miércoles, 27 de marzo de 2013

PIURA Y LA CUESTIONADA EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA*

* Escribe: José Carlos Carrasco Távara 

En el Perú hay un poco mas de mil Institutos Superiores Tecnológicos Públicos, de los cuales mas del 90% no tienen buena calidad educativa, sostuvo el Vice Ministro, Fernando Bolaños,  de Gestión Institucional del Ministerio de Educación (diario Gestión, pág. 2 del 20.03.2013), de los cuales 28 se encontraban ubicados en la Región Piura. Digo se encontraban porque hoy solo hay 26 incluyendo el nuevo instituto de La Huaca.

Diez años atrás los Institutos Tecnológicos y Pedagógicos así como las Escuelas Superiores de Artes y Música en Piura sobrevivían sin más recursos de los que el Ministerio de Educación les asignaba para el pago de sueldos y salarios y exiguas e inalcanzables partidas para el pago de manteamiento indispensable al funcionamiento de estas entidades.

Las carreras que entonces ofrecían al estudiantado son las mismas que el día de hoy continúa ofreciendo, destacando entre ellas las de enfermería técnica y contabilidad, como carreras recurrentes de alta demanda y escasa ocupación laboral.

El año 2002, como Congresista de la República y autor de la Ley N° 27763, Ley Complementaria de Legislación del Canon y Sobrecanon para Petróleo y Gas, en Piura y Tumbes, incluí a los Institutos Superiores de Educación Publica, tanto tecnológicos como pedagógicos y Escuelas Superiores, como entidades perceptoras del 5% del canon y sobrecanon, destinado tanto en Piura como en Tumbes, con el fin de reconvertir la caótica y desprestigiada educación superior publica no universitaria de estas regiones en un modelo de educación distinto, con carreras distintas,  destinadas a responder a nuestra realidad. Con profesores altamente capacitados para tener alumnos altamente calificados y disputados por sus merecimientos por el mercado laboral.

Como fruto de la inclusión de estas entidades como perceptoras de un porcentaje del canon petrolero, en Piura, han percibido en el periodo 2003 al 2012, es decir en 10 años la suma de  151 millones 630 mil 640 nuevos soles (fuente: www.perupetro.gob.pe), dinero mas que suficiente que estimábamos debiose invertir en mejorar la calidad educativa y alcanzar, en el mediano plazo, estimado en los pasados diez años, la mas alta calificación entre los institutos educativos del  Perú, porque fuimos pioneros en asignar un recurso destinado y como propio, y que además coincidió con la nueva etapa Descentralista cuyos gobernantes debieron acompañar este esfuerzo con visión futurista.

Del monto percibido en los últimos 10 años, al Instituto Superior Tecnológico Luciano Castillo Colonna, de Talara, le corresponde el 40%, por estar ubicado en zona de producción petrolera. Es decir este Instituto es dueño de 60 millones 652 mil 256 nuevos soles. No hay otro Instituto de esta naturaleza en el Perú con tan alto beneficio, por lo que a estas alturas debiéramos sentirnos satisfechos de tener una entidad educativa, moderna,  y con la más alta calificación.

Es importante que la opinión publica conozca que con la Ley N°29693 (de mi autoría) de Homologación del Canon y Sobrecanon para Piura, Tumbes, Loreto Ucayali y la provincia de Puerto Inca en Huánuco, a partir del año 2012 estas regiones y las entidades perceptoras incluidas se benefician con el incremento del  50% del Canon y el incremento del  50% del sobrecanon petrolero, pero además también les corresponde el 50% del impuesto a la renta por la explotación del petróleo y gas, en cada región, que pagan  las empresas petroleras y el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas que prestan servicios en cada región a las empresas productoras  de hidrocarburos. Por esta razón el 5% que percibieron los institutos en el año 2012 fue de 32 millones 906 mil 520 nuevos soles, superior a los 22 millones 705 mil 690 nuevos soles del año 2011 (fuente: www.perupetro.gob.pe).  En el 2012 el gobierno no cumplió con pagar el incremento por pago del impuesto a la renta mencionado.

En Piura como en las demás regiones del país estos centros de estudios pasaron a la jurisdicción y competencia de cada gobierno regional, salvo los de Lima que continúan bajo la egida del MINEDU en consecuencia corresponde a los gobiernos regionales dictar las políticas educativas. No obstante este beneficio económico, suficiente para ser los más destacados del Perú, en Piura no hay un proyecto ni plan educativo de este nivel.

En el año 2010 frente al desorden administrativo (por no decir corrupción) y la falta de diseño de una política educativa incorpore en la Ley N° 29465 la Cuadragésima Novena Disposición complementaria y Final, la CREACION DE LA UNIDAD EJECUTORA de los Institutos Superiores de Educación Publica de Piura. Pero fue necesario en el 2011 incorporar en la Ley N° 29626 la Cuadragésima Quinta Disposición Complementaria y final para obligar al Presidente Regional que  cumpla con la Ley N° 29465, y aun así la instalación de esta UNIDAD EJECUTORA, se hizo violando la Ley de creación al omitirse designar como Director de la U.E. a quien en el tiempo ejercía la Dirección del Instituto Luciano Castillo.

El Director designado a esta Unidad Ejecutora, es el ex secretario de juzgado, y ex sub gerente de normas de la era Atkins, abogado limeño Gino Aldo Cordiglia Gonzales, nunca conocido por capacidad ni experiencia para manejar una U.E.  de carácter estrictamente educativa.  En sus primeros 90 días de gestión ya aparecía en los diarios regionales cuestionado por incumplir la ley de presupuesto al fraccionar y celebrar  90 contratos  de servicios y obras cuyos montos caían en los casos de la adjudicación directa. No obstante que el órgano de control interno del gobierno regional corroboro tales irregularidades, el desorden administrativo y económico continúa sin cesar.

El Presidente Regional llama “pacto político (con quien habrá pactado) por la gobernabilidad regional” al hecho que a iniciativa de Cordiglia (sic) han celebrado un convenio con una desconocida universidad española denominada “Abat Oliba CEU de Barcelona”, para que desde España vengan a enseñarnos como implementar 4 nuevas carreras que son: Petróleo (España no es gran productor de petróleo), Pesquería (tal vez vengan Gallegos), Agroindustrias (Perú exporta desde paprika a España) y Hotelería y Turismo (Perú tiene universidades e institutos tan calificados a los que se debe recurrir). Estas carreras ya estaban bajo estudio y con expediente en curso preparados por los profesionales de los mismos institutos al tiempo que el defenestrado ingeniero Jaime Cevallos ejercía la Dirección del I.S.T. Luciano Castillo Colonna. Además porque no recurrir a las Universidades peruanas y a los Institutos Tecnológicos como el CENFOTUR, o a los institutos tecnológicos de la Univ. de Ingeniera, de la Agraria o de la Católica, o al Senati. ¿Quién puede explicar esto? ¡Cuánto costara ese convenio, 8 millones de Euros, 10 millones de dólares, cuanto  habrán pagado?

Pero ahí no termina el desfilparro, digo el desorden económico (por no decir corrupción) de como Cordiglia  maneja los fondos destinados a mejorar la calidad educativa de la juventud piurana. También en ese “pacto político” (nadie sabe con quien será ese pacto) HAN CELEBRADO OTRO CONVENIO, esta vez con la Universidad Tecnológica de Monterrey (México) para el otorgamiento de becas de Maestría a los docentes de los institutos tecnológicos de Piura, como si en Piura o en el Perú no tuviéramos excelentes Universidades para que los docentes desarrollen estudios de Maestría. ¿Cuánto nos costara este convenio? Solo Cordiglia y su jefe o alguien que vino de México a residir en Piura lo saben. Porqué no firmaron convenio con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, de USA, que es superior al de Monterrey?

Lo cierto es que Cordiglia con dinero de la educación destinado a los Tecnológicos y Pedagógicos ya paseo por España y otros países europeos y para seguir gastando, digo despilfarrando, la caja chica que tiene llena de millones de soles , también alquilo camioneta (4x4, lunas polarizadas) para visitar los disminuidos Institutos, sin plan educativo y estudiantes con futuro incierto, pagando renta inclusive en feriado como ocurrió en la navidad pasada.

Si en el Perú, al decir del Viceministro, Fernando Bolaños, el 90% de estos Centros Educativos no tienen buena calidad, en Piura, con las autoridades existentes, es probable que superemos ese 90%. Por eso no podemos ni debemos callar. Exigimos que se cumpla la Ley  29465; que por concurso se designe al Director del I.S.T. Luciano Castillo y se le entregue la responsabilidad de dirigir la UNIDAD EJECUTORA 304 para elaborar un proyecto educativo regional. Que rindan cuentas claras de los 151 millones de soles ya recibidos o que nos digan que han hecho o donde están los 55 millones 612 mil 210 recibidos en el 2011 y 2012, era Atkins. O que han hecho con los 60 millones del Luciano Castillo.


lunes, 25 de marzo de 2013

GERENTE DE PETROPERÚ DEBE MILLONES A SUNAT*

* Publicado en el diario La Primera el 24 de marzo de 2013

Raúl Wiener

Un escándalo de proporciones está a punto de estallar en la todavía primera empresa peruana, la estatal PetroPerú, siempre y cuando la Contraloría General de la República cumpla con su responsabilidad de hacer la investigación sobre un funcionario del que dependen muchos otros a los que ha ido colocando o moviendo en puestos claves desde la Gerencia de Recursos Humanos, y que estaría adeudando alrededor de 5.2 millones de soles por impuestos no pagados.

El caso es más grave aún porque según versiones oficiosas del interior de la empresa el señor Ángel Arévalo Mendoza habría sido fundamental en los recientes cambios en las gerencias para desandar lo hecho durante la presidencia de Humberto Campodónico.

Presentemos algunos elementos de esta historia: el gerente de Recursos Humanos de PetroPerú, Ángel Arévalo, es un funcionario de carrera, con muchos años en PetroPerú, próximo a jubilarse, que está esperando el momento para irse a su casa con un alto sueldo que se cobra 16 y medio meses al año. 

Esto, por supuesto, no lo ha limitado a ejercer desde el 9 de enero del presente año, de manera simultánea, la gerencia del Departamento de Relaciones Corporativas, en calidad de encargado. 

Lo original es que en ambos cargos, y desde hace mucho tiempo, el señor Arévalo no cobraría por planilla ni pagaría los impuestos correspondientes de ley, sino que estaría recurriendo a un sistema de pago en cheques.

Según afirma la funcionaria Anna Lee Sarmiento Rojas, en carta a la gerencia general del 13 de febrero de 2013, la deuda acumulada por este concepto alcanzaría según cálculos de Sunat un monto de 5.2 millones de soles lo que configuraría un delito, en el que también participarían como cómplices otras gerencias que están al tanto del caso. 

El 21 de febrero, además, la misma funcionaria eleva ante la Contraloría una copia de su carta al gerente general, por lo que el asunto ha empezado a escapar del ámbito interno de la empresa.

CONTRATACIONES
Apenas aceptada la renuncia del presidente de PetroPerú, en el mes de enero, y removido el gerente general Pedro Méndez, el gerente de Recursos Humanos autorizó la promoción de la esposa del nuevo gerente general Luis Lem Arce, al cargo de asistente administrativo de la gerencia de Exploración-Producción, con lo que el salario de la feliz pareja ha ascendido en conjunto a 33 mil soles. 

Otro beneficiado con la generosidad del señor Arévalo es el gerente de Comercio e Industria, Julio Ubillús y señora, la que últimamente fue ascendida a jefe de capacitación de la gerencia de Recursos Humanos permitiendo alcanzar un sueldo de pareja de 30,500 soles.

Todas estas decisiones, por cierto, tienen un efecto de entornillar en sus puestos a los beneficiados, ampliar el nepotismo y generar un costo muy alto a la empresa, en perjuicio de la mayoría de los trabajadores y de los planes de inversión, aparte de que pueden prestarse perfectamente a la corrupción.

Un caso, que también se señala en las cartas de Lee Sarmiento Rojas, es el de una persona ligada a Arévalo Mendoza de una manera que se describe como “muy especial” y a la que se ha mantenido bajo contrato desde julio del 2012 trabajando en la comunicación social de un proyecto informático y que estaría a punto ingresar a planilla en la gerencia de Relaciones Corporativas, donde Arévalo es el actual encargado.

MODERNIZACIÓN Y MORALIZACIÓN 

Si el desarrollo petrolero y de Hidrocarburos del Perú requiere a gritos la modernización de las refinerías de Talara y La Pampilla y nuevas inversiones, la empresa del Estado demanda a su vez modernizarse en términos de gerencia y dirección y moralizarse para eliminar los focos de corrupción que le impiden salir adelante.

El caso del gerente de Recursos Humanos debe ser expuesto abiertamente para que los funcionarios que ahora se sienten muy fuertes y capaces de hacer lo que les parece sepan que hay vigilancia de la prensa y que no habrá posibilidad que unos se encubran a los otros. 

martes, 19 de marzo de 2013

PIURA: EL GAS NATURAL REINYECTADO DEL MERO NORTE


LA MALDICIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

En el artículo anterior se exponía la “Producción de Gas Natural Fiscalizado por Lotes 2011-2012” resaltando la importancia de Camisea con los lotes 88 y 56 en la producción de gas natural, indicando que más del 50% de la producción de este hidrocarburo se exporta en detrimento del abastecimiento del mercado interno. 

Ahora se analiza la producción del gas natural fiscalizado del norte del país, especialmente en Piura, un departamento privilegiado en cuanto a la dotación de recursos naturales, pues tiene las mejores tierras agrícolas, pesca, conchas de abanico, oro y cobre, fosfatos, excelentes playas, una apreciada gastronomía más el crudo que se extrae con un enorme potencial de gas natural que no se aprovecha en función del interés público.

Especialmente no se explota el gran potencial de gas asociado y no asociado al petróleo que existe en el Zócalo Continental (lotes Z-2B, Z-6 y Z-1) y en los campos maduros de Talara, que no solamente serviría para masificar un combustible preservando los bosques de algarrobos que se depredan impunemente.

Se tendría un combustible a costos más baratos, menos de la mitad del precio en relación a las gasolinas, diesel, y gas licuado de petróleo (GLP), sino que los gobiernos locales tendrían más recursos por concepto de la nueva ley de la homologación del canon sobre el petróleo y gas, vigente desde el 2012 que resulta determinado por el 18.75% del valor de la producción, valor al cual hay que sumar el 50% del impuesto a la renta de las empresas productoras y de servicios petroleros.

Si bien representantes empresariales de Savia Perú señalan en función a sus pozos perforados un potencial en gas de 2 TCF en los lotes Z-2B y Z-6; otra empresa como Olympic Perú INC declara tener en el lote XIII más de 3 TCF en el subsuelo, y BPZ en el lote Z-1 con sus socios recientemente incorporados Pacific Rubiales declaran tener por lo menos entre 2 a 4 TCF de  reservas de gas natural. 

Al margen del optimismo propio de los geólogos, el potencial gasífera se estima en más de 7 TCF (trillones de pies cúbicos de gas natural) que debieran ser confirmados, para transitar del concepto de recursos a la categoría de reservas probadas, probables y posibles. Para ello se requiere construir un mercado que pueda asegurar una demanda efectiva por medio del consumo eléctrico, industrial, residencial y vehicular.  Con este potencial y estos volúmenes se tendrían más gas en relación a los 4.2 TCF comprometidos del lote 56 (Camisea-Pagoreni) para la exportación, y prácticamente se tendrían asegurados los próximos 50 años en el consumo de energía como mínimo en la región.

Por ello es importante concertar el interés público y el interés privado para masificar el gas natural en el norte del Perú, y aprovechar las ventajas de un combustible como el gas natural que hasta hace poco se desperdiciaba. De tal forma, se podrá abastecer de energía limpia y barata a los departamentos de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Ancash, que requieren una mayor dotación de energía para asegurar su crecimiento económico, y la provincia piurana de Sechura se convertiría en el pulmón energético del norte del país.

GAS REINYECTADO: UNA OPORTUNIDAD PERDIDA

La producción de gas natural fiscalizado en el departamento de Piura ha sido en el 2011 de 33.6 millones de pies cúbicos diarios y en el 2012 sumó los 30.59 millones de pies cúbicos por día (MMPCD) Si se tiene presente que la producción fiscalizada es la producción vendida a terceros, y que abona regalías e impuesto a la renta, en cambio la producción reinyectada a los pozos en el 2012 ha sido de un poco más de 58.3 millones de pies cúbicos por día calendario. 

Esta producción reinyectada  de gas natural que se regresa a los reservorios no abona regalías ni el impuesto a la renta base del canon y del sobrecanon por ello se puede decir que se está cumpliendo con la teoría de la “maldición de los recursos naturales”.

Ello significa que casi el doble de los volúmenes de la producción fiscalizada de gas natural es reinyectado, no es vendido a terceros, lo cual no solamente aumenta los costos de producción, sino que significa una oportunidad perdida para aumentar los ingresos de los gobiernos locales y un mayor bienestar de la sociedad en su conjunto.

Solamente la producción del gas natural reinyectado en los reservorios en el lote Z-2B operado por Savia Perú S.A. ha sido en el 2012 de 43.26 millones de pies cúbicos diarios, es decir el gas reinyectado en dicho lote es superior al conjunto de la producción fiscalizada de todos los lotes productores de gas para dicho año que sumó los 30.59 millones de pies cúbicos como se puede observar en el cuadro respectivo.

En el cuadro “Savia Perú S.A.: Producción Anual de Campo de Gas Natural en el lote Z-2B” esta empresa resulta siendo la segunda productora de gas natural en la región después de Petrobras Energía Perú. Este nos expone la producción fiscalizada, la producción utilizada como combustible en las operaciones propias, el gas reinyectado, el gas venteado y quemado y el gas de condensado y reposición entre los años 2009 al 2012. 

Si bien antes del 2012 el gas reinyectado al reservorio era por volúmenes equivalentes a los 30 millones de pies cúbicos diarios, en el último año estos volúmenes se incrementaron a los 43.26 millones de pies cúbicos por día calendario, lo cual significa un incremento de los volúmenes reinyectados, lo cual perjudica no solamente a la empresa, a los trabajadores, sino sobre todo a la población en su conjunto, en especial a la población de Sechura y sus distritos, por los montos de canon y sobrecanon que no están percibiendo, al margen de la posibilidad perdida de contar con un combustible limpio y barato en relación a los derivados del petróleo.

Sirva el ejemplo de la empresa norteamericana Olympic que opera el Lote XIII donde el 9/12/11 se inauguró la planta de generación térmica a gas natural de 30 MW con una inversión de más de 22 millones de dólares. Allí se pasó de una producción de 0.94 millones de pies cúbicos diarios a 2.94 millones, como se puede observar en el cuadro respectivo. Es decir, se han valorizado las reservas de gas, con más regalías, canon y la dotación de energía.

En tal sentido, solamente en el lote Z-2B con volúmenes reinyectados a los reservorios de 43.26 millones de pies cúbicos diarios se podrían alimentar cuatro turbinas de generación eléctrica térmica de 100 megavatios (MW) cada una, y/o en su defecto masificar el consumo de gas natural en las industrias, consumo residencial y vehicular.

PUNTA LAGUNAS: UNA REVOLUCIÓN GASÍFERA

Desde el punto de vista de la economía política de los recursos naturales se debe valorizar con responsabilidad social, ambiental, y tributario los recursos naturales que tiene el país. Resulta absurda la tala indiscriminada de algarrobos en Piura en pleno desierto teniendo abundantes recursos gasíferos desaprovechados, como los existentes en Sechura y en Piura en general.

En los lotes Z-2B y Z-6 existirían importantes reservas de gas metano que permitirían cambiar la matriz energética de Sechura y Piura pues con un potencial de casi 2 trillones en los pozos perforados (Esperanza, San Francisco y San Pedro Este) y en los pozos por perforar (Santa Teresa, Yasila, Puerto Nuevo)  se daría paso a una revolución gasífera que estaría al servicio de la población con una red domiciliaria de gas metano que sustituiría el gas licuado de petróleo (GLP) y la leña de algarrobo, pues su equivalente en energía calorífica costaría menos de la mitad de un balón de gas licuado que tiene un precio superior a los 36 nuevos soles.

Así mismo, se beneficiarían los usuarios del transporte público, mototaxis pues con  el gas vehicular se reducirían los costos del transporte significativamente, pues un galón equivalente de gas natural no costaría más de 6.50 nuevos soles frente a los 14 o más por galón de las gasolinas.

Esto se alcanzaría con la realización del proyecto Punta Lagunas que en esencia representa tender un gaseoducto submarino de 25 kilómetros con el mayor respeto ambiental, que permitiría transportar hasta 60 millones de pies cúbicos diarios, con una inversión de 12 millones de dólares, transportando un trillón de pies cúbicos durante 20 años, en un proyecto positivo para la región que posibilitaría la generación eléctrica a menores costos.

Lo inédito en este contexto de los llamados conflictos sociales que ha provocado este proyecto en el proceso de la llamada licencia social, es la declaración del Sindicato de Trabajadores a través de su Secretario General Sr. Julio Rodríguez La Chira cuando afirma que “Como sindicato hemos pedido a la gerencia de Savia participar de la mesa de diálogo, porque lo que se necesita es mejorar la comunicación con el poblador oriundo para explicarle los beneficios de este proyecto” La República de Piura 10/02/2013

En resumen, se deben maximizar los proyectos que buscan el interés público, el interés social donde el Estado nacional, regional y local tienen un rol fundamental, conjuntamente con la población organizada para difundir los beneficios de un proyecto que tiende a la masificación del gas natural con la debida responsabilidad social, ambiental y tributaria, con los beneficios económicos y sociales mencionados. Por ello, resulta saludable que los trabajadores sindicalizados se identifiquen autónomamente con este tipo de proyectos, como el de Punta Lagunas, que beneficiará al conjunto de la población no solo de Sechura sino del Norte del Perú.






jueves, 14 de marzo de 2013

MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL O EXPORTACIÓN


PRODUCCIÓN GASÍFERA NO PUEDE DEPENDER DE CAMISEA

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)


La producción proveniente de los campos de Camisea lote 88 y lote 56 constituyen el 95% de la producción gasífera del país, el resto corresponde a los campos de Aguaytía en la selva central, Piura, y Tumbes; y no se aprovecha el gran potencial que habría en los lotes del Zócalo Continental Z-2B, Z-6 y Z-1 más los volúmenes de gas asociado y no asociado que existirían en los campos maduros de Talara, que por declaraciones empresariales se estiman sobre los 4 TCF, es decir casi la mitad de las reservas probadas del lote 88 en Camisea.

Al término del 2012 la producción fiscalizada, es decir la producción que se vende a terceros y abona regalías ha sido de 1,144 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales más de la mitad, 585 millones de pies cúbicos diarios se exportan a precios castigados para el abono de regalías, lo cual resulta atentatorio para el fisco, gracias al cuestionado contrato de exportación del lote 56. Esta realidad afecta el canon gasífero que percibe el Cuzco, el fondo de desarrollo económico de Camisea (Focam) para Ayacucho, Huancavelica, Ica, región Lima y Ucayali) como al fondo de las Fuerzas Armadas.

La producción del gas natural para la exportación del lote 56 empezó en julio del 2010 básicamente destinado a Norteamérica, España, Corea del Sur, Japón mientras se terminaba la planta de regasificación de Manzanillo en México. En los contratos de venta a precios internacionales según el mercado de destino  había que restar los diversos costos (producción, licuefectación, transporte, regasificación etc) en el marco de la teoría del “Net Back Cost”, para determinar el precio  del gas a cual se aplica la tasa de regalías. 

Lo cierto es que el llamado Consorcio Camisea a través de la empresa Pluspetrol Plus Corporation (PPC) extrae gas natural, lo transporta otra empresa denominada TGP conformada en su mayor parte por las mismas empresas del Consorcio, y otro consorcio Perú LNG ( conformado por Repsol, Hunt Oil, SK de Corea del Sur, y Marubeni) es el responsable de procesar la exportación a través de la conversión del gas natural a líquido  en la planta de Pampa Melchorita para poder ser transportado en grandes buques metaneros hacia los diversos mercados internacionales, siendo el operador de la exportación Repsol.

Sin embargo, debieran preocupar los bajos precios del gas natural de exportación que se adoptan para el pago de regalías con prácticas mercantilistas de reexportación, situación que se agrava por los efectos del llamado fenómeno del “shale gas” o gas enquisto que está revolucionando el mercado norteamericano y deprimiendo el precio del marcador Henri Hub. 

Si bien se justificaba la exportación del gas natural bajo el argumento de la promoción de las inversiones, el efecto dinámico y multiplicador para confirmar más reservas de gas, por las mayores regalías que se obtendrían en relación a los precios regulados del lote 88 cuyas reservas probadas estaban inicialmente destinadas exclusivamente al mercado interno. 

Si a ello  se agrega que más de 2.4 TCF de las reservas probadas del lote 88 siguen respaldando hasta ahora el proyecto exportador como garantía frente a los bancos que financiaron la mayor parte de los 4.3 mil millones de dólares que requería el proyecto de Perú LNG. Todo ello a pesar del discurso oficial del gobierno del Presidente Ollanta Humala sobre la supuesta recuperación de la dignidad y soberanía sobre nuestros recursos naturales.

La experiencia me ha demostrado que las empresas trasnacionales resultan grandes financistas, pues trabajan con plata ajena, exportan un recurso natural no renovable que no les pertenece, y que no descubrieron dicho sea de paso, y no abonan las regalías que debieran pagar. A esto se le denomina modernidad liberal, pero en esencia más parece saqueo mercantilista.

Se debe recordar que hacia el 2004 el naciente consorcio exportador proyectaba precios del gas natural sobre los 10 a 12 dólares el millón de BTU aproximadamente 0.9 mpc (mil pies cúbicos). Con esos precios en el largo plazo el proyecto de exportación hacia la Planta de Manzanillo en México con el contrato de exportación por más de 520 millones de pies cúbicos diarios durante un contrato de largo plazo (15 años) constituía un suculento negocio para Repsol y claro está Perú LNG, pues al precio del Henri Hub se le castigaba el 9%, y a ese precio se le restaban los demás costos, en la teoría del “Net Back Cost”.

Desde la crisis financiera desde fines del 2008 el precio del Henri Hub que arañó los 14 dólares el millón de BTU  en julio del 2008 prácticamente se ha derrumbado desde esa fecha a la actualidad. La crisis de la economía gringa, el efecto del shale gas, la nacionalización con esencia de expropiación de YPF a Repsol por el gobierno argentino, el estancamiento de la economía europea, en especial la crisis española, el sobreendeudamiento de algunos accionistas de Repsol y los millonarios pasivos, obligaron a la venta de la participación de Repsol en el negocio de gas natural licuefectado en América Latina, entre ellos su participación del 20% en Perú LNG, que han sido adquiridos por la transnacional angloholandesa Shell, que descubrió las reservas de gas y condensados de Camisea (1984).

En el 2011 la producción del gas natural fiscalizado en el lote 56 era de 589 millones de pies cúbicos diarios como promedio y prácticamente se mantiene en el 2012 con 585 millones de pies cúbicos por día. Le sigue en importancia la producción de gas natural del lote 88 con 497 millones de pies cúbicos diarios que representa un incremento del 8.6% en relación al año anterior. Ver cuadro “Perú Producción de Gas Natural Fiscalizado por Lotes 2011-2012”

Es evidente que se prioriza la exportación de gas natural en detrimento del gas para el mercado interno. De allí la necesidad de promover mayores inversiones de riesgo para aumentar la producción de gas natural, monetizar las reservas que existen en el subsuelo especialmente en el norte del país, donde existe un gran potencial de gas natural asociado que se quema o ventea, y un gas no asociado al petróleo que debemos promover por medio de un gran mercado.

En tal sentido, la variable precio resulta fundamental para promover un gran mercado de gas natural. Para ello es urgente sincerar el precio del gas natural del lote 88, el único con precio regulado que distorsiona los precios relativos de otros energéticos. El precio debe ser el necesario para promover la exploración, reponer las reservas consumidas y una tasa de utilidad razonable. Con precios anormalmente baratos del gas en el lote 88 lo que se hace es la extracción rápida de los líquidos de gas natural que constituye por decirlo así el “lomo fino”, en detrimento del gas.

Desde el punto de vista de la economía política energética no resulta sostenible una explotación del gas con precios en boca pozo menores a US$ 1.70 el millón de BTU, que sobre todo favorece a las empresas eléctricas de generación como Edegel (Endesa), Kallpa, Enersur (Suez Energy) que están obteniendo ganancias extraordinarias, pues compran gas barato y venden energía cara.

Por ello sin rumbo en la política energética, no resultan extrañas las propuestas del presente gobierno de comprar la participación de Repsol en la Refinería La Pampilla (51%) y las estaciones de servicios y la planta de envasado de Solgás, cuando en verdad el negocio que genera renta es la participación de Repsol en la explotación de gas y líquidos de gas natural. Si a ello se suman las marchas y contramarchas sobre la licitación y construcción del lejano Gaseoducto Andino del Sur, la participación de Petroperú, el etano ducto y la petroquímica etc. 

Si se adquiriera el 10% de participación de Repsol en los lotes 88 y 56 más el 20% que tenía en el consorcio Perú LNG, el Estado tendría herramientas para masificar el gas natural en la economía y sociedad peruana para enfrentar la dramática caída de la producción interna de petróleo crudo y los altos precios internacionales del mismo que nos hace más dependientes y vulnerables.




miércoles, 6 de marzo de 2013

SOCIEDAD MRA. CERRO VERDE Y EL BOOM MINERO

OBTIENE UTILIDADES EXTRAORDINARIAS CON GRANJERÍAS TRIBUTARIAS

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

                                        “La Sociedad cuenta con un Contrato de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión, al amparo de la Ley General de Minería, mediante el cual se le garantiza, entre otros, el régimen tributario vigente al 6 de mayo de 1996. Este contrato tiene una vigencia de 15 años a partir de enero de 1999(….) Adicionalmente, con fecha 17 de julio de 2012 se suscribió un nuevo Contrato de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión por un plazo de 15 años, contados a partir del ejercicio en el que se acredite la inversión realizada, o la fecha en que se opte por adelantar los efectos del contrato durante el periodo de inversión” Memoria de la Soc. Mra. Cerro Verde pág. 7

Los contratos de estabilidad jurídica y tributaria tenían una justificación cuando el país se recuperaba de la debacle de la hiperinflación, de las consecuencias  del modelo heterodoxo del gobierno aprista que aplicaba el subsidio indiscriminado y que afectó al conjunto de la actividad económica empresarial del Estado. A ello debiera sumarse la crisis política y la guerra interna que desangró económicamente y socialmente al país.

Hasta cierto punto se podría decir que el gobierno de Alberto Fujimori (1990) encontró a las empresas públicas con resultados en rojo, sobrepobladas de trabajadores, con una corrupción generalizada, que justificaron más tarde, un radical proceso de privatización, en especial en el sector minero energético, con empresas mineras como la Sociedad Minera Cerro Verde ubicada en el departamento de Arequipa, que se vendieron a “precio de ganga”

Así, la empresa estatal Mra. Cerro Verde fue transferida al sector privado a precio de remate, con reservas probadas y probables de concentrados y sulfuros de cobre a un precio ridículo de 37 millones de dólares el 10 de noviembre de 1993 a la empresa norteamericana Cyprus Amax Minerales que adquirió el 91.65% de las acciones y el 8.35% restante fue asumido por los trabajadores que pagaron 3.1 millones de dólares.

Si bien el precio realmente pagado por Cyprus fue reajustado después  a los 32.4 millones se justificó dicho valor por los supuestos compromisos de inversión que arribarían a los 485 millones de dólares a ejecutarse en cinco años. Es decir, de esta manera se justificaban precios ridículos como el yacimiento de Quellaveco vendido por 12 millones de dólares, el proyecto de Antamina por 19 millones por los millonarios compromisos de inversión, que en parte se han cumplido.

Sin embargo este no era el caso de Cerro Verde pues era una empresa en marcha, rentable, constituida con una fuerte inversión durante el gobierno militar con un gran potencial de reservas que no fueron desarrolladas por el intervencionismo estatal y la crisis fiscal de los ochenta,  con una maquinaria moderna y personal calificado que constituye su principal activo.

Con la información oficial del Banco Central de Reserva (BCR) del Perú las inversiones en la Mra. Cerro Verde entre 1995 al 2004 no superaron los 258.2 millones de dólares, para incrementarse con nuevos dueños el 2005 a los 237 millones, el 2006 a los 479 millones, el 2007 sumar los 100 millones y así mantenerse por encima de los 100 millones de dólares anuales, para saltar a los 600 millones en el 2012, anunciando millonarias inversiones superiores a los 4,400 millones de dólares hasta el 2016, que más que duplicarán la producción actual.

Si bien la empresa Cyprus con todos sus activos fue adquirida posteriormente a nivel internacional por la Phelps Dodge Corporation (1999), empresa que a su vez fue absorbida por la gigante transnacional Freeport- McMoran en el 2007, y que actualmente se constituye en el mayor accionista de la Sociedad (53.56%), seguida por el grupo Mra. Buenaventura (19.58%), y la SMM Cerro Verde Netherlands B.V (con sede en Holanda pero de capitales nipones) que participa con el 21%. Por último, un conjunto de trabajadores retienen el 5.86% de las acciones.

ESTABILIDAD TRIBUTARIA HASTA EL 2029

Se debe reconocer que los contratos de estabilidad jurídica y tributaria estaban justificados cuando el país era percibido como un paria en el mundo financiero y las inversiones mineras no superaban los 22 millones  de dólares anuales (1991), explicables en parte por la violencia terrorista, la inestabilidad económica y el populismo irresponsable que vaciaron las arcas fiscales. 

Sin embargo, desde la recuperación democrática y el crecimiento económico sostenido desde el 2001 a la fecha, la suscripción de nuevos contratos de estabilidad jurídica y tributaria resultan cuestionables, hasta innecesarios desde la perspectiva fiscal, y provocarán mayores conflictos sociales. 

Para las arcas fiscales constituyen indebidos blindajes tributarios que disminuyen la recaudación fiscal, que hasta el Banco Mundial cuestiona. Es más, con los altos precios de los minerales a nivel internacional percibidos, especialmente del oro, cobre y plata desde el 2004 hasta ahora, a pesar de la crisis financiera de setiembre del 2008, las empresas mineras están percibiendo ganancias extraordinarias que no están siendo compartidas lo suficiente con el Estado, las regiones y trabajadores.

Por ella causa extrañeza la firma de un nuevo contrato de estabilidad entre el Estado y la Mra. Cerro Verde donde entre otras cosas “se garantiza la estabilidad del régimen tributario vigente al 17 de julio de 2012. La Sociedad tiene planificado hacer efectivo este contrato a partir del 01 de enero de 2014” Memoria 2012.

Es decir, no se ha esperado el término del contrato original de estabilidad tributaria vigente por 15 años contados a partir del 1º de enero de 1999 con vencimiento el 31 de diciembre del presente año, y ya se ha firmado uno nuevo por 15 años más, cuando la situación económica, política y financiera es absolutamente distinta a la que vivía el país en la década de los noventa del siglo pasado.

En tal sentido, el ministro de Energía y Minas, Ing. Jorge Merino Tafur, conspicuo privatizador, le debe una explicación al país sobre este nuevo contrato de estabilidad firmado por su despacho reconociéndole el marco tributario vigente al 17 de julio del 2012, que arrastra los beneficios tributarios de 1996. Ello resulta, más urgente en razón de las diversas declaraciones del Presidente de la República, cuestionando los referidos contratos de estabilidad tributaria.

Ello constituye un hecho grave en la medida que los contratos originalmente fueron concebidos para un período de 10 años, prorrogables por 5 años más en el fujimorismo. Aquí, se ha firmado un nuevo contrato que tendrá vigencia entre el 2014 a diciembre del 2029, que afectará las finanzas públicas y particularmente el canon minero que percibe el departamento de Arequipa, pues dichas transferencias resultan dependientes del impuesto a la renta realmente pagado, después de haber deducido una serie de beneficios tributarios que mantienen las empresas mineras en la actualidad.

UTILIDADES EXTRAORDINARIAS

El cuadro “Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.: Ingresos y Utilidades Extraordinarias 1999-2012”,  presenta los ingresos, la utilidad operativa, la utilidad neta y el margen de utilidad neta, que resulta de la división de la utilidad neta anual entre los ingresos anuales correspondientes, donde se percibe claramente la bonanza económica de la empresa desde el 2005 a la fecha. El indicador tradicional son las utilidades operativas y las utilidades netas o residuales, después de deducir los costos de venta, gastos de venta y administrativos, más los gastos financieros.

El período de 1999 al 2006 expone la franca recuperación del negocio minero que con precios del cobre de 70 centavos de dólar la libra a inicios de la década pasada, experimentaron un incremento por encima de los 3 dólares la libra de cobre hacia el 2006 para alcanzar los 4 dólares en el 2011  como promedio, para mantenerse sobre los 3.61 dólares la libra en el 2012. 

El “año de corte” es el 2007 donde ante un incremento de la capacidad de tratamiento y la ampliación de la Planta de Sulfuros Primarios se pasa de una producción de 90 mil toneladas a más de 300 mil toneladas principalmente de concentrados de cobre y molibdeno. Ello se refleja en los ingresos que tienen un “salto cualitativo” entre  el 2006 y el 2007 donde se alcanzan los 668 millones de dólares, para arribar a los 1,795 millones, llegando al pico de ingresos en el 2011 con 2,520 millones de dólares, y sumar los 2,127 millones en el 2012. 

Si se tiene presente que un proyecto cuprífero resulta rentable en el largo plazo con precios de 1.25 dólar la libra, con precios superiores a los 3 dólares la libra, resulta evidente la obtención de “utilidades extraordinarias”. Todo ello gracias al efecto compartido de los precios altos del cobre más una ampliación de la producción que fue en parte posible por el beneficio tributario de la reinversión de las utilidades no distribuidas que disminuyeron el abono del impuesto a la renta. 

Si bien hasta cierto punto se podría justificar este beneficio de reinversión hacia el 9 de diciembre del 2004 cuando los precios del cobre en promedio bordeaban los 1.66 dólar la libra, resultaría inaceptable mantener este beneficio tributario en el 2014 y para los próximos 15 años, cuando los precios del cobre se proyectan por encima de los 3 dólares la libra gracias al crecimiento de la economía china e hindú.

En el 2004, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el Programa de Reinversión solicitado por la empresa con cargo a utilidades no distribuidas por un equivalente de 800 millones de dólares que serían invertidos durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007. Así, el Estado dejó de percibir un equivalente a 240 millones de dólares (30% de 800 millones) que en la práctica financiaron la ampliación de la capacidad productiva de Sociedad Minera Cerro Verde. (Ver Memoria Anual 2011 pág.8)

En verdad, con las tasas de rentabilidad neta de 66% en el 2006, 39% en el 2008, 44.4% en el 2010, y de 36% en el 2012 no se justificaría la continuidad del referido beneficio tributario. Así, como promedio en el período 2007/2012 la tasa de la rentabilidad operativa ha sido  del 52.6%, ello significa que por cada 100 dólares de ingresos 52 dólares representan las utilidades operativas, es decir son las utilidades percibidas antes de los pagos financieros, los abonos del impuesto a la renta y participación de los trabajadores en las ganancias (8%).

Con la misma lógica el promedio de la rentabilidad neta, es decir las utilidades netas del período 2007/2012 entre los ingresos del período ha sido del 41.4%, estas utilidades netas son las residuales, que resultan una vez descontados todos los costos de ventas, gastos de ventas y administrativos, más los gastos financieros, y deducidos los beneficios tributarios. Ello representa que por cada 100 dólares de ingresos obtenidos en el período 41.4 dólares están constituidos por utilidades netas, es decir descontados todos los costos, libres de “polvo y paja”.

En verdad, la rentabilidad real de las empresas mineras como Sociedad Mra. Cerro Verde sería mayor si se consideran las depreciaciones y amortizaciones cargadas al costo de ventas, los cargos por agotamiento, cierre de minas, provisiones diversas, pagos a Freeport- McMoran por la gestión y administración, relaciones con las empresas vinculadas que explican más del 75% de la producción vendida, y los costos de las empresas que prestan servicios de terceros.

Resultaría contraproducente para la estabilidad política y económica del país que las millonarias inversiones anunciadas por la Sociedad Mra. Cerro Verde gocen del beneficio de la reinversión de utilidades no distribuidas gracias al nuevo contrato de estabilidad tributaria firmado, obteniendo ganancias extraordinarias. Ello afectará el canon minero por los menores montos que se percibirán por concepto de impuesto a la renta después del 2014, incidiendo en los presupuestos de los gobiernos locales, regional y universidad pública de Arequipa.