viernes, 27 de noviembre de 2015

MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL Y PETROQUÍMICA AHORA

PRECIOS BAJOS Y SOBREPRODUCCIÓN DE GAS NATURAL

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

En razón del debate suscitado sobre los problemas de la distribución del gas natural en el departamento de Piura, donde a las empresas productoras se les valoriza en el punto de fiscalización a un precio promedio de US$ 3.0 dólares el millón de BTU, y la empresa colombiana Promigas pretende facturar por encima de los US$ 22 dólares el mismo millón de BTU al consumidor residencial. Por ello cabe interrogarse ¿Tanto costaría la distribución de gas natural en Piura?

Si se tiene presente que aproximadamente el 0.44 de un millón de BTU (unidad de calor British Thermal Unit) resulta equivalente en poder calorífico a un balón de 10 kilos de GLP, podemos afirmar que los consumidores del país estamos pagando sobreprecios, precios abusivos por el gas licuado de petróleo, de allí la necesidad de una política de masificación del gas natural sobre todo en los departamentos del sur y norte del Perú, pues el consumidor en lugar de estar pagando más de 36 soles por un balón de GLP debiera estar abonando a lo sumo 12 soles en su equivalente en gas natural.

En tal sentido, lo que está aconteciendo sobre la realidad del gas natural nos debiera preocupar de sobremanera pues se está definiendo el futuro de la industria y poniendo en riesgo su masificación en un contexto de cambio de gobierno donde las empresas transnacionales están decidiendo en última instancia sobre el futuro energético del Perú, en función de su rentabilidad soslayando la masificación.

Así, los representantes empresariales señalan que existe una sobreoferta del gas natural sobre todo de los campos de Camisea, lotes 88, 56, 57 y 58 pero el abastecimiento para el Gasoducto Sur Peruano no está asegurado, pues no contaría con las reservas probadas certificadas.

También se reconoce que lo consumido desde el 2004 a la fecha tanto por el mercado interno y la exportación no supera los 2.5 trillones de gas natural (TFC) y que hay gas en demasía para los próximos 50 años…. pero el Gasoducto Sur Peruano no tiene reservas aseguradas de gas natural. Es decir, existen reservas probadas de gas natural pero las mismas no estarían disponibles para el gasoducto del sur. ¿Cómo entender esta compleja y contradictoria realidad?

Por ello, en una nota periodística del diario de Negocios Gestión del 19 de noviembre el más alto representante de Pluspetrol, empresa responsable de las operaciones de los lotes 88 y 56 señalaba que:

“El gerente general de Pluspetrol, Germán Jiménez, afirmó que el reto genuino que tiene en estos momentos Camisea no es encontrar más gas, sino colocar el que ya produce. Esto  porque la planta de Malvinas tiene un exceso de 30% por reinyección de gas que no utilizan las generadoras eléctricas y que no pueden vender por tener contratos firmados.
“Los generadores eléctricos son nuestros mejores clientes, pero lamentablemente las reglas de juego que tienen en este momento hacen que no necesariamente estén preocupados en consumir el gas, sino de tener contratos. Nos estamos quedando con gas en estos momentos, tenemos recursos y reservas, una capacidad de planta en exceso para lo que se consume”, dijo
A esta situación se suma los bajos precios del gas, lo que impacta directamente en las inversiones que se deberían realizar y que incluso, de mantenerse, podrían influir en la sostenibilidad del negocio, más aún si existe un riesgo de 80% de fracasar en las exploraciones.

BAJOS PRECIOS DEL GAS NATURAL EN PIURA

Con la información disponible al mes de setiembre del 2015 del Reporte Mensual de Hidrocarburos publicado por PerúPetro se exponen los precios del gas natural de los principales lotes productores según la canasta referencial en el punto de fiscalización donde se fijan las regalías por abonar al estado.

Desde el punto geográfico los precios del gas provenientes de los lotes donde se extraen volúmenes de gas natural en el norte del país serían los correspondientes al lote I bajo responsabilidad de la empresa Graña y Montero Petrolera que bajo un contrato de servicios valoriza el precio en 2.91 dólares por millón de BTU.

Luego está el lote II que corresponde a la petrolera nacional Petromont que valoriza el millón de BTU a un precio de 3.03 dólares según la canasta referencial. Se debe tener presente que tanto el lote I como el lote II estarían comprometiendo los volúmenes de gas natural para la empresa Gases del Norte que resulta ser una filial de la colombiana Promigas, la misma que aspira a la distribución de gas natural en Piura y norte del país asumiendo una indeseable posición de dominio.

En la controversia por la distribución del gas natural en Piura debe tenerse en cuenta los precios del lote XIII donde opera la petrolera Olympic que manifiesta dos precios, donde el precio de 1.50 dólares por millón de BTU sería para la generación eléctrica de su planta que tiene una potencia superior a los 45 megavatios, con lo cual aprovecha el energético para sus propias operaciones y el resto lo destina al sistema eléctrico interconectado.

De otro lado, en el mismo lote XIII aparece el precio 1 de un valor de 2.56 dólares el millón de BTU que sería el precio del gas natural para las empresas industriales y pesqueras que le compran este energético que durante tanto tiempo se ha desperdiciado en el norte del país.

Por último, en la misma Cuenca de Talara aparecen los precios del gas natural correspondientes a los lotes VII-VI bajo responsabilidad de la empresa estatal china Sapet por valor de 2.24 dólares el millón de BTU, y los precios del gas del lote X por un valor de 2.16 dólares por millón de BTU, donde opera la también estatal china CNPC.

En resumen, los precios del gas natural fiscalizado que se extrae en Piura en promedio son menores a los 3 dólares el millón de BTU como se puede apreciar en el cuadro respectivo. Sin embargo, esto que debiera ser una ventaja se convierte en un problema pues la decisión sobre el destino final de los hidrocarburos resulta ser una decisión privada, de allí la importancia de apostar por la masificación e industrialización del gas natural en el país

PRECIOS DEL GAS DE CAMISEA: VENTAJA O MALDICIÓN

Con el cuadro en mención se puede observar el precio del gas natural del lote 88 según la canasta referencial donde el precio 1 por un valor de 2.15 dólares el millón de BTU constituye el precio del energético para la generación eléctrica, y el precio 2 equivalente a 3.19 dólares el millón de BTU estaría referido al precio del gas natural para el uso industrial.

Si se tiene presente que la producción fiscalizada al mes de octubre del presente correspondiente al lote 88 supera los 724 millones de pies cúbicos diarios, sea para uso de la generación eléctrica,  industrial, automotor y residencial, tiene un precio regulado, es decir un precio barato que debiera constituir una ventaja competitiva para la industria y los negocios en general.

Sin embargo debiera llamar la atención los niveles de precios del gas provenientes del lote 56 que se exporta en su integridad, y que resultan más baratos a los precios regulados del lote 88. Donde por la naturaleza de su determinación al precio final de destino de exportación se le deben restar los distintos costos asumidos, tal como lo determina la teoría del precio hacia atrás (Net Back Price) 

Sin una regulación explícita, es decir por la fuerza del libre mercado, los precios del gas natural proveniente del lote 56 para la exportación se constituyen en uno de los más baratos del mundo pues fluctúan entre 0.32 centavos de dólar por millón a 1.76 dólar el millón de BTU según sea el mercado final, como el deprimido mercado norteamericano que tiene como fijador el precio Henry Hub  y/o algún mercado asiático.

Lo cierto y evidente que con precios de 0.32 centavos por millón de BTU las regalías del 40 por ciento por percibir resultan francamente miserables, de allí la necesidad de renegociar los lesivos contratos de exportación que se asumieron durante  el gobierno del presidente Toledo.


Por el contrario, un nuevo gobierno que asuma  la defensa del interés público sobre el interés privado debe favorecer la masificación del gas natural a lo largo y ancho del país, apostando por políticas de valor agregado que permitan aprovechar el metano y etano contenido en el gas natural, las mismas que se desperdician en la generación eléctrica, haciendo realidad la petroquímica básica y avanzada.


viernes, 13 de noviembre de 2015

OSINERGMIN RECHAZA ASALTO TARIFARIO

OSINERGMIN RECHAZA ASALTO TARIFARIO
PIURA EXIGE TARIFAS BARATAS  CON GAS DE LA REGIÓN

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Respecto al problema de la masificación del gas natural en el departamento norteño de Piura, son cada vez más evidentes y graves los cuestionamientos al proceso de adjudicación de la distribución de gas natural a solicitud de la empresa Gases del Norte; éstos provienen de diversas instituciones, medios de comunicación, el colegio de Ingenieros de Lima y la región, frentes de defensa, federación de trabajadores petroleros y afines, alcaldes, regidores entre otras razones por los altos costos que tendrían las tarifas residenciales y del pequeño comercio, que pondrían en riesgo la esperada masificación.

En el mismo sentido, llama la atención la preferencia del Ministerio de Energía y Minas por medio de la Dirección de Hidrocarburos (DGH) para favorecer este lesivo proceso que violenta el ordenamiento legal, que acusa una falta clamorosa de competencia y la debida transparencia para el otorgamiento sí o sí de  la concesión de la distribución de gas natural  a favor de la empresa colombiana Promigas que adopta el nombre de Gases del Norte S.A.C. (Gasnorp). 

Frente a esta realidad el organismo regulador Osinergmin mediante el oficio Nº 1045-2015-GART dirigido a Gasnorp con fecha 06 de octubre se ratifica en el contenido de las 58 observaciones efectuadas. Así, en un lenguaje técnico y edulcorado, el regulador le dice a la empresa colombiana : “De la revisión de la documentación señalada se evidencian nuevos criterios e información que no corresponde con los supuestos considerados en la propuesta presentada por su representada a este organismo, por lo que resulta necesario que la nueva información sea evaluada y tomada en consideración por su empresa para la formulación de una nueva propuesta tarifaria, la misma que será evaluada de conformidad con el procedimiento previsto(…) En tal sentido, este organismo reiniciará el procedimiento el procedimiento de evaluación de la propuesta tarifaria a la presentación del estudio tarifario solicitado que deberá considerar los nuevos criterios e información ya indicados”.

En el fondo se cuestionan la falta de base y sustento de la propuesta tarifaria presentada ante dicho organismo; sea por la ausencia de reservas aseguradas de gas natural, el alto costo de las tarifas finales que asumirían los usuarios residenciales y del pequeño comercio, por los altos montos de inversiones injustificados que encarecen indebidamente el proyecto de construcción que finalmente será repagado por los consumidores. Las notorias diferencias entre la propuesta original anualada en competencia con Sechura Oil & Gas y la propuesta final de Gasnorp como único participante ante el ministerio del sector en el proceso de solicitud de la concesión.

A ello debe sumarse la débil penetración en el mercado de combustibles a través de las estaciones de gas natural vehicular (GNV) ofreciendo la construcción a lo mucho de cinco estaciones en más de 10 años, cuando en el proceso anulado con la debida competencia ofertaban por lo  menos el levantamiento de diez estaciones.
Si a ello se agrega la posible violación del derecho de propiedad sobre el uso y usufructo de los ductos de gas natural que serían transferidos a Promigas lo cual también significaría un incremento del costo de las tarifas eléctricas para el sufrido consumidor piurano, afectando de paso la competitividad de la refinería de Talara bajo responsabilidad de PetroPerú, cuyos ductos de gas también serían transferidos.

Se debe tener presente que los ductos de gas natural que son utilizados para la generación eléctrica por la empresa EEPSA más conocida como Eléctrica de Piura S.A. perteneciente al Grupo Endesa, la cual es una unidad de generación que asumió como activos las instalaciones, centrales térmicas de Malacas y Verdún con  los ductos de gas respectivos  mediante el proceso de privatización en 1996. 
Es decir, la cuestionada concesión de la distribución de gas natural tiene tantas observaciones, vacíos, inconsistencias técnicas, económicas siendo las más graves a mí entender la falta de las reservas disponibles de gas natural para alimentar la distribución en la región, es decir no hay seguridad de suministro, pues la colombiana Promigas  no cuenta con campos propios de hidrocarburos. Y en segundo lugar, si se comprometen las reservas de gas natural del lote I y V bajo responsabilidad de la empresa Graña y Montero Petrolera S.A. las condiciones de su venta exigen la autorización de PerúPetro S.A. empresa estatal de derecho privado que a nombre del estado resulta el titular, es decir, propietario del gas natural, por la naturaleza de ser ambos “contratos de servicios”.

En tal sentido, el gas ofrecido por la empresa Graña y Montero para alimentar la distribución es  propiedad del estado a través de PerúPetro que tiene entre sus objetivos según ley de Organización y Funciones Nº 26225 en el artículo 3 inciso f)” Comercializar, exclusivamente a través de terceros…. Y bajo los principios de libre mercado, los Hidrocarburos provenientes de las áreas bajo Contrato, cuya propiedad le corresponda”

Por tanto, el gas natural proveniente de los lotes I y V que alimentaría la distribución por ductos en la pretendida concesión de Promigas debería ser licitado respetando los principios de la libre competencia. Al respecto ¿Qué opina PerúPetro sobre estas anomalías?.

 En tercer lugar, y tal vez el más importante para el consumidor se relaciona con las abusivas tarifas eléctricas residenciales que se pretendían cobrar, que como se analizó en un artículo anterior, no resultan promocionales ni competitivas para sustituir la demanda del gas licuado de petróleo (GLP) que sería el combustible al cual el gas natural distribuido por ducto debería remplazar.

SIN SEGURIDAD DE ABASTECIMIENTO

Al respecto cabe señalar que tanto el Ministerio de Energía y Minas como el Osinergmin señalan reiteradamente que Promigas no tiene ni asegura las reservas de gas natural para la pretendida concesión de la distribución por ductos en la región Piura que a diferencia de Huaraz, Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo y Lambayeque, sí cuenta con reservas de gas natural y por tanto no dependería del transporte del gas de Camisea.

Dicho sea de paso la distribución de gas natural por ducto para dichas regiones que también son responsabilidad del Consorcio Promigas-Surtigas bajo la denominación de “Proyecto de Masificación del Uso de Gas Natural a Nivel Nacional Concesión Norte” que se suscribió el 31 de octubre del 2013 tenía como fecha estimada para la puesta en operación comercial el 31 de octubre del 2015. Es decir, ya debería estar inaugurada y operando comercialmente, y los organismos responsables callan en todos los idiomas esta falta de cumplimiento. ¿Así, pretenden la distribución por ductos para Piura para tener un poder de dominio del mercado de distribución?

Por ello, para el caso de Piura la observación fundamental del organismo regulador al respecto  era que “El volumen de gas contratado con los productores, Petrolera Monterrico S.A. y Graña y Montero Petrolera S.A., no cubriría, a partir del segundo año, la demanda total de la concesión”…
Es más, tal como se puede observar en el párrafo y  cuadro respectivo del informe Técnico-Legal de la DGH Nº 012-2015 del MEM se señala la insuficiencia del suministro sea esta medida en volúmenes de millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) o metros cúbicos diarios frente a la demanda de gas natural, donde es evidente el desbalance entre la oferta y demanda:

“…No obstante la aceptación de la modalidad contractual empleada, según lo señalado en el párrafo precedente; habiéndose efectuado la comparación de los volúmenes de Gas Natural comprometidos en el referido Contrato de Opción para los años 2017 a 2021, se aprecia que estos no resultan suficientes para cubrir la demanda proyectada a partir del año 2018, según los estimados anuales contenidos en el Anexo I de la documentación presentada con el expediente de la referencia b), tal como se muestra a continuación:





Se trata de alcanzar la competitividad con energía a precios razonables que sustituyan nuestra dependencia del petróleo para favorecer el gas natural que tenemos en abundancia no solamente en Camisea sino también en el norte del país. En especial el interés de los consumidores residenciales y del pequeño comercio cuya demanda es una fracción de la demanda total es la vigencia de una tarifa barata que sustituya con creces la dependencia del gas licuado de petróleo (GLP), cuyo precio en una zona productora como Piura supera los S/ 36 soles el balón de 10 kilos.

El interés de las empresas privadas en especial de la colombiana Promigas es la maximización de las utilidades por medio de un poder de dominio del mercado privilegiando la demanda de las grandes empresas de la región y realizando pingues negocios. En esa disyuntiva se tiene que privilegiar el interés público sobre el privado.

Por ello, si en verdad se demanda una real masificación del gas natural en la región más que una nueva propuesta tarifaria que reproducirá los vicios y vacíos por la falta de suministro de gas natural, se recomienda anular el presente proceso de adjudicación a solicitud de parte llevado a cabo contra viento y marea por la colombiana Promigas y que sea un organismo experimentado con capacidad  técnica como Proinversión el responsable de convocar a una licitación abierta y transparente donde la condición fundamental sea la competencia, es decir que existan dos o más postores, y en segundo lugar que aseguren seriamente el suministro de gas natural en el largo plazo.



viernes, 6 de noviembre de 2015

LECCIONES A PARTIR DE PETROPERÚ Y EL LOTE 192

Escrito por Pedro Maldonado Santiago*

Publicado en la Revista IDL (noviembre 2015)**


Muchas idas y venidas se siguen dando entorno a Petroperú y la posibilidad de que retome la actividad de exploración y producción de petróleo (el llamado upstream de la industria petrolera). Lo cierto y evidente es que en cada gobierno de turno, desde la dictadura de Fujimori, hasta la fecha, han ido desmantelando y orquestando toda una campaña de desprestigio desde el MEF, MEM, Perupetro y toda la prensa de la concentración de medios, contra la empresa pública, para terminar de liquidarla, favoreciendo intereses ajenos al país. Este es el contexto en el que se desarrolla todo el debate sobre si debe explotar o no Petroperú el Lote 192 (antes 1-AB); ¿cuáles son las lecciones de todo este proceso?

La predica liberal de que el Estado per-se es ineficiente es sólo una excusa para impedir la modernización y fortalecimiento de Petroperú, es decir impedir la integración de las operaciones de refino con la producción de petróleo, sobre todo que pueda explotar lotes petroleros con reservas probadas porque de esta forma minimiza el riesgo de la inversión, para lo cual no necesariamente asumiría el control de los yacimientos sino que puede ir de manera asociada. Pero bajo el ropaje del tecnicismo, los tecnócratas del Ejecutivo, los Ministros y demás especialistas lobistas han impedido la participación de Petroperú en el upstream, actuando al servicio del capital privado, o de capitales particulares, favoreciendo a cualquier inversionista menos a Petroperú, como lo ocurrido en los casos de los lotes III y IV que fuera operado por Interoil y pasaron luego casi a dedo al Grupo Graña y Montero con el favor del Ministerio de Energía y Minas. En el caso del lote 64 bajo control de la empresa estatal desde el 2013, ahora está en “stand by” y con riesgo de ser devuelta, pues la última palabra para aprobar el plan de explotación y desarrollo de ese lote la tiene el MEF.

De la fragmentación al desprestigio

Bajo las premisas de reestructurar la economía, desplazaron al Estado como motor impulsor de la economía con las reformas de 1990, decían que el inversionista privado era el único eficiente; “el que lo puede todo”, así el capital público era el malo de la película. Luego continuaron con “la construcción del segundo piso”, siguieron privatizando y a la par iban debilitando toda inversión pública que aún quedaba en pie. ¿Y la regulación?: Un saludo a la bandera!!!

Así, en el sector petrolero se privatizó mal barateando los activos públicos, primero en 1992 con la venta de los grifos, luego vendieron Solgas a precio subvaluado, a fines de 1993 fueron las operaciones en altamar con Petromar (hoy operado por Savia Perú) y Petrolera Transoceánica, en 1996 la Refinería la Pampilla, después transfirieron los lotes 8/8X, X/XI (con reservas probadas), continuaron con la venta de las plantas lubricantes (Petrolube); alquilaron a la norteamericana Maple la refinería de Pucallpa, vendieron los terminales marítimos (hoy operados por Graña y Montero); de esta forma redujeron a Petroperú a las operaciones de cinco refinerías siendo la principal la refinería de Talara, además de comercializar combustibles como distribuidor mayorista y tener el control del Oleoducto Norperuano.

Cabe destacar que el proceso de privatización de 1990 al 2001 fue investigado por La Comisión de Delitos Económicos y Financieros del Congreso de la República, concluyéndose que los activos públicos (de todos los peruanos) en el caso de Solgas, Refinería la Pampilla, Petrolera Transoceánica fueron subvaluados y que existen indicios en la transferencia de los lotes petroleros de información privilegiada, pero dicha comisión no logro continuar el trabajo.

Destacamos también que Petroperú, en la actualidad, a pesar de estar reducida en la práctica como empresa refinera, es líder en ingresos en la economía peruana (desplazando a su competidor directo La Pampilla y a las empresas mineras), donde el 98% de sus ingresos proviene de la producción y comercialización mayorista de combustibles, el 1% del transporte de crudo por el Oleoducto y otro 1% restante son ingresos por servicios (almacenamiento, arrendamiento, alquiler, despacho de combustibles, operaciones de terminales, entre otros). Aunque en algunos períodos ha registrado utilidades reducidas o pérdidas como en el 2008 y 2014, debe saberse que en líneas generales la empresa estatal mantiene una buena rentabilidad y sus ganancias netas serían mayores si es que desde el MEF no se ocuparan en descapitalizarla.



Así es, a pesar de la trabas que le ponen a Petroperú desde el MEF, abastece con eficiencia el mercado interno de combustibles, pero tiene que asumir una serie de «Partidas Inusuales» y «Cargas Excepcionales» por su naturaleza de Empresa Pública, como es el no recuperar el IGV por las Ventas en la Amazonía desde 1999 hasta la fecha, asumir las Cargas Pensionarias de las Unidades Privatizada (S/ 65 millones anuales en promedio) y mantener Contratos Anti-económicos con empresas privadas. Todo ello le resta rentabilidad a Petroperú, sin embargo genera excedentes económicos positivos posicionándose en el primer lugar entre las empresas del sector con mayores ingresos, ganancias operativas y netas. Entonces: ¿dónde queda eso de que Petroperú es ineficiente y sólo genera pérdidas, como algunos “especialistas” arguyen?.

Como se dice popularmente en cada gobierno le metieron uña a lo que iba quedando de Petroperú, siguiendo políticas de pirañas, usándola como caja chica (recuérdese la remodelación de Palacio de Gobierno a finales del 2001), cargándole una serie de costos y gastos que una empresa privada como Relapasa (dueña de refinería La Pampilla), por ejemplo, jamás aceptaría, con el objeto de mostrar a Petroperú como ineficiente, ¿para qué?, para alimentar la campaña de desprestigio y así tener la excusa para terminar de extinguirla.


Es en este debate que sale a la luz el IGV no devuelto a Petroperú por la venta de combustibles en la Amazonía, donde el MEF para lavarse la mano como Pilatos cede y acepta la devolución del IGV, pero a partir de octubre de este año, así lo estipulan en el Decreto Supremo 266-2015-EF, pero los S/ 1,900 millones que le deben a Petroperú en 15 años no serán devueltos, es decir el Estado “le tira cabeza a su propia empresa”, cuyos montos servirían para asumir en gran parte los compromisos de inversión para modernizar la Refinería de Talara o para cubrir los requerimientos de inversión en el Lote 64. 


¿Por qué insistir en Petroperú?

La defensa de Petroperú como empresa estratégica, es la defensa por la soberanía de nuestros recursos naturales, la defensa por el consumidor y por capitalizar al país, pero manteniendo en armonía Estado y empresa con el medio ambiente y respetando los derechos de las comunidades.

No se trata de ningún capricho ver a Petroperú en forma integrada. En un escenario de crisis mundial y de disputas por reservas energéticas, tener el control público de algunos lotes petroleros para producir de manera eficiente y oportuna combustibles limpios y a precios justos, aliviaría la dependencia energética de comprar crudo y combustibles del exterior, con lo cual se alivia a la economía del país la salida de divisas para dichas compras.

Así, la modernización de la Refinería de Talara y la producción de petróleo de parte de Petroperú van de la mano y es que “del mismo cuero sale la correa” Con el flujo de caja que se iría generando con la explotación del lote 64 y el lote 192 se garantizaría el cumplimiento de las obligaciones que se van generando para modernizar la Refinería de Talara. Además al producir crudo se dejaría de importar o comprar en el mercado interno, aumentando la renta petrolera.

Además produciendo petróleo Petroperú se hará más transparente la estructura de costos para la determinación de los precios finales de los combustibles y se evitaría la especulación de que a pesar de ocurrir bajas en el precio internacional del crudo los consumidores sigan pagando precios altos.

Debemos recordar que los titulares del MEF y el MEM se oponían a modernizar la refinería de Talara y a fortalecer las operaciones de Petroperú y al igual que ahora sostenían que la empresa estatal no tiene condiciones para asumir ese proyecto, incluso deslizaron la idea de venderla. Así es que desde el MEF sacan la Ley 30130 a fines del 2013 para modernizar la Refinería de Talara con una inversión de US$ 2,730 millones, pero con dos condiciones: que se aumente de 20% a 49% la cantidad de acciones a venderse en Bolsa (Art. 3) y que Petroperú no emprenda ningún proyecto que le genere pasivos (reales o a futuro), mientras no pague los préstamos de Talara (Art. 6). En el fondo restringieron más a Petroperú y sus propios accionistas y directorio negaron la Ley 28840 de Fortalecimiento y Modernización de Petroperú.

Es decir por ley Petroperú puede operar lotes petroleros, pero ideológicamente consideran que los capitales privados o de particulares son los que deben operar en los lotes hidrocarburíferos, cuando en los hechos la presencia de capitales estatales en el sector ya tiene 20 años y de eso no dicen nada. Muchos investigadores ya publicaron en diversos medios, la presencia estatal de terceros países en el sector de petróleo y gas, dicha información figura en los reportes del Ministerio de Energía y Minas, así como Perupetro, y eso lo sabe Pro-Inversión, lo sabe el MEF, pues han negociado diversos contratos de inversión no solo para la explotación de petróleo. Así, tenemos la presencia de grandes empresas estatales provenientes de países vecinos como Brasil, Colombia y del continente Asiático.

Más del 43% de compras realizadas por Petroperú a los principales contratistas que proveen de bienes y servicios, principalmente por la venta de crudo a Petroperú, son con empresas contratistas cuyos accionistas principales son empresas estatales de terceros países.

Aspectos Pendientes

La aprobación por insistencia de la Ley que incorpora una cuarta disposición complementaria final a la Ley 30130 (Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la modernización de la refinería de Talara….), donde se estipula que Petroperú puede participar en la explotación del Lote 192, cuando culmine el contrato por dos años con la empresa canadiense Pacific Stratus Energy, es positivo, es un avance en el proceso de defensa de los intereses nacionales en la actividad petrolera, sin embargo la norma dice que debe haber una evaluación de Perupetro y debe exceptuarse la aplicación del artículo 6 en el caso de suscribir el contrato del Lote 192. ¿Y si Perupetro no da el visto bueno? ¿Cómo queda el lote 64? ¿Y la posibilidad de participar en otros lotes? ¿Por qué no se pidió la derogación del art. 6 de la Ley 30130?

La experiencia nos enseña que desde el Ejecutivo una y mil veces han sacado la vuelta a las leyes, o han sorprendido con Decretos de Urgencia, desnaturalizando las normas originales. Además no hay garantías de que el MEF y el MEM muestren su apoyo, en este proceso de fortalecimiento.

Con este debate debe ponerse en agenda modificar los contratos petroleros para hacerlos más democráticos, donde la Ley de la Consulta, no sea una formalidad. No basta con un fondo del 0.75% del valor de la producción fiscalizada del lote 192, que beneficiará a las comunidades nativas del área de influencia, lo que debe exigirse es hacer más activo la labor reguladora del Estado, incorporando a las comunidades en buena parte del proceso del monitoreo ambiental. Así como se le exige a Petroperú las condiciones técnicas de operar lotes petroleros, ¿se encuentra preparada la empresa estatal para establecer políticas ambientales y sociales en el Lote 192 y en otras zonas del país?

(*) Investigador en energía, minas e infraestructura
pems.maldonado@gmail.com