martes, 31 de octubre de 2017

ENTRETELONES DE UNA PERVERSA EXPORTACIÓN


SI GAS PARA CHILE

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

En una reciente entrevista telefónica del semanario “Hildebrant en sus Trece” Nº 368 se me preguntó sobre los posibles acuerdos de exportación de electricidad hacia nuestro vecino del sur, en el marco de una integración energética que debiera ser el mandato del siglo XXI entre dos países que han supuestamente solucionado sus problemas limítrofes.

Por los problemas conocidos de edición constato que mis opiniones no han sido plenamente recogidas, de allí la necesidad de esclarecer determinados puntos.


En principio, claramente expuse que no me oponía a la exportación de electricidad hacia Chile, pues técnicamente es mejor apostar por la exportación de valor agregado, por la venta externa de un servicio como la electricidad, antes que exportar gas natural como parece ser el objetivo estratégico de  fondo, ante el déficit energético que tiene dicho país.

La integración energética con terceros países debiera ser un objetivo estratégico de nuestro país si se tiene un gran potencial energético, sobre todo hidráulico en especial en la vertiente oriental de los Andes, con millones de metros cúbicos de agua que anualmente se pierden en el Océano Atlántico, de allí que en el 2007 cuando se firmaron acuerdos con el Brasil para la exportación de electricidad a los estados amazónicos del gigante brasileño, expuse mi acuerdo preliminar.

Lamentablemente la gestión del Presidente Alan García abortó dicha posibilidad, más la falta de transparencia en los acuerdos para la construcción de una serie de centrales hidráulicas en el año 2007, destacando la central de Inambari entre las hidráulicas por inundación que tendrían que construirse.

A ello debiera agregarse las relaciones asimétricas, desventajosas económicamente para nuestro país, con una falta de consulta a las poblaciones que serían afectadas, hicieron imposible avanzar en la integración con el gigante brasileño, que solamente en un año demandaba un promedio de 6,000 MW de potencia adicional para resolver sus problemas energéticos.

A ello debiera agregarse el perverso y activo interés de la constructora brasileña Odebrecht de participar en este acuerdo preliminar entre los presidentes Lula y García por la integración; ahora ya sabemos las razones de tanto interés, pues se ha destapado la mega corrupción de dicha empresa asociada a una serie de gobiernos.

EXPORTACIÓN CONDICIONADA

En tal contexto expuse mi acuerdo preliminar por la integración energética por medio de la exportación de electricidad hacia Chile, siempre y cuando se satisfagan algunas condiciones, pensando siempre en el interés nacional, en un modelo eléctrico que está haciendo agua y que urgentemente demanda su revisión.

En segundo término, me pregunté si tenía sentido exportar electricidad mientras millones de peruanos de los sectores rurales no cuentan con una cobertura eléctrica, segura, y oportuna. En tal sentido, la electrificación rural es una responsabilidad del estado para la población del campo que no tienen asegurado el servicio eléctrico, lo cual no deja de ser una vergüenza que debiera solucionarse de cara al bicentenario de nuestra independencia.

Asumiendo que la electrificación rural no constituye un negocio para las empresas privadas por el alto costo de la instalación, los bajos niveles de ingresos y altos niveles de pobreza que impone una tarifa subsidiada, asociados a la alta dispersión de la población campesina, todo ello hace evidente que debiera ser un objetivo de interés público alcanzar niveles de electrificación cercanos al 95 % tanto de la población urbana como rural, de allí la importancia de la masificación del gas natural y de la construcción del Gasoducto del Sur, a pesar de todos los problemas.

Por ello, señalé ¿qué sentido tiene exportar electricidad cuando departamentos como Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho, Puno, Cuzco, Piura a nivel rural tienen una cobertura eléctrica por debajo del promedio nacional de 75%?

SOBREOFERTA DE MW SUBSIDIADA

En tercer término, sostuve que ante el entrampamiento de las megas inversiones en general y no solamente de los grandes proyectos mineros, existe una sobreoferta de capacidad de potencia que no es ficticia como dicen algunos expertos, sino que es real, y se mantendrá más allá del 2021.

Existe una sobreoferta de capacidad de potencia, una reserva que supera el 50 % en capacidad de megavatios (MW), es decir hay disponible un potencial de generación que no tiene mercado, pues las inversiones que se hicieron en el pasado en razón de la proyectada demanda de electricidad en especial de los proyectos mineros, no están generando las utilidades esperadas.

En gran parte esta sobrecapacidad de potencia que supera los 6,000 MW ha sido posible gracias a una generosa política de subsidios establecidos en los gobiernos de García y Humala, que en última instancia han sido financiados por los millones de clientes regulados en las tarifas que se tienen que abonar, sobre todo en el rubro de los cargos de transmisión.

Por ello preguntaba el sentido económico de exportar electricidad haciendo uso de esta sobrecapacidad de potencia que si bien es titularidad de las empresas, la misma ha sido financiada por los usuarios, en especial por los clientes regulados. De allí, nuestra preocupación de primero satisfacer el mercado interno y luego exportar.

PERVERSO LOBBY EXPORTADOR

En cuarto lugar, es verdad, que existe un fuerte lobby donde el estudio Laub & Quijandría tiene un notorio protagonismo. Como que también es verdad, que grupos eléctricos como Engie Energía Perú y Enel Generación que operan tanto en el Perú como en Chile están creando la necesidad de la exportación de electricidad hacia nuestro vecino del sur, a pesar de la menor rentabilidad que obtienen en dicho país.

Si se adopta como indicador de rentabilidad eléctrica, la tasa de rentabilidad financiera definida como la relación existente entre la utilidad neta entre el patrimonio, cuya cuenta principal es el capital suscrito y pagado, podemos estimar las rentabilidades en ambos países, tal como se expone en el cuadro “Luz del Sur y Enel Distribución Perú superan las Tasas de Rentabilidad Financiera de las Empresas Eléctricas en Chile 2015/ 2016”

En el caso de Engie Energía Perú, que antes se denominaba Enersur del grupo franco belga Suez Energy con plantas térmicas en Ilo (Moquegua) que operan a carbón y con potencia instalada al sur de Lima, con térmicas que utilizan el gas natural de Camisea, obtenía una tasa de rentabilidad financiera de 20.84 % en el 2015 y de 13.83 % en el 2016, que resultaban mayores a las tasas obtenidas por sus hermanas del mismo grupo.

Este grupo eléctrico que también opera en Chile, como Engie Energía Chile obtuvo en el 2015 una tasa de rentabilidad financiera del orden de 12.70%, es decir una rentabilidad ocho puntos por debajo que la obtenida en el Perú (20.84 %). En tal sentido, por qué estarían altamente interesadamente en la venta de electricidad desde nuestro país al vecino del sur.

Si fuese posible la integración energética con la exportación de electricidad los grupos económicos interesados como Engie Perú y Engie Chile prácticamente harían negocios en familia, pues lo que sería ingreso para una empresa, sería egreso para su hermana, y todo se saldaría internamente en el grupo económico. ¡Así funciona el sistema y la libertad de mercado eléctrico!

En el mismo sentido, el grupo Enel Generación Perú que obtuvo una tasa de rentabilidad financiera de 17.47 % en el 2015 y de 8.19 % en el 2016, las mismas que resultan superiores a las obtenidas por las empresas hermanas de generación que operan en Chile. Así,  Enel Américas tuvo una tasa de rentabilidad financiera de 8.08 % en el 2015 y de 7.26 % en el 2016

Debe quedar en claro que el contrato de la exportación eléctrica es un negocio “de y para” las empresas privadas que operan tanto en Chile como en el Perú, y la sobrecapacidad de oferta de potencia sería la excusa para justificar dicho negocio, donde el estado peruano sería el responsable de las inversiones para las líneas de transmisión correspondientes, lo cual sería un subsidio adicional, que en última instancia lo financiaría el sufrido consumidor, como siempre.

DISTRIBUCIÓN RENTABLE

Por último, en este contexto empresas eléctricas de distribución que han aumentado de forma extraordinaria los ingresos, la rentabilidad y fortalecido su patrimonio como Luz del Sur S.A.A. en el período de bonanza de la economía peruana, lideran en las tasas de rentabilidad financiera tanto en el 2015 y 2016, con unas tasas de 22.02 % y 16.34% respectivamente, tal como se muestra en el cuadro “Luz del Sur y Enel Distribución Superan las Tasas de Rentabilidad Financiera de las Empresas Eléctricas En Chile”.

Con la finalidad de mantener y sobre todo incrementar su rentabilidad el grupo Sempra titular y mayor accionista de Luz del Sur S.A.A. está en un acelerado proceso de integración vertical comprometiendo inversiones superiores a los US $ 970 millones de dólares con la finalidad de incrementar la capacidad de potencia en generación, en el reconocido proyecto de Majes Siguas II (Arequipa), con 426 MW adicionales.

Sin embargo, resulta lamentable e injustificado que parte del financiamiento para alcanzar la integración vertical se realice a costa de una explotación laboral que se expresa en abusivos programas de racionamiento de personal, con invitaciones al retiro de más de cien colaboradores, con mínimos incrementos salariales en las negociaciones colectivas. Todo ello a pesar de la contribución del factor trabajo en el crecimiento patrimonial de dicha corporación.  

En resumen, las empresas eléctricas que operan en el Perú demandan la venta de electricidad a nuestro vecino del sur, en especial al  norte de Chile (Antofagasta), donde se concentra la mayor producción cuprífera del mundo, a pesar que la rentabilidad eléctrica en dicho país sería menor a la que se obtiene en nuestro país.

En el fondo, la integración eléctrica es la excusa, en lo profundo el objetivo estratégico del estado chileno y las empresa que operan en su economía es una dotación de energía barata y segura, como sería el gas natural de Camisea, pues a pesar de todo, nuestro vecino paga precios de necesidad por el gas natural importado de lejanos mercados y regasificado en sus dos plantas. Esta es la verdad de la milanesa que el gobierno peruano debe resolver preservando el interés nacional antes que los negocios privados.



También en Diario Uno: 
http://diariouno.pe/columna/entretelones-de-una-perversa-exportacion-al-sur/

viernes, 27 de octubre de 2017

PIURA: SIN MASIFICACIÓN DE GAS NATURAL

EL MEM CON LA MALDICIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

Desde la explotación de los ricos yacimientos de gas natural de Camisea lotes 88, 56 y 57 las expectativas de una masificación del gas en nuestro país que vaya más allá del consumo eléctrico están siendo poco a poco satisfechas. Después de casi trece años la masificación del gas natural avanza.

Los beneficios de tener un hidrocarburo limpio, barato y seguro en las casas, vehículos, e industrias ya no será un privilegio de los usuarios de Lima-Callao, e Ica, pues a partir de noviembre próximo, superados los ajustes y pruebas finales para llevar el gas natural licuefectado en Pampa Melchorita (Cañete) para ser transportado en camiones cisternas y regasificado después para abastecer a  las ciudades de Arequipa, Tacna, Moquegua en el sur, y Chimbote, Huaraz, Trujillo, Pacasmayo, Cajamarca, será una realidad.

Mientras para Piura constituye una cruel paradoja, una oportunidad desaprovechada, pues teniendo en el subsuelo millones de pies cúbicos de gas natural no tienen hasta ahora el beneficio de la cultura del gas natural para las familias, industrias y el pequeño comercio, a pesar de la necesidad de las inversiones de capitales para la reconstrucción.

Ello solamente se explicaría por la desidia, incapacidad y desinterés de nuestras más altas autoridades del sector de energía y minas, que demoran por más de once meses la autorización y firma del contrato para la concesión en la distribución de gas natural que compromete más de US $ 230 millones de dólares (Aproximadamente 730 millones de soles) en un departamento sediento de inversiones para hacer posible la reconstrucción.

Se niega a casi 400 mil piuranos el acceso a un combustible que permitiría grandes ahorros frente al gas licuado de petróleo (GLP), cuyos precios superan los 40 soles por balón de 10 kilos al mes frente a los 16.60 soles mensuales que se pagarían si estuviesen conectados a la red de distribución de gas. Es más, también se retrasa los beneficios de contar con el Bono Gas un fondo que financia la instalación domiciliaria hasta el 100 % para los hogares considerados pobres, sin devolución ni pago de interés alguno.

Es más, los precios para el consumo residencial serían menores a los 16.60 soles mensuales si las grandes empresas estuviesen conectadas a la red de distribución de gas natural tales, como Eléctrica de Piura, ahora denominada Enel Generación-Piura, la refinería modernizada de Talara-PetroPerú que demandaría más de 20 millones de pies cúbicos diarios a plena capacidad a partir del 2021, Cementos Pacasmayo, la brasileña Vale Rio Doce que opera los fosfatos de Bayóvar (Miski Mayo), más las 18 empresas pesqueras que operan en Paita, Sechura, y otras empresas industriales, que tienen actividad en la región.

Pues se cumpliría la regla de oro, a más demanda de gas natural una mayor producción y distribución de gas natural, menor sería la tarifa para los clientes residenciales, y del pequeño comercio que no representan ni el 2 % de la demanda total. Se debe tener siempre presente que los mayores volúmenes de demanda corresponden siempre a las grandes empresas que en última instancia financian la masificación.

LAS INVERSIONES DEL ZAR

Si consideramos el impacto de las inversiones en la región piurana por la construcción del sistema de distribución del gas en momentos en que Piura y alrededores demanda con urgencia las inversiones necesarias para superar los efectos de las inundaciones, la reconstrucción de pistas y veredas, vivienda, saneamiento, etc.,  se podrá tener una idea del “crimen sin castigo” que  están cometiendo las más altas autoridades del sector de energía y minas con el departamento de Don Miguel Grau.

De acuerdo al “Plan Integral de Reconstrucción con Cambios presentado por la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios (ARC)” bajo la presidencia del zar Pablo de la Flor, presentado a fines de agosto del 2017 y aprobados el 11 de setiembre, de un total de 25,6 mil millones de soles para varios departamentos afectados, solamente para la región Piura se han  asignado un total de 7,541 millones de soles para la reconstrucción. De este total, el 75.54% (5,696 millones de soles) sería para la reconstrucción de la infraestructura afectada y el 24.46% (1,845 millones de soles) se destinaría a los proyectos y actividades de prevención de inundaciones.

Esto significa según el cuadro “Inversiones Por la Reconstrucción Con Cambio en Obras de Infraestructura en la Región Piura” que del total de inversiones en infraestructura S/ 5,696 millones de soles el monto más importante está constituido por el rubro de transportes a los cuales se le destina 2,401 millones de soles (42.20 %), le sigue en importancia los montos destacados al rubro de educación por más de 1,070 millones de soles (18.80%), luego siguen las inversiones en salud 562 millones, saneamiento 545 millones de soles, el rubro de vivienda capta un poco más de 316 millones de soles que representa el 5.60%.

En comparación desde el punto de vista de la masificación del gas natural mediante una red de distribución que compromete más de 230 millones de dólares, es decir un promedio de 730 millones de soles, con ductos que atraviesan las provincias piuranas. Estos montos de inversión superan los montos destinados a las inversiones de pistas, veredas, vivienda y es más resultan superiores a las partidas destacadas para las inversiones de saneamiento que suman 545 millones de soles, tal como se puede apreciar en el cuadro respectivo.

En tal sentido, esta criminal demora en el otorgamiento de la concesión en la concesión de la red de distribución de gas natural por parte del Ministerio de Energía y Minas que compromete inversiones privadas por parte de Gasnorp filial de la colombiana Promigas, equivalentes a 730 millones de soles, se sumarían y reforzarían el monto de inversiones públicas para la reconstrucción en Piura en los próximos tres años. No tendría sentido invertir en pistas y veredas, viviendas y saneamiento para mañana más tarde romper las mismas, sin orden ni planeamiento en los centros urbanos.

Por ello, al margen del carácter de las inversiones públicas y privadas se trata de capitalizar el departamento de Piura aprovechando la oportunidad de hacer todo de nuevo ante la magnitud del desastre, lo cual desataría un shock de inversiones con un efecto multiplicador en el empleo, en un departamento donde la pobreza, la falta de cobertura eléctrica, los altos costos del balón de GLP y el subempleo constituyen una triste realidad.

Desde el punto de vista técnico el Osinergmin, el organismo regulador de las tarifas de gas natural ha demostrado los efectos positivos de la distribución de gas natural mediante una red de tuberías, lo cual significaría una reducción del 25 % al 30 % en el precio en relación a los precios de los combustibles sustitutos al gas natural, llegando al 60 % de ahorro para el caso del consumo residencial, como el gas licuado de petróleo (GLP), y el uso de residuales en las plantas industriales.

MEM: UNA PERVERSA DEMORA

Esta paralización y retraso en la concesión de la distribución, no se reduce al impacto en la economía de los hogares de la población piurana afectando a 64 mil familias de Talara, Piura, Sullana, Paita, Sechura, tal como se puede apreciar en el cuadro “Gasnorp: Proyección de la Masificación de Gas Natural en Piura”, dejando de invertir US $ 230 millones de dólares que en menos de 36 meses hubiese significado contar con una infraestructura de distribución de 225 kilómetros de una red principal de acero, 856 kilómetros de redes de polietileno donde al octavo año demandaría 33 millones de pies cúbicos de gas diarios, que hoy se reinyectan y/o ventean.

Piura es un departamento bendecido por la naturaleza con una gran riqueza de recursos naturales, tales como los hidrocarburos (petróleo, gas natural y líquidos de gas natural), minería no metálica con los fosfatos de Bayóvar y con importantes reservas en la minería metálica de oro y cobre, con una riqueza pesquera que demanda refrigeración para obtener mejores precios de los productos pesqueros.

Una agricultura no tradicional dinámica, la agro exportación creciente, con los cultivos de frutas de mango, plátanos, limones, algodón, etc., entre otros, que demandan un energético seguro, limpio y barato como el gas natural para construir mejores y mayores ventajas competitivas.

Comparando la experiencia en Ica con la empresa distribuidora Contugas, donde al igual que Piura constituye una región desértica, sedienta de agua e inversiones hasta el momento después de tres años casi 40,000 familias se benefician de la cultura del gas natural. A ello hay que sumar más de 60 clientes industriales que vienen operando, agregado a ello el aumento de 364 vehículos más a gas natural vehicular (GNV) en el 2016.

Se imaginan los miles de mototaxistas piuranos las ventajas que tendrían al consumir gas natural y no las caras gasolinas, ya que ahorrarían más de  la mitad en el precio con la masificación.

Cabe destacar que a finales del 2016, el Presidente de la República, PPK había inaugurado la conexión de gas natural en el comedor de la institución educativa inicial Almirante Miguel Grau, ubicada en la provincia de Pisco, con lo cual ya son cuatro comedores populares beneficiados con la campaña “Nutrigas”, es decir se están generando más opciones no sólo educativas sino nutricionales con este cambio de patrón de consumo energético; ¿cuántos niños y familias se están perdiendo esta oportunidad en Piura por los estancamientos legales y burocráticos desde el Ministerio de Energía y Minas al mantener paralizada la concesión de la distribución en el departamento del norte?

¿Cuántos comedores populares de Piura se beneficiarían si en lugar de usar balones de GLP como combustible, estuvieran conectados a la red de distribución de gas natural?

Mientras la distribución del gas en Piura sigue paralizada a conveniencia de perversos intereses privados, ya se ha inaugurado el Sistema de Carga de Camiones de Gas Natural (gasoductos virtuales) en Cañete, y a mediados de noviembre del 2017 se podrá llevar en camiones el gas natural que será comprimido, a las regiones de Cajamarca, Chiclayo, Pacasmayo, Trujillo, Chimbote y Huaraz, así como en las regiones del sur del país en Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna.

En tal sentido, constituye una cruel paradoja que Piura teniendo importantes reservas de gas natural en su subsuelo sea testigo de cómo otras regiones gozarán los beneficios del gas natural y la masificación con el gas extraído de Camisea.

También resulta una maldición de los recursos naturales que la producción fiscalizada de gas natural esté concentrada en la generación eléctrica a favor de Eléctrica de Piura y en el consumo de unas cuantas empresas, postergando a miles de familias piuranas del beneficio de la cultura del gas natural mediante la demora innecesaria en la autorización de la concesión de la red de distribución. 





lunes, 2 de octubre de 2017

EL CONTRATO LOTE 1- AB AHORA 192 BIRLADO A PETROPERÚ

HISTORIA DE UNA INFAMIA NEGRA COMO EL PETRÓLEO

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

La historia del lote 1-AB ahora denominado lote 192 por razones de fuerza mayor, resume una historia negra de infamia, de entreguismo de nuestros gobernantes hacia el poder de las empresas transnacionales, constituye una fuente de corrupción, es un sinónimo de contaminación ambiental con históricos pasivos contra el equilibrio natural de la Amazonía que nadie asume en serio, a pesar de casi cuarenta y cinco años (45) de explotación privada desde 1973 al 2017.

Son responsables de tal  realidad, el estado capturado por el capital privado, con el organismo regulador Perúpetro como también las empresas Occidental Petroleum (OXY), que sería  la mayor contaminante, la empresa de capitales gauchos que se hizo grande en nuestro país, Pluspetrol Norte (2001) y en menor medida la  quebrada canadiense Pacific Stratus Energy, ahora Frontera que adopta otros nombres para despistar, que desde fines del 2015 tiene la responsabilidad sobre el lote 192.

Es más, a nivel laboral el lote 1-AB ahora lote 192 expone la cruda explotación de la fuerza de trabajo, en el aislamiento de la selva, con jornadas atípicas de trabajo y enajenación de la participación de las utilidades a los trabajadores que en lugar de percibir como actividad extractiva el 8 por ciento de la utilidad imponible, les han distribuido apenas el 5 por ciento de la utilidad imponible, como si fueran trabajadores de una actividad de servicios tipo comercio.

A ello debe sumarse el despido de más de trescientos trabajadores de parte de Pacific Stratus/Frontera que operaban el lote 1-AB con reconocida experiencia petrolera pues muchos de ellos provenían de las operaciones de OXY/Pluspetrol Norte, a los cuales no se les ha reconocido la estabilidad del trabajo en las operaciones, para contratar a jóvenes con menores remuneraciones.

Así, desde inicios de los años setenta del siglo pasado con la OXY de Arnold Hammer, pasando por la argentina Pluspetrol Norte, y Pacific Stratus el lote 1-AB siempre ha estado bajo gestión privada, cuando por mandato de la ley de hidrocarburos debió ser transferida a la petrolera estatal PetroPerú en agosto del 2007, tal como lo disponía la ley de hidrocarburos vigente en 1986.

La importancia del lote 1-AB ahora llamado lote 192 al cual se le han sumado miles de hectáreas, está ubicado en la selva norte en la localidad de Andoas, en la provincia Datem del Marañon, en el departamento de Loreto y hasta el año 2015 ha sido el lote responsable de la mayor producción de petróleo crudo y es también el lote que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo, probables y posibles del país, que en última instancia determinan su valor, las cuales debieron ser transferidas a PetroPerú en el 2007.

Con el cuadro y gráfica correspondiente “Pluspetrol Norte: Producción de Petróleo en el Lote 1-AB” se puede captar el comportamiento de la producción desde 1995 a cargo de la Occidental con una producción diaria promedio de 53 mil barriles diarios con una tendencia a la disminución crónica, pues en el 2000 se producía un poco más de 36 mil barriles diarios para seguir en bajada a los 26,660 mil barriles en el 2007, para ubicarse en los 9,510 barriles en el 2015 y llegar a 3,000 barriles diarios como promedio en el período enero/agosto del 2017. ¡Como el tango, la producción fue cuesta abajo!

Al margen de la tendencia decreciente de la producción debemos señalar que por los problemas del Oleoducto Norperuano de PetroPerú, que han determinado su cierre temporal, con atentados de terceros recurrentes desde el 2015, que explican la mínima producción de crudo del lote 1-AB ahora denominado lote 192.

Sin embargo a pesar del cierre temporal del Oleoducto Norperuano, las reservas probadas y probables del lote 192, con sus instalaciones determinan que tenga un gran potencial económico que se potenciaría con la modernización de la Refinería de Talara-PetroPerú a partir del 2021.

¡GRAVE CONTAMINACIÓN SIN RESPONSABLES!

Los diversos grupos étnicos de la Amazonía desde el 2009 de forma recurrente toman sus instalaciones como medida de protesta ante la inopia y desinterés del propio estado de solucionar positivamente la grave comtaminación ambiental, pues recién en dicho año, por la presión social se impone la reinyección de las aguas residuales con contenido de aceites, aditivos, que hasta ese entones se vertían irresponsablemente en los ríos, lagunas, contaminando el ambiente.

Los nautvos aguarunas, achuares, jíbaros etc. hastiados de la grave contaminación ambiental, cansados de las “múltiples mecidas” de los propios representantes del estado para resolver el grave problema ambiental, donde se verifican más de 90 pasivos ambientales que no tienen solución hasta ahora y ninguna valorización sobre el costo de remediación por asumir, tanto de parte de las empresas, ni del propio estado ni del organismo regulador y promotor de la inversión en el sector de hidrocarburos: PerúPetro.

En la renegociación contractual de 1986 con la OXY durante el gobierno de Alan García, ni la negociación del 2001 con Pluspetrol en el gobierno de transición, ni en el 2015 con el gobierno de Humala se asumió con seriedad resolver el problema de los pasivos ambientales; la política ha sido siempre “soplar la pluma” es decir, derivar hacia más adelante la remediación ambiental.

Cabe recordar que según declaraciones de la empresa Pluspetrol Norte cuando operaba dicho lote ante la naturaleza de crudo pesado extraído del lote 1-AB para poder extraer 3 barriles se hacía necesaria la inyección de 97 barriles de aguas tóxicas con químicos que una vez obtenido el crudo eran vertidas al medio ambiente contaminando ríos, lagos y lagunas emprobreciendo a la madre naturaleza.

Por ello, el gobierno de ese entonces en razón de la presión de las comunidades nativas  comprometió a la empresa Pluspetrol a ejecutar las inversiones en la reinyección de las aguas tóxicas, cuestión que se práctica desde el 2010 mas los pasivos ambientales no han sido resueltos.

UN POCO DE HISTORIA

Durante el gobierno de transición democrática 2000/2001 se llevó cabo una extensión contractual hasta agosto del 2015 por el lote 1-AB, a favor del nuevo operador Pluspetrol que negoció con la OXY la transferencia de dicho contrato. Éste debía caducar en agosto del 2007 en razón de la renegociación alcanzada durante el primer gobierno del presidente Alan García (22 de marzo de 1986)

En el lote 192 antes 1-AB a diciembre del 2014 según el Libro Blanco de Reservas se reconocían un poco más de 134 millones de barriles de reservas de crudo pesado que tienen un alto valor de mercado así el crudo tenga un precio menor a los US $ 50 dólares el barril.

Para el 2017 si se descuenta la producción acumulada del 2015 un poco más de 3.4 millones de barriles y el 2016 menos de 0.5 millones de barriles, las reservas probadas explotables comercialmente bordean los 74 millones de barriles, pues con los precios internacionales deprimidos menores a los 50 dólares el barril, el valor económico del lote disminuye, pero siguen siendo rentables pues dicho lote con precios de 30 dólares el barril le generaba utilidades al operador en el período 2003/2004.

Claro está si dicho lote hubiese sido transferido a PetroPerú en el 2007, la estatal se hubiese beneficiado con el ciclo alto de precios del petróleo que llegaron a bordear los US $ 100 dólares el barril con excepción de los niveles del 2009 por la crisis financiera, para luego recuperarse en 2011 hasta el 2014.

Se debe tener presente que el valor de las reservas probadas que se pueden explotar  depende del precio de mercado y de la tecnología apropiada, y la producción  del crudo del lote 192 antes lote 1-AB tenía que ser exportada a precios castigados pues no puede ser tratada por ninguna refinería que opera actualmente en el país.

En el caso del lote 192 con el nivel de reservas probadas al 2014 el horizonte de vida sería superior a los 20 años sin contar las reservas probables, posibles y recursos que se estiman superiores a los 400 millones de barriles, pues estamos ante el lote más importante del país a pesar de su antigüedad. (Ver cuadro de Reservas Probadas)

En tal sentido, debe reconocerse que a partir del 2021 las reservas probadas y probables del lote 192 podrán ser tratadas por la refinería modernizada de Talara que contaría con una unidad de tratamiento de crudo pesados. Es decir, la fracturación  del crudo pesado del lote 192, e incluso de otros lotes como del lote 67, lote 39 podría ser tratada en la refinería de PetroPerú.

Si el lote 192 fuese transferido a PetroPerú como así lo dispone la ley aprobada por el Congreso de la República en el gobierno anterior, la petrolera estatal contaría con la ventaja de contar con producción propia, tanto del crudo ligero proveniente del lote 64 como del 192, con un mínimo de 20,000 barriles de producción propia.

Es más, usando su propio oleoducto para el traslado del petróleo de otros operadores, dicho crudo generaría un mayor valor agregado al ser tratado en su refinería para transformarlo en diésel 2 limpio con 50 partes por millón de azufre con mayores volúmenes de gasolinas, gracias a la unidad de tratamiento de crudo pesados.

Estas son las ventajas de la integración vertical de las actividades que el Congreso de la República aspiraba mediante la ley aprobada del 4 de setiembre del 2015 mediante la más amplia mayoría parlamentaria, cuando suscribía que “Autorícese a Perúpetro S.A. para que, previa evaluación y mediante negociación directa, suscriba el contrato de explotación de hidrocarburos del Lote 192 a la Empresa Petróleos del Perú, Petroperú S.A. Para este efecto exceptúese la aplicación del artículo 6 de la presente Ley 30130 (….)

Sin embargo, las fuerzas oscuras de la antipatria, el interés privado por encima del público existentes en el organismo regulador PerúPetro, y el propio Ministerio de Energía y Minas le niegan al país contar con la integración vertical, pues las reservas probadas del lote 192 tienen un mayor valor con la refinería modernizada de Talara, dado que la producción de dicho lote antes que ser exportada podría ser refinada en el país a partir del 2021, para bien de la acumulación interna.