martes, 16 de junio de 2015

Escrito por: Humberto Campodónico
Publicado en el diario La República*
 Lunes 15 de Junio del 2015

  LECCIONES DEL TRIUNFO DE PERUPETRO EN EL CIADI

Ha pasado casi desapercibido un hecho fundamental, acaecido la primera semana de mayo. Se trata del triunfo de Perupetro contra el Consorcio Camisea (CC) en el Tribunal del Banco Mundial por la reexportación de Gas Natural Licuado en el 2010. Por ello el Perú va a recibir US$ 62 millones no pagados por el CC. La cosa es así. Repsol era la empresa encargada de vender el Gas Natural Licuado (GNL) que se produce en Pampa Melchorita, Cañete, de propiedad de Peru LNG. La cuestión es que el destino final de 10 embarques del GNL en el 2010 no fue el puerto mexicano de Manzanillo –donde el gas se paga a un precio superbarato– sino que fue re-exportado a otros destinos donde el precio del GNL es entre 4 y 5 veces superior al Henry Hub (HH, precio de EEUU y también de México). 

 Eso se mantenía oculto, pues en el Perú el CC daba como destino el puerto donde se pagaba HH. Como consecuencia, la regalía de 37% que el CC le pagaba a la Sunat no consignaba el precio verdadero sino el ficticio (HH). Pero funcionarios de Perupetro comenzaron a sospechar. Y se contrató a la empresa Galway para que investigue. A fines del 2011 Galway presentó un lapidario informe: el destino final del gas no fueron los puertos Freeport, Sabine Pass y Cameron de EEUU. No. El gas peruano se había reexportado a otros países. Perupetro, entonces, notificó al CC esta irregularidad, la misma que podía calificar como “incumplimiento de contrato”.

 Finalmente, Perupetro le planteó al CC que debía devolver al Perú los montos de la regalía no pagada. El CC decidió acudir al CIADI (Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial) en Washington. Después de 3 años de análisis, esto dijeron los 3 árbitros del CIADI (1): “El Tribunal Arbitral decide por unanimidad que existe una obligación del Contratista de entregar la información a Perupetro respecto del terminal de última descarga, es decir, aquella donde se llevará a cabo el consumo final del gas del Lote 56 y pagar la regalía pactada, basada en el mercado de consumo final” (Art. 216). Añade: “El TA decide por unanimidad que el Consorcio incumplió con las obligaciones de calcular correctamente la regalía pactada para los 10 cargamentos objeto de la disputa, ya que aplicó el marcador correspondiente al terminal de descarga que no fue aquel en donde se realizaría el consumo final real del gas natural” (Art. 217). 

 Más claro ni el agua. Perupetro ganó un partido clave en las “grandes ligas”. Felicitaciones a sus funcionarios, en todos los niveles. Y, también, a los estudios de abogados, aquí y en el extranjero, que defendieron los argumentos peruanos. Por el contrario, nuestras críticas van centradas, sobre todo al CC que, como dice el Tribunal, “sabía o debería saber” que el destino final eran mercados con marcadores de mayor valor, como el Reino Unido, India, Japón, España y Brasil. Dicho de otro modo, nos estaban “haciendo cholitos”. ¿Y la prensa “concentrada” ha sacado algún editorial sobre este tema? Sabemos la respuesta. Este fallo tiene muchas más vueltas de tuerca. Por ejemplo: si en Perupetro no se hubieran “puesto las pilas”, las pérdidas serían mayores.

 Desde el 2011 hasta acá han habido 99 embarques más a México y suponemos que se ha pagado el precio barato del HH. Si la mitad de estos embarques se hubiera reexportado, eso habría significado pérdidas cercanas a los US$ 300 millones. Hay más. Se acaba de saber, a principios de junio, que Shell (que compró a Repsol sus derechos para exportar el gas en el 2013) ha estado haciendo lo mismo que Repsol en el 2011 (2), según un funcionario de Perupetro. Sin embargo, poco después, el presidente de Perupetro, Luis Ortigas, dijo que lo que había sucedido era que Shell había vendido el gas en México, pero no al precio bajo del Henry Hub, sino a un precio bastante mayor. Agregó Ortigas que eso no significa incumplimiento del contrato y que se está en conversaciones con Shell para que pague la diferencia (ídem).

  ¿Eso nomás?

El fondo de la cuestión aquí no es solo que Shell no le dijo a Perupetro que vendía en México a mayor precio, sino que el Estado peruano no tiene injerencia en los contratos de exportación del gas, debido a que no es el dueño de la molécula. Esto porque el Art. 10 de la Ley 26221 de 1993 establece que el dueño es el licenciatario, previo pago de la regalía. Allí está la madre del cordero: no tenemos la propiedad de los recursos naturales. Pero todavía hay más: la Comisión Federal de Electricidad de México tiene el contrato con Shell para comprar el gas al precio HH, como sabemos. Pero también la CFE firmó contratos en el 2013 y el 2015 para comprar gas a precio “spot” a Trafigura y British Gas, pagando US$ 15 a 16 por millón de BTU, mientras que el HH está en US$ 3 por millón de BTU. O sea, la CFE compra a precio “de regalo” al Perú y caro a otros “traders”. Aunque usted no lo crea (3). Es hora de que esto termine. El triunfo de Perupetro en el CIADI debe significar el primer paso para que Perú recupere la propiedad de la molécula, lo que pasa por la derogatoria del Art. 10 de la Ley 26221. ¿No es cierto? 

 (1) Ver el fallo completo, en español, en:

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4284_0.pdf (2) http://www.reuters.com/article/2015/06/03/peru-shell-lng-idUSL1N0YP02J20150603 (3) Ver www.cristaldemira.com, 30/09/2013.


 (*)Ver publicación en:

http://larepublica.pe/impresa/opinion/7844-lecciones-del-triunfo-de-perupetro-en-el-ciadi

lunes, 8 de junio de 2015

¿Desabastecimiento de gas o desinterés político? *

Publicado en: Otra mirada *
Lunes 8 de Junio del 2015

En las últimas semanas el país ha tenido que enfrentar el desabastecimiento del gas licuado de petróleo (GLP). Los más afectados fueron las amas de casa y los transportistas. El precio del balón de gas de 10 kilos se incrementó hasta en S/.8.00. En los grifos el precio del GLP se triplicó y las colas de vehículos se tornaron kilométricas. En el interior del país se bloquearon carreteras en señal de protesta. No es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo. ¿Cuántas veces más se tendrá que exponer a la población a la escasez de recursos energéticos?

Las causas del desabastecimiento que se deslizaron responden a problemas técnicos y ambientales.  La ruptura de un gaseoducto en Anco (Ayacucho) registrado el mes pasado y la crecida del río Camisea (Cusco), que generó la erosión en otro gaseoducto, influyeron negativamente en la producción de combustible. Sumado a esto, el oleaje anómalo que se presentó en las últimas semanas también dificultó el acceso al GLP, dado que la mayor parte de este es transportado por vía marítima.

Por su parte el gerente general de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas (ASEEG), Abel Camasca, declaró que la demanda del GLP se ha quintuplicado en los últimos años y que era responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas (MEM) prever esta situación. También, señaló que no es posible que hasta el momento no se haya ampliado la capacidad de almacenamiento del GLP. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) procedió a sancionar a los establecimientos que no contaban con las reservas del caso. No obstante, esta institución tampoco informó a tiempo respecto al desabastecimiento que desde hace un mes atrás se veía venir y cómo es que debía enfrentarse.

Esto es solo una muestra de la desorganización con la que trabajan nuestras instituciones. La improvisación persiste y la mejor forma de solucionar las cosas es imponiendo multas que a fin de cuentas solo perjudican a los más débiles: los pequeños distribuidores, el último eslabón de la cadena productiva de GLP. De Pluspetrol y el monopolio que maneja con Repsol nadie dice nada. El Estado, de brazos cruzados, permite que las transnacionales negocien como mejor les parezca nuestros recursos. Incluso, contribuye a ello postergando una y otra vez, gobierno tras gobierno, proyectos que permitirían acceder al combustible a un precio más justo, como el Poliducto Pisco-Lurín.

Un proyecto que nunca se concreta

El GLP puede producirse del gas natural (GN) y del petróleo. El gas natural debería ser la opción más económica dado que contamos con grandes yacimientos gasíferos. Actualmente, el 96% del GLP que consumimos proviene de Camisea. Sin embargo, carecemos de la infraestructura para transportarlo. El monopolio del transporte está en manos de la empresa argentina Pluspetrol, que lleva el gas desde la planta de fraccionamiento ubicada en Pisco hasta el puerto del Callao para su distribución a nivel nacional. El traslado vía marítima implica un alto costo de flete. Pluspetrol cobra $85 por flete de una tonelada de GLP. El Estado no puede intervenir en la fijación de este monto pero sí podría hacer algo para equilibrar el mercado.

Con la construcción del Poliducto Pisco-Lurín se pensaba combatir precisamente este monopolio. De realizarse esta obra, el GLP sería más barato hasta en un 15%, cifra estimada en 2008 por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). Esta obra de 240 kilómetros de longitud, permitiría transportar hasta 30,000 barriles de GLP por día. El nuevo costo de transporte se fijaría a $50 por tonelada de GLP.  Considerable reducción. Un beneficio para los consumidores finales que afectaría directamente los intereses de los privados.

Y es por eso que desde el 2008 hasta la fecha el proyecto no ha podido concretarse. Ese año se entregó la buena pro a Poliductos del Perú, constituido por Graña y Montero Petrolera y Oiltanking Perú. Sin embargo, se aplazó la construcción y debido al incumplimiento en el contrato la empresa llevó al Estado a un proceso de arbitraje. El poliducto quedó en el olvido hasta hace unos días. Ante la presión mediática, el MEM ha declarado que en un plazo máximo de dos años el proyecto estará concluido. Se tenía previsto que para el mes de Julio se adjudicara la buena pro pero esta se ha reprogramado para Setiembre. La espera nunca termina. Esta aparición parece ser otra medida desesperada con la que se busca poner paños fríos a la situación.

Por otro lado, en esta gestión se creó el Fondo de Inclusión Social Energético (Fise), a través del cual las poblaciones de escasos recursos reciben un subsidio del Estado de S/.16 para la compra de balones de gas. Pero esta no es la solución. Es solo un paliativo, una medida populista promovida por el gobierno que no contempla a todos los afectados sino apenas a una minoría. El precio del balón de gas debe reflejar su costo real, libre de subsidios de este tipo, para beneficio de todos los peruanos. En ese sentido, incluso se debería priorizar el abastecimiento local de gas natural antes que la exportación, la cual se ha negociado a un precio ínfimo.


Se trata de un tema de seguridad energética y es evidente que nuestras autoridades no saben administrar los recursos de todos los peruanos. Una vez más, los intereses extranjeros se han establecido por encima del bienestar de la sociedad. En un país productor y exportador de hidrocarburos como el nuestro, es imposible creer que enfrentamos únicamente el  desabastecimiento de recursos energéticos. El problema es que estamos ante la carencia de interés político de parte de nuestras autoridades para revertir esta situación de una vez.


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