sábado, 30 de mayo de 2009

CASO DOE RUN: SIN PLANEAMIENTO NI ESTRATEGIA

PRIVATIZACIÓN DE CENTROMÍN 15 AÑOS DESPUÉS

Han pasado más de 15 años desde que se inició la privatización fragmentada de Centromín Perú, el complejo minero metalúrgico más importante del país, que operaba integrado entre unidades mineras, plantas de energía eléctrica, red de ferrocarriles, y lo más importante, las unidades de fundición y refino de La Oroya que producen 11 metales y 9 subproductos, es decir, este complejo constituye lo más avanzado en lo referente al valor agregado minero, situado estratégicamente en el centro del Perú.

Las unidades de fundición y refino de La Oroya gracias a las políticas privatizadoras de los años noventa fueron transferidas a Doe Run Perú del grupo Renco en los Estados Unidos de Norteamérica, y desde inicios del presente año en razón del desplome de la Bolsa de Wall Street, y la profunda depresión de la economía americana -que como señalara el profesor norteamericano de la New School de New York Anwar Shaikh en su reciente visita a la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM “esta crisis durará largo tiempo, quizá una década”- prácticamente está al borde del colapso, operando a menos del 30% de su capacidad, carente de crédito, sin proveedores confiables y se ha convertido en un grave problema económico y social para el gobierno, las empresas, sus trabajadores y autoridades regionales.

Así, realizando un análisis de largo y corto plazo, de las “causas causales” y coyunturales que explicarían la crítica situación de La Oroya, podríamos señalar que la causa estructural de la crisis e inviabilidad presente de La Oroya, se debe a la falta de planeamiento estratégico en la privatización efectuada, que inspirada en las políticas neoliberales de los noventa, sostenían que las fuerzas del mercado absorbían los des equilibrios automáticamente y que el mejor regulador era el libre mercado.

Por ello, sería interesante consultar a los entes que auspiciaron la privatización fraccionada de Centromín Perú S.A. como el First Boston/ Macroinvest de la consultora Macroconsult, a los miembros y expertos de los comités de privatización (Cepris), que ocupan hoy altos cargos de responsabilidad pública y privada, sobre la presente situación que fue advertida por muchos críticos entre los cuales me ubico de un cuestionable proceso.

Así, en el famoso Libro Blanco General de la Privatización Anexo 8 Resumen Ejecutivo Privatización Fraccionada, en el punto 3.3 referido a la Estrategia para la Privatización, la consultora señala que: “Sobre las Economías Internas: Perciben que no existe sinergia que justifique la integración vertical de las minas y La Oroya, con excepción de la que pueda considerarse dependiente entre La Oroya y Cobriza. Así mismo, perciben que no existe sinergia que justifique la integración vertical de las centrales hidroeléctricas y las operaciones minero-energéticas.”

De nuestra parte, nos reafirmamos que esta privatización fragmentada de Centromín Perú nunca debió ejecutarse en el marco de la decisión de privatizar a cómo de lugar los diversos activos y empresas rentables que tenía el estado peruano. Por ello, como dice el bolero “recordar es volver a vivir”, de allí que es importante hacer un “remember” sobre lo que fue la frustrada venta integrada de Centromín Perú del 10 de mayo del 1994, cuando el patriarca de la minería peruana, Alberto Benavides de la Quintana, opinaba contra la privatización fragmentada que algunos inversionistas y consultoras auspiciaban, él decía: “En mi opinión, venderlas por separado hubiera sido como quitar el motor para vender el automóvil” (Revista Caretas 12 de mayo 1994)

De allí, que frente al avisado fracaso de la venta integrada de Centromín Perú, se optó por la venta fraccionada de sus unidades, el camino más expeditivo para deshacerse de valiosos activos estatales para valorizar el capital privado. Lo cierto es que Centromín Perú como empresa estatal operaba hasta 1995 de manera integrada con sus unidades mineras de Andaychagua, San Cristóbal, Cerro de Pasco que fueron transferidas a favor de la Mra. Volcan a fines de la década de los noventa al igual que las unidades de Casapalca (Mra. Yaulicocha) y Morococha; también fueron privatizados sus diversos proyectos mineros como Antamina, Toromocho respectivamente; su participación en Mra. Buenaventura y Mra. Tintaya, y actualmente solamente la unidad de Cobriza está bajo responsabilidad de Doe Run Perú SRL, empresa que asumió el complejo minero metalúrgico de La Oroya en 1997.

Por ello, desde 1998 las operaciones de las fundiciones y refinería de La Oroya hasta ahora dependen mayormente para sus operaciones de la producción de concentrados provenientes de terceros, con excepción de la unidad de Cobriza dado que ésta solamente le provee el 25% de sus requerimientos de concentrados cobre. En tal sentido, Doe Run Oroya no es propiamente una empresa minera, es un complejo industrial de transformación, donde se han realizado en los tres últimos años (2006/2008) importantes inversiones ambientales gracias a los compromisos asumidos en el marco de la Resolución Ministerial 257/2006-MEM-DGM, firmada con el Ministerio de Energía y Minas y que obligó a Doe Run a la suscripción de un fideicomiso, que aseguraba la inversión ambiental, que se ha cumplido de manera significativa, faltando la planta de captación de dióxido de azufre del Circuito de Cobre que representaría según fuentes empresariales más de 140 millones de dólares, que evidentemente por la crisis internacional debieran ser reprogramadas.

DOE RUN PERÚ: INVERSIONES Y CRISIS

Este debiera ser el punto de partida para entender y analizar el complejo problema que ha paralizado prácticamente por casi cuatro meses las operaciones de Doe Run Perú, cuestión que se ha convertido en un “dolor de cabeza” para el gobierno, una preocupación para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, un problema para las empresas proveedoras, una angustia para los trabajadores y evidentemente un potencial conflicto en la región central por la importancia que tiene La Oroya en relación al efecto multiplicador en el empleo, ingresos, comercio, etc.

Sin embargo, debemos reconocer que la empresa Doe Run Perú ha realizado significativas inversiones como lo expone el siguiente cuadro, donde básicamente las utilidades netas obtenidas en los últimos años han financiado los compromisos de inversión ambiental. En tal sentido, la fuente autorizada es Osinergmin. Por ello, el cuadro respectivo presenta las inversiones en un período largo para deslindar “el grano de la paja” y adoptar las decisiones correctas al margen de los fundamentalismos.

Se debe suponer que las inversiones debieran financiarse con las utilidades no distribuidas a los accionistas más los flujos de depreciación y amortización. Por tanto, resulta evidente que el grueso de las inversiones sobre todo ambientales se ha realizado con recursos propios. Por ello, si se estima que las utilidades netas del año anterior financian las inversiones del año siguiente, podemos percibir que las inversiones del 2008 se financian con los excedentes utilidad neta y depreciaciones del año anterior que fueron superiores a los 225 millones de dólares. Resultan evidentes los problemas para financiar las inversiones en el 2009 con las menores utilidades del 2008 que resultaron menores a los US$ 11.3 millones de dólares.

Esta situación debió ser prevista y advertida por el organismo regulador Osinergmin el 15 de diciembre del 2008, fecha supuesta para supervisar según la Resolución Ministerial mencionada los avances y el financiamiento de las inversiones, y para evitar llegar a esta situación límite, donde resulta evidente la falta de recursos frescos para cumplir con los compromisos ambientales, en particular la Planta de Ácido Sulfúrico del Circuito de Cobre que está en un avance de casi el 50%.


Agrava esta situación el conocimiento de los propios reportes financieros expuestos en la Memoria de la Empresa al cierre del año 2008, y en las Notas a los Estados Financieros donde se muestran una serie de cuentas que reconocen los mayores compromisos y endeudamientos de la empresa, esto se realiza en el rubro “Cuentas por pagar a relacionada” por 156 millones de dólares con su matriz Doe Run Resources. Es decir, la principal deuda es con su matriz de allí, que el gobierno ha publicado un decreto de urgencia Nº 061-2009 publicado el 28 de mayo, donde se decreta que los acreedores considerados vinculados o relacionados con el deudor no podrán solicitar la insolvencia de la empresa ni votar en la junta de acreedores en el caso de una intervención del Indecopi a pedido de parte de alguno de los acreedores.

Se debe recordar que en el marco de un acuerdo entre privados, una “solución de mercado” lo denominaba el ministro de economía y finanzas Luis Carranza, por medio de la cual mediante un rescate financiero de Doe Run Perú logrado el 2 de abril, donde un grupo de productores mineros les facilitaba dos líneas de crédito por 175 millones de dólares, una en relación a la venta a crédito de concentrados de cobre, zinc, plomo por un valor de 100 millones de dólares y un respaldo crediticio ante los bancos Paribas, Standard Bank, Crédito de Perú, por un valor de 75 millones de dólares.

Como contrapartida, Doe Run Perú se comprometía a una capitalización de deuda que mantiene con su matriz por un valor de 156 millones de dólares, es decir, asumía el compromiso de un fortalecimiento patrimonial con un aumento del capital social suscrito y pagado, aspecto que no se concreta hasta ahora de forma abierta y transparente, pero donde los más altos voceros empresariales de Doe Run han mostrado su conformidad y disposición. Al igual que disponer el 100% de las acciones como garantía ante el Estado, como una muestra de la decisión de cumplir y garantizar la inversión ambiental que está faltando y que se encuentra en un avance de casi 50%.

Por ello, la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía en su comunicado institucional del 19 de mayo del presente afirmaba que “expresa su preocupación porque Doe Run no estaría demostrando voluntad de dar cabal cumplimiento a los compromisos asumidos para el rescate financiero del Complejo Metalúrgico de La Oroya, la principal actividad productiva de la zona, poniendo en grave riesgo el empleo de sus trabajadores y el oportuno cumplimiento del PAMA”. Nota de prensa de la SNMPE del 19 mayo de 2009.

En el mismo sentido los Profesionales de Doe Run Perú expresan en un comunicado institucional publicado el 27 de mayo que:

PRONUNCIAMIENTO DE LOS PROFESIONALES DE DOE RUN PERÚ SRL.

“En La Oroya se han terminado satisfactoriamente 8 de los 9 proyectos PAMA, combinando tecnología propia, nacional y extranjera para dar solución al complicado problema ambiental que data desde 1922. Sólo falta completar el 48% del último proyecto Planta de Ácido Sulfúrico de Cobre, lo cual es complejo y requiere de inversión significativa. En Cobriza, los 4 proyectos PAMA se completaron al 100% en el 2004 y han solucionado un problema ambiental de más de 45 años. Los proyectos ejecutados en La Oroya y en Cobriza han mejorado el medio ambiente y están preservando la salud de los trabajadores y población en las zonas de influencia.”

“Por lo expuesto, solicitamos al gobierno peruano su participación como facilitador y promotor del empleo para que RECONSIDERE EL PLAZO DE INCUMPLIMIENTO DEL ÚLTIMO PROYECTO PAMA PENDIENTE. Este pedido se sustenta en el hecho de que la crisis financiera mundial ha afectado desfavorablemente a DRP por ser un negocio de márgenes, generando una situación de fuerza mayor que está contemplada en el artículo 11 del D.S. 046-2004-EM”. Publicado en La República, 27 de mayo de 2009-página 8.

EPILOGO

Ante el agravamiento de la crisis internacional, que en los Estados Unidos de Norteamérica significa una grave depresión, la primera depresión del siglo XXI que no fue prevista en el 2004 ni en los acuerdos del 2006, más la falta de planeamiento estratégico en la privatización de Centromín, donde muchos de sus proveedores actuales se valorizaron con los activos y yacimientos de la minera estatal, gracias a un cuestionable proceso; se hace necesaria una ampliación del plazo para el cumplimiento del PAMA, siempre y cuando el 100% de las acciones de la empresa sean retenidas por el Estado, lo cual servirá como garantía ante un futuro e indeseable incumplimiento, al mismo tiempo que la capitalización de la deuda con su matriz.

En el mismo sentido, el Osinergmin debiera disponer de “controller” financieros y productivos en el campo, para verificar in situ el cumplimiento del último PAMA, y en el manejo de las finanzas. Es más, se hace necesario verificar los valores reales de las inversiones faltantes con la mayor transparencia, pues según datos preliminares eran de 75 millones de dólares que por arte de magia se incrementaron a 150 millones de dólares.

Lo cierto y evidente, es que la prórroga debiera hacerse como reconocimiento al principio de la realidad ante la profundidad de la crisis internacional del capitalismo mundial, al margen de cualquier fundamentalismo liberal que nos ha conducido a esta realidad, sumada a las “malas prácticas” de una empresa de pésimos antecedentes del grupo Renco Group.

jueves, 14 de mayo de 2009

LA MIOPÍA ESTATAL CON PETROPERÚ


ENAP de Chile operando en Perú


“Reestructurar PETROPERÚ para que vuelva a ser una empresa integrada, con capacidad de formalizar alianzas estratégicas que le permitan explorar minimizando riesgos, explotar campos ya conocidos y modernizar sus refinerías. Para ello integraremos en PETROPERÚ las actividades de PERÚPETRO logrando mayor eficacia, con menos burocracia y objetivos precisos y comunes. Se obtendría, además mayor poder de negociación en los mercados interno e internacional.
PARTIDO APRISTA PERUANO – PLAN DE GOBIERNO 2006 – 2011”

El pasado viernes 8 de mayo la “Coalición Nacional de Sindicatos de PetroPerú S.A.” organizó en el auditorio de la Universidad Nacional de Piura el Fórum denominado “PetroPerú, Empresa Pública Integrada con Autonomía de Gestión”, donde me cupo ser expositor invitado. Por ello, quiero compartir con ustedes algunas de las ideas fuerza expuestas en mi presentación efectuada ante un interesado público. En verdad, al margen del análisis de los estados financieros de PetroPerú, la importancia de la integración vertical y su modernización, se trata de compartir la información respecto a las actividades de empresas estatales de hidrocarburos de otros países, particularmente de ENAP de Chile, que realizan estupendos negocios en nuestro país, capitalizando a sus empresas y al tesoro de otros estados.

A pesar de la propuesta del Plan de Gobierno del Partido Aprista Peruano de reestructurar PetroPerú para que vuelva a ser una empresa integrada, lo cual debiera significar que la petrolera estatal retome las operaciones de exploración/ explotación, y de la distribución minorista, es decir con estaciones de venta de combustibles, con grifos propios, y pueda también como lo señala la ley ingresar a las actividades de la petroquímica básica.

Así, la ley Nº 28840 del 19 de julio del 2006, en las modificaciones al artículo 3 del DL Nº 43 señala explícitamente que: “El objeto social de PETROPERÚ S.A. es llevar a cabo las actividades de Hidrocarburos que establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221, en todas las fases de la industria y comercio del petróleo, incluyendo sus derivados, petroquímica básica y otras formas de energía….”

Lamentablemente nada o poco de esto se está cumpliendo, pasados casi tres años del segundo gobierno del Dr. Alan García, y por el contrario PetroPerú languidece, después de mucho tiempo (1991) ha generado pérdidas operativas y netas en el 2008, se sigue manejando con criterio político, subsidia al sector privado y a los consumidores pues ha tenido que comprar crudo y diesel caro para venderlo barato, y de esa forma no afectar la estabilidad política y económica del país.

Se le cargan una serie de pasivos como el abono de pensiones a sus ex trabajadores de la ley 20530, cuando se han transferido al sector privado los activos más valiosos como los lotes petroleros tales como: el lote 8/8X en la selva nororiental, el lote X en Talara, y Z-2B en el Zócalo Continental, la refinería La Pampilla, grifos, terminales y filiales. En el mismo sentido, se le han transferido los pasivos ambientales de los lotes privatizados y sigue siendo la “caja chica” de los gobiernos de turno

El manejo al interior de la empresa es poco transparente, se desconoce las condiciones por las cuales la gerencia general ha tenido que endeudarse con la banca privada comercial para comprar hidrocarburos, su administración ha sido cuestionada por sendas investigaciones del Congreso de la República, con indicios razonables de corrupción, y lo más evidente es la inacción, con una presidencia del directorio que tiene que aprender sobre la marcha en un negocio donde las decisiones debieran ser efectivas y no burocráticas, es decir, está en “un dejar hacer un dejar pasar”, que resulta suicida para cualquier empresa que opera en el sector de hidrocarburos.

Así, se podría afirmar que lo que no pudo alcanzar el régimen del fujimorismo, es decir, la privatización por partes de la petrolera estatal, se está logrando bajo el presente régimen, donde la inacción más el manejo político de la empresa tienden a su “liquidación de mercado”.

En verdad, el problema de fondo es la escasa, débil o nula voluntad política de parte del gobierno de turno para fortalecer y modernizar a la petrolera estatal como sucede con las empresas de los países vecinos, e incluso de una serie de empresas estatales de terceros países que operan eficientemente obteniendo importantes utilidades. Prueba de ello, son las dificultades para el financiamiento para su modernización, en especial de la Refinería de Talara.

LAS PETROLERAS ESTATALES

La muestra es abrumadora. Si se empieza con PETROBRAS del Brasil que opera el viejo lote X en Talara con una producción superior a los 13 mil barriles diarios de un petróleo de alta calidad, que próximamente debe hacer anuncios importantes sobre sus exploraciones en el lote 58 en el Cusco, cercano a Camisea, donde se presume que existen importantes volúmenes de gas natural y condensados. Al margen de ello realiza exploraciones en más de seis lotes en contratos firmados con PerúPetro.

Petrobrás asumió las operaciones del lote X en el 2002 cuando su matriz compró la parte de hidrocarburos del grupo privado argentino más importante Pérez Companc, el cual hacia diciembre de 1996 había ganado la subasta del viejo lote petrolero, abonando más de 202 millones de dólares por las reservas probadas que se tuvieron que transferir en la privatización de PetroPerú.

Hoy, la empresa petrolera del estado del Brasil, Petrobrás, es un gigante de la industria mundial con una producción cercana a los 2 millones de barriles diarios entre producción de crudo y líquidos, operando en Brasil, Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, África, etc; es una empresa que apuesta por la autonomía energética del Brasil, se maneja con eficiencia y es altamente rentable para los brasileños, y para sus accionistas institucionales y de la bolsa.

Como alguna vez afirmó el embajador del Brasil en el Perú don Jorge D´Escragnolle Taunay, “Petrobrás le ha costado al pueblo brasileño sangre, sudor y lágrimas”, pues evidentemente las siete hermanas del petróleo que controlaban la industria en la década del cincuenta eran contrarias a los vientos nacionalistas de Joao Goulart, y a la presencia estatal en los hidrocarburos.

En los campos de hidrocarburos de Talara también opera desde 1995, la empresa estatal China, Sapet como titular de los contratos firmados con PerúPetro en los lote VI/VII, con una producción que bordea los 3 mil barriles diarios. Igualmente la empresa estatal China Nacional Petroleum Corporation (CNPC) resulta socia de la empresa argentina Pluspetrol en la explotación del lote 1-AB y el lote 8, a través de su participación del 45% en el capital accionario en Pluspetrol Norte.

En el mismo sentido, la reciente compra de la empresa matriz de Petro Tech Peruana en los Estados Unidos de Norteamérica tiene como participantes a dos empresas estatales. Por un lado, ECOPETROL de Colombia adquirió el 50% de las acciones de la matriz americana de Petro Tech. El otro 50% fue adquirido por la empresa estatal de Corea del Sur, Korean National Oil Corporation, demostrando la misión y visión que tienen las empresas estatales cuando existe voluntad política, y gestión empresarial positiva.

ECOPETROL es una empresa eficiente, en fase de expansión internacional que ha diciembre del 2008 tenía un patrimonio de más de 17,588 millones de dólares, con una producción promedio de 447 mil barriles diarios de crudo y su equivalente en gas natural, obteniendo ingresos de más de 17,221 millones de dólares, y asegurando para dicho año inversiones por más de 1,619 millones de dólares. En el Perú, se ha comprometido a duplicar la producción del Z-2B, lo cual sería de mucho provecho para el país y la región.

De otro lado, la empresa estatal de Corea del Sur es una empresa que ya tiene una presencia previa en el Perú, con una participación del 20% en el lote 8, operado por Pluspetrol Norte. Se debe tener presente que Korean National Oil Corporation es una empresa que opera fuera del Perú, en Vietnam, Libia, Indonesia, etc.; esta empresa a diciembre del 2007 expresaba un patrimonio de 6,183 millones de dólares, con ingresos por ventas del orden a los 1,167 millones e inversiones superiores a los 2,217 millones de dólares.

A esta lista de empresas estatales en el sector de hidrocarburos que operan en nuestro país debiera agregarse la presencia de SONATRACH, empresa estatal de Argelia que se constituye en el segundo exportador de líquidos de gas natural (LNG) a nivel mundial, y que en nuestro país participa con el 10% del capital accionario en el lote 88 y en el lote 56 a través de Sonatrach Perú Corporation; también retiene el 21.18% de las acciones de Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP) a través de la empresa Sipco Perú Pipelines Corporation, empresa que tiene como matriz a Sonatrach Petroleum Corporation BVI.


ENAP DE CHILE EN PERÚ

La empresa estatal petrolera de Chile ENAP es una empresa que en el 2008 generó ingresos por más de 12,185 millones de dólares, con pérdidas netas de 958 millones de dólares en razón que más del 98% del crudo que procesa en sus refinerías tiene que comprarlo en el exterior. Sin embargo, ello no impide que la petrolera estatal tenga operaciones de explotación en Argentina, Ecuador, Egipto con una producción en conjunto de 6,322 barriles diarios que se suman a la producción interna de Magallanes que apenas supera los 965 barriles por día.

ENAP de Chile no solamente ha aumentado la capacidad de refino de sus operaciones que son operadas por sus dos refinerías Talcahuano y Con Cón, sino que produce más de 263 mil barriles diarios de derivados del petróleo para poder satisfacer el mercado interno, constituyéndose el diesel 2 el combustible más importante con más de 115 mil barriles diarios.

Estando prohibido por ley las actividades de la distribución minorista en Chile con estaciones propias en el expendio de combustibles, Enap es una empresa integrada a nivel mundial, pues explora y produce crudo a nivel internacional, y en el Perú controla más de 54% de las acciones de los grifos PRIMAX, la principal cadena de combustibles, y a través de su subsidiaria Manu Perú Holding realiza importaciones desde el Perú de gas licuado de petróleo, gasolinas y diesel.

Es decir, ENAP de Chile tiene una participación directa en nuestro país, controlando la mayoría de acciones de las estaciones de servicio PRIMAX asociado con el grupo Romero y por medio de la importadora Manu Perú Holding realiza crecientes compras a su matriz como se hace evidente en el cuadro.


Las lecciones de esta realidad son varias. En primer lugar, cabe preguntarse cómo un país que tiene necesidad de importar el 99% del crudo que procesa es capaz de exportar derivados hacia otros países como el Perú. En el 2008 se expone con claridad las crecientes importaciones provenientes del vecino sureño. En gasolinas un promedio de 1,792 barriles diarios y en diesel 5,532 barriles. Al margen de la importancia de los volúmenes comprometidos frente a una demanda promedio de 160 mil barriles diarios en nuestro país, interesa la tendencia. El Perú, exporta petróleo pesado y petróleos industriales e importa de ese país derivados con mayor valor como el diesel y las gasolinas.

Ello es posible en la medida que ENAP de Chile se comporta eficientemente como empresa en el mercado, con el mínimo de interferencia política. No sucede así en nuestro país, donde el Directorio y la gerencia general de PetroPerú tienen un alto grado de ingerencia política, en desmedro de una eficiencia empresarial positiva que resulta fundamental en una economía globalizada en crisis. Así, entre el 2001 al 2008, la presidencia del Directorio de PetroPerú ha sido ocupada por lo menos en siete oportunidades demostrando el grado de inestabilidad, impericia, e ineficiencia provocada, a pesar del importante capital humano que aún retiene.

EPÍLOGO

Evidentemente ninguna empresa petrolera estatal sea Petrobrás de Brasil, ECOPETROL de Colombia, Sapet y CNPC de la China, Korea National Oil de Corea del Sur, Sonatrach de Argelia, Enap de Chile que operan en nuestro país tienen el “corset” de la absurda subsidiaridad del Estado en la economía, es decir, que las empresas del Estado no pueden intervenir activamente en la economía. De esta camisa de fuerza teóricamente ha sido excluida PetroPerú con una serie de normas y leyes aprobadas por el Congreso de la República, que al viejo estilo colonial, “la ley se acata pero no se cumple”.

Esto significa que las diversas leyes que la excluyen de la privatización, del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), del Consucode, se han aprobado mas no se cumplen, ello significa la inacción y parálisis de la petrolera estatal, que ha diferencia de las experiencias de otras empresas del sector de hidrocarburos tienen una creciente participación demostrando la rentabilidad del negocio integrado.

En tal sentido, por razones de hecho y derecho PetroPerú tiene la oportunidad de la integración a través de una negociación estratégica en el lote Z-2B en tanto que las plataformas marinas, equipos, instalaciones le pertenecen. De allí que resulta absolutamente razonable una participación accionaria de por lo menos un 30% conjuntamente con las empresas estatales ECOPETROL y Korea National Oil que han asumido el contrato de servicios en el lote Z-2B.

Esta es una oportunidad histórica para dotar a PetroPerú de la integración vertical, y de la recuperación parcial de su capacidad productiva. La otra, tiene que ver con la integración con PerúPetro, la empresa estatal responsable de promover la inversión, la fiscalización de los contratos de hidrocarburos. Este sería un tema polémico pero importante de discutir. Mas lo cierto y evidente es que resulta un imperativo nacional y regional apostar por la modernización e integración vertical de PetroPerú. Todo lo demás es verso y absurdo fundamentalismo liberal.

martes, 5 de mayo de 2009

PERÚ: SI QUIERES PAZ PREPÁRATE PARA LA GUERRA

¿A Futuro: 5% del Canon Minero y Regalías para las FFAA?


Seguramente con la mejor intención se ha aprobado en la Comisión de Defensa del Congreso de la República, un proyecto de la Célula Parlamentaria Aprista cuya autoría corresponde al primer Vicepresidente de la República Vicealmirante en retiro y congresista Giampietri Rojas, por medio del cual se modifica la ley general del canon minero, y cuya esencia consiste en “destinar a las FF.AA, el 5% del total de los fondos recaudados por el concepto de Canon y Regalías que se otorguen a futuro por la explotación y comercia-lización de nuevos recursos. Es decir la distribución y las prestaciones económicas que vienen pagando los inversionistas a favor de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, no serán modificadas ni afectadas.”

En verdad, con el articulado y por más buenas intenciones, el referido proyecto no deja de ser un valiente saludo a la bandera, pues no afecta las fuentes originales de riqueza, siendo el Estado peruano a nombre de la Nación, el titular de los recursos naturales renovables y no renovables, que no está percibiendo el íntegro de las regalías. En el caso de la actividad minera ante la grave omisión de las grandes empresas mineras como Mra. Yanacocha, Mra. Antamina, Mra. Cerro Verde, Mra. Tintaya que no abonan regalías al igual que la minería informal que produce más de 20 toneladas de oro por año, el Fisco no está captando importantes recursos que podrían aportar sustantivamente al Fondo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

El aporte de mayores regalías mineras y una efectiva fiscalización de la minería informal que no abona regalías ni el impuesto a la renta sería una alternativa realista antes que afectar los intereses de los gobiernos locales y universidades estatales de las regiones mineras. Como diría el viejo Pierre Proudhon, el no pago de regalías al Fisco por parte de la gran minería y la minería informal “constituye un robo” al país, al margen de la cuestionada vigencia de los contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa.

El proyecto de ley Nº 3058/2008-CR trata de incrementar el Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que hasta ahora solamente tiene una participación (40%) sobre las regalías gasíferas pagadas al Fisco, en razón de la explotación del lote 88 de Camisea. Estos menguados recursos resultan luego de deducir el canon gasífero al Cusco (50%), y descontados los recursos del FOCAM (25%), Fondo de Desarrollo Socio Económico de Camisea para Ayacucho, Huancavelica, Ica y Región Lima, más la participación de Aguaytía.

GASTOS EN DEFENSA EN LA COLA

A diferencia de nuestros vecinos del sur que tienen a la empresa estatal Corporación del Cobre (Codelco) que destina el 10% de los ingresos de exportación para financiar la modernización de las fuerzas armadas de Chile con ingresos anuales que promedian los 1,500 millones de dólares, al margen del impuesto a la renta, regalías mineras, utilidades y otras contribuciones que realiza la empresa estatal al erario chileno.

Evidentemente los acuerdos entre Codelco con la República Popular China permitirá incrementar en más del 50% la producción cuprífera y por tanto mantener los ingresos fiscales a pesar de la disminución de los precios internacionales del cobre que superan los dos dólares la libra. Debe ser evidente que gracias a la ley Reservada del Cobre, Chile nos aventaja abismalmente en poder defensivo y ofensivo, y en algún momento de la historia pasarán la factura por sus crecientes e indiscriminadas inversiones en nuestro país, al margen de los resultados del diferendo marítimo en la Corte Internacional de la Haya.

En el mismo sentido, nuestros vecinos del norte tienen a la empresa estatal petrolera PetroEcuador y a una serie de empresas donde los miembros de las fuerzas armadas tienen directa participación. Gracias a los ingresos petroleros que gozaron de un boom de precios hasta el tercer trimestre del 2008, pero que se mantienen sobre los 50 dólares el barril, las fuerzas armadas del Ecuador tienen directa participación, ello deriva en un mayor gasto per cápita en defensa en relación a nuestro país.

Podemos coincidir con la fundamentación del proyecto en referencia, sobre la necesidad de potenciar y dotar de recursos a nuestras fuerzas armadas para el mantenimiento y operatividad del material y equipo, pues los recursos del Fondo para las FF.AA no se gastarían en remuneraciones. Asumimos que el crecimiento y desarrollo económico supone y exige la seguridad y un nivel operativo de las fuerzas armadas para que tengan un carácter disuasivo, al margen del liberalismo suicida que se impuso en los últimos años, determinando que nuestro país tenga el menor coeficiente de los gastos en defensa después de la Argentina.

Así, en la sustentación del proyecto de ley Nº 3058/2008-CR, se expone que hasta el 2006, la participación de los Gastos en Defensa como porcentaje del PBI, fue así: Colombia encabezaba la lista con una participación del 4%, seguida de Chile con un 3.6%, Ecuador con un 2.3%, Brasil con 1.5%, Bolivia con un 1.4% y en la cola el Perú con 1.3%.

Sin embargo, un indicador más ajustado de los grandes desequilibrios está en relación al gasto de defensa por persona de los países vecinos al Perú. Así, será evidente que en Chile para el 2007, el gasto per cápita era de 290 dólares, el más alto de la región, seguido por Colombia 112 dólares por habitante, Ecuador con 89 dólares y a la cola el Perú con 39 dólares. En este contexto el gasto en defensa per cápita de Chile frente al Perú es de 7:1, esta sería una razón suficiente para financiar en el menor tiempo posible el Fondo para las Fuerzas Armadas.



Evidentemente gran responsabilidad en este desbalance está en relación con las políticas de ajuste estructural, privatización y des regulación que han minimizado el rol del Estado en el mercado y en la acumulación estatal. Se debe recordar las condicionalidades impuestas a nuestro país por el Banco Mundial y el FMI, y la privatización de rentables empresas públicas sobre todo del sector de energía y minas, que hoy estarían aportando al Fondo importantes recursos.

Al margen de ello un Estado que no tiene recursos ni para financiar la seguridad interna y externa contra flagelos como el narcotráfico, el terrorismo, la violencia urbana, el creciente contrabando por tierra, aire y mar; asegurar la preservación de los recursos naturales, hacer frente a los desastres naturales, etc; está condenado a la inviabilidad en el largo plazo. De allí, la necesidad de replantear la relación entre el Estado y el mercado, con una renegociación con las grandes empresas mineras, por una mayor fiscalización a la minería informal, un elevación de los derechos de vigencia e incremento de regalías mineras exclusivamente para el financiamiento del Fondo para las Fuerzas Armadas.

CONTRIBUCIÓN MINERA AL FISCO

En el siguiente cuadro podemos estimar la contribución de la actividad minera formal en el período 2004-2008, asumiendo el 100% del impuesto a la renta abonado por los titulares mineros, donde en el uso del “jus imperium”, el Estado transforma el 50% del impuesto como canon minero. No consideramos el IGV en la medida que parte de este es trasladado al consumidor final cuando se trata de ventas internas (5%) y en el grueso de las exportaciones mineras, las empresas perciben el beneficio de la devolución de impuestos (Draw Back), bajo el principio que no se exportan impuestos.

Se consideran los derechos de vigencia mineros pagados por los titulares mineros que están en la fase de exploración y explotación y que constituyen un ingreso al Estado de 3 dólares por hectárea, las regalías mineras que se hacen efectivas desde mediados del 2004 pero que se desembolsan recién en el 2005, y el famoso Aporte Voluntario de las empresas que si bien no constituye un recurso fiscal, es una contribución real ante las utilidades extraordinarias obtenidas durante el boom minero 2004/2008.


Para hacerlo más simple el lector podrá obtener sus conclusiones. En el año 2004 el impuesto a la renta pagado por las empresas mineras por el ejercicio 2003 sería de 267 millones de dólares que sumados a los derechos de vigencia de dicho año totalizan los 274 millones, que relacionados a los ingresos de exportación del 2004 representan el 3.9% de los ingresos por concepto de venta exterior.

Ello equivale a decir que por cada 100 dólares que se obtienen por la exportación el Estado capturaba solamente 4 dólares. Resulta evidente que con los altos precios de los minerales y un relativo incremento de la producción, los ingresos fiscales se incrementaron para constituir el 21.2 % de los ingresos de exportación en el 2007.

En el 2007 el impuesto a la renta captado por el Estado producto del ejercicio del año anterior fue equivalente a 3,296 millones de dólares, que sumados a los 160 millones de dólares de regalías, más el Aporte Voluntario de 166 millones y derechos de vigencia 31 millones de dólares, totalizaron los 3,652 millones de dólares.

Esto significa que en el mejor año del boom minero, de cada 100 dólares de exportación el Fisco captaba 21 dólares, valores insuficientes en relación a la riqueza obtenida y al carácter de recursos naturales no renovables, al margen de los efectos depredatorios y de contaminación ambiental, externalidades negativas y “malas prácticas” empresariales.

EPÍLOGO

Si de verdad se aspira a fortalecer el Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para recuperar el carácter disuasivo del material de guerra y operatividad del equipo militar, no se puede esperar a la maduración de los nuevos proyectos mineros ni afectar a futuro a los gobiernos locales especialmente al distrito productor ni a las universidades públicas de las regiones mineras.

Todo ello al margen de los beneficios tributarios como el “arrastre de pérdidas”, que permite el recupero de la inversión hasta 4 años a los proyectos mineros y 8 años a los megaproyectos que demorarían las transferencias al Fondo como sería el caso de Toromocho, La Granja, Majaz, Las Bambas que tendrán un lento período de maduración en razón de la crisis internacional.

Es decir, el Estado estaría percibiendo menores recursos por concepto de impuesto a la renta a futuro y con tardanza. Evidentemente esto afecta el fortalecimiento del Fondo.

Desde el punto de vista del interés nacional, el Fondo debe potenciarse a partir del cobro coactivo de las regalías no pagadas por las grandes empresas mineras del 2004 a la fecha, como Mra. Yanacocha, Mra. Antamina, Mra. Tintaya. Mra Cerro Verde, y con los recursos que se obtengan de una efectiva fiscalización minera frente a la llamada “minería informal”. Y en relación al 5% del canon minero que se percibiría a futuro para financiar el Fondo, sería mejor que esta partida tenga su fuente del 50% restante que el Tesoro Público retiene.

En resumen, se trata de adoptar medidas de interés y de emergencia nacional:

1.- Renegociar el abono de regalías con las grandes empresas mineras que no pagan regalías.
2.- Incrementar la tasa de regalías de 3% a 5 % para las empresas que exporten valores superiores a los 120 millones anuales.
3.- Elevar los derechos de vigencia de 3 dólares por hectárea a la minería metálica y no metálica a 4 dólares.
4.- Formalización rigurosa de la minería informal del oro.