jueves, 31 de mayo de 2012

LA OROYA: SU REESTRUCTURACIÓN O LIQUIDACIÓN HUELE A PODRIDO

EN DEFENSA DEL TRABAJO Y DEL VALOR AGREGADO

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Desde sus inicios cuestioné la privatización fragmentada de la empresa minera estatal Centromín a principios de la década de los noventa por la ausencia de planeamiento estratégico, y los evidentes intereses creados con el futuro del más importante complejo minero metalúrgico que tiene el Perú en La Oroya, que está paralizado desde mediados del 2009 hasta la actualidad, y donde resulta previsible mayores conflictos  y afectaciones a los intereses del Estado y los trabajadores.

Esta realidad está generando ingentes pérdidas al fisco por concepto de impuestos y tributos dejados de percibir por más de 350 millones de dólares, compras de energía a privados por más de 150 millones de dólares, y particularmente se ha dejado de comprar más 3,400 millones de dólares por concepto de concentrados de cobre, zinc, plomo, plata a las empresas mineras que operan en el centro del país, con lo cual en lugar de producir y exportar productos mineros refinados, se están exportando concentrados de menor valor, y se están dejando de producir 19 subproductos adicionales de uso industrial que se obtenían antes del proceso metalúrgico.

Esta paralización con sus pérdidas millonarias como es evidente no afectan solamente a la empresa minera Doe Run Perú y a su multimillonario accionista Ira Rennert, especialista en la compra de empresas quebradas y el cobro de seguros millonarios. En lo fundamental tiene consecuencias sobre los más de 4,000 trabajadores directos e indirectos con sus familias que dependen del empleo demandado por Doe Run Perú y el poder de compra generado, que permite la reproducción de la vida cotidiana de La Oroya y en el valle del Mantaro.

Si bien hasta ahora en un esfuerzo la empresa minera titular del complejo ha pagado el 70% de las remuneraciones de sus trabajadores con los excedentes de su única mina operativa, la Mina Cobriza ubicada en Huancavelica-Churcampa, asumiendo un compromiso en el marco de la responsabilidad social, estos recursos resultan limitados y en el futuro próximo se dejarían de abonar, si procede el evidente despojo sobre la propiedad que Doe Run Perú adquirió sobre el complejo minero de La Oroya gracias a un cuestionado contrato firmado en la privatización que tiene como principal responsable al actual ministro del sector Ing. Jorge Merino Tafur.

Se debe tener presente que la unidad minera de Cobriza apenas aportaba el 20% de los requerimientos de los concentrados de cobre en la fundición  y explicaba el 5% de sus ingresos, lo cual obligaba a la compra de concentrados a otras empresas mineras de la pequeña y mediana minería. Esta es la importancia productiva que tenía primero Cerro de Pasco, luego la estatal Centromín, operando el complejo metalúrgico integrado con las unidades mineras.

En verdad, esta es la “madre del cordero” en los problemas del complejo minero metalúrgico de La Oroya, pues al haber sido privatizado separado de las unidades mineras como Andaychagua, San Cristóbal, Cerro de Pasco, Morococha, Casapalca, y transferidos valiosos derechos mineros a vil precio, se fracturó la unidad técnico-material existente entre el complejo refinero y las minas.

Como en su momento lo expresó el patriarca de la minería peruana, don Alberto Benavides de la Quintana, el primer presidente del comité responsable de la privatización de Centromín (ayer COPRI, hoy Proinversión), cuando afirmaba que: “pretender vender el complejo minero metalúrgico de La Oroya sin unidades mineras, es como querer vender un automóvil sin motor, un absurdo”

Al no estar de acuerdo con la privatización por partes de lo que fue la más importante empresa minera del país, Centromín, Benavides de la Quintana renunció al cargo, siendo los nuevos miembros responsables de la privatización los que procedieron a la venta subvaluada y fragmentada de la minera estatal,  avalados por un estudio de la consultora Macroconsult que justificaba la viabilidad en el largo plazo del Complejo de la Oroya con la unidad de Cobriza.

Evidentemente el tiempo ha demostrado la fragilidad e irresponsabilidad histórica de tal opción, que se agravaron con la crisis financiera del 2008, cuando se derrumbaron las exportaciones de Doe Run Perú en el mercado norteamericano que concentraba el 30% de sus ventas, y se generaron los problemas de pago con sus proveedores tales como Mra. Buenaventura, Mra. Volcan, Glencore y en especial del grupo Cormin que estableció la denuncia ante el Indecopi, buscando la reestructuración y el control de La Oroya.

No tengo la más mínima simpatía o compromiso con la empresa minera Doe Run Perú, pero habiendo sido asesor laboral en algún momento del sindicato de trabajadores obreros, reconozco la capacidad y eficiencia de sus trabajadores que ahora se debaten en el subempleo, y donde por la antigüedad en el tiempo de servicios, con una población importante con servicios por encima de los 20 años, están en el límite de la jubilación, y sus derechos deben ser asegurados.

En el mismo sentido debo reconocer por la propia información producida por el organismo regulador Osinergmin sobre las inversiones ambientales realizadas por Doe Run a pesar de las postergaciones en el cumplimiento del Programa de Adecuación Minero Ambiental (PAMA). Se debe advertir que con inversiones ambientales superiores a los 330 millones de dólares a diciembre del 2008 se habían superado con creces la mayoría de los compromisos asumidos en la privatización del complejo.

Restando sin embargo las propias obligaciones contractuales de inversión del propio Estado sobre los suelos contaminados en La Oroya anteriores a la privatización; estos compromisos fueron asumidos posteriormente por la empresa estatal Activos Mineros y su incumplimiento ha generado juicios internacionales, sin embargo nadie ha demandado la restructuración de esta empresa estatal creada a fines del gobierno del presidente Alejandro Toledo, para evadir los numerosos juicios que arrastraba la liquidación de Centromín Perú.

En síntesis, la inversión más importante en la construcción de la planta de ácido sulfúrico para captar el dióxido de azufre del circuito de cobre ha quedado inconclusa,  con un avance del 50% por los problemas financieros ocasionados por la crisis económica de fines del 2008. Se cumplió con el levantamiento de las plantas de ácido sulfúrico en los circuitos de plomo y zinc, el tratamiento de aguas pesadas, reduciendo los niveles de contaminación de plomo, cadmio y arsénico, en relación a los niveles de la gestión estatal, y de esto poco o nada dicen las ONGs ambientalistas.

El faltante de inversión en la planta del circuito de cobre se estima en más de 150 millones de dólares, que racionalmente solo se podrían financiar con los ingresos y utilidades que genere la puesta en marcha inmediata del complejo metalúrgico, en el marco de un programa de inversiones que la empresa Doe Run Perú está dispuesta a respetar. Así, resulta un contrasentido condicionar el cumplimiento de la planta de ácido sulfúrico para después autorizar el funcionamiento de la fundición, al menos que se pretenda favorecer a terceros que están ávidos por el control del complejo minero metalúrgico.

¿QUIÉN ES CORMIN?

Parece que los dados están cargados para favorecer al Consorcio Minero (Cormin) una empresa filial de Trafigura Beheer BV una gigante transnacional que opera básicamente en el transporte y almacenamiento de combustibles y granos a nivel mundial, con más de 25 instalaciones en Europa, el Medio Oriente, Asia, Sudamérica y África. En nuestro país por los serios cuestionamientos ambientales por la contaminación de plomo en la planta de almacenamiento del Callao ha cambiado de nombre denominándose Impala Perú desde abril del 2011.

Además, en el Perú el grupo Trafigura Mining Group opera a través de su filial Iberian Minerals que cotiza en la bolsa de Toronto, la Compañía Minera Condestable S.A. que explota las minas de Condestable y Raúl en el distrito de Mala Cañete al sur de Lima; éstas producen básicamente cobre y algo de plata.
Como empresa especializada en el comercio mundial de mercancías hace uso y abuso de los llamados “precios de cobertura” con su asegurada Natixis con la cual opera en diversas partes del globo. Ello ocasiona millonarias pérdidas al fisco y a sus trabajadores, pues venden la tonelada de cobre a precios fijados entre el 2006 al 2011 sobre los 4,400 dólares la tonelada, cuando los precios de mercado superan de lejos los 8,000 dólares. Solamente el diferencial de precios de cobertura entre el 2008 al 2010 superan los 130 millones de dólares, de los cuales el fisco no capta su participación por el impuesto a la renta.

Es más, Trafigura con su filial Iberian Minerals opera de tal manera la Compañía Minera Condestable que por acuerdo de directorio esta tuvo que asumir un endeudamiento por más de 155 millones de dólares para financiar el proyecto de Minas de Aguas Teñidas en España, lo cual en la práctica constituye una transferencia de excedentes, donde una empresa minera de un país subdesarrollado resulta financiando la inversión de un proyecto minero en Europa.

Como Trafigura Mining Group tiene también el 100% de las acciones de la minera Catalina Huanca Sociedad Minera SAC ubicada en la provincia de Víctor Fajardo- Ayacucho, donde opera básicamente con las llamadas contratas y bajos salarios, con serios cuestionamientos ambientales.

Por ello, estamos advertidos de los manejos nada transparentes de Cormin-Trafigura en nuestro país, y las buenas relaciones de sus funcionarios con el actual Ministro de Energía y Minas tal como lo reporta el artículo periodístico del Diario 16, asimismo reproducimos el artículo del consultor César Gutiérrez sobre el futuro de La Oroya y lo que debiera hacerse para defender el interés público y de los trabajadores en especial.

En verdad, el Estado como tal no puede abstenerse en reconocer que fue por decirlo amablemente un error la privatización fragmentada de Centromín. Tampoco puede dejar de reconocer los propios incumplimientos en la remediación ambiental de los suelos de la ciudad de La Oroya que se debían de financiar con los aportes y penalidades abonados por Mra. Antamina, por el diferencial entre  inversión proyectada y la inversión ejecutada. En el mismo sentido, no puede evadir la responsabilidad que tiene la empresa estatal Activos Mineros que sustituyó a Centromín en sus obligaciones contractuales.

De allí, la responsabilidad del Congreso de la República y en especial de la Comisión de Energía y Minas de legislar para preservar  ante todo el interés nacional y regional, asegurando la reapertura del complejo minero de La Oroya con plazos razonables para  asegurar compromisos de inversión de parte de Doe Run Perú con su desistimiento de juicios internacionales al Estado. Si se tiene en cuenta que las mayores obligaciones en el actual proceso de reestructuración empresarial residen en el Estado, los trabajadores y en la empresa matriz, es posible una solución satisfactoria al menos que se quiera “encender la pradera en la región central del Perú”.

La Oroya en Manos del Humalismo
Por César Gutiérrez
Ya que la gran transformación prometida por el Humalismo no se dio, ni se dará, pues ella era entendida como una variación de las relaciones de poder, donde los que hoy no son tomados en cuenta podrían revertir su situación y a cambio tenemos el sometimiento gustoso y militante al establishment. Es bueno recordarle a la pareja gobernante, que los electores no solo se necesitan una sola vez, ni un voto es despreciable para político con sapiencia. En ese orden de ideas una ciudad de 21,000 habitantes, como La Oroya, al menos por interés electoral, ya que tengo mis serias dudas de la sensibilidad social de los inquilinos transitorios de la Casa de Pizarro, debe ser considerada.
Tanto por el poder ejecutivo como el legislativo, el gobierno tiene en sus manos la suerte de esta ciudad enclavada en las alturas de los Andes. De manera lamentable e ignorante su futuro se maneja como si solo se tratara de una discusión fenicia de acreedores y deudores, poniendo como telón de fondo la contaminación ambiental y su efecto en las personas, convertida en coartada, cuando debería ser uno de los ejes de la discusión.
Nadie podrá negar que intereses de grupos empresariales existen. Una refinería-fundición de minerales, que agrega valor económico a la producción de concentrados, como el Complejo Metalúrgico de La Oroya y una mina donde se extraen cantidades significativas de minerales de alta cotización como la plata, el cobre y el indio; como Cobriza, son delicioso manjar para “traders” y productores mineros, como lo son: Cormin, de la multinacional de la comercialización de “commodities”, Trafigura y de la minera local con talla internacional, Buenaventura. Nada mal les vendría hacerse de las dos unidades de negocios, así que la intervención  de estudios de abogados, comunicadores ambientales, económicos y sociales, no es a nombre del purismo del mundo verde y de las aves cantoras que nos hacen despertar con sus dulces silbidos.
El pretexto de los desencuentros de la troika acreedora: gobierno-Cormin-Buenaventura y la empresa Doe Run Perú, es el pesado lastre llamado Programa de Adecuación Medioambiental (PAMA). Mucho se podrá decir a favor y en contra de: postergaciones; incumplimientos, donde el estado no puede exonerarse y deudas. Ahora lo que compete es actuar con pragmatismo y responsabilidad, para ello la indesligable pareja Heredia-Humala, debería escuchar a las partes: acreedores empresariales e institucionales, deudores y trabajadores. Luego tomar las decisiones en absoluto privado, sin consejerías que susurren al oído, pues no habrá opinión inocua. Una ronda de conversaciones para tomar conocimiento y la toma de decisiones no tendrá razón alguna para que sea haga en menos de 48 horas, no solo porque es el tiempo suficiente, sino porque es el plazo que queda para encontrar una salida para salvar a la ciudad de La Oroya.
El gobierno tiene el absoluto control de las decisiones que se tomen, lo que ocurra será de su responsabilidad. Por un lado es el integrante mayoritario en la junta de acreedores y por otro tiene la mayor bancada en el Congreso, donde en su mesa directiva, desde Marzo pasado, hay una ley pendiente de discusión y votación, que será elemento determinante.
Un hecho factual es que dada la liquidación en marcha de Doe Run Perú, no habrá nadie quien se haga cargo de la planilla de los 2,500 trabajadores del Complejo Metalúrgico, cuya cuantía con beneficios sociales incluidos, asciende a 143 millones de dólares para el plazo de 30 meses mínimos que la planta estaría cerrada hasta que pueda operar cumpliendo los estándares ambientales. Eso tiene un nombre, el cierre de la ciudad, pues el principal empleador que genera la economía de la zona, es la unidad productiva referida.
La salida no es nada difícil, solo requiere firme decisión: obligación garantizada razonablemente, de cumplimiento del PAMA; pago asegurado a los acreedores y reinicio inmediato de operaciones. Así nadie perdería, salvo que la visión sea otra, como la oportunidad de deshacerse de un operador e ingresar a otros interesados. Tengan en cuenta que en operaciones mineras nadie está libre de culpas, así como hoy hay campaña de desprestigio sobre una, ella es completamente intercambiable, mañana podrá haber sobre cualquiera que esté en el control, todas tienen techo de vidrio y nadie puede escamotear su pasado.
Artículo Publicado el 20 de Mayo 2012 En www.generacción.com

Artículo periodístico de Diario 16

“Hasta que el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, abandonó todo decoro. El pasado martes 22 (de mayo), a las 5 de la tarde, Ricardo Trovarelli, quien sería amigo íntimo del titular del sector y presidente de Cormin-Trafigura, habría presidido en la sala de reuniones del propio viceministerio de Minas, una reunión con los líderes sindicales de Doe Run Perú (DRP), para intentar que firmen un proyecto de convenio laboral de liquidación que más bien parecía una “carta de sujeción”, que mencionaba un programa de evaluación y la reasignación de los puestos sin que se priorice el reinicio de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO).

El ciudadano argentino Trovarelli, muy sonriente, con una luminosa corbata amarilla, un terno plomo y una camisa celeste, se paseaba –según fuentes- a sus anchas en el local ministerial escoltado por Rosario Patiño, representante del MEM en la Junta de Acreedores, el propio asesor principal del ministro Edwin Regente y la secretaria general Fiorella Moreno. Por parte de los trabajadores encabezaban la delegación Luis Castillo, secretario general de la Federación Minera; Royberto Guzmán del Sindicato Metalúrgico; Eduardo Rojas, del sindicato unitario (pro Cormin-Trafigura), entre otros.

Los trabajadores estaban sorprendidos. Porque, por si fuera poco, era Cormin-Trafigura el único acreedor minero en el cónclave, como para que les quede claro a los trabajadores quién es el que realmente ‘corta el jamón’ en el MEM y de paso en la Junta de Acreedores de DRP.

Los trabajadores, sorprendidos, han ensayado una primera respuesta en publicaciones en La Oroya: Merino y Trovarelli se conocen desde 1991 cuando ambos gerenciaban almacenes vecinos de minerales en el Puerto del Callao. Luego, en el 2001, Merino como presidente de Centromin privatizó este almacén de 76 mil metros cuadrados a favor de Cormin-Trafigura, con una concesión del terreno a razón de un alquiler mensual de US$ 75 mil, es decir, menos de un dólar el metro cuadrado y vendiendo el 100 % de esta filial de Centromin a la bicoca de US$ 1 millón.

Esta amistad, que levanta suspicacias, podría provocar también muchos recelos en la primera dama, Nadine Heredia, porque este almacén de Cormin- Trafigura ha sido demandado por 300 pobladores contaminados por plomo del Callao (Puerto Nuevo) bajo el expediente MC-199-09 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Niños de los colegios contiguos, María Reiche y República de Venezuela vienen protestando sin mayor éxito. El MEM, sin embargo, en actitud cómplice con esta empresa se niega a revelar los resultados del informe de la consultora Ground Water Internacional -contratada por el Estado en el 2010 –a los afectados pese a haber sido requeridos por la Ley de hábeas data, por la abogada Sandra Barros. Otro indicio de la fuerza de Trovarelli en el MEM. ­

UNA VERDADERA MILONGA
En la cita, que duró dos horas, Trovarelli conminó: “Yo me estoy preocupando porque se respeten sus derechos” y a renglón seguido les presentó el proyecto de convenio de tres hojas para que estampen su firma.

Luis Castillo respondió: “Yo tengo que consultar con las bases en una asamblea” a lo que la doctora Patiño, jugando en pared con Cormin-Trafigura (como lo hace en las juntas de acreedores de DRP) sin ningún reparo, acotó con dureza, “¡Si usted es el dirigente para qué tiene que consultar con las bases!”.

Palabras sobran. La historia sobre el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) se seguirá escribiendo hoy viernes 25, cuando se reúnan los acreedores para elegir a la empresa liquidadora. El ministro Merino debería recordar aquel adagio de “cuando las barbas de tu vecino veas rasurar pon las tuyas a remojar”.


miércoles, 30 de mayo de 2012

PETROPERÚ Y LA MASIFICACIÓN DEL GAS*

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

La experiencia para hacer realidad el proyecto Camisea, después del fracaso del primer gobierno de Alan García, nos demuestra la intervención del Estado como promotor de la inversión, generando un marco legal que permita la existencia y viabilidad del mercado para el gas natural.

Al respecto se debería recordar y analizar la serie de normas que se promulgaron.

Así, se limitó por decreto la construcción de centrales hidroeléctricas para priorizar el mercado en la generación eléctrica a base del gas de Camisea. Es más, se dispuso que la empresa estatal de generación hidráulica Electroperú compre obligatoriamente al Consorcio Camisea 70 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, en un contrato take or pay, para que estos volúmenes sirvan a la transnacional Endesa y los consuma en su unidad térmica de Ventanilla ubicada al norte de Lima. Con ello se aseguraba una demanda mínima que rentabilice el gasoducto de Camisea (Malvinas) a Lima.

También se debe recordar que todos los usuarios eléctricos del país financiamos de manera adelantada con un plus en nuestros recibos de energía desde agosto del 2002 hasta el 2009, la Garantía de Red Principal (GRP) por más de 470 millones de dólares que permitió hacer posible y rentable el gasoducto bajo responsabilidad de Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Allí estaban, dicho sea de paso, los mismos accionistas que conforman el Consorcio Camisea.

Igualmente, se estableció una serie de beneficios tributarios que permitieron a los accionistas del llamado Consorcio hacer posible la realidad de los importantes montos de inversión, a pesar que no asumieron los riesgos en el descubrimiento de las reservas del gas y líquidos de gas natural de los lotes 88 y 56.

Estos beneficios que van desde el fraccionamiento en el pago de los aranceles de importación, la exoneración del pago de IGV en las actividades de exploración/explotación cuando las actividades de inversión de riesgo eran mínimas.

También se aprobó una ley que permitía la posibilidad de recuperación de la inversión, mediante los cargos de depreciación con el efecto "arrastre de pérdidas" hasta ocho años, lo cual significaba un escudo tributario por concepto de impuesto a la renta.

Es más, las reservas de gas natural y condensados del lote 56 con "reservas probadas" de 2 trillones de pies cúbicos (TCF) y más de 200 millones de barriles de condensados fueron asignadas directamente por Perúpetro al Consorcio Camisea.

No hubo licitación ni concurso alguno. Ahora, este organismo público, responsable de promover la inversión y supervisar los contratos de hidrocarburos, se rehúsa a la transferencia directa de los lotes cuyos contratos están por vencer a Petroperú, que es la única empresa petrolera en el mundo que no produce un barril de crudo.

Es decir, fue una política deliberada de Estado que involucró a cuatro gobiernos (Fujimori, Paniagua, Toledo y García) lo que hizo posible la realidad y los beneficios socioeconómicos de la cultura del gas con la explotación de las reservas de los lotes 88 y 56 que ahora deben ser extendidos a nuestros compatriotas del sur.

Por ello, cuando los críticos a la participación del Estado y la intervención de Petroperú por mandato del gobierno, señalan que el Estado "no debe invertir ni un dólar" en el gasoducto del sur soslayan la necesidad de construir un mercado, negando la posibilidad de una nueva industria, donde debiera apostarse por una alianza pública/privada entre el Estado y el Consorcio Kuntur, o cualquier otra empresa que tenga la decisión con el financiamiento requerido por los altos niveles de inversión que pueden superar los 5,000 millones de dólares, en razón de la longitud de los gasoductos para el gas natural y otro de líquidos.

Un potencial mercado para la masificación del gas en el sur está identificado con el sector minero que demanda energía con parámetros de responsabilidad ambiental y social. Solamente en proyectos mineros en el sur del Perú existe una inversión estimada por encima de los 30,000 millones de dólares, sea en Apurímac (Las Bambas, Los Chancas, Hierro Apurímac), en Cusco (Constancia, Antapaccay, Quechua, etcétera), en Arequipa ( Ampliación de Cerro Verde, Tía María, Pampa de Pongo entre otras), Moquegua (Ampliación de Cuajone, Ampliación de la Fundición y Refinería más Quellaveco, Los Calatos etc.), en Puno (Corani, Ollachea, Bear Creck) y Tacna (Ampliación de Toquepala y Pucamarca).

Si a ello se agregan las inversiones en plantas petroquímicas para aprovechar los hidrocarburos de metano y etano contenidos en el gas natural de los lotes 88, 57 y 58 que serían transformados en Ilo/ Moquegua, donde se levantaría un polo petroquímico con inversiones superiores a los 10 mil millones de dólares.
Así se podrá producir no solamente fertilizantes sino, sobre todo, polietilenos a partir de la transformación del etano en etileno que permitan obtener una serie de subproductos desde plásticos hasta productos sintéticos, fibras, envases, etc.

En esta propuesta el Estado tiene que intervenir como promotor y protagonista, si es que de verdad se quiere masificar la cultura del gas en los departamentos del sur, región donde se concentran a la mayor cantidad de peruanos que se reproducen en condiciones de pobreza y extrema pobreza.

* Publicado en el Diario El Peruano

miércoles, 23 de mayo de 2012

LOS HIDROCARBUROS Y EL ESTADO*

*Publicado en el Diario el Peruano el 22 de mayo de 2012


CHILE Y ARGENTINA CON MODELOS DIFERENTES


ESCRIBE: ECO. JORGE MANCO ZACONETTI (INVESTIGADOR UNMSM)

En América Latina, una exitosa intervención del Estado en la economía, con un modelo de desregulación, apertura y libre competencia, lo constituye la experiencia chilena, que con dos empresas estatales en sectores estratégicos como la minería y los hidrocarburos garantiza una efectiva regulación y mayores ingresos fiscales.

Así, con Codelco mantiene el liderazgo mundial en la producción de cobre con una fuente de acumulación interna del excedente económico reconocido como renta minera. Por otro lado, con la Empresa Nacional de Petróleo (Enap) de Chile, que explora y explota también fuera de sus fronteras, busca incrementar sus reservas y producción de hidrocarburos en el marco de un proyecto nacional de desarrollo articulado a la economía mundial.

Enap, por medio de su empresa filial Sipetrol, realiza actividades de exploración/explotación en Ecuador, Argentina y Egipto, que sumadas a la producción interna totalizan 47 mil barriles diarios de crudo en 2011, insuficientes para satisfacer el mercado interno que demanda más de 300 mil barriles diarios.

Es más, con inversiones de 264 millones de dólares en 2011 intentó incrementar las reservas de crudo, para alcanzar en el largo plazo la seguridad energética.

Con el control estatal eficiente de sus refinerías de Aconcagua y de Bío Bío modernizadas para la producción de combustibles ambientalmente limpios, pues producen desde inicios de la década pasada combustibles con 50 partes por millón de azufre, mientras nosotros seguimos produciendo diésel con 2,500 partes de millón de azufre, con altos costos ambientales que se superarán con la modernización de las refinerías de Talara, de Petroperú, y de La Pampilla-Repsol en 2015.

Desde 2004 nuestro vecino atraviesa una severa crisis energética ante los problemas de abastecimiento de Argentina, que tuvo que restringir las exportaciones de gas hacia Chile que se venían desenvolviendo como negocios privados desde fines de la década de 1990.
Durante el primer gobierno del presidente Néstor Kirchner se regularon los precios del petróleo y gas a nivel interno, fijando el precio del crudo a menos de 40 dólares el barril, lo cual se tradujo en una disminución de la producción y de las reservas de petróleo y gas.

El gobierno argentino obligó a las empresas privadas a una reducción de las exportaciones que de 900 millones de pies cúbicos diarios disminuyeron a menos de 100 millones. Esta tensa relación se expresa actualmente en las contradicciones del actual gobierno argentino con Repsol y con la nacionalización de las acciones de la transnacional española en la empresa YPF, la principal empresa petrolera de Argentina.

En Chile, la cultura del gas y la supuesta seguridad de la interconexión gasífera con su vecino transandino estimularon la construcción de una serie de gasoductos internacionales e internos que atraviesan su territorio de norte a sur. Así, en la Zona Norte la extensión de su red de tubería superan los 2,345 kilómetros. En la zona Centro totalizan los 1,403 kilómetros y en la Zona sur de Magallanes, los 842 kilómetros. Es decir, nuestro vecino no tiene gas, pero posee una formidable red gasífera.

Por ello, la intervención del Estado desde 2004 apostó por la seguridad energética, teniendo a las empresas estatales Enap y Codelco como las principales impulsoras, en alianza con empresas privadas, en la construcción de dos plantas de regasificación (Gran Norte y Quintero); es decir, la conversión del gas licuefectado importado de cualquier parte del mundo en gas natural, para que pueda alimentar los diversos gasoductos que atraviesan su territorio y superar la dependencia del gas proveniente de Argentina.

Desgraciadamente, en nuestro país se reproducen discusiones bizantinas sobre la intervención del Estado, por medio de Petroperú, en el financiamiento del Gasoducto Andino del Sur, lo que minimiza las extraordinarias posibilidades y efectos multiplicadores que ello tendría en la economía del país en su conjunto.

La seguridad energética, la masificación del gas natural, la apuesta por las políticas de valor agregado y la petroquímica, el desarrollo regional y la lucha contra la pobreza, demandan una participación sensata y promotora del Estado en el Gasoducto del Sur Andino, para superar la "herencia colonial" y las profundas fracturas sociales existentes en nuestro país.

lunes, 21 de mayo de 2012

MODERNIZACIÓN DE LA REFINERÍA DE TALARA DISMINUIRÁ EL AZUFRE EN LOS COMBUSTIBLES *

* Publicado el 21/05/12 en el Diario La República


El presidente de Petroperú, Humberto Campodónico, adelanta que este miércoles se firmará el convenio con el banco francés Société Générale. Precisó que si bien es necesaria la presencia de un estructurador financiero para la modernización de la Refinería de Talara, también es fundamental el ingreso de un evaluador económico-financiero.

Hace pocas semanas se terminó de negociar el convenio para que Société Générale sea el estructurador financiero en el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara. ¿Cuándo se hará la suscripción oficial de este convenio?

La firma del acto público y la suscripción de este convenio se realizarán este miércoles 23 de mayo, para lo cual vendrán representantes de la Société Générale. El mandato se terminó de negociar hace unas tres semanas. En ese lapso los directorios de ambas entidades lo aprobaron. En este convenio hay varios temas interesantes, como el referente a las comisiones que recibe el banco por estructurar.

¿De qué tipo de comisiones estamos hablando?

Estas comisiones van desde un mínimo de 0,25% del monto que se logra recaudar, cuando son fondos levantados en el Perú y va hasta 0,50% del monto que se recaude, es decir, del monto que se estructure por inversiones o un préstamo que realicen bancos del exterior, por citar un caso.

A partir de que se firme este convenio, ¿cuál será la función del banco francés?

Lo que tienen que hacer ellos es estructurar el financiamiento del dinero que necesita Petroperú para esa inversión. Y una vez que tengamos el monto definitivo de la inversión, en primer lugar, ellos van a estructurar un crédito de corto plazo, pero sobre todo buscarán en el mercado internacional un crédito a 15 años y van a tocarles la puerta a bancos, agencias de exportación gubernamentales que dan el crédito, como por ejemplo el Exim Bank puede ser el de Japón, China o España y también van a ir a multilaterales como el Banco Mundial, el BID y otros.

¿Y en qué fase se encuentra la parte técnica o de ingeniería?

Estamos en la fase final del método que se llama de libro abierto, en la que tenemos sobre la mesa los precios basados en cotizaciones, insumos, máquinas para las diferentes unidades que tiene la refinería y para los diferentes procesos. Cuando estemos de acuerdo tanto Técnicas Reunidas (TR, la empresa española que tiene a su cargo la ingeniería del proyecto) como Petroperú, en ese momento se produce lo que se llama la conversión. Estamos convirtiendo y este cierre estaría listo en julio, una vez terminado y cerrado el monto se convierte en su suma alzada y ya es proyecto “llave en mano”.

¿Es que se va a realizar una evaluación económica y financiera del proyecto?

Cuando termine la ingeniería habrá una evaluación económica-financiera que la realizará un tercero que dirá “este proyecto lo hemos analizado, así como sus ecuaciones, sus modelos (el modelo hecho por COFIDE), vemos los flujos que tiene, las proyecciones de precio”. Hemos encargado a la firma de EEUU Purvin & Gertz un estudio de precios. Ellos están haciendo la proyección de precios y demanda. Con toda esa data habrá una evaluación económica y financiera de una entidad de prestigio internacional, que deberá ratificar a Société Générale que este proyecto es bancable.

¿Y en caso de que no lo fuera?

Entonces, el proyecto no levanta, porque con ese informe de esta entidad solvente que todavía hay que determinar quién es, es que SG va a ir donde los diferentes bancos, financieras, bancos de inversión, entre otras y le va a decir: esta es la evaluación económica y financiera, y le está diciendo que este proyecto es rentable, que se paga y que los flujos de Petroperú tienen la capacidad económica necesaria para pagarlo.

Estamos confiados en que esta evaluación ratificará las anteriores, que han sido positivas.

Si bien SG ganó un concurso para ser el estructurador financiero de Petroperú en este proyecto, se ha cuestionado a este banco por haber sufrido pérdidas en bolsa en los últimos meses.

La situación en los bancos en general no es buena, es propia de una crisis internacional financiera que golpea al mundo industrializado (los bancos en Europa y en EEUU pueden difícilmente colocar créditos en sus países) menos los emergentes y China. Evidentemente no es una época fácil, y tampoco podemos decir que ya está todo asegurado. Pensamos que con la calificación financiera que tiene el Perú, además con un proyecto bancable y con el hecho de que somos un país emergente, la historia será distinta. Sobre todo considerando que habrá movimiento de maquinaria española, francesa, quizás japonesa, china y entonces todo lo que sea órdenes de compra de maquinaria en un momento en el cual hay desempleo y recesión será bien recibido.

COSTOS REALES

Se ha criticado que el precio de este proyecto ha sido "inflado". ¿Qué ha sucedido realmente?

En primer lugar la obra aún no ha sido contratada, solo hay estudios, diseños y estimados. La cifra inicial de US$ 1.334 millones fue un estimado a precios del 2006. La cifra de abril del 2011 (cuando SG ganó la buena pro) fue reajustada por factores de escalamiento con índices de costos de construcción, que aumentaron 17% entre 2006 y 2011, según el Chemical Engineering Cost (CEPCI). Esto sumado a los reajustes de capacidades efectuado por Técnicas Reunidas lleva la cifra a US$ 1.711 millones, que es el total de la inversión. Con mayor desarrollo de ingeniería en estos últimos 18 meses, el estimado se ajustará.

Se ha dicho además que una refinería nueva costaría menos que la modernización en Talara.

Nosotros tenemos todos los elementos y análisis, donde una refinería nueva costaría mucho más. Además, debe saberse que la refinería de Talara el año pasado ganó el premio de laSociedad Nacional de Industrias (SNI) en medalla de plata a la labor de la refinería. La refinería con todas las actualizaciones que ha tenido, es como si fuera de 1977, y con esto la llevaremos a casi nueva. Es una refinería que está trabajando con altos niveles de excelencia.

¿Cómo se beneficiará con esta obra el usuario de a pie?

La nueva refinería producirá diesel de solo 50 partes por millón de azufre (en lugar de las 1.800 partes por millón de la actualidad), lo que disminuirá las enfermedades respiratorias que se dan cuando se inhala el azufre. Hay estudios que revelan que ha habido un descenso importante en Lima, falta medir el impacto y tener un externalidad positiva. Actualmente, hay en marcha un planteamiento del MEM para ir poco a poco adaptando el consumo de combustibles a las 50 partes por millón, incluso antes de que se terminen de construir las refinerías.

jueves, 17 de mayo de 2012

EL GASODUCTO DEL SUR ANDINO Y EL ROL DEL ESTADO

CON EL FORTALECIMIENTO DE PETROPERÚ

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)
La seguridad energética, la masificación del gas natural, la apuesta por las políticas de valor agregado y la petroquímica, el desarrollo regional y la lucha contra la pobreza, demandan una participación sensata y promotora del Estado en el Gasoducto del Sur Andino para superar la “herencia colonial” y las profundas fracturas sociales existentes en nuestro país.
Por tanto el discurso neoliberal que apuesta por la intervención subsidiaria del Estado está fuera de lugar, no sintoniza con la realidad económica, ni con la historia ni con la demanda de los pobres del sur andino que requieren las condiciones mínimas, entre ellas la energía barata para salir del atraso y miseria.
Sin energía no hay desarrollo posible por ello es obligación del Estado promover las inversiones para que ello sea efectivo, con la debida responsabilidad social y ambiental. Por tanto, aquellos que afirman dogmáticamente que el Estado “no debe invertir ni un dólar en el gasoducto del sur”, no solamente están contra la historia en tiempos de crisis, sino que están condenando a la mayor pobreza a los compatriotas del sur de nuestro país.
En el sur peruano existen extraordinarias condiciones naturales y económicas que debidamente aprovechadas en una generación -25 a 30 años- podrían convertir a nuestro país en una plataforma de exportación de productos petroquímicos, agroindustriales,  mineros y electricidad, elevando los niveles de empleo e ingresos de la población.
¿DÓNDE ESTÁ EL MERCADO?
La experiencia para hacer realidad el proyecto Camisea entre 1996 y el 2004 nos demuestra la intervención del Estado, como promotor generando un marco legal que permita la existencia y viabilidad del mercado para el gas natural. Al respecto se debería recordar y analizar en su momento la serie de normas al respecto, a pesar de la existencia de reservas probadas del lote 88 que fueron descubiertas en 1984.
En esa época incluso de limitó la construcción de centrales hidroeléctricas para priorizar el mercado en la generación eléctrica a base del gas de Camisea. Es más, se dispuso que la empresa estatal de generación hidráulica ElectroPerú compre 70 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, en un contrato “take or pay” para que estos volúmenes sirvan a la transnacional Endesa y los utilice en su unidad térmica de Ventanilla al norte de Lima. Con ello se aseguraba una demanda mínima que rentabilice  el gaseoducto de Camisea (Malvinas) a Lima.
También se debe recordar que todos los usuarios eléctricos del país financiamos de manera adelantada con un plus en nuestros recibos de energía, desde agosto del 2002 hasta el 2009, la Garantía de Red Principal (GRP) por más de 470 millones de dólares que permitió hacer posible y rentable el gasoducto bajo responsabilidad de Transportadora de Gas del Perú (TGP), donde están, dicho sea de paso, los mismos accionistas que conforman el Consorcio Camisea.
Se establecieron una serie de beneficios tributarios que permitieron a los accionistas del llamado Consorcio la realidad de los importantes montos de inversión, a pesar que no asumieron los riesgos en el descubrimiento de las reservas del gas y líquidos de gas natural de los lotes 88 y 56.  Beneficios que van desde el fraccionamiento en el pago de los aranceles de importación, la exoneración del pago de IGV en las actividades de exploración/explotación cuando las actividades de inversión de riesgo eran mínimas.
También se aprobó una ley que permitía la posibilidad del recupero de la inversión mediante los cargos de depreciación con el efecto “arrastre de pérdidas” hasta 8 años, lo cual significaba un escudo tributario y pagar mínimos abonos por concepto de impuesto a la renta. Es más, el ministro de energía y minas de ese entonces acompañaba indebidamente a los funcionarios del Consorcio Camisea en la solicitud de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), avalando con su presencia un negocio privado.
Es decir,  fue una política deliberada  de Estado que involucró a cuatro gobiernos (Fujimori, Paniagua, Toledo y García) lo que hizo posible la realidad y los beneficios socioeconómicos de la cultura del gas que ahora deben ser extendidos a nuestros compatriotas del sur.
Por ello, cuando los críticos a la participación del Estado y la intervención de PetroPerú señalan que el Estado “no debe invertir ni un dólar” en el gasoducto del sur soslayan la necesidad de construir un mercado, negando la posibilidad de una nueva industria, donde debiera apostarse por una alianza pública/privada entre el Estado y el Consorcio Kuntur, o con cualquier otra empresa que tenga la decisión y el financiamiento requerido por los altos niveles de inversión que pueden superar los 5,000 millones de dólares.
Es más, serán los estudios de mercado de organismos internacionales responsables como la CAF, COFIDE u otros los que establecerán el valor de las inversiones que generan naturales suspicacias, todo ello en el marco de la debida transparencia. Si se tiene presente que la tonelada de hierro en el 2007 tenía un precio de 39 dólares para superar los 100 dólares en el 2011, resulta evidente el incremento de los montos de inversión para el levantamiento del gasoducto, como que han subido el conjunto de equipo y  maquinaria utilizada en el sector.
Existe un potencial mercado identificado en el sector minero. Solamente en proyectos mineros en el sur del Perú existe una inversión estimada por encima de los US $ 30 mil millones de dólares, sea en Apurímac (Las Bambas, Los Chancas, Hierro Apurímac), en Cusco (Constancia, Antapaccay, Quechua, La Granja etc.), en Arequipa ( Ampliación de Cerro Verde, Tía María, Pampa de Pongo entre otras), Moquegua (Ampliación de Cuajone, Ampliación de la Fundición y Refinería más Quellaveco, Los Calatos etc.), en Puno  ( Corani, Ollachea, Bear Creck) y Tacna (Ampliación de Toquepala y Pucamarca)
Si a ello se agregan las inversiones en plantas petroquímicas para aprovechar los hidrocarburos de metano y etano contenidos en el gas natural de los lotes 88, 57 y 58 que serían transformados en Ilo Moquegua. Allí se levantaría nuestro polo petroquímico con inversiones superiores a los 10 mil millones de dólares, que permitirán producir no solamente fertilizantes sino sobre todo polietilenos a partir de la transformación del etano en etileno que permitan obtener una serie de subproductos desde plásticos hasta productos sintéticos, fibras, envases, etc.
En esta propuesta el Estado tiene que intervenir como promotor y protagonista si es que de verdad se quiere masificar la cultura del gas en los departamentos del sur peruano que por razones institucionales e históricas concentran a la mayor cantidad de peruanos que se reproducen en condiciones de pobreza y extrema pobreza.
Los 30 mil millones de dólares en proyectos mineros que requieren energía a precios competitivos, ambientalmente limpia, las inversiones en la generación eléctrica y petroquímica con montos superiores a los 15 mil millones de dólares requieren una participación e inversión inicial de parte del Estado por lo menos en el tramo del gasoducto que va desde Camisea a Quillabamba por estrictas razones de seguridad energética.
GAS PARA LOS POBRES
En tal sentido, la masificación del gas natural es un instrumento para alcanzar el desarrollo, para dotar a las pequeñas, medianas y grandes empresas la suficiente energía en cantidad y calidad que permita una mayor competitividad y bienestar. Ello permitiría que los departamentos del Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua, y Tacna que representan apenas un poco más del 12% del Producto Bruto Interno (PBI), en especial su población se beneficie de la “cultura del gas natural”.
Por experiencias de otros países el consumo residencial y vehicular siempre representan participaciones que no superan el 5% de la demanda total, por ello es importante la intervención del Estado y PetroPerú en su representación para la construcción de la demanda en el sur del país. Articular los intereses mineros, eléctricos, la petroquímica, las exportaciones con los intereses de la población demandan la participación del Estado.
En cuanto a la pobreza no estamos señalando solamente a los departamentos de Ayacucho y Huancavelica que con la estimación del índice de desarrollo humano (IDH) para medir la pobreza ocupan los puestos, 21º y 24º respectivamente que se benefician conjuntamente con Ica y Región Lima del Fondo de Desarrollo Socio Económico de Camisea (FOCAM), sino a departamentos como Puno que se ubica en el puesto 22º y Cuzco con el 17º, además de las poblaciones consideradas de Arequipa, Moquegua y Tacna. Mantener esta realidad recrea las condiciones para mayores conflictos sociales que ponen en riesgo la gobernabilidad del país.
Estos y otros aspectos se analizaron en el evento organizado por el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú y el Sindicato de Trabajadores Administrativos de PetroPerú, el viernes 11 pasado ante un auditorio calificado de profesionales ávido de conocimiento e información. En el Foro: “El Gasoducto Andino y el Rol del Estado con PetroPerú”, participaron como expositores centrales el Ing. Humberto Campodónico actual Presidente del Directorio de PetroPerú, y el analista estratégico Alfredo Barnechea acompañados por un calificado panel destacando Miguel Vega Alvear, Presidente de la Cámara de Comercio Perú/Brasil, Johnny Nahui ingeniero especializado en eficiencia energética y el suscrito.



miércoles, 16 de mayo de 2012

LA DEUDA HISTÓRICA CON EL SUR ANDINO Y LA ECONOMÍA GLOBAL

EL MERCURIO DIGITAL
Por Jorge Zavaleta Alegre.-

El futuro de América Latina pasa por una perspectiva global. La Cuenca del Pacifico surge en este siglo como nuevo horizonte. Las relaciones económicas permitirán atraer capitales, tecnología y mercado para los productos exportables. Proyectos peruanos como el gasoducto sur andino y el consiguiente complejo petroquímico tienen la misma o mayor dimensión integradora que cumple la Panamericana y el tren de la Sierra Central al puerto del Callao. 
Latinoamericana tiene hoy en día dos grandes oportunidades para ampliar sus relaciones comerciales. Centroamérica, a partir del Canal de Panamá, fortalece lazos con los EEUU. Sudamérica vuelca sinergias con Brasil y sigue de cerca experiencias como la de Noruega y la de Tennessee, cuya canalización de su principal río permitió abundante energía y convertir el valle en fuente de gran riqueza, superando la pobreza dejada por la extracción minera. 
El mundo ha cambiado. El contexto petrolero no es el mismo con relación a 1969. Las siete hermanas ya no son las principales petroleras. Si consideramos las reservas, las empresas privadas tienen un papel irrisorio. The Economist señala que las veinte primeras empresas petroleras mundiales por sus reservas: 16 son estatales, 3 privadas y una mixta. 
Las principales empresas de hidrocarburos de nuestra Región son públicas. El Perú recién empieza su reactivación mediante asociaciones con inversionistas privados. Petroperú no cuenta con petróleo. En este contexto la modernización de Talara, la construcción del Gaseoducto Sur Andino y el consiguiente complejo petroquímico, son proyectos que le permitirán retornar al upstream, capacidad que le fue arrebatada en la década del noventa. 
RESISTENCIAS. Pero esta nueva proyección empieza a tener resistencias desde los liberales fundamentalistas, ignorando que el sur andino representa el 23% de la población nacional, potencialmente muy rica en recursos, pero con una brecha sistémica, una deuda histórica dominada por la extrema pobreza. 
Las dificultades económicas que atraviesan los EEUU y Europa; el crecimiento de China e India, cual locomotora que consume materias primas de América Latina, ponen al descubierto el derrumbe del fundamentalismo liberal y dejando la evidencia de que la economía no puede ser entregada exclusivamente a manos del libre mercado. 
El fetichismo del mercado ha obligado a que los dueños del capital pidan el socorro de los Estados y éstos tengan que recurrir a las arcas fiscales para y evitar el colapso del sistema financiero internacional, sacrificando presupuestos para atender irrenunciables derechos sociales. 
Sin embargo, los grupos económicos beneficiados con los procesos de privatización, sobre todo en el Perú de fines del siglo pasado, tratan de mantener un Estado distante de la actividad productiva, avalando una burocracia empírica que se rebela contra la reforma del Estado y la consiguiente meritocracia. 
RESPUESTAS ALENTADORAS. Como la economía política no es estática, en el Perú comienzan a emerger voces democráticas que alientan un modelo donde la empresa pública y privada formalice alianzas para que los ciudadanos tengan acceso a los derechos esenciales, con igualdad de oportunidades. 
Según el decano del colegio de Ingenieros de Lima, Luis Mejía - al inaugurar un primer debate sobre el gasoducto andino y el rol del Estado con Petroperú - es una oportunidad para el país, dentro de una visión global, que no debe ser marcada por el inmediatismo ni por la disputa ideológica. 
Dicho foro, organizado por el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la estatal Petroperú, rompe con el largo silencio de la academia, de los empresarios y de los partidos políticos. Participaron como expositores Humberto Campodónico presidente de Petróleos del Perú, el escritor y analista estratégico Alfredo Barnechea y panelistas como Miguel Vega, presidente de Capebras; Jorge Manco, investigador de la Universidad de San Marcos; Johnny Nahui, especialista en eficiencia energética y energías renovables y un amplio diálogo con numerosos asistentes. 
En el mundo, las diez empresas más grandes con concesiones petroleras son estatales. En el Perú operan varias empresas públicas como ENAP de Chile, Ecopetrol de Colombia, Petrobras, entre otras. El mandato del actual gobierno peruano es poner el péndulo al centro. La Ley 29817 declara de necesidad pública el trasporte de hidrocarburos, y encarga una gestión a favor de la descentralización y a generar valor agregado al uso petroquímico. 
En Ayacucho, tierra donde apareció el movimiento violentista Sendero Luminoso, no existen instalaciones de gas, no obstante que el gasoducto Camisea - Pisco atraviesa ese territorio. 
El gasoducto andino es un mecanismo para construir mercado interno, y se espera que el gobierno otorgue las mismas facilidades que gozó el proyecto de exportación del gas de Camisea, con exoneración de impuestos de ocho años, convocatoria a Electroperú para producir energía con gas y una serie de mecanismos, de leyes y de normas que favorecieron a formar la cultura del gas para la comercialización externa. 
El gasoducto andino debe superar aquel efecto histórico del fallido intento de la Confederación Peruano – Boliviana. En el 2004 el presidente boliviano Carlos Meza presentó al Perú el proyecto de integración gasífera señalando que “El Perú y Bolivia no tienen que unirse sino de reunirse”, propuesta que encontró el silencio de ministros peruanos como Pedro Pablo Kuczynski y Jaime Quijandría, que preferían Chile para hablar de un mejor mercado. 
Sin energía no hay desarrollo. Los departamentos del sur representan el 12% del PBI. El gasoducto va a dinamizar la economía. En esta región hay proyectos mineros por más 30 mil millones de dólares, que podrían movilizar la demanda energética con la debida responsabilidad social y ambiental. Además en la selva central, una de las 18 cuencas gasíferas, hay suficientes reservadas probadas de gas que asegurarían el desarrollo sostenible, según precisa Perúpetro, la agencia nacional de hidrocarburos. 
Petroperú debe conseguir la integración vertical. El gasoducto es una oportunidad de integración del país, bajo ideas sustanciales: competencia con el mercado de gas en la estructura Camisea – Pisco -Lima que abastece el centro del país. El fururo Eje Camisea – Cusco – Ilo, tendrá rápida repercusión en el parque automotor con gas del lote 88, con precio regulado como factor de estabilidad, que evitaría “gasolinazos” en esa zona. 
Otra idea central. El Perú en los noventa fue más lejos de la privatización estableciendo un eje económico que plantea la supremacía de la ley de la oferta y la demanda. En el mundo hay varias escuelas económicas que coexisten, pero el problema se complica cuando una de ellas al proponer una salida, una solución, la considera como única. 
En el lenguaje de los economistas se le conoce como Tina: “There is not another”: No hay alternativa salvo la que yo diga. Yo digo solo el mercado. Yo digo no a las empresas públicas. No debe haber salario mínimo. Lo que dice el otro está sencillamente equivocado. 
Si persiste un solo tipo de planteamiento, tal actitud lleva a mesianismos y autoritarismos. El actual gobierno peruano propone en su hoja de ruta el planteamiento de encontrar un equilibrio del mercado. Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Parece importante poder lograr ese equilibrio. 
El mundo está viviendo una crisis donde hay demasiado déficit fiscal y es necesario austeridad. Estamos viviendo el coletazo de una sociedad que deja la autonomía de libre mercado, sobre todo en el sector financiero. Se crearon enormes salvatajes para los bancos, donde habría especulaciones hipotecarias. El estado creo una deuda importante. Queremos saber si hay elementos alternativos más allá de la austeridad y el equilibrio fiscal o que no importa que tengamos cinco…ocho años de desempleo, de crisis. Las recientes elecciones de Francia representan la misma búsqueda que hemos tenido en Perú. El objetivo es la sinergia con la empresa privada, poniendo a la empresa estatal como agente del Estado. El verdadero debate pasa por el desarrollo del sur andino, que tenga gas, unido al transporte, al polo petroquímico, al país. Debemos acercarnos no solo a un debate técnico sino a un debate sobre un proyecto importante para el Perú del siglo XXI.

jueves, 10 de mayo de 2012

EL EFECTO "SHALE" SOBRE REPSOL

Escrito por : Alvaro Ríos *
Publicado en el diario El Comercio, el jueves 10 de mayo de 2012 (Sección B - Economía, pág. B-2)

El desarrollo económico de los ya famosos recursos no convencionales de petróleo y gas natural (shale oil y shale gas, en inglés) ha golpeado muy duro a Repsol en Argentina, lo está empezando hacer en el Perú y estamos seguros de que lo hará en Bolivia más adelante.

En Argentina, algo totalmente inesperado ocurrió el 2011. Merced a lo que aconteces en EEUU con el "shale gas" y mediante analogías geológicas y de mejores prácticas, ese año, YPF comunica al mercado mundial la enorme riqueza que existe y que puede ser desarrollada econícamente en Neuquén, principalmente en Vaca Muerta.

Nos queda aún en la memoria la célebre frase que pronunciaban muy orgullosamente los ejecutivos españoles, tanto de Repsol como de YPF en las conferencias de energía en la región y el mundo: "Vamos a cambiar la ecuación energética del Cono Sur a partir de Vaca Muerta".

Es importante entender que YPF tiene 79,5% de los recursos contingentes de Vaca Muerta y tiene reservas probadas de petróleo equivalente (entre petróleo y gas) de 33 MMbbls (nillones de barriles). Esta inmensa riqueza, a nuestro juicio, es el detonante fundamental para la decisión del gobierno de expropiar el 51% de YPF.

En Perú, Repsol apostó hace más de media década muy fuerte por el gas natural en toda la cadena y en la exportación de GNL a México. Nuevamente el desarrollo de "shale gas", pero esta vez en EE.UU., le juega una muy mala pasada a Repsol.
Los precios en el mercado norteamericano están bastante deprimidos debido a la alta producción y ofeeta de "shale gas" y se debe aterrizar con GNLcon precios de US$ 2 a US$ 3 por MMbtu (millones de unidades térmicas británicas) en ese mercado por unos buenos años más. Los precios finales no cubren ni los costos de transporte y licuefacción y la ecuación económica está bastante compleja.

Estos bajos precios de exportación han hecho que el Perú ha conmine al consorcio Camisea (en el que Repsol es parte) para que pague regalías como mínimo sobre el promedio del mercado interno, que será más elevado que el se dará para la exportación en el futuro.También se ha iniciado una investigación para averiguar si Repsol ha estado desviando exportaciones a mercados con mejores precios como el asiático, aduciendo exportaciones a Norte América, con bajos precios.

Si sumamos el reclamo por las reservas del lote 88 que deben ir al mercado interno, confirmamos que Repsol no la tiene muy fácil en el Perú en los años que vienen.

En Bolivia, en el año 2006, la administración de Evo Morales axusaba a Repsol de todo y llegó a poner a uno de sus máximos ejecutivos tras las rejas. Con la inmensa riqueza de gas bajo la tierra en los campos de Margarita / Huacaya y con la perspectiva de exportar gas a Argentina, Repsol logra seducir al gobierno y al momento mantiene inmejorables relaciones con millonarias inversiones en base al contrato firmado.

El gas y petróleo no convencional que se desarrollará en Neuquén tendrá efectos sobre el cumplimiento del contrato con Bolivia en unos años más. Argentina no es un país que se destaque por cumplir sus compromisos internacionales y en cuanto retome producción llamará a renegociar precios y condiciones. El desarrollo de extensos recursos de "shales" en el planeta hará que se den más giros fundamentales en esta industria. Por estos días, golpea muy fuertemente a Repsol en Argentina y empieza a sentir sus efectos en Perú y le afectará en Bolivia en unos años más.
Mercedes Sosa con implacable y cálida voz nos recordaría: Cambia todo cambia.
* Actual Socio Director de Gas Energy y DI International

miércoles, 2 de mayo de 2012

PERÚ: MÁS CANON CON MENOS PRODUCCIÓN

DERRUMBE DE LA PRODUCCIÓN DE CRUDO

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

El canon y sobrecanon de hidrocarburos es una reindivicación muy sentida en los departamentos productores como Piura y Loreto, que desde fines de los años setenta del siglo pasado lograron con masivas movilizaciones populares la conquista en la participación directa del 10% del valor de la producción como canon petrolero, y el 2.5% como sobrecanon que se entendía como una compensación a una región fronteriza como Tumbes que había perdido su condición de productora, habiéndose iniciado allí en Zorritos la actividad de hidrocarburos desde fines del siglo XIX.

En la actualidad son los departamentos de Piura, Tumbes, Loreto, Ucayali y la provincia Puerto Inca de Huánuco los que están percibiendo las transferencias del canon y sobrecanon que desde este año se está abonando con una nueva fórmula. Así, el canon en lugar del 10% del valor de producción de petróleo y gas es ahora del 15%, y el sobrecanon que era 2.5% se ha incrementado al 3.75% del valor de la producción.

Ello es posible en el marco de la descentralización fiscal que impone la ley aprobada por insistencia por el Congreso de la República Nº 29693 promulgada el 31 de mayo del 2011. Gracias a la nueva fórmula en la determinación del canon y sobrecanon petrolero que se ha homologado con el canon gasífero que percibe el departamento del Cuzco, se han incrementado los ingresos para los departamentos en referencia.

Se debe tener presente que el canon gasífero por ahora limitado al departamento del Cuzco está determinado por el 50% de las regalías abonadas por el Consorcio Camisea al fisco y el 50% del impuesto a la renta pagado por el Consorcio. En ese sentido, el nuevo canon y sobrecanon de hidrocarburos considera adicionalmente que se transfiera el 50% del impuesto a la renta pagado por las empresas productoras y el 50% del impuesto a la renta abonado por las empresas de servicios auxiliares y complementarios.

Por ello, para el conjunto de los departamentos beneficiados, teniendo en consideración que el abono se hace con un retraso de casi treinta días, así el canon transferido en enero corresponde al valor de la producción de diciembre del año anterior, el canon transferido en febrero corresponde al valor de la producción de enero y así sucesivamente. Así, se expone el canon y sobrecanon correspondiente al primer trimestre del 2011 en relación al 2012 para los departamentos de Piura y Loreto que son los más importantes a nivel de la producción de petróleo crudo.

Estas transferencias a nivel global por canon petrolero se han incrementado de 259 millones a un poco más de 448 millones de nuevos soles. Es decir, los gobiernos regionales, gobiernos locales, universidades públicas e institutos pedagógicos de dichos departamentos en su conjunto han percibido 188 millones de nuevos soles más, lo que significa una variación positiva de 73% Tal como se puede observar en el cuadro “Perú: Canon y Sobrecanon Petrolero (Enero/ Marzo 2012)

Si bien está norma fue aprobada en la agonía del gobierno pasado, es la actual administración la que está abonando los recursos del canon bajo la nueva fórmula. De allí la necesidad de analizar los determinantes que explican estas mayores transferencias en cumplimiento del mandato constitucional. Con la nueva determinación del canon las variables además del precio internacional, y los volúmenes de la producción fiscalizada de petróleo y gas, son los valores del impuesto a la renta pagado por las empresas productoras y de servicios.

Si bien el precio internacional del petróleo que sirve como marcador el West Texas Intermediate (WTI), tiene una influencia relativa en el aumento del canon petrolero,  al pasar de un promedio de US$ 79.48 dólares el barril  en el 2010 a un precio de US$ 94.88 dólares en el 2011 lo que determina una variación de 19.4%. Por tanto, más del 50% de la variación se debería al mayor valor de la producción considerado, a la participación del impuesto a la renta, pues la producción de crudo tiende a la disminución en especial en Loreto, donde se extrae crudo de los lotes 8 y 1-AB

Es decir, el efecto precio explica una parte del valor de la producción, la otra tiene que ver con los volúmenes producidos de petróleo y gas, que lamentablemente tienden a la disminución más el impuesto a la renta pagado por las empresas directamente e indirectamente. De allí, la importancia de haber incrementado el canon del 10% al 15% para que una mayor porción del valor creado en la cadena de la producción capitalice las regiones.

PIURA Y LORETO CON UN CANON DIFERENCIADO

Destacan los efectos diferenciados en las transferencias del canon y sobrecanon entre los departamentos Piura y Loreto petroleros por excelencia. Así, Piura pasa de percibir en el primer trimestre del 2012 por dicho concepto un poco más de 230 millones de nuevos soles, montos muy superiores a los 119 millones que percibió en el primer trimestre del 2011. Esto hace una variación positiva del 93%, lo cual significa mayores recursos para los gobiernos locales piuranos que debieran servir para fomentar inversiones en el desarrollo de ventajas competitivas, con educación y salud de calidad, en obras de infraestructura de impacto regional.

Sirva el caso de la provincia de Talara de donde se extraen los mayores volúmenes de petróleo y gas superiores que en la región (Piura y Tumbes) superan los 42 mil barriles diarios bajo responsabilidad de una serie de empresas productoras. De la Cuenca Talara y Zócalo Continental se han extraído en más de 120 años de explotación un aproximado de 1,500 millones de barriles de crudo. Sin embargo, el servicio de abastecimiento de agua potable de la ciudad es una calamidad. Las familias tienen a lo sumo una hora o dos horas diarias de acceso a tan vital recurso. Lo cual resulta contradictorio con la riqueza creada.

Por la distribución del canon petrolero a la provincia de Talara le corresponde el 20% del canon departamental por ser reconocida como zona productora, a  ello se suma su participación como provincia conformante del departamento lo cual ha permitido incrementar el canon de S/ 30.4 millones de nuevos soles en el primer trimestre del 2011 a S/ 45.8 millones de nuevos soles en el 2012, lo que significa un incremento de 50% más en tan valiosos recursos.

Ello significa que Talara y sus distritos en el primer trimestre del 2012 ha percibido por canon más de la mitad de lo que percibió por dicho concepto en el 2011, de allí la importancia de una gestión moderna y transparente de los gobiernos locales para un mejor uso de los recursos provenientes de la explotación de petróleo y gas que en algún momento se agotarán.

De la misma manera en provincias donde se cuestiona la actividad de hidrocarburos con argumentos atendibles, como Paita o Sechura el aumento del canon y sobrecanon petrolero es significativo en más del 52%, así si Paita percibía S/ 15.6 millones en el primer trimestre del 2011 ahora se le ha transferido más de S/ 24 millones de nuevos soles, tal como se puede apreciar en el cuadro “Piura: Canon y Sobrecanon Petrolero a Nivel Provincias”.

Sin embargo, distinta es la realidad del departamento de Loreto que pasa de percibir en el primer trimestre del 2012 por dicho concepto un poco más de 96 millones de nuevos soles, montos superiores a los 62 millones que percibió en el primer trimestre del 2011. Esto hace una variación positiva del 57%, lo cual significa mayores recursos para los gobiernos locales del departamento selvático, que hoy se debate en emergencia ante las crecientes de los ríos que han provocado tragedias afectando a miles de compatriotas.

En términos globales la distribución del canon y sobrecanon se ha revertido en relación al pasado donde Loreto detentaba la mayor participación en el canon de hidrocarburos cuando producía más de 65 mil barriles diarios y hoy no se extraen ni 30 mil barriles diarios. Por ahora es el departamento de Piura que capta el 51% del canon distribuido al primer trimestre del 2012, Loreto participa con el 21%, seguido por Tumbes que capta el 17% y Ucayali que retiene el 10%

En el primer trimestre del año Piura percibe  230 millones de nuevos soles y Loreto un poco más de 96 millones por concepto de canon y sobrecanon a pesar de la nueva fórmula, esta es una realidad que debiera preocupar por la disminución pertinaz de la producción de crudo. Si se aspira a la gobernabilidad, superando los conflictos sociales, como el llamado “baguazo” que significó la muerte de muchos compatriotas, se debiera promover con responsabilidad social y ambiental las inversiones en el sector de hidrocarburos.

Para el 2012 con la preocupante disminución de la producción de crudo en los lotes del noroeste cuyos contratos están próximos a su vencimiento por falta de inversiones, ante la incertidumbre contractual, y en especial en los lotes de la selva norte como los lotes 8 y sobre todo en el Lote 1-AB se vislumbra, a pesar de la nueva fórmula del canon, una dramática caída de estas transferencias que se constituyen en recursos esenciales en las partidas de los gobiernos regionales y locales.