo asumió la responsabilidad de privatizar aceleradamente y por partes a PetroPerú, contra toda lógica y criterio técnico.

Si se tiene presente que el principio fundamental de las empresas es la maximización de las utilidades se debiera reconocer que ello significa por oposición minimizar los ingresos percibidos por el estado. Esa es la lógica económica que está subyacente en la razón de ser de toda empresa, de allí la importancia de la defensa del interés público.

En tal sentido debiera ser preocupación central de Perúpetro promover los mayores compromisos de inversión y al mismo tiempo salvaguardar la mayor participación del estado en la riqueza creada, vía impuesto a la renta y regalías cuando se trata de recursos naturales no renovables como los hidrocarburos, al margen de las inversiones sociales propias de la responsabilidad social empresarial.

En nuestro país, los gobiernos sucesivos en esta materia reaccionan con políticas de corto plazo, contradictorias, bajo el influjo de una inmediatez que no asegura las mayores inversiones que demanda el sector de hidrocarburos para alcanzar la autonomía energética y recuperar un balance positivo en nuestra balanza comercial de hidrocarburos. Esta debiera ser una política de estado en el largo plazo, sea cual fuere el gobierno.

Sirva las diferencias de trato en relación a los contratos del sector.  Mientras a las empresas Graña y Montero, Petrolera Monterrico, Sapet, Maple Gas Corporation se les prórroga los contratos de explotación por diez años adicionales sin haber valorizado previamente las reservas probadas y probables que son propiedad de la Nación.
En el caso de Interoil se negoció un nuevo “contrato temporal” que no existe en la legislación que solamente reconoce los contratos de licencia y de servicios, con el agravante que en el futuro próximo transcurridos los doce meses, la empresa continué en las operaciones si gana la licitación pública que Perúptero está preparando para los lotes III y IV.

Por último, a la empresa petrolera de la Universidad de Ingeniería Unipetro, responsable de las operaciones en el lote IX pagando la tasa de regalías equivalente más alta,  se le prorroga el contrato por dos años. Y, en el caso
del lote 1-AB donde opera Pluspetrol Norte ahora denominado lote 192, cuya vigencia contractual vence en agosto del 2015, se piensa convocar a una licitación internacional para un nuevo contrato con una vigencia de 30 años.

Si se tiene presente que dicho lote (1-AB) firmado en 1971 durante la junta militar de gobierno del general Velasco Alvarado, ha sido prorrogado ya tantas veces; renegociado por el primer gobierno aprista  en 1986 cuando el contratista era la OXY. Con dicha renegociación su vencimiento contractual era en el 2007, sin embargo durante el gobierno de transición del Dr. Panigua (2001), siendo ministro del sector el señor Herrera Descalzi,  PerúPetro indebidamente prorrogó la terminación contractual del 2007 para agosto del 2015, cambiando la naturaleza del contrato de servicios a uno de licencia, donde el estado perdió la titularidad, es decir, la propiedad sobre los hidrocarburos, favoreciendo los intereses de la petrolera argentina Pluspetrol.

Esta debilidad institucional de Perúpetro en la defensa del interés público se explicaría por varias razones. Una se debe a la falta de autonomía económica, administrativa a pesar de las millonarias cifras que capta por concepto de regalías que financian en parte el canon y sobrecanon de hidrocarburos incluido el canon gasífero.

A ello se debiera agregar las restricciones presupuestales que le impone el ministerio de economía y finanzas y si a ello se suma la intervención política, con su dosis de corrupción que tiene como expresión suprema los diversos cambios contractuales que se hicieron desde el 2003 para favorecer el contrato de exportación del lote 56, como el llamado escándalo  de los “Petroaudios” que involucraba también a una empresa noruega coludidos con altos funcionarios de PerúPetro.

Desde mi punto de vista el estado ha perdido el norte en materia de hidrocarburos y se requiere una serie de reformas que involucren un consenso de la clase política respecto al rol del estado por medio de la regulación, y sobre qué hacer en relación con PetroPerú. Es más, la normatividad del sector debiera ser promotora de la inversión privada pero con responsabilidad social y ambiental, para que no se reproduzcan los pasivos ambientales del lote 1-AB que constituyen toda una tragedia, que el estado como siempre asumirá.

Existe una debilidad institucional en PerúPetro cuya dependencia del intervencionismo político de los gobiernos de turno amerita un cambio en la designación de sus directores; donde se debiera nombrar a un directorio intachable calificado técnicamente y éticamente, en un régimen parecido a la elección del Banco Central de Reserva por un período determinado.

En los últimos años los mejores cuadros de Perúpetro han fugado al sector privado o han sido captados por PetroPerú, lo cual demuestra la precaria capacidad negociadora y fiscalizadora de dicho organismo público. A ello debiera sumarse el rezago salarial de sus empleados y funcionarios en relación a las remuneraciones vigentes con cargos equivalentes en Osinergmin o en la petrolera estatal.

La precariedad de Perúpetro queda demostrada una vez más con el “affaire Interoil” . En este caso los problemas se avecinaban desde el 2011 cuando la empresa dejaba de invertir para incrementar  y/o mantener la producción en unos lotes que en la década de los noventa no producian ni siquiera los 1,000 barriles diarios.

Por el contrario, fue Interoil la empresa que asumiendo la responsabilidad productiva de los anteriores contratistas la que elevó la producción conjunta de los lotes III y IV extrajendo más 5,000 barriles diarios en su mejor momento de un crudo ligero que en su integridad abastece a la refinería de Talara (PetroPerú).  Sin embargo, desde el 2011 por la ausencia de un planemiento estratégico de parte del estado y falta de objetivos en el largo plazo la producción disminuía hasta los niveles de 2,600 barriles diarios afectando los ingresos fiscales y el canon (Piura) y sobrecanon regional (Tumbes)

A diferencia de las empresas Sapet o Graña y Montero, que operan en al misma región, las regalías abonadas por Interoil y Petrolera Monterrico superan la tasa del 49 por ciento que pueden ser consideradas como anormalmente altas, si se considera que Sapet (VI/VII) abona un tasa de 12.75 por ciento,  la empresa de la UNI una regalía equivalente superior al 70 por ciento, y Pluspetrol en el lote 1-AB abona un promedio de 30 por ciento.

Si bien las tasas de regalías en los lotes III y IV bordean el 49.20 por ciento, lo cual le permite al estado participar en la renta petrolera de manera significativa, se debe reconocer que tales tasas se fijaron en razón que la empresa titular de los contratos de los lotes III y IV no pagó por las reservas probadas y probables que transfirió PetroPerú en el proceso de privatización llevado a cabo a inicios de los noventa del siglo pasado.

En verdad, con el “contrato temporal “ de doce meses firmado con Interoil con el argumento de preparar las bases para una licitación pública Perúpetro no hace más que postergar una decisión que debió adoptarse a inicios del presente régimen.

Por la ley de fortalecimiento y modernización de PetroPerú, dichos lotes cuyos contratos vencieron o estaban próximos a su término, debieron ser asignados directamente a la petrolera estatal para alcanzar la integración vertical entre las operaciones de explotación, refinación, transporte, distribución mayorista y minorista pues esta constituye la forma racional, técnica y nacional de operar en el sector de hidrocarburos. Lo contrario es defender el interés privado en detrimento del interés público, de allí la necesidad de reestructurar PerúPetro.