martes, 28 de diciembre de 2010

PERÚ: AGENDA MINERA FRENTE A MAYORES CONFLICTOS SOCIALES

MENOR PRODUCCIÓN AURÍFERA CON PRECIOS DEL ORO POR LAS NUBES

Con el conocimiento de los candidatos presidenciales para las elecciones generales del 2011 sea quien fuere el ungido por la voluntad popular, el poder mediático y las preferencias de nuestro presidente, como Luis Castañeda, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, o Mercedes Aráoz, la agenda para el sector minero será problemática por la agudización de los conflictos sociales, la mayor conciencia ambiental, los requerimientos en el abastecimiento de agua, la necesidad de mayores ingresos fiscales frente a una franciscana participación en la renta minera, la expansión indiscriminada de la minería informal como respuesta a los extraordinarios precios del oro, como las demandas de las comunidades directamente afectadas por la expansión minera.

A ello debieran agregarse las crecientes críticas al modelo primario exportador, la necesidad de fomentar las políticas de valor agregado, para industrializar parte de la producción interna de los metales, la presencia de autoridades regionales recientemente elegidas que cuestionan el modelo de “explotación minero empobrecedor”, en especial Cajamarca, Junín, Cusco, Arequipa, Piura, Ancash.

Por tanto, las diversas proyecciones de las inversiones mineras que consideran montos superiores a los 42 mil millones de dólares en el próximo quinquenio debieran ser sometidas a un análisis más exigente y realista, para evaluar los parámetros fiscales, sociales y ambientales. Expresión de ello por ejemplo son las limitaciones que tiene Mra. Yanacocha para su expansión productiva desde el 2005 a la fecha como analizaremos a continuación.

Desde el punto de vista macroeconómico terminaremos el año con un crecimiento superior al 8% del PBI y el crecimiento del 2011 se estima mayor al 6%. Es decir, resultados positivos explicables en gran parte por la coyuntura favorable de los precios de los minerales cuyas exportaciones en el Perú constituyen más del 60% de las exportaciones totales, determinando en promedio el 40% de los impuestos de tercera categoría en el período 2005-2009. Es decir, la actividad minera que representa menos del 10% del PBI, con el 1% de la PEA ocupada genera los mayores ingresos fiscales en relación al impuesto a la renta, pero creemos que ello no resulta suficiente.

Al mismo tiempo este crecimiento económico en el sector minero está estimulando mayores conflictos sociales con una creciente oposición de la población hacia proyectos que supuestamente pondrían en riesgo la dotación de agua. En tales términos recuerdo un artículo publicado en El Comercio por el patriarca de la minería peruana don Alberto Benavides de la Quintana que se titulaba: “la minería debe sembrar agua”.

En verdad, en países como el nuestro donde históricamente el acceso y dotación del agua ha sido siempre un problema, en especial en los departamentos del sur: Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna donde la escasez de agua es crónica, evidentemente todo nuevo proyecto minero sea Quellaveco bajo responsabilidad de AngloAmerican o Tía María de Southern Perú Copper Corp., debieran hacer uso del agua de mar para hacer viable los proyectos. En una coyuntura electoral este tema es políticamente sensible para los pobladores locales.

Debiera ser evidente que la “minería de nuevo tipo” asegure la cantidad y calidad en la provisión de agua en las zonas altoandinas, con represas, lagunas artificiales, pozos, acueductos al servicio de las poblaciones campesinas en el proceso de construcción de aliados locales. En tal sentido, las inversiones mineras deben “sembrar agua”, esta tesis lamentablemente colisiona con los principios de maximización de las utilidades y las políticas de ahorro de costos.

MAYORES INGRESOS FISCALES

Sin embargo al margen del problema del agua, los conflictos sociales y la creciente oposición a la explotación minera, existe un punto crítico relacionado con la débil participación fiscal que por ahora se limita fundamentalmente a la recaudación del impuesto a la renta, del cual el 50% se constituye por decisión del Estado en canon minero. Es decir, ¡en verdad no existe un verdadero canon minero!

Se debe mencionar que todas las empresas jurídicas y naturales abonan el impuesto a la renta, pero las empresas mineras no abonan por la extinción, agotamiento y consumo de recursos naturales no renovables como los recursos mineros.

En este punto habría que hacer una distinción entre el factor agotamiento (depletion) con las regalías que algunas empresas cargan directamente a sus costos de producción como Mra. Yanacocha, Mra. Barrick (por Lagunas Norte). Por ello sirvan las reflexiones del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz cuando afirmaba que: “Uno puede estimar la riqueza de un país una vez incluidos los recursos que yacen debajo del suelo. Si el país extrae dichos recursos y los consume, la riqueza del país disminuye. El PBI no toma en cuenta la merma de los recursos, o si dichos recursos han sido convertidos de un activo enterrado bajo el suelo a un activo que ahora está encima del suelo. Cualquier compañía, si uno revisa sus libros contables, tomaría en cuenta la depreciación en todos los casos…”

En primer lugar, debiera ser evidente que en la contabilidad minera el factor agotamiento en algunas empresas se cargan directamente a costos, la valorización de las reservas y su disminución por año se manifiesta a través de la cuenta “amortización de intangibles”, que tienen como efecto contable sobrevalorar los costos de venta y por tanto disminuir la utilidad antes de impuestos afectando los valores del impuesto a la renta por abonar y por tanto el canon.

Si el Estado resulta el titular, el propietario a nombre de la Nación de los recursos mineros al no contabilizar el “factor agotamiento”, esto representa una merma del “stock de capital natural” del país, por tanto está dejando de percibir ingentes recursos que podrían servir para financiar la educación y salud de calidad sobre todo en las provincias.

A ello debieran sumarse las regalías que en nuestro país están definidas como una “contraprestación” por la explotación de los recursos mineros aplicadas como un porcentaje de 1%, 2% y 3% sobre el valor de los concentrados o su equivalente. Así, todas las empresas que tienen valores de producción en ventas de concentrados superiores a los 120 millones de dólares por año teóricamente debieran abonar el 3% por concepto de regalías.

Lamentablemente la debilidad e incapacidad del Estado para negociar y renegociar en los mejores términos los intereses del país, ha permitido que el llamado “cogollo minero” tales como Mra. Yanacocha, Mra. Barrick, Mra. Antamina, Mra. Cerro Verde, y Mra. Tintaya eludan el abono de las llamadas regalías mineras escudadas en el manto de los contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa. ¡Evidentemente con los altos precios del oro, plata y cobre el Estado está dejando de percibir millonarios ingresos por regalías no pagadas!

Al respecto el mismo Joseph Stiglitz afirmaba que “Si el país no está percibiendo ingreso alguno, o percibe un ingreso muy reducido porque solamente cuenta con regalías por el valor de 1, 2, o 3 por ciento, la degradación del medio ambiente puede ser superior a este ingreso” (Joseph Stiglitz Recursos Naturales, Desarrollo y Democracia XI Diálogo Democrático).

Esta problemática se relaciona con el necesario balance del costo/beneficio no solamente en términos estrictamente económicos sino también en relación a los costos ambientales, de allí el tema de los pasivos mineros y el cierre de minas que en nuestra legislación recién se aplican a partir de la ley 28090 de octubre del 2003, y tendría su prueba de fuego en el cierre de la unidad Pierina de Barrick Misquichilca (Ancash).

MRA. YANACOCHA: MENOR PRODUCCIÓN

El cuadro “Perú: Ranking de las Empresas Productoras de Oro” presenta la producción aurífera en dos momentos en el tiempo, el período enero/octubre del 2005 en comparación a similar período del 2010. Resulta ilustrativo el caso de Mra. Yanacocha donde la producción disminuye en un 52%, desde una producción de 2.6 millones de onzas se decrece a 1.2 millones para el período enero/octubre del 2010, a pesar de los importantes precios del oro que se dispararon desde 445 dólares la onza en el 2005 para llegar en promedio en el 2010 a los 1,210 dólares la onza con tendencia al aumento.

Evidentemente esta disminución de más de 1.4 millones de onzas de oro significan menores ingresos y utilidades para los accionistas de la minera, pero también menores ingresos fiscales por concepto del impuesto a la renta. La razón de fondo de estos menores niveles productivos se explicarían por la creciente oposición de la población cajamarquina a la expansión de la minera, a las malas prácticas de Mra. Yanacocha más preocupada en “comprar tiempo” y autoridades, a los efectos de la contaminación de mercurio en Choropampa, y en especial a la débil participación tributaria de la minera.

Resulta contradictorio para una empresa minera que tiene entre sus accionistas al brazo financiero del Banco Mundial, el IFC con el 5%, a la transnacional Newmont y al grupo Buenaventura, las malas relaciones comunitarias con el entorno, donde el problema del agua y la calidad de la misma es uno de los problemas, a ello se debiera agregar las limitaciones del llamado “aporte voluntario” que compensa en parte el no abono de las llamadas regalías mineras.

Por tanto, como paradoja se puede decir que a mayores niveles internacionales de los precios del oro y la plata para Mra. Yanacocha le corresponde menores niveles productivos, producto de la creciente oposición de la población campesina a la expansión de la minera que tiene ahora su representación directa en el presidente regional Gregorio Santos, un reconocido líder popular que se ha forjado en la lucha contra los abusos de la empresa.

Si bien en su conjunto la disminución de la producción aurífera transita de los 5.3 millones de onzas en el período enero/octubre del 2005 a un poco menos de 4.4 millones de onzas para el período enero/octubre 2010, es decir con una variación negativa del 17%, a nivel individual la mayoría de empresas incrementa la producción como una respuesta a los mayores precios del metal amarillo. Siendo el caso más espectacular de la Cía. Mra. Buenaventura que en el período en mención pasa de la producción de 183 mil onzas a producir 317 mil onzas.

En resumen, un nuevo gobierno debe estudiar los mecanismos para incrementar la participación del Estado en la renta minera sea a través de un impuesto extraordinario a las utilidades extraordinarias o por medio del incremento de las tasas de regalías que debieran ser asumidas por todas las empresas en su conjunto. A ello se debiera sumar como norma obligatoria que el 3.75% de la utilidad neta de todas las empresas mineras metálicas y no metálicas sea concebida como Aporte Obligatorio por concepto de inversión en responsabilidad social, despojándole el contenido de “aporte voluntario”, que dicho sea de paso, negoció precariamente para los intereses del país el gobierno del Dr. Alan García Pérez.

Al mismo tiempo el Estado debiera tener una valorización de los recursos mineros para introducir al margen del tradicional costo/beneficio, los costos ambientales y el problema de la dotación de agua. En tal sentido, se debiera valorizar y costear el recurso hídrico en razón de su escasez no solamente para la actividad minera sino también en la generación eléctrica e industrial.

Por último, se debiera discutir en la presente campaña electoral la necesidad de fomentar las políticas de valor agregado de los productos mineros, es decir la industrialización del oro, plata, cobre etc. para dejar de exportar concentrados como en los gloriosos años cincuenta. Sobre estos se tratará en los próximos artículos.


lunes, 13 de diciembre de 2010

Gas en Argentina y precios en el Perú *

Escribe: Humberto Campodónico

Hace pocos días, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció, al lado de representantes de Repsol-YPF, el descubrimiento de 4.5 billones de pies cúbicos (bpc) de gas natural en Neuquén. Si este descubrimiento se confirma –y se llega a la categoría de reservas probadas–, Argentina triplicaría sus actuales reservas de gas.

Aquí hay varias novedades. La primera es que no se trata de gas natural “convencional”, sino de gas no convencional (GNC; o “gas esquisto”), que es un gas poroso que no se podía explotar debido a la falta de tecnologías adecuadas, lo que ya ha sido superado. Tanto así que en el 2009 las 921 toneladas de metros cúbicos (tmc) de reservas mundiales de GNC ya duplican a las 470 tmc de gas convencional.

La segunda es que el desarrollo de las reservas de GNC es más costoso y, en el caso de Argentina, Repsol-YPF ha obtenido que los precios en boca de pozo oscilen entre US$ 4.50 a 7.50 por millón de BTU (precio del gas que se importa de Bolivia).

La tercera es que en EEUU también han aumentado de manera notable las reservas y la oferta de GNC, lo que ha influido de manera negativa en los precios del gas natural. Así, el precio Henry Hub –precio de referencia para todo el país– ha caído de un promedio de US$ 6 a 7 por millón de BTU (MMBTU) en los últimos 6 a 8 años a solo US$ 4 MMBTU en el 2009. Según el Departamento de Energía de EEUU (DOE), el precio promedio del gas en el 2010 fue US$ 4.37/MMBTU y en el 2011 se espera un precio parecido: US$ 4.33/MMBTU (Short Term Energy Outlook, www.eia.doe.gov, 7/12/2010).

Para el Perú estas son pésimas noticias porque el consorcio Perú-LNG ha comprometido la venta de reservas 4.1 bpc de las reservas del Lote 88 y el Lote 56 a México, país que usa como referente el precio Henry Hub. La noticia es superpésima porque al precio del Henry Hub hay que descontarle todos los costos (a esto se le llama precio “netback”) desde Camisea hasta Manzanillo (costo del gasoducto a Pampa Melchorita, de la planta de licuefacción de Perú LNG en Pampa Melchorita, costo del transporte por buque hasta México y el costo de la regasificación en México).

Una vez descontados esos costos, el precio en boca de pozo en Camisea se sitúa alrededor de US$ 0.50 / MMBTU. No, no hay error: son cincuenta centavos de dólar por millón de BTU. Este precio es menor al que pagan en el Perú los usuarios eléctricos (US$ 1.50) y los industriales (US$ 2.30) en boca de pozo en Camisea.

Así, el contrato de exportación por 18 años que Repsol ha firmado con México paga el peor precio del mercado. Recordemos que el consorcio Perú LNG le compra el gas al consorcio Camisea para licuefactarlo y luego vendérselo a Repsol, único responsable de la venta a México.

Puede decirse que en la exportación pierde el Consorcio Camisea, pues recibe menos por el gas que vende (Hunt Oil, Repsol y la coreana SK son mayoría; Pluspetrol y Sonatrach son minoría); pierde el fisco, porque recibe menores regalías e impuesto a la renta; pierde Cusco, que recibe como canon el 50% de las regalías y del impuesto a la renta.

El consorcio Perú LNG (Hunt Oil, Repsol y SK son mayoría) gana, pues recibe el costo de licuefacción más una utilidad. El comercializador Repsol también gana, por la diferencia entre el precio de compra a Perú-LNG y el precio de venta a México.

Para finalizar, la aparición del GNC provocó una reducción de precios en EEUU (y México). Sin embargo, en otros mercados nacientes de GNC, como Argentina, los precios serán algo más altos, debido a los costos de la nueva tecnología. Para el Perú, que está amarrado con precios “netback” a México, la pérdida es grande, pues se va a exportar a precios menores a los del mercado interno, además del hecho central: que no hay gas suficiente para el consumo nacional. ¿No ha llegado la hora de que las reservas del Lote 88 y el Lote 56 se destinen, exclusivamente, al mercado interno?

(*) Publicado en La República / Página 13 – El Sábado 11 de diciembre de 2010

sábado, 4 de diciembre de 2010

PERÚ: INCREMENTAR REGALÍAS O IMPUESTO EXTRAORDINARIO

LOS “DUEÑOS DE LAS MINAS” CONTRA EL INTERÉS PÚBLICO

Existe cada vez un mayoritario consenso público sobre la necesidad de una creciente participación del Estado en la riqueza minera, con mayor precisión en la renta minera que resulta de la diferencia entre los precios internacionales y los costos internos de producción. En este contexto las empresas mineras que explotan recursos naturales no renovables como los mineros están obteniendo desde el año 2004 utilidades extraordinarias que no están siendo compartidas con el Estado, que según mandato constitucional es el titular de los recursos naturales a nombre de la Nación.

En tal sentido, el interés privado de empresas transnacionales y nacionales, de accionistas y gerentes no pueden estar por encima del interés público, pues ello pone en riesgo la propia gobernabilidad y democracia en nuestro país.

Con precios del oro por encima de los 1,380 dólares la onza y costos de producción menores a los 400 dólares, con precios de la plata superiores a los 28 dólares la onza, y del cobre bordeando los 4 dólares la libra y costos internos de producción menores a los 70 centavos de dólar la libra, el Estado no puede dejar de percibir estas rentas extraordinarias que se están obteniendo en este ciclo expansivo de los precios que se inició en el 2004.

Los argumentos empresariales en contra de una mayor participación fiscal van desde la supuesta pérdida de competividad de la actividad minera en relación a los niveles internacionales; también se arguye que se pondría en riesgo las inversiones proyectadas por más de 40 mil millones de dólares para los próximos años, sumada a la necesidad política de respetar los contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa, que dicho sea de paso se han modificado varias veces cuando el interés privado así lo exigía.

Por último, se argumenta que una mayor participación fiscal por medio del incremento de las tasas de regalías, o un impuesto temporal a las utilidades extraordinarias obtenidas en el Perú tendría como efecto la supuesta migración de las inversiones hacia nuestro vecino del sur, Chile, soslayando que las muchas empresas que operan aquí también explotan en dicho país, tales como las transnacionales Teck Cominco, Barrick, Anglo American, BHP-Billiton, Freeport Mc Moran Copper & Gold, Xstrata etc.

A ello se deben agregar diferencias sustanciales entre la explotación minera en Perú y Chile, por un lado la menor participación tributaria y fiscal de la actividad minera en nuestro país donde la participación promedio en el período 2005-2009 ha sido del 12.2% mientras en Chile ha sido casi el doble con el 23%. Esto significa que de cada 100 dólares de ingresos de exportación en el llamado “boom minero” el fisco del Perú capta apenas 12 dólares como promedio mientras en Chile la participación es de 23 dólares, tal como se puede observar en el cuadro “Comparación Entre las Participaciones que Obtienen las Cajas Fiscales de Perú y Chile de la Actividad Minera 2005-2009”.

Por tanto, constituye una falacia sostener que una mayor participación del Estado en la renta minera tendría como consecuencia la fuga de las inversiones hacia nuestro vecino del sur que a diferencia de nuestro país tiene importantes reservas de cobre y algo de oro, mientras la geología del Perú se caracteriza por su carácter polimetálico con reservas de cobre con zinc, zinc con plata, oro con plata, plomo con zinc y plata, a ello debiera sumarse los volúmenes de hierro con cobre, de tungsteno, molibdeno, litio, uranio y reservas auríferas prácticamente en todos los departamentos andinos.

A todo esto se debiera agregar los bajos costos laborales y ambientales en razón del uso y abuso de los regímenes de contrata o “services” que malbaratean los salarios de los trabajadores en especial en la mediana y pequeña minería. Si a esto se suman los efectos perniciosos de la minería informal e ilegal que depreda el medio ambiente y la salud de los trabajadores se tiene un panorama complejo de resolver ante la debilidad y permisividad del Estado.

Por ello, la explotación minera que se desenvuelve en el Perú está considerada en cuanto a los costos de producción entre los países con los menores costos de producción y de las mayores utilidades que bordean el 50% de los ingresos sobre todo en la minería aurífera y cuprífera. Esta realidad es insostenible desde el punto de vista político y social, de allí que debe renegociarse una mayor participación del Estado en la renta minera, vía el incremento de las regalías pagadas o en su defecto un impuesto extraordinario a las ganancias extraordinarias.

MÍNIMA PARTICIPACIÓN FISCAL

El cuadro “Perú: Ingreso de las Exportaciones Mineras y el Aporte del Sector Minero 2005-2009”, muestra con crudeza la participación del Estado por diversos conceptos tales como el impuesto a la renta, las regalías mineras, el llamado aporte voluntario y los derechos de vigencia en relación a los ingresos de exportación en los años mencionados.

Esta participación del Estado varía desde un mínimo del 7.6 % en el 2005, se incrementa con los mayores precios internacionales en el 2006 subiendo al 13%, para alcanzar su “pico más alto” en el 2007 con una tasa del 18.3% para disminuir por los efectos de la crisis financiera en el 2009 a una participación del 7.9%.

En verdad, la participación fiscal tendría varias observaciones que tienen como efecto una menor tasa efectiva del Estado en la explotación de los recursos mineros que en algún momento se agotarán. En primer lugar, no estamos considerando los ingresos obtenidos por las ventas en el mercado interno en especial del cobre, hierro, zinc y plomo que aumentarían los ingresos del conjunto de la actividad minera metálica pero mantendría constante los valores del impuesto a la renta pagado. Se estima que entre un 5% al 10% de la producción minera se realiza en el mercado interno en razón de la debilidad de las políticas de transformación de los productos mineros.

Por el cuadro expuesto es evidente que el abono del impuesto a la renta constituye el ingreso fiscal más importante y que tiene una correlación con los ingresos de exportación de las empresas mineras. Así, en el 2005 frente a los ingresos de exportación de 9,790 millones de dólares el impuesto a la renta fue de 658 millones, es decir representó una tasa de 6.7%, mientras que en el pico más alto de los ingresos de exportación como en el 2007 que alcanzó los 17,238 millones de dólares el impuesto a la renta significó los 2,781 millones lo cual representó una participación efectiva de 16%. Evidentemente con los efectos de la crisis financiera dicha participación se redujo al 6.1% en el 2009.

Es más, reconociendo las múltiples ventajas del marco tributario para el fomento de las inversiones justificadas en la década de los noventa del siglo pasado, pero que resultan en la actualidad desfavorables para el país, ante precios excepcionales y ganancias extraordinarias privadas que no están siendo compartidas con el Estado.

Por ello, si se consideran los beneficios tributarios como el de la reinversión que permite deducir hasta el 80% del impuesto a la renta si se amplía la capacidad de producción como fue el caso de Mra. Cerro Verde y Mra. Antamina; o si se considera la depreciación acelerada o los múltiples mecanismos para disminuir el abono efectivo del impuesto a la renta como los gastos de exploración, en definitiva los montos dejados de pagar por impuesto a la renta están financiando la inversión privada minera, lo cual resulta ilógico para un Estado con franciscanos recursos para cumplir con sus obligaciones con sus ciudadanos.

La segunda observación en materia de los ingresos mineros está en relación a la minería informal e ilegal que no abona impuestos ni mucho menos regalías por la explotación minera aunque por fuentes extraoficiales se tiene conocimiento que muchas unidades mineras pagan a los titulares de las concesiones mineras regalías del 20% hasta el 35% del valor de la producción.

EPÍLOGO

En debate electoral la propuesta de un impuesto extraordinario a las utilidades extraordinarias gana un mayor espacio en la opinión pública con todos las limitaciones que pudiera tener esta propuesta, lo menos que se puede hacer es fomentar el debate técnico, informado, considerando la experiencia internacional sobre la participación de la renta en otros países, minimizando los discursos populistas frente a la proximidad de las elecciones. De allí, la importancia que pudiera tener su análisis en las universidades, colegios profesionales, organismos no gubernamentales, en los gobiernos locales y regionales, y claro está en las diferentes comisiones responsables de los planes de gobierno de los diferentes partidos políticos.

Con la información disponible resulta evidente que la aplicación de las regalías mineras desde el 2005 a la fecha ha tenido limitados efectos en la participación fiscal con 174 millones de dólares en su nivel más alto en el 2008 para luego disminuir en el 2009 a los 112 millones de dólares. Estos pobres y limitados abonos de las regalías tienen su explicación en la exoneración y no pago de regalías en las empresas del llamado “cogollo minero”, tales como Mra. Yanacocha, Mra. Antamina, Mra. Cerro Verde, Mra. Tintaya, Mra. Barrick por Pierina.

En tal sentido, antes de discutirse la ampliación de las tasas de regalías para el oro y cobre como lo propone la Célula Parlamentaria del Partido Aprista, debiera exigirse el abono integral y compensatorio de las regalías dejadas de pagar por tales empresas mineras al Estado desde el 2004 a la fecha. Por tanto, debiera ser importante preguntarle a la SUNAT ¿cuánto representa para el Fisco los ingresos no percibidos por concepto de las regalías mineras desde el 2004 a la fecha en razón de los llamados contratos de estabilidad jurídica y tributaria?

Pues debiera ser evidente que la negociación llevada a cabo con las empresas mineras en el 2006 por el Presidente de la República Alan García Pérez y el Presidente del Consejo de Ministros de ese entonces Jorge del Castillo Gálvez, en el llamado Aporte Minero por 2,500 millones de nuevos soles en cinco años, no era más que demandar tibiamente a las empresas una mayor responsabilidad social, ante los mayores ingresos y utilidades extraordinarias que estaban obteniendo las empresas mineras.

Por ello no resulta una casualidad histórica que las empresas blindadas por los llamados contratos de estabilidad jurídica y tributaria como Mra. Yanacocha, Mra. Antamina, Mra. Cerro Verde, que en un abuso del derecho no pagan regalías mineras se constituyan en los mayores aportantes del llamado “Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo”, que como ha sido reconocido por la propia Dra. Mercedes Áraoz ex ministra de economía y finanzas del régimen y hoy candidata del Partido del Pueblo (PAP), no ha tenido los resultados esperados.



viernes, 3 de diciembre de 2010

Necesario debate de las regalías mineras *

Es correcto que el Gobierno haya anunciado que dialogará con las empresas mineras sobre un posible incremento de las regalías, teniendo en consideración las nuevas condiciones del mercado internacional.

Los precios de los metales se han disparado y con ello las ganancias y la rentabilidad de las mineras han aumentado por encima del 40% al año, por lo que el Estado tendría legítimo derecho a una participación proporcionada.

Veamos. El aporte por regalías –de entre 1% y 3% del valor bruto de venta– es apenas un reducido porcentaje de las utilidades obtenidas por las mineras, que entre el 2005 y el 2009 fue de US$ 19.500 millones. Y, llama la atención que el monto que recibe el Estado por la explotación minera –de recursos que pertenecen a todos los peruanos—sea hasta siete veces menor que lo que pagan por regalías sus similares de hidrocarburos.

En este nuevo escenario, de lo que se trata es de propiciar un debate racional, técnico y alturado sobre un tema que formará parte del debate político-electoral, pero en el que no se puede soslayar la intervención de otros factores como los contratos de estabilidad, mantener los niveles de competitividad y el uso racional de recursos por parte de las instancias gubernamentales.

Sin embargo, hay que recordar que muchas empresas mineras tienen contratos de estabilidad jurídica con el Estado, reconocidos por la Constitución Política, que solo pueden ser modificados por común acuerdo de las partes, lo que ya se ha venido dando en otros ámbitos con criterios realistas y legítimos.

Efectivamente, de los 175 convenios firmados por el Perú desde 1991, unos 82 han sido modificados. En ese marco se encuentra la negociación que lleva a cabo Perú-Petro con el Consorcio Camisea para incrementar las regalías por el gas que se exporta.

Hay, además, el positivo precedente del 2006 cuando las empresas mineras se comprometieron, en un gesto de liberalidad, a aportar voluntariamente S/.2,500 millones por cinco años, sobre la base de sus ingresos extraordinarios. Ahora que se acerca el final de estos aportes, y que la situación de las mineras sigue siendo boyante, es hora de implementar un sistema legal de obligatorio cumplimiento por las partes.

¿Cuáles serán las características de este nuevo sistema? Es conveniente evaluar la experiencia de otros países como Chile, Australia e Israel, que decidieron aumentar el porcentaje que recibe el Estado por la explotación de sus recursos no renovables. Los expertos aconsejan, adicionalmente, analizar el sistema de bandas, como lo tienen los aportes voluntarios.

Otro tema de debate es el uso que se dará a estos recursos por regalías, en lo que debe haber cambios radicales. Resulta indignante y escandaloso que del monto que reciben los municipios distritales y provinciales por concepto de canon minero solo exhiban una ejecución presupuestal en el orden del 50%, por falta de capacidad de gestión de dichas autoridades. En tanto, es una vergüenza que muchas comunidades aledañas a los grandes enclaves mineros sigan sumidas en la extrema pobreza.

Ahora que la bancada parlamentaria oficialista anuncia proyectos para aumentar las regalías de las mineras hasta en 10% y para establecer un impuesto a las sobreganancias mineras, debemos reiterar que la decisión final no puede ser unilateral, sino producto del diálogo y del consenso con las empresas mineras –que deben entender las nuevas circunstancias del entorno internacional–, y sin afectar la competitividad del sector ni mucho menos el atractivo del Perú para las nuevas y necesarias inversiones mineras.

(*) Publicado en el Comercio (Editorial)
Fecha: viernes, 03 de diciembre de 2010