martes, 4 de noviembre de 2014

ENAP DE CHILE SÍ, A PETROPERÚ NO

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

El reconocido intelectual Noam Chomsky de visita al país del sur años atrás, señalaba que gran parte del éxito económico del modelo chileno de apertura, libre mercado, de aplicación de reformas estructurales como la privatización de empresas públicas, radicaba en la presencia estatal en dos sectores estratégicos para la economía: minería e hidrocarburos.

Por un lado la intervención de la Corporación del Cobre (Codelco) la primera empresa a nivel mundial en la producción cuprífera que contribuye enérgicamente con el fisco, pagando los mayores royaltys, contribuyendo con la ley reservada del cobre para las fuerzas armadas, e impuestos, y de otro lado, la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), una empresa que mantiene operaciones en Chile, Ecuador, Argentina y Egipto, a través de una serie de empresas vinculadas.

A diferencia del Perú, la clase dirigente chilena se identifica y potencia a su petrolera estatal como reconocimiento de la importancia que tienen los hidrocarburos en la reproducción técnica y material de la economía, asegurando el abastecimiento seguro y oportuno de los combustibles, a pesar del crónico déficit energético de la economía chilena.

Chile como país es altamente dependiente de las importaciones de los hidrocarburos sea el petróleo crudo pues importa más del 90 por ciento de sus requerimientos, y del gas natural que antes importaba desde el vecino transandino, Argentina, con compras equivalentes de casi 1,400 millones de pies cúbicos diarios y ahora depende de otros mercados. Evidentemente desde el 2004 el gobierno gaucho limitó las exportaciones de gas natural priorizando el abastecimiento interno, al margen de los contratos firmados entre privados, lo cual ha profundizado la crisis energética en Chile donde la energía cuesta casi el triple que en el Perú.

Por ello, para el vecino del sur la seguridad energética tiene una prioridad fundamental en el marco de su proyecto nacional de desarrollo, y la empresa ENAP mantiene una presencia integrada a nivel internacional con el objetivo de asegurar el abastecimiento energético interno, regular el precio de los combustibles, y generar utilidades para el proceso de acumulación interno.

Para hacer esto posible mantiene el control sobre catorce filiales directa e indirectamente como ENAP Refinerías S.A., ENAP Sipetrol, Gas de Chile, Enap Sipetrol del Reino Unido, Sipetrol Internacional Uruguay, Energía Concón, Éteres y Alcoholes, Petrosul, Biocomsa, etc. Ver cuadro sobre “Actividades Económicas de las filiales Directas e Indirectas de ENAP Chile”

En nuestro país hasta diciembre el 2012 tenía el control de  Manu Perú Holding S.A. por medio del cual mantenía un control del 49 por ciento sobre la cadena de estaciones de servicios “Primax”, la más importante cadena de distribución minorista.

Sin embargo, lo más destacable de ENAP-Sipetrol es la integración entre la explotación y en la actividad refinera que como empresa petrolera tiene como objetivo central: “La exploración, producción, comercialización de hidrocarburos y servicios de asesoría en Chile y en el extranjero”

Es decir, Chile adolece de una crónica dependencia de hidrocarburos, sin embargo su empresa estatal ENAP explora y explota hidrocarburos tanto a nivel interno como a través de sus operaciones internacionales con el objetivo de alcanzar la seguridad energética. Es más, incluso “se dan el lujo” de exportar hacia el Perú más de 6 mil barriles diarios de derivados como el diesel, siendo un país deficitario.

Así, por sus operaciones de explotación en Argentina, Ecuador, Egipto y en el propio Chile (Magallanes) en el 2013 obtuvo una producción de 34,500 barriles diarios que sumadas a la producción de gas natural expresadas en barriles equivalentes de un promedio de 18 mil barriles por día, totalizan una producción superior a los 52 mil barriles por día calendario.

Es decir, mientras PetroPerú no extrae ni un barril de crudo ni procesa una molécula de gas natural pues opera exclusivamente en la actividad refinera y la distribución mayorista con el agravante que tiene que comprar a precios internacionales sea el petróleo producido internamente como el crudo importado.

Mientras en el vecino país del sur ENAP de Chile produce sea por operaciones internas e internacionales en promedio  en petróleo o gas equivalente en barriles más de 52 mil barriles diarios que en algo compensa sus crecientes importaciones, obteniendo una renta petrolera que constituye la fuente principal  de riqueza en el negocio, pues la refinación es un negocio de márgenes.

Ello se expresa en los estados de resultados económicos, pues mientras PetroPerú tiene ingresos por ventas del orden de US $ 5,642 millones de dólares en el 2013 con utilidades netas menores a los US $ 50 millones, con ventas de combustibles de 109 mil barriles diarios que representan el 49 por ciento del mercado peruano, pues el otro operador es la refinería La Pampilla del grupo Repsol/YPF.

En cambio ENAP vendía para el mismo año  por más de 255 mil barriles diarios obteniendo ingresos del orden de US $ 11,211 millones de dólares con utilidades netas de US $ 134 millones. Con las ventas realizadas cubre el mercado interno, al margen de las importaciones de gas natural licuefactado el mismo que se regasifica para satisfacer el mercado doméstico.

Mientras el gobierno chileno sea socialista o liberal apoya y potencia a su petrolera estatal, en nuestro país PetroPerú desde el fujimorismo, toledismo, aprismo y humalismo es sometida a una serie de prácticas y contratos lesivos, deducciones de “partidas inusuales” que le restan rentabilidad.

Así, a PetroPerú no le permiten la  recuperación del IGV por las ventas en la Amazonía donde los combustibles están exonerados de impuestos; se le imponen diversos candados que impiden la participación directa en la explotación para el aprovechamiento de la renta petrolera en el lote 64 y en los lotes cuyos contratos han vencido o están próximos a su vencimiento (II, III, IV, VI-VII, 1-AB, 31 B, 31 D)


En el fondo la gran diferencia entre Chile y Perú que han adoptado las políticas de libre comercio, apertura y desregulación en términos generales es la intervención del estado en la economía y el rol de una clase dirigente. Mientras en el vecino del sur se reserva la intervención estatal en el sector de hidrocarburos por su importancia estratégica, en el Perú es una fuente de negocios privados a costa del patrimonio nacional, con una alta dosis de corrupción.


lunes, 27 de octubre de 2014

No han Aprendido Nada

Escrito por Humberto Campodónico Sánchez.
Publicado en Diario La República; Lima, 27 de octubre del 2014

Mientras han durado las vacas gordas de los altos precios de los minerales debido a la industrialización (eso debe quedar bien claro) china y asiática, se aplicó el piloto automático: para qué hacer algo si el mercado dice que todo marcha bien.

Además, con una autocomplacencia digna de mejor causa, se creyó que las vacas gordas durarían para siempre. Sucedió con la crisis sistémica en el 2008, cuando Alan García le aseguró a los mandatarios de la APEC reunida en Lima, que había que tener fe y confianza para que esta no nos golpee.

Lo mismo sucedió hace unos meses con el ex ministro Castilla, que se negó a discutir el aumento del salario mínimo (como lo manda la ley) que, indudablemente tiene un efecto reactivador. No solo eso, para asegurarse que el tema “desaparezca”, virtualmente acuchilló a su superior, el exPremier César Villanueva.

La cuestión es que acá el “establishment” ha creído (o ha querido creer) que como las exportaciones lideraron el crecimiento de muchos países de la Región y también del Sudeste Asiático, entonces las 2 regiones estaban en lo mismo.

Falso de toda falsedad. El crecimiento de América Latina se sustentó en la exportación de minerales (caso de Perú) y petróleo, es decir, en aquellos productos en que tenemos una dotación de recursos naturales super favorable. Nos dedicamos entonces a desarrollar estas ventajas comparativas estáticas. Literalmente, “exportamos piedras” para que otros las transformen.

Esos “otros” son los países ya industrializados de siempre y los de industrialización reciente, que se están poniendo al día y alcanzando a los grandotes del barrio. Para muestra un botón: en el 2012 China fue el primer país exportador (sobre todo de productos industriales) con US$ 2.049 billones. Más atrás vienen EEUU y Alemania con US 1.546 y US$ 1.407 billones, respectivamente.

El economista colombiano José Antonio Ocampo, ex Jefe de la CEPAL, lo dice con precisión: los Estados de los países asiáticos impulsaron de manera muy consciente el aprovechamiento de sus ventajas comparativas dinámicas, fomentando la industrialización con una serie de políticas cuyo objetivo central es la confluencia de los intereses del Estado y los empresariales.

Todos los países asiáticos, todos, tienen planes quinquenales o decenales, que no significan planificación compulsiva sino el alineamiento de los objetivos de los actores mencionados. Ellos saben bien que eso fue lo que hicieron antes los países industrializados: fueron proteccionistas hasta que sus industrias florecieron. Una vez arriba se dedicaron a “patear la escalera” (1) para que nadie más pudiera subir.

Ahora predican el reino de la oferta y la demanda, de la libertad de mercado y las ventajas del libre comercio. Ahora son librecambistas y aborrecen su proteccionismo primigenio.

No solo eso. Los libros de texto comenzaron a decir que si los países desarrollaban sus ventajas comparativas estáticas –especializándose en la producción de aquellos productos en los cuales se tiene abundante dotación de factores– todo iba a ir de lo mejor puesto que el libre comercio haría que los precios del capital y del trabajo se igualen, por el arte de la magia del mercado. Eso no sucedió, claro, y los asiáticos se dieron clara cuenta que tenían que industrializarse e invertir en educación.

Ahora que llegaron las vacas flacas, sería lógico sacar las lecciones. ¿Por qué estamos en el último tercio en casi todos los indicadores educativos y en las tecnologías de la información y del conocimiento? ¿Tendrá eso algo que ver con el “piloto automático” y la exportación de minerales?

¿No habría sido bueno que los ingresos de esta excepcional década (que ya terminó) se dedicaran a la superación de esos problemas? ¿Por qué tiene el MEF guardados US$ 30,000 millones en los bancos (el 15% del PBI) ganando tasas de interés mínimas, cuando se pueden invertir en proyectos de infraestructura y otros, como el impulso a la petroquímica y a transformar los fosfatos de Bayóvar en fertilizantes para nuestros agricultores, lo que da un rendimiento 5 a 10 veces mayor?

¿Por qué el Estado no se dedica a promover, junto con el sector privado, ese tipo de proyectos de diversificación productiva para tener “más y nuevos motores de crecimiento”, lo que de paso, contribuye a disminuir la informalidad? ¿Qué falló en el tema 1, en el sector 2, en la política económica 3? Y así podríamos seguir.
Pero no hay espíritu crítico ni autocrítico. Los paquetes de medidas del Poder Ejecutivo (como el que acaba de aprobar la Comisión de Economía) y gremios como ADEX son más de lo mismo. Se plantea rebajar impuestos (la depreciación de activos, reducir el IGV o el impuesto a la renta) y disminuir los salarios como medidas de “salida a la crisis”. Peor aún: en verdad lo “único” que importa es que se concreten los nuevos proyectos mineros para mantener el modelo y que todo siga igual.

Como dijo Talleyrand de los Borbones y de la aristocracia francesa en el momento de la restauración posnapoleónica: “estos no han aprendido nada ni olvidado nada”.


(1) “Pateando la escalera: la verdadera historia del libre comercio”, Ha-Joon Chang, http://www.ilocarib.org.tt/trade/documents/economic_policies/SRtrade2003...


Ver el artículo en:

lunes, 20 de octubre de 2014

EL ECO DE BOLIVIA

Escrito por: Humberto Campodónico Sánchez.

Publicado en el Diario La República *

Hace 10 años se realizó en Bolivia un referéndum sobre el gas, durante el gobierno de Carlos Mesa. La cuestión es que el consorcio Pacific LNG, formado por Repsol y British Gas, querían exportar el gas boliviano construyendo un ducto hacia territorio chileno para salir al mar y, en la costa, construir una planta de licuefacción (LNG). El gas sería exportado a EEUU, al precio vigente en ese país, llamado “Henry Hub”.

La oposición a dicho proyecto fue muy grande y las movilizaciones populares habían sido reprimidas por el gobierno de Sánchez de Lozada. Después de más de 75 muertos, “Goni” fugó a EEUU, asumiendo el vicepresidente Carlos Mesa. Las preguntas del referéndum eran simples y directas.

Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo en derogar la Ley de Hidrocarburos de Sánchez de Lozada? ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano ¿Está usted de acuerdo con refundar YPFB, recuperando la propiedad estatal de las acciones (…), de manera que pueda participar el Estado en toda la cadena productiva de los hidrocarburos?

Las preguntas tuvieron una aprobación abrumadora y dieron lugar, más adelante, al triunfo del MAS en diciembre del 2005. La recuperación del gas para Bolivia fue la plataforma que permitió el salto de Evo de dirigente cocalero a dirigente nacional. En el 2006 se promulgó la nueva Ley de Hidrocarburos, que establece que el Estado boliviano es el propietario de la molécula y dispone de manera soberana el destino de los hidrocarburos.

Esa fue la llamada “nacionalización del gas” que, estrictamente hablando no es tal, puesto que las empresas privadas como Repsol, Petrobras y Pluspetrol, entre otras, siguen operando. Lo que sucede es que estas empresas producen el gas pero lo entregan a la estatal YPFB, que lo comercializa. Con los nuevos contratos, el Estado recibe el 50% por concepto de regalías. De su lado, a las empresas se le reconocen sus costos y sus utilidades, previo pago del impuesto a la renta del 25%.

Es sobre la base de estos logros que el gobierno negoció contratos de venta de largo plazo a Brasil y Argentina, a precios muy superiores a los del Henry Hub de EEUU. Este es el sustento de la actual fortaleza fiscal del país altiplánico.

En el plano político se aprobó una nueva Constitución para el Estado Plurinacional de Bolivia, reconociendo sus derechos. Y, sobre la base de los ingresos de las regalías de hidrocarburos, el gobierno ha llevado a cabo una política masiva de inclusión social, instaurando la Renta Dignidad, que es una pensión para mayores de 65 años que llegó a 835,000 personas en el 2012, por un monto de US$ 270 millones. También está el bono Juancito Pinto (para incentivar la matrícula de los niños) y el Bono Juana Azurduy (para la salud y nutrición de las mujeres embarazadas).

También ha tenido particular importancia que ahora la “media luna” del oriente boliviano, antes impulsora de políticas separatistas, ahora haya votado masivamente por Evo Morales. Se habla de una relación amistosa con los empresarios de la Región.

El FMI dice en su último informe que Bolivia crecerá en el 2014 por encima de su crecimiento potencial sustentado en el sector hidrocarburos y un moderado impulso fiscal (1). Continúa diciendo que espera que el superávit de la cuenta corriente se mantenga, pasando del 3.1 al 1.1% del PBI del 2014 al 2018 (en el Perú ya tenemos déficit de la cuenta corriente).

Dice también el FMI que el resultado fiscal será levemente negativo (-0.1% del PBI en el 2015) y que las autoridades tendrán éxito en estabilizarla alrededor del 5% en los próximos años. No menos importante es que, por primera vez desde los años 20, Bolivia salió a los mercados internacionales con dos emisiones de bonos de US$ 500 millones cada una, no por necesidades fiscales sino para crear una referencia (benchmark) para el sector privado.

Hay todavía mucho por hacer en el campo de la inversión, que llegará al 19.4% del PBI en el 2014 (en el 2009 fue 17%) con una mayor inversión pública que privada, lo que es revelador.

En efecto, el gobierno ha emprendido un ambicioso plan de industrialización a partir de los hidrocarburos. Ya se han montado dos plantas de separación de líquidos del gas (Río Grande y Gran Chaco). También se ha instalado una planta de licuefacción para transportar gas en camiones cisterna. Y ya está por concluirse una planta de amoniaco y urea en Cochabamba con una inversión de US$ 1,800 millones.

Y están en marcha los planes para la petroquímica del prolipropileno y del etileno (la empresa Tecnimont está encargada de los estudios), con inversiones de más de US$ 3,000 millones.
No todo es color de rosa y existen conflictos con comunidades amazónicas y otras, por temas de tierras y de medio ambiente. También persiste la informalidad y hay críticas por las sucesivas reelecciones. La cuestión central es, sin embargo, que hoy los bolivianos son propietarios de sus recursos naturales y los pueden destinar a gastos sociales, decidir adónde los exportan y usar esa renta para impulsar su diversificación productiva. Lo que explica el 60%, por las promesas cumplidas. No ha sido fácil y ha tomado varios años de conflictos y fricciones. ¿Cuándo es fácil un cambio de esta naturaleza?  Pero ahora el rumbo de la nave es más estable.

Mucho más de lo que se puede decir acá.


Lima, lunes 20 de octubre del 2014.


martes, 14 de octubre de 2014

LOS HIDROCARBUROS AL SERVICIO DEL DESARROLLO BOLIVIANO

POR UN MODELO ALTERNATIVO AL LIBERALISMO

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Por tercera vez el líder boliviano Evo Morales ha sido elegido como presidente de la hermana república del altiplano por una abrumadora mayoría, extraoficialmente con más del 60 por ciento de votos, lo que le permitiría controlar a través de su movimiento político el MAS (Movimiento de Afirmación Socialista) la mayoría parlamentaria en las dos cámaras del congreso boliviano, profundizando el proceso de transformación social desde un punto de vista nacional, popular y socialista, alternativo a las políticas liberales impuestas a nuestros países.

Un proceso iniciado desde fines del 2005 que se constituye en un camino a seguir en cuanto a la recuperación de la soberanía del estado sobre el uso y destino de sus principales riquezas como son los hidrocarburos, con una gran dosis de pragmatismo económico y una política de subsidios para “el buen vivir del boliviano de a pie”. Los mismos que son financiados por los mayores ingresos fiscales obtenidos por la exportación de gas hacia el Brasil y Argentina y una mayor participación estatal en la riqueza a partir de la llamada “nacionalización de los hidrocarburos”

Es más, mientras la mayoría de países de América Latina experimentan un retroceso en el crecimiento económico en el 2014, impactados por las menores tasas de crecimiento de la economía china, la recesión europea, y la débil recuperación de la economía norteamericana, Bolivia estaría encabezando la lista con un crecimiento superior al 5 por ciento para el 2014, y mantener dicho liderazgo en el próximo año.

Es decir, mientras la mayor parte de los países de la región retroceden en sus tasas de crecimiento económico medido por las variaciones del PIB como el Perú que cerrará el año con una tasa inferior al 3.5 por ciento, y su crecimiento dependería de la realización de los grandes proyectos mineros (Las Bambas, Toromocho, Constancia etc.)

Si bien el PIB global boliviano es de casi 30 mil millones de dólares mientras el del Perú es de 206.5 mil millones, es decir más seis veces con una población de 31 millones de habitantes mientras la boliviana no supera los 11 millones, los indicadores macroeconómicos tales como la tasa de crecimiento del PIB, la participación de la Balanza de Cuenta Corriente, que estima la balanza comercial, la balanza de servicios y los pagos por transferencia por los factores (renta del capital), el ahorro interno como porcentaje del PIB resultan favorables al país altiplánico.

A pesar de las cuestionadas nacionalizaciones de las empresas transnacionales ubicadas en los sectores estratégicos, como los hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, que fueron satanizadas por la gran prensa internacional, el comportamiento de la economía boliviana resulta interesante, demostrando una mayor solidez ante un desplome de la economía mundial.

Así, entre el 2004 al 2013 según las estimaciones del Banco Mundial y FMI el crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) promedio anual ha sido de 4.9 por ciento, mientras los del Perú ha sido del 6.6 por ciento, Chile de 4.7 por ciento y Colombia de 4.8 por ciento.

Si bien el promedio de la variación de los precios de bienes y servicios estimados por el índice de precios (IPC) para medir la inflación promedio en el período 2004 al 2013 ha sido de 6.2 por ciento en Bolivia, en el Perú 2.9 por ciento y Chile de 3.4 por ciento, es evidente que una inflación del 6.2 por ciento es absolutamente manejable a pesar de los importantes subsidios que se otorgan a la población boliviana.

Sin embargo, la fortaleza de la economía boliviana frente a la peruana y chilena, al margen de su tamaño, es la participación del saldo de la balanza en cuenta corriente positiva en relación al valor de la producción (PIB). Así, para el período considerado el saldo en cuenta corriente en Bolivia es del 6.2 por ciento. Ello significa que la balanza comercial, la balanza de servicios y sobre todos los pagos de factores han capitalizado, y han favorecido a Bolivia, es decir, ha entrado a dicho país más capital en relación al que ha migrado.

Por el contrario para el Perú en el período considerado 2004-2013 el saldo de la balanza en cuenta corriente ha sido negativo en -1.1 por ciento, a pesar de la bonanza comercial en razón del boom de los precios de los minerales. Sin embargo cuando se suma la balanza de servicios y en especial los pagos por factores, es evidente que más capital migra como pago de factores al capital (remesa de utilidades) que el que entra al país en relación al valor de la producción (PIB).

En el período considerado de bonanza por los altos precios de los minerales e hidrocarburos, mientras Bolivia se capitaliza el Perú se descapitaliza en razón que el estado no controla ni tiene una mayor participación en la renta petrolera y minera, como sí lo tiene el estado boliviano.

Ello se expresa con mayor claridad en la participación del ahorro interno en Bolivia y Perú como participación del valor de la producción de bienes y servicios anual (PIB). Mientras en Bolivia el ahorro del estado, empresas y en menor medida de las familias, es en promedio del 24.5 por ciento del PIB con sus políticas “estatistas y populistas”, en el Perú esa tasa es de 22 por ciento del PIB, lo cual se infiere que en el período en referencia 2004/2013, Bolivia se ha capitalizado con un mayor ahorro interno en relación al Perú que ha aplicado “disciplinadamente” las desprestigiadas políticas del  llamado Consenso de Washington”

Si bien se ha satanizado el “modelo populista a la boliviana” en relación a las supuestas bondades del modelo liberal del Perú hoy en franco retroceso y crisis, el grado de apertura de la economía del país altiplánico es superior a la peruana. Sirva para ello, el indicador “apertura comercial”, es decir la suma de las exportaciones e importaciones como porcentaje del PIB.

Si bien el rubro principal de exportación está constituido por las exportaciones de gas natural hacia el Brasil y Argentina, también el país altiplánico exporta minerales y soya, e importa maquinaria, insumos y bienes. En tal medida, el grado de apertura de Bolivia a pesar de su carácter mediterráneo, es superior al alcanzado por el Perú. Su grado de apertura es del 66 por ciento en relación a su PIB y en el caso peruano a pesar de los múltiples tratados de libre comercio firmados es del 48 por ciento del PIB.

Por último la solidez de sus cuentas fiscales queda refrendada por la participación de las reservas brutas como porcentaje del PBI. Mientras en Bolivia es del 48.4 por ciento del PBI en nuestro país es 31.2 por ciento, todo ello a pesar del discurso antiimperialista y anticapitalista de Evo Morales.

EPÍLOGO

Los indicadores económicos y sociales de Bolivia, uno de los países económicamente más atrasados ocupando el puesto número 108º de los 187 países a nivel mundial, están resumidos en el cuadro en referencia, y se reconoce que en los dos períodos de gobierno de Evo Morales se ha verificado una significativa reducción de la pobreza, donde al 2013 el 17 por ciento de su población estaría considerada como pobre al tener ingresos diarios menores a los US$ 2.50, en esta disminución de la pobreza los ingresos provenientes de la explotación de los hidrocarburos han financiados los subsidios y los diversos programas sociales.

El carismático Evo Morales elegido mediante elecciones democráticas en tres períodos consecutivos será el gobernante de mayor duración de la historia boliviana, uno de los países más inestables del mundo donde en promedio de los más de 180 gobernantes la duración promedio ha sido de un año.

Será evidente que al margen de criterios racistas, ideológicos y políticos, después del  mariscal Santa Cruz, de los gobiernos del MNR de Paz Estenssoro, de la dictadura de Banzer será el gobernante que tendrá más años en la responsabilidad de  dirigir los destinos del país altiplánico, profundizando las reformas económicas y sociales que demanda su país.

Desde nuestro punto de vista Bolivia está señalando el camino a seguir en relación a la recuperación de la soberanía de la Nación sobre los recursos naturales mineros e hidrocarburíferos en contra de los intereses transnacionales y de los grupos de poder nativos. En segundo lugar, una sustantiva mejora de los ingresos fiscales supone y exige elevar la participación del estado en la explotación de los recursos naturales (mineros, pesqueros, e hidrocarburíferos). En tercer lugar, la necesidad de la unidad más amplia de los sectores populares, nacionalistas, socialistas, apristas, demócratas para transformar el Perú “sin calco ni copia”


(14 Octubre del 2014)



martes, 7 de octubre de 2014

EL HUÁSCAR Y LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA

¡GLORIA ETERNA A DON MIGUEL GRAU!


ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)


“Dedicado al patriota y amigo Dr. Luis Siabala Valer, gran castillista con el cual en nuestras largas conversaciones compartimos la necesidad de analizar la historia para no cometer los mismos errores del pasado.”


En la víspera de la inmolación de don Miguel Grau, de sus oficiales y marinos en la Punta de Angamos en la mañana del 8 de octubre de 1879, es bueno recordar la importancia de la soberanía y seguridad energética en un país como el nuestro que exporta energía limpia y barata proveniente del lote 56 en Camisea (Pagoreni), mientras se tiene que comprar en el exterior volúmenes crecientes de petróleo y derivados como el diesel limpio con 50 partes por millón de azufre para abastecer el mercado interno.

Los países con viabilidad y vocación nacional para el desarrollo propenden a la seguridad y autonomía energética asegurando las fuentes de generación internas renovables y no renovables, priorizando el abastecimiento   doméstico. Ello es más urgente y necesario si más del 58 por ciento de la energía comercial, es decir la que se transa en el mercado, en nuestro país depende de los hidrocarburos (gas natural y petróleo residual y diesel).
Por ello, no resulta una casualidad en la historia de los conflictos de la humanidad la importancia y control sobre los hidrocarburos (petróleo, gas y líquidos de gas natural) y  las materias primas en general, a pesar de los efectos de la Revolución Industrial que vivimos, que por efecto sustitución y eficiencia energética disminuye relativamente el consumo de energía por unidad de producto.

Bastaría recordar la agresión del nazismo a la URSS en junio de 1941 por el petróleo del Cáucaso y el control de los cereales de Ucrania justificada en su doctrina del “espacio vital”. Esta fue una frustrada conquista que encontró el principio de su final en la derrota de los ejércitos alemanes en la defensa de Stalingrado entre setiembre de 1942 y primeros días de enero de 1943 con la rendición del VI Ejército de Von Paulos.

Ello  cambió el signo de la II Guerra Mundial a favor de los Aliados, y las consecuencias de la misma prácticamente siguieron vigente hasta la descomposición de la URSS (1989) con la caída del Muro de Berlín con los países satélites y el surguimiento de  una serie de estados ricos en materia primas, como Ucrania, Georgia, Bielorusia, Mongolia, Kazajstán, Kirguizstán, Turkmenistán.

Lo mismo se podría decir sobre las justificaciones a las agresiones del Japón a la China por el control de las materias primas en especial del acero y petróleo que carecían. Ello  justificó a los Estados Unidos de Norteamérica proceder al embargo en el abastecimiento a dicho país como parte de una serie de sanciones, demostrando la precariedad del imperio japonés y sus fuerzas armadas.

En el mismo sentido, en las últimas décadas la presencia de los Estados Unidos en el Medio Oriente, Siria, Libia, Irán. Irak, Arabia Saudita entre otros países demuestra la central importancia que tienen los hidrocarburos en la hegemonía norteamericana a nivel mundial que ha encontrado como respuesta su correlato en el fundamentalismo musulmán. En esa medida el llamado terrorismo islámico tenderá a expandirse, poniendo en cuestión el normal abastecimiento de hidrocarburos en la región que concentra las mayores reservas a nivel mundial.

Por ello, es útil recordar, y tener siempre presente los acontecimientos, las razones de fondo y de corto plazo que llevaron a nuestro país  a la derrota en la mal llamada “Guerra del Pacífico” con una mutilación territorial, las pérdidas de las provincias de Arica y Tarapacá, y la importancia que tenían las materias primas como el guano y el salitre para el capitalismo mundial.

Sirva como base documental el “Diario a Bordo del Huáscar” publicado en Chile por la editorial Francisco de Aguirre en 1975, correspondiente a lo que sería el cuaderno de bitácora del Contralmirante Miguel Grau, tal como fue encontrado por los oficiales chilenos que abordaron el heroico monitor.

En la infausta guerra del Guano y del Salitre del siglo XIX, en especial en la campaña marítima llevada a cabo por el heroico monitor Huáscar resultan recurrentes las demandas por un abastecimiento seguro, oportuno y de calidad de un carbón inglés que le permitiera al buque la máxima velocidad y que no dejara huella por medio de los humos negros delatores.


En el Diario a Bordo en la madrugada del 13 de junio don Miguel Grau creyendo enfrentarse con dos buques  a vapor como las corbetas chilenas “Chacabuco” y “O’Higgins” naves de menor tonelaje, blindaje y potencia de fuego decide perseguirlas pero grande será su sorpresa cuando descubre que una de las naves era el potente blindado “Blanco Encalada” y la cañonera “Magallanes”, por lo tanto habiendo recibido instrucciones de no enfrentar a enemigos de mayor blindaje y armamento superior decide evadir el combate, y adopta el retiro táctico.

Así, escribe: “Nuestro andar en el principio era bastante para mantener constante la distancia que nos separaba del blindado; pero después de la primera hora noté que ella se estrechaba, y aunque esto tenía lugar lentamente, comprendí que había de terminar por obligarme al combate, desde que no era posible dar al Huáscar más de 9 millas de andar, en razón a que el carbón tomado en Pisagua y en Ilo de que hacía uso, no podía elevar suficientemente la presión  del vapor”.

En el mismo sentido, la importancia de la energía lo demuestra la lectura del citado cuaderno de bitácora cuando escribe nuestro héroe el 15 de junio "A los capitanes de puerto de Arica y Pisagua" que: "Es de la mayor importancia que el carbón con que se provea a los buques sea de la mejor calidad, so pena de no alcanzar con él la presión suficiente para el andar que se necesita en las expediciones".

Nuestro héroe hacía referencia a la necesidad de contar con el carbón del país de Gales y/ o Cardiff, así el 17 de junio a la superioridad naval escribía: "Adjunto encontrará US. un pedido por doscientas toneladas de carbón, en él verá US. consignadas sesenta de la del país de Gales que tiene la cualidad de hacer poco humo, combustible que es necesario tener a bordo en determinadas circunstancias para que no sea visto el buque de mi mando en la expedición que va a emprender".

Es decir, el carbón de Gales le permitía desarrollar la máxima velocidad posible de 12 millas por hora la misma que resultaba superior a la que tenían los blindados chilenos. Lamentablemente en la mañana del 8 de Octubre, el Huáscar no contaba con dicho combustible y no pudo evadir el cerco de las naves enemigas.

Si bien la superioridad de la flota chilena era tan abrumadora y la dependencia energética tan fuerte, que Don Miguel Grau sabía de antemano que su última salida era una cita con la muerte, en el cumplimiento del deber y para salvar el honor de un país ante la inopia, desidia e irresponsabilidad de su clase gobernante que teniendo conocimiento del armamentismo del vecino del sur, no potenció las fuerzas armadas, en especial la marina de guerra.

Nuevamente la importancia de la energía lo demuestra la lectura del citado cuaderno de bitácora cuando escribe el 1 de agosto al Comandante General de las Baterías y Director de Marina: “No puedo dejar de manifestar a US., la conveniencia del uso de carbón de Cardiff de buena calidad y del que haga poco humo, para las expediciones que generalmente desempeña este buque; pues el que últimamente ha venido consumiendo lo produce tan denso, que hace al buque muy visible en determinadas circunstancias”.


Por ello, la soberanía energética debiera ser un objetivo nacional y estratégico de todo estado con vocación nacional de desarrollo, que supere las limitaciones de los gobiernos de turno. Ello supone la necesidad de disponer en función del interés público y del país los hidrocarburos para satisfacer la demanda interna de empresas, familias, y de nuestras fuerzas armadas, bajo los principios de seguridad, oportunidad y a precios competitivos.

viernes, 3 de octubre de 2014

PETROPERÚ Y LA SOBERANÍA ENERGÉTICA

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

El miércoles 1 de octubre en las instalaciones del Colegio de Economistas de Lima, con la presencia del señor decano Dr. Rasilla Rovegno y las autoridades de su consejo directivo tuve la oportunidad de disertar sobre la importancia y el rol de “PetroPerú y la Soberanía Energética” en un mundo cada vez más globalizado, y en permanente conflicto tanto en el Medio Oriente y en fundamentalismo islámico, en las ex repúblicas de la URSS (Ucrania, Georgia, Bielorusia, etc.), donde la problemática energética tiene una importancia estratégica.

Por ello no resulta una casualidad histórica que más del 76 por ciento de la producción y de las reservas de hidrocarburos a nivel mundial estén bajo responsabilidad de empresas estatales por razones de seguridad energética. Es decir, ¡Por razones de Estado!

Una revisión somera de los países de esta parte de América del Sur nos expone la importancia estratégica de la energía en la producción y reproducción material y en la viabilidad económica y política de los países.

Chile un país crónicamente dependiente de las importaciones de  hidrocarburos pues su mercado demanda en promedio 300 mil barriles diarios de petróleo, y su empresa petrolera ENAP apenas produce no más del 10 por ciento de dichos volúmenes a través de la producción doméstica y por sus operaciones en Ecuador, Colombia y África, pues tiene como objetivo nacional la seguridad energética.

Colombia con su petrolera estatal Ecopetrol, la petrolera con mayor valor de capitalización bursátil tiene una producción superior a los 700 mil barriles diarios, en una combinación o asociación con capitales privados que explica una agresiva campaña exploratoria que asegura un perforación exploratoria que le permite inversiones en ochenta o más pozos por año.

El vecino del norte Ecuador tiene a su petrolera estatal Petroecuador que opera de manera integrada con una producción superior a los 400 mil barriles diarios con una refinería modernizada como la de Esmeraldas que le permite obtener los excedentes económicos y la lucha contra la pobreza al gobierno del presidente Correa.

Todo ello sin mencionar la realidad de la gigante Petrobras del Brasil, PDVSA de Venezuela y PEMEX de México que se constituyen en fuentes de acumulación interna, generación de riqueza y ahorro para los estados mencionados.

Desgraciadamente en nuestro país la clase política desde 1992 a la fecha asume que la seguridad energética está supeditada a los intereses de las empresas privadas que tienen como objetivo fundamental la maximización de las ganancias. Es decir, las políticas de libre mercado debieran resolver y satisfacer el abastecimiento seguro, oportuno a precios de mercado.

Es más, en caso de un conflicto bélico, un desastre natural o emergencia nacional, se tendría que comprar el petróleo crudo, el gas natural o líquidos abonando precios internacionales, tal como lo señala la aún vigente ley de hidrocarburos. El artículo 43º señala que: “En caso de emergencia nacional declarada por ley, en virtud de la cual el Estado deba adquirir Hidrocarburos de los productores locales, ésta se efectuará a precios internacionales de acuerdo a mecanismos de valorización y de pago que se establecerán en cada Contrato

En tal sentido, los países con viabilidad histórica deben contar con empresas petroleras estatales, eficientes, integradas es decir que operen en todas las fases de la actividad petrolera, tales como la explotación, transporte, refinación, comercialización mayorista y minorista.

Lamentablemente no es el caso de PetroPerú que está limitada a las actividades de refinación, transporte y comercialización mayorista, con una discriminación en el mercado por su naturaleza de empresa pública. Es más, tiene que asumir y cargar a sus costos una serie de “partidas inusuales”, “cargas extraordinarias” que no asume ninguna otra empresa del sector.


Sirva el caso de la necesidad de abastecimiento de combustibles en la Amazonía que no resulta atractivo ni rentable para ninguna empresa privada. Así, PetroPerú para abastecer la demanda de combustibles en la selva tiene que vender los derivados sin recuperar el impuesto general a las ventas (IGV 18%) ni siquiera como crédito fiscal como es usual en materia tributaria, y como lo practican las empresas mineras en la recuperación del IGV por sus exportaciones.

Como se debe recordar la venta de los derivados del petróleo en la Amazonía (Loreto, Ucayali, Madre de Dios etc. ) está exonerada de los impuestos como el rodaje, selectivo al consumo y del IGV. Sin embargo, PetroPerú para poder cubrir la demanda regional tiene que asumir en las compras de crudo que realizan sus refinerías de Iquitos, y El Milagro (Bagua), el IGV correspondiente sin poder recuperarlo.

Es decir, compra el principal insumo, el crudo con IGV y vende los combustibles en la Amazonía sin IGV lo cual significa un promedio anual de 224 millones de nuevos soles en promedio que se dejan de percibir. Con el agravante que una política deliberada del Ministerio de Economía y Finanzas en su contra no le permite usar dichos montos ni siquiera como crédito fiscal, es decir que le permitan ser deducibles del impuesto a la renta por pagar, lo cual constituye una discriminación tributaria por su naturaleza de empresa pública.

Solamente una empresa integrada, es decir con lotes de explotación propios, con buques de transportes de combustibles que sirvan de reserva naval en caso de una emergencia nacional, con grifos propios en los principales mercados regionales incluyendo Lima, podrá asegurar la soberanía y la autonomía energética.

Por ello, debiera saludarse la asociación de PetroPerú con la petrolera de capitales argentinos GeoPark para la explotación de las reservas probadas del lote 64, donde la privada asumirá la mayor participación y será la responsable de las operaciones de exploración y explotación en el marco de la legislación vigente.


Por último, por el interés público, la transparencia que debiera existir con la información y en especial en mi condición de profesor investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM, y Director de Extensión Universitaria y Proyección Social de dicha facultad la exposición completa de la problemática “PetroPerú y la Soberanía Nacional” se podrá acceder en mi blog: http://kuraka.blogspot.com/

sábado, 20 de septiembre de 2014

LA RENTABILIDAD SOCIAL DE PETROPERÚ

URGENTE INTEGRACIÓN VERTICAL

ESCRIBE: Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM)

Aunque parezca contradictorio el Premio Nóbel de Economía 2001 y ex Vicepresidente del Banco Mundial en la década de los noventa del siglo pasado, profesor Joseph Stiglitz recomendaba para los países en vías de desarrollo la presencia de empresas estatales en los sectores estratégicos como los hidrocarburos y la minería, pues constituyen “los casos más eficientes en proveer ingresos para los ciudadanos probablemente sean los de las empresas estatales”  (Recursos Naturales, Desarrollo y Democracia 2008)

Por ello no constituye una casualidad histórica que más del 78 por ciento de la producción y de las reservas de hidrocarburos a nivel mundial correspondan a poderosas empresas estatales. Sin embargo en nuestro país Petroléos del Perú en razón de un cuestionado proceso de privatización no explota ni un solo barril de petróleo ni procesa una molécula de gas natural, sin embargo tiene que asumir una serie de “cargas excepcionales”, partidas inusuales, y respetar contratos lesivos a sus intereses por mandato de los gobiernos de turno, que van desde la dictatura fujimontesinista al gobierno del presidente Humala y su consorte.

Estas partidas inusuales constituyen parte de la rentabilidad social que genera PetroPerú al país, en una empresa que tiene el imperativo de satisfacer de manera segura y eficiente el mercado interno de combustibles, cubriendo un 48 por ciento de la demanda doméstica en competencia desigual con empresas del sector privado.

La petrolera estatal es un enérgico contribuyente fiscal tanto por los ingresos tributarios recaudados por la empresa en los precios de los combustibles que sumaron en el 2013 más de 4,072 millones de nuevos soles, y por los ingresos generados para el fisco por las operaciones propias como empresa. Así para el mismo año abonó más de 137 millones en especial por impuesto a la renta superando la contribución de la competencia (Refinería La Pampilla)

En el mismo sentido forma parte de esta rentabilidad social el abono de las pensiones de jubilación a sus extrabajadores en el marco de la ley 20530 particularmente. Por ello, PetroPerú para cumplir con estas obligaciones pensionarias tiene que asumir como pasivo corriente un promedio anual de 76 millones de nuevos soles, que debieran formar parte del excedente económico.

Si se tiene presente que tales obligaciones pensionarias corresponden en su mayoría a trabajadores de las diversas unidades de PetroPerú que fueron privatizadas absurdamente tales como los lotes petroleros, las filiales y en especial la refinería La Pampilla. Es decir, con la privatización se vendió el “lomo fino” y la petrolera estatal asumió la obligación del pago de las pensiones.

Así, por mandato legal PetroPerú tiene que asumir una deuda, como una obligación de largo plazo, es decir como pasivo no corriente un fondo jubilatorio superior a los 600 millones de nuevos soles que no asume ninguna empresa petrolera en el mundo.

Es más, como si ello no fuera suficiente PetroPerú para abastecer la demanda de combustibles en la Amazonía tiene que vender los derivados sin recuperar el impuesto general a las ventas (IGV 18%) ni siquiera como crédito fiscal como es usual en materia tributaria, y como lo practican las empresas mineras en la recuperación del IGV por sus exportaciones.

Como se debe recordar la venta de los derivados del petróleo en la Amazonía (Loreto, Ucayali, Madre de Dios etc. ) está exonerada de los impuestos como el rodaje, selectivo al consumo y del IGV. Sin embargo, PetroPerú para poder cubrir la demanda regional tiene que asumir en las compras de crudo que realizan sus refinerías de Iquitos, y El Milagro (Bagua), el IGV correspondiente sin poder recuperarlo.

Es decir, compra el principal insumo, el crudo con IGV y vende los combustibles en la Amazonía sin IGV lo cual significa un promedio anual de 224 millones de nuevos soles en promedio que se dejan de percibir. Con el agravante que ni siquiera el MEF con Castilla o sin Castilla le permite usar dichos montos como crédito fiscal, es decir  que le permitan ser deducibles del impuesto a la renta por pagar, lo cual constituye una discriminación tributaria por su naturaleza de empresa pública.

Por tanto, estos 224 millones de nuevos soles anuales que no son recuperados por las ventas de combustibles en la Amazonía debieran formar parte de excedente económico, de la rentabilidad social que hace PetroPerú como contribución al país.

En el mismo sentido, debiera ser evidente que su rentabilidad empresarial sería mayor si cobrase “precios de mercado” por el alquiler de sus activos, bienes y equipos que son operados por terceros, como la merced conductiva por las plataformas marinas del Z-2B, el alquiler de los terminales o de los campos petroleros de Ucayali incluida las tarifas subvaluadas de la refinería de Pucallpa y su planta de venta.

Sirva de ejemplo el caso del alquiler por las plataformas marinas del Z-2B, Zócalo Continental frente a las costas de Talara, alquiladas primero a Petrotech desde  1994 y luego a Savia desde el 2009 al presente.

Si se tiene presente que Savia está conformada por dos empresas estatales exitosas, tales como Ecopetrol de Colombia y KNOC de Corea del Sur, con regímenes políticos liberales pero que asumen el carácter estratégico de los hidrocarburos para sus estados negando en la práctica el fundamentalismo económico del “libre mercado”.

Las plataformas marinas, las embarcaciones marinas, equipos usados en el Z-2B  son propiedad de PetroPerú que percibe un ingreso por el alquiler de tales activos de 10 millones de dólares anuales. Se debiera tener presente que las plataformas son vitales pues a partir de allí se extrae el crudo contenido en los pozos. De allí que un ejercicio económico debiera determinar ¿Cuál es el costo de oportunidad de dichos activos?

Al respecto Savia por la explotación de crudo, gas y líquidos de gas natural obtiene ingresos superiores a los 370 millones de dólares y utilidades netas por encima de los 70 millones, y paga un ridículo alquiler de 10 millones de dólares por año por unos activos  que no perciben el debido mantenimiento lo cual constituye una violación contractual.

Debiera ser evidente que la rentabilidad económica de PetroPerú sería más importante si la petrolera estatal tuviese acceso a la renta petrolera a partir de la explotación directa o asociada con terceros de las reservas probadas de los lotes petroleros que debe devolver Interoil enTalara III y IV o de la Selva Norte lote 64, lote cedido por Talisman sin costo a PetroPerú.

Sin embargo, el sesgo ideológico, el dogma liberal y los intereses privados que hacen estupendos negocios con los recursos naturales que corresponden a todos los peruanos argumentarán que PetroPerú es ineficiente, que no tiene capital ni  experiencia ni personal calificado en las áreas de explotación y producción.

Al respecto sería interesante recordar que en la privatización de las reservas del lote Z-2B la empresa ganadora fue la norteamericana PetroTech que no calificaba como empresa petrolera pues no operaba lote alguno ni acreditaba reservas probadas. En su origen Petrotech era una empresa de transporte marítimo que operaba las barcazas llevando personal y equipo para la Belco Corporation, y a partir de las operaciones marinas sin invertir un monto significativo pues asumió la producción en marcha con reservas probadas se capitalizó, creando una serie de empresas filiales y vinculadas para maximizar utilidades y minimizar los pagos al fisco.


Por tanto, para maximizar las utilidades de PetroPerú que permita financiar la modernización de la refinería de Talara,  se debe alcanzar la integración vertical con lotes de explotación propios, como lo hace Ecopetrol con el respaldo de la clase política de Colombia  o como lo hace Chile con su petrolera estatal ENAP, todo lo demás es cuento chino de nuestros liberales criollos que controlan ideológicamente a PerúPetro, la empresa estatal responsable de la promoción y supervisión de los contratos petroleros, y al ministerio del sector.

lunes, 15 de septiembre de 2014

ENERGÍA: LOS TEMAS DE FONDO*

* Publicado en el diario La República el lunes 15 de septiembre de 2014

Por Humberto Campodónico (UNMSM)

En la interpelación del ministro Eleodoro Mayorga se nota –en algunos casos, no en todos– una confusión con respecto a la forma y el fondo. Tomemos el caso de Interoil, donde se le acusa de lobbista por haber firmado la prórroga de un año con la misma empresa que acababa de perder el laudo arbitral.

¿Significa eso que si era otro el ministro de Energía, ¿entonces no pasaba nada y todo estaba ok? No, pues. El fondo es la política del actual gobierno. ¿Cuál es? La del directorio actual de Perupetro del Ing. Luis Ortigas, que en setiembre del 2013 cambió el Acuerdo del Directorio de Daniel Saba (bajo el anterior gobierno) y ratificada por Aurelio Ochoa (este gobierno).

¿Qué decían? Que todos los lotes cuyos contratos expiraban debían ser licitados y no prorrogados al mismo dueño. El actual directorio revocó esos acuerdos y decidió prorrogarlos, a dedo. A los mismos. ¿Qué cosa? Tanto Saba como Ochoa se manifestaron en contra. Sería bueno que ahora vuelvan a ratificar sus razones.

A lo cual se suma la ley 30130 de diciembre del 2013 sobre Petroperú, impulsada por el ministro Castilla, que establece que el 20% de acciones a ser listada en Bolsa (acordado por la ley 29817 del 2011) fuera elevada al 49% es decir, la privatización encubierta. Y, también, prohíbe a Petroperú participar en cualquier otro proyecto (Art. 6) hasta que se pague el préstamo de Talara.

El ministro Mayorga afirma que Petroperú no tiene la capacidad de administrar los lotes cuyos contratos expiran (entre ellos Interoil). Discrepamos. Esos campos fueron de Petroperú por años. Y cuando fueron privatizados en 1992 entraron empresas como Graña y Montero y Vera Gutiérrez (Petrolera Monterrico) que no tenían conocimiento de la industria. Petroperú podía –y puede– administrar esos lotes, contratando al personal técnico actual y reforzando su Gerencia de Producción.

El fondo es que este gobierno –a diferencia de lo que sucede en Chile y Colombia, por ejemplo– no potencia a su empresa propiciando su integración vertical. Por eso es que Perupetro sí conversó con GyM y con SAPET (de China) para ver si tomaban los lotes de Interoil (no llegaron a acuerdo alguno) pero nada con Petroperú.

Otro tema es si la australiana Karoon participó en el Reglamento de Medio Ambiente del sector. Aparte que hubo la reunión de Karoon con funcionarios de Energía y Minas y de Medio Ambiente, no hay nada que pruebe que “redactaron” el reglamento. Si eso se prueba, entonces hay falta grave. Pero no hay más que “sueltos” periodísticos.

El fondo es que el fortalecimiento de la institucionalidad medioambiental da un gran salto en el 2008 con la creación del Ministerio (venida de Angela Merkel incluida). Lo que se refuerza con la legislación del TLC Perú-EEUU. Esto convierte al MINAM en uno de las pocas instituciones aún no “tomadas desde adentro” por los intereses privados. Lo cual nos parece muy, pero muy bien.

Pero eso no quiere decir que, en algunos casos, no exista una sobre-reglamentación que perjudica las inversiones. Eso se ve claramente al compararnos con Colombia –cuya institucionalidad es más fuerte que la nuestra– donde la legislación medio ambiental cumple sus funciones en plazos adecuados.

Esa comparación se debe hacer y no este ataque público de Mayorga a Pulgar Vidal: “la creación del MINAM, la consulta previa y la desagregación de responsabilidades de manera descoordinada ha significado un bache para las inversiones, que no tiene vuelta atrás” (utero.pe, 14/05/2014). Muy mal. En todo caso, recordemos que el gran empujón contra el medio ambiente vino con el paquetazo de Castilla de junio pasado.

El tema de fondo es la política energética integral del actual gobierno. Nos parece bien, muy bien, que haya comenzado la Refinería de Talara y también se haya licitado el gasoducto andino (con opción al ducto de líquidos incluido), que son producto de variados impulsos (sobre todo sociales) y donde ha participado activamente el ministro Mayorga.

Pero más allá de estos importantes logros (que pueden cambiar el destino del país) existen dos problemas claves. Uno, que no se promulga hasta ahora el Plan Energético de Mediano y Largo Plazo para que nuestra matriz energética responda a nuestras necesidades y no a la rentabilidad de empresas privadas que no tiene por qué coincidir con lo primero (como, por ejemplo, la exportación del gas del Lote 56).

El MEF ya ha recibido US$ 230 millones (sí, 230) del BID desde el 2009 y se ha elaborado la Nueva Matriz Energética para el Desarrollo Sostenible. Pero nada. El año pasado, para hacerla larga, el MEF mediante el Convenio Prosemerha contratado a un consultor para que haga “una propuesta de planificación del sistema energético” (sic). Basta ya.

El otro es que Perú no puede decidir el destino de sus combustibles, de acuerdo a lo que indique su Plan Energético (cuando se promulgue, que es lo que no se hace). ¿Por qué? Porque la Ley 26221 de 1993 otorga a los contratistas la propiedad de los hidrocarburos. Por eso se exporta gas a precio vil a México y no se sabe si CNPC de China querrá o no destinar el gas del Lote 58 al Gasoducto Sur Peruano y a la petroquímica (ambos están amenazados por la propuesta de Castilla de “auditoría internacional” a esa licitación).


¿No estaría bueno que el Congreso discuta estos temas? Juzguen los lectores.


martes, 9 de septiembre de 2014

GASODUCTO: NUEVOS MOTORES Y AUDITORÍA INTERNACIONAL*

* Publicado en el diario La República el 8 de septiembre de 2013

Por Humberto Campodónico (UNMSM)

Todo el sur peruano aguarda con gran expectativa la llegada del gas de Camisea y que no sea solo Lima la que obtenga las mayores ventajas: GNV para los autos, conexiones domiciliarias que ponen de verdad el gas a 12 soles (aunque la cantidad de viviendas conectadas es todavía muy baja), combustible barato para las industrias (que ya no tienen que consumir los derivados, caros, del petróleo). Y así.

Ya ha habido un gran avance, pues el 30 de junio se otorgó la buena pro para la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Tres semanas después, el 23 de julio, se firmó el contrato entre los ganadores (Kuntur y Enagas) y el gobierno peruano, con la presencia del presidente Humala y el ministro de Energía, Eleodoro Mayorga.

A pesar de ello, las expectativas de la población siguen al tope. Puno objeta que no se haya considerado un ramal que llegue a su región. En Quillabamba se protesta porque el contrato del GSP no prevé la construcción de una Planta de Fraccionamiento de Líquidos del gas natural en la zona y tampoco se ha considerado una planta envasadora de GLP en esa ciudad.

La frustración es grande porque la población no quiere seguir siendo “mecida”. Y si bien es cierto que algunos de los reclamos carecen de soporte técnico, no por ello las demandas y las expectativas son de importancia menor.

 La cuestión es que para la feliz conclusión del GSP no basta con su sola construcción, pues su enfoque no contempla la realización de un proyecto integral, sino solo la construcción del tubo. Pero no está definido con claridad de cuáles lotes saldrá el gas que se va a transportar.
Tampoco está del todo definida la demanda en el sur, pues lo único claro es que habrá tres centrales eléctricas que usarán ese gas, a lo que se agrega la demanda para uso doméstico y de GNV en las ciudades.

Pero lo más importante –y preocupante– es que no está contemplado el impulso a la petroquímica, que no solo significa una importante demanda de etano (que es uno de los componentes del gas natural), sino que pone en marcha los “nuevos motores” para el crecimiento económico: una industria nueva, alto valor agregado, centenas de Pymes, decenas de miles de empleos, aumento de exportaciones, disminución de importaciones, etc. (ver www.cristaldemira.com, 17/02/2014; 07/07/2014).

La petroquímica está contemplada en el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) aprobado el 28 de julio. Y da la pauta: “para el sector Energía y Minas, la línea de acción/intervención consiste en formular una estrategia de desarrollo para la industria petroquímica”.

Esa línea debiera ser la conformación de una Autoridad Autónoma (AA) de Alto Nivel que impulse el proyecto integral, con la participación de los diferentes ministerios y organismos del gobierno central y de los gobiernos de la Región Sur. Esta AA deberá consultar con los actores empresariales y con las “fuerzas vivas”, comenzando por las Cámaras de Comercio y otras instituciones representativas. Y si algunos temas debieran ir al Congreso, que se haga.

La AA debiera establecer cuáles son los lotes que abastecerán al GSP y la demanda del sur, pues eso no puede ser determinado por “el mercado”. Al 31/12/2013, según el último Informe de Reservas del MINEM, existen 18.6 TCF de reservas probadas y probables de los lotes 88, 56, 57 y 58. Estas reservas deben abastecer a Lima, a la exportación y al GSP.

Luego está la cuestión de la obtención del etano (que es el insumo para desarrollar la petroquímica del etileno) y de la construcción de un ducto de líquidos, temas complejos que debieran ser también resueltos por la AA. Y, finalmente, el tema de la propia industria PQ. La AA debiera definir bases y esquemas para los diferentes actores, incluyendo la participación del Estado a través de Petroperú.

Dicho esto, el proyecto se puede frustrar si es que prospera el planteamiento de realizar una “auditoría internacional” para determinar si la buena pro cumplió con las reglas del “debido proceso”, ya que uno de los postores (formado por GDF Suez, Sempra, TGI y Techint) objeta que haya sido descalificado horas antes de la apertura de los sobres. Esta “auditoría” ha sido pedida nada menos que por el Ministro de Economía, Miguel Castilla, el 21 de agosto (lo que incluye también al Metro de Lima).

Es comprensible que el postor descalificado reclame ante el Poder Judicial (GDF Suez se ha autoexcluido del reclamo), lo que ya ha hecho y se resolverá en los tribunales peruanos. Entonces, ¿para qué la auditoría internacional? ¿Qué pasa si nuestro Tribunal Constitucional dice que todo está bien y el auditor internacional falla al revés? ¿Y si es al revés? ¿Una auditoría internacional estaría por encima de la justicia peruana?

Pareciera que Castilla no confía en el buen funcionamiento de Proinversión, entidad que dirige, pues está adscrita al MEF. ¿Será porque no le gusta quienes han sido los ganadores del proyecto? ¿Se puede permitir que el ministro genere desconfianza internacional en las instituciones peruanas? No. Para nada.


Por tanto, debe dejarse de lado el absurdo de la “auditoría internacional”, a la vez que se constituya alguna modalidad de AA para concretar el proyecto integral del GSP, el buen funcionamiento del nuevo motor de la industria PQ para el crecimiento económico y la diversificación productiva del país.