sábado, 28 de febrero de 2009

RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO DE EXPORTACIÓN DE GAS NATURAL

DEBATE AL ARTÍCULO: RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO DE EXPORTACIÓN DE GAS NATURAL
Diario El Comercio, 25 de febrero de 2009

Entrevista a Pedro Sánchez Gamarra: "Nosotros no decidimos exportar"

El ministro de Energía y Minas convocó a la exportadora de gas Perú LNG a reorientar sus reservas de exportación al mercado local. Sin embargo, no modificará ningún contrato.

Por: Manuel Marticorena Solís

El Ministerio de Energía y Minas ha decidido llevar a la mesa de negociaciones a Perú LNG con la finalidad de que la empresa, que exportará gas natural a México, disminuya sus volúmenes de exportación para abastecer la demanda local. El titular del sector, Pedro Sánchez, dice que esto no significará renegociar el contrato de exportación, pues considera que este es un compromiso asumido por el país que debe respetar. En ese sentido, todo hace prever que tendrá que hilar fino para mantener satisfechos a los consumidores locales de gas (eléctricas e industrias) y, a la vez, a la exportadora Perú LNG.

¿Bajo qué términos se hará la negociación para que Perú LNG libere parte del gas que espera exportar?
Estamos trabajando en todas las opciones que permitan llegar a ese objetivo en dos meses. Hay muchos aspectos que tomar en cuenta, por ejemplo, ¿qué pasará si Perú LNG no termina de construir su gasoducto para el 2010 y no hay exportación? En ese caso no será posible ampliar el suministro público de gas a Lima. Todo tiene que estar concatenado. Al final, lo que nos interesa es que el sistema tenga más capacidad de transporte que nos permita atender a más clientes.

Sin embargo, en algunos medios mencionó que se renegociaría el contrato de exportación.
Lo que he dicho es que estamos estudiando los términos contractuales que nos permita obtener el volumen que se requiere para abastecer el mercado local. No tocaremos el contrato de exportación, en eso hemos sido muy claros y cuidadosos.

Considerando que la exportación va a demandar un tercio del gas de Camisea, ¿no le parece que este volumen comprometido para exportar es muy alto y que hace peligrar el abastecimiento del mercado interno?
El incremento del consumo de gas el año pasado ha sido de 20% pero principalmente por la demanda del sector eléctrico. En ese sentido, lo que haremos es tomar medidas como licitar una planta hidroeléctrica de 500 megawatts (Mw) que entrará en el 2013 y que permitirá que menos gas sea utilizado en el sector eléctrico. En la misma orientación impulsaremos plantas eléctricas de ciclo combinado, que sin aumentar el consumo de gas producirá más energía eléctrica, ayudando a liberar gas para otros sectores.

¿Qué tan provechoso para el país es exportar gas natural cuando los precios internacionales han bajado?
El contrato de exportación no se puede ver en ese contexto, sino cuando se tomó la decisión de ir adelante con él (en el 2004). En gran medida el proyecto de Perú LNG hizo viable el proyecto Camisea, esta es una inversión que apostó por el país y tenemos gas ahora en el mercado interno.

¿Los montos por regalías obtenidos por la exportación van a ser los mismos que los que se tendrán por usar el gas en el mercado local?
Siempre hay una discusión sobre ese tema. Si bien las condiciones han variado desde que se firmó este contrato, lo que no podemos hacer ahora es salir y decir que mejor nos olvidemos de la exportación y hagamos otra cosa, eso no sería serio. El gas obviamente se puede utilizar de mejor manera que exportándolo, como en la petroquímica del etanol que tiene una mayor cadena de valor porque de eso se obtiene polietileno, fibras, telas, y plásticos.

Usted habla de mantener el contrato con el Consorcio Camisea y Pluspetrol, cuando son ellos los que han pedido varias veces modificaciones de los contratos sin que estos necesariamente beneficien al país.
Los contratos se modifican por acuerdo de las partes. En aquel momento la República del Perú estuvo de acuerdo en modificar los contratos iniciales para acomodar este proyecto de exportación. Nosotros no decidimos exportar el gas.

¿Garantiza que el mercado interno no va a quedar desabastecido de gas?
Por supuesto. Imaginemos un caso hipotético: si tuviéramos una demanda insatisfecha local y no hay energía eléctrica porque el gas se está exportando, eso no puede pasar porque hay un criterio de seguridad energética que prioriza el gas. En ese caso se tendría que tomar medidas más drásticas. Pero no estamos cerca de eso.
LOTE 56: MÁS REGALÍAS PARA EL ESTADO*



“Tener razón antes de tiempo es otra forma de equivocarse” (Margarita Yourcenar)



Por la propia estabilidad política y económica del país debemos renegociar el contrato de exportación de gas natural no solamente para garantizar inversiones de más de 3,000 millones de dólares que bien los necesita el Perú en este período crítico, y al mismo tiempo para asegurar en el largo plazo una viabilidad política de un proyecto de exportación que cuestiona en el mediano plazo el abastecimiento del mercado interno. A pesar del gran potencial gasífero de nuestro país, el problema por superar es la participación del Estado a través de mayores porcentajes de regalías y el uso irracional que se le está otorgando al gas de Camisea, desperdiciando el etano (10%) y metano (90%) del gas de Camisea en la generación eléctrica, con precios subvaluados en relación a los vigentes a nivel internacional.

Si se asume que existen mayores volúmenes de reservas de gas en el Gran Camisea, antiguo lote 42 (actuales lotes 88 y 56) más las reservas del lote 57 (Repsol/Petrobras) y lote 58 (Petrobras), debemos reconocer que el mayor reto que tiene PerúPetro con las empresas interesadas consiste en transformar en el menor tiempo posible, con una agresiva campaña exploratoria con mayores pozos perforados, inversión de riesgo, para convertir los 29 trillones de pies cúbicos de gas natural de reservas probadas, probables y posibles que declara el Libro Anual de Reservas de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, en reservas plenamente probadas que están sobre los 11.8 TCF (trillones de pies cúbicos en la terminología anglosajona o billones de pies cúbicos en la nomenclatura de América Latina)

Esto es absolutamente necesario para superar esta supuesta dicotomía entre el abastecimiento al mercado interno y la exportación de gas natural. A nuestro criterio otro debiera ser el punto en cuestión, más ligado a la racionalidad económica del uso del gas natural, a la eficiencia de su consumo por ejemplo en la generación eléctrica de ciclo simple donde se desperdicia gran parte del calor generado por el vapor, en el desarrollo de la petroquímica a partir del etano, y en la baratura del precio del gas natural que desincentiva la construcción de plantas hídricas o de energía no convencionales como la eólica.

Sirva de ejemplo el departamento de Piura que tiene un potencial de generación eólica no aprovechado, es decir una fuerza de los vientos para generar 1,000 megavatios de potencia, esta energía renovable no convencional no se utiliza por la falta de promoción para la inversión privada en una energía limpia e inagotable como la fuerza de los vientos. Sin embargo, Eléctrica de Piura EEPSA del grupo Endesa genera electricidad quemando gas seco natural proveniente del lote Z-2B, en unidades de ciclo simple y así en su conjunto todas las empresas que extraen petróleo y gas natural asociado en la región ventean más de 60 millones de pies cúbicos diarios a la atmósfera, agravando el efecto del calentamiento global.

Por tanto, en una versión resumida el caso de Piura demuestra el perverso patrón de consumo energético, donde no es la carencia del gas natural el principal problema sino el uso irracional de un recurso natural no renovable como el gas natural que se ventea en la atmósfera o se quema, no teniendo en consideración que dicho recurso en algún momento se agotará. En la misma línea de razonamiento, el gas natural de Camisea tiene precios tan bajos que la demanda y su consumo ha sido mayor a la demanda proyectada años atrás, habiendo saturado antes de tiempo la capacidad de transporte del gaseoducto. En todo caso se trata de desequilibrios energéticos y no de una crisis gasífera como ha sido sostenido por algunos analistas.

MAL NEGOCIO: GAS BARATO

En tal sentido, sirva la comparación de los precios vigentes para el mercado local gracias al gas natural proveniente del lote 88 como el precio del gas natural que servirá para la exportación. Para ello, se utilizarán dos metodologías válidas para estimar el precio del gas natural. Sea en relación al 10% del precio del petróleo residual 6 que sirve de sustituto, o en relación al marcador del precio en la economía norteamericana el Henry Hub, ambos expresados en dólares por millón de BTU (MMBTU) equivalente a mil pies cúbicos (MPC) tal como se puede observar en el cuadro respectivo.

Si se tiene presente como fijación del precio del gas natural por millón de BTU equivalente a 1,000 pies cúbicos, un precio equivalente al 10% del precio del barril de petróleo residual industrial Nº6, tomando en consideración los últimos 26 meses, es decir durante todo el 2007, 2008, a febrero del 2009, el precio máximo del gas natural hubiese sido de US$ 11.19 dólares por MMBTU en julio del 2008 y el precio mínimo sería de US$ 3.85 en diciembre del mismo año. En el 2007 el precio promedio tomando en consideración el 10% del residual fue de US$ 5.53 y de US$ 7.88 en el 2008.

Igualmente tomando en consideración los últimos 26 meses del precio spot del gas natural en el mercado norteamericano el Henry Hub, es decir durante todo el 2007, 2008, a febrero del 2009, el precio máximo del gas natural hubiese sido de US$ 12.69 dólares por MMBTU en junio del 2008 y el precio mínimo sería de US$ 4.57 en febrero del presente año. Los precios promedios fueron de US$ 6.98 y de US$ 8.86 dólares por MMBTU en el 2007 y 2008 respectivamente.

En cualquiera de los casos sea con el marcador del Henry Hub, como el 10% del precio del petróleo residual industrial N 6, el precio en boca de pozo por MMBTU o mil pies cúbicos, resulta superior a los precios para el mercado interno proveniente del lote 88, es decir en el campo sea para el uso eléctrico sin considerar los costos del transporte y distribución, que serían de US$ 1.20 y de US$ 2.10 por MMBTU para uso industrial según la fuente citada por el diario La República 26/2/09. Esta distorsión de precios relativos del gas natural debe ser superada, de allí que empresas de generación eléctrica se cuelguen con generadores de ciclo simple como empresas industriales que aprovechan del gas barato, soslayando que las reservas del gas de Camisea en algún momento se agotarán.

En la determinación del precio del gas natural para la exportación se aplica la teoría del “net back price” o “precio hacia atrás”, es decir el precio de Henry Hub menos los costos que conlleva el proceso de regasificación del gas natural en México, los costos que implica el transporte marítimo en buques metaneros, los costos de licuefacción en Pampa Melchorita (Cañete) y los costos de transporte por el gaseoducto Lote 56 (Pagoreni). Esto es importante pues en función del precio Henry Hub se descuentan los diversos costos y sobre el precio neto resultante se aplica la tasa de regalía de 30% cuando el precio es de US$ 4 por MMBTU en México y de 38% cuando el precio Henry Hub es de 10 dólares.






RENEGOCIAR REGALÍAS

En un artículo publicado en agosto del 2004 en un medio de circulación nacional escribía sobre el problema de las regalías que el Estado obtendría de la exportación del gas natural licuefactado, advirtiendo que sería seriamente cuestionado un contrato de exportación lesivo a los intereses nacionales, donde las regalías que obtendría el Estado fuesen menores en relación a las regalías provenientes del lote 88 por el consumo local sea mayoritariamente en el consumo eléctrico como industrial.

Si bien PerúPetro estaba autorizado por ley a designar o negociar directamente con los interesados por suscribir contratos de exploración que implicasen inversiones de riesgo, no era el caso del lote 56 (Pagoreni) donde existían más de 2.7 trillones de gas natural y más de 200 millones de barriles de condensados como reservas que fueron descubiertas por la empresa Shell. Estas fueron otorgadas directamente sin concurso ni subasta internacional fijándose una tasa de regalías relativamente menores a las provenientes del lote 88 pues tenían la metodología del “net back price” es decir el precio Henry Hub al cual se le debían descontar una serie de costos que ni el estado ni Perúpetro pueden fiscalizar.

Así, escribía que: “LOTE 56"

Si bien nunca se explicaron las razones por las cuales se retiró la Shell en el 2001 del Lote 75 ahora denominado 56, tampoco quedó en claro la adjudicación del mismo al Consorcio que explota Camisea (Lote 88) con los yacimientos de San Martín y Cashiariari. Después de todo, tanto el Lote 88 como el 56 conformaron el antiguo Lote 42 de la década de los ochenta. Lo cierto y evidente es que la Shell en ambos lotes invirtió más de US$ 560 millones, que se gastaron en las instalaciones, perforaciones y el descubrimiento de las reservas de gas natural y líquidos de gas natural. Por contrato, al retiro de la Shell en el año 1998 del Lote 88 y en el 2001 del Lote 75 ahora 56, todo lo invertido incluyendo las reservas le pertenecían al Estado, a todos los peruanos teóricamente. Esto último es lo que el presente gobierno (Gobierno de Alejandro Toledo) a través de PerúPetro ha negociado entre bambalinas supuestamente por el carácter técnico de los contratos.

En todo caso, firmado el contrato de Camisea por el Lote 88 el 2001 durante el Gobierno de Transición, con regalías del 37.24 % quedaba por negociar el Lote 56 más conocido como Pagoreni. En tal sentido, lo central de las negociaciones ha girado alrededor del porcentaje de las regalías pactadas. La opinión pública exigía que las regalías en el Lote 56 antes Lote 75 no podían ser menores a las de Camisea. Ello se justificaba básicamente porque el riesgo era mínimo, las reservas de gas fueron probadas quedando por descubrir más, en razón que estaríamos ante un emporio de gas parecido al de Tarija (Bolivia), lo principal del gasto de inversión para la salida del gas conectadas con el Lote 88 ya se ha realizado, y el mercado americano estaba relativamente asegurado por los menores costos de transporte, menor distancia frente a otros competidores (Rusia, Indonesia, Alaska etc).

En la presente coyuntura los lobbystas de siempre tienen el razonamiento que las reservas de gas natural y condensados del lote 56 bajo responsabilidad de Pluspetrol, con los yacimientos de Pagoreni que fueron explorados dicho sea de paso por Shell, serán destinadas a la exportación mediante el proceso de licuefactación. Es decir, serán convertidas en estado líquido para ser transportadas por mar al mercado de California vía México. Allí serán regasificadas, es decir convertidas en gas natural y transportadas por los gaseoductos para satisfacer en parte el déficit energético norteamericano.

En el pasado reciente se sostenía que unas regalías equivalentes a las de Camisea que percibiría el Estado por el gas exportado de 37.24 % afectarían la competitividad del negocio, restaría rentabilidad a los inversionistas interesados en la exportación de gas natural licuefactado, y por lo tanto se pondría en peligro más de US$ 2,100 millones de dólares de inversiones necesarias para el país. Por tanto, asumían que solamente estarían dispuestos a pagar el 20 % de regalías. Este razonamiento aparentemente habría sido superado al haberse negociado en la tercera semana de junio regalías del orden de 38 % cuando el precio por millón de BTU supere los US$ 4 dólares y de 30 % cuando el precio esté por debajo de dicho valor”




En la icnografía citada por el diario La República el 26/2/09, se exponen las tasas y montos de regalías que el Estado percibiría cuando el precio en boca de pozo es de US$ 1.20 por MMBTU para la generación eléctrica y de US$ 2.10 para uso industrial. Con un 37% de participación por regalías en cifras absolutas percibiría US$ 0.44 centavos de dólar por MMBTU de consumo eléctrico y US$ 0.77 centavos por el uso industrial.

Al costado se exponen las regalías que el Estado obtendría por la exportación del gas natural hacia México en dos escenarios con precio del Henry Hub de US$ 4 dólares por MMBTU y un óptimo de US$ 10 dólares. En verdad, las mayores regalías que obtendría el Estado estarían en relación a que los precios superen los US$ 10 dólares. Lamentablemente con la estadística pertinente el promedio del Henry Hub para el 2007 fue de US$ 6.98 dólares, y el promedio en el 2008 de US $ 8.86 dólares.

Está será una fuente renovada de conflictos sociales y políticos pues sería un absurdo que el precio del gas natural y las regalías obtenidas del consumo interno como por las actividades ligadas a la petroquímica sean relativamente mayores a las que se obtendrían de las exportaciones del gas natural hacia México. Por ello, este contrato debe ser renegociado tanto en la participación de las regalías aumentando la tasa para el Estado a un 51% pues las reservas de gas natural y condensados eran del Estado, y las inversiones necesarias no conllevaban riesgo alguno.

La otra necesaria negociación está en relación a la dotación de las reservas y uso de las mismas. Las reservas del lote 88 deben estar destinadas absolutamente al abastecimiento interno por nuestra propia seguridad energética y el proyecto de exportación del Consorcio Perú LNG debe caminar con sus propias reservas del lote 56 y 57. De no renegociar este tipo de contratos producto de negociaciones oscuras de gobiernos pasados, la estabilidad política del Perú será duramente erosionada tanto por el nuevo ciclo político que se avecina como por la duración de la crisis internacional que tendrá deprimidos los precios de los hidrocarburos. Por tanto, por la salud moral del país y del Gobierno del APRA este contrato también debe ser renegociado.




RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO DE EXPORTACIÓN DE GAS NATURAL


En este audio, Jorge Manco Zaconetti, nos habla sobre una mayor participación del Estado en las regalías gasíferas y también comenta sobre la importancia del gas del lote 88 sólo para el mercado interno.


Desde Radio CUTIVALÚ - PIURA

Programa: "Punto de Encuentro"
La Columna de Jorge Manco Zaconetti, 1 de marzo de 2009

lunes, 16 de febrero de 2009

RENEGOCIACIÓN DEL Z-2B: IMPERATIVO NACIONAL ANTE UNA VENTA ESPURIA

Expreso, 11 de febrero de 2009

EDITORIAL

Sistema a prueba

Un gobierno como el actual, que convoca persistentemente al capital extranjero y alienta las inversiones, no necesariamente tiene que convertirse en autoridad débil o temerosa a la hora de hacer respetar la Constitución y la ley.

Pensamos que en el tema energético a Palacio le falta más firmeza y coherencia, específicamente en casos como el de la nulidad de la venta de Petro-Tech y el engaño del que son víctimas las industrias conexas. Incluso aquellas empresas que buscan generar electricidad usando como insumo el gas natural, pues éstas son desalentadas de hacerlo cuando se les dice que ya no hay gas.

Entonces existen dos temas en los cuales el presidente Alan García necesita hacer serios esfuerzos de esclarecimiento. En primer lugar, cuando un respetable parlamentario como Miguel Guevara Trelles, a la vez compañero de partido del jefe de Estado, señala que la venta de Petro-Terch a colombianos y coreanos es ficticia, ya que la referida petrolera sólo tiene un contrato de servicio con el Estado peruano y, por ende, no es dueña de las plataformas petroleras. Ello se suma a antiguos desaguisados protagonizados entre el Estado y Petro-Tech, es decir situaciones irregulares que vienen desde noviembre de 1993, cuando ésta fue “autorizada” a operar en nuestro país. Al respecto, un informe del Congreso de la República halló delitos en el contrato de concesión con Petro-Tech. Sin embargo hasta ahora la Comisión de Energía y Minas del Parlamento lo tiene encarpetado. Recordemos también que en junio del año pasado una subcomisión del Legislativo investigó la concesión de lotes petroleros durante la década del noventa y encontró indicios de ilícitos penales que comprometían a funcionarios de Petroperú y de Petro-Tech, en especial sobre el lote Z-2B. El informe está a la espera de ser debatido. ¿Hasta cuándo habrá que esperar?

En segundo lugar, hay otro caso que afecta los intereses nacionales y es el de la inoperancia del Ministerio de Energía y Minas para poner las cosas claras en cuanto a la expansión del gas natural. Es inminente la falta de este hidrocarburo para abastecer a la industria, e inclusive a la actividad petroquímica. Si no hay la distribución adecuada, ¿qué va a ser de megaproyectos como el del consorcio Petroperú-Petrobras? ¿Quedarán solo en el papel? Por eso le toca al gobierno cruzar el Rubicón para corregir lo mal que procedió en el tema del gas el régimen toledista y renegociar el contrato con el Consorcio Camisea a fin de priorizar la venta de gas al mercado interno y reducir la cuota de exportación (a México, EE UU y, por supuesto en medio de maniobras, a Chile).

No poner firmeza en el asunto de la venta nula de Petro-Tech, por cierto, encima sospechosa del financiamiento del “chuponeo”, nos haría pensar que probablemente el gobierno estaría extorsionado por algún “audio” o video aún no difundido. Asimismo, no poner coherencia en el tema del gas para destinarlo el mercado interno, haría creer que hay hipocresía en Palacio pues por un lado desde allí se dice promover el uso masivo del gas; sin embargo por el otro se deja que el Consorcio Camisea haga lo que quiera, inclusive contra el beneficio de miles de industriales y millones de peruanos que sí verían afectados sus costos en la medida en que no dispongan de mayor cantidad de gas natural para su consumo diario. ¿Acabará esta riqueza nacional como otras (salitre, guano o caucho), malbaratada y sin traernos desarrollo ni prosperidad.
Renegociación del Z-2B: Imperativo Nacional ante venta espuria
La novelista belga Margarita Yourcenar escribía en su obra “Las Memorias de Adriano” un texto que reflexiona sobre la soledad del poder donde sostenía que “tener razón antes de tiempo es otra manera de equivocarse”. Así, lo que está pasando con el caso Petro Tech Peruana S.A. era previsible desde su bastarda partida de nacimiento en 1993 hasta ahora, incluido los informes de Contraloría del 2007 y 2008, el Informe de la Comisión Guevara Trelles, el affaire de los petroaudios y la venta de las acciones a su matriz Offshore Internacional Group en los Estados Unidos de Norteamérica, más la reciente formación de una comisión investigadora del Congreso de la República, donde las fuerzas políticas de oposición increíblemente se negaron a participar.

Siempre he sostenido que el Contrato de Servicios Petroleros del lote Z-2B firmado en 1993 era y es un contrato lesivo para el Perú, que nació mal y que debía terminar peor desgraciadamente para el país, y que no debiera comprometer a otras empresas del sector que asumen sus compromisos con responsabilidad. En tal sentido, no se trata ahora de cuestionar a las empresas estatales de Corea del Sur y ECOPETROL de Colombia, que supuestamente han encontrado una gran oportunidad de negocios, con importantes compromisos de inversión para más que duplicar la producción de crudo en la zona ante el gran potencial inexplorado que tiene el Zócalo Continental y el mar adentro.

Tengo la impresión que los nuevos acontecimientos cuestionarán profundamente el sector de hidrocarburos afectando en particular la necesaria promoción de las inversiones y la estabilidad, gracias a las “malas prácticas” de una empresa y a un Estado complaciente en todos sus niveles, débil en la regulación y fiscalización que ha permitido una serie de anomalías, perversiones contractuales, pagos indebidos, laudos favorables, mínimas regalías, falta de mantenimiento de equipo y plataformas, venteo de gas, contaminación ambiental, abusos laborales, espionaje industrial, concentración indebida de lotes de exploración sin compromisos de inversión en firme, en fin una depredación de nuestros recursos naturales, morales y del stock de capital físico que sería impensable en el país del Tío Sam.

Comparto el punto de vista que la gran tolerancia y permisividad del Estado hacia los inversionistas privados no es un problema exclusivo de Petro Tech, en menor o mayor medida se repiten con los casos de Barrick Pierina, Hunt, Pluspetrol, Repsol, Shougang Hierro Perú, Southern, Mra. Yanacocha, Edegel, Edelnor etc. Resulta razonable que frente a un Estado laxo en la regulación y fiscalización medio ambiental, débil en el fiel cumplimiento de las inversiones y de los compromisos contractuales asumidos, en el abono real de impuestos, ausente frente a la sobreexplotación laboral, las empresas lo subsuman, lo capturen a su medida e interés usando a los grandes estudios de abogados como intermediarios jurídicos. Por tanto, el problema no es de las empresas, es del propio Estado. Así, se cumple el dicho popular que tiene una gran validez: ¡Si les das la mano a las empresas se van hasta el codo!

Esta es la triste historia de nuestro país republicano, desde el boom del guano hasta ahora, la tragedia de un pueblo y un país que no tiene una clase dirigente y un proyecto nacional de desarrollo con una visión de largo plazo para capitalizar el país y elevar el bienestar de nuestro pueblo, haciendo que la explotación de los recursos naturales se convierta en una palanca de desarrollo. El entreguismo y malbarateo de nuestros recursos naturales es de vieja data. El caso Petro Tech resume y supera todos los mecanismos de la acumulación del capital al viejo estilo, propio de piratas y filibusteros del siglo XVII, de allí la necesidad de renegociar este contrato lesivo para el Perú para afirmar la democracia y la legitimidad de las leyes del país, después de todo los contratos se firman para ser respetados.

UN POCO DE HISTORIA

Hemos sido testigos de excepción desde 1991, cuando el gobierno de ese entonces asume la decisión política de privatizar la actividad económica del Estado, en especial de PetroPerú y filiales como Petromar que operaba el lote Z-2B desde 1986 sustituyendo a la compañía norteamericana Belco Petroleum. Así, un resumen se puede obtener del capítulo VII del libro de mi autoría, “Privatización e Hidrocarburos. Mito y realidad Perú 1991-2002” ver
http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bibvirtual/Libros/csociales/Privatizacion/cap_7.htm
donde en el capítulo en referencia “Privatización cuestionada y los costos de la reinserción. Una historia negra: Belco, Petromar, Petrotech”, analizo los antecedentes del contrato cuyo resumen expongo a continuación.

El Contrato del Lote Z-2B en el Zócalo Continental fue firmado con Petro Tech Peruana S.A. y el Estado peruano representado por PetroPerú. Se debe recordar que dicho contrato se firmó en 1993 cuando el gobierno de ese entonces tomó la decisión de privatizar el íntegro de la actividad petrolera en manos de PetroPerú. Era la época donde los responsables del gobierno afirmaban que se debía privatizar una empresa pública por semana (Jaime Yoshiyama y Carlos Boloña - dixit)

A diferencia de otras transferencias al capital privado, esta privatización tenía como antecedente el asunto de la estatización de la Belco, empresa petrolera americana ligada al clan de los Bush, y que al ser estatizada en el primer gobierno del presidente A. García, y al no llegarse a un acuerdo de valorización de sus activos, que no valían más de 90 millones de dólares según nuestras estimaciones, el Estado peruano durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori tuvo que abonar más de 236 millones de dólares a la aseguradora de la Belco, la famosa AIG (American Internacional Group), por los llamados costos de reinserción internacional, ante la debacle y crisis económica de los años ochenta.

Se debe tener presente que la mayor parte de la deuda la pagó PetroPerú y estos recursos han sido tardíamente reconocidos por el Estado peruano a favor de la petrolera estatal, con el alquiler de las plataformas marinas por un valor de 10 millones de dólares anuales que hasta antes del 2006 los captaba el Ministerio de Economía y Finanzas, descapitalizando a la empresa estatal. Así, en el libro “Privatización e Hidrocarburos: Mito y Realidad Perú 1991-2002, editado por el Fondo Editorial UNMSM, escribía que durante: “el segundo semestre de 1999, el gobierno canceló el íntegro de los adeudos a la aseguradora. Mas cabe tener presente que de los mismos PetroPerú ha tenido que pagar por concepto del Decreto de Urgencia Nº 124-94, es decir expresamente los reconocimientos de deuda externa con la AIG, sumas en 1995 de US$ 125 millones, de US$ 30 millones (01/07/96) que representaba la porción correspondiente a 1996 y ha pagado también la cuota correspondiente a 1997 que sumaba los US$ 28.4 millones en julio de dicho año. Es decir la empresa, de sus recursos hacia agosto de 1997, había ya desembolsado alrededor de US$ 183.4 millones de los US$ 236 millones comprometidos a pagar a la American Internacional Group (AIG), por el asunto de la Belco. (página 238)”

Esto significa que la petrolera estatal y en última instancia todos los peruanos hemos pagado por las instalaciones y plataformas más los hidrocarburos existentes en el lote Z-2B, gracias al cargo del 7.5% de las ventas de combustibles en el mercado interno realizadas por PetroPerú. Es decir, a diferencia de otras privatizaciones la empresa estatal de sus ventas deducía el 7.5% para el abono de la deuda con la AIG, de allí que el Estado sea el titular de los yacimientos, reservas, equipos y plataformas. Esta es la base fundamental para renegociar este contrato de servicios, específicamente del Z-2B, los otros nueve lotes transferidos por Petro Tech a los nuevos accionistas están firmados como Contratos de Licencia, que están en la fase de exploración donde no se produce un barril de crudo, y se requieren fuertes inversiones de riesgo.

Se debe tener presente que en el Acuerdo de Bases firmado entre el gobierno y los representantes de la AIG llevaron su tiempo para encontrar una valorización aceptable para las partes, negociando desde 1988. Así, “En resumen, el valor de los activos fijos de la Belco al 31 de agosto de 1988, era equivalente a US$ 147.4 millones, que a su vez fueron actualizados al 31 de diciembre de 1991, para determinar un capital de US$ 184,768 millones, que resultan ser los montos por pagar acordados entre el gobierno del presidente Fujimori y la AIG en la reunión del 17/12/91, a través de los altos funcionarios de su gobierno y la aseguradora”. (página 228)

El cuadro que se presenta expone las diferencias existentes entre la valorización que realizó la Belco en su momento y la valorización realizada por PetroPerú hacia 1985. Ver cuadro “Diferencia en la Valorización de Belco Petroleum”, donde las mayores divergencias estaban en relación a los pozos productivos, inyectores, pozos inactivos, en proceso de perforación, con un diferencial de 164 millones de dólares. El segundo punto controversial en importancia está en relación a las plataformas marinas que la Belco estimó en 100 millones de dólares y PetroPerú en 39 millones. En su conjunto, la Belco estimó sus activos en más de 491 millones y PetroPerú en 175 millones de dólares, de allí que la solución de este diferendo le otorga características especiales a este Contrato de Servicios.

A la valorización efectuada en 1988 por PetroPerú de 175 millones de dólares había que sumarles los intereses y restarle una serie de acotaciones de impuestos, que en resumen determinaban un monto por pagar de 147 millones de dólares la que a su vez había que actualizar con tasas de interés simple para llegar a los 184 millones de dólares en diciembre de 1991.

Es a partir de esta realidad contractual que se puede entender la especificidad, es decir, las particularidades del Contrato de Servicios Petroleros firmado en noviembre del 1993 entre PetroPerú S.A. y Petro Tech Peruana S.A. con intervención del Banco Central del Perú y el Ministerio de Economía y Finanzas y Petro-Tech Internacional Inc.



ESTADO PROPIETARIO

Gracias a la solución del diferendo con la AIG, al haber resuelto el problema de la estatización de la Belco Petroleum, el Estado a través de PetroPerú, luego sustituido por PerúPetro, resulta siendo el titular de los hidrocarburos y de las instalaciones existentes en el lote Z-2B. Así, el contrato es claramente explícito que se trata de un Contrato de Servicios donde el titular, el propietario del crudo “in situ” y extraído es el Estado, es decir, de todos los peruanos. Por ello, se expone que “PetroPerú es titular del Área de Contrato, siendo los Hidrocarburos “in situ” de propiedad del Estado y los extraídos de propiedad de PETROPERÚ”. Cláusula Preliminar”

Más adelante en la cláusula 2.4 se señala que: “Todos los Hidrocarburos producidos en el Área de Contrato son de propiedad de PETROPERÚ S.A. desde el momento de su extracción. El Contratista producirá dichos Hidrocarburos y tendrá el derecho de recibir una retribución en especie, la que será pagada en Hidrocarburos de la misma clase y calidad de los Hidrocarburos entregados en un Punto de Fiscalización de la Producción….”

También en la cláusula 8.1 se suscribe “PETROPERÚ, en su condición de propietario de todos los Hidrocarburos que se extraen, acuerda que retribuirá al Contratista, en un Punto de Fiscalización de la Producción, con un volumen de Hidrocarburos provenientes del Área de Contrato, como pago en especie por la ejecución de las operaciones”

Si bien, son múltiples las irregularidades propias de una empresa poco transparente, en este contrato lesivo a los intereses del país, el Estado peruano, representado primero por PetroPerú y luego con PerúPetro tiene que pagar una retribución en especie promedio de 84 %, por un petróleo que antes era de su propiedad a través de Petromar filial de PetroPerú. Esto significa que por cada 100 barriles producidos se le retribuye 84 barriles que luego la contratista revende a Petroperú para la refinería Talara, a precios internacionales.

Esto significa que la regalía equivalente, es decir lo que resta para el Estado, en el Lote Z-2B sea del 16 % y se mantenga en el mismo rango del factor “R” menor al 1.5%. Se debe tener presente que este factor estima la relación entre ingresos acumulados y los egresos por inversiones más gastos y costos operativos acumulados, realmente realizados por el Contratista (Cláusula 8.3)

Al margen, que no están consideradas como egresos los montos por depreciaciones o amortizaciones, sí se deducen los 10 millones de dólares por el alquiler de las plataformas, y mientras mayores sean los costos, precios de transferencia, las relaciones contables con afiliadas y empresas vinculadas, los costos serán mayores, por tanto el llamado factor “R” se conserve por debajo del 1.5% en los quince años de contrato, gracias a la benevolencia del organismo regulador PerúPetro, que con excepción de la gestión del Ing. Daniel Saba de Andrea (2006-¿?) y su equipo gerencial ha cobrado impuestos dejados de pagar, enfrentado con coraje el problema de la Planta Procesadora de Gas Pariñas, lo que hasta el momento ha representado ingresos para el fisco por más de 38 millones de dólares.

En verdad, por las “malas prácticas” empresariales de Petro Tech Peruana el factor “R” fundamental para fijar la participación del Estado siempre se ha mantenido por debajo del 1.5%. Ello determina, que la regalía equivalente sea menor al 16%, pues la retribución al contratista es del 84%, e incluso hasta más pues PerúPetro tiene que asumir algunos impuestos ligados a la importación de equipos y otros.

Este punto referido a la retribución fijada por el factor “R” también debe ser renegociado para el lote Z-2B, y sometida a una exhaustiva investigación incluso por una consultoría externa sobre los egresos, valores de inversiones, gastos y costos operativos acumulados que han sido sobredimensionados, esta sería una “Caja de Pandora.



¿QUÉ SE DEBE RENEGOCIAR?

Por ello, al margen de las leguleyadas de los más conspicuos estudios jurídicos que han asesorado directamente o indirectamente a Petro Tech Peruana, el Estado debe renegociar aspectos sustantivos del Contrato de Servicios Petroleros del Z-2B, todo ello al margen de las investigaciones de la Contraloría General de la República y de los indicios razonables de ilícitos penales y administrativos, que deberán ser asumidos por los nuevos accionistas.

En tal sentido, el gobierno actual debiera renegociar el alquiler de las plataformas bajo el principio del “costo de oportunidad”. Por tanto, el alquiler de las plataformas y equipos debieran estar indexados al precio internacional del petróleo. Así, si el precio de los hidrocarburos se eleva por encima de los 100 dólares el barril o el gas natural alcanza un mayor precio, mayores debieran ser los ingresos para PetroPerú por el alquiler de los equipos y plataformas. Justificación para ello es la negociación que se efectuó con las tarifas del Oleoducto Norperuano con la empresa argentina Pluspetrol.

El argumento tiene su base no solamente en el derecho contractual y en el principio de la realidad. Ha sido la propia debilidad del Estado sea la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), el organismo regulador Osinergmin, PerúPetro, Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, Contraloría que no se ha fiscalizado a conciencia la conservación de las plataformas y equipo que el Estado tuvo que pagar gracias al Acuerdo de Bases de 1991. Así, la cláusula 20.14 señala que “El Contratista tiene la obligación durante la Vigencia del Contrato y es de su absoluta responsabilidad, el mantenimiento normal, efectivo, continuo y total de los bienes, materiales, y equipo destinado a las operaciones”

Solamente el incumplimiento de este artículo debió ser causal de fuerza mayor para resolver este contrato lesivo al interés nacional. Por ello, debe renegociarse el valor del alquiler respecto a las plataformas y sobre todo incrementar la regalía equivalente para satisfacer el interés público y del Estado o en su defecto apostar por la intervención como accionista de PetroPerú en el lote Z-2B conjuntamente con ECOPETROL de Colombia y Korea Nacional Oil Corporation (KNOC), empresas estatales de reconocida solvencia económica y prestigio a nivel mundial. Con ello se asegura la integración vertical de PetroPerú y se fortalece su modernización.










SE DEBE RENEGOCIAR EL CONTRATO EN EL LOTE Z-2B





Nuevos Dueños de Petrotech deben pagar más regalías equivalentes


En entrevista radial del día domingo 15 de febrero, se expone la necesidad de que el Estado peruano se siente a renegociar el contrato del lote Z-2B, con los nuevos dueños que compraran Petrotech Peruana SA. Debiera negarse el pago del alquilar de la plataforma del lote, así como debiera negociarse un mayor pago de regalías equivalentes, con lo cual la región piura y el país, percibiría mayores ingresos de la explotación de hidrocarburos de una empresa que ha sido y es rentable pero que no ha contribuido con el país.





Así mismo debiera ponerse como prioridad la participación de Petro Perú en la etapa de explotación, es decir que vuelva a tener sus lotes petroleros, para encontrar la integración vertical y aprovechar la llamada renta petrolera.






RADIO CUTIVALÚ DE PIURA

Programa Radial "Punto de Encuentro"

LA COLUMNA DE JORGE MANCO, 22 de febrero de 2009

Escuchar entrevista:.....

viernes, 6 de febrero de 2009

EDEGEL: GENERANDO ELECTRICIDAD CON CHOLO BARATO

LAS MALAS PRÁCTICAS DE ENDESA


En un balance del proceso de globalización de la economía mundial iniciado a inicios de los noventa, uno de los sectores más perjudicados sin duda ha sido el mundo del trabajo, los trabajadores y sus representaciones sindicales que han sido sometidos a las leyes más severas del capital, reestructuraciones del empleo, entiéndase despidos, con jornadas de trabajo extenuantes de más de 8 horas, controles salariales, limitaciones en las negociaciones colectivas como el derecho de huelga, uso y abusos de las contratas o “services”, el fomento del sindicalismo amarillo y la atomización sindical; en general el proceso de mundialización de las relaciones sociales de producción y distribución ha significado un brutal endurecimiento de las relaciones entre el capital y el trabajo debilitando el rol tuitivo y protector del Estado hacia la parte más débil, los trabajadores.

En el sector minero energético del Perú son usuales las jornadas de trabajo de más de 10 horas, que se pagan como sobretiempo, pero que en la práctica significan una extensión de la jornada para que se produzcan mayores excedentes de valor, vía la plusvalía absoluta, que hace recordar a los trabajos de las fábricas inglesas del siglo XIX, donde lo normal era laborar más de 15 horas. Incluso hay empresas mineras, petroleras y eléctricas que abonan salarios de subsistencia equivalentes a una fracción de los trabajadores estables y sindicalizados. Es el caso por ejemplo de la minera Casapalca, de las empresas Petro Tech S.A. y Sapet S.A. en el sector hidrocarburos más Edegel y Edelnor del grupo Endesa en el sector eléctrico.

Es más, los trabajadores del sector minero-energético son los que tienen la más alta productividad física de la economía peruana, pero en la determinación de los salarios se impone como criterio no la productividad del trabajo lo cual sería una práctica moderna, sino el índice de precios al consumidor (IPC), que estima el incremento promedio de los precios en los bienes y servicios en un período determinado, incluso con una vigencia de tres a cinco años. Es decir, la
rentabilidad y productividad empresarial puede incrementarse significativamente mas al trabajador se le actualiza o nivela tardíamente la remuneración con el índice de precios al consumidor (IPC).

En nuestro país las empresas de procedencia española sea Repsol/YPF, Telefónica de España o Endesa han fomentado pésimas relaciones entre el capital y el trabajo, abusando de la tercerización y de la explotación del trabajador directo. En particular las políticas de ajuste estructural y privatización de los años noventa ajustaron a los trabajadores con despidos arbitrarios, desvalorización de la fuerza de trabajo con menores salarios reales y relativos, más un fuerte control y regulación de las negociaciones colectivas.

En tal sentido, la pésima imagen que despliegan las empresas de capitales españoles provienen justamente de la prepotencia del capital que algunos analistas denominan la “reconquista de América Latina”, pues es un problema que se extiende en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia etc. De allí, que una respuesta esperada sea la nacionalización de los campos de hidrocarburos donde operaba Repsol/YPF en Bolivia, los problemas en el Ecuador y el mismo Perú.

Un caso dramático han sido las protestas en Chile contra la transnacional eléctrica Endesa con movilizaciones que paralizaron Santiago de Chile. Frente a los recurrentes abusos del capital, en julio del 2008 se formó una federación de sindicatos de las empresas contratistas del grupo Enersis, Chilectra, Endesa Chile y Compañía Americana Multiservicios (CAM), que incluye también a sindicatos formados por trabajadores de planta, es decir de trabajadores que operan en las actividades de generación y distribución.

Así, en la declaración de principios de esta naciente federación de Sindicatos del grupo Endesa en Chile se sostiene que: “Nuestro trabajo se concentra en reestablecer los derechos negados a los trabajadores luego de la tercerización de las empresas de distribución eléctricas de Chile. Luchamos unidos por la continuidad sobre los contratos de las empresas contratistas que respeten los derechos de los trabajadores, sus beneficios laborales y colectivos, buscando así, la continuidad laboral de nuestros afiliados, como así mismo el crecimiento integral de sus familias” En cuanto a las demandas se afirma que:

Dentro de las demandas al monopolio español se encuentran la estabilidad en el empleo y el término de las acciones antisindicales de las empresas del consorcio Endesa, el mejoramiento de las remuneraciones y de las condiciones de trabajo e higiene y un seguro de vida a cargo de Chilectra” Tomado del PeriódicoNuevaDemocracia,Chile,23Diciembre2008http://www.nuevademocracia.urc.cl/ND23/ND23_Art08.htm

En consecuencia toda similitud con lo que sucede en nuestro país no resulta una casualidad histórica. La práctica del capital es universal, se debe autovalorizar, es decir, producir más ganancias, y para ello la acumulación del capital es una ley que supone la explotación de la fuerza de trabajo, vía intensidad, productividad y extensión de la jornada de trabajo, por tanto este proceso se manifiesta por la relación inversamente proporcional entre las utilidades y los salarios. Es decir, cuando más altas son las utilidades menores son los niveles salariales en relación a la riqueza creada.

De allí que se debe rescatar el sentido de la Economía Política Clásica, cuando en el problema de los salarios Adam Smith en la Riqueza de las Naciones (1776), afirmaba que “Los salarios del trabajo dependen generalmente por doquier, del contrato concertado por lo común entre estas dos partes, y cuyos intereses difícilmente coinciden. El operario desea sacar lo más posible y los patronos dar lo menos que puedan..." Y tratándose de los industriales, el padre de la Economía Política escribía:

“... Los intereses de quienes trafican en ciertos ramos del comercio o de las manufacturas, en algunos respectos, no sólo son diferentes sino por completo opuestos al bien público. El interés del comerciante consiste siempre en ampliar el mercado y restringir la competencia.”

Esperamos que sirvan estas líneas para entender como en un mercado supuestamente global las desigualdades salariales se profundizan como es el caso de Endesa de España y sus empresas filiales en Perú. De allí, la necesidad de fortalecer la capacidad negociadora de los sindicatos, y de una mayor comunicación entre los sindicatos de la matriz en España y los sindicatos de la periferia para coordinar acciones conjuntas para elevar la calidad de vida y disminuir las asimetrías salariales entre los trabajadores de la empresa principal y de las empresas afiliadas y subsidiarias.

SALARIOS ELÉCTRICOS: ENTRE GODOS Y CHOLOS

La generación eléctrica puede ser posible por la fuerza hídrica, quemando derivados del petróleo como el diesel 2 y los petróleos industriales, quemar gas natural, utilizar la energía nuclear, o utilizando las energías renovables no convencionales como la eólica, la energía solar, geotermia y otras. Es decir, en la producción de energía los principios técnicos naturales son universales, lo que cambia es el tamaño de planta, los aspectos institucionales de cada país, y el nivel de regulación o participación directa del Estado. Es decir, la determinación tarifaria, las características de la demanda y oferta de cada país, el grado de concentración, las políticas tributarias, laborales.

En tal sentido, así como es posible comparar las tarifas eléctricas entre países las cuales son estimadas en centavos de dólar por KW/H cuestión que resulta fundamental en la determinación de los ingresos por potencia y energía de las empresas, es posible también estimar los niveles remunerativos de los trabajadores de Endesa en España y los trabajadores de Endesa / Edegel (Perú).

Haciendo las conversiones necesarias de los propios datos oficiales de Endesa de España y Portugal, con número de trabajadores, con las conversiones de euros a dólares y de dólares a nuevos soles, se expone el gasto de personal que incorpora las remuneraciones y beneficios colaterales para los años 2005, 2006, 2007 e incluso a setiembre del 2008.

La información de los gastos de personal al interior de la misma empresa transnacional pero considerando la matriz y una empresa filial demuestra la disparidad y desigualdad de las remuneraciones, pues por un lado un trabajador de Endesa España, está percibiendo 16,635 nuevos soles al mes, y un trabajador de Edegel 5,764 nuevos soles como remuneración mensual. Es decir, la remuneración de un trabajador eléctrico que opera en nuestro país está en un nivel equivalente al 35 % de la remuneración de un trabajador en la vieja España.

Evidentemente esta situación puede ser ventajosa para una de las partes en este caso la empresa, pero es una situación precaria pues en un mundo globalizado la información se democratiza y resulta accesible el intercambio de información sobre los niveles salariales, y condiciones de trabajo. De allí, que debiera imperar una racionalidad moderna entre el capital y el trabajo, donde se reconozca a los trabajadores como el principal activo de la empresa, y donde los salarios estén determinados por la productividad del trabajo y la rentabilidad empresarial.



En el caso del Perú, se debe tener presente que Edegel la principal empresa de generación tiene como accionistas mayoritarios a Generandes Perú, que pertenece a Endesa Chile, una subsidiaria de la Corporación ENERSIS, filial de Endesa España. Es más, luego de dos años de contraofertas sobre las OPA´s para comprar al gigante español, entre octubre y diciembre del 2007, las transnacionales Enel Energy Europe SRL (Italia) y Acciona SA (España), de la familia Entrecanales, la segunda de mayores ingresos en España, han culminado el proceso de oferta pública de adquisición, y resultan ser los nuevos accionistas principales y mayoritarios de Endesa.

Por tanto, esta reestructuración del capital tiene sus efectos en Chile, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador etc. Prueba de ello es el endurecimiento de las condiciones de trabajo y regulación salarial ofreciendo solamente el recupero tardío de las remuneraciones mediante el otorgamiento del índice de precios al consumidor del año transcurrido.

En tal sentido, a los bajos niveles remunerativos de las empresas del grupo Endesa se suman las condiciones más duras de explotación para los trabajadores que prestan servicio en el grupo, sea en las unidades térmicas de Santa Rosa o Ventanilla. Sirva de ejemplo las condiciones intensas de trabajo en las centrales hidráulicas de Matucana, Huampaní, Huinco, Moyopampa, donde un trabajador actualmente tiene que realizar las actividades que antes realizaban entre cuatro a cinco trabajadores cuando operaba la empresa estatal Electrolima. Así, lo que antes hacía un jefe de turno, un maquinista, un operador, un tablerista y su ayudante, hoy debido a la privatización estas actividades las realiza un solo trabajador con los mismos ingresos, en jornadas aisladas de trabajo.

EPÍLOGO

Resulta evidente que los niveles remunerativos entre los trabajadores de la filial y la matriz son asimétricos y desiguales, así los ingresos de Edegel constituyen el 35% de los ingresos del trabajador de Endesa en España, por realizar las mismas actividades. Por ello, ingeniosamente para atenuar estas distorsiones propias de una economía globalizada, empresas eléctricas como Edegel o Repsol/YPF distribuyen de forma adelantada las utilidades que por derecho les corresponde a los trabajadores. De esta manera se maquilla y se escamotea la cruda realidad del trabajador eléctrico, que tiene un nivel remunerativo rezagado. Es decir, el llamado adelanto de utilidades que puede ser de 40% a 50% de lo que correspondería al trabajador en el mes de abril, se distribuye en el año anterior en doce partes alícuotas mensuales.

Con ello, el trabajador tiene la “ficción real” de mayores ingresos para gastar pero sus remuneraciones básicas se mantendrán doblemente rezagadas pues los salarios deberían estar determinados por la productividad del trabajo, en especial en empresas como Edegel que opera con unidades que ya han sido depreciadas en el pasado, con excepción relativa de la unidad térmica de Ventanilla, donde las deducciones por concepto de depreciaciones y amortizaciones constituyen recuperos del capital invertido. De allí, la alta participación de las depreciaciones y amortizaciones que se cargan al costo de venta y costos operativos debieran ser supervisadas por el organismo regulador Osinergmin y por la SUNAT, pues sería también una fuente de rentabilidad escondida.

También estarían rezagadas las remuneraciones de los trabajadores de Edegel en razón que sus ingresos no guardan proporción con los crecientes ingresos y utilidades que la transnacional hispano/ italiana estaría obteniendo en un mercado pequeño pero rentable como el peruano. La racionalidad moderna obliga a las políticas de ganancias compartidas entre empresa y trabajador, y a superar la visión colonial del “cholo barato”.