jueves, 27 de agosto de 2015

Escrito por: César Gutiérrez.
Publicado en Utilities Perú*
Jueves 27 de Agosto del 2015


PARTICIPACIÓN DE FONDOS AFILIADOS DE AFP EN REFINERÍA LA PAMPILLA A PUNTO DE SER “LICUADOS”

Hecho podría concretizarse en Junta de Accionistas el próximo 17 de septiembre.
La multinacional Repsol SA, no deja de hacer noticia en el Perú, lamentablemente que éstas no sean las más apropiadas para los peruanos. Desde el 2010 a la fecha no hay tregua y para cualquier decisión que involucre fondos de ciudadanos nacionales comprometido en sus operaciones, más vale ser suspicaz, los hechos nos exigen una posición de esta naturaleza y es el caso de los afiliados a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), cuyos fondos están invertidos en Refinería La Pampilla SA (Relapasa); controlada por la subsidiaria de la domiciliada en La Haya, Holanda; Repsol Perú BV, que a la vez es controlada por la española Repsol SA. Un breve recuento de lo que ha venido ocurriendo con esta empresa será útil.

LA PRIMERA MALA SEÑAL:


EL ENGAÑO EN LA EXPORTACIÓN DE GAS NATURA LICUADO (LNG)



Entre agosto del 2010 y mayo del 2011, la empresa Perú LNG SRL, en cuyo accionariado participaba en ese momento Repsol YPF SA (domiciliada en España), realizó 10 embarques de LNG, cuyo comprador fue nada menos Repsol Gas SA (domiciliada en España). Esta operación fue declarada por esta última de haber sido transada en un destino que no era el real, lo que ocasionó al estado peruano un perjuicio de cerca de 45 millones de dólares de la época, por regalías no pagadas en la producción del lote 56, donde participaba otra de sus subsidiarias, en este caso una domiciliada en Perú, Repsol Exploración Perú Sucursal Perú SA. Felizmente para el estado peruano, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington, luego de un proceso arbitral que duró dos años y 8 meses, el pasado 21 de mayo, laudó favorablemente a los intereses nacionales, exigiendo el pago solicitado considerando gastos e intereses.

NO HAY PRIMERA SIN SEGUNDA:


EL INTENTO DE VENDER RELAPASA AL ESTADO PERUANO.



En el primer trimestre del 2013, luego de haber recibido en abril del 2012, el duro golpe de la expropiación del 51% de las acciones de Repsol YPF SA en Argentina, por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la decisión de la matriz fue vender activos de refinación de crudo y de licuación de gas natural e invertir en campos productores, es lo que en el sector se conoce como: “menos fierro y más pozos”. En ese contexto en nuestra patria vendieron su participación en Perú LNG SRL e intentaron vender Relapasa, incluyendo una subsidiaria de la cual la última de las mencionadas era y es propietaria del 100%, denominada Repsol Comercial SAC (Recosac), que tiene propiedad y gestiona estaciones de servicio. El principal interesado, fue el estado peruano, que intentó adquirirla vía Petroperú. Los cuestionamientos que hicimos en público unos pocos, a los que en la hora nona se sumó la clase política, impidió la transacción que hoy estuviésemos lamentando.

LA TERCERA PODÍA HABER SIDO LA VENCIDA:


LA CONCERTACIÓN DE PRECIOS DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP)




A fines del mes de abril de este año, ocurrió un hecho que llegó hasta las amas de casa, empezó a escasear el GLP. Increíble en ese momento, siendo exportadores netos, pasamos a ser deficitarios. Se ensayaron varias respuestas: que había un deslizamiento que produjo rotura del poliducto (ducto que transporta líquidos), que había fuerte oleaje que impedía desembarcos en el Callao, que había crecida en el río Camisea que podía originar otras roturas del ducto de líquidos, entre otros. Aún no hay explicación satisfactoria, pero algo se consolidó en el mercado: el incremento de precios del balón de 10 Kg que se utiliza en los domicilios de todo el territorio nacional. Quedó clarísimo que mientras el valor del producto disminuía por tendencia internacional, el consumidor final experimentaba incremento importante; los beneficiarios, los actores de la cadena de distribución, tan es así que el timorato veedor de la libre competencia, Indecopi, ha tenido que señalar que ha habido una concertación de precios, donde Repsol Gas del Perú SA (Regapesa), está entre los señalados.

EL CUARTO INTENTO: EL GOLPE.


LICUAR A LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS DE RELAPASA.

Grifos, Grifos Repsol. 
.
La constante desde el 2013, es que la privada Relapasa, obtiene resultados menores que los de la cuestionada estatal Petroperú. El aserto que una corporación manejada por accionistas privados es más eficiente que el de una empresa estatal, es desmentido en el Perú.
Si se revisan los estados financieros auditados de Relapasa y Petroperú; se tendrán cifras muy elocuentes. En el 2013, la primera perdía 61.5 millones de dólares (MM US $) mientras que la segunda registraba utilidades por la suma de 33.6 MM US $. En el 2014, les fue mal a ambas empresas, pero a la privada le fue peor, pues perdía 91.5 MM US $, mientras que la estatal tenía pérdidas por la cifra de 33.3 MM US $. En el 2015, la tendencia se mantiene y ambas han registrado utilidades en el primer semestre, pero sorpresa, Petroperú casi cuadriplica las utilidades de Relapasa (3.96 veces), 115 MM US $ versus 29 MM US $.

Para establecer comparaciones el ratio costo de ventas respecto a ingresos brutos totales, es una buena unidad de medida, pues prácticamente expresa cual es el peso del costo del crudo respecto a las ventas. Aquí inexplicablemente Relapasa tiene un ratio más elevado que el de Petroperú: 99% versus 95% en el 2014, mientras que en el 2013 fue de 99% versus 93%. En el primer semestre del 2015, la privada tiene el ratio mencionado en 93%, la estatal lo tiene en 81%. Difícil de explicar sobre todo porque Repsol tiene una subsidiaria de “trading” que se supone que tiene mayor eficiencia que el departamento de compras de mercado externo de Petroperú.

Hoy Relapasa tiene una capitalización bursátil del orden de 87 MM US $, magra y vergonzosa cifra. En estas circunstancias ha citado a una Junta General Ordinaria de Accionistas (JGA) para el próximo 17 de septiembre, siendo uno de los temas fundamentales a decidir, el aumento de capital en 100 MM US $. La pregunta obvia es: ¿con las cifras de gestión exhibidas, los accionistas minoritarios podrían tener confianza en hacer un aumento de capital? Por supuesto que la respuesta debe ser un “no” rotundo y dentro de ellos debe contarse principalmente a la posición de AFP Integra que tiene el 5.74%. No entendemos cómo puede haberse hecho tamaño apuesta de tener esa participación con el dinero de los jubilados, sobre todo esta AFP que es la que tiene mayor cantidad de afiliados, 34.6% que representa algo más de 2 millones de personas.
Si la decisión del principal accionista de Relapasa, Repsol BV; logra imponer el aumento de capital, licuará la participación de los minoritarios, esto no debe permitirse.


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lunes, 24 de agosto de 2015

Escrito por: Humberto Campodónico
Publicado en el diario La República*
 Lunes 24 de Agosto del 2015

Lote 192: ¿por qué no entró Petroperú?

El aspecto central del balance que necesariamente debe hacerse sobre el cambio de 180 grados de la política petrolera del gobierno y del rol de Petroperú es: ¿por qué el MEF se convirtió en ejecutor determinante logrando que Petroperú no pueda acceder a ningún lote petrolero y esté cada vez más cerca de la privatización por su exclusión del Lote 192?
La jugada clave del MEF fue la Ley 30130 a fines del 2013. La Ley da luz verde a la modernización de la Refinería de Talara, a ser construida por Técnicas Reunidas (TR) de España por US$ 2,730 millones, pero con dos condiciones: que se aumente de 20 a 49% la cantidad de acciones a venderse en Bolsa (Art. 3) y que Petroperú no emprenda ningún proyecto que le genere pasivos (reales o a futuro), mientras no pague los préstamos de Talara (Art. 6).

El Art. 6 aparece razonable, ¿no? Pero su verdadero objetivo es otro: impedir que Petroperú explote petróleo y avance hacia su fortalecimiento definitivo. ¿Por qué? Porque tener lotes petroleros mejora el flujo de caja de la empresa y, por tanto, su capacidad de pago de los préstamos. Y eso es lo que no quiere el MEF para que “no se le vea bien” a la estatal, que siempre “debe ser mala e ineficiente”.

Eso es lo que el MEF no dice, al tiempo que alega que cualquier pasivo es “ilegal”. Lógico si para eso está la 30130. Lo que cabe preguntarse es por qué Humala, que fue elegido para fortalecer a Petroperú, acabó haciendo lo contrario. Pensamos aquí que la influencia de Castilla y Segura –como en casi toda la política económica, incluido el salario mínimo- tuvo ejes y relevos dentro de Palacio. Se creyeron la del “piloto automático” y nos dieron tragicomedia a cuatro voces.

Hay varios problemas acá, como se aprecia. Pero también es gravísimo el daño a Petroperú, pues queda clara la injerencia política en el manejo de la empresa.

Me corresponde decir aquí que, bajo nuestra administración, la línea de política central fue demostrar que sí era posible fortalecer la empresa estatal, eje primigenio del gobierno de Humala. Desde diciembre del 2011, con la salida de Salomón Lerner, la situación cambió. Pero, ¿si gobiernos supercercanos a las políticas liberales pro-mercado como Chile y Colombia apoyaban a sus empresas estatales (Codelco, ENAP, Ecopetrol), por qué aquí no podría suceder lo mismo?

De hecho, en diciembre del 2012 se aceptó la propuesta de TR para Talara y ese mismo mes se consiguió que el Lote 64 pasara gratuitamente a manos de Petroperú, con reservas probadas de 55 millones de barriles.  Y los Directorios que vinieron después continuaron esas mismas políticas. O sea, parecía que se podía, como en Colombia y Chile.

Hasta marzo del 2015 (ya con Mayorga fuera del MEM), cuando el directorio de Petroperú de Pedro Touzett acordó que la empresa asuma el 25% de los Lotes III y IV de Talara, que ganó Graña y Montero. Allí el MEF puso el grito en el cielo y dijo que no, invocando el Art 6. ¿De cuál Ley? Pues de la 30130, que Segura se vanagloria en afirmar que redactó de puño y letra.

El nuevo directorio, presidido por Germán Velásquez, anuló el acuerdo anterior, con lo que las órdenes del MEF se cumplieron. Pero con el paso de las semanas comenzó a quedar claro, incluso para el nuevo Directorio, que Petroperú debía volver a la integración vertical. Y votó a favor de entrar con el 25% al Lote 192, no descartándose la opción de tener el 100% cuando fracasó la licitación de Perupetro hace 15 días. O sea, que sí tiene la capacidad técnica.

Pero, otra vez Petroperú “decidió no participar”. Las razones aparentes del Directorio: “hubo poco tiempo para evaluar las cifras del nuevo operador Pacific Resources”, motivo por el cual no cumplieron con su acuerdo. No nos parece. Afirmamos que, una vez más, se impuso el  poder real del MEF. Y Petroperú se queda sin los ingresos de ese lote (1) y, como un estropajo ante la opinión pública.

No sabemos todavía qué pasará con el Lote 64. Hace poco, Germán Velásquez dijo que Petroperú “ya estaba en el upstream pues iba a explotar el Lote 64”. ¿Qué dirá Segura? Lo más probable es que obligue a Petroperú a que venda ese Lote, con lo que se perderían US$ 30,000 millones de ingresos para el Perú. Alerta, entonces, porque la entrega del 64 sería de marca mayor.

A pesar de lo negativo, hay importantes avances como las 100,000 firmas de la Iniciativa Ciudadana, impulsada por Manuel Dammert y los sindicatos de Petroperú, para derogar el Art.  3 y el Art. 6 de la Ley 30130, que ya está en el Congreso y ha recibido 15 adhesiones multipartidarias, desde Marisol Espinoza hasta Karla Schaefer. También Petroperú ha recibido el apoyo del Frente de Defensa de Loreto y de las comunidades nativas del 192, para que sea el operador al 100% y garantice el cumplimiento de las demandas sociales y ambientales.

Avanza, entonces, el apoyo popular en Piura, Talara y Loreto, con lo que el tema ya está en la agenda electoral. En el 2002, después del Arequipazo, hubo tregua, pero no consenso, con respecto a las privatizaciones. Y los gobiernos las pararon, optando por otros métodos encubiertos. Pero ahora el inexistente “ojo político” de Segura (demostrado cuando llevó al gobierno a la estrepitosa derrota de la Ley Pulpín) está chocando de nuevo con la misma piedra.

Guerra avisada no mata gente. Y eso que no estamos hablando del agravamiento del descalabro de su gestión económica. Que también viene.

(1) Ver “Lote 192: Los extremistas están en el MEF”, 10/08/2015, www.cristaldemira.com


(*) Ver publicación en:

http://larepublica.pe/impresa/opinion/644892-lote-192-por-que-no-entro-petroperu

jueves, 20 de agosto de 2015

PETROPERÚ CON INTEGRACIÓN VERTICAL AL 100 %

EL LOTE 192 Y EL ROL SUBSIDIARIO DEL ESTADO

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Al 20 de agosto del 2015 no sabemos a ciencia cierta la decisión adoptada por PerúPetro sobre el destino del lote 192 ubicado en la selva norte del Perú que tiene como base el antiguo lote 1-AB más una extensión de más de 200 mil hectáreas donde se presume la existencia de importantes recursos de crudo.

Lo cierto y evidente es que desde el año 2012 la empresa operadora Pluspetrol Norte del lote 1-AB dejaba de hacer inversiones en retrabajos, perforaciones para aumentar la producción que tenía una crónica tendencia descendente. Hoy la producción de crudo pesado con una densidad menor a los 18 º grados API se ubica por debajo de los 10 mil barriles diarios que necesariamente se exportan, cuando con inversiones conservadoras podría estar produciendo 20 mil barriles diarios.

Entre julio y agosto del presente PerúPetro ha convocado a dos licitaciones internacionales que no han suscitado el interés de las empresas petroleras por una serie de razones económicas, técnicas y sociales.

Habiendo publicitado PerúPetro el supuesto interés de participar de empresas como Perenco, Pacific Rubiales y de la misma Pluspetrol Norte, las convocatorias resultaron desiertas, a pesar de las facilidades y rebajas contractuales que tuvo que asumir el organismo regulador para “estimular” la participación de las empresas privadas.

Por la antigua ley de hidrocarburos vigente en 1986 en el contrato de servicios firmado por OXY con el estado peruano se pactaba que al termino del contrato de 20 años que finalizaba en el 2007, los activos, ductos, aeropuerto, instalaciones, motores, etc., pasaban a ser propiedad del estado peruano, en ese entonces representado por PetroPerú.

En el años 2001 la petrolera OXY transfiere la relación contractual a la petrolera Pluspetrol que renegoció con PerúPetro la naturaleza del contrato convirtiéndolo de un contrato de servicios a un contrato de licencia, y prorrogando el término pactado de agosto del 2007 al 28 de agosto del 2015, fecha donde nos encontramos entre la espada y la pared, por la evidente falta de planeamiento estratégico del organismo estatal.

Si se tiene presente que dicho contrato por el lote 1-AB fue firmado en 1971 durante la junta militar de gobierno del general Velasco Alvarado, ya ha sido prorrogado  tantas veces; renegociado por el primer gobierno aprista  en 1986 cuando el contratista era la OXY. Con dicha renegociación su vencimiento contractual era en el 2007, sin embargo durante el gobierno de transición (2001), PerúPetro indebidamente prorrogó la terminación contractual del 2007 para agosto del 2015, cambiando la naturaleza del contrato de servicios a uno de licencia, donde el estado perdió la titularidad, es decir, la propiedad sobre los hidrocarburos, favoreciendo los intereses de la petrolera argentina Pluspetrol.

El punto central está referido al valor de los activos que se estarían entregando gratuitamente al futuro operador del lote 192, que repito es el viejo lote 1-AB. Sea en la primera y segunda licitación las empresas no han querido asumir el costo del valor de los activos mencionados estimados por una consultora privada en US $ 345 millones de dólares.

Sean pagaderos  en tres o diez años más una tasa de interés las empresas privadas consideran que dichos costos que tendrían que asumir parecen ser excesivos, lo cual se agrava con el ciclo de precios bajos del crudo a nivel internacional. Sobre el punto PerúPetro en una posición entregista relaja esta condición, es decir ya no cobraría por el valor de los activos.

La pregunta que uno debiera hacerse al respecto es ¿Qué empresa privada obsequia o regala US$ 345 millones de dólares para que una tercera explote petróleo con reservas probadas, que a pesar de los precios menores a los US$ 45 dólares el barril sigue siendo una actividad rentable?

Sería importante interrogarse sobre el costo de oportunidad de explotar dicho lote 192 en el corto, mediano y largo plazo pues estamos ante un contrato de licencia que tendría una vigencia por 30 años. ¿Cuál es el valor de un lote que tiene reservas probadas, probables y posibles por más de 200 millones de barriles, que en el subsuelo le corresponden a la Nación, es decir a todos los peruanos?

Un segundo punto en el cual se han modificado los términos de contratación está en relación a las regalías que se pagarían por la explotación del crudo del 192. Se debe recordar que hasta fines de agosto del presente la regalía pactada es del 30 por ciento. El nuevo operador abonaría una regalía diferenciada tratándose de un crudo ligero la nueva tasa sería del 20 por ciento y por el crudo pesado que constituye lo realmente existente a nivel de las reservas probadas se pagaría el 15 por ciento.

En verdad, las regalías debieran tener estándares internacionales, es decir ser competitivas para atraer inversiones de riesgo que es lo que se requiere. Por ello, la tasa de regalía debiera ser variable en función de los precios internacionales, en tal sentido una tasa de regalía fija de 20 por ciento no resultaría atractiva para el inversionista, más aún si en Colombia la tasa de regalía a lo sumo representa el 12 por ciento.

LA RENTABILIDAD DEL LOTE 1-AB

Si bien es verdad las operaciones de Pluspetrol Norte engloban la explotación conjunta del lote 1-AB (Andoas) y del lote 8 (Trompeteros) se puede demostrar la rentabilidad de las operaciones aun con precios menores a los US$ 40 dólares el barril, donde el 70 por ciento corresponde de los ingresos y utilidades corresponderían al lote 1-AB de mayor producción en relación al lote 8 el cual  explicaría el 30 por ciento de los ingresos y rentabilidad restante de Pluspetrol Norte.

Hacemos esta aclaración en relación que desconocemos los estados financieros diferenciados de los lotes en referencia por ello asumimos en función a la producción y calidad de crudo de cada lote, que la mayor participación de los ingresos y utilidades provienen de la explotación del lote 1-AB, a pesar que el crudo del lote 8 tiene un API de 24º con una producción mucho menor.

Con la información correspondiente a los “Resultados de Pluspetrol Norte S.A.” en el período 2002-2013 con los precios referenciales del WTI podemos demostrar la rentabilidad de las operaciones en la explotación del lote 1-AB y lote 8. Se presentan los ingresos netos, es decir deducidos los pagos de regalías que se descargan como gastos. Se exponen la rentabilidad operativa, la utilidad neta y el patrimonio neto.

En el 2002 cuando los precios referenciales se ubicaban sobre los US$ 26.11 dólares el barril los ingresos netos por ventas eran de US$ 393 millones de dólares, la utilidad operativa superior a los US$ 86 millones de dólares y la utilidad neta de US$ 59 millones.
En el mismo sentido,  el  2004 cuando los precios referenciales se ubicaban sobre los US$ 41.44 dólares el barril los ingresos netos por ventas eran de US$ 430 millones de dólares, la utilidad operativa superior a los US$ 110 millones de dólares y la utilidad neta superior a los  US$ 70.7 millones.

Es más, si se aplica el concepto de excedente económico considerando además de la utilidad neta, los montos cargados al costo de ventas por concepto de depreciaciones y amortizaciones la rentabilidad resulta mayor. Estas expresan deducciones de valor para reponer equipo y capital gastado pero  no significan salidas de capital de la empresa, así se puede estimar una rentabilidad mayor tal como se puede apreciar en el segundo cuadro “Pluspetrol Perú Norte S.A.: Rentabilidad del Excedente 2002-2011”

Por ello, con precios internacionales menores a los US$ 41 dólares el barril Pluspetrol Norte obtenía una rentabilidad real promedio del 26 por  ciento, todo ello al margen de los impuestos a la renta pagado y las regalías abonadas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Es decir, a la utilidad neta de US $ 70.7 millones en el 2004  se suman los montos de depreciaciones y amortizaciones US $ 41.6 millones la rentabilidad del excedente es del 26 por ciento, un margen que constituye el doble al vigente en las petroleras en los Estados Unidos de Norteamérica.

Es evidente que durante el boom de precios del crudo como el 2008 con precios cercanos a los US$ 100 dólares el barril los ingresos netos sumaban los US$ 959 millones de dólares, las utilidades operativas bordeaban los US $ 310 millones y las netas sumaban los US$ 202 millones que sumadas a las depreciaciones y amortizaciones cargadas al costo de US$ 71 millones explican un excedente superior a los US $ 273 millones con un margen del 28.5 por ciento.

Si a las utilidades netas se sumaban los montos por concepto de depreciaciones y amortizaciones cargadas al costo debiera ser evidente la rentabilidad del lote 1-AB, a pesar de la disminución de la producción y de la caída de los precios internacionales del crudo por debajo de los US$ 45 dólares el barril.

EPÍLOGO

Está demostrada hasta la saciedad la rentabilidad mayor que se obtendría con la integración vertical del lote 1-AB en las operaciones de PetroPerú que tendría sinergias con el Oloeducto Norperuano y con la producción del crudo ligero del lote 64 con más de 55 millones de barriles en reservas probadas de un crudo de alta calidad, que al mezclarse con el crudo pesado del lote 1-AB ahora 192 le otorgarían un mayor valor.

Si se tiene presente el potencial productivo del lote 192 en por lo menos 20 mil barriles diarios de crudos pesados que podrían ser transformados a partir del 2019 en la refinería modernizada de Talara que contaría con una Planta de Tratamiento de Crudos pesados con la cual se producirían mayores volúmenes de diesel y gasolinas, el valor del lote 192 resulta mayor.

En conclusión, ¿Qué empresa privada o estado racional con decisiones soberanas entrega a título gratuito un valor de activos por US$ 345 millones de dólares para explotar más de 200 millones de barriles de reservas probadas, probables y posibles de petróleo crudo?

Si el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconociera a favor de PetroPerú la devolución del IGV (18%) por las ventas que esta realiza en la Amazonía, la petrolera estatal recuperaría por lo menos 300 millones de nuevos soles anuales que constituirían parte del capital de trabajo que requeriría levantar la producción del lote 192.

En todo caso bien vale la pena recordar el art. 60º sobre el rol subsidiario del Estado cuando señala que “Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”

Ante el clamoroso fracaso de las licitaciones internacionales del lote 192 convocados por la agencia estatal de contratos y el manifiesto desinterés de las empresas privadas, el referido lote debe ser asignado en negociación directa a PetroPerú S.A. así lo exige el interés nacional.





lunes, 10 de agosto de 2015

Escrito por: Humberto Campodónico
Publicado en el diario La República*
 Lunes 10 de Agosto del 2015

LOTE 192: LOS EXTREMISTAS ESTÁN EN EL MEF

La discusión acerca de si Petroperú debe entrar en el Lote 192 ha cobrado fuerza, debido a que el concurso para su otorgamiento fue declarado desierto. Hay sólidas razones técnicas, económicas, sociales y políticas para que Petroperú asuma este lote al 100%. Veamos.

Primero, los activos del Lote 192 –que está en explotación desde mediados de los 70– valen US$ 345 millones y revierten al Estado a título gratuito al final del contrato, según la Ley 26221 de 1993. Cualquier nuevo inversionista debe pagar esta cantidad, lo que, en esta coyuntura de precios bajos del petróleo, hace que la operación no sea rentable.

Pero no sucede lo mismo con Petroperú, pues los activos seguirían en poder del Estado. Al no tener que “recuperar” esos US$ 345 millones la explotación se vuelve rentable. Y Petroperú volvería, después de 20 años, a la integración vertical.

Segundo, cualquier privado tiene que pagarle a Petroperú la tarifa de uso del oleoducto –de su propiedad– desde la selva hasta Bayóvar, lo que es un costo adicional. No sucede lo mismo con Petroperú pues el pago de esa tarifa es un ingreso de Petroperú-Casa Matriz.

Tercero, Petroperú no tiene que desembolsar dinero para las nuevas y necesarias inversiones en el Lote 192 (el más grande del Perú). Puede buscar un inversionista privado bajo la modalidad de contrato de servicios: se le paga una tarifa por cada barril, que le permita recuperar sus inversiones, pagar sus costos y tener una ganancia adecuada. Esta modalidad –Petroperú sigue siendo el dueño de la molécula– es aceptada internacionalmente.

Cuarto, Petroperú está modernizando Talara para eliminar el azufre que contamina, para refinar 95,000 barriles diarios (en lugar de los 65,000 actuales) y procesar petróleo pesado (como el del Lote 192, más barato que los petróleos ligeros) con nuevas técnicas que permiten obtener mejores combustibles. Si a eso le sumamos la producción futura del Lote 64 (de petróleo ligero, de propiedad de Petroperú) y que también va a usar el oleoducto, las sinergias son aún mayores.

La entrada al Lote 192 debe formar parte de un nuevo proyecto integral para Petroperú, que tome en cuenta todas sus actividades e inversiones, llevando a cabo la necesaria reingeniería y la mejora del Buen Gobierno Corporativo.

Todo para garantizar, en primer lugar, la viabilidad económica y financiera de la Refinería de Talara. Esto es central, ya que ahora la modernización se hace bajo la Ley 30130 del 2013, que prohíbe a Petroperú asumir nuevas inversiones hasta que no cancele los préstamos para su financiamiento.

Es obvio, entonces, que el nuevo esquema debe garantizar al constructor de Talara y a los prestamistas que se cumplirá con todas las obligaciones asumidas, de manera clara y transparente. Esta es la condición sine qua non para los planes de relanzamiento de la empresa.

El obstáculo central es la absurda Ley 30130 (Art. 6) que encadena a Petroperú a seguir siendo una refinería, no permitiéndole entrar a explotar petróleo. La Ley 30130 fue el candado que pusieron Castilla-Segura cuando, a regañadientes, se vieron obligados a darle luz verde a la Refinería de Talara, bajo presión de los talareños, piuranos y trabajadores de Petroperú.

Pero se puede abrir ese candado. ¿Cómo? Pues porque en esta legislatura se debe debatir la Iniciativa Legislativa que en junio pasado –con 100,000 firmas en su alforja– planteó la derogatoria del Art 3 y el Art 6 de la Ley 30130. ¿Estarán los congresistas a la altura de sus responsabilidades?

Por otro lado, es importantísima la conjunción del apoyo a Petroperú de Talara y Loreto. Lo de Talara es conocido. Ahora se suman las comunidades nativas del Alto Tigre y la Feconat a favor de Petroperú al 100% en el 192, oponiéndose a otras empresas por su pésimo récord contaminante. Que quede claro: las comunidades están a favor de la explotación. Y no en contra como sucede en otros lugares.

Hace pocos días, en gran manifestación en Iquitos, Fernando Chuje, presidente de la Feconat, y el gobernador de Loreto, Fernando Meléndez, coincidieron en terminar la contaminación y en justicia para todo Loreto.

Hasta hace pocos días, parecía que todo estaba listo para Petroperú al 100%. Tanto la ministra Rosa María Ortiz como el presidente de Petroperú, Germán Velásquez, no solo no descartaban la posibilidad sino que la veían con buenos ojos. ¿Qué ha pasado, entonces, para que ahora se diga que hay un “Plan B” de negociación directa con un inversionista, relajando las condiciones económicas iniciales (los US$ 345 millones y menores regalías)?

Lo más probable es que se deba a las recientes declaraciones del presidente Humala contra la entrada de Petroperú al 192, reafirmado la vigencia de los planes Castilla/Segura (“la empresa no puede picotear por aquí y por allá”; “esa es una posición extremista”).

Lamentable, porque la “posición extremista” –y obsoleta– es la de Castilla/Segura, que no quieren empresa pública, ya sea por capricho neoliberal o por intereses encubiertos. Esa posición de Segura llevó hace unos meses al descalabro de la Ley Pulpín, que le costó al gobierno siete congresistas.

No es buena política oponerse a alternativas viables en el plano económico, técnico y político. Y en Talara y Loreto no gusta que se les tilde de “extremistas” cuando están defendiendo –como miles de peruanos– sus reivindicaciones y los intereses estratégicos de la política energética por la vía democrática. Les están diciendo no a los intereses subalternos y a los dogmas obsoletos. Ojalá tengamos éxito.

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