sábado, 30 de enero de 2010

TALARA: SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE LAS RESERVAS MARGINALES

ANTE UNA MAYOR PRODUCCIÓN MÁS CANON PETROLERO

Seguramente con la mejor intención en la defensa de los intereses nacionales, los congresistas de la oposición sobre todo del partido nacionalista, tales como Cajahuanca, Sumire, Supa, Miró Ruiz, Ramos y Abugattás, se oponen a la aprobación del proyecto de ley Nº 2064 que precisa los alcances de la ley Nº 28109 más conocida como la ley que promueve la inversión en los llamados “campos maduros” de Talara, con reservas marginales en los llamados pozos ATA, es decir, en aquellos pozos que fueron cerrados en el pasado por la IPC y PetroPerú, en razón de sus altos costos económicos en relación a los volúmenes extraídos. Debo recordar que esta ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la República, y está vigente desde el 21 de noviembre del 2003, es más, contó con el voto favorable del congresista Javier Diez Canseco, cuya ausencia dicho sea de paso se deja extrañar en el primer poder del Estado.

Los congresistas mencionados, sin querer queriendo como diría el “chavo del ocho”, se oponen al proyecto de ley Nº 2064 que aclara los alcances de la ley de reservas marginales, más por desconocimiento que ideología nacionalista, entrabando lo que debería ser una política de Estado al margen de los gobiernos de turno; como es alcanzar la autonomía energética, para depender lo menos posible del crudo importado, que significa un drenaje de divisas, al mismo tiempo que justifica los altos precios de los combustibles para los millones de usuarios con el argumento de la bendita teoría de la “paridad de importación”; y lo que resulta más curioso al oponerse a los alcances de la ley de reservas marginales, los congresistas mencionados resultan aliados fácticos de los grupos que hacen estupendos negocios con las importaciones de crudo como Repsol/YPF, Enap de Chile que compiten con PetroPerú, que tiene en la unidad de Talara su principal activo.

He sido testigo de excepción como desde el año 2002 se tuvo que superar con argumentos técnicos y económicos la crítica de los opositores a la ley de reservas marginales. En tal sentido, el mejor criterio de verdad, más que el discurso ideológico encendido debiera ser la realidad. Y esto se puede observar a través de los resultados económicos obtenidos, el comportamiento de la producción, la defensa de los intereses del fisco a través de las regalías y el mayor canon y sobrecanon para las regiones productoras como Piura y Tumbes.

MAYOR PRODUCCIÓN

Un primer criterio de verdad que debiera servir para evaluar las ventajas de la ley Nº 28109, más conocida como la ley que promueve la inversión en la explotación de los recursos y reservas marginales de hidrocarburos, está en relación al incremento de la producción de crudo. Desconozco las razones por las cuales solamente cuatro empresas operadoras se acogieran a una ley promotora de la inversión en los viejos campos de Talara, con más de 100 años de explotación.

Se debe reconocer que estas reservas marginales son de alto costo económico en razón de la obsolescencia de los yacimientos que fueron operados por la Internacional Petroleum Company (IPC) hasta 1968 y luego por PetroPerú directamente hasta fines de 1996 en el lote X redimensionado, aunque los lotes II, III, y IV fueron transferidos entre los años 1991-93 en el llamado adelgazamiento de las operaciones de PetroPerú-Talara justamente por los altos costos operativos, en el marco del proceso privatizador.

Estos campos maduros tienen una baja productividad por pozo, esto significa que la producción promedio diaria no supera los 6 barriles o a lo mucho 10 barriles. Por tanto, no estamos ante los pozos petroleros al estilo de Venezuela donde la producción marginal está por debajo de los 2,000 barriles diarios, donde dicho sea de paso el antiimperialista Hugo Chávez exporta el crudo de PDVSA para satisfacer el mercado norteamericano.

Por tanto, el cuadro “Aumento en la Producción de las Empresas que Suscribieron la Ley de Reservas Marginales”, expone con claridad el comportamiento de la producción estimada en días calendarios. Se debe tener presente que de no haberse aprobado la ley en el 2003, el decrecimiento natural en la producción de los pozos hubiese sido de un promedio del 10% anual, con lo cual el incremento de la producción real es mayor a los 6,200 barriles diarios.



Por ello, el incremento de la producción diaria para atenuar el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos se ha cumplido con creces. Es más, si no se hubiese reinvertido gracias al carácter promotor de ley, la producción de hidrocarburos hubiese tenido un comportamiento decreciente al margen de los altos precios del petróleo.

En tal sentido, la empresa Interoil que ha sustituido a Mercantile como operadora del lote III en Talara, de producir 654 barriles diarios en el 2004 pasó a producir más de 4,022 barriles diarios en el 2009, es decir un incremento del 515% con un crudo de alta calidad que abastece prioritariamente a la refinería de Talara, abonando altas de tasas de regalías que bordean el 47.4%. Esto significa que de cada 100 dólares de ingresos que obtiene Interoil por la producción fiscalizada, el Estado capta casi 50 dólares por concepto de regalías, al margen del impuesto a la renta, con lo cual la participación del Estado es mayor en la renta petrolera, casi como el modelo boliviano.

En el mismo sentido, la empresa petrolera Monterrico conformada por capitales nacionales opera el lote II en Talara, de producir 530 barriles diarios en el 2004 pasó a producir más de 645 barriles diarios en el 2009, es decir un incremento del 22% con un crudo de alta calidad, abonando regalías que superan el 51.4% del valor de la producción fiscalizada.

Por último, el más importante productor de la zona Petrobrás, empresa estatal del Brasil que adquirió hacia el 2002 los activos de Pérez Companc del lote X en Talara, ha incrementado la producción del crudo de alta calidad en volúmenes cercanos a los 3,000 barriles diarios.

Seguramente los congresistas opositores a la ley de reservas marginales están de acuerdo a que nuestro país tenga que importar un promedio de 37 millones de barriles anuales de petróleo para poder satisfacer el mercado interno, lo que hace más de 100 mil barriles diarios en importaciones solamente de petróleo, sin contar las compras externas del diesel 2. En tal sentido, los alcances de la ley Nº 28109 que promueve la inversión para la explotación de las reservas marginales, según este pensamiento fariseo habría tenido resultados limitados pues solamente el incremento anual ha sido de 2.5 millones, que resultan mínimos volúmenes frente a las importaciones de más de 37 millones de barriles.

Sin embargo, no debiera soslayarse que la producción interna de petróleo en Talara es de alta calidad, por su API superior a los 34º grados, por ello así sea un barril adicional, o 100 barriles diarios o un incremento de más de 8 mil barriles diarios, se generan mayores ingresos para el fisco, vía regalías e impuestos con un efecto multiplicador en el empleo y en la economía regional. Por el contrario, el crudo importado por PetroPerú, pero sobre todo por la transnacional Repsol/YPF no abona regalías que es la fuente del canon petrolero.

A MÁS PRODUCCIÓN MÁS REGALÍAS

La congresista del PNP J. Cajahuanca líder de la oposición, y ferviente defensora de los recursos naturales, en el calor del debate en la última sesión del año pasado para aprobar el proyecto de Ley N.° 2064 que pretende esclarecer los alcances de la ley de las reservas marginales aprobada por unanimidad en el Congreso de la República en el gobierno pasado, decía que ésta “es una ley eminentemente lobbista, y que realmente no se debería (aprobar) en estos momentos que el petróleo tiene un precio altísimo (… ) éstas empresas que han sido beneficiadas con esta ley no pagan adecuadamente los impuestos, y al no pagar adecuadamente los impuestos sencillamente no paguen las regalías como (deberían) ser, en los montos adecuados, para poder mejorar mayores carreteras, mayores colegios, mayores postas médicas” Transcripción del Debate Parlamentario 17/12/09.

Al margen del lamentable desconocimiento del sector por los congresistas de oposición, cuestión crítica y subsanable en un partido que pretende gobernar el país de resultar ganador el Comandante Ollanta Humala en las futuras elecciones, resulta de interés nacional y regional exponer los valores de las regalías pagadas por las empresas que se acogieron a la ley de reservas marginales en los viejos campos de Talara desde el 2004.

Por ello se podría afirmar que la realidad y la verdad son más poderosas que la ideología. Absolutamente en todos los casos las regalías percibidas por el Estado se han incrementado de manera significativa en la explotación del petróleo y gas asociado durante el período 2004-2009.


Se podría argumentar que los mayores valores pagados por concepto de regalías se deberían a los altos precios de los hidrocarburos crecientes desde el 2004 llegando a su apogeo hacia mediados del 2008 donde arañaron los US$ 150 dólares el barril. Este argumento es válido, mas no se debe olvidar que en los lotes II, III y IV las tasas de regalías vigentes bordean el 50%, lo que significa que a mayores ingresos, por efecto precio el fisco capta mayores ingresos por concepto de regalías e impuesto a la renta.
Por tanto, el objetivo del trabajo legislativo debiera ser promover las inversiones privadas para si no superar la dependencia de las importaciones, por lo menos atenuar el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos, con mayores incrementos en la producción interna, pues a una mayor producción le corresponde al Estado un mayor ingreso por concepto de regalías, por tanto superiores transferencias por canon petrolero y una creciente recaudación por impuesto a la renta para financiar el gasto social y la lucha contra la pobreza.

Así, la empresa Interoil que ha sustituido a Mercantile como operadora del lote III en Talara, ha pagado regalías en el 2004 por un valor de US$ 4 millones, para alcanzar los US$ 29 millones en el 2008 y superar en el 2009 los 37 millones de dólares por regalías, que son mayormente transferidas al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Lo mismo se puede afirmar en el lote IV donde Interoil ha sustituido a Río Bravo en las operaciones. Allí, las regalías abonadas al fisco han pasado de US$ 3.9 millones en el 2004 para superar los US$ 11.2 millones en el 2009, con la información oficial de PerúPetro.

En el mismo sentido, la empresa petrolera Monterrico que opera el lote II en Talara, en el 2004 ha pagado por regalías hidrocarburíferas US$ 3.3 millones para alcanzar en el 2008 los 12 millones de dólares y en el 2009 transferir más de US$ 7 millones, ante los menores precios del petróleo a nivel internacional.

Por último, el más importante productor de la zona, la empresa Petrobrás, ha transferido al fisco por regalías los más importantes montos. En el 2004 las regalías pagadas por la producción fiscalizada era de US$ 34.4 millones de dólares para alcanzar los US$ 206 millones en e 2008 y disminuir a los 84 millones en el 2009.

EPÍLOGO

Evidentemente frente a nuestra creciente dependencia del crudo importado y de los precios del petróleo, el interés nacional y regional está en directa relación con la promoción de la inversión en el sector para incrementar la producción interna de crudo, sobre todo en los viejos campos de Talara, donde desde el siglo XIX a la fecha se han obtenido más de 1,500 millones de barriles de crudo de alta calidad.

En tal sentido, en lo más inmediato hay que promover la inversión en la explotación de recursos y reservas marginales, cuya primera etapa ha tenido excelentes resultados por las empresas que se acogieron a la ley Nº 28109 como ha sido demostrado, donde las inversiones han superado con creces los compromisos de inversión pactados.

Por ello, el presidente de la Comisión de Energía y Minas Ricardo Pando señalaba en el debate que el Proyecto de Ley N.° 2064/2007, propone precisar que el plazo establecido en la Ley N.° 28109 era de carácter administrativo y que por ello Perúpetro puede celebrar nuevos acuerdos modificatorios en aplicación de esta ley con los contratistas que hayan cumplido con las inversiones y los gastos comprometidos en anteriores programas de trabajo.

En verdad, resulta extraño que el nacionalismo económico a estas alturas del partido se identifique con los intereses de los grandes importadores de crudo, en especial de la transnacional Repsol/YPF, ahora que es más urgente y necesario incrementar la producción interna de petróleo ante la anunciada modernización de la refinería de Talara que aumentara su capacidad de refino a los 90 mil barriles diarios antes del 2015. ¡De Ripley aunque Usted no lo crea!

lunes, 25 de enero de 2010

PERÚ: CONFESIONES DEL PADRE ARANA

EL NUEVO CREDO MINERO

No debiera estar es discusión la legitimidad política del padre Marco Arana en liderar un movimiento político denominado “Tierra y Libertad” con la pretensión de alcanzar la Presidencia de la República; gracias al liderazgo alcanzado en defensa del medio ambiente, se ha constituido en una figura emblemática de la lucha de las comunidades campesinas contra la presencia abusiva de la Mra. Yanacocha en el departamento de Cajamarca. Se deduce que su enfrentamiento con las jerarquías ortodoxas de la Iglesia Católica, en especial con el Cardenal del Opus Dei será muy duro, pues al margen de la participación política del cura Salomón Bolo Hidalgo en los años sesenta del siglo pasado, en la lucha por la soberanía y el petróleo en las filas del Socialprogresismo, no se tiene conocimiento en nuestro país de la presencia de miembros de la clerecía en la contienda política directa.

El cura Arana con el comandante Ollanta Humala, caudillo del llamado Partido Nacionalista, representan o encarnan el pensamiento crítico frente al modelo económico imperante desde la década de los noventa. Pareciera que la “hoz y el martillo” de la izquierda tradicional, ha dado lugar a la “sotana y el sable” como símbolos del malestar popular ante un modelo excluyente, concentrador de ingresos, y que tiene como eje central su carácter primario exportador, principalmente de productos mineros.

El sector minero al margen de lo que pueda pensar el padre Arana, es el más importante de la economía peruana, por su gran capacidad de generar excedentes económicos, ingresos de exportación (divisas), utilidades, e impuesto a la renta, con los efectos multiplicadores que esto puede tener en la economía regional. En tal sentido, el lugar que ocupa la producción minera que se desenvuelve en el Perú a nivel mundial, sea el primer lugar en plata, el tercero en cobre, el quinto en oro, el tercero en zinc y plomo etc, constituyen indicadores aparentes, pues esa importancia productiva y económica de la minería no expresa ni se sustenta en el desarrollo local, regional ni nacional.

En otras palabras, los excedentes generados por la minería, utilidades y renta minera no están equitativamente compartidos con el Estado, en cierta medida son enajenados a la Nación, en razón que los beneficios son concentrados en “pocas manos”. Esta realidad se explica en gran parte por la vigencia de privilegiados contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa que afectan la recaudación fiscal, con serios pasivos ambientales, pobre valor de retorno y débil eslabonamiento industrial.

UNA POSIBILIDAD DE DESARROLLO

En verdad, la posición del cura Arana queda resumida en estas afirmaciones, que comparto en cierta medida, en el sentido que la actividad minera constituye una posibilidad de desarrollo para el país. Así, se afirma que: “La minería es una actividad económica no sostenible, de alto impacto ambiental, de escasa posibilidad de generación de empleo por los altos niveles de tecnificación que tiene, sin embargo por los volúmenes de inversión, por los impuestos a la renta y regalías que pueden pagar, efectivamente podrían hacer que la minería sea una posibilidad de desarrollo para el país, pero hoy esas condiciones no se cumplen y son reclamadas por la población, por eso que no es casual que en los lugares donde hay más minería hay mayor conflictividad social”.

Sin embargo, cuando expresa que la minería es una “actividad no sostenible de alto impacto ambiental...”, se expone un pensamiento crítico fundamentalista contrario a toda extracción minera. En tal sentido, habría que hacer la distinción entre la minería formal, en especial de la gran minería transnacional, aquí pienso en Mra. Antamina, Cerro Verde o Mra. Tintaya que tienen en la seguridad ambiental y social una exigencia de sus propios accionistas, en códigos de conducta empresarial. Evidentemente otro sería el caso de la minería mal llamada informal, que contamina impunemente con mercurio, los ríos, lagos y lagunas.

La sostenibilidad de la actividad minera dependerá de la regulación de parte de los organismos del Estado, en ese sentido, la debilidad estatal en la fiscalización minera constituye el caldo de cultivo para el desenvolvimiento de una actividad minera depredadora del medio ambiente, con condiciones mínimas de respeto ambiental y con fuertes pasivos ambientales.

Por ello, la sostenibilidad de la actividad minera en nuestro país resulta lamentable, esto provocada por la inopia y debilidad ambiental en los organismos reguladores, cuando por ejemplo se le restan responsabilidades al Osinergmin en sus capacidades fiscalizadoras, como ha sucedido con el DS-001-2010, donde se transfiere la supervisión minera al Organismo de Fiscalización y Evaluación del Ambiente (OEFA) del recién creado Ministerio de Medio Ambiente.

En los países donde la minería es una “palanca del desarrollo” se tiene una regulación fuerte, con autonomía administrativa, política y económica para supervisar y fiscalizar a las empresas. En cambio en nuestro país la debilidad provocada en la regulación ambiental es de tal naturaleza que constituye una fuente permanente de los llamados conflictos sociales.

¿QUÉ CONDICIONES DEBE TENER?

Resulta positivo que se debatan las condiciones que debiera tener la actividad minera para convertirse en una palanca del desarrollo. Si bien las comparto todas, señalaría la necesidad de un Proyecto Nacional de Desarrollo y un mínimo consenso social-político que haga posible el cumplimiento de las condiciones que se han experimentado con éxito en otros países. En última instancia, importa la capacidad endógena de desarrollo y la vocación nacional para superar el subdesarrollo por parte de nuestras clases dirigentes, este a mi parecer constituye un problema por su ausencia.

Debe tenerse presente la experiencia estatal minera de los años 70 y 80 del siglo pasado sobre todo durante el Gobierno de las Fuerzas Armadas, donde con todos sus defectos y debilidades se avanzó en políticas de valor agregado con la construcción de las refinerías de cobre en Ilo y la refinería de zinc de Cajamarquilla, financiadas con un fuerte endeudamiento externo. Se tenía el monopolio del comercio exterior a través de Minpeco, y el Estado tenía una presencia agresiva en la actividad minera con Centromín, Hierro Perú, Minero Perú, etc.

En tal sentido, cabe preguntarse sobre las razones que llevaron al fracaso del modelo de acumulación estatal, para no reproducir los mismos errores, pues la gestión ambiental de las empresas del Estado no se diferenciaba en sustancia de la actividad privada, al margen de la gran dosis de corrupción y politización de la administración.

En tal sentido, el líder del movimiento Tierra y Libertad afirma que:

“Debemos aprender de aquellos países desarrollados que han tenido en la minería un importante reglón de su desarrollo económico, por ejemplo en Canadá, Sudáfrica, EEUU o Alemania, en dichas experiencias hubo tres condiciones importantes para que la minería contribuya al desarrollo.

Una primera es la inversión tecnológica. El dinero proveniente de la minería se utilizó para desarrollar ciencia y tecnología no sólo para el sector minero, pero eso no ocurre en el Perú, porque buena parte de lo que se obtiene de la minería se remesa al exterior a las casas matrices de las empresas. Además, la inversión en ciencia y tecnología en el país es una de las más bajas en América Latina.

La segunda condición: el valor agregado, aspecto que no se tiene en el país; seguimos exportando principalmente concentrados, y en el caso del oro se vende como doré, mientras que la mayor refinación ocurre en Inglaterra, Suiza o EEUU, así gran parte de la cadena de valor está fuera del país, aún cuando tenemos un enorme potencial en orfebrería.

La tercera condición: diversificación de la economía; con la renta proveniente de la actividad minera se apoyó al desarrollo de otros sectores como la industria automotriz en EEUU, o se aplicó fondos de inversión para el desarrollo forestal en Canadá, o para el desarrollo de un conjunto de industrias que se han convertido en industrias de punta y competitivas en el mercado mundial”.

POR UNA MAYOR CAPITALIZACIÓN SOCIAL

Se trata de un tema central. Para que la minería se convierta en una palanca de desarrollo económico y social a nivel local, regional y nacional, debiera haber una mayor capitalización que se estima por la más alta participación del “valor de retorno”, que significa una mayor tributación real de las empresas por medio de impuestos y rentas, regalías, derecho de vigencia. Una integración de mercado con la industria, con eslabonamientos hacia atrás (a quién le compra la minería) y eslabonamiento hacia adelante (a quién le vende la minería), superando los enclaves económicos existentes. Un indicador real del pobrísimo eslabonamiento industrial es el bajo consumo interno de los minerales extraídos en el Perú. Ni el 5% del oro o cobre producido en el país se transforma por la industria local, exportando mayormente concentrado como en los años veinte del siglo pasado. ¿Cuánto cobre, zinc, plata o acero se consume por persona?

Por último, un mayor valor retorno, implica sueldos y salarios acorde con la productividad, la rentabilidad y la globalización de las relaciones sociales de producción y distribución, superando las remuneraciones mineras que constituyen una fracción a las vigentes a otros países. Peor aún, los regímenes de contrata con la explotación de la fuerza de trabajo constituyen una práctica común, en la mediana y pequeña minería en especial, que abarata los salarios a límites infrahumanos.

Una mayor capitalización social de la minería no implica la participación del Estado con empresas públicas. Esta experiencia la pueden reproducir otros países como la Venezuela de Hugo Chávez o la Bolivia de Evo Morales con modelos económicos que no resultan sostenibles en el tiempo. Es más, esas experiencias se han aplicado en nuestro país y han significado mayor corrupción y pobreza.

Por ello, una regulación moderna con un Estado y un gobierno democrático de prácticas transparentes, puede negociar con las empresas mineras, transnacionales y de la mediana minería, para exigir una mayor contribución por medio del abono de las regalías mineras sin excepción, por el cumplimiento de un real canon minero como participación sobre el valor del producto minero. Una negociación estratégica que regule las especulaciones de las empresas junior en los mercados internacionales. En tal sentido, cabría preguntarse ¿Cuánto ha percibido el Estado por la venta de las acciones sobre el Proyecto Toromocho al pasar de manos de Minera Perú Copper a la empresa Chinalco, por valor superior a los 700 millones de dólares? Nada.

Por tanto se requiere de un Estado que defienda el valor de los recursos naturales no renovables como los productos mineros que no tienen sustituto ni sucedáneos. Exigir una mayor contribución social supera los límites del abono del impuesto a la renta, pues no se está pagando por el agotamiento ni por la explotación de un recurso no renovable.

En tal sentido, el cura Marco Arana tiene razón cuando exige el cumplimiento del pago sin excepciones de las regalías mineras, por parte sobre todo de la gran minería que opera en el país como Mra. Antamina, Mra. Yanacocha, Mra. Cerro Verde o Mra. Tintaya, que se escudan en los contratos de estabilidad jurídica y administrativa, afectando los ingresos fiscales y regionales. En tal sentido, afirma que:

“Se debe ampliar la base tributaria; debe haber un estándar para que todas las empresas mineras paguen regalías, y no como ahora que sólo unos cuantos pagan porque tienen un acercamiento mayor al Estado; las empresas deben salir a explicar a la población porque algunas pagan y porque otras no.

Otra medida sería la restitución del canon minero, recordemos que el canon es el pago por la extracción del mineral. Las empresas mineras no están pagando canon minero porque sólo pagan impuesto a la renta y de ese pago el 50% va para las regiones, pero como actividad económica no pagan por la extracción del mineral.

Seremos respetuosos de los contratos de estabilidad jurídica y tributaria, pero revisaremos cada uno para ver cuáles pueden haber sido dolosos y lesivos para el Estado, en renegociaciones a favor de las empresas, ampliando sus plazos o introduciendo otras normas que les son más benéficas. También desde el Estado podemos revisar los contratos y llegar a un nuevo acuerdo según niveles de precios para que aporten más las empresas cuando los precios les son favorables”

En verdad, este nuevo credo minero representa el pensamiento crítico que supone una nueva política económica, un patrón de acumulación alternativo a las políticas de libre mercado que son las grandes responsables de la crisis financiera mundial y de la pobreza en nuestro país. Hoy más que nunca debiera recordarse la frase de José Carlos Mariátegui, sobre la necesidad de “Peruanicemos el Perú”, con una mayor capitalización social de la minería con canon y regalías.




Nota: Los extractos citados corresponden a una entrevista efectuada por la Revista de Minería, Energía e Hidrocarburos AllpathayaPerú, publicada en la edición nº 5 de enero 2010.

jueves, 21 de enero de 2010

COMERCIALIZACIÓN DEL GASOHOL EMPIEZA A CUENTA GOTAS

Escrito por: Pedro Maldonado Santiago ( Economista e Investigador UNMSM)

Después de tanta incertidumbre entre noviembre y diciembre del 2009, a escasos días de iniciarse la fecha de obligatoriedad para la venta del gasohol (etanol + gasolinas) en el Perú, aparece la llamada norma técnica que especifica la calidad del gasohol, y se publica también el cronograma de comercialización en diferentes ciudades del país de manera gradual.

En la práctica, esta forma de iniciar la comercialización y consumo obligado de combustibles ecológico y menos contaminante nos muestra que el naciente mercado de biocombustibles está movido por el interés comercial antes que el interés ambiental, negando el principio de “ganar respetando el medio ambiente”, tal como lo pregonan en estos tiempos los empresarios bajo el rotulo de Responsabilidad Social Empresarial.

El etanol para el gasohol, el biodiesel, incluido el biogás, constituyen combustibles de origen biológico alternativos a los derivados de hidrocarburos cuya producción y consumo es uno de los principales causantes de los gases de efecto invernadero. Por tal motivo la aparición de una Ley que fomenta el mercado de biocombustibles resultaba razonable, ecológica y democráticamente, pero lo cierto es que los mercados no se forman, ni se impulsan por leyes; no es casual por lo tanto que desde diciembre del 2002 cuando la bancada Aprista presentara el proyecto de Ley de promoción de mercado de combustibles y una vez que se aprueba la Ley 28054 en agosto del 2003, la normativa ha resultado en los hechos letra muerta por la falta de voluntad de aplicarla.

Los oferentes que han aparecido en el camino tienen una visión clara de lo que van hacer con sus productos, destinándolos al mercado externo. Mientras que las dos empresas refineras existentes en el país muestran también poca voluntad en materia ambiental al continuar con la producción de combustibles nocivos. En el caso del Gobierno la falta de firmeza e iniciativa política para lograr el cumplimiento de las normas y subsanar vacíos legales en el mercado de combustibles son los factores que han determinado que al inicio se comercialice el gasohol parcialmente en el país, así como el consumo del diesel con 50 ppm de azufre es sólo en Lima provincias, los efectos y reacciones posibles ante este escenario llevarán al contrabando e informalidad.

A diferencia de la masificación del consumo del gas natural, en particular como sustituto en el mercado de combustibles el GNV y el GLP ha tenido un mayor dinamismo, mientras los biocombustibles y ahora el etanol que se mezclará con la gasolina y se comercializará internamente a cuenta gotas, con la perspectiva de ir resolviendo cuestiones operativas en la cadena de comercialización.

Potencial Crecimiento de la Oferta

Por el lado de la oferta hay un solo productor por el momento, el Grupo Romero, en Piura, que ha decidido orientarse de lleno a la exportación hasta nuevo aviso. En la misma región se encuentra el proyecto de Maple que empezará a producir a finales del 2010 en el mejor de los casos, quienes también tienen prioridad para el mercado externo. Con anuncios de inversión y planes experimentales hay varias empresas concentradas en la costa del país, principalmente en la región norte, en base a la caña de azúcar, pues como se sabe todo cultivo con contenido de azúcar y almidón resulta apto para el procesamiento del etanol.

En ese sentido, el nuevo mercado amenaza con una masificación en el cultivo de la caña de azúcar para lo cual inversionistas agrícolas, productores de azúcar y alcohol existentes en el país son potenciales actores como proveedores de cultivo o productores del alcohol anhidro. Capitales nativos y externos, del propio sector petrolero, sector alimentos, entre otros, ya están planeando entrar al mercado del etanol. El bloque de la oferta aumenta si consideramos a los pequeños productores agrícolas, a las comunidades agrícolas cuyas tierras serán tentadas para cultivos que sirvan de materia prima para el etanol; es en ese marco que el organismo Sierra Exportadora también tiene sus planes y proyectos que engrosarían la potencial oferta.

Petroleras tras el Etanol

La mayor perspectiva de la oferta para el Etanol (que irá al exterior principalmente), frente a la lentitud en el consumo en el mercado interno, nos debe hacer reflexionar que las empresas invierten donde más ganan. Si hoy buscan combustibles ecológicos es por las nuevas condiciones del mercado, asociados a las exigencias de cuidado del medio ambiente. Porque si revisamos la historia, ya se conocía de los biocombustibles desde hace más de 110 años; así, los primeros diseños de Rudolf Diesel de sus motores diesel estaba previsto que funcionaran con aceites vegetales (las primeras pruebas fueron con aceite de maní). Así mismo, Henry Ford cuando hizo el primer diseño de su automóvil Modelo T en 1908 esperaba utilizar el etanol como combustible.

Pero la irrupción del petróleo en el mercado a menores precios y sumados al crack de 1929, hizo desaparecer o mantuvo oculto toda esa iniciativa de biocombustibles; la crisis del petróleo de 1973, asociada a la cuarta guerra árabe-israelí, hace retomar a los países industriales la búsqueda de combustibles alternativos. En ese escenario aparece Brasil, en el año 1975, fomentando el alcohol como sustituto de los combustibles fósiles, a través del proyecto Proalcohol.

No es ajeno por lo tanto que hoy las grandes corporaciones petroleras están tras el mercado de biocombustibles, allí tenemos a BP que tiene una empresa conjunta con Verenium Corp., fabricante de etanol de celulosa. Chevron Corp. tiene una empresa con el gigante maderero Weyerhaeuser Co. para producir combustible de biomasas, y Shell trabaja con Iogen Corp., de Canadá, para producir combustible de paja de trigo, por citar algunos ejemplos. En nuestro país sucede lo mismo, en razón que Petrobras Energía tiene planeado desde hace varios años producir etanol, así como el Grupo Repsol.

También se tiene el interés, anunciado hace unos días, de que el conglomerado Mitsui Corp de Japón, el actual comprador de etanol del grupo Romero, quiere incursionar en la producción de etanol en nuestro país. El Grupo Mitsui es uno de los conglomerados más grandes en el mundo con presencia en actividades diversificadas como la petrolera, petroquímica, minería, metalmecánica, construcción, agricultura y otros.

Es evidente que el etanol ya está generando efectos en el crecimiento agrícola, empleo, encadenamientos de actividades conexas, y esperamos también que se haga efectivo en compras locales, mejores salarios, pero sobre todo que las inversiones que lleguen sean transparentes, que no vaya en detrimento de otros sectores o monopolicen oportunidades, que no concentre la tenencia de tierras y captación de aguas en unos cuantos.

sábado, 16 de enero de 2010

PERÚ: LAS FALACIAS DE LA PARIDAD DE IMPORTACIÓN

URGE PROMOVER PRODUCCIÓN INTERNA DE CRUDO


Es verdad que nuestro país es vulnerable a las fluctuaciones del precio internacional del petróleo desde la década de los ochenta del siglo pasado, cuando perdimos nuestra condición de exportador neto. Importamos más de 35 millones de barriles al año, lo que hace cerca de un promedio de 100 mil barriles diarios, necesarios para poder satisfacer el mercado interno de combustibles. En tal sentido, el más importante importador de crudo es la transnacional Repsol/YPF que opera la refinería La Pampilla que abastece principalmente el mercado de Lima, y el segundo importador es PetroPerú, que administra las refinerías de Talara, Conchán, Iquitos, y Bagua. Aunque no lo parezca esas importaciones las financiamos todos los consumidores cuando compramos diesel 2, gasolinas, gas licuado de petróleo, etc. De allí, que el problema de los combustibles es un tema muy sensible para los usuarios, las empresas, y los gobiernos de turno.

Con la producción local de crudo se abastece un tercio de los requerimientos del mercado interno de combustibles, siendo la producción proveniente de los “campos maduros” de Talara con más de 100 años de explotación más las provenientes del Zócalo Continental que promedian los 33 mil barriles diarios de un crudo ligero con más de 34º grados API, hidrocarburo de alta calidad que permite la obtención de una mayor proporción de condensados medios, diesel 2, turbo, kerosenes con gasolinas de calidad y un menor porcentaje de residuales. Lamentablemente este crudo no resulta suficiente para compensar las necesidades de la refinería de Talara que tiene actualmente una capacidad de refino de 62 mil barriles diarios, y que con su esperada modernización se elevará a los 90 mil barriles.

De otro lado, el crudo cada vez más pesado de las operaciones de la Selva Norte tiende a la disminución, y en la actualidad la producción conjunta de los lotes 8 y 1-AB ambas operadas por la transnacional argentina Pluspetrol Norte no supera los 40 mil barriles diarios, de los cuales la mayor parte se exportan, lo cual no deja de ser un problema económico financiero para Petroperú que administra el gran oleoducto nor peruano. Este oleoducto que tiene una capacidad de transporte en el tramo principal de 200 mil barriles diarios está subutilizado, pues tiene que asumir costos para trasladar hipotéticamente 200 mil barriles diarios y no transporta más de 40 mil barriles al día. En otras palabras, PetroPerú está subsidiando la exportación de Pluspetrol Norte al no pagar ésta última las reales tarifas de transporte.

De allí, que no se entiende la inopia negociadora de PerúPetro y PetroPerú para que la producción de los lotes 67 (Perenco) y del 39 bajo responsabilidad de Repsol/YPF pasen a la etapa de producción comercial en el menor tiempo posible. Si bien la producción por obtener está constituida por crudos pesados con un grado API de 15º grados, la modernización de la refinería de Talara/PetroPerú haría posible su tratamiento y el país estaría cercano de alcanzar la preciada autonomía energética, para depender lo menos posible del crudo importado.

El llamado efecto Camisea ha sido favorable en nuestra matriz energética, a pesar del subsidio implícito a las empresas eléctricas, especialmente en el mercado de combustibles. Por un lado, el gas natural se ha convertido en la segunda fuente energética en la generación de electricidad, y en los combustibles ha desplazado el uso de los petróleos industriales, y del diesel, y en el caso de los líquidos de gas con la producción conjunta de los lotes 88 y 56 se están extrayendo más de 67 mil barriles diarios, de los cuales el 50% se convierte en gas licuado o gas doméstico que se comercializa en balones, y que cuyos excedentes se están exportando también en la forma de propano y butano. Del otro 50% de líquidos se obtienen más de 9 mil barriles diarios de diesel 2 que son comercializados por PetroPerú, y la nafta que también se exporta.

Por tanto, a nivel de derivados del petróleo y líquidos de gas natural, el mercado interno de combustibles se caracteriza por los excedentes de crudo pesado sin refinar y de los petróleos residuales o industriales mayormente producidos por Repsol/YPF que se exportan. De otro lado, el gas licuado de petróleo (GLP), y las gasolinas, sobre todo la nafta de Camisea se exportan. Sin embargo, seguimos dependiendo de las importaciones del petróleo y del diesel 2, como lo explicamos en nuestro artículo publicado en nuestra página web “Combustibles Sin Brújula”.

DISTORSIÓN= PARIDAD DE IMPORTACIÓN

En tal sentido, debe revisarse la teoría de la “paridad de importación” que no es otra cosa que la aplicación de la teoría del costo de oportunidad del economista de la escuela austríaca Carl Menger del siglo XIX, el cual supone que en nuestro país las empresas importadoras, básicamente refineras, compran el crudo WTI en la costa oeste de los Estados Unidos. A esta “importación eficiente” se le deben sumar los costos de transporte, seguro, aranceles, cabotaje, descarga, almacenamiento, etc.

Por tanto, si el precio marcador WTI está en US$ 80 dólares el barril por ejemplo, a ese precio se le deben agregar los costos de fletes, seguros, el paso del Canal de Panamá, internamiento, carga y descarga, almacenamiento, que se estiman por lo menos en un costo adicional de US$ 10 dólares. Evidentemente con esta simulación se favorece a las refineras en especial a la española Repsol/YPF que importa el 90% del crudo que procesa en detrimento de los consumidores, y que dicho sea de paso trata a sus trabajadores como “mitayos” de la Colonia.

Esta teoría de la paridad de importación bajo responsabilidad teórica del organismo regulador Osinergmín, es absolutamente desfavorable a los usuarios y consumidores, pues de allí se obtienen los llamados “precios de referencia de los combustibles” que se utilizan para establecer la franja mínima y máxima de precios en el Fondo de Estabilización de Combustibles, cuya elevación justificó el incremento de precios del 1º de enero en un 10%.

Con la teoría de la “paridad de importación” se presume idealmente que las importaciones se realizan en la costa oeste, cuando en verdad, la mayor participación del crudo importado se realiza desde países vecinos como Ecuador y Colombia, donde evidentemente los precios del petróleo son menores por la menor calidad del crudo Oriente y Caño Limón; los fletes también son menores, y que al ser países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), las importaciones de crudo y derivados están exoneradas de aranceles.

Por ello, estimamos el sobrecosto preliminar que tendrían los usuarios y consumidores en millones de dólares desde el 2001, al simular las importaciones del crudo WTI de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando en verdad el grueso de las importaciones se realizan desde los países vecinos, principalmente con empresas estatales del Ecuador, a través de las negociaciones con Petroecuador y con Ecopetrol de Colombia, aunque Repsol/YPF importa crudo proveniente de los bloques o lotes bajo su responsabilidad.

La columna A expone los precios WTI de la costa oeste de USA desde el 2001 a noviembre del 2009 donde resulta evidente el comportamiento alcista de los precios del crudo sobre todo a partir del 2004 donde se elevan a más US$ 41 dólares al barril, cuando en el 2001 estaba sobre los 26 dólares. En el 2008 alcanza el pico más alto llegando a un promedio de 99 dólares el barril y alcanzar a noviembre del 2009 un promedio de 62 dólares el barril.

La columna B expresa el promedio de los precios de importación de los crudos realmente importados por las refineras que operan en el Perú, el crudo Oriente del Ecuador y el crudo Caño Limón de Colombia. Como resulta evidente los precios son menores al marcador WTI pues son crudos más pesados.

La columna C señala el diferencial, es decir la resta por año del precio WTI y el promedio de precios del crudo realmente importado en el país por barril. En verdad, las diferencias son importantes, pues van desde los 3.99 dólares en el 2001, trepando a los 8.59 dólares en el 2004, 9.37 dólares en el 2005, para mantener una diferencia superior a los 7 dólares entre el 2006 y 2008 como se puede observar en el cuadro respectivo. A noviembre del 2009 el diferencial se cae a 2.44 dólares el barril.

La columna D muestra los volúmenes de importación de crudo en millones de barriles por año, donde el comportamiento de la tendencia de las importaciones es creciente pues se elevan de los 27 millones de barriles en el 2001 a los 30 millones en el 2004, para trepar a los 35 millones de barriles de importaciones en el 2005, alcanzar los 40 millones de barriles en el 2007 y mantenerse por encima de los 35 millones en el 2008.

Evidentemente el efecto Camisea atenúa nuestra dependencia del crudo importado mas no la supera, de allí la importancia de incrementar la producción interna de petróleo de alta calidad, sobre todo de los viejos campos de Talara.

Por último, la columna E expone el resultado de multiplicar los volúmenes de importación por año con el diferencial de precios de la columna C. Este podría ser definido como el exceso de valor teórico que en parte tienen que asumir los consumidores en los precios internos por adoptar la llamada teoría de la “paridad de importación”. Se podría decir que existe un exceso de valor por más de 250 millones de dólares por año, que gracias al “duopolio público-privado” que mantienen las refinerías de PetroPerú y La Pampilla de Repsol/YPF se convierten en ingresos y utilidades extraordinarias. Una diferencia sin embargo es válida, las utilidades de PetroPerú se quedan en el país, las utilidades de Repsol/YPF migran.

En otras palabras, la paridad de importación utilizada por Osinergmin que sirve para establecer los precios de referencia está sobrevaluado en exceso. Es más, a pesar de los importantes ingresos que tiene el organismo regulador Osinergmin de las regalías de hidrocarburos, los precios de referencia del petróleo y derivados, según el agudo congresista por Puno Yonhy Lescano, son elaborados por una empresa de servicios denominada World Products Trading, lo cual resulta bastante extraño.

EPÍLOGO

Evidentemente frente a nuestra creciente dependencia del crudo importado y de los precios del petróleo, el camino correcto es promover la inversión en el sector para incrementar la producción interna de crudo, sobre todo en los viejos campos de Talara, donde desde el siglo XIX a la fecha se han obtenido más de 1,500 millones de barriles de crudo de alta calidad. En tal sentido, en lo más inmediato hay que promover la inversión en la explotación de recursos y reservas marginales, cuya primera etapa ha tenido excelentes resultados, por las empresas que se acogieron a la ley Nº 28109. Lo mismo se tiene que hacer con la inversión en el Zócalo Continental perforando pozos exploratorios de riesgo, en los llamados horizontes profundos y sub explorados. Ello es más urgente y necesario con la modernización de la refinería de Talara que aumentara su capacidad de refino a los 90 mil barriles diarios antes del 2015.

Se debe tener presente que la producción interna abona regalías y genera el pago del impuesto a la renta, además de generar empleo y tener un efecto multiplicador. En cambio el crudo importado con el drenaje de divisas que ello representa, justifica las falacias de la teoría de la “paridad de importación” que distorsiona la formación de los precios internos de los combustibles afectando los intereses de los millones de usuarios y consumidores.

Por ello, sería recomendable el cambio de la estimación por la evidente sobrestimación en los precios de referencia en los combustibles, y una mayor transparencia en el mercado de combustibles, donde al margen de la alta participación tributaria en los precios se constata que “A río revuelto ganancia de especuladores”.






viernes, 8 de enero de 2010

COMBUSTIBLES SIN BRÚJULA

A Río Revuelto Ganancia de Especuladores


El asunto de los combustibles siempre es un dolor de cabeza para los gobernantes, en especial para nuestro ubicuo Presidente de la República, que todo lo sabe, todo lo puede y nada se le escapa. Por ello, las extrañas subidas y bajadas de los precios de los combustibles el 1 de enero como regalo de año nuevo, para luego bajar el 4 de enero en los principales combustibles de uso masivo, ha tenido ya una “cabeza de turco”, en la renuncia del ignaro Presidente del Directorio de PetroPerú Luis Rebolledo, donde por decencia política y profesional debiera ser acompañado por los demás miembros de su directorio, ante la evidente “metida de pata” con los precios de los combustibles, que ha recibido el más enérgico rechazo de los consumidores, transportistas, amas de casa y opinión pública.

Ante la falta de transparencia en la determinación de los precios de los combustibles, costos de producción reales, la importante participación tributaria en los precios de los combustibles que solamente por el selectivo a los combustibles representa más de 4,000 millones de nuevos soles anuales, el efecto cascada y especulativo que tienen los aumentos en los precios de los derivados del petróleo en la vida doméstica como el GLP, en el transporte público (diesel 2 y gasolinas 84, 90), resulta explicable el malestar público, luego de la resaca por los festejos del nuevo año.






Es más, a diferencia de otras oportunidades el Presidente de la República ha justificado los incrementos de los precios de los combustibles, con un desconocimiento digno de mejor causa, soslayando la existencia del Fondo de Estabilización de Combustibles vigente desde el 2004, de las posibilidades en el manejo de los impuestos indirectos que gravan a los combustibles, como el 8% en los rodajes para las gasolinas, el impuesto selectivo a los combustibles que fluctúa entre un S/ 1.44 por galón en el diesel, con un S/ 1.36 por galón en el caso de las gasolina de 84, y de S/ 1.78 para el caso de las gasolinas de 90 octanos. Todo ello sin contar con el impuesto general a las ventas 19% (IGV) que grava todas las ventas de los combustibles, y los impuestos que gravan a las importaciones de crudo y derivados.

De esta forma nuestro mandatario explica “Como usamos los vehículos que consumen petróleo internacional a precio internacional, si subió de 60 a 80 dólares por barril las cosas no pueden seguir igual, porque alguien tiene que pagarlas” (Gestión 7/1/10) Lamentablemente ese no ha sido el razonamiento vigente desde agosto del 2006, cuando se hizo uso y abuso del Fondo de Estabilización.

PRECIOS DEL CRUDO WTI

En verdad, no resulta difícil explicar la determinación de los precios de los combustibles, en especial del diesel 2 que resulta el más importante de la economía peruana en cuando a su demanda pues representa el grueso de las ventas de combustibles del país, con una demanda de 76 mil barriles diarios, seguida por la demanda de todas las gasolinas con 25 mil barriles diarios y luego del GLP (gas licuado de petróleo) con ventas de 32 mil barriles diarios, como se podrá observar en el cuadro respectivo. Ver cuadro Estructura de las Ventas de Combustibles en el País.






Se afirma siempre la correlación existente entre el precio del marcador en esta parte del hemisferio: el WTI y los precios de los derivados en el mercado interno. Nuestra dependencia de las importaciones es tal que de cada tres barriles que se refinan en el país, dos son importados, por tanto es verdad que existe una vulnerabilidad frente a los precios de los hidrocarburos, por ello, en el 2004 se aprobó una ley que creaba el Fondo de Estabilización de los Combustibles que actuaba como un mecanismo regulador.

Sin embargo, es necesario hacer una salvedad, las empresas refineras que operan en el Perú sea la estatal PetroPerú o la transnacional Repsol/YPF no importan el crudo de la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Normalmente lo hacen del Ecuador, Colombia o Venezuela, ello representa normalmente un diferencial importante en los precios del crudo que llegaba a los 6 dólares por barril y en el peor de los casos por lo menos más de dos dólares por barril.

Es decir, el precio del crudo que tradicionalmente se importa desde el exterior, es más barato en relación al marcador el WTI que normalmente el Osinergmin adopta para elaborar los llamados precios de referencia. A ello debiera agregarse que desde el 2004 es vigente en el Perú el llamado Fondo de Estabilización de Combustibles que tiene como objetivo central amortiguar y compensar los efectos alcistas de los precios del crudo internacional.

Por ello, desde el 2004 a la primera semana del 2010 se puede observar la tendencia creciente de los precios del crudo internacional estimado por el WTI, llegando a su pico en julio del 2008 cuando arañó los 150 dólares el barril. Los precios promedio del 2004 al 2008 han tenido una subida de 41 dólares, 56, 66, 72 respectivamente, hasta los 100 dólares el barril en el 2008. En el 2009 los precios han experimentado una reducción manteniéndose sobre los 57 dólares el barril en los meses enero/septiembre, para elevarse sobre los 76 dólares en el último trimestre, y trepar sobre los 80 dólares el barril en los primeros días de enero.

Por tanto, en el último trimestre del 2009 en relación al promedio de los trimestres anteriores se han incrementado en casi 20 dólares el barril, es decir en un 33%, por tanto ese incremento debió ser asumido por el Fondo de manera sistemática, paulatina, de a pocos, y no hubiese sucedido el “papelón”.

Evidentemente esta ha sido la explicación oficial para un incremento de los precios de los derivados, que no ha tenido en cuenta los efectos directos e indirectos y sobre todo políticos, de un alza que ha sido aprovechada por los especuladores de siempre, pero que era innecesaria y sin el debido sustento técnico.



ESTRUCTURA DEL DIESEL 2

Si se analiza el cuadro sobre la Estructura de Precios del Diesel 2 desde el 2005 al 4 de enero del presente año, se podrá observar que los precios netos de refinería según el listado de PetroPerú, en el 2005 eran de 6.95 nuevos soles por galón superiores a los vigentes el 1 de enero del 2010 y los rebajados del 4 de enero, que fueron respectivamente de 6.27 y 5.97 nuevos soles por galón respectivamente.

En relación a los precios vigentes hasta diciembre del 2009 del diesel 2 que fueron de 5.67 nuevos soles por galón, un incremento de 0.60 centavos en el precio neto con impuestos representaba una variación del 7.7% al pasar de 8.46 nuevos soles a 9.17 el galón, es decir, un alza de 0.71 centavos, que manteniendo los márgenes comerciales de las estaciones de servicio podría llegar a un incremento de un nuevo sol por galón, lo que significaba una fuerte subida para la flota de carga, transporte público o a un modesto taxista.

Por ello, ante las enérgicas protestas de los consumidores, el grave malestar social que incluye la amenaza de un paro general de transportistas para el 19 de enero, el gobierno tuvo que recular modificando el listado de precios de PetroPerú, disminuyendo el incremento inicial, pasando el precio neto del galón de 6.27 a 5.97 nuevos soles por galón, es decir, una reducción de 0.30 céntimos, lo que significa una variación del 4.7%.




En verdad, por la falta de transparencia y comunicación se ha perdido una oportunidad para explicar a la comunidad la importancia de manejar el impuesto selectivo al consumo en función de la nocividad del combustible, pues PetroPerú está importando miles de barriles de diesel 2 con 50 partes de millón de azufre a precios más altos, y el selectivo sería el mismo de 1.44 nuevos soles por galón, para el diesel contaminante como al diesel limpio.

Esta situación si bien demuestra la importancia de PetroPerú como una empresa reguladora del mercado, también demuestra los excesos que se producen en el manejo político de los precios que atentan contra la racionalidad económica empresarial. Sería relevante como política de Estado que los cuadros dirigenciales de las empresas públicas como PetroPerú no sean acólitos de los gobernantes de turno.

Es también la oportunidad para convocar a los mejores técnicos que tiene el país, con la debida probidad, experiencia y profesionalismo que no siendo apristas podrían administrar a la petrolera estatal como los ex presidentes de PetroPerú, Jorge Kawamura Antich, Alejandro Narváez Liceras o Juan Inchaústegui.

Lamentablemente lo que no pudieron conseguir las políticas privatizadoras de los años noventa, lo ha logrado el gobierno del doctor García Pérez, al sumir a PetroPerú en una agencia del poder ejecutivo, sin la debida autonomía, sin integración vertical, carente de producción petrolera, sin grifos propios, y con serias denuncias de corrupción.

Por último, se objeta que el Fondo de Estabilización constituye un indiscriminado subsidio para “los de arriba y de abajo”, en razón de la interdependencia material respecto a los combustibles, de allí la necesidad de afinar y discriminar racionalmente, para subsidiar los combustibles de consumo masivo y popular. Es más, aquellos que critican la vigencia del Fondo de Estabilización no se fijan en las generosas exoneraciones que tiene la gran minería que no abona regalías o las empresas eléctricas que no pagan el impuesto selectivo al consumo del diesel 2. Por todo ello, se debe mejorar, y afinar la regulación en el mercado de combustibles, para evitar alzas indiscriminadas y excesivas ganancias especulativas.