miércoles, 12 de septiembre de 2007

¿Por qué se deben investigar los Contratos Petroleros?


Es urgente y necesario por la salud moral del país que el Congreso de la República se legitime ante la opinión pública y la población en su conjunto para revertir la “negativa imagen” producto de entuertos de la política criolla, tránsfugas, desatinos, empleados fantasmas, etc.

El Congreso de la República en su rol de fiscalizador puede y debe investigar, revisar los contratos firmados en el pasado y que hoy afectan los ingresos públicos, y la capitalización del país. Una magnífica oportunidad se le presenta a la Comisión de Energía y Minas para investigar el cumplimiento de inversión en los contratos de estabilidad jurídica firmados con las empresas del sector minero- energético.

En primer lugar, se debe recordar que en el año 2003, en la Comisión de Energía y Minas, se formó un Grupo de Trabajo, que debía fiscalizar e investigar los contratos petroleros, presidida por el ex congresista Alejandro Oré del partido “Perú Posible”. Específicamente se tenía que investigar los contratos del lote Z-2B en el Zócalo Continental y el Lote 1-AB (Andoas) que estuvo a manos de la OXY hasta el 2000

Lamentablemente nunca se evacuó el Informe de esta investigación e ignoramos las razones de ello. Sin embargo, creemos que existen razones de hecho y derecho que debieran considerarse para la conformación del referido Grupo de Trabajo al interior de la Comisión de Energía y Minas.

Solamente mencionaré algunas “anomalías” por así decirlo, que perjudican los intereses del Estado, y donde la empresa estatal PerúPetro, responsable de promover las inversiones y supervisar los contratos en hidrocarburos, mantiene una actitud pasiva e indolente por decir lo menos:

En el caso del Contrato en el Lote Z-2B Zócalo Continental firmado con Petrotech y el Estado. Se debe recordar que dicho contrato se firmó en 1993 cuando el gobierno de ese entonces tomó la decisión de privatizar el íntegro de la actividad petrolera en manos de PetroPerú. Era la época donde los responsables del gobierno afirmaban que se debía privatizar una empresa pública por semana (Jaime Yoshiyama y Carlos Boloña - dixit)

Esta privatización tenía como antecedente el asunto de la estatización de la Belco, empresa petrolera americana ligada al clan de los Bush, y que al ser estatizada en el primer gobierno del presidente A. García, y al no llegarse a un acuerdo de valorización de sus activos, que no valían más de 90 millones de dólares, el Estado peruano durante el gobierno del fujimorismo tuvo que abonar más de 280 millones de dólares a la aseguradora de la Belco, la famosa AIG (American Internacional Group).

Una vez que se limpió las deudas con la Belco-AIG, el paso siguiente fue la liquidación de Petromar empresa filial de PetroPerú, que sustituyó a la Belco en la operaciones del Zócalo Continental entre 1986 al 1993.

Así, en el contrato firmado entre Petrotech y PetroPerú en 1993, se estipuló como alquiler de las 90 plataformas marinas a la empresa Petrotech Inc. a pagar un alquiler de US $ 10 millones anuales. En ese entonces el precio del petróleo estaba a menos de 20 dólares el barril. Hoy en día el precio del crudo está a más de 70 dólares y se sigue pagando el mismo alquiler.

Ello no resulta lógico, pues además que la empresa tiene una débil contribución fiscal pues terceriza todo lo que puede, inflando costos de producción a vista y paciencia de PerúPetro, sigue pagando el mismo alquiler por las plataformas marinas necesarias para el proceso de extracción de crudo, el mejor del país en cuanto a grados API, liviano de casi 36º grados

En el 2004 se pudo renegociar o revisar dicho contrato, y verificar el mal estado de las instalaciones de las plataformas marinas, algunas de las cuales se han venido abajo, contaminando el Mar de Grau.

En el mismo sentido, se debe investigar las razones por las cuales el Ministerio de Energía y Minas y PerúPetro en el 2000-2001, permitieron que Petrotech, a través de una empresa filial Gas Pariñas procesara el gas húmedo del Z-2B, cuando ello estaba prohibido por contrato.

Aparentemente ello podría ser considerado como una decisión privada, pero con esta decisión se ha afectado los intereses del Estado. ¿Por qué razón?

El gas húmedo que antes vendía Petrotech a Eléctrica de Piura EEPSA del grupo Endesa, permitía que esta última procesara el gas en su Planta de Malacas (Talara) generando mayores ingresos y utilidades pues ello le permitía obtener más de 300 barriles diarios de GLP, más nafta, y gasolinas que se vendían al margen de las ventas de electricidad que realiza EEPSA.

Se debe tener presente que hasta el 2006, el 40 % de las acciones de EEPSA le correspondían al Estado, y con esta violación del contrato se han afectando los intereses del Estado y de la región de Piura, pues sobre esa producción de líquidos no están pagando regalías.


En segundo lugar; resulta importante investigar, revisar y fiscalizar los contratos del Lote 88 (Camisea I) y del Lote 56 (Camisea II). Siempre se dijo en el Ministerio de Energía y Minas y a nivel de gobierno, hasta el mismo ex ministro Jaime Quijandría lo señalaba, que el Lote 88 está destinado para el mercado interno y el Lote 56 para la exportación.

El Lote 56 es el correspondiente a Pagoreni y en 1999 la Shell perforó un pozo exploratorio descubriendo casi 2.7 trillones de pies cúbicos de gas natural y 200 millones de barriles en condensados. En setiembre del 2004 durante el régimen del presidente Alejandro Toledo se firmó el contrato por el lote 56 con prácticamente las mismas empresas que están en el Lote 88, es decir Pluspetrol, Hunt, Sonatrach adhiriéndose en el 2006 Repsol/YPF.

Sería interesante investigar cómo se licitó el Lote 56, bajo qué condiciones, que empresas hicieron propuestas en firme, o prácticamente hubo una designación. Todas estas preguntas debieran ser asumidas por el Grupo de Trabajo que se pueda formar en la Comisión de Energía y Minas.

También debiera investigarse las razones por las cuales en diciembre del 2005 prácticamente de salida del toledismo, se aprobó un decreto supremo por medio del cual, parte de las reservas del Lote 88 tenían que afianzar, reforzar las reservas del Lote 56 dedicadas a la exportación donde la trasnacional Repsol/YPF estaría por firmar un contrato de abastecimiento de gas hacia México por 520 millones de pies cúbicos diarios a partir del 2011.

En el mismo sentido, nos debiera interesar cuál será el precio del gas natural sobre el cual se deberá abonar las regalías para el Estado peruano, pues sería perjudicial para los intereses del estado que el precio del gas natural que exporte Repsol/YPF sea menor que el gas que se procese internamente mediante la petroquímica, que es una política de valor agregado.

En tercer lugar, debiera interesar las modificaciones del contrato del Lote 1-AB. Este contrato debía finalizar en el 2007, es decir en este año, e ignoramos las razones por medio de las cuales PerúPetro en el 2001, durante el gobierno de Transición se permitió la ampliación del contrato hasta el 2015. Siempre se dijo que era un lote con reservas en agotamiento, de crudo pesado, y de rendimientos decrecientes. Sin embargo, en el primer trimestre del 2007 se anunció extra oficialmente el descubrimiento de un manto de petróleo de alta calidad.

Se debe recordar que el referido contrato renegociado en el 1986 entre la OXY y el Estado peruano era un contrato de servicios, por medio del cual el Estado peruano tenía que pagar una retribución del 58.5 % teniendo como referente una canasta de crudo de un API de 22 %. Sin embargo, el crudo de ese lote era de 19º grados pero se le pagaba como de 22º, a vista y paciencia de PerúPetro. Sin embargo, lo importante es que este crudo peruano era propiedad del Estado.

En el 2001 entre abril y junio la OXY le transfirió a Pluspetrol el referido contrato, y la empresa argentina que está también en el Lote 8, modificó el contrato de Servicios por uno de Licencia, donde el Estado peruano solamente debía percibir las regalías, pero el crudo pasaba a ser de propiedad del contratista.

Hoy Pluspetrol explota el Lote 8 y el Lote 1-AB abona las regalías correspondientes, produciendo más de 40 mil barriles diarios, exportando el crudo pesado y es el titular de los hidrocarburos.

Sin embargo, ignoramos las razones por las cuales se amplió la fecha de terminación de contratos, que repito estaba pactada en el 2007. De no haberse ampliado, hoy PetroPerú estaría operando dicho lote que produce petróleo pesado y prácticamente su producción aseguraba adicionalmente las necesidades futuras de la refinería de Talara que se está modernizando.

Es más, en el 2003 la empresa argentina Pluspetrol vendió el 45% de su participación del Lote 8 (Trompeteros) y del Lote 1-AB a la empresa estatal china de petróleo CNPC. La pregunta sería y qué ganó el Estado peruano. ¿Tenía conocimiento de ello Perúpetro?, después de todo el Lote 8 tiene su origen en un contrato de Licencia con una empresa Pluspetrol filial, y no con una sociedad anónima.

En verdad, estas son algunas ideas que pudieran ser tomadas en cuenta por el futuro Grupo de Trabajo que se formé en la Comisión de Energía y Minas. Para ello por la amplitud y complejidad del tema sería importante la separación de los contratos mineros y los contratos del sector energético, por razones de lógica pues como dice el refrán “quién mucho abarca poco aprieta.”

Es positivo el fomento de la inversión privada en el sector minero energético. Mas lo cuestionable es la debilidad en la defensa de los intereses del Estado con acciones que debieran ser investigadas por el Congreso de la República, la salud moral del país así lo exige.